República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2018-00184-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2
Tema: nulidad y restablecimiento del derecho contra acto propio. Subtema 1:
distribución de competencias entre la UGPP y Colpensiones para el reconocimiento
de pensiones. Subtema 2: presunción de buena fe. Subtema 3: devolución de
dineros. Subtema 4: principio de congruencia. Subtema 5: improcedencia de la
acción especial de revisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por Colpensiones y la UGPP contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 20 de junio
de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Colpensiones solicitó la nulidad de las resoluciones 3976 del 12 de julio de 2010 y
0090 del 20 de enero de 2011, mediante las cuales el ISS reconoció e hizo efectiva
una pensión de vejez. Como restablecimiento del derecho, pidió, entre otras medidas,
que la pensionada devolviera las sumas recibidas. El Tribunal Administrativo de Norte
de Santander declaró la nulidad de los actos, determinó que la UGPP debía reconocer
y pagar la pensión y dispuso que Colpensiones continuara sufragando la mesada
hasta que aquella entidad efectuara el reconocimiento y la inclusión en nómina. Sin
embargo, negó la devolución de los valores pagados y se abstuvo de condenar en
costas.
1
En adelante Colpensiones.
2
En adelante UGPP. Mediante auto del 10 de septiembre de 2020 se declaró probada la excepción de indebida
integración del contradictorio y dispuso vincular a la UGPP. Samai Tribunal, índice 27, expediente digital,
«138_ED_003AUTONIEGALLAM(.pdf) NroActua 28», pág 4.
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
La UGPP y Colpensiones apelaron. La Sala confirmó que la UGPP es la entidad a la
que correspondía reconocer y pagar la pensión, y que no es procedente la devolución
de las sumas pagadas, recibidas de buena fe. Asimismo, analizó el alcance del
recurso de Colpensiones frente a la decisión sobre la condena costas y la necesidad
de precisar la orden impartida por el Tribunal para garantizar la continuidad en el pago
de la prestación durante el cambio de entidad responsable de asumir esta.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El 22 de junio de 20183, Colpensiones, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de los actos mediante los
cuales el Instituto de Seguros Sociales (por sus siglas ISS) reconoció y ordenó el pago
de una pensión de vejez a Cecilia Ibarra Martínez, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que se sintetizan a continuación4:
2.1.1. Pretensiones
2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución 3976 del 12 de julio
de 2010, mediante la cual el ISS reconoció a Cecilia Ibarra Martínez una pensión de
vejez, y de la Resolución 0090 del 20 de enero de 2011, que modificó el anterior acto
y dispuso su inclusión en nómina.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declarara que
Colpensiones no era la entidad competente para reconocer y pagar la pensión y que
dicha obligación correspondía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como
sucesora de Cajanal. También solicitó que se condenara a la demandada a la
devolución de las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales desde su
inclusión en nómina, junto con su indexación.
2.1.2. Hechos
4. Como fundamento de las pretensiones, la apoderada de la parte demandante,
en síntesis, expuso lo siguiente:
5. Cecilia Ibarra Martínez nació el 22 de febrero de 1954 y para el reconocimiento
pensional acreditó 1.869 semanas de servicio. Indicó que la interesada había
realizado aportes a Cajanal y posteriormente al ISS.
6. Expuso que mediante la Resolución 3976 del 12 de julio de 2010 el ISS
reconoció a Cecilia Ibarra Martínez una pensión de vejez conforme a la Ley 33 de
3 Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «1_ED_001DEMANDA201800(.pdf) NroActua 25», pág 10.
4
Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «1_ED_001DEMANDA201800(.pdf) NroActua 25», pág 1-10.
2
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
1985. El acto fijó inicialmente una mesada de $914.889, sobre un ingreso base de
liquidación de $1.219.852 y una tasa de reemplazo del 75 %. El reconocimiento quedó
condicionado al retiro definitivo del servicio público.
7. Posteriormente, mediante la Resolución 0090 del 20 de enero de 2011, el ISS
modificó la anterior decisión y estableció la mesada en $943.892. La prestación
ingresó en nómina de pensionados a partir del 11 de marzo de 2011.
