Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00884-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Asignación de retiro de miembro de la policia nacional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00884-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00884-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de agosto de 2021
ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL / SALARIO / INCOMPATIBILIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO CON EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES RECIBIDOS POR RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REINTEGRO DE DINEROS PERCIBIDOS IRREGULARMENTE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONDENA EN COSTAS
[…] El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos: ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. […] [E]l artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 […] Se resalta que la prohibición de percibir doble asignación que provenga del tesoro, salvo las expresas excepciones de la Ley 4ª de 1992, según la jurisprudencia, incluye todo tipo de haberes, emolumentos, remuneraciones, salarios y prestaciones originados en la misma fuente. […] [R]esulta necesario precisar que los conceptos de asignación de retiro y salario son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento diferencial que obedece a la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares, susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normativa del Sistema General de Seguridad Social. El segundo, es toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia de esta Corporación. […] [L]as sumas que percibió el señor (…) por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo apartado del servicio activo de la Policía Nacional, son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad (declarada por sentencia judicial). Por tal motivo los descuentos ordenados en el acto administrativo cuya nulidad se depreca, son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, conforme lo declaró el a quo. […] [A]tendiendo lo dispuesto en los numerales 3.º y 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante, pues pese a que el recurso de apelación se resolvió en contra del recurrente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 128 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 19 / CGP – ARTÍCULO 365 NUMERAL 3 / CGP – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00884-01(4190-19)
Actor: JUAN CARLOS BARRERA SÁNCHEZ
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR
Referencia: REINTEGRO DE DINEROS, ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Juan Carlos Barrera Sánchez, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: i) 9029 de 25 de noviembre de 2015, emitida por Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, por medio de la cual se ordenó el reembolso de valores pagados al demandante y se revocó la asignación de retiro que aquel tenía reconocida, ello en razón de su reintegro al servicio activo; y ii) 1072 de 7 de marzo de 2016, por medio de la cual la entidad demandada resolvió el recurso de reposición contra la Resolución N.º 9029 de 25 de noviembre de 2015, en el sentido de confirmar todas y cada una de sus partes.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar el reconocimiento y pago de las sumas de dinero, debidamente indexadas, descontadas con ocasión a la expedición de los actos administrativos acusados; ii) condenar a la entidad demandada a pagar 100 SMLMV, a título de daño moral ocasionado al señor Barrera Sánchez; iii) dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como supuestos fácticos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) En el año 2009, el señor Juan Carlos Barrera Sánchez instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al considerar que su desvinculación en dicha institución fue irregular.
ii) Desde el 21 de julio de 2009, el señor Barrera Sánchez devengó una asignación de retiro hasta el 30 de julio de 2015 cuando fue reintegrado al grado de mayor en la Policía Nacional.
iii) El 23 de marzo de 2012, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira mediante sentencia negó las súplicas de la demanda, en el radicado N.º 66001333100420090022900, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 1.º de noviembre de 2012.
iv) El 28 de febrero de 2013, el señor Barrera Sánchez interpuso acción de tutela contra las sentencias emitidas por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda.
v) El 28 de febrero de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, profirió sentencia por medio de la cual negó las pretensiones de la acción de tutela.
vi) Mediante Sentencia de revisión T-719 de 2013, la Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, revocó el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, y las providencias de primera y segunda instancia emitidas por los jueces de lo contencioso administrativo; y ordenó al Tribunal Administrativo de Risaralda que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de aquella providencia, profiriera una nueva sentencia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por el señor Juan Carlos Barrera Sánchez.
