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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06958-00

Fecha
14 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06958-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por el señor Albeiro Castro Camacho. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06958-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de diciembre de 2023

Demandante: Albeiro Castro Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06958-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06958-00
Demandante: ALBEIRO CASTRO CAMACHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y
desconocimiento del precedente – niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Albeiro Castro Camacho, por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira2. Con la
solicitud de amparo pretende que se le proteja sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se la adjudican a la decisión
del 30 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira,
que revocó la providencia de primera instancia dictada el 19 de diciembre de
2022 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, para
en su lugar negar las pretensiones de la demanda promovida contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante CASUR)3.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito de tutela se radicó en la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 16 de noviembre
de 2023.
3
Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 44001-33-40-003-2019-
00109-00/01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Albeiro Castro Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06958-00

referidos y, que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

PRIMERA: Que se AMPARE los derechos Fundamentales del DEBIDO
PROCESO, VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO, DERECHO DE
IGUALDAD Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, de el
señor ALBEIRO CASTRO CAMACHO.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia calendada el 30 de octubre de
2023, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA
GUAJIRA, MP. Dr. MARIA DEL PILAR VELOZA PARRA, que REVOCA la
Sentencia de Primera instancia de fecha 19 de diciembre de 2022, proferida por
el por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha,
dentro del expediente No. 44 001 33 40 003 2019 00109 01, la cual había
accedido a las pretensiones de la demanda, en donde se solicitaba el
reconocimiento y pago de la Asignación de retiro al señor ALBEIRO CASTRO,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), y en
su lugar se aceda a las pretensiones de la demanda, debiendo confirmar la
sentencia de primera instancia la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ACCIONADO que, en el término de 10
días, contados a partir de la notificación de la decisión, profiera una nueva
sentencia en la que tenga en cuenta las normas contenidas en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990 y ley 923 de 2004, para efectos del tiempo de 15 y 20
años, para el reconocimiento de la asignación de retiro y no el contenido en el
Decreto 754 de 2019, debiendo respetar el precedente judicial y el derecho de
igualdad. (SIC y mayúsculas y negritas del texto original)

1.3. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

4. El señor Albeiro Castro Camacho prestó sus servicios a la Policía Nacional
durante 15 años, 9 meses y 11 días, en calidad de subintendente. Su vinculación
fue el 25 de febrero de 1998 y su desvinculación del 21 de julio de 2015 por
causal de destitución.

5. Mediante petición el señor Castro Camacho solicitó a CASUR el
reconocimiento de la asignación de retiro a que considera tiene derecho. Esta le
fue negada bajo el argumento que la causal de retiro de la institución policial fue
por destitución y en ese caso se debía acreditar 20 años o más de servicio.

6. Inconforme con lo anterior, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Caja de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de obtener el mentado
reconocimiento.

7. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, en
sentencia de 19 de diciembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda.
En este sentido, ordenó a CASUR reconocer y pagar la asignación de retiro a
favor del actor en la forma prevista en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.

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8. El a quo advirtió que, al momento de la desvinculación del actor, esto es,
el 21 de julio de 2015, no existía una norma que regulara la asignación de retiro
que le fuera aplicable y que cumpliera con los requisitos del artículo 3 de la Ley
923 de 2004, pues las normas que regulaban la asignación de retiro se eliminaron
del ordenamiento jurídico antes de que el accionante lograra obtener el estatus
pensional.

9. En este sentido, consideró que la parte actora era beneficiaria del régimen
de transición establecido en inciso 2 del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923
de 2004, alegando que no se le podía exigir un tiempo de servicio superior al
estipulado por dicha disposición, toda vez que el único condicionamiento es que
estuviera en servicio activo en la fuerza pública, sin importar la causa de su retiro.

10. Aunado a esto, precisó que resultaba aplicable a la situación del señor el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que reconoce la asignación de retiro
cuando se cumplan 15 años de servicio, sin importar la causal de retiro,
señalando que, al momento de su desvinculación, el señor Castro Camacho
ostentaba el cargo de subintendente y contaba con 15 años, 9 meses y 11 días
de servicio para su reconocimiento.

11. Finalmente, resaltó que no era aplicable el Decreto 1754 de 2019, en el
entendido que en el momento en que se configuró el derecho del actor, la
normativa señalada no había sido expedida, consideración que además guarda
consonancia con el principio de favorabilidad.

