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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06999-00

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06999-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ecopetrol contra la sentencia del tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022) proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar en costas a Ecopetrol a favor de la DIAN, las cuales se liquidarán por la Secretaría General de esta Corporación. Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría General de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001-03-15-000-2023-06999-00 (11007)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06999-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06999-00 (11007)
Demandante: ECOPETROL S.A.
Demandada: Nación – U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)

Temas: Causal de revisión del artículo 250-5 CPACA. No constituye
nueva oportunidad procesal ni tercera instancia. DECLARA
INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por ECOPETROL
S.A. (en adelante Ecopetrol) contra la sentencia del tres (3) de noviembre de dos
mil veintidós (2022) proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado2, para lo
cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA que
permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 18 de abril de 2017, Ecopetrol radicó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
liquidaciones oficiales y las resoluciones que resolvieron los recursos de
reconsideración, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), mediante las cuales se modificaron sus declaraciones de retención en la
fuente correspondientes al año gravable 2012.

Que los actos administrativos expedidos por la DIAN concluían que los pagos por
servidumbres petroleras que efectúo en la vigencia 2012, no correspondían a un
pago por daño emergente, sino que se trataba de pagos que pretendían resarcir el
lucro cesante de los propietarios de los inmuebles que soportaban las servidumbres,
por lo que eran gravables.

1 La presentación del recurso se efectuó el 17 de noviembre de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada

por la Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que modificó la sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, por la Sección Cuarta del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

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Que, durante el trámite procesal, aportó elementos probatorios orientados a
demostrar que los pagos realizados tenían como finalidad reparar daños
efectivamente causados, y no compensar ingresos dejados de percibir. Entre los
documentos allegados se incluyeron actas, certificaciones, comprobantes de pago,
políticas internas, entre otros.

Que mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados y, como restablecimiento del derecho,
reconoció la firmeza de las declaraciones de retención en la fuente correspondientes
a los periodos 1 a 12 del año 2012 presentadas por Ecopetrol.

Que para ello el Tribunal concluyó que los pagos efectuados a los propietarios de
los predios afectados por servidumbres petroleras correspondían a
indemnizaciones por daño emergente y, en consecuencia, no constituían ingresos
gravables sujetos a retención en la fuente.

Que el 3 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado modificó parcialmente dicha
decisión pues, aunque ratificó la nulidad de los actos administrativos, consideró que
no procedía el restablecimiento del derecho en los términos reconocidos por el
Tribunal, al establecer que, en aplicación del principio de favorabilidad invocado por
la parte actora, era procedente liquidar nuevamente la sanción por inexactitud.

Que, en su calidad de agente retenedor y no de contribuyente del impuesto, tendrá
que iniciar las acciones correspondientes para repetir contra los beneficiarios de los
pagos —es decir, los propietarios de los predios— con el fin de recuperar las sumas
liquidadas. No obstante, considerando que dichas sumas fueron inicialmente
reconocidas como compensación por daño emergente, sin generar un incremento
patrimonial, su eventual restitución podría traducirse en un perjuicio injustificado
para los destinatarios.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 3 de noviembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado modificó la decisión de primera instancia pues, aunque coincidió en que
debía declararse la nulidad de los actos administrativos demandados, consideró
que, en aplicación del principio de favorabilidad respecto de la sanción por
inexactitud, como restablecimiento del derecho, debía acogerse la liquidación
realizada directamente por la Corporación.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 187 de 1975, no constituyen
incremento patrimonial los ingresos provenientes del reembolso de capital ni las
indemnizaciones por daño emergente. A su vez, el artículo 1614 del Código Civil
distingue entre daño emergente, entendido como la pérdida efectivamente sufrida,
y lucro cesante, como la ganancia que se deja de percibir. No obstante, se indicó

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que el artículo 401-2 del Estatuto Tributario, establece la obligación de practicar
retención en la fuente sobre los pagos por concepto de indemnizaciones, salvo que
exista una excepción legal expresa.