8. Colpensiones sostuvo que, al revisar posteriormente el expediente pensional,
en atención a una solicitud de reliquidación que presentó Ibarra Martínez, encontró
que la demandada había adquirido el estatus pensional el 22 de febrero de 2009, pues
para entonces tenía 55 años y más de 20 años de servicios cotizados a Cajanal. A
partir de esa información, concluyó que el ISS no tenía competencia para reconocer
la prestación y que esta correspondía a Cajanal, hoy UGPP.
9. Con fundamento en esa conclusión, mediante Auto APSUB 2679 del 19 de julio
de 2017, Colpensiones solicitó a Cecilia Ibarra Martínez autorización para revocar las
resoluciones 3976 del 12 de julio de 2010 y 0090 del 20 de enero de 2011. La solicitud
fue realizada el 26 de julio de 2017.
10. Ante la falta de autorización, mediante Resolución SUB 188215 del 6 de
septiembre de 2017, Colpensiones negó la reliquidación de la pensión solicitada por
la beneficiaria. Contra esa decisión se interpusieron los recursos de reposición y
apelación, que fueron resueltos negativamente mediante las resoluciones SUB
216763 del 5 de octubre de 2017 y DIR 189938 del 26 de octubre siguiente,
respectivamente. Esta última ordenó remitir el expediente a la Dirección de Acciones
Judiciales de la Gerencia de Defensa Judicial para adelantar el trámite
correspondiente.
11. La entidad señaló que, transcurrido un mes desde la solicitud de
consentimiento, Cecilia Ibarra Martínez no autorizó la revocatoria de los actos que
reconocieron su pensión. Por esa razón acudió a la jurisdicción para obtener su
nulidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. Colpensiones señaló como normas violadas los artículos 1.º de la Ley 33 de
1985; 10 de la Ley 71 de 1988; 36 de la Ley 100 de 1993; y los decretos 813 de 1994,
2527 de 2000, 2196 de 2009, 5021 de 2009 y 575 de 2013, disposiciones que, según
indicó, regulaban el régimen pensional aplicable y la distribución de competencias
para el reconocimiento de prestaciones entre las cajas de previsión y la administradora
del Régimen de Prima Media.
13. Como concepto de violación, sostuvo que los actos acusados estaban viciados
por falta de competencia, porque el ISS reconoció una prestación que correspondía a
3
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Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
Cajanal. Explicó que las reglas aplicables distinguían la entidad responsable según la
situación pensional del afiliado al 30 de junio de 2009. Así, si para esa fecha el servidor
ya reunía la edad y el tiempo de servicios exigidos y cotizaba a Cajanal, esta
conservaba la competencia para reconocer la pensión; mientras que el ISS asumía el
reconocimiento cuando los requisitos se completaban con posterioridad al traslado de
los afiliados.
14. Afirmó que Cecilia Ibarra Martínez se encontraba en el primer supuesto, pues
cumplió 55 años el 22 de febrero de 2009 y para entonces acreditaba más de 20 años
de servicios cotizados a Cajanal. En consecuencia, consideró que había consolidado
el derecho a la pensión prevista en la Ley 33 de 1985 antes del 30 de junio de 2009 y
que, por esa razón, el ISS carecía de competencia para reconocerla mediante las
resoluciones 3976 de 2010 y 0090 de 2011. A su juicio, dicha obligación correspondía
a Cajanal, hoy UGPP.
2.2. Contestación de la demanda
15. Cecilia Ibarra Martínez5 se opuso a la totalidad de las pretensiones. Frente a
los hechos, admitió los relacionados con su edad, las semanas acreditadas al
momento de solicitar la pensión y la expedición de los actos administrativos que
reconocieron la prestación. Respecto de otros aspectos indicó que no le constaban o
que debían verificarse en el proceso.