12. Inconforme con lo resuelto, CASUR interpuso recurso de apelación. Este
fue desatado por el Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de sentencia
de 30 de octubre de 2023. En esta providencia se revocó la decisión del a quo
para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. En criterio del juez
ordinario de segunda instancia la norma aplicable era el Decreto 754 de 2019,
que dispone que para el reconocimiento de la asignación de retiro de los
miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera directa antes del 31 de
diciembre de 2004 y retirados por la causal de destitución, debe acreditarse 20 o
más años de servicios.

1.4. Sustento de la vulneración

13. El accionante refirió que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento de precedente judicial.

14. En lo que atañe al defecto sustantivo, mencionó que el tribunal desconoció
el artículo 12 del Decreto 1212 de 1990 el cual establece que el tiempo para tener
derecho a la asignación de retiro es de 15 y 20 años y, no de 20 y 25 años como
lo contemplaba el Decreto 1858 de 2012 y lo dispone el Decreto 754 de 2019.
Así mismo, resaltó que esta última disposición no podía ser aplicada por cuanto
no había nacido a la vida jurídica al momento de su retiro.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06958-00

15. Afirmó que, aunado a lo anterior, se desconoció el artículo 3 del numeral
3.1. inciso 2 de la Ley 923 de 2004, el cual señala un régimen de transición para
los que se encontraban activos al 31 de diciembre de 2004, sin hacer distinción
entre miembros del nivel ejecutivo homologados o de incorporación directa.

16. Expuso que el Decreto 754 de 2019 fue expedido 4 años después de su
retiro, por ende, no podía aplicarse de manera retroactiva en detrimento de sus
derechos laborales. En su criterio, lo anterior vulneró su derecho al debido
proceso y favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

17. Resaltó que no se debió aplicar el Decreto 754 de 2019, toda vez que, de
conformidad con su artículo 3 dicha norma tenía vigencia a partir de la fecha de
su publicación, que, para el caso particular, fue el 30 de abril de 2019. En ese
orden, no podía obviarse que, tanto la fecha de destitución, como la de la solicitud
ante la entidad, fueron anteriores a la entrada en vigor de la mencionada norma.

18. Expuso que se debía aplicar la norma que se encontraba vigente al
momento del retiro, esto es, el Decreto 1212 de 1990, pues hasta el momento en
que profirió el Decreto 754 de 2109 y al ser retirado del ordenamiento jurídico el
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, las normas que se encontraban vigentes era
los Decretos 1212 y 1213 de 1990, las cuales consagraban 15 años cuando el
retiro se produce por causal diferente al de solicitud propia.

19. Mencionó que el Consejo de Estado4 ha asimilado la causal de destitución
con la causal de mala conducta establecida en los Decretos 1212 y 1213 de 1990,
debido a la evolución normativa que ha tenido el régimen de carrera profesional
de oficiales, a nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional.

20. En esos términos, expuso que se conculcó su derecho fundamental el
debido proceso, pues aplicar una disposición que nació con posterioridad a su
retiro, afecta las garantías judiciales que le fueron destinadas como sujeto en una
actuación tanto administrativa y judicial.

21. Ahora bien, tratándose del desconocimiento de precedente, refirió que la
providencia enjuiciada no respetó la línea jurisprudencial definida en las
siguientes decisiones:

• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
mayo de 2021, Rad. 18001-23-33- 000-2017-00317-01 (2458-19).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
mayo de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2017-00388-01 (6394-2019).

4
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Bogotá,
D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). - Radicación número: 76001-23-
31-000-2006-02942-01(2201-07) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda-Subsección A, en sentencia del 27 de mayo de 2021, dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 18001-23-33-000-2017- 00317-01 (2458-
2019)

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Demandante: Albeiro Castro Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06958-00

• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de
abril de 2022, Rad. 250002342000-2017-05830-01.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
mayo de 2021, Rad. 18001-23-33-000- 2017-00317-01 (2458-2019).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de
enero de 2022, Rad. 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020, Rad. 52001-23-33-000-2016-00514-01(1241-19).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de
septiembre de 2017, Rad. 76001-23-31-000-2006-02942-01(2201-07).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
mayo de 2021, Rad. 18001-23-33-000-2017- 00317-01 (2458-2019).
• Sentencia del 11 de abril de 2021, Rad. 25000-23-42-000-2015- 01949-
01 (5126-2016).
• Sentencia del 7 de marzo de 2019, Rad. 25000-23-42-000-2014-04425-01
(4314-2017).
• Sentencia del 19 de julio de 2019, Rad. 25000-23-25-000-2017-00227-
01(5445- 18).

