República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07031-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
28 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SALA DOS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07031-00 (11060)
Recurrente: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales —UGPP—
Convocado: Jacob Muñoz Meza
Asunto: Acción especial de revisión contra la sentencia proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 11 de noviembre de 2021
Tema: acción especial de revisión frente a reconocimiento de pensión de jubilación con sustento en
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por exceder la cuantía lo
debido de acuerdo con la ley. Subtema 1: naturaleza y alcance de la acción especial de revisión.
Subtema 2: cuestionamiento sobre la competencia de la entidad para asumir el reconocimiento y
pago de la prestación pensional con motivo del traslado de régimen como supuesto de exceso de la
cuantía del derecho reconocido respecto de lo debido conforme a la ley.
Sentencia de única instancia
La Sala Dos Especial de Decisión procede a resolver la acción especial de revisión
presentada por la UGPP contra la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 11 de noviembre de 2021, por medio
de la cual revocó la declaración de inepta demanda y, en su lugar, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de Jacob Muñoz Meza,
en los términos de la Ley 33 de 1985, con el promedio de los salarios devengados
en los últimos 10 años de servicio.
1. Síntesis del caso
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social —UGPP— presentó acción especial de revisión
contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el 11 de noviembre de 2021, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por Jacob Muñoz Meza con el fin de obtener
la nulidad del acto por medio del cual la entidad le negó la pensión de vejez. La
entidad recurrente aduce que la cuantía de la pensión reconocida en la sentencia
cuestionada excede lo debido de acuerdo con la ley, bajo el entendido de que la
UGPP no es la entidad competente para asumir el reconocimiento y pago de la
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07031-00 (11060)
Recurrente: UGPP
Acción especial de revisión
prestación pensional reconocida conforme al régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por motivo del traslado al régimen de ahorro
individual con solidaridad y su posterior retorno al de prima media con prestación
definida.
2. Antecedentes
2.1. Demanda inicial
1. Jacob Muñoz Meza, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP– con el fin de obtener la nulidad del Auto UGM
000880 del 8 de agosto de 2011 expedido por Cajanal en liquidación, mediante el
cual la entidad consideró improcedente el reconocimiento de la pensión de vejez
por motivo del cambio de régimen pensional de prima media con prestación definida
al de ahorro individual con solidaridad1.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó declarar que la UGPP era «la
entidad competente para el reconocimiento y pago de la pensión, por cumplir el
solicitante con lo previsto en el Decreto 2527 de 2000». A título de restablecimiento
del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
«por haber cumplido con los presupuestos establecidos en la Ley 33 de 1985, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo
referente al régimen de transición pensional».
3. Al sustentar las pretensiones indicó: (i) que nació el 26 de septiembre de 1951;
(ii) que prestó servicios a diferentes entidades públicas del departamento del
Magdalena desde el 1 de enero de 1973 hasta el 11 de enero de 2001; (iii) que
durante dicho periodo efectuó aportes a Cajanal y a la Caja de Previsión Distrital de
Santa Marta; (iv) que posteriormente cotizó al ISS como trabajador independiente,
y (v) que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad en septiembre
de 1997 y retornó al régimen de prima media el 13 de febrero de 2004.
4. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 19 de abril
de 2017, declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda al considerar
que el auto cuestionado era una decisión de trámite no susceptible de control
judicial. Como fundamento, expuso que el auto demandado puso de presente la
falta de competencia de la entidad para expedir el acto administrativo de
reconocimiento y pago de la prestación reclamada, con ocasión del cambio de
1 Samai, índice 17, folio 41.
2
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régimen pensional efectuado por el titular del derecho, sin decidir de manera
definitiva sobre el derecho pensional2.
5. Jacob Muñoz Meza interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
con el argumento de que el acto demandado definió la situación jurídica al negar el
reconocimiento de la pensión por la presunta falta de competencia de la entidad
para asumir la obligación derivada del traslado de régimen, circunstancia que hacía
procedente el análisis sustancial de la pretensión encaminada a obtener el
reconocimiento de la pensión de vejez3.