Que ni la Ley 1274 de 2009 ni la Sentencia C-641 de 2010 excluyen expresamente
los pagos por servidumbres petroleras de la obligación de retención. Por tanto,
correspondía a la actora probar que se trataba de un ingreso exento o excluido, lo
cual no hizo.

Que el hecho de que ciertas indemnizaciones por seguro no se consideren ingresos
gravados, bajo requisitos específicos, no implica que todas las indemnizaciones por
daño emergente estén automáticamente exentas de retención. La tributación de
estos pagos depende de factores como el tipo de activo afectado, su costo, el uso
del siniestro como deducción, y si efectivamente hay un incremento patrimonial. Por
ello, no puede aplicarse una exclusión general sin analizar el caso concreto.

Que contrario a lo expuesto por la recurrente, la actora no limitó el estudio del
presente asunto a la servidumbre predial desarrollada en el Código Civil, sino que
también fundamentó su demanda en la servidumbre petrolera, señalando cuáles
eran sus características y los pagos que deben realizarse, de ahí que en la
sentencia de primera instancia se resolviera el asunto en los términos de la litis fijada
con la demanda.

Que según los artículos 742 y 788 del Estatuto Tributario, es el contribuyente quien
debe probar las condiciones que le permiten acceder a una exención, lo cual no se
logró en este caso.

Que no se aportaron pruebas suficientes para demostrar que los pagos realizados
por Ecopetrol correspondían exclusivamente a daño emergente, sino que se limita
a afirmar tal situación sin presentar soporte alguno. Que a esto se suma el hecho
de que en la demanda manifiesta que los valores tomados por la DIAN no son los
pagados durante el 2012, pero la relación presentada no contiene todos los períodos
fiscalizados (falta el mes de enero), no totaliza los pagos y reconoce que en algunos
casos no tiene los soportes de los valores cancelados, razón por la cual tampoco
se cuenta con pruebas que fundamenten tal afirmación.

Que, aunque el Tribunal consideró que para reconocer el lucro cesante debía existir
un acta adicional a la de daños suscrita entre Ecopetrol y los propietarios de los
predios- las cuales no se allegaron-, se consideró que las actas de reconocimiento
de daños ya incluían tanto el daño emergente como el lucro cesante (cláusula
primera, parágrafo primero, y cláusula segunda), y que solo en casos excepcionales
(obras superiores a seis meses) se reconocerían pagos adicionales por este último
concepto mediante un acta adicional. Por tanto, al no demostrar la actora que los
pagos correspondían exclusivamente a daño emergente ni que estos no generaban
incremento patrimonial, no se desvirtuó la legalidad de la retención practicada,
siendo ella quien debía probar lo contrario.

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Que la servidumbre petrolera no puede considerarse una contribución especial, ya
que no implica un tributo derivado de una inversión pública con beneficio directo al
contribuyente. Lo que se paga es una indemnización por la instalación de
infraestructura petrolera, sin que el receptor obtenga un servicio. Además, al ser
Ecopetrol una sociedad de economía mixta, el pago no puede considerarse como
un tributo obligatorio ni una inversión estatal.

Que tampoco se probó la supuesta violación a los principios del sistema tributario,
pues no se evidenció una carga tributaria desproporcionada.

Que, aunque sí se configuró la sanción por inexactitud, ya que la actora omitió incluir
en su declaración todas las retenciones que debía practicar, no hubo una diferencia
entre las partes relativa a la interpretación del derecho aplicable, sino una omisión
probatoria.

Que, en atención a la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad en materia
sancionatoria, se liquidaron las sanciones correspondientes a los doce períodos
fiscalizados con los siguientes valores: período I: $283.347.000; período III:
$624.209.000, período III: $3.574.096.000; período IV: $774.971.000; período V:
$1.017.998.000; período VI: $652.473.000; período VII: $1.626.139; período VIII:
$930.739.000; período IX: $269.703; período XI: $652.410; y período XII:
$1.046.849.000.

Que no había lugar a imponer condena en costas al no comprobarse su causación.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Ecopetrol, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia
está incursa en la causal 5 de la citada legislación.