22. En este punto, expuso que, entre el 3 de septiembre de 2018, fecha en la
que se declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 y el 30 de abril
de 2019, fecha de expedición del Decreto 754 de 2019, las únicas fuentes
normativas que podían servir de referente para definir la aplicación o no del
derecho de asignación de retiro eran los artículos 144 del Decreto 1212 y el 104
del Decreto 1213, ambos de 1990.

23. Iteró que, al tenerse en consideración un Decreto no vigente, ni aplicable
al caso concreto, se le transgreden sus derechos fundamentales en una flagrante
contradicción de la jurisprudencia del principio de favorabilidad.

1.5. Trámite de la acción

24. Mediante auto del 17 de noviembre de 2023, el despacho ponente de esta
decisión admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se
ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de La Guajira.

25. Por otro lado, dispuso vincular como terceros con interés al Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha y a Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR). Adicionalmente, en los términos del artículo 610
del CGP a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

26. Así mismo se solicitó al Tribunal Administrativo de La Guajira y al Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha para que allegaran copia
íntegra del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 44001-33-40-003-
2019-00109-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha

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Demandante: Albeiro Castro Camacho
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06958-00

27. Afirmó que en el presente asunto hay en contraposición de dos
pronunciamientos del Consejo de Estado: la sentencia del 21 de enero de 2021
y la sentencia del 27 de mayo de 2021; la primera fue base de la decisión
adoptada por el tribunal de lo contencioso administrativo de La Guajira y la
segunda lo fue de la sentencia del suscrito juez.

28. Sostuvo que ambos pronunciamientos tienen en común el recuento
normativo que hacen de la asignación de retiro y las normas que le son
aplicables, no habiendo duda entonces de que en el ordenamiento jurídico se
encuentran vigentes los Decretos 1212 y 1213 de 1990, la Ley 923 de 2004 y el
Decreto 754 de 2019, de tal suerte que la aplicación de uno y otro dependerá de
los criterios dados por estas mismas normas y el régimen de transición contenido
en la Ley 923 de 2004.

29. Manifestó que la diferencia entre las sentencias se encuentra en el
tratamiento y análisis que hicieron de la asignación del retiro. Así, la primera se
decanta única y exclusivamente en las causales del retiro, mientras que la
segunda se refiere a tiempo de consolidación del derecho.

30. Solicitó que dentro del fallo de tutela se realice una pedagogía en procura
de ampliar la claridad jurídica que debe existir en el asunto.

1.6.2. CASUR

31. Manifestó que el tribunal aplicó la norma vigente para el caso del
accionante una vez fue retirado por destitución de la Policía Nacional, en ese
orden de ideas, sostuvo que al actor no le asiste derecho pues no cumplía con el
tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro más aún si la causal
señalada en la hoja de servicio presentada era la destitución.

32. Refirió que lo pretendido por el accionante era que por vía de tutela se
profiriera una nueva sentencia. En consecuencia, solicitó que no se revoque la
decisión de segunda instancia, pues no se vislumbraba una vulneración al debido
proceso y que de lo contrario se generaría un detrimento patrimonial del erario y,
se causaría una brecha inequitativa a los demás ex servidores de la fuerza
pública retirados por destitución, a los cuales tampoco se les reconoció la
asignación por no cumplir con el tiempo de servicio requerido para el
reconocimiento de dicha prestación.

33. El Tribunal Administrativo de La Guajira, pese a ser debidamente
notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

6
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34. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo La Guajira.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.
º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que el señor Albeiro Castro Camacho está legitimado en
la causa por activa. Esto porque integra el extremo accionante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí
cuestionada.

37. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de
La Guajira se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que dictó la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problemas jurídicos

38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

39. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, con la expedición de la
providencia del 30 de octubre de 2023 que revocó la decisión del 19 de diciembre
de 2022 adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Riohacha, que
accedió a las pretensiones de la demanda?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) régimen de asignación de retiro de la Policía Nacional
y; (iv) el caso concreto.

7
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
10
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

8
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43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.

2.5. Estudio de los requisitos de procedibilidad
2.5.1 Relevancia constitucional

47. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200511. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

11
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.

9
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Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes12. (Subrayado fuera de texto).

48. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201413, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

49. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.

50. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 14
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

51. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompañado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por la misma, que en concreto se refieren
a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

12
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

52. Sobre el caso en particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente. En primer lugar, la parte actora presenta una cuestión de
carácter ius fundamental en la medida en que no solo invoca la protección de sus
garantías superiores, sino que identifica con claridad y suficiencia las razones por
las cuales la decisión cuestionada incurrió en el defecto sustantivo y de
desconocimiento del precedente, debido a que el juez del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no tuvo en cuenta que, para el reconocimiento de
la asignación de retiro, bastaba demostrar 15 años de servicio pues su
desvinculación no obedeció a su decisión.

53. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos
no apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia,
pues trascienden de una mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez
ordinario, de tal suerte que no se no se trata de un asunto de mera legalidad.

54. Se trata de una duda legítima, puesto que el principal efecto de la
providencia judicial acusada, que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho es privar al demandante de la posibilidad
de obtener una asignación de retiro, por cuenta de una disparidad de criterios al
momento de establecer el régimen aplicable su caso.

55. Al respecto, es preciso resaltar que la vulneración a los derechos
fundamentales invocadas por el actor contiene como fundamento una serie de
decisiones proferidas por la Sección Segunda de este alto tribunal, en las cuales
para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, se ha dado aplicación
al Decreto 1212 de 1990, luego se podría pensar que existe un vulneración al
derecho de igualdad respecto de personas que se encuentran en las misma
situación del actor, lo que justifica que este juez constitucional utilice sus
facultades excepcionales y proceda a revisar una providencia proferida por un
juez ordinario experto en la materia.

2.5.2. Tutela contra tutela

56. La Sala observa que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor
Albeiro Castro Camacho contra la Caja de Sueldos Retiro de la Policía Nacional.

2.5.3. Inmediatez

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57. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad con ocasión de la sentencia de
30 de octubre de 2023 proferida al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En este sentido, la Sala considera que la acción de
tutela contra providencia judicial radicada el 16 de noviembre de 2023, se
presentó dentro de un término razonable.

58. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
201415, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 200516, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

59. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el
recurso de apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

60. Así mismo, frente a los argumentos del accionante, se advierte que no es
procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos que lo
sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley. Por
otro lado, tampoco cabe el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, en la medida que en la situación bajo estudio no se cumplen los
presupuestos previstos en los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.

61. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido
superados, motivo por el cual se pasará a realizar el estudio del caso concreto.

2.6. Régimen de la asignación de retiro de los miembros de la Policía
Nacional del nivel ejecutivo

62. Por disposición constitucional los miembros de la Fuerza Pública se
benefician de un régimen prestacional especial, en consideración al ejercicio de

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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las funciones públicas que desarrollan en cumplimiento de su actividad. Lo
anterior es el fundamento de una normatividad legal diferente respecto de los
demás servidores públicos, y a su exclusión de la aplicación del sistema integral
de seguridad social contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

63. Ahora bien, el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se reforma el Estatuto
del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», en su artículo
144 estableció los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro de
los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, norma que dispone:

ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del
servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios,
o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa
justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía
Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente al (…).

64. Por su parte, el Decreto 1213 de 1990, «Por el cual se reforma el estatuto
del personal de agentes de la Policía Nacional», en cuanto a los requisitos para
el reconocimiento de la asignación de retiro de los Agentes, señaló:

ARTÍCULO 104. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por disposición de la Dirección General, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta
comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al
servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses
de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague
una asignación mensual de retiro equivalente al (…).

65. Luego, se profirió la Ley 180 de 1995, norma que creó el nivel ejecutivo en
la Policía Nacional, la cual permitió el ingreso a este nuevo nivel del personal de
Oficiales, Suboficiales y Agentes al servicio de la Policía Nacional. Así mismo
mediante Decreto 1091 de 199517, se expidió su régimen de asignaciones y
prestaciones.

66. El artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 estableció los requisitos para
acceder a la asignación de retiro. No obstante, el citado cuerpo normativo fue
declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia del 14 de febrero de 2007, proceso 2004-00109-01, al considerar que
«el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los
miembros de la Fuerza Pública en tanto - se repite - era una materia que se

17
Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional.

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hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial
para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo».

67. Luego, se profirió la Ley 923 de 200418 (Ley marco), que señaló las
normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, la cual, en su artículo tercero dispuso los elementos mínimos que
debía contener la reglamentación que expediría el Gobierno. Esto es, que a los
uniformados que estuvieran en servicio a la entrada en vigor de la ley no podrían
exigírsele tiempos de servicio superiores a los consagrados en las disposiciones
vigentes a esa época.

68. Adicional a lo anterior, fijó un régimen de transición para proteger las
expectativas legítimas de quienes estuvieran próximos a acceder al derecho de
asignación de retiro.

