RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06785-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06785-00

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06785-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora María Ruth Soto Botello, según lo explicado en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06785-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

23 de febrero de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: MARÍA RUTH SOTO BOTELLO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Tesis: Es improcedente la acción de tutela cuando se utiliza como
un recurso o instancia adicional al proceso ordinario en la
que se profirió la providencia atacada.

Es improcedente interponer una acción de tutela contra
una providencia judicial alegando la vulneración del
principio de congruencia cuando no se ha interpuesto el
recurso extraordinario de revisión.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Ruth
Soto Botello en contra de la providencia del 9 de junio de 2022 proferida
por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento con radicado nro. 41001 23 33 000
2015 00841 01.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de la precitada
sentencia y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Que se me amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la seguridad social, el principio de primacía de la
realidad sobre la formalidad, de acceso a la administración de justicia, al
salario y, en general, a una vida digna.

2. Como consecuencia de la protección invocada, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del 09 de junio de 2022, notificada el 15 de julio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente doctor William
Hernández Gómez, en el medio de control y nulidad y restablecimiento del
derecho con radiación nro. 41001-23-33-000-2015- 00841-01 (2173-
2019), siendo demandante María Ruth Soto Botello y demandado
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

3. Ordenar a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferir nuevamente sentencia de segunda instancia dentro del medio de
control y nulidad y restablecimiento del derecho con radiación nro. 41001-
23-33-000-2015-00841-01 (2173-2019), teniendo en cuenta las
pretensiones y hechos de la demanda, el alcance y valor probatorio de las
evidencias que obran en el proceso y los precedentes jurisprudenciales
contenidos en las sentencias CESUJ2 del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-
CES2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de la Corporación de cierre de la
Jurisdicción Administrativa […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y que, mediante providencia del
13 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila (i) declaró
la nulidad de los oficios 20156100228961 del 9 de marzo de 2015 y
20156100410871 del 28 de abril de 2015; (ii) reconoció que entre la
actora y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social existió
una relación laboral entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de
2012; (iii) ordenó, a esa entidad, que le reconociera a la señora Soto

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

Botello el pago de sus prestaciones sociales durante ese período, y (iv)
“(…) obligó al DPS a computar el período comprendido entre el 24 de junio
de 2002 y el 31 de marzo de 2012, cancelándole los aportes patronales
al fondo al cual estaba afiliada y reiterándole que debía tomar como base
el salario de una asesora jurídica de la planta del DPS (…)”2.

Señaló que, contra dicha decisión el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social presentó recurso de apelación, en el que no manifestó
inconformidad alguna respecto de la vinculación de la señora María Ruth
Soto con esa entidad durante los años 2002, 2003, 2005 y 2006.

A pesar de ello, sostuvo que la parte accionada, excediendo su
competencia funcional conforme al artículo 328 del Código General del
Proceso, se pronunció sobre su vinculación durante el 24 de junio de 2002
y el 31 de agosto de 2006, y concluyó que no prestó sus servicios al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, sino a la
Organización de Estado Iberoamericanos y a la Organización Internacional
para las Migraciones.

Anotó que la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
partió de una premisa equivocada al afirmar que suscribió los convenios
con la Organización de Estados Iberoamericanos y con la Organización
Internacional para las Migraciones, cuando en realidad fueron firmados
por las organizaciones y “(…) la Red de Solidaridad Social, después Acción
Social, hoy DPS (…)”.

Adujo que, por lo anterior, la parte accionada no debió dividir en dos
períodos su vinculación contractual con el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social porque “(…) en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre la formalidad, y de conformidad con la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

2021, laboré para el DPS entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo
de 2012, sin solución de continuidad (…)”.

Expuso que en el fallo ordinario de segunda instancia se afirmó que se
configuró la prescripción extintiva de las prestaciones sociales porque
entre los diferentes contratos, sin precisar cuáles, se encontró solución
de continuidad.

Anotó que en el fallo atacado se afirmó que no era posible extraer del
material probatorio una causa justificativa que le impusiera la obligación
de ampliar el término de treinta días hábiles definido en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, sin tener en cuenta el material
probatorio que da cuenta que prestó sus servicios para el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social en forma continua e
ininterrumpida desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo de
2012.

Expresó que la accionada, sin tener en cuenta el material probatorio,
concluyó que la relación de naturaleza laboral con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social existió solo entre el 14 de
septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012 y, además, ordenó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales únicamente entre el
16 de febrero de 2011 y el 31 de marzo de 2012 y declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción extintiva del derecho al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales del 14 de septiembre de
2006 al 31 de diciembre de 2010.