2.2. Sentencia objeto de la acción especial de revisión
6. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 11 de noviembre de 2021, revocó la providencia apelada y, en su
lugar, declaró la nulidad del Auto UGM 000880 del 8 de agosto de 2011, por el cual
Cajanal negó el reconocimiento de la pensión solicitada bajo la consideración de
que no era competente para asumir la obligación pensional debido al traslado del
interesado al régimen de ahorro individual con solidaridad4.
7. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, la
sentencia cuestionada ordenó a la UGPP reconocer la pensión a partir del 26 de
septiembre de 2006, «en aplicación de la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75 %,
teniendo en cuenta que el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre las cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente (…), pero con
efectos fiscales a partir del 24 de abril de 2011 por haber operado la prescripción de
las mesadas pensionales». Además, declaró «probada de oficio la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones».
8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó, en
primer lugar, que «del acto demandado se desprende que la UGPP negó la
pensión» reclamada, al «estimar que no era procedente efectuar reconocimiento
alguno». Por tanto, concluyó que «no se trató de un mero acto de trámite», pues la
decisión se sustentó en el análisis de la situación pensional y expuso «una
motivación coherente con lo pedido».
9. En segundo lugar, señaló que el traslado del régimen de prima media con
prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, efectuado el 26 de
septiembre de 1997, y el posterior retorno al sistema inicial, a partir del 13 de febrero
2 Samai, índice 17, folio 599.
3 Samai, índice 17, folio 615.
4 Samai, índice 17, folio 723.
3
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de 2004, demostraban que el cambio ocurrió después de que el servidor completara
el tiempo de servicio para acceder al derecho pensional. Lo anterior, dado que, para
la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 en el orden territorial, contaba
con 21 años, 5 meses y 15 días de servicio oficial. En consecuencia, como
beneficiario del régimen de transición, «podía regresar, en cualquier tiempo, al
régimen de prima media con prestación definida sin perder el régimen de
transición».
10. En tercer lugar, la sentencia cuestionada consideró que la pensión de vejez
debía reconocerse conforme a los beneficios del régimen de transición que le
permitían al interesado acceder al derecho pensional con 20 años de servicio en el
sector público, 55 años de edad y una tasa de reemplazo del 75 %, en aplicación
del régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Asimismo, determinó que el ingreso base
de liquidación (IBL) debía calcularse con «los salarios o rentas sobre los cuales
hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión», de conformidad con la primera subregla fijada por la Sección Segunda de
esta corporación en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
2.3. Demanda de revisión
11. El apoderado de la UGPP, en ejercicio de la acción especial, solicitó la revisión
de la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 11 de noviembre de 2021, con sustento en la causal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, con el propósito de que se invalide la decisión y, en su lugar,
se ordene lo siguiente5:
(i) confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 19 de abril de 2017;
(ii) declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP para
reconocer la pensión de jubilación, por ser Colpensiones o Protección
S.A. las entidades competentes;
(iii) ordenar a Jacob Muñoz Meza la restitución de la totalidad de los dineros
percibidos por el indebido reconocimiento pensional;
(iv) disponer que dicha restitución se efectúe de forma actualizada e indexada
con los respectivos intereses moratorios.
12. Como sustento de la solicitud, la UGPP afirmó que la providencia judicial
incurrió en la causal de revisión especial prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, porque, a su juicio, el reconocimiento y pago de la pensión
atribuido a dicha entidad excede lo debido de acuerdo con la ley, al carecer de
competencia para asumir la obligación pensional.
5 Samai, índice 2.
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13. Al respecto, adujo que el reconocimiento y pago de la prestación correspondía
al fondo privado al que se encontraba afiliado el interesado, como consecuencia del
traslado de régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual
con solidaridad, cambio que implicó la pérdida de los beneficios del régimen de
transición. Por tanto, al volver al sistema de prima media, era Colpensiones la
entidad competente para resolver el derecho pensional.
14. Asimismo, manifestó que la sentencia cuestionada aplicó indebidamente la
Ley 33 de 1985 al considerar que el interesado contaba con más de 20 años de
servicio al 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y
que, por tal razón, no «requería tener en cuenta las cotizaciones efectuadas [al
fondo privado]», por lo que «la UGPP, como sucesora de Cajanal era la llamada a
responder». A juicio de la entidad, tal conclusión resulta contradictoria, pues la
providencia reconoció la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, pero ordenó
liquidarla con el promedio de los salarios y emolumentos correspondientes a los 10
años anteriores al reconocimiento, prestación que, en todo caso, «la UGPP no está
legitimada [para] reconocer» por el traslado del afiliado al régimen de ahorro
individual.
15. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el señor Jacob Muñoz Meza
perdió los beneficios del régimen de transición como consecuencia del traslado al
sistema de ahorro individual al que se encontraba inscrito cuando cumplió la edad
para acceder a la prestación pensional (26 de septiembre de 2006). En
consecuencia, la competencia para decidir sobre el reconocimiento de la pensión
de vejez correspondía a Colpensiones y no a la UGPP.
2.4. Trámite de la acción especial de revisión
16. El despacho sustanciador, mediante auto del 21 de febrero de 2024, admitió
la acción especial de revisión presentada por la UGPP contra la sentencia proferida
el 11 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Asimismo, solicitó al Tribunal Administrativo del Magdalena el envío
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
47001-23-33-000-2014-00140-01 (2714-2017) en el que se profirió la sentencia
objeto de revisión, con el fin de incorporarlo como prueba dentro del presente
trámite.
17. La providencia referida fue notificada al convocado Jacob Muñoz Meza y al
Ministerio Público para que intervinieran dentro del término de 10 días 6. Los dos
guardaron silencio.
6 Samai, índice 7.
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Acción especial de revisión
18. Por auto del 2 de abril de 2025, el despacho incorporó al expediente los
documentos aportados por la entidad actora con el valor que la ley les confiere y el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho remitido por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, como prueba trasladada7.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
19. La Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, mediante las Salas
Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 del CPACA, integradas al
reglamento interno de la corporación8 a través del Acuerdo 321 de 20149, es
competente para conocer la acción especial de revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 200310 y el inciso segundo del artículo
249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)11, por cuanto se dirige contra una providencia
ejecutoriada dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión
20. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del
artículo 251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales
establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de
los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia.
21. En este caso, la Sala encuentra acreditado con las actuaciones procesales
registradas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el
proceso concluyó con la sentencia objeto de revisión proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2021, la cual
7 Samai, índice 23.
8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.
10 Ley 797 de 2003, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias (…)» [Aparte tachado declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-835 de septiembre 23 de 2003]
11 CPACA, artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado
según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas
en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales
proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).
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se notificó a las partes mediante mensaje de datos enviado el 23 de noviembre de
2021. Asimismo, aparece constancia de la Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que da cuenta de la devolución del expediente al tribunal de
origen el 13 de diciembre de 2021.
22. De esta manera, como la demanda de acción especial de revisión fue
radicada por la UGPP el 20 de noviembre de 2023, esto es, antes de que venciera
el término de cinco (5) años que expiraba en noviembre de 2026, se observa que
la acción especial de revisión fue ejercida en forma oportuna.
3.3. Legitimación en la causa
23. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General
de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció que la acción especial de
revisión puede ser ejercida por el Gobierno nacional mediante el Ministerio de
Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por el contralor general de
la república y el procurador general de la nación (art. 20), con el propósito de lograr
la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera,
establecida en el literal a), para los eventos en que el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b), para
los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley.
24. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1151 de 2007, que dispuso la creación
de la UGPP, dicha entidad puede, igualmente, ejercer la acción especial de revisión
contra las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos
públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos
pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.
25. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional legitimó a diferentes
entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión
en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin
cumplir las previsiones fijadas en la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013,
ampliadas a los demás regímenes pensionales mediante la sentencia SU-230 de
29 de abril de 2015, esto es, bajo la interpretación en abstracto del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, según la cual «el IBL no es un aspecto de la transición y, por
tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar
el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca».
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Acción especial de revisión
26. Con posterioridad, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que
la UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión de las
sentencias en un plazo de cinco años contado a partir de la ejecutoria de la decisión
judicial que reconoce el derecho pensional, con la precisión de que dicho periodo
debía iniciar cuando la UGPP asumió efectivamente las funciones de la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, esto es, desde el 12 de junio de 2013, «en atención
al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».
27. De acuerdo con el marco normativo expuesto, la UGPP se encuentra
legitimada en la causa por activa para ejercer la acción especial de revisión prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por las causales previstas en dicha
normativa, relacionadas con la violación del debido proceso en la obtención del
reconocimiento pensional y el exceso de la cuantía de acuerdo con lo debido según
la ley, al ser la entidad que asume el pago de la suma periódica con cargo al erario.