vii) El 26 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Risaralda emitió providencia, en el radicado N.º 66001-33-31-004-2009-00229-01 (F-0558-2012), a través de la cual ordenó lo siguiente: a) dar cumplimiento de la Sentencia T-719 de 2013, b) declarar la nulidad parcial del acto administrativo de retiro del servicio del señor Barrera Sánchez, esto es, la Resolución N.º 4338 de 2008, c) reintegrar, sin solución de continuidad, al demandante al cargo que desempeñaba o a otro de igual categoría, y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta que se produzca el reintegro efectivo al cargo, sin que en aparte alguno hubiera ordenado descontar al actor las sumas percibidas, a título de asignación de retiro, desde el 21 de julio de 2009 hasta el 30 de octubre de 2015.
viii) El 25 de noviembre de 2015, a través de la Resolución N.º 9029, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, ordenó descontar al señor Barrera Sánchez la suma de $225.057.953, por concepto de asignación de retiro, devengada desde el 21 de julio de 2009 hasta el 30 de octubre de 2015.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 29 y 209 de la Constitución Política de 1991.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:
i) Los actos censurados fueron expedidos con violación de los artículos 29 y 209 de la Carta Política, porque el reintegro efectivo al servicio activo del señor Juan Carlos Barrera Sánchez se efectuó como consecuencia de una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, motivo por el cual no se debía descontar los valores percibidos a título de asignación de retiro en el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2009 hasta el 30 de octubre de 2015, esto es, mientras estuvo retirado del servicio, pues aquel descuento no fue ordenado por la autoridad judicial competente.
ii) El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han consolidado el precedente jurisprudencial según el cual no es dable ordenar el descuento de sumas de dinero percibidas a título de asignación de retiro, con ocasión al cumplimiento de sentencias que ordenan en el reintegro al servicio del personal de las Fuerzas Militares.
1.2. Contestación de la demanda
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR- por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
i) CASUR no fue parte procesal, o entidad vinculada dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Juan Carlos Barrera Sánchez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, tramitado en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira y, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en segunda instancia, ni tampoco tuvo dicha calidad en la emisión de la Sentencia T-719 de 2013; de manera que por virtud de los efectos inter partes de las decisiones tomadas por las autoridades judiciales referidas, aquellas no le son aplicables a CASUR.
ii) El Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la sentencia emitida el 26 de noviembre de 2014, dentro del proceso radicado N.º 66001-33-31-004-2009-00229-01 (F-0558-2012), no realizó pronunciamiento alguno frente a los valores cancelados por concepto de asignación de retiro, ni tampoco ordenó que los dineros percibidos por el demandante, durante el periodo de 21 de julio de 2009 y el 30 de octubre de 2015, fueran a título de indemnización.
iii) El régimen prestacional del personal de las Fuerzas Militares se rige por disposiciones especiales vigentes al momento de los hechos, régimen que consagra que los requisitos para el otorgamiento de la asignación de retiro son la separación del servicio activo, la determinación de una causal de desvinculación, tiempo de servicio prestado, entre otras.
De esta forma, el artículo 128 de la Constitución Política dispone que «[n]adie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público […]», significa esto que al ordenarse el reintegro del señor Barrera Sánchez sin solución de continuidad y teniendo en cuenta que aquel se hace a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia que lo ordena, debe cobrarse el dinero pagado por concepto de asignación de retiro a quien no ostente dicha calidad; de no hacerlo se estaría incurriendo en un doble pago, prohibido expresamente en el citado artículo.
iv) Las actuaciones de CASUR se encuentran ajustadas a la ley pues por un lado el actor no puede ostentar una asignación de retiro encontrándose en servicio activo y, por el otro lado, no puede pretender devengar un sueldo de actividad, simultáneamente y, por el mismo tiempo, percibir un sueldo por causa de la desvinculación del servicio.
v) Los argumentos del demandante, adicionalmente, carecen de veracidad pues se encuentran acreditadas las excepciones denominadas inexistencia del derecho, presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 22 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
i) No hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda en atención a que los valores que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional ordenó descontar al actor, correspondientes a las sumas canceladas a título de asignación de retiro, tenían como fundamento jurídico los efectos de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y de la comunicación que de dicha providencia hizo la Nación, Ministerio de Defensa a la entidad demandada, esto es la orden de reintegro sin solución de continuidad del señor Barrera Sánchez.