Agregó que agotó todos los mecanismos de defensa, que no pretende que
se surta una tercera instancia, que cumple con el requisito de inmediatez
y que la providencia que se ataca no es un fallo de tutela.

Argumentó que, conforme a lo dispuesto por el artículo 328 del Código
General del Proceso, la demandada incurrió en defecto procedimental

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

debido a que extralimitó su competencia como juez de segunda instancia
al pronunciarse sobre su vinculación con el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social durante los años 2002, 2003 2005, y 2006, sin
que ello hubiere sido objeto del recurso de apelación.

Además, sostuvo que la accionada incurrió en defecto fáctico al no valorar
todos los elementos de prueba que obraban dentro del plenario del
proceso ordinario y que daban cuenta que sostuvo una relación laboral
con la parte accionada desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo
de 2012 sin solución de continuidad, por lo que no había lugar a declarar
la prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales por el período comprendido entre el 14 de
septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, de conformidad con la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Mediante auto del 13 de enero de 20233 se admitió la acción de tutela
y se dispuso notificar a los magistrados que integran la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, así como vincular a los magistrados
de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila y al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social4.

Igualmente, se le solicitó al Tribunal Administrativo del Huila para que
allegara copia digital del proceso radicado con nro. 41001-23-33-000-
2015-00841-005.

3
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
4
Esta orden se cumplió el 19 de enero de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
5
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

3.4. El magistrado Ramiro Aponte Pino, ponente de la decisión de primera
instancia en el proceso ordinario, presentó en tiempo escrito vía
electrónica6, en el que indicó que, mediante providencia del 13 de
diciembre de 2018, se accedió parcialmente a las pretensiones luego de
analizar los argumentos de defensa expuestos por las partes y que estuvo
fundamentada en los medios de convicción recaudados en el proceso.

Anotó que la señora María Ruth Soto Botello suscribió 15 contratos de
prestación de servicios, 7 con la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 1 con la Organización
Internacional para las Migraciones; 6 con la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional y 1 con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.

Señaló que la demandante fungió como asesora jurídica del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en 6 períodos, a
saber, entre el 24 de junio de 2002 al 31 de octubre de 2002; 20 de enero
de 2003 al 31 de diciembre de 2007; 21 de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2009; 2 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y
entre el 16 de febrero de 2011 al 31 de marzo de 2012.

Precisó que “(…) al finalizar las anualidades 2002, 2007, 2008, 2009 y
2010 se presentaron interrupciones de 79, 16, 20, 32 y 16 días,
respectivamente; sin embargo, las deponentes Matilde Bonilla Paris
(quien fungió en calidad de coordinadora de la unidad territorial de Acción
Social de Neiva entre 2003 y 2009), y Vianey del Rocío Velázquez Andrade
(quien fue asesora jurídica en la Red de Solidaridad Social); afirmaron
que la accionante laboró de manera permanente. Incluso, que merced a
la carga laboral, asistía los sábados, domingos y festivos; apoyaba la
brigada de emergencias y participaba en las jornadas de archivo,
rindiendo los correspondientes informes. Circunstancia, que permite

6
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

colegir que materialmente desempeñó sus funciones de manera continua
e ininterrumpida (…)”.

Advirtió que, en consecuencia, se declaró la nulidad de los oficios nros.
20156100228961 del 9 de marzo de 2015 y 20156100410871 del 28 de
abril de 2015, a través de los cuales el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social negó el reconocimiento de la relación laboral y
resolvió un recurso de apelación, por lo que se ordenó el reconocimiento
de las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo de
servicio. Además, se sostuvo que no operó la prescripción.

3.5. El Consejero de Estado William Hernández Gómez, ponente de la
decisión de segunda instancia en el proceso ordinario, presentó en tiempo
escrito vía electrónica7, en el que informó que en providencia del 9 de
junio de 2022 decidió el recurso de apelación presentado por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el sentido de
modificar parcialmente el fallo de primera instancia, adicionar un ordinal
y confirmar en los demás la sentencia apelada.

Frente al defecto procedimental alegado, señaló que la decisión que ahora
se ataca buscó dar respuesta a todos y cada uno de los motivos de
inconformidad expuestos por la entidad demandada en el proceso
ordinario.