28. Asimismo, se observa que el convocado Jacob Muñoz Meza está legitimado
en la causa por pasiva como titular del derecho pensional reconocido en la
sentencia objeto de revisión, cuestionada por la UGPP al presuntamente incurrir en
un exceso de la cuantía debida de acuerdo con la ley.
3.4. Problema jurídico
29. De acuerdo con la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada
por la UGPP en la solicitud de revisión de la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de noviembre
de 2021, la Sala se ocupará de establecer si el cuestionamiento sobre la
competencia de la entidad para asumir el reconocimiento y pago de la prestación
pensional, con motivo del traslado de régimen del beneficiario de la prestación,
constituye un supuesto de exceso de la cuantía del derecho reconocido respecto
de lo debido conforme a la ley.
30. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala atenderá el siguiente
orden metodológico: (i) naturaleza y alcance de la acción especial de revisión; (ii)
alcance de las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, en específico, la prevista en el literal b), relacionada con prestaciones
pensionales reconocidas con exceso de la cuantía debida de acuerdo con la ley;
(iii) análisis del caso.
3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que
imponen el pago de pensiones
31. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones
judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen
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Acción especial de revisión
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte
Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»12.
32. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida
para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones
irregularmente» como las providencias que conceden «montos que no
corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción
en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por
el pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por
reliquidaciones que exceden lo debido de acuerdo con la ley13.
33. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales
de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso
del monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía para la defensa
de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social en pensiones14.
34. En relación con el procedimiento de la acción especial de revisión, el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario
de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales
descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho
reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables.
35. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los
artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha
señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del
recurso de revisión15 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el
principio de cosa juzgada16.
36. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de
la sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de
12 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003.
13 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencias del 1 de agosto de 2017, Sala 4
Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y del 5 de febrero de 2019, Sala 22
Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del
3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
16 CPACA, artículo 250.
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Recurrente: UGPP
Acción especial de revisión
cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249
del CPACA17, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría
de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley18, «buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada»19.
37. Así, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en la Ley
797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso
extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no
quiere decir que sea equiparable a este, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»20.
38. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que
la acción especial de revisión de sentencias que procede por las causales
establecidas en el CPACA y, además, por las previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, tiene las siguientes características21:
i) Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para
ejercer el mecanismo judicial recae sobre el Gobierno, los organismos de
control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos
de naturaleza pública;
ii) está regida por el procedimiento previsto en los artículos 248 y siguientes
del CPACA para el recurso extraordinario de revisión;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social22;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los
presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación
17 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
19 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión (…)».
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-
2012-00561-00(2129-12).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9,
sentencias del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-03549-00, y del 22 de noviembre de
2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia
del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
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ha sido concedida con violación al debido proceso (literal a) y/o cuando la
liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)23.
3.6. Alcance de las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003
39. En lo concerniente al alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, la jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica al
considerar que la violación al debido proceso en el reconocimiento de pensiones de
cualquier naturaleza o sumas periódicas de dinero con cargo a fondos públicos
ocurre cuando la providencia judicial cuestionada mediante la acción especial
desconoce una o varias de las garantías que conforman este derecho fundamental,
lo que descarta cuestionamientos sustentados en la aplicación del derecho
sustancial, «pues su naturaleza no es de ser una tercera instancia» 24 o «instancia
adicional (…) para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez de la
causa ordinaria, salvo que en dicha labor puedan advertirse errores que enseñen
de manera ostensible que el funcionario decidió en contra de la evidencia probatoria,
apartándose así de los hechos debida y manifiestamente probados»25.
40. En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha
precisado que el ejercicio de la acción especial de revisión, como excepción al
principio de cosa juzgada, dirigida a salvaguardar los recursos públicos
comprometidos en el pago de prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, se circunscribe a situaciones evidentes de vulneración al debido proceso;
presupuesto que impone al juez ponderar el defecto atribuido a la decisión judicial
acusada para calificar su trascendencia y determinar si existe «un exceso en la
sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación
de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento» y «delimitar las eventuales
situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido
espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen
utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales»26.
