Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06914-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06914-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06914-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de marzo de 2024
Demandante: Consorcio San Andrés 2007
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06914-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06914-01
Demandante: CONSORCIO SAN ANDRÉS 2007
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, el 1 de febrero de 2024. En ese fallo se declaró improcedente
la acción de tutela por no superarse el requisito general de procedibilidad de la
inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El Consorcio San Andrés 2007, actuando mediante apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado1. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos
fundamentales a la igualdad, «al principio de legalidad», al debido proceso «y
seguridad en la decisión».
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia del 28 de abril de 2021 proferida por la Sección Tercera, Subsección B
de la corporación. En dicha decisión se modificó la providencia de primera
instancia proferida el 26 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar, reducir el monto de la condena impuesta a la
demandada y negar las demás pretensiones.
3. Ello al interior del medio de control de controversias contractuales,
1 El escrito de tutela fue radicado mediante correo electrónico dirigido a la recepción de tutelas y
hábeas corpus de la Rama Judicial el 14 de noviembre de 2023.
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Demandante: Consorcio San Andrés 2007
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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adelantado en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
(Fonade)2, que se identificó con el radicado 88001-23-31-000-2011-00023-
01(45298).
1.2. Pretensiones
4. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: SOLICITO SE TUTELEN los derechos constitucionales A LA
IGUALDAD, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AL DEBIDO PROCESO Y
SEGURIDAD EN LA DECISIÓN JUDICIAL, dada la ERRONEA
INTERPRETACION JURIDICA en el caso del contrato No 2072025, junto con las
OMISIONES PROBATORIAS, ERRORES y OMISIONES ARITMETICAS, que
van en contra del debido AJUSTE DE VALOR en las condiciones contractuales.
La FALTA DE PLANEACIÓN por parte de FONADE, llevó a la entidad a dar por
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, ocasionando PERJUICIOS
al contratista; entonces, como consecuencia de ello se ordene el reconocimiento
total de: 1) GASTOS POR efectos de SUSPENSION del contrato folio 119,
numeral 13/4), 2) PAGO DE FACTURA No 11 por recibo parcial de obra
ejecutada y sus correspondientes intereses de mora por el NO pago MENSUAL
acorde con lo estipulado contractualmente (folio 61 en clausula tercera), 3)
GASTOS FINANCIEROS por pago ANTICIPO de manera FRACCIONADA, 4)
GASTOS DE LEGALIZACION de obra NO EJECUTADA equivalente al 53%
(gastos asumidos para una ejecución del 100%) (folios 71 en clausula vigésima
quinta literal b) y folio 222), 5)
ESTUDIOS TECNICOS para ajustar situaciones NO previstas, NO competentes
al Contratista, 6) UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR por NO ejecución (…) (Sic a
toda la cita).
1.3. Hechos
5. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
6. El 26 de noviembre de 2007, el Fonade y el Consorcio San Andrés 2007
suscribieron el contrato N.º 2072025, por valor de $4.512.662.228,72, cuyo objeto
era la demolición y posterior construcción de la biblioteca del Banco de la
República. Las partes acordaron la entrega del 30% del valor del contrato como
anticipo, esto es, un contado de $1.353.798.688, no obstante, la entidad fraccionó
el desembolso en tres pagos.
7. Durante la ejecución del contrato, se presentaron una serie de
inconvenientes debido a elementos no previstos, ni pactados. Así como, por el
pago fraccionado del anticipo, situación que para el contratista, obligaba a revisar
los términos del contrato.
8. El 12 de septiembre de 2008, las partes decidieron suspender la ejecución
del contrato, luego de encontrar que para la ejecución de la «Zapata No. 15»
había una placa de sustentación que supuestamente existía en la construcción
2 Hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).
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original y que serviría de soporte a la nueva, no cubría el área requerida para el
soporte de dicha «Zapata».
9. Ante la falta de solución de la entidad contratante, el 13 de enero de 2009
se suscribió la terminación anticipada del contrato. Posteriormente, el contratista
reintegró los valores por concepto de anticipo no amortizado y se elevaron las
propuestas de liquidación.
10. En consecuencia, el 5 de abril de 2011 el Consorcio San Andrés 2007
ejerció acción de controversias contractuales en contra del Fonade. Allí solicitó
la declaratoria de incumplimiento del contrato y, por tanto, el pago de los
perjuicios ocasionados, que a su juicio eran por el valor de $3.848.447.049.
11. En sentencia del 26 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Por ende, condenó a la entidad demandada al pago de
$1.412.446.382,93.