En ese orden, no existía fundamento fáctico alguno para continuar cancelando la asignación de retiro comoquiera que los supuestos de hecho que dieron origen al reconocimiento de esa prestación desaparecieron con la orden de reincorporación al servicio.
ii) El cumplimiento de la sentencia que ordenó el reintegro y pago de salarios en favor del actor, constituye la fuente jurídica de la prohibición constitucional de percibir la asignación de retiro, porque con la ejecutoria de la providencia de 26 de noviembre de 2014, surgió el derecho a percibir salarios y prestaciones por el mismo periodo en que el actor estaba recibiendo aquella prestación, pues es prohibido, por el artículo 128 de la Constitución Política, devengar doble asignación del Estado.
«En este marco fáctico y jurídico, si bien la entidad procedió a dejar de cancelar la asignación de retiro del actor y a descontar lo pagado por tal concepto, con ocasión de su reintegro al servicio activo, sin contar con el consentimiento del demandante como titular del derecho a la asignación de retiro se deriva directamente como consecuencia del cumplimiento del fallo de reintegro con pago de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de recibir por quien hoy demanda. […] Así, no se trata de caso común de revocatoria directa sin el consentimiento previo del interesado, sino de una actuación administrativa originada en el cumplimiento de una sentencia de reintegro, que generaba la imposibilidad de continuar cancelando la asignación mensual de retiro, por el hecho de que el actor se encontraba en la nómina de policiales activos en servicio, en su condición de Mayor de esa institución.»
1.4. El recurso de apelación
El señor Juan Carlos Barrera Sánchez, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
i) El tribunal desconoció que el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia emitida el 26 de noviembre de 2014, dentro del proceso radicado N.º 66001-33-31-004-2009-00229-01 (F-0558-2012), no ordenó el descuento al señor Barrera Sánchez de las sumas percibidas por concepto de asignación de retiro, razón por la cual no es posible afirmar que los actos administrativos reprochados obedecen al cumplimiento de aquella orden.
ii) La entidad demandada transgredió el procedimiento administrativo contemplado en el artículo 97 del CPACA, en la medida en que existen requisitos para efectuar la revocación directa de un acto administrativo de contenido particular y concreto, esto es, contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito del demandante.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La parte demandante
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
1.5.2. La entidad demandada
Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la entidad demandada guardó silencio.
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación i) si las sumas que percibió el señor Juan Carlos Barrera Sánchez por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo apartado del servicio activo de la Policía Nacional, son compatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad declarada por sentencia judicial; y ii) en caso de respuesta afirmativa, si la entidad demandada tenía que acudir al procedimiento administrativo de revocación directa contenido en el artículo 97 del CPACA.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Naturaleza jurídica de la asignación de retiro y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
La asignación de retiro es un derecho prestacional con carácter periódico que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, consagrada a favor del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares; conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, se le ha reconocido el carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, creada y reglamentada por los Decretos 0417 de 1955, 782 de 1956, 2725 de 1993, y 823 de 1995, es un establecimiento público del orden nacional, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que se encuentra integrada al sector descentralizado por servicios del orden nacional, a partir de lo regulado por el artículo 38, numeral 2, literal a) de la Ley 489 de 1998.
En igual sentido, se tiene que conforme al artículo 3.10 de la Ley 923 de 2004, las Cajas de Retiro de las Fuerzas Militares y de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional son las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes; aspectos absolutamente independientes del reconocimiento de las acreencias laborales causadas con ocasión de la prestación del servicio de los miembros de la institución castrense que como empleador tiene atribuido la Policía Nacional.
Sobre el particular, se recuerda que la referida autoridad es un organismo del sector central de la administración pública que pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.