41. En cuanto al alcance de la causal de revisión especial establecida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los antecedentes legislativos de dicha
normativa determinan que el mecanismo judicial referido tiene como propósito la
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-
2012-00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo
de 2018, expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente
2018-00963-00 (acción de revisión).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de 2021, expediente 2018-01426-00
(Revisión).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 5 de mayo de 2020, expediente 2018-04700-00
(Revisión).
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 18 de agosto de 2021, expediente con
radicación nro. 76956, reitera tesis expuesta en las sentencias CSJ SL5119-2020 y CSJ SL2148-2017.
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defensa del tesoro público para afrontar los graves casos de corrupción en materia
pensional que impactan la sostenibilidad del sistema pensional por motivo de
reconocimientos pensionales irregulares o con exceso de la cuantía debida
conforme a la ley.
42. El presupuesto de correspondencia entre la cuantía pensional y lo previsto
en la ley se ha interpretado a partir de la teoría de abuso del derecho y fraude a la
ley analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, en el
sentido de establecer que para su configuración «no se requiere la existencia de
una intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente
desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento para una
disposición o institución jurídica», derivadas de interpretaciones normativas que
producen una desproporción objetiva y una falta de razonabilidad en la prestación.
43. A partir de lo anterior, la Corte Constitucional fijó la interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 aplicado a los beneficiarios del régimen especial de
congresistas, extendida a los demás regímenes pensionales mediante la sentencia
SU-230 de 2015, bajo las siguientes reglas27: (i) solo es posible tomar como factores
de liquidación aquellos ingresos efectivamente recibidos por el beneficiario, que
tengan carácter remunerativo y sobre los cuales se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas; (ii) las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) son
las previstas en los artículos 21 y 36 de la normativa mencionada28; (iii) las mesadas
reconocidas no pueden superar el tope establecido en la Constitución Política o la
ley.
44. En línea con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de agosto de 2018, estableció como
regla jurisprudencial que el IBL previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 «hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985» 29.
45. Bajo esta óptica, la corporación estableció las siguientes subreglas: (i) el
periodo para liquidar la pensión reconocida a los beneficiarios de la transición
normativa conforme con el régimen anterior es el previsto en la Ley 100 de 1993;
27 La Corte Constitucional ratificó el alcance de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los
regímenes pensionales vigentes con anterioridad a la transición normativa en las sentencias SU-230 de 2015,
la SU-395 de 2017 y la SU-023 de 2018.
28 Al respecto, la sentencia SU-427 de 2016, precisó que constituye un evento de abuso del derecho cuando se
emplean interpretaciones que otorgan ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del titular de
la pensión por un salto abrupto y desproporcionado en el promedio salarial de los últimos años por causa de
vinculaciones precarias que generan un exceso desproporcionado en la cuantía de la prestación frente a lo que
corresponde de acuerdo con la ley. Tesis reiterada en la sentencia SU-115 de 2018.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ).
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(ii) «los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones».
46. La aplicación de las reglas jurisprudenciales citadas se circunscribió a los
casos pendientes de solución en vía administrativa y judicial mediante acciones
ordinarias, con excepción de aquellos en los que operó la cosa juzgada que resultan
inmodificables en virtud del principio de seguridad jurídica.
47. El marco jurisprudencial referido ha determinado el alcance de la causal de
revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al evidenciar que la cuantía
del derecho pensional reconocido mediante sentencia judicial puede exceder lo
debido de acuerdo con la ley en los siguientes eventos:
(i) aplica un periodo de liquidación del IBL distinto al previsto en el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 o una tasa de reemplazo superior a
los límites legales o convencionales30;
(ii) incluye factores salariales que no están previstos en la ley o sobre los
cuales no se realizaron cotizaciones31;
(iii) desconoce los topes pensionales máximos autorizados por el
ordenamiento jurídico32;
(iv) incrementa el IBL con motivo de vinculaciones precarias que alteran la
historia laboral en los últimos años de servicio del beneficiario de la
prestación33.