69. La Ley 923 de 2004 fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante
el Decreto 4433 de 200419 el cual, en el parágrafo 2º del artículo 25, señaló:

Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. (…)

Parágrafo 2°. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo
que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte
(20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del
Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación,
o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia
o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses
de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague
una asignación mensual de retiro (…).

70. De la lectura del precepto normativo citado en precedencia se tiene que
para el reconocimiento de la asignación de retiro a favor de los miembros de la
Policía Nacional, estos debían acreditar como mínimo 20 años de servicio, para
los que fueran retirados por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del
Ministro de Defensa o del Director General de la Policía, o por disminución de la
capacidad psicofísica; mientras que, aquellos que se retiraran por voluntad propia
debían contar con 25 años para acceder a la referida prestación.

71. No obstante, el parágrafo 2º del artículo arriba citado fue declarado nulo
por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de abril de 2012, (radicado
interno 1074-2007), al considerar que el Gobierno Nacional desbordó la potestad
reglamentaria, al aumentar el tiempo de servicio para acceder a la asignación de
retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal.

18
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política”.
19
"Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública".

14
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72. De lo expuesto hasta acá se observa que los Decretos 1091 de 1995 y
4433 del 2004 establecieron un tiempo mayor para acceder a la asignación de
retiro (20 años) al que se encontraba previsto en los Decretos 1212 y 1213 de
1990 (15 años).

73. Así pues, resulta claro que al quedar en firme las sentencias que
declararon la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y el parágrafo 2º
del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004, «se debe entender que desaparecieron
del ordenamiento jurídico, entendiéndose tal situación desde el mismo momento
en que fueren expedidos; por lo que las condiciones establecidas para la
asignación de retiro deben examinarse a la luz de lo dispuesto en la Ley 923 de
2004»20.

74. Luego, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1858 de 201221 que
distinguió dos regímenes: i) el de transición para el personal homologado,
quienes tendrían derecho a la asignación de retiro cuando sean retirados
después de 15 o 20 años de servicio, según la causal; y ii) el común para el
personal que ingresó por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004,
quienes tendrían derecho cuando sean retirados con 20 o 25 años, según la
causal.

75. Este segundo régimen, el común, fue declarado nulo con efectos ex tunc
por la Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de septiembre
de 2018, luego de encontrar que por remisión expresa de la Ley 923 de 2004, a
los miembros de la Policía Nacional, entre los que se encuentran los que integran
el nivel ejecutivo activos al momento de la expedición de la ley, esto es, al 31 de
diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio para efectos de
acceder a la asignación de retiro superior al establecido en los Decretos 1212 y
1213 de 1990, por ser esta la normativa que se encontraba vigente para dicho
momento, cuando quiera que la causal de retiro invocada sea la de solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por cualquier
otra causal.

76. Dicha norma fue suspendida provisionalmente (medida cautelar) por la
Sección Segunda del Consejo de Estado mediante providencia del 14 de julio de
201422, al considerar que no tenía en cuenta la prohibición consagrada en el
artículo 3º de la Ley 923 de 2004, esto es, la de establecer tiempos de servicio

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017,
radicado No. 15001-23-33-000-2015-00238-01.
21
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional".
22
En la referida decisión señaló que “a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, esto es, al
31 de diciembre de 2004, la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990, aplicables al
personal del nivel ejecutivo por incorporación directa, por cuanto los Decretos que de forma
específica regulaban dicha prestación, esto es, los Decretos 1091 de 1995, 2070 de 200322 y el
parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, perdieron vigencia por declaración judicial”.

15
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mayores a los que consagraban las normas anteriores. No obstante, la
suspensión decretada fue objeto de recurso de súplica, el cual fue decidido con
proveído del 8 de octubre de 2015, expediente 11001-03-25-000-2013-00543-00,
en el sentido de levantar la suspensión que recayó sobre el artículo 2º del Decreto
1858 de 201223.

77. Finalmente, el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, mediante providencia del 13 de junio de 2013, declaró la nulidad
del artículo 2º ibidem, advirtiendo que los efectos otorgados a la sentencia serían
de carácter ex tunc, es decir, desde entonces, «y se retrotraen al momento en
que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado
en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las
situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la
sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última
se tome24. En tal sentido, respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas,
las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato,
es decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta
jurisdicción; por lo tanto, las ‘afecta’, de manera inmediata25».