12. Como fundamento de la decisión, consideró que la entidad contratante
faltó a su deber de planeación. Situación que, por lo demás, produjo el
desembolso inoportuno del anticipo y los imprevistos en las etapas de demolición
y construcción de la obra.
13. En contra de dicha decisión, los extremos de la litis interpusieron recurso
de apelación. Por su parte, el Fonade alegó que el contrato se regía por derecho
privado, aunado al hecho que el tribunal erró al liquidar el anticipo por cuanto el
mismo debía ser asumido por cuenta y riesgo del contratista según el plan de
inversiones. Mientras que, el Consorcio, afirmó que debía incluirse el
reconocimiento de la cláusula penal pecuniaria y los $223.013.513 del
fraccionamiento del anticipo.
14. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado desató los
recursos de apelación en sentencia del 28 de abril de 2021. En dicha decisión
modificó la providencia de primer grado, en el sentido de condenar al Fonade al
pago de $489.023.090 por concepto de perjuicios materiales y negó las demás
pretensiones de la demanda.
15. Para el efecto, señaló que el contrato se suspendió de mutuo acuerdo, sin
que ninguna parte indicara que implicaba negativamente sus intereses
económicos. Aspecto que, de conformidad con el contrato celebrado, era
necesario para poder solicitarlos. En consecuencia, la corporación indicó que
ante el silencio del contratista, no podía desconocer sus propios actos y, por lo
tanto, ello era suficiente para rechazar cualquier reclamación por ese hecho.
16. De otro lado, confirmó el saldo insulto por la factura establecido por el
tribunal, debido a que no hubo inconformidad por las partes. Finalmente, analizó
los gastos financieros, de legalización, por estudios técnicos, utilidad dejada de
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percibir y perjuicios por el incumplimiento. Luego de cruzar todas las sumas,
determinó que el saldo a favor del contratista era de $489.023.090.
17. La anterior decisión, fue objeto de solicitud de corrección de errores
aritméticos por el Consorcio San Andrés 2007, en los términos del artículo 286
del CGP. Y, mediante auto del 11 de octubre de 2021 la Sección Tercera,
Subsección B de la corporación la negó, tras encontrar que no se reunían los
presupuestos para tal fin.
18. La anterior providencia fue notificada a las partes por estado del 24 de
noviembre de 2021.
1.4. Sustento de la vulneración
19. A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico.
20. Indicó que la corporación no dio aplicación al artículo 265 del Decreto 01
de 1984 que se refiere a las cuantías y reajuste. Esto, porque la indexación es el
medio que equilibra el fenómeno de la depreciación dada la pérdida de poder
adquisitivo del dinero debido a la fluctuación económica del país.
21. Precisó que la cláusula penal debía ser aplicada por el incumplimiento del
Fonade, como indemnización por los perjuicios ocasionados y, en virtud del
principio de la contratación estatal conocido como equilibrio económico. Agregó
que, si con la suspensión del contrato se producen daños o perjuicios, debe
acudirse a la aplicación de la teoría de la ecuación económica y financiera.
22. Reiteró los argumentos señalados en la solicitud de corrección de error
aritmético. En consecuencia, señaló que la autoridad judicial de segundo grado
incurrió en error al establecer los gastos mensuales por suspensión anticipada
del contrato y sus intereses moratorios.
23. Manifestó que hubo una omisión de la liquidación aritmética de los
intereses moratorios causados desde el mes vencido a la fecha de radicación de
la factura núm.11, esto es, 8 de noviembre de 2008.
24. En el mismo sentido, señaló que el juez no tuvo en cuenta los intereses
moratorios causados por el fraccionamiento del pago del anticipo del contrato y
su entrega tardía. Indicó que no se sumaron correctamente los tres lapsos
causados, lo que generó un error aritmético al momento de la liquidación.
25. También expuso que los gastos de legalización, estudios técnicos, la
utilidad dejada de percibir, la indemnización por incumplimiento – cláusula penal
–y el valor de los perjuicios debían ser reconocidos y liquidados con sus
respectivos intereses moratorios. Al valor integral de tales conceptos, se debía
descontar el anticipo no amortizado y, por lo tanto, le debía ser reconocido un
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rubro equivalente a $8.445.748.228.
1.5. Trámite de primera instancia
26. Por auto del 16 de noviembre de 2023, el ponente de la decisión de
primera instancia inadmitió la solicitud de amparo, tras constatar que el actor no
aportó el certificado de existencia y representación legal del Consorcio San
Andrés 2007 con vigencia no mayor a 30 días.
27. Subsanado lo anterior, mediante providencia del 5 de diciembre de 2023
se admitió la acción de tutela. En consecuencia, se ordenó notificar en calidad de
accionado a los magistrados que conforman la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado.
28. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a los magistrados que
conforman el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, al Fonade - hoy ENTerritorio - y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
29. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión, se solicitó la
declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo, o en su defecto, que se
negaran las pretensiones.
30. Expuso que la tutela pretende, de manera caprichosa, revivir un debate
procesal ya concluido como si se tratara de una tercera instancia, aun cuando la
decisión tiene el respaldo jurídico, fáctico y probatorio necesario. Agregó que la
solicitud de amparo persigue el reconocimiento de $8.445.635.025, aun cuando
la sentencia que cerró el debate judicial analizó en la oportunidad
correspondiente todo lo relacionado con la economía del contrato.
31. Adicionalmente, señaló que el asunto no acredita el requisito de
inmediatez comoquiera que la decisión se notificó el 10 de junio de 2021,
mientras que la tutela se radicó el 14 de noviembre de 2023, esto es, 2 años y 5
meses después, superando el término de 6 meses fijados por la jurisprudencia
constitucional.
32. En todo caso, refirió que la tutela contra providencia de altas cortes es
absolutamente excepcional. En este punto, citó la sentencia SU-573 de 2019.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
33. Se limitó a remitir el link de acceso al expediente identificado con el
radicado 88001-23-31-000-2011-00023-00. Adicionalmente, puso de presente el
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que el 14 de marzo de 2023 remitió el expediente a esta corporación, con ocasión
del trámite del recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado
11001-03-15-000-2022-04218-00.
1.6.3. ENTerritorio
34. Solicitó que se mantuviera incólume el proceso judicial en el que se profirió
la decisión aquí cuestionada y se resolviera de manera desfavorable la acción de
tutela.
35. Para ello, trajo a colación lo decidido por la Sala Especial de Decisión N.º
25 de la corporación en el recurso extraordinario de revisión identificado con el
radicado 11001-03-15-000-2022-04218-00, adelantado por el Consorcio San
Andrés 2007 contra la providencia aquí cuestionada, con fundamento en la
causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
1.7. Sentencia de primera instancia
36. En sentencia del 1 de febrero de 2024 la Sección Cuarta de esta
corporación declaró improcedente la acción de tutela porque no encontró
acreditado el requisito general de procedibilidad de inmediatez. Esto por lo
siguiente:
37. La Sala consideró que, a la fecha de presentación de la acción, 14 de
noviembre de 2023, habían transcurrido 2 años y 6 meses de haber tenido
conocimiento de la decisión, lo cual desvirtúa la urgencia y necesidad de
intervención del juez de tutela.
1.8. Impugnación
38. La parte accionante indicó que el a quo no tuvo en cuenta la interposición
del recurso extraordinario de revisión el 3 de agosto de 2022 ante el Consejo de
Estado, el cual fue decidido en sentencia del 4 de agosto de 2023, notificada el
18 de agosto del mismo año. En ese orden, expuso que el argumento de
inmediatez carece de sustento.
39. Aunado a lo anterior, reiteró los argumentos del escrito de tutela
relacionados con una vía de hecho en la modalidad de error grave de
interpretación, pues no se tuvieron en cuenta los valores por: gastos de
suspensión, saldo por interés y mora en pago de factura, gastos financieros por
fraccionamiento de anticipo, gastos de legalización por contrato no ejecutado,
estudios técnicos no contemplados, utilidad dejada de percibir, afectación por
incumplimiento del contratante y anticipos a proveedores que no hacían parte del
mismo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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2.1. Competencia
40. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 1 de febrero
de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
41. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el Consorcio San
Andrés 2007 fungió como demandante en el medio de control de controversias
contractuales identificado con el radicado 88001-23-31-000-2011-00023-
01(45.298). Por tanto, está legitimado en la causa por activa para interponer la
presente acción de tutela.
43. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior,
por ser la autoridad que dictó la providencia cuestionada en esta oportunidad.
2.3. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta corporación
el 1 de febrero de 2024.
45. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad, en especial el de inmediatez.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.
47. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.
48. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
49. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
8 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
50. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
51. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en
el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de inmediatez
52. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable9, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo10.
53. De acuerdo con lo anterior, esta Sección11 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
54. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.
9 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
11 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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55. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional
indicó que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual12.
56. Bajo esa óptica, corresponde negar la protección ius fundamental
invocada, por las razones que pasan a exponerse.
57. En efecto, de la revisión del expediente digitalizado con radicado 88001-
23-31-000-2011-00023-01(45298), se advierte que la sentencia del 28 de abril de
2021 se notificó por edicto fijado el 11 de junio de 2021. El 16 de junio y el 9 de
julio de 2021, el Consorcio demandante presentó solicitud de aclaración de
sentencia y luego, de corrección aritmética, respectivamente.