48. En síntesis, la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 comprende aquellos supuestos en los que la cuantía del derecho
pensional reconocido en sede judicial excede lo debido conforme con la ley, ya sea
por la aplicación de reglas de liquidación ajenas al régimen aplicable, la inclusión de
factores no autorizados, el desconocimiento de los topes pensionales o el
desbalance de la historia laboral derivado de vinculaciones precarias.
49. La configuración de esta causal exige, entonces, la acreditación de una
desproporción entre la cuantía reconocida y la debida conforme con la ley que, por
su carácter objetivo, habilita la excepción al principio de cosa juzgada. De modo que
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia
del 5 de febrero de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, sentencia
del 10 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2016-01410-00.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión, sentencia
del 5 de junio de 2023, radicado: 11001-03-15-000-2021-06622-00.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 7 Especial de Decisión, sentencia del
18 de marzo de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2019-05294-00.
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las circunstancias ajenas al monto de la prestación y los aspectos sustanciales o
procesales que no guarden relación directa con la cuantificación de la mesada
pensional desbordarían su alcance.
3.7. Análisis del caso
50. Conforme con las pruebas documentales incorporadas al expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho que sustentaron la sentencia objeto de revisión, se
encontró acreditado que el señor Jacob Muñoz Meza nació el 26 de septiembre de
1951, por consiguiente, para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 en
el orden territorial (30 de junio de 1995) contaba con 43 años.
51. En lo atinente al tiempo de servicio, el certificado laboral acreditó que el titular
de la pensión contaba con 1.459 semanas de cotización, equivalentes a 10.212 días
laborados, en los siguientes periodos:
i. Desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de mayo de 1996, como servidor
público en los hospitales La Candelaria, San Cristóbal y San Juan de Dios;
en la Gobernación del Magdalena y en la Alcaldía Distrital de Santa Marta,
con aportes en Cajanal y en la Caja de Previsión Municipal.
ii. Del 1 de junio de 1996 al 25 de septiembre de 1997 (475 días), como
trabajador independiente afiliado al ISS.
iii. Desde el 26 de septiembre de 1997 hasta el 11 de enero de 2001 (1.185
días), afiliado al régimen de ahorro individual (RAIS). Desde enero de 2001
hasta febrero de 2004 no realizó cotizaciones.
iv. Del 13 de febrero de 2004 hasta 2007, con cotizaciones registradas al ISS
en diversos periodos.
52. En el proceso ordinario, se tuvo en cuenta, igualmente, que para la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 a nivel territorial (30 de junio de 1995) Jacob
Muñoz Meza contaba con 21 años, 5 meses y 15 días de servicios en el sector
oficial. Además, que cumplió la edad de 55 años exigida por la Ley 33 de 1985,
como régimen aplicado para el reconocimiento pensional, el 26 de septiembre de
2006.
53. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante
sentencia del 19 de abril de 2017, declaró probada de oficio la excepción de inepta
demanda, al estimar que el Auto UGM 000880 del 8 de agosto de 2011, mediante
el cual Cajanal se abstuvo de reconocer la pensión de jubilación reclamada por
carecer de competencia para asumir el pago de la prestación debido al traslado del
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con
solidaridad, constituía una decisión de trámite no susceptible de control judicial.
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54. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 11 de noviembre de 2021, revocó la decisión, declaró la nulidad del Auto UGM
000880 de 2011 y ordenó a la UGPP reconocer la pensión de jubilación a partir del
26 de septiembre de 2006, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 33 de
1985, esto es, con una tasa de reemplazo del 75 %, sobre un IBL calculado con el
promedio de los salarios devengados durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento, con efectos fiscales a partir del 24 de abril de 2011, por
prescripción.
55. En este contexto, el apoderado de la UGPP sustentó la procedencia de la
acción especial de revisión en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
con el argumento de que la sentencia cuestionada le impuso a la entidad la
obligación de reconocer y pagar la pensión de jubilación del convocado, a pesar de
que carecía de competencia administrativa para asumir tal prestación debido al
traslado de régimen efectuado por el cotizante al RAIS.
56. A partir de lo anterior, la entidad recurrente afirmó que el cambio de régimen
generó la pérdida de los beneficios de la transición prevista en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por lo que al retornar al sistema de prima media el reconocimiento
y pago de la prestación debió asumirlo Colpensiones, no la UGPP.