Verificada la naturaleza jurídica de las entidades involucradas en la actuación revisada, se colige que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y la Policía Nacional hacen parte de la Rama Ejecutiva del poder público del Estado Colombiano.
De la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público
El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos:
ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.
De acuerdo con lo anterior, es claro que está prohibido percibir dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos. En este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.
Por otro lado el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, así:
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúense las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […] (Subrayado fuera del texto).
Acorde con el precepto en cita, es posible, entre otros supuestos, que el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública perciba más de una asignación proveniente del tesoro público. Sin embargo, en el sub lite se debate una situación que no está contemplada en el supuesto de la norma reseñada, en cuanto, las sumas que recibió el demandante fueron ordenadas en la sentencia judicial que declaró la nulidad del acto de retiro y dispuso su reintegro al servicio.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C 133 del 1.° de abril de 1993, al estudiar la exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, consideró:
[…] Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en que no opera dicha prohibición.
Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...]
Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.
Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas. […]
Bajo dicho entendido, se encuentra proscrito percibir más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario (dos empleos públicos en forma simultánea), cuyo pago o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
Ahora bien, al efectuarse el análisis del vocablo «asignación», se observa que el Diccionario de la Real Academia Española, lo define como:
1. f. Acción y efecto de asignar.
2. f. Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto.
3. f. Der. En el supuesto de pluralidad de deudas, imputación de pago a una de ellas.
4. f.P. Rico. deber (‖ ejercicio que se encarga al alumno).» (Resaltado fuera del texto).
De esta forma, en el sub examine el citado término debe entenderse como el monto percibido con ocasión de sueldo o por otro concepto.
A su turno, la Corte Constitucional en la citada sentencia C133 del 1.° de abril de 1993, definió el alcance de dicha expresión como:
[…]
El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]» (Resalta la Subsección).
Adicionalmente, dentro de esta prohibición ha de entenderse no solo la percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como las pensiones o asignación de retiro en el caso de las Fuerzas Militares y de Policía.
Se resalta que la prohibición de percibir doble asignación que provenga del tesoro, salvo las expresas excepciones de la Ley 4ª de 1992, según la jurisprudencia, incluye todo tipo de haberes, emolumentos, remuneraciones, salarios y prestaciones originados en la misma fuente.
Bajo este entendido, la subsección analizará si tal y como lo expuso el a quo en la sentencia de recurrida, los rubros reconocidos al demandante como consecuencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó su reintegro sin solución de continuidad, son incompatibles con la asignación de retiro que percibió durante el mismo periodo.
Incompatibilidad de la asignación de retiro con el pago de salarios y prestaciones recibidos por orden judicial
Inicialmente, resulta necesario precisar que los conceptos de asignación de retiro y salario son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento diferencial que obedece a la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares, susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normativa del Sistema General de Seguridad Social. El segundo, es toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia de esta Corporación.
Como se indicó anteriormente, la Constitución Política en el artículo 128 instituyó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones reconocida pacíficamente en el ordenamiento jurídico.
No obstante, frente a dicha regla, legalmente se contempló una serie de excepciones taxativas y específicas a las que le son inherentes ciertos fines y causas. Puntualmente en el caso del artículo 19, literal b) de la Ley 4.ª de 1992, relacionado con los militares que perciben asignación de retiro, la teleología de dicha norma es que un miembro de la Fuerza Pública desvinculado precisamente por retiro de la institución y con derecho a la mentada prestación, pueda laborar y percibir otro emolumento derivado del erario a título de remuneración, únicamente en el entendido de que por su condición, ya no estaría en servicio activo como uniformado, al punto de habilitarse el ejercicio de cualquier otra actividad en relación con el Estado.