16. En cuanto a la petición de nulidad, sostuvo que el ISS sí tenía competencia
para reconocer la pensión. Explicó que, aunque el Ministerio de la Protección Social
realizó aportes a Cajanal entre el 28 de mayo de 1994 y el 30 de junio de 2009, la
demandada continuó trabajando y las cotizaciones causadas entre el 1.º de julio de
2009 y el 2 de enero de 2011 se efectuaron al ISS. A partir de ello afirmó que, conforme
al artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, la obligación correspondía a la última
administradora del Régimen de Prima Media, sin perjuicio de que esta pudiera repetir
contra las demás cajas en proporción al tiempo cotizado.
17. También se opuso al reintegro de las mesadas. Indicó que no procedía exigir
la devolución de sumas recibidas por concepto de una prestación periódica y que, en
todo caso, había actuado de buena fe al obtener y percibir la pensión reconocida por
la propia administración.
18. Como excepción, planteó la indebida integración del contradictorio y solicitó
vincular a la UGPP. Señaló que si Colpensiones sostenía que Cajanal era la entidad
competente para reconocer y pagar la prestación, su sucesora debía intervenir en el
proceso para ejercer su derecho de defensa frente a una eventual obligación
pensional.
5
Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «12_ED_012CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 25», pág 1-4.
4
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
19. La UGPP6 se opuso a las pretensiones dirigidas a atribuirle el reconocimiento
y pago de la pensión. Frente a los hechos, aceptó el relacionado con la fecha de
nacimiento de Cecilia Ibarra Martínez. Indicó que no le constaban los restantes, pues
en sus archivos no reposaba expediente pensional o administrativo de la demandada
ni una reclamación formulada por Colpensiones. No obstante, reconoció que los
documentos del proceso daban cuenta de la expedición de las resoluciones 3976 de
2010 y 0090 de 2011 por parte del ISS.
20. La entidad señaló que la información laboral allegada al expediente mostraba
que Cecilia Ibarra Martínez trabajó para el Ministerio de la Protección Social y realizó
aportes a Cajanal hasta el 30 de junio de 2009 y al ISS entre el 1.º de julio de 2009 y
el 2 de enero de 2011. Destacó que estas últimas cotizaciones se produjeron mientras
la demandada continuaba vinculada al servicio público.
21. A partir de esos datos sostuvo que Colpensiones era competente para
reconocer y pagar la prestación porque el ISS había sido la última administradora a la
cual estuvo afiliada la demandada. Indicó que, conforme a las reglas sobre distribución
de competencias, cuando el servidor se trasladaba al ISS y allí completaba su
situación pensional, correspondía a esa administradora resolver la solicitud. Agregó
que las resoluciones 3976 de 2010 y 0090 de 2011 fueron expedidas con conocimiento
de que Cecilia Ibarra Martínez efectuaba aportes al ISS.
22. La UGPP afirmó, además, que en sus sistemas de información no existía
expediente pensional de Cecilia Ibarra Martínez. Para respaldar esa afirmación aportó
constancia del 25 de junio de 2021 expedida por el subdirector de Gestión
Documental, según la cual las transferencias documentales provenientes de Cajanal
no contenían información correspondiente a la demandada.
23. Añadió que Colpensiones tampoco había adelantado ante la UGPP el
procedimiento para obtener el reconocimiento de una cuota parte pensional o el
traslado de aportes. Explicó que, si consideraba que Cajanal debía contribuir a la
financiación de la prestación, correspondía a la entidad pagadora adelantar el trámite
respectivo y permitir que la UGPP se pronunciara sobre la obligación que se pretendía
atribuirle.
24. La UGPP formuló las excepciones de «petición antes de tiempo» e inexistencia
de la obligación y buena fe de la UGPP. Sustentó la primera en que no había recibido
reclamación administrativa de Cecilia Ibarra Martínez para el reconocimiento de la
pensión ni solicitud de Colpensiones dirigida al reconocimiento de una cuota parte o
al reembolso de sumas, por lo que no había tenido oportunidad de estudiar
administrativamente la eventual obligación.
6 Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «21_ED_021CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 25», pág 2-
13.