Explicó que, si bien en el recurso de apelación se planteó la oposición
respecto del vínculo laboral “(…) en los años 2001 (sic) y 2004, dicho
argumento no fue el único expuesto por el recurrente para reclamar la
revocatoria de la decisión del a quo (…)”, por lo que consideró que no se
cumplen los postulados para la configuración del defecto procedimental.

7
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

Respecto al defecto fáctico alegado sostuvo que tampoco se configura
porque en la sentencia que se ataca se analizaron con detalle los contratos
suscritos entre la demandante y las diferentes organizaciones lo que
permitió verificar “(…) a quién prestaba sus servicios la señora Soto
Botello, situación diferente es que en virtud de convenios
interadministrativos u otros mecanismos legales, estas organizaciones
prestaran asistencia a la Red de Solidaridad Social y que por tal razón, la
accionante, en apariencia, actuara al servicio de esta última, para lo cual
se concluyó que no existían suficientes elementos probatorios que
permitieran encontrar acreditada la relación laboral encubierta entre
demandante y demandada (…)”.

En cuanto a la declaratoria de prescripción indicó que en el recurso de
apelación la demandada sí discutió la existencia de interrupciones entre
contratos que permitieron valorar la figura de la prescripción y que, del
análisis probatorio, se pudo constatar que entre los contratos 349 de 2010
que finalizó el 21 de diciembre de 2010 y el contrato 1116 que inició el
16 de febrero de 2011, existió una interrupción superior a los 30 días
hábiles por lo que, en aplicación de la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, se concluyó que operó el fenómeno prescriptivo.

Precisó que, si bien la accionante alega que el contrato 1116 de 2011 fue
suscrito el 11 de febrero de 2011, para la Sala la sola firma del contrato
no es suficiente para acreditar el inicio del mismo y, dado que la entidad
demandada certificó que ese inició solo hasta el 16 de febrero de 2011,
fue esa la fecha que razonablemente y en ejercicio del principio de libertad
probatoria, se tomó para efectos de analizar los extremos de los vínculos
contractuales.

Que, en atención a lo anterior, no se demostró la configuración de defecto
alguno que conllevara a encontrar configurada la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ni la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

debido a que la acción se sustentó en los medios de pruebas allegados al
proceso bajo los criterios de la sana crítica y de la experiencia.

Por lo anterior, solicitó que se niegue el amparo solicitado.

3.6. La Coordinadora GIT Acciones Constitucionales y Procedimientos
Administrativos de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, presentó en tiempo escrito vía
electrónica8, en el que solicitó se declare improcedente la presente
petición de amparo.

Igualmente pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social debido
a que no ostenta las competencias para atender los requerimientos de la
acción de tutela, en atención a que se dirige contra el fallo de segunda
instancia dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento nro. 41001-23-33-000-2015-
00841-00.

Anotó que la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado cumplió con las garantías legales y constitucionales, por lo que no
resulta procedente que por vía de tutela la accionante pretenda desvirtuar
lo que se surtió en forma adecuada en el proceso ordinario.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

8
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 06785 00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 201911 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:

4.2.1. La señora María Ruth Soto Botello presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo que le negó el reconocimiento de una relación laboral
y que, en consecuencia, se declarara que existió un contrato realidad
desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo de 2012 y se procediera
al pago de las correspondientes prestaciones13.

4.2.2. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2018, la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila resolvió14:

“[…] PRIMERO. - Declarar la nulidad de los oficios 20156100228961 del
9 de marzo de 2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma
anualidad (suscritos por la subdirectora de contratación del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL); a
través de los cuales, le negaron a la demandante la existencia de la
relación laboral que se gestó entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo
de 2012, y se resolvió un recurso de apelación, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre MARÍA RUTH SOTO
BOTELLO y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

9
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
10
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
11
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el Tribunal Administrativo del Huila.
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro.11001 03 15 000 2023 00.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

SOCIAL existió una relación de naturaleza laboral entre el 24 de junio de
2002 y el 31 de marzo de 2012.

SEGUNDO. - A título de restablecimiento, Ordenar al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, reconocer y pagar
a la señora MARIA RUTH SOTO BOTELLO las prestaciones sociales
causadas entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de marzo de 2012; las
cuales, serán liquidadas con base en el salario que percibía una asesora
jurídica, vinculada laboralmente en la entidad (si en la época en que la
demandante prestó sus servicios existía el referido cargo en la planta;
siempre que no sea inferior a los honorarios pactados; en dicho evento,
se recurrirá a los valores establecidos en éstos).

Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula
indicada en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- Declarar, que para efectos pensionales, se debe computar el
periodo comprendido entre el entre el 24 de junio de 2002 y el 31 de
marzo de 2012.

En tal virtud, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL le cancelará los correspondientes aportes
patronales al fondo de pensiones al que se encuentre afiliada la
accionante; y la entidad debe calcular el ingreso base, tomando como
base el salario que percibía en las respectivas épocas una asesora jurídica
adscrita a la planta de personal de la institución (siempre que no sea
inferior a los honorarios pactados; en dicho evento, se recurrirá a los
valores establecidos en éstos). A su vez, la demandante debe acreditar
las cotizaciones realizadas, y en el evento de que no lo hubiera hecho, le
corresponde satisfacer esa obligación en la cuota parte correspondiente.

CUARTO. - Denegar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. - Condenar en costas al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. Por Secretaría, liquídense.

SEXTO. La sentencia se debe cumplir en el término establecido en el
artículo 192 del CPACA “[…]”.

4.2.3. Contra la anterior decisión el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social presentó recurso de apelación que fue decidido en
providencia del 9 de junio de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado, así:

“[…] Primero: Modificar el ordinal primero de la sentencia del 13 de
diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso
la señora María Ruth Soto Botello, así:

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

«PRIMERO.- Declarar la nulidad de los oficios 20156100228961 del 9 de
marzo de 2015 y 20156100410871 del 28 de abril de la misma anualidad
(suscritos por la subdirectora e contratación del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social); a través de los cuales, le
negaron a la demandante la existencia de la relación laboral que se gestó
entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2012, y se resolvió
un recurso de apelación respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre María Ruth Soto
Botello y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
existió una relación de naturaleza laboral entre el 14 de septiembre de
2006 y el 31 de marzo de 2012.»

Segundo: Modificar el ordinal segundo de la providencia apelada, en los
siguientes términos:

«SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ordenar al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, reconocer y
pagar a la señora María Ruth Soto Botello las prestaciones sociales
causadas entre el 16 de febrero de 2011 y el 31 de marzo de 2012, para
lo cual se tomará como base de liquidación el valor pactado por honorarios
en los respectivos contratos de prestación de servicios.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán
ser reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con
los contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los
lapsos en los que entre estos, hubo interrupciones.

Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula
indicada en la parte motiva de esta sentencia.»

Tercero: Modificar el ordinal tercero del referido pronunciamiento al
siguiente tenor:

«TERCERO.- Declarar que para efectos pensionales, se debe computar
el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de
marzo de 2012, para lo cual deberá observar el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. Para tales efectos, deberán tomar el ingreso
base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los
periodos laborados por prestación de servicios, excepto sobre los periodos
sobre los cuales no se acreditó la relación laboral, incluidos aquellos sobre
los cuales se declaró la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia
entre los aportes realizados por la señora Soto Botello como contratista y
los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje
que les correspondía como empleadores. Para efectos de la respectiva
condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por
honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el
tiempo que duraron los referidos vínculos contractuales, y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador.

Cuarto: Adicionar un ordinal a la sentencia de primera instancia como a
continuación se sigue:

«NOVENO.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción
extintiva del derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de la señora María Ruth Soto Botello, por el periodo comprendido
entre el 14 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.»

Quinto: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Sexto: No condenar en costas de segunda de conformidad con lo
expuesto en precedencia […]”. (Resaltado del original)

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud formulada por el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social consistente en ser desvinculado del presente trámite
tutelar, la Sala observa que la entidad fue vinculada en atención a que
fue la parte demandada en el proceso ordinario en el que se cuestiona la
sentencia de segunda instancia, lo que supone que tiene interés en las
resultas del proceso, razón por la que no se accederá a la solicitud.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, se controvierte la sentencia del 9 de junio de
2022 proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el nro. 2015 00841 01.

Los reparos planteados por la accionante consisten en que dicha autoridad
(i) no valoró todos los elementos de prueba que obraban dentro del
plenario del proceso ordinario y que daban cuenta que sostuvo una
relación laboral con el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo de 2012 sin
solución de continuidad, por lo que no había lugar a declarar la
prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y pago de las
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

prestaciones sociales por el período comprendido entre el 14 de
septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010 y (ii) que se pronunció
sobre la vinculación de la señora Soto Botello con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social durante los años 2002, 2003
2005, y 2006, sin que ello hubiere sido objeto del recurso de apelación.

4.4.1. Frente al primero de los reparos, se tiene que, tratándose de tutela
contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación
de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional.