La Sala considera necesario manifestar que a través de sentencia de 13 de mayo de 2021, abordó un caso similar al planteado razón por la cual es menester traerla a colación. En efecto, en la sentencia de 13 de mayo de 2021, esta Subsección afirmó:
Al respecto, es necesario indicar que, analizadas las especificidades de este caso particular, si se llegara a retrotraer la situación objeto de litigio al estado anterior, en orden a concretar el restablecimiento del derecho pretendido, se evidencia que al anular los actos administrativos cuestionados por medio de los cuales se revocó el reconocimiento de la asignación de retiro, se convalidaría la condición del demandante como miembro retirado del Ejército Nacional, la cual en su momento le permitió adquirir ese derecho.
Por lo tanto, al haber sido reintegrado mediante orden judicial con el consecuente pago de salarios y prestaciones por el mismo lapso de la supuesta desvinculación, se entiende que también habría ostentado la calidad de uniformado en servicio activo, lo cual contraviene abiertamente la finalidad y causa de la excepción legal analizada previamente, de suerte que en el presente caso se consolida una clara incompatibilidad entre dicha remuneración y la prestación reconocida por el retiro del servicio.
[…] Acerca de estas consideraciones que se comparten con las del a quo, la parte apelante en su recurso manifestó que lo que se desconoce es que la orden de restablecimiento del derecho en la sentencia que previó su reintegro a la institución y el pago de salarios, fue concebida como una indemnización por el daño causado y no propiamente como un pago de los haberes adeudados en virtud del vínculo laboral con el Ejército Nacional, de manera que no podría entenderse que aquel estuvo en servicio activo para el período comprendido entre el 16 de noviembre de 2009 y el 31 de mayo de 2012 cuando efectivamente estaba retirado de la institución. Sobre el punto aseguró que, en esencia, el tribunal se apartó de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que considera el restablecimiento del derecho como una indemnización.
Pues bien, sobre este punto la Subsección estima que tal argumentación no tiene vocación de prosperidad por diferir de la verdadera intelección de una orden como la impartida en su momento por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Marta. Al respecto, se recuerda que, en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la esencia de este es desvirtuar la legalidad de un acto administrativo a fin de ser retirado del tránsito jurídico, esto es, que sea eliminado y que por consiguiente se realicen todas las acciones tendientes a retrotraer a su estado original la situación jurídica que se había creado, modificado o extinguido por medio de este, es decir, como si nunca se hubiese expedido.
Este contexto relacionado con la finalidad del aludido medio de control, implica que particularmente en este caso, el hecho de que la decisión del referido juzgado se hubiese concretado en reintegrar al señor Giraldo Hernández y específicamente en condenar a la entidad demandada, (como lo era el Ejército Nacional en la actuación judicial aludida), a efectuar el pago de salarios y prestaciones adeudadas por el tiempo que estuvo desvinculado, quiere decir que el fin del fallo judicial buscaba retrotraer la situación a su estado primigenio, es decir, devolverle la calidad de miembro activo de la institución castrense al demandante y efectuarle el pago de la remuneración a que tenía derecho por esa condición. (Resaltado fuera del texto)
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante
El señor Juan Carlos Barrera Sánchez prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 24 de enero de 1991 y, fue retirado, inicialmente, del servicio en ejercicio de la facultad discrecional a través del Decreto N.º 4338 de 18 de noviembre de 2008.
El 30 de octubre de 2009, mediante Resolución N.º 005105 proferida por la Caja de Sueldos de la Policía Nacional, se le reconoció la asignación de retiro, a partir del 21 de julio de 2009.
Mediante Sentencia de revisión T-719 de 2013, la Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, i) revocó el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, y las providencias de primera y segunda instancia emitidas por los jueces de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se había negado la pretensión, elevada por el señor Barrera Sánchez, de nulidad contra del Decreto N.º 4338 de 18 de noviembre de 2008; y ii) ordenó al Tribunal Administrativo de Risaralda que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de aquella providencia, profiriera una nueva sentencia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por el señor Juan Carlos Barrera Sánchez.