Solicita que se infirme la decisión y se emita una nueva decisión, según corresponda
en derecho.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

Que el fallo exigió probar un hecho negativo —no haber realizado pagos por lucro
cesante—, lo cual se aparta del estándar probatorio reconocido por la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 15 de julio de 1971, según el cual
las negaciones indefinidas constituyen hechos imposibles de demostrar.

Que en el expediente reposaban todas las pruebas necesarias para acreditar que los
pagos efectuados correspondieron exclusivamente a daño emergente, entre ellos,
actas y acuerdos entre las partes sobre la reposición de bienes afectados, como
palmas taladas, cercas de madera y cemento, desgaste de los pastos, árboles que se
tuvieron que talar, sin evidencia alguna de pagos por utilidades dejadas de percibir, ni
por la compra de los inmuebles. A pesar de ello, la sentencia ignoró ese material

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probatorio y concluyó que no estaba demostrada la naturaleza de los pagos, lo que
constituye una valoración arbitraria de la prueba.

Que el Consejo de Estado desvió el objeto del proceso al abordar aspectos de
responsabilidad contractual de Ecopetrol frente a la servidumbre petrolera, cuando lo
que se cuestionaba era la legalidad de una actuación administrativa que reclasificó el
pago como ingreso gravado sin sustento fáctico ni jurídico.

Que, en la sentencia recurrida, se consideró que el artículo 17 del Decreto 187 de
1975 —que excluye del ingreso gravado las indemnizaciones por daño emergente—
no es aplicable, al considerar que era aplicable el artículo 401-2 del Estatuto Tributario
— según el cual las indemnizaciones no salariales están sujetas a retención en la
fuente— por ser de rango legal y posterior.

Que la retención practicada no era procedente, dado que los pagos por daño
emergente no constituyen ingreso y, por tanto, no están sometidos a retención en
la fuente, conforme a los artículos 26 del Estatuto Tributario y 17 del Decreto
Reglamentario 187 de 1975. En este sentido, la sentencia omitió aplicar
correctamente el marco normativo, y basó su decisión en una supuesta
contradicción entre normas que no existe, como lo reconocieron los magistrados
disidentes en su salvamento de voto.

Que no le quedó claro qué tipo de prueba adicional esperaba el Consejo de Estado
para acreditar que no se trataba de lucro cesante, considerando que no existía
evidencia en el expediente que respaldara esa calificación. Si no existe prueba de
un pago de esa naturaleza no es razonable concluir que sí existió, pero se ocultó,
sino que lo correcto sería entender el pago no se realizó sino por daño emergente.
Si se pretendiera demostrar lo contrario, la DIAN debía aportar las pruebas que
permitieran determinar que los pagos que se realizaron se efectuaron a título de
lucro cesante.

Que incluso en dos sentencias posteriores (26349 y 27510 de 2023), la Sección
Cuarta falló a favor de Ecopetrol y anuló los actos demandados, con base en las
mismas pruebas presentadas en este expediente, pero referidas a pagos realizados
en las vigencias 2013 y 2014.

Que, en cumplimiento del fallo, efectuó el pago de la retención en la fuente conforme
a la liquidación del Consejo de Estado, en su calidad de agente retenedor. No
obstante, no es el sujeto pasivo del impuesto, pues, según la sentencia, los
verdaderos obligados son los propietarios de los predios afectados, al considerar
que recibieron un ingreso sujeto a impuesto de renta.

Que, en razón a ello, se ve obligada a ejercer la acción de repetición contra los
propietarios de los predios —beneficiarios de los pagos— a pesar de que en su
momento se reconoció de manera clara y documentada que los pagos fueron
compensaciones patrimoniales por los bienes afectados, y no ingresos sujetos al
impuesto sobre la renta. Esta situación, en su criterio, vulnera el debido proceso y

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desconoce los principios tributarios aplicables al caso.

Contestación al recurso extraordinario

La DIAN contestó3 al recurso oponiéndose a las pretensiones, argumentando que
este ha sido utilizado para reabrir un debate propio de la instancia judicial, con el fin
de cuestionar indebidamente los fundamentos jurídicos y la valoración probatoria
realizados en la sentencia impugnada.