5
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
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Vinculada: UGPP
25. Respecto de la segunda excepción, sostuvo que no existía obligación pensional
a su cargo porque la demandada continuó trabajando y cotizó al ISS después del 30
de junio de 2009. Añadió que no existía reclamación previa de Colpensiones y que,
por ello, no podía atribuírsele responsabilidad por el reconocimiento y pago que
efectuó el ISS.
2.3. Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 20
de junio de 2024, resolvió7:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución N.º 3976 del 21 de julio de 2010,
por medio de la cual el ISS reconoció la pensión de vejez a la señora Cecilia Ibarra
Martínez, y de la Resolución N.º 90 del 20 de enero de 2011, por la cual el ISS ordenó
el ingreso en nómina de pensionados de la pensión de vejez de la prenombrada, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ASIGNAR a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, la competencia de reconocer y pagar la pensión de vejez de la señora Cecilia
Ibarra Martínez.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, conminar a la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones, y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a que, en
virtud del principio de colaboración administrativa y técnica, gestionen la asignación de
competencia de que trata la presente sentencia, de modo que la señora Cecilia Ibarra
Martínez no deje de percibir mensualmente la pensión de vejez a que tiene derecho,
advirtiéndose que Colpensiones de ningún modo podrá suspender el pago de la
pensión reconocida a través del acto demandado hasta tanto no se reconozca y ordene
la inclusión en nómina de pensionados por parte de la UGPP.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en esta instancia al no
haberse causado.
QUINTO: Una vez en firme la presente, ARCHÍVESE el expediente, previas las
anotaciones secretariales de rigor.
27. En cuanto al régimen pensional, indicó que la señora Cecilia Ibarra Martínez
era beneficiaria de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
También tuvo en cuenta las limitaciones temporales introducidas por el Acto
Legislativo 01 de 2005 y concluyó que la demandada podía conservar el régimen de
transición porque al 29 de julio de 2005 acreditaba más de 750 semanas de cotización.
28. A partir de ello, consideró aplicable la Ley 33 de 1985. Precisó que la
demandada nació el 22 de febrero de 1954 y que al cumplir 55 años, el 22 de febrero
7
Samai Tribunal, índice 32, expediente digital, «143Sentencia de Pr_RAD184DE2018NYRCONTR(.pdf) NroActua
32».
6
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
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Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
de «2004», contaba con más de 20 años de servicios. En consecuencia, estableció
que adquirió su estatus jurídico de pensionada en esa fecha, antes del traslado masivo
de los afiliados de Cajanal al ISS.
29. Para definir la entidad competente, el Tribunal examinó la evolución normativa
de Cajanal, su supresión y liquidación, la creación de la UGPP y la posterior sustitución
del ISS por Colpensiones. Con fundamento en los decretos 2196 y 5021 de 2009 y en
las reglas que, según indicó, había aplicado el Consejo de Estado 8 en asuntos
similares, distinguió dos supuestos: Cajanal conservaba la competencia respecto de
quienes hubieran cumplido los requisitos pensionales antes del traslado masivo de
sus afiliados al ISS; en cambio, correspondía al ISS, hoy Colpensiones, reconocer las
prestaciones de quienes adquirieran el estatus pensional con posterioridad a ese
traslado.
30. El Tribunal explicó que el Decreto 2196 de 2009 mantuvo en Cajanal el trámite
de las obligaciones pensionales respecto de quienes hubieran cumplido los requisitos
antes del traslado previsto en esa normativa, mientras que el ISS asumía los casos
en los cuales el derecho se consolidara posteriormente.
31. Al descender al caso concreto, estableció que Cecilia Ibarra Martínez había
trabajado para el Ministerio de la Protección Social; que realizó aportes a Cajanal
desde el 28 de mayo de 1974 hasta el 30 de junio de 2009, y al ISS desde el 1.º de
julio de 2009 hasta el 2 de enero de 2011. También encontró acreditados más de 30
años de servicios y que, al 22 de febrero de 2009, ya reunía la edad y el tiempo
exigidos para obtener la pensión.