57. Frente a este punto, la sentencia cuestionada señaló que el actor no perdió los
beneficios de la transición porque para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 en el nivel territorial contaba con más de 21 años de servicios, «y en tal
medida, podía regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media con
prestación definida sin perder el régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993». Igualmente, la providencia objeto de revisión expone lo
siguiente:
En adición a lo anterior, su derecho a gozar del régimen de transición se encuentra
amparado por el Acto Legislativo 01 de 2005 que extendió dicho régimen para los
trabajadores que tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicho acto legislativo, a quienes se les
mantendría dicho régimen hasta el año 2014.
58. Sobre el tema, resulta oportuno mencionar que la Corte Constitucional, al
declarar exequibles los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, precisó,
en primer lugar, que los beneficiarios de la transición por edad, esto es, las mujeres
con 35 o más años y los hombres con 40 años o más al momento de entrar en vigor
el régimen, que se acogieran voluntariamente al régimen de ahorro individual con
solidaridad se sujetarían «a todas las condiciones previstas para dicho régimen».
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59. En segundo lugar, la sentencia de constitucionalidad señaló que los afiliados
con 15 o más años de servicio cotizado que cambiaran de régimen no están
sometidos a «estas disposiciones» sobre la pérdida de la transición por traslado de
régimen, porque la norma no previó dicha consecuencia para quienes contaban con
quince años de servicios cotizados. Por tanto, indicó que «únicamente los afiliados
con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1 de abril de 1994, fecha en la
cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en
cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de
prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de
transición», por contar con el 75 % o más del tiempo necesario para acceder a la
pensión al momento del cambio legislativo34.
60. Por otra parte, el artículo 1 del Decreto 2527 de 2000 dispuso que las cajas,
fondos o entidades públicas mantenían la competencia para reconocer y asumir el
pago de la prestación pensional de quienes tenían la condición de afiliados cuando
entró a regir el sistema general de pensiones, en los siguientes eventos35:
1. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del
orden nacional hubieren cumplido a 1º de abril de 1994, los requisitos para obtener
el derecho a la pensión y no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud
de dicha pensión estén afiliados a otra administradora del régimen de prima media.
2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del
orden territorial hubieren cumplido los requisitos para obtener el derecho a la
pensión a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en la entidad
territorial del domicilio de la caja, fondo o entidad pública y la pensión no se les haya
reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra
administradora del régimen de prima media.
3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha de
entrada en vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, hubieren
cumplido veinte años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la
misma entidad, caja o fondo público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión
estén o no afiliados al sistema general de pensiones.
61. En armonía con lo anterior, el Decreto 2196 de 200936 previó que Cajanal en
liquidación continuaría reconociendo las obligaciones pensionales a sus afiliados en
los casos en precedencia, hasta cuando la UGPP asumiera dichas funciones y antes
del traslado de afiliados al ISS previsto a partir del 1 de julio de 2009 con motivo de
la supresión de la Caja (art. 4), esto es: (i) cuando el afiliado cumplió el estatus
34 Corte Constitucional, sentencia C-789 de 2002.
35 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo 17
de la Ley 549 de 1999 y se dictan otras disposiciones».
36 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se
designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
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jurídico de pensionado antes de la fecha mencionada; (ii) cuando el afiliado cumplió
20 años de servicio cotizados a Cajanal sin tener la edad y no se afilió al ISS a una
administradora del régimen de ahorro individual; (iii) cuando el afiliado contaba con
20 años de servicios sin contar con la edad, pero la cumplió antes del 1 de julio de
2009, aunque se hubiera trasladado de régimen en cualquier momento37.
62. Bajo el marco normativo y jurisprudencial referido, la sentencia cuestionada
estableció que el pensionado no perdió el régimen de transición por motivo del
traslado al RAIS y su posterior regreso al ISS, dado que se demostró que para la
fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 199338 contaba con más de 21 años de
servicio, circunstancia que le permitía trasladarse de régimen «en cualquier
tiempo», sin perder los beneficios de la transición que le permitían acceder al
derecho pensional conforme a la edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo
previstas en el régimen anterior.