Que la recurrente ya conocía la presunta irregularidad que sustenta el recurso
extraordinario de revisión y que, de hecho, esta fue planteada durante el proceso,
tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión en segunda instancia. En
consecuencia, el juez de segunda instancia se pronunció expresamente sobre dicha
inconformidad.

Que los argumentos relacionados con la supuesta indebida valoración probatoria,
interpretación normativa errada, existencia de un salvamento de voto, jurisprudencia
contraria sobre un tema similar y afectación a terceros, no se enmarcan dentro de los
supuestos que jurisprudencialmente se ha establecido para la procedencia de la
causal quinta del artículo 250 del CPACA.

Que el hecho de que uno o varios magistrados discrepen razonablemente de la
decisión adoptada por mayoría en la Sala o corporación judicial a la que pertenecen,
no constituye motivo suficiente para afirmar que dicha decisión sea contraria a
derecho. Sostener lo contrario resulta abiertamente incompatible con el principio de
autonomía judicial.

Que no es procedente invocar la causal con base en una presunta interpretación
normativa equivocada y que resulta infundado afirmar que la Corporación no valoró
correctamente las pruebas.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Quinto Delegado ante esta Corporación presentó el Concepto 104-24
del 19 de marzo de 20244, en el cual solicita declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, por considerar que no se invocó la existencia de vicios
procesales que generen la nulidad de la sentencia.

Que no se vulneró el debido proceso y que los argumentos presentados en ese
sentido no resultan válidos ni suficientes para sustentar dicha acusación.

Que el material probatorio fue valorado adecuadamente, conforme a lo señalado en
la sentencia objeto del recurso y que por ello no se configura ninguno de los
supuestos establecidos en la Sentencia T-781 de la Corte Constitucional, en
relación con el defecto fáctico.

3 Véase índice 00011 del aplicativo SAMAI.
4 Véase índice 00013 del aplicativo SAMAI.

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Que, de acuerdo con el artículo 742 del Estatuto Tributario, los medios de prueba
deben sujetarse a lo previsto en las normas tributarias y, de manera subsidiaria, al
Código General del Proceso, en cuanto sean compatibles. Que, las decisiones
administrativas deben adoptarse con base en hechos debidamente probados
durante la actuación.

Que, conforme al artículo 744 del Estatuto Tributario, el mérito de los medios de
prueba en el ámbito tributario depende de que estos hagan parte de la declaración,
se alleguen en desarrollo de la fiscalización, o se aporten con las respuestas al
requerimiento especial, su ampliación o los recursos interpuestos.

Que, en el marco de las servidumbres petroleras, los valores pagados que generen
un incremento patrimonial son susceptibles de ser gravados con el impuesto sobre
la renta, incluso si provienen de indemnizaciones. En este caso, la recurrente no
probó de manera suficiente el concepto específico del pago ni la afectación
patrimonial del tercero, lo que era necesario para justificar la no retención en la
fuente sobre esos pagos.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia del 3 de
noviembre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
considerando la causal invocada por la recurrente.

Para el efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) la causal de revisión invocada en el recurso; y, finalmente, iii) el caso
concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.

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las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.

ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular7

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 8.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia
para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear
nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia10.

Respecto al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA −que se configure una causal de nulidad−, se precisa que si bien, por regla
general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están consagrados en el
artículo 133 del Código General del Proceso −8 causales−, la jurisprudencia del
Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de contenido, en
atención a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor de la misma.

Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso
(CGP)11; o (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten
sustancialmente el derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido,
la decisión habría sido diferente.

Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»12.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas,
sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado núm. 11001-03-15-
000-2008-00294-0013 ha definido otros eventos en los que se configura la nulidad en
la sentencia, a saber:

10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
13 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación: sentencia

del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; Sentencia del 7 de octubre de 2019,
radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).

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9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06999-00 (11007)

«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación».

Se ha aceptado también que la vulneración del derecho al debido proceso constituye
una variable de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado, al indicar
que:

«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento»14.