El 26 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Risaralda emitió providencia, radicado N.º 66001-33-31-004-2009-00229-01 (F-0558-2012), a través de la cual ordenó:
Dar cumplimiento al fallo de tutela T-719 del 17 de octubre de, proferido por la Honorable Corte Constitucional.
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira del 23 de marzo de 2013, en su lugar se dispone:
DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 4338 del 18 de noviembre de 20008, por medio del cual el Ministro de Defensa Nacional retiró del servicio activo de la Policía Nacional al MY. Juan Carlos Barrera Sánchez.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al (sic) Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional- reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando o a otro de igual categoría y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta que se produzca el reintegro efectivo al cargo, así como los aportes para este periodo a las entidades de Seguridad Social en pensiones.
[…]
Para todos los efectos legales DECLÁRESE que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios, entre la fecha del retiro, y hasta que se produzca el reintegro al cargo. (Resaltado original del texto)
2.3.2. Sobre el cumplimiento de la sentencia de 26 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda
El 24 de agosto de 2015 por medio de la Resolución N.º 7265 el ministro de Defensa Nacional dio cumplimiento a la providencia judicial precitada en el sentido de reintegrar al demandante al servicio activo de la institución, sin solución de continuidad, y ordenar que le fueran abonados los salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones dejadas de devengar desde el momento de su desvinculación hasta la fecha del reintegro efectivo.
El 25 de noviembre de 2015, se expidió la Resolución 9029 en la cual la Caja de Sueldos de la Policía Nacional revocó la asignación de retiro que le había sido reconocida al señor Barrera a partir del 21 de julio de 2009, debido a que este fue reintegrado al servicio activo. Con motivo de esta decisión, la aludida entidad ordenó al señor Barrera Sánchez reembolsar la suma de $225.057.953, correspondiente al total de los pagos efectuados por concepto de la mentada prestación.
El señor Barrera Sánchez interpuso recurso de reposición en contra del acto administrativo precitado, a fin de que se revocara dicha decisión por considerarla ilegal. No obstante, CASUR expidió la Resolución N.º 1072 de 7 de marzo de 2016, a través de la cual confirmó el contenido de la Resolución 9029 de 2015.
El 19 de octubre de 2015, el coordinador del Grupo de Tesorería de la Policía Nacional emitió certificación respecto a los valores cancelados al señor Barrera Sánchez por concepto de asignación de retiro, por el periodo comprendido entre el año 2009 hasta el mes de octubre de 2015, correspondientes a $225.057.953.
El 20 de noviembre de 2018, la jefe de área de procedimientos de personal de la Policía Nacional expidió el Oficio N.º 062038/APROP-GRURE-1.10 a través del cual certificó que el demandante fue reintegrado al servicio activo de esa institución el 1.º de septiembre de 2015, según lo ordenado en la Resolución 7265 de 24 de agosto de 2015; e igualmente, señaló que el señor Barrera Sánchez fue retirado del servicio activo, por solicitud propia, mediante Resolución N.º 8825 del 4 de octubre de 2016, a partir del 21 de octubre de 2016.
El 2 de diciembre de 2019, mediante oficio N.º E-00078-201902602 el jefe de la oficina Asesora Jurídica de CASUR, remitió desprendibles de pago al demandante desde el mes mayo de 2017 hasta enero de 2019, donde se ven reflejados los descuentos realizados por parte de esa entidad.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El señor Juan Carlos Barrera Sánchez en su escrito de apelación alega que el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia emitida el 26 de noviembre de 2014, dentro del proceso radicado N.º 66001-33-31-004-2009-00229-01 (F-0558-2012), no ordenó el descuento al señor Barrera Sánchez de las sumas percibidas por concepto de asignación de retiro, razón por la cual no es posible afirmar que los actos administrativos reprochados obedecen al cumplimiento de aquella orden.
Así mismo, aduce que la entidad demandada transgredió el procedimiento administrativo contemplado en el artículo 97 del CPACA, en la medida en que existen requisitos para efectuar la revocación directa de un acto administrativo de contenido particular y concreto, esto es, contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito del demandante, con el fin de ser aplicado al acto que le reconoció la asignación de retiro.