78. De lo anterior se puede concluir que, tratándose de los miembros de nivel
ejecutivo, no existía una disposición expresa sobre su regulación, por lo que
jurisprudencialmente se había homologado con la aplicable a la de los
suboficiales (Decreto 1212 de 1990) por ostentar un rango similar a estos26.

79. Ahora bien, el presidente de la República, «en uso de las facultades
legales contenidas en la Ley 923 de 2004» profirió el Decreto 754 de 30 de abril
de 2019 «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro de personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación
directa hasta el 31 de diciembre de 2004», en el cual estableció:

ARTÍCULO 1. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta
el 31 de diciembre de 2004. Fijase el régimen de asignación de retiro para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán
derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General

23
En dicha ocasión, se aclaró que i) si bien mediante fallo del 4 de febrero de 2007 se había
anulado el Decreto 1091 de 1995, esto sucedió porque al reglamentar lo relacionado con el
requisito de tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro de los miembros del nivel
ejecutivo no se diferenció entre el personal incorporado directamente y el homologado, y le
impusieron a ambos la misma exigencia de 20 y 25 años de servicio, cuando a estos últimos no
podía desmejorarlos en ese aspecto.
24
Consejo de Estado. expediente No 4614 del 21 de enero de 1994. Consejo de Estado. Sección
Cuarta. Sentencia del 24 de marzo de 2000. Radicación 9551.
25
Consejo de Estado, sentencia del 13 de junio de 2013, radicado No.
25000232700020080012501 (18828). M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E).
26
Al respecto, puede consultarse sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A de 9 de septiembre de 2021, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente
No. 20001-23-33-000-2018-00133-01.

16
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de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a
solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en
que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente
a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo
3° del Decreto 1858 de 2012, por los primeros quince (15) años de servicio, un
cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) hasta
cumplir los diecinueve (19) años, y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte
(20) años de servicio. Así mismo se incrementará en un dos por ciento (2%) por
cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el
ciento por ciento (100%) de tales partidas.

PARÁGRAFO. Ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios
y compensaciones, que devengue el personal a que se refiere este decreto,
diferentes a las establecidas en el artículo 3° del Decreto 1858 de 2012, serán
computables para efectos de la asignación de retiro.

ARTÍCULO 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean

• Para quienes sean retirados de la institución con quince (15) años o más
de servicio por (i) llamamiento a calificar servicios, (ii) por voluntad del Director
General de la Policía, o (iii) por disminución de la capacidad psicofísica.

• Los que se retiren (I) a solicitud propia o (ii) sean retirados o separados en
forma absoluta o (iii) destituidos después de veinte (20) años de servicio.

80. Adicionalmente es importante señalar que esos mismos requisitos ya
habían sido establecidos para el caso del personal homologado en el artículo 1.
del Decreto 1858 de 2012, norma que dispone:

ARTÍCULO 1. Régimen de transición para el personal homologado del Nivel
Ejecutivo. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal
que ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional antes del
1 de enero de 2005, siendo Suboficiales o Agentes, los cuales tendrán derecho
cuando sean retirados de la institución después de quince (15) años de servicio
por llamamiento a calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por
disminución de la capacidad psicofísica y los que se retiren a solicitud propia o
sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de los
veinte (20) años de servicio, a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3 del presente decreto,
por los quince (15) primeros años de servicio, un cuatro por ciento (4%) más
por cada año que exceda de los quince (15) hasta cumplir los diecinueve (19)
años y un nueve por ciento (9%) al cumplir los veinte (20) años de servicio. Así
mismo se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año que exceda de
los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%)
de tales partidas.

2.7. Caso concreto

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81. La parte accionante plantea la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad toda vez que, a su juicio, el Tribunal
Administrativo de La Guajira al dictar la providencia de 30 de octubre de 2023,
incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

82. Al descender al análisis particular del tutelante, la Sala encontró probado
los siguientes presupuestos:

• El señor Albeiro Castro Camacho ingresó a la Policía Nacional como
alumno de nivel ejecutivo desde el 25 de febrero de 1998 hasta el 24 de febrero
de 1999 y se unió al nivel ejecutivo de la Policía Nacional el día 25 de febrero de
1999 hasta el 21 de julio de 2015.

• Conforme la hoja de servicios 77179398, se desempeñó en el nivel
ejecutivo, acumulando un tiempo de servicio de 15 años, 9 meses y 11días.

• El último cargo que ocupó en la entidad fue el de subintendente.

2.7.1. Desconocimiento del precedente

83. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una
Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha
regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación
expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

84. Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional expuso en sentencia T-459 de
2017:

El desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario
judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre
(precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal)
al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar
a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas
que justifique el cambio de jurisprudencia.