También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 15 o el
principio de congruencia16 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado. De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los
supuestos que dispone el artículo 133 citado, existen otras causas desarrolladas
jurisprudencialmente que comportan una anomalía respecto de la sentencia y que
podrían desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido17.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia

del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E).
15
«[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00).
16 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de

congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)». Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00(1452-
14.
17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.

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Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

La parte recurrente invoca la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, al considerar que la decisión impugnada vulneró el debido
proceso por tres razones: (i) por la interpretación dada a los artículos 26 y 401-2 del
Estatuto Tributario y 17 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, al asumir una
supuesta contradicción entre ellos y optar por aplicar uno sobre otro; (ii) por una
indebida valoración probatoria, al concluir que los pagos realizados por Ecopetrol a
los propietarios de predios afectados por servidumbres petroleras constituían
ingresos gravados por concepto de lucro cesante y, por tanto, estaban sujetos a
retención en la fuente, exigiéndose además la demostración de un hecho negativo;
y (iii) por la presunta afectación económica que dicha decisión acarrearía para los
propietarios de los predios ubicados en las zonas impactadas por la servidumbre
petrolera.

Al respecto, del análisis del expediente de la actuación ordinaria, se destaca:

• Que Ecopetrol, durante el año 2012, realizó pagos a terceros por concepto
de servidumbres petroleras.
• Que presentó oportunamente las declaraciones de retención en la fuente
correspondientes a los 12 períodos del año 2012.
• Que la DIAN, mediante Requerimiento de Información 131238463071 del 7
de octubre de 2013, solicitó a Ecopetrol la relación de los pagos efectuados
por concepto de servidumbres petroleras y/o por indemnizaciones por
compra de derechos de posesión y mejoras, correspondientes a los períodos
2010 a 2013.
• Que, como resultado de visitas administrativas y requerimientos de
información, en marzo de 2015 la autoridad tributaria profirió requerimientos
especiales de retención en la fuente, con los cuales pretendía someter a
retención los pagos realizados por concepto de indemnizaciones derivadas
de servidumbres petroleras.
• Que la DIAN, el 30 de noviembre de 2015, expidió las liquidaciones oficiales
de revisión18, modificando las declaraciones de retención en la fuente
correspondientes a los 12 períodos del año 2012. Contra estos actos,
Ecopetrol interpuso los recursos de reconsideración, los cuales fueron
resueltos confirmando las decisiones recurridas19.

18 Los actos administrativos fueron identificados bajos los siguientes números de radicación: 312412015000121,

312412015000123, 312412015000124, 312412015000125, 312412015000126, 312412015000127,
312412015000128, 312412015000129, 312412015000130, 312412015000131, 312412015000132, y
312412015000133, todos de 30 de noviembre de 2015.
19 Los actos administrativos fueron identificados bajos los siguientes números de radicación: 009802 de 15 de

diciembre de 2016, 009803 de 15 de diciembre de 2016, 009796 de 14 de diciembre de 2016, 009794 de 14
de diciembre de 2016, 009793 de 14 de diciembre de 2016, 009886 de 16 de diciembre de 2016, 009606 de
07 de diciembre de 2016, 009724 de 13 de diciembre de 2016, 010136 de 22 de diciembre de 2016, 010135
de 22 de diciembre de 2016, 009892 de 16 de diciembre de 2016 y 009887 de 16 de diciembre de 2016.