Al respecto, la Sala, al realizar el análisis de las pruebas allegadas al plenario, observa que el señor Juan Carlos Barrera Sánchez fue retirado del servicio el 18 de noviembre de 2008 y, posteriormente, mediante Resolución 005105 de 30 de octubre de 2009, CASUR le reconoció una asignación de retiro a su favor, efectiva desde el 21 de julio de 2009.
De igual forma, se observa que en virtud de la providencia proferida el 26 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, le fueron canceladas las sumas que por concepto de restablecimiento del derecho se reconocieron en la citada sentencia judicial que anuló parcialmente la decisión de retiro y ordenó su reincorporación al servicio; sumas que no pierden el carácter de salario. En ese sentido, se advierte que son incompatibles con los pagos que percibió por concepto de asignación de retiro, según lo expuesto con antelación.
Sobre el asunto, es preciso traer a colación la sentencia de 13 de mayo de 2021 a través de la cual esta Subsección en un caso similar al presente sostuvo:
Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario, pues resulta evidente que ser beneficiario de salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo en que se estuvo desvinculado del servicio con ocasión de una sentencia judicial, no constituye una excepción a dicha prohibición, toda vez bajo dicho entendido, el demandante finalmente habría devengado aquellos conceptos remunerativos por servicio activo decretado judicialmente y al mismo tiempo recibió una asignación de retiro cuya causa y eficacia desaparecieron desde el mismo momento en que se concibió su reintegro a partir de la fecha de su desvinculación.
Lo antepuesto, habida cuenta de que la consecuencia lógica de un reingreso a la institución con fines retroactivos es retornar la situación a su estado original, el cual no es otro que la vigencia del nexo laboral al que solo le corresponde el pago de salarios y prestaciones.
La subsección precisa que en el caso estudiado no se trata de una doble asignación a título de salarios por varias vinculaciones laborales, sino de la percepción concomitante de sueldos y de asignación de retiro, pagada esta última por un ente previsional que está sujeto en su actuación a ley y a la Constitución Política, de manera que debe efectuar un manejo adecuado a los recursos que administra, en orden a mantener la sostenibilidad del sistema.
Así, en atención a la diferente naturaleza jurídica de las relaciones que ostentó el demandante, la primera, laboral con la Policía Nacional y, la segunda, la de retirado con la asignación respectiva a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se considera que al recuperar la situación administrativa de servicio activo por restablecerse su derecho, no resultaba posible que el demandante también percibiera esta última prestación, debido a que por ese mismo lapso, fue retribuido con los haberes laborales que se le reconocieron en la sentencias que ordenó el reintegro.
En igual sentido se ha pronunciado la Sección Segunda del Consejo de Estado al analizar una situación con similares situaciones fácticas y jurídicas al sub examine y consideró que existe la deprecada incompatibilidad, a saber:
[…] Además, es necesario tener en cuenta que al momento de proferir las sentencias que anularon la decisión de retiro, el Juzgado de Descongestión del Circuito de Girardot no tenía conocimiento que al demandante se le había reconocido asignación de retiro. En consecuencia, al disponer el restablecimiento, se dijo Así (sic), al momento de disponer el restablecimiento, dijo que sin que se efectuara descuento alguno por concepto de salarios percibidos por haber desempeñado otro cargo público, no de lo percibido por asignación de retiro, pues ni siquiera se sabía de este hecho.
En el caso estudiado aplica la incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario porque la situación descrita, es decir, el pago por concepto de una orden judicial no configura una excepción a la referida prohibición. […] (Subrayado y Resaltado fuera del texto).
Aunado a ello, se debe tener en cuenta que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. En consecuencia, la declaración de nulidad del acto administrativo que desvinculó al actor, retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se entiende como si aquel nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto restablecimiento del derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles por ausencia de causa justificada para su reconocimiento.