Al efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó
que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”15.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia

15
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la citada sentencia C – 590 de 2005, la Corte
precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una
sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de la mencionada sentencia C – 590, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades16:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de
naturaleza económica.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la

Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
16

Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

relevancia17. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

El tercer criterio que conforma la relevancia constitucional busca impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que18 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

Respecto de este último criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de

17
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Al respecto, se advierte que la acción de tutela está siendo utilizada por
la parte accionante como una instancia adicional, dado que la petición de
amparo la fundamentó en que la providencia proferida el 9 de junio de
2022 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, no
valoró el material probatorio obrante en el plenario que daba cuenta que
sostuvo una relación laboral desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de
marzo de 2012 sin solución de continuidad, por lo que no había lugar a
declarar la prescripción extintiva del derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales por el período comprendido entre el 14 de
septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

De lo anterior, se desprende que la parte actora insiste a través de este
mecanismo constitucional que trabajó para el Departamento
Administrativo desde el 24 de junio de 2002 hasta el 31 de marzo de 2012
y que no se debió declarar la prescripción extintiva, aspectos que fueron
analizados en la sentencia atacada conforme a las pruebas, normas y
jurisprudencia que rige la materia; de modo que, en este caso, la petición
de amparo está siendo utilizada como un recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir el análisis probatorio que hizo el juez natural
de la causa en la providencia atacada.

La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que
la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los
eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la controversia
que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por
la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional
constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias
que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

Acorde con las razones expuestas en precedencia, el tercer elemento de
la relevancia constitucional no se cumple, porque la parte accionante está
utilizando la acción de tutela como un recurso o instancia adicional para
controvertir la valoración probatoria que hizo el juez natural de la causa,
por lo que, frente a este reparo, será declarada improcedente la petición
de amparo.

Por último, se pone de presente que la acción de tutela está dirigida en
contra de una sentencia proferida por el Consejo de Estado, por lo que,
de acuerdo con la jurisprudencia anotada, es necesario examinar si, prima
facie, la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, lo que en este evento no se observa, dado que, como

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

se indicó, la parte actora cuestiona en el escrito de amparo la valoración
probatoria que el juez competente hizo en la providencia censurada.

4.4.2. De otro lado, frente al segundo reparo planteado por la accionante,
esto es, el relacionado con que el juez de segunda instancia en el proceso
ordinario se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto del recurso
de apelación, la Sala declarará improcedente la petición de amparo por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable19.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial20: (i) cuando el asunto está
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido dos
excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: (i)
cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales y (ii) cuando se

19
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
20
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con la características de ser inminente y grave,
que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar
el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable21.

Como se anotó en precedencia, en este caso, la accionante interpuso
acción de tutela con el fin de controvertir la sentencia proferida el 9 de
junio de 2022 porque en su concepto se pronunció frente a aspectos que
no fueron objeto del recurso de apelación, específicamente, lo relativo a
su vinculación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social durante los años 2002, 2003 2005, y 2006.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en los que se formuló, comoquiera que en
contra de la providencia censurada es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la
sentencia, en la medida que, lo alegado tiene que ver con que la sentencia
cuestionada transgredió el principio de congruencia, puesto que, en
criterio del actor se abordó más allá de lo pedido en el recurso de
apelación.

Al efecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión
contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la nulidad originada en la sentencia, “[s]e puede configurar cuando
el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”22.

21
Sentencia T-150 de 2016.
22
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
cuando lo alegado es el desconocimiento del principio de congruencia,
que se entiende como el deber legal de los funcionarios judiciales de no
incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita. Además, esta
Corporación ha explicado que la congruencia externa se refiere a que la
sentencia debe estar en armonía con lo pedido y alegado por las partes
y, a su turno, la congruencia interna, es la coherencia que debe existir
entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo señalado en la parte motiva
de la providencia23.

De contera, como la parte actora reprocha que la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado se pronunció sobre aspectos que no
fueron objeto del recurso de apelación, la Sala considera que el interesado
tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión que constituye el
mecanismo idóneo para ventilar este reproche. A lo que se agrega que,
tampoco se probó ni alegó por la accionante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

Por consiguiente, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el tercer criterio de la relevancia constitucional y con
el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Yepes Barreiro. También puede verse la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, el 19 de marzo
de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
23
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06785 00
Accionante: María Ruth Soto Botello

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la señora María Ruth Soto Botello, según lo explicado en precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.