58. Mediante auto del 11 de octubre de 2021, el despacho ponente de la
decisión negó las solicitudes presentadas por la parte actora. Dicha providencia
se notificó a través de estado del 24 de noviembre de 2021.
59. Así las cosas, tomando en cuenta la fecha de notificación del auto que
resolvió las solicitudes posteriores al fallo de segunda instancia, las cuales, se
relacionan directamente con lo señalado en la presente acción de tutela, la
providencia objeto de estudio cobró ejecutoria el 29 de noviembre de 2021. En
cuanto a la radicación de la solicitud de amparo, data del 14 de noviembre de
2023.
60. De conformidad con lo anterior, los tutelantes dejaron transcurrir alrededor
de 2 años entre la ejecutoria de la decisión cuestionada y la interposición de la
acción constitucional.
61. Se aclara que, si bien es cierto que se han establecido algunos criterios
que permiten flexibilizar este término, la parte actora no manifestó encontrarse
dentro de alguna de las situaciones que la jurisprudencia ha considerado
especiales, ni se encontró que pueda tratarse de un caso de tales proporciones.
Así las cosas, no se evidencia ninguna situación con base en la cual se pueda
12 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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justificar la tardanza del grupo actor para acudir al juez constitucional a reclamar
la protección de sus derechos fundamentales13.
62. Valga señalar, que el Consorcio accionante manifestó en el escrito de
impugnación que el 3 de agosto de 2022 interpusieron recurso extraordinario de
revisión14, el cual fue desatado por la Sala Especial de Decisión N.º 25 del
Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2023, notificada el 18 del
mismo mes y año. En ese sentido, expuso que el argumento de inmediatez
carece de todo sustento.
63. Sobre el particular, sea preciso señalar que tal manifestación constituye
un señalamiento nuevo respecto al escrito de tutela respecto del cual las partes
no tuvieron oportunidad de pronunciarse.
64. Aunque en gracia de discusión se admitiera, pues únicamente ENTerritorio
se refirió en su intervención sobre el particular, lo cierto es que no hay lugar a
estudiar el cumplimiento del requisito de inmediatez desde la ejecutoria de la
decisión de la Sala Especial de Decisión N.º 25 de esta colegiatura. Esto, porque
constituyen dos causas diferentes.
65. Es importante precisar que el recurso extraordinario de revisión es un
medio extraordinario de impugnación de las sentencias que procede solo ante la
configuración de unas causales especiales contempladas en el artículo 250 del
CPACA15.
13 La Corte Constitucional se pronunció al respecto en la sentencia SU-184 de 2019 en el siguiente
sentido: «La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido, en tratándose de acción de
tutela contra providencia judicial, que la revisión del requisito de inmediatez debe ser más estricto
y que, en materia de acción de tutela interpuesta por autoridad pública, únicamente se debe
flexibilizar el requisito de inmediatez, de manera excepcionalísima, cuando la entidad pública
accionante se encuentre en unas condiciones institucionales que hayan impedido, de manera
directa, la defensa inmediata de sus intereses en sede jurisdiccional».
14El cual se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2022-04218-00.
15 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
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66. Así, de no encontrarse acreditados los cargos dentro de las causales
contempladas dentro del mecanismo extraordinario aludido, el peticionario se
encuentra facultado para acudir a la acción de tutela.
67. En el caso concreto la Sala nota que el accionante no ataca los
argumentos por los que la Sala Especial de Decisión N.º 25 de esta Corporación
declaró infundado el aludido recurso. Por el contrario, en el escrito de tutela dirige
los reproches en específico contra la decisión proferida en el proceso de
controversias contractuales por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación el 28 de abril de 2021.
68. En consecuencia, la Sección considera que el recurso extraordinario de
revisión, al no ser una instancia adicional del proceso de controversias
contractuales adelantado por el accionante, no resulta procedente realizar el
análisis del requisito de inmediatez de la presente acción de tutela a partir de la
fecha en la que fue proferido el fallo del 4 de agosto de 2023 por la Sala Especial
de Decisión N.º 25 de esta colegiatura.
69. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la declaratoria de
improcedencia del amparo constitucional presentada en contra de la providencia
del 28 de abril de 2021 por haber incurrido presuntamente en los defectos
sustantivo y fáctico. Esto, porque no se encuentra superado el requisito general
de procedibilidad de la inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 dictada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
presente acción de tutela por no superar el requisito general de la inmediatez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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