De esta forma, en virtud de la providencia judicial que declaró la nulidad del acto de desvinculación del demandante, a este le fueron reconocidos de forma retroactiva los emolumentos y prestaciones dejados de percibir y el reintegro efectivo al servicio sin solución de continuidad, circunstancia que permite advertir que el tiempo durante el cual estuvo por fuera de la institución, se asumió como si efectivamente lo hubiese prestado en actividad para todos los efectos, incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su asignación de retiro.
En conclusión, las sumas que percibió el señor Juan Carlos Barrera Sánchez por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo apartado del servicio activo de la Policía Nacional, son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad (declarada por sentencia judicial). Por tal motivo los descuentos ordenados en el acto administrativo cuya nulidad se depreca, son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, conforme lo declaró el a quo.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida, esto es, si es el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 3.º y 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante, pues pese a que el recurso de apelación se resolvió en contra del recurrente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.
4. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos análogos al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala advierte que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos reprochados, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida, el 22 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Juan Carlos Barrera Sánchez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. – Sin condena en costas en segunda instancia
Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Salarios mínimos legales mensuales vigentes
Confirmada mediante Resolución N.º 1072 de 2016, folios 79 al 81 del cuaderno principal
El demandante cita las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expedientes 2001-08365; 2000-02046; 2004-00505; 2004-04325; y 2005-00278. Folios 134 al 137 del cuaderno principal
Folios 225 al 237 del cuaderno 2
Folio 231 del cuaderno 2
Folios 239 al 242 ibidem
Memoriales allegados por correo electrónico, adjuntados a SAMAI. Si bien en la constancia secretarial a folio 252 del cuaderno 2 se señala que la entidad demandada presentó alegatos de conclusión en segunda instancia conforme los índices 15 y 16 de SAMAI, lo cierto es que tras realizar la consulta respectiva en el referida sistema, la Sala advierte que los documentos asociados a los índices 15 y 16 se tratan del otorgamiento de poder de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad demandada al señor Fernando Antonio Betancourt Giraldo, y de una solicitud realizada por este último con relación al acceso del expediente. Constancia secretarial Folio 252 del cuaderno 2
Ver entre otras las sentencias proferidas dentro del expediente 250002342000201306374-01 de 28 de septiembre de 2017 y de 7 de marzo de 2013, referencia 1796-2012.
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.»
«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
Referencia: Expediente D-153.
http://dle.rae.es/?id=3zj6xzB. Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de febrero de 2017. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-00369-01 (1590-2019)
De conformidad con la hoja de servicios N.º 7165224 de 24 de febrero de 2016, emitida por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, folio 76 del CD 1 de antecedentes administrativos aportado por la entidad demandada
Véase, parte motiva de la Resolución N.º 7265 de 24 de agosto de 2015, mediante la cual se reintegra al demandante al servicio activo en la Policía Nacional, folio 175 del cuaderno principal. Folio 187 del cuaderno principal
Folios 8 al 41 del cuaderno principal
Folio 175 ibidem
Folios 74 al 76 ibidem
Folios 79 al 81 ibidem
Folios 52 al 55 del CD 1 de antecedentes administrativos aportado por la entidad demandada
Folio 174 ibidem
Folios 192 al 213 del cuaderno 2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-00369-01 (1590-2019)
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«3.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Si bien en la constancia secretarial a folio 252 del cuaderno 2 se señala que la entidad demandada presentó alegatos de conclusión en segunda instancia conforme los índices 15 y 16 de SAMAI, lo cierto es que tras realizar la consulta respectiva en el referida sistema, la Sala advierte que los documentos asociados a los índices 15 y 16 se tratan del otorgamiento de poder de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad demandada al señor Fernando Antonio Betancourt Giraldo, y de una solicitud realizada por este último con relación al acceso del expediente.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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