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• Que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se debatió si
Ecopetrol omitió practicar retenciones en la fuente a título del impuesto sobre
la renta al realizar pagos por concepto de indemnizaciones relacionadas con
la constitución de servidumbres petroleras. La demandante sostuvo que no
debía efectuar retenciones, dado que los montos reconocidos correspondían
a «daño emergente», el cual no constituye ingreso gravado según los
artículos 26 del Estatuto Tributario y 17 del Decreto 187 de 1975. Por su
parte, la DIAN argumentó que Ecopetrol no discriminó, al momento del pago,
qué parte correspondía a daño emergente y cuál a lucro cesante u otros
conceptos.
• Que el fallo de primera instancia declaró la nulidad de los actos demandados,
al considerar que el daño emergente no incrementa el patrimonio del
contribuyente y, por tanto, no constituye un ingreso sujeto al impuesto sobre
la renta. Además, no se demostró la existencia de actas que reconocieran
indemnizaciones a título de lucro cesante, por lo que se concluyó que los
pagos correspondían únicamente a daño emergente. En particular, se
destacó que las actas de reconocimiento del daño no incluían ningún cálculo
relacionado con una ganancia o provecho dejado de percibir por el propietario
o poseedor.
• Que en el recurso de apelación se advirtió que el juez de primera instancia
incurrió en un error en la valoración de las pruebas, toda vez que el Tribunal
debió abstenerse de fallar a favor de Ecopetrol ante la inexistencia de un
sustento probatorio suficiente. También, se señaló que no se valoró
adecuadamente que la indemnización reconocida tenía como finalidad
resarcir el perjuicio derivado de la imposibilidad de obtener la utilidad
proveniente de la explotación económica del terreno, utilidad que constituye,
en sí misma, el rédito de la tierra y, por tanto, reviste la naturaleza de un
ingreso susceptible de incrementar el patrimonio del demandante. Asimismo,
se argumentó que no procedía la sanción por inexactitud, pues no se
configuró un menor valor retenido de forma dolosa o negligente.
• Que se vulneró el principio de congruencia, dado que el Tribunal no analizó
los demás cargos formulados en la demanda, como la falta de fundamento
fáctico de los actos administrativos, la indebida aplicación de la normativa
invocada, y la naturaleza jurídica de la servidumbre petrolera como
contribución especial.
• Que en la decisión recurrida se concluyó que no existe norma que establezca
que toda indemnización está exenta del impuesto sobre la renta, y que
correspondía al contribuyente probar que los pagos realizados no estaban
gravados por tratarse exclusivamente de daño emergente.
• Que, la Sección Cuarta de esta Corporación concluyó que la decisión
adoptada en los actos acusados —liquidar retención en la fuente por
concepto de indemnizaciones derivadas de servidumbres petroleras
constituidas por Ecopetrol en el año 2013— se basó en el material probatorio
obrante en el expediente, el cual no fue desvirtuado ni en sede administrativa
ni en sede judicial. Por lo tanto, resultaba procedente la modificación de las
declaraciones mensuales de retención en la fuente presentadas por
Ecopetrol durante dicho año gravable, así como la imposición de la sanción

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por inexactitud prevista en el artículo 647 del Estatuto Tributario, por no incluir
la totalidad de las retenciones que debieron efectuarse, lo que generó un
menor impuesto o saldo a pagar.

Destaca la Sala, contrario al sustento de la causal de revisión invocada, que la
recurrente pretende utilizar este mecanismo para reabrir un debate que ya fue objeto
de análisis dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tanto en
primera como en segunda instancia, donde se valoraron las pruebas obrantes en el
expediente y se concluyó —con base en una interpretación normativa razonada—
que los pagos realizados por Ecopetrol estaban sujetos a retención en la fuente.

La recurrente lo que realmente plantea es un desacuerdo con la interpretación
jurídica realizada por la Sección Cuarta respecto al alcance de los artículos 26 y
401-2 del Estatuto Tributario y la falta de aplicación del artículo 17 del Decreto
Reglamentario 187 de 1975.

Con ello, Ecopetrol busca que se revisen los elementos fácticos y jurídicos del
proceso originario con el fin de obtener un resultado favorable que le fue
previamente negado; proceder que resulta contrario al propósito y a la finalidad del
recurso extraordinario de revisión, máxime cuando la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que, la alegación de una indebida aplicación e
interpretación de las normas no es una base válida para la procedencia de dicho
recurso, dado que en la ley no se contempla como causal específica.

En diversas decisiones, se ha establecido que el recurso extraordinario de revisión
está destinado a corregir fallos que vulneren la justicia material, pero no para
cuestionar la labor interpretativa del juez o rectificar errores de apreciación en el
juicio. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16 señaló:

«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.

