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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06769-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06769-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 13 de diciembre de 2023 por medio de la cual la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia. Para en su lugar, negar el amparo solicitado por el señor Juvenal Piedras Cuestas mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06769-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

8 de febrero de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 76 9- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06769-01
Accionante: Juvenal Piedras Cuestas
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado n.° 50001-33-33-003-2015-00448-
01, en la que se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar se negaron
las pretensiones de la demanda relacionadas con la devolución de sumas
percibidas por concepto de asignación de retiro ante el reintegro al servicio
activo.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación formulada por el señor Juvenal Piedras Cuestas
contra la sentencia del 13 de diciembre de 2023 mediante la cual la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado rechazó por improcedente la
acción de tutela de la referencia, puesto que no se acreditó el requisito de
relevancia constitucional.

HECHOS

El señor Juvenal Piedras Cuestas, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó el acto administrativo por medio del cual

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fue retirado discrecionalmente del servicio activo de la Policía Nacional, proceso
que por reparto correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Villavicencio, autoridad judicial que, a través de la sentencia del 2 de febrero de
2012 resolvió acceder a las súplicas de la demanda y, en consecuencia a título
de restablecimiento ordenó el reintegro al servicio y pago de las prestaciones
sociales dejadas de percibir desde el momento de su retiro.

En sede de apelación el Tribunal Administrativo del Meta mediante providencia
del 27 de agosto de 2013 confirmó la anterior decisión.

A través de la Resolución n.° 11388 del 4 de diciembre de 2014, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR revocó sin previo
consentimiento del beneficiario la Resolución n.°2493 de 2007, mediante la cual
le había reconocido la asignación de retiro al hoy accionante; asimismo le ordenó
el reintegro de los valores cancelados por dicho concepto percibidos entre el 2
de julio de 2007 y el 30 de noviembre de 2013, al considerar que se transgredió
lo preceptuado en el artículo 128 de la Constitución Política. Contra dicha
decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente.

Mediante la Resolución n.° 6590 del 16 de septiembre de 2015, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, le solicitó nuevamente el reintegro de
valores adeudados.

Afirmó que reintegró a CASUR la suma de $ 101.773.727 que fue ordenada por
Resolución n.°11388 de 2014 para no continuar como deudor del tesoro público.

Por lo anterior, demandó a través del medio de control nulidad y restablecimiento
del derecho los actos administrativos contenidos en las resoluciones n.° 11388
de 2014 y 6590 de 2015 por medio de la cuales Casur le ordenó el reintegro de
las sumas percibidas por concepto de asignación de retiro, proceso que
correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, dependencia judicial que, mediante sentencia del 28 de septiembre
de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda.

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Por su parte, el Tribunal Administrativo del Meta mediante la sentencia del 25 de
mayo de 2023 revocó la decisión de primer grado para negar las súplicas de la
demanda, al estimar que las sumas que percibió el señor Juvenal Piedras
Cuestas por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo
por fuera del servicio activo de la Policía Nacional, eran incompatibles con el
pago de salarios y demás prestaciones que recibió a título restablecimiento del
derecho a través de sentencia judicial, puesto que la condena se hizo a título de
restablecimiento del derecho y no de indemnización debido a que fue posible
retrotraer todo a su estado anterior, por lo que era incompatible devengar al
mismo tiempo las sumas que percibió por concepto de restablecimiento y las que
recibió por asignación de retiro.

Sostiene que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio que permitía
inferir la ilegalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se ordenó
la devolución de sumas percibidas por concepto de asignación de retiro.

Por otra parte, también alega que la decisión en cuestión adolece de defecto
sustantivo; sin embargo, sustenta dicho cargo sobre los mismos argumentos
expuestos frente al defecto fáctico.

PRETENSIONES

El accionante solicitó amparar los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela y, en consecuencia, pidió revocar la sentencia del 25 de mayo
de 2023 expedida por el Tribunal Administrativo del Meta y que se profiera una
decisión de remplazo en la que se declare la nulidad de los actos administrativos
cuestionados y se ordene el reintegro de la suma de $ 101.773.727 debidamente
indexada.

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De manera subsidiaria, requirió se adopten medidas efectivas para materializar
los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Tribunal con la
expedición del fallo de 25 de mayo de 2023.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 8 de noviembre de 2023 la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Meta como accionado y a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – CASUR como tercero con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Meta, por conducto del magistrado ponente de
la decisión cuestionada, solicitó se rechace por improcedente la acción de tutela
porque no cumple con los requisitos generales de procedencia, particularmente
el de relevancia constitucional; o, en su defecto, se niegue el amparo, toda vez
que la decisión en cuestión fue proferida de acuerdo con las pruebas, la
normatividad y jurisprudencia vigente al momento de resolverse el asunto.

POSICIÓN DE LOS INTERVINIENTES

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, por conducto
de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, pidió negar la acción de tutela, toda vez
que no se vislumbra vulneración de derecho fundamental alguno, teniendo en
cuenta que la decisión cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento
jurídico.

FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante sentencia del
13 de diciembre de 2023 resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela,
al considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

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Al respecto, señaló que no basta con alegar la vulneración de derechos
fundamentales para acreditar la relevancia constitucional, puesto que es
necesario que los señalamientos que se hicieren en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente a fin de que el juez cuente con los parámetros
suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.

En ese sentido, precisó que lo pretendido por la parte actora con la interposición
del mecanismo constitucional es reabrir un debate ya zanjado por el juez natural
de la causa, para revivir la discusión sobre si las sumas ordenas en las
sentencias que dispusieron el reintegro del actor al servicio policial lo fueron a
título de restablecimiento del derecho o a título indemnizatorio, controversia que
fue definida por la autoridad accionada, tras exponer de manera amplia y
completa las diferentes tesis jurisprudenciales que han existido sobre el
particular y acoger una posición que fundamentó debidamente en los hechos
demostrados, con apego a las normas constitucionales y legales y bajo la
orientación jurisprudencial del caso.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual, insistió en los
argumentos expuestos en la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios,
imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la
cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos
que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus
derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea
utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de
que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la
violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la
decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita
susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores
de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal
circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de
que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

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“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para discutir la sentencia del 25 de
mayo de 2023 cuestionada en esta sede, comoquiera que 1) debe precisarse
que, en criterio de esta Sala, contrario a lo manifestado por el a quo el caso
reviste una marcada relevancia constitucional, en tanto a través de esta acción
de tutela se persigue la protección de los derechos fundamentales al debido

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proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de una presunta
estructuración de algunas causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Lo anterior permite evidenciar que no se
trata de un asunto de mera legalidad y el propósito de la parte accionante no es
crear una instancia adicional al proceso ordinario, sino demostrar los defectos en
que, en su criterio, incurrió la autoridad judicial accionada; 2) el accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto; 3) la
acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella,
pues se notificó a través de correo electrónico el 1.° de junio de 2023; 4) no se
está invocando una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente
los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no
se trata de una sentencia de tutela.

De conformidad con lo expuesto, a esta Subsección le corresponde examinar si
en la sentencia discutida en esta sede se configuró el defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio que permitía inferir la ilegalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se ordenó la devolución de sumas
percibidas por concepto de asignación de retiro.

Para resolver el disenso planteado, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo del Meta, en la decisión cuestionada, después hacer un análisis
del material probatorio allegado al proceso1, consideró que las sumas que
percibió el señor Juvenal Piedras Cuestas por concepto de asignación de retiro
durante el tiempo en que estuvo por fuera del servicio activo de la Policía
Nacional, eran incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que
recibió a título restablecimiento del derecho, a través de sentencia judicial,
teniendo en cuenta que dicha circunstancia no se encontraba dentro de las
excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, frente a la
prohibición de doble asignación del tesoro público que establece el artículo 128
de la Constitución Política.

1
Es de advertir que en la demanda de tutela la acción de tutela la parte actora no relaciona las
pruebas que supuestamente fueron indebidamente valoradas por el Tribunal en la decisión que
esta sede se cuestiona.

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Así las cosas, encontró que la decisión de descontar las sumas pagadas por
concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo por fuera del
servicio activo de la Policía Nacional se encontraba ajustada a derecho, toda vez
que estas eran incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que
recibió el accionante a título de restablecimiento del derecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta la tesis que ha sostenido la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia del 12 de agosto de 20212.

Así las cosas, resulta evidente para la Sala de Subsección que la autoridad
judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, pues sustentó la decisión en un
análisis probatorio integral a la luz de las reglas de la sana crítica, además porque
la providencia cuestionada contiene una carga argumentativa suficientemente
sustentada en la aplicación de las normas y precedente judicial vigente aplicable
al caso concreto que le permitió inferir que, la asignación de retiro percibida por
el hoy accionante era incompatible con el pago de salarios y demás prestaciones
que recibió como restablecimiento del derecho, a través de sentencia judicial.

De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser
calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.

En ese contexto, no se encuentra estructurado el defecto fáctico invocado por el
señor Juvenal Piedras Cuestas, lo que impide la intervención de este juez
constitucional. Por consiguiente, se revocará la decisión de primer grado que
rechazó por improcedente la acción de tutela para en su lugar negar amparo
solicitado por aquel, mediante la acción de tutela de la referencia.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 12 de Agosto de 2021, radicación:

66001-23-33-000-2016-00884-01(4190-19), Actor: Juan Carlos Barrera Sánchez, Demandado: Caja De
Sueldos De Retiro De La Policía Nacional – CASUR.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 13 de diciembre de 2023 por medio de la cual
la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado resolvió rechazar por
improcedente la acción de tutela de la referencia. Para en su lugar, negar el
amparo solicitado por el señor Juvenal Piedras Cuestas mediante la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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