85. Ahora, bien el actor alegó que el Tribunal Administrativo de La Guajira
desconoció las siguientes providencias del alto tribunal de lo contencioso
administrativo:

• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
mayo de 2021, Rad. 18001-23-33- 000-2017-00317-01 (2458-19).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
mayo de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2017-00388-01 (6394-2019)
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de
abril de 2022, Rad. 250002342000-2017-05830-01.

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• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
mayo de 2021, Rad. 18001-23-33-000- 2017-00317-01 (2458-2019)
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de
enero de 2022, Rad. 050012333000-2016-02750-01 (0627-2021)
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020, Rad. 52001-23-33-000-2016-00514-01(1241-19).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de
septiembre de 2017, Rad. 76001-23-31-000-2006-02942-01(2201-07).
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
mayo de 2021, Rad. 18001-23-33-000-2017- 00317-01 (2458-2019)
• Sentencia del 11 de abril de 2021, Rad. 25000-23-42-000-2015- 01949-
01 (5126-2016)
• Sentencia del 7 de marzo de 2019, Rad. 25000-23-42-000-2014-04425-01
(4314-2017)
• Sentencia del 19 de julio de 2019, Rad. 25000-23-25-000-2017-00227-
01(5445- 18)

86. No obstante, lo anterior, la Sala advierte que las sentencias que el
accionante invoca no analizaron el alcance del Decreto 754 de 2019, pues en su
mayoría fueron proferidas con anterioridad a la expedición del mismo, por lo que
resulta evidente que en ningún momento el tribunal accionado incurrió en el
defecto aludido. Téngase en cuenta que en uno u otro caso, las disposiciones
aplicables al caso concreto fueron los Decretos 1212 y 1213 de 1990, según los
cuales, el tiempo para tener derecho a la asignación de retiro oscilaba entre los
15 y 20 años.

87. Si bien es cierto que estas providencias respaldan la aplicación del artículo
144 del Decreto 1212 de 1990 en caso similares al presente y que establecen
puntualmente que la causal de destitución debe ser asimilada con una mala
conducta, también lo es que no contemplaban la vigencia del Decreto 754 de
2019 y por tanto no pueden ser utilizadas para los fines pretendidos por el
accionante, resultando las mismas inaplicables.

88. En este punto es menester indicar que en diversas oportunidades la
Sección Segunda27 de esta Corporación ha accedido a las pretensiones de la
demanda, en casos similares, en virtud de la aplicación del Decreto 1212 de
1990, el cual, en su artículo 144 señalaba un tiempo de servicio de 15 años para
el reconocimiento de la asignación cuando el retiro se produjera por causa
distinta a la voluntad propia.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
sentencia de 20 de marzo de 2018, C.P. César Palomino Cortés, identificada con número único
de radicación 11001-03-15-000-2018-00521-00; sentencia de 24 de abril de 2018, C.P. César
Palomino Cortés, identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01997-01;
sentencia de 11 de abril de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, identificada con número único
de radicación 25000-23-42-000-2015-01949-01; sentencia de 5 de octubre de 2017, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, identificada con número único de radicación 18001-23-33-000-2014-00085-
0; sentencia de 3 de septiembre de 2018, C.P. César Palomino Cortés, identificada con número
único de radicación 11001-03-25-000-2013-00543-00.

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89. Sin embargo, la misma Sección Segunda ha modificado su postura en
torno al Decreto 754 de 2019 pues en él se fijó el nuevo régimen de asignación
de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que ingresó
al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, esto se
puede observar en la providencia identificada con radicado 63001-23-33-000-
0217-00469-0128.

90. Asimismo, la Sección Primera en sede constitucional ha abordado la
aplicación retrospectiva del Decreto 754 de 2019 en sentencia del 25 de
noviembre de 201929.

91. En igual sentido, se pone de presente que esta Sección ha realizado
estudio sobre este aspecto vía acción de tutela, en sentencia del 2 de octubre de
202030 y del 18 de abril de 201831, no obstante, en estas tampoco se abordó la
asignación de retiro desde la perspectiva del precitado Decreto de 2019.

92. De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del accionante
con las razones de la providencia judicial acusada mas no un desconocimiento
de una línea jurisprudencial que amerite una protección constitucional.