En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su
indebida aplicación (error de derecho)»20.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 27

de agosto de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Es claro que el juez de la revisión carece de competencia para realizar un análisis
detallado del asunto decidido, ya que su función no es la de ser juez de instancia,
sino que su rol se limita a examinar si existen causales específicas que justifiquen
la revisión del fallo, sin entrar a revisar la interpretación jurídica realizada en el
proceso original.

Respecto de lo afirmado por la recurrente, en el sentido de que la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, hubiera concluido que correspondía a Ecopetrol probar que
el pago efectuado se dio en 100% por concepto de daño emergente, no implica una
exigencia de probar un hecho negativo, sino que refleja el principio de distribución
de la carga de la prueba, conforme al cual corresponde al contribuyente demostrar
los hechos consignados en su declaración privada. Así lo reiteró la misma Sección
Cuarta al señalar expresamente que «[…] el contribuyente que pretenda la
declaratoria de nulidad de la liquidación oficial deberá probar, en sede jurisdiccional,
la verdad de los hechos descritos en la declaración privada. En otras palabras, en
sede judicial, la carga de la prueba también recae principalmente en el administrado,
puesto que, tal y como sucede en el trámite administrativo, se encuentra en mejor
posición para demostrar la veracidad de los hechos que plasmó en la declaración
privada»21.

En consecuencia, en la decisión no se reprochó que Ecopetrol no hubiese probado
«un hecho negativo», como la inexistencia de lucro cesante, sino que acreditara que
los pagos realizados correspondieron exclusivamente a daño emergente, hecho
que, por su naturaleza y efectos tributarios, le resultaba favorable y debía ser
probado por quien lo alegaba. Fue a partir de la omisión de tal acreditación que se
concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados. Por lo tanto, lo que se reafirmó en el fallo fue el principio conforme al
cual quien alega hechos constitutivos de excepción—como lo es la no sujeción a
retención en la fuente por tratarse de un ingreso no gravado— debe acreditar los
elementos fácticos y probatorios que sustenten dicha excepción.

De ahí que, tratándose el reparo sobre la forma en la que se distribuyó la carga de
la prueba, encuentra la Sala la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento pues
no constituye uno de los supuestos que habilitan la configuración de la causal de
revisión invocada, ni encuentra, mucho menos, su origen en la sentencia
cuestionada.

En cuanto al cargo asociado a la «[…] falta de valoración probatoria de parte del
Consejo de Estado, de los soportes que fueron aportados al proceso por parte de
ECOPETROL […]», se observa que la recurrente expuso, de manera general, una
supuesta anomalía, sin identificar claramente cuáles fueron las pruebas que dejaron
de analizarse en el fallo cuestionado y por qué su apreciación era determinante para
resolver la controversia.

En consonancia con esta línea jurisprudencial, esta Corporación, en sentencia del

21 Página 15 de la sentencia objeto de revisión, índice 00002 del aplicativo SAMAI.

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7 de abril de 201522, reiteró que la apreciación probatoria realizada por el juez —
cualquiera sea la forma en que se lleve a cabo— no puede considerarse, por sí sola,
una violación al debido proceso. Solo cuando exista una evidente arbitrariedad o
una ausencia absoluta de motivación, podría plantearse una vulneración de
garantías procesales.

En dicha providencia se indicó que la valoración probatoria es inherente a la función
de juzgamiento y está amparada por los principios de autonomía e independencia
judicial, así como por la regla de la sana crítica. En este contexto, el simple
desacuerdo con la forma en que el juez valoró las pruebas no constituye una causal
de revisión.

Como lo expresó esta Corporación para dicho momento: «el desacuerdo en la
valoración de las pruebas no puede ser desatado mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión. De ser así, se convertiría este recurso en un escenario
para evaluar el grado de convencimiento de los razonamientos de los jueces
ordinarios y, por ende, en una tercera instancia, lo que vulneraría el principio de
cosa juzgada»23.

En suma, tanto la interpretación como la valoración de las pruebas son aspectos
propios del juicio ordinario, y deben ser debatidos dentro del marco del proceso de
conocimiento, no en sede de revisión extraordinaria.