63. Ahora, los eventos analizados por la jurisprudencia en el marco de la causal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que inciden en la cuantía de la prestación
—el periodo de liquidación del IBL, los factores salariales tenidos en cuenta, los
topes pensionales y el incremento derivado de vinculaciones precarias— implican
una desproporción evidente en la cuantía de la prestación reconocida, bien por
aumentos desproporcionados derivados de interpretaciones normativas, bien por
acciones de corrupción. En el presente caso, la UGPP cuestiona la competencia de
la entidad para asumir el reconocimiento y pago de la prestación, circunstancia que
no incide en la cuantificación de la mesada pensional, por tanto, no se subsume en
el supuesto de hecho de la causal.
64. Así, el cuestionamiento que la entidad recurrente atribuye a la sentencia objeto
de revisión desborda el marco propio de la acción especial de revisión, cuyo carácter
restrictivo, extraordinario y excepcional impide reabrir, por esta vía, el debate
sustancial sobre la competencia para asumir la obligación pensional decidido en la
37 Corte Constitucional, sentencia C-789 de 2002. En igual sentido, sentencias C-1024 de 2004 y SU-130 de
2013, en la que se indicó: «la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que únicamente los afiliados con
quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el SGP,
pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima
media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición. Para tal efecto, deberán
trasladar a él la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podrá ser inferior
al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima
media. De no ser posible tal equivalencia, conforme quedó definido en la Sentencia C-062 de 2010, el afiliado
tiene la opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir con dicha exigencia, lo cual debe hacer dentro
de un plazo razonable».
38 Ley 100 de 1993, artículo 151. Vigencia del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones
previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el
funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las
disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
PARAGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal
y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva
autoridad gubernamental.
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providencia amparada por el principio de cosa juzgada. Como se precisó, la acción
especial no constituye una tercera instancia que admita controvertir aspectos que
no tienen relación directa con la cuantificación del derecho.
65. Por ende, las razones expuestas por la UGPP para sustentar la acción especial
están dirigidas a reabrir el debate concluido por medio de una sentencia que cobró
ejecutoria, para que se acoja la apreciación que la entidad considera adecuada
frente a la determinación de la entidad obligada al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, argumentos que no se ajustan a la naturaleza excepcional y
restrictiva de las causales de procedencia de la acción como excepción al principio
de cosa juzgada, en los términos del artículo 250 del CPACA, y descartan su
ejercicio para presentar reparos o inconformidades contra la sentencia, a modo de
tercera instancia.
66. En consecuencia, la Sala declarará infundada la acción especial de revisión
ejercida por la UGPP contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2021, que revocó la decisión
apelada dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena por medio de la cual
declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda y, en su lugar, (i) declaró
la nulidad del acto administrativo expedido por la UGPP en el que se abstuvo de
reconocer la pensión de jubilación reclamada y (ii) condenó a dicha entidad a
reconocer la prestación pensional a partir del 26 de septiembre de 2006, con efectos
desde el 24 de abril de 2011 por prescripción, de acuerdo con el régimen previsto
en la Ley 33 de 1985.
3.8. Conclusión
67. Las razones expuestas permiten concluir que el cuestionamiento expuesto por
la UGPP no se subsume en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, porque la determinación de la entidad obligada al pago
de la prestación con motivo del traslado de régimen pensional no tiene relación con
la cuantificación de la mesada pensional, por tanto, no constituye un supuesto de
exceso de la cuantía del derecho respecto de lo debido conforme a la ley. En
consecuencia, la acción especial de revisión presentada contra la sentencia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11
de noviembre de 2021, resulta infundada.
3.9. Costas
68. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece el deber del juez de pronunciarse sobre las
costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por la norma procesal general, y fija
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como excepción los eventos en que se «ventile un interés público».
69. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
en el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
70. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas porque
la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según
lo expuesto en los antecedentes legislativos39, involucra un interés público dirigido
a la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público
esencial de la seguridad social. Además, no se estableció que la demanda se
presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sala Dos Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión ejercida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social —UGPP— contra la sentencia proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2021.
Segundo. No imponer condena en costas.
Tercero. Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Presidenta de la Sala
39 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
19
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07031-00 (11060)
Recurrente: UGPP
Acción especial de revisión
Omar Joaquín Barreto Suárez Pablo Andrés Córdoba Acosta
Magistrado Magistrado
Aclara voto
Diego Enrique Franco Victoria Claudia Rodríguez Velásquez
Magistrado Magistrada
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx .
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