2.7.2. Defecto sustantivo

93. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201932, reiteró sobre este, lo siguiente:

La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento de que
la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial,
no es en ningún caso absoluta”33. En consecuencia, este defecto se materializa
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen34. La jurisprudencia de este Tribunal, en
diferentes decisiones35, ha precisado los supuestos que pueden configurar este
defecto, a saber:

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,

sentencia de 21 de enero de 2021, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25

de noviembre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, identificada con número único de
radicación 11001-03-15-000-2019-04658-00.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de

octubre de 2020, C.P. Rocío Araujo Oñate, identificada con número único de radicación 2020-
03233-0.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18

de abril de 2018, C.P. Alberto Reyes Barreiro, identificada con número único de radicación
2018-00606-00.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
33
Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
34
Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
35
Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632
de 2017 y SU-116 de 2018.

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(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente 36, derogada37, o que ha sido
declarada inconstitucional38.

(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por
no ser pertinente39.

(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador40.

(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría
la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico41.

(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva 42 o claramente
contraria a la Constitución43.

(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición44.

(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso 45.

94. En lo referente al defecto sustantivo el accionante consideró que las
disposiciones vigentes que regulaban su situación jurídica respecto de su
asignación de retiro eran las contempladas en la Ley 923 de 2004, más
concretamente en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo, toda vez que el
único condicionamiento que existía, al momento de la entrada en vigor, era que
la persona se encontrara en servicio activo de la fuerza pública, al margen de la
causal de retiro.

95. Sin embargo, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la presente
decisión, con la expedición del Decreto 754 de 2019 que fijó el régimen de
asignación de retiro de personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, la
situación varía sustancialmente, pues esta norma tiene una aplicación
retrospectiva para el reconocimiento de la asignación de retiro del personal que
ingresó directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, hasta el 31 de

36
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
37
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
38
Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de
2006.
39
Corte Constitucional, T-189 de 2005.
40
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
41
Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
42
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
43
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
44
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
45
Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.

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diciembre de 2004, como es el caso del accionante46, situación que fue advertida
por la autoridad judicial accionada.

96. Así pues, el Decreto 754 de 2019 diferenció dos categorías de causales
de retiro, frente a la exigencia de tiempos de servicio para el reconocimiento de
la asignación a los miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera directa
antes del 31 de diciembre de 2004, causales que valga mencionar, se
equipararon a aquellas establecidas para el personal homologado en el artículo
1.º del Decreto 1858 de 2012. Tales categorías para el reconocimiento de la
prestación son:

• Para quienes sean retirados de la institución con quince 15 años o más de
servicio por (i) llamamiento a calificar servicios, (ii) por voluntad del Director
General de la Policía, o (iii) por disminución de la capacidad psicofísica.
• Los que se retiren (I) a solicitud propia o (ii) sean retirados o separados en
forma absoluta o (iii) destituidos después de veinte (20) años de servicio.

97. Como se aprecia, si bien el señor Albeiro Castro Camacho, hace parte del
personal que ingresó al nivel ejecutivo por incorporación directa antes del 31 de
diciembre de 2004, no obstante, su causal de retiro fue la destitución, la cual
exige 20 años de servicio.

98. Por tanto, como el señor Castro Camacho solamente acreditó 15 años, 9
meses y 11 días de servicios, al Tribunal Administrativo de La Guajira le asistía
razón al señalar que no estaban acreditados todos los supuestos de hecho para
acceder a sus pretensiones y obtener el reconocimiento prestacional reclamado,
comoquiera que su causal de retiro exige un tiempo de servicio superior.

99. En este punto, se resalta que el Tribunal expuso con claridad que el
Decreto 754 de 2019 era la disposición aplicable al señor Castro Camacho, pues
de conformidad con la sentencia del 21 de enero del Consejo de Estado era el
estatuto aplicable para aquellos que hubieren ingresado antes del 31 de
diciembre de 2004, cuando el retiro se produjera por destitución. Así, expuso que
como el demandante no acreditó un término inferior no se cumplían las
condiciones para dicha prestación.

100. En esos términos, para la Sala es factible arribar a la conclusión de que la
autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo invocado por la
parte actora. Como viene de verse, el Tribunal Administrativo de La Guajira
efectúo el recuento normativo de las disposiciones sobre la materia y concluyó
que el pluricitado Decreto era el aplicable a la controversia sometida a su
conocimiento.

2.8. Conclusión

46
Al respecto se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 21 de enero de 2021, rad. 63001-23-33-000-2017-00469-00/01 (2349-2019)

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101. Con base en lo expuesto, se negará el amparo invocado respecto de los
cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad invocados por el señor Albeiro Castro Camacho.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad
con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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