En cuanto al argumento relativo a sentencias posteriores en las que la misma
Sección Cuarta decidió a favor de ECOPETROL (expedientes 26349 y 27510 de
2023), es preciso aclarar que dichas decisiones, aun cuando puedan guardar
similitudes temáticas, se basan en hechos y pruebas específicas correspondientes
incluso, como lo afirma el mismo recurrente, a otras vigencias fiscales, lo cual impide
una aplicación automática o uniforme. Cada proceso judicial debe analizarse en
función de sus propios elementos fácticos, pruebas allegadas, argumentos
presentados por las partes y valoración probatoria realizada por el juez. Cada caso
constituye un universo procesal distinto y, por tanto, no puede pretenderse que una
determinada interpretación deba imponerse en todos los casos, máxime cuando
existen márgenes razonables de interpretación jurídica.

En lo que respecta a la existencia de votos disidentes en la decisión tampoco
representa una causal de nulidad ni una demostración de ilegalidad del fallo. Como
lo afirmó la parte demandada en su contestación, el salvamento de voto es una
manifestación legítima del pluralismo jurídico dentro de los tribunales colegiados y
refleja la diversidad de criterios, sin que ello afecte la validez de la decisión adoptada
por mayoría. La discrepancia interpretativa, por sí sola, no habilita la nulidad de un
fallo judicial ni su impugnación por vías extraordinarias, salvo que se acredite un
error manifiesto de hecho o derecho que se traduzca en una afectación real de las
garantías procesales, lo cual no se evidencia en el presente caso.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7

de abril de 2015. Radicación: 2013-02724-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23 Ibid.

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Por otro lado, la referencia a la naturaleza de los pagos efectuados por Ecopetrol y
al origen legal de la servidumbre no constituye una desviación del debate, como
manifiesta la parte recurrente, sino una consecuencia lógica del análisis de la
procedencia de la retención en la fuente.

La discusión sobre si los pagos eran daño emergente o lucro cesante está
directamente relacionada con la determinación de si estos constituían ingreso
gravado y, por tanto, si estaban sujetos a retención. Recuérdese que la calificación
jurídica de los hechos es competencia del juez y no implica extralimitación cuando
está orientada a resolver el objeto de la controversia. Por ello, contrario a lo afirmado
en el recurso, la sentencia no se pronunció sobre un punto extraño a la litis, sino
sobre un aspecto necesario para resolver la legalidad de los actos administrativos
demandados y, en ningún momento se atribuyó responsabilidad contractual o
extracontractual a Ecopetrol, ni se modificó el régimen legal de la servidumbre.

Finalmente, el argumento según el cual resultaría «manifiestamente injusto» que
Ecopetrol deba ejercer la acción de repetición contra los propietarios de los predios
afectados por las servidumbres, respecto de las sumas pagadas en cumplimiento del
fallo objeto de este recurso, no configura una vulneración al debido proceso ni se
enmarca dentro de los supuestos jurisprudenciales que permiten la procedencia de
la causal quinta del artículo 250 del CPACA, pues se refiere a una consecuencia
económica del fallo, no a una irregularidad procesal ocasionada en esta.

En consecuencia, las objeciones planteadas por Ecopetrol se dirigen exclusivamente
a controvertir la interpretación jurídica y la valoración probatoria realizadas por el juez
natural del proceso, lo cual refleja un desacuerdo con la decisión adoptada, pero no
satisface las exigencias mínimas para la procedencia de la causal invocada, motivo
por el cual este deberá ser declarado infundado.

De la condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general en los
procesos de conocimiento de esta jurisdicción es que la sentencia debe pronunciarse
sobre la condena en costas.

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA en
cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión, en
los siguientes términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba

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rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación de
la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el CGP, el
cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.

Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho,
y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».

Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está acreditada
la comparecencia al proceso por parte de la DIAN, a través de la defensa ejercida en
el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba suficiente para
tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de gastos
inherentes a la defensa judicial por parte de quien resultó vencedor en el litigio.

Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Ecopetrol contra la sentencia del tres (3) de noviembre de dos mil
veintidós (2022) proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar en costas a Ecopetrol a favor de la DIAN, las cuales se
liquidarán por la Secretaría General de esta Corporación.

Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

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