32. Con fundamento en esas pruebas, concluyó que Cecilia Ibarra Martínez
consolidó su derecho pensional el 22 de febrero de 2009, cuando cumplió 55 años,
pues para entonces acreditaba más de 20 años de servicios. Destacó que ello ocurrió
antes del traslado masivo de los afiliados de Cajanal al ISS, previsto para el 1.º de
julio de 2009. Por esa razón, consideró que la competencia para reconocer la
prestación permaneció en Cajanal.
33. El Tribunal descartó el argumento de la UGPP según el cual la competencia
correspondía a Colpensiones porque Cecilia Ibarra Martínez continuó vinculada al
Ministerio y cotizó al ISS después del 30 de junio de 2009. Aunque tuvo por
acreditadas esas cotizaciones posteriores, consideró que no modificaban la entidad
responsable del reconocimiento, pues para ese momento la demandada ya había
adquirido el estatus pensional. Agregó que, de acuerdo con el criterio aplicado por el
Consejo de Estado, la competencia del ISS se configuraba cuando el afiliado cumplía
los requisitos con posterioridad al traslado masivo, supuesto que no correspondía al
caso.
8
Citó la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de
2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00325-01 (2622-2023).
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
34. Frente a la solicitud de Colpensiones de recuperar las sumas pagadas a Cecilia
Ibarra Martínez, el Tribunal señaló que en el expediente no encontró elementos que
acreditaran fraude, engaño o alguna actuación de Cecilia Ibarra Martínez dirigida a
obtener irregularmente el reconocimiento, por lo que no consideró desvirtuada la
presunción constitucional de buena fe.
35. Añadió que en el proceso no se discutió el derecho material de Cecilia Ibarra
Martínez a recibir una pensión de vejez. En ese contexto, concluyó que las sumas
recibidas provenían de una prestación a la que tenía derecho y habían sido pagadas
con fundamento en actos expedidos por el propio ISS, por lo que negó la pretensión
de devolución formulada por Colpensiones.
36. Finalmente, el Tribunal consideró necesario evitar que el cambio de entidad
responsable interrumpiera el pago de la prestación. Por ello, además de asignar a la
UGPP la competencia para reconocerla, ordenó a esta entidad y a Colpensiones
coordinar las actuaciones administrativas y técnicas necesarias para efectuar el
traslado. Dispuso que Colpensiones continuara pagando la pensión hasta que la
UGPP efectuara el reconocimiento y ordenara la inclusión de Cecilia Ibarra Martínez
en su nómina, con el propósito de garantizar que la pensionada no dejara de percibir
la mesada durante el trámite.
37. Por último, se abstuvo de imponer condena en costas porque no encontró
acreditada su causación ni advirtió actuaciones temerarias o dilatorias de las partes
durante el proceso.
2.4. Recursos de apelación
38. La UGPP 9 , interpuso recurso de apelación y solicitó su revocatoria, con el
propósito de que se le relevara de la obligación de reconocer y pagar la pensión de
vejez de Cecilia Ibarra Martínez y se ordenara a Colpensiones continuar con el pago
de la prestación. Sostuvo que el Tribunal aplicó de manera incorrecta las normas que
regulaban las competencias de ambas entidades y efectuó una indebida valoración
probatoria.
39. Como sustento de su inconformidad, la UGPP expuso las normas que
determinaron sus funciones en materia pensional. Señaló que la Ley 1151 de 2007
creó esa Unidad para reconocer los derechos pensionales causados a cargo de las
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades
públicas nacionales respecto de las cuales se hubiera decretado su liquidación.
40. Asimismo, citó el Decreto Ley 169 de 2008 y explicó que le correspondía asumir
los derechos pensionales causados a cargo de esas administradoras hasta la
cesación de sus actividades, así como los de aquellos servidores que hubieran
9
Samai Tribunal, índice 39, expediente digital, «147_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-
RAD.54001233300020180018400-ADMINISTRADORACOLOMBIANADEPENSIONES(.pdf) NroActua 39».
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
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Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
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cumplido el tiempo de servicios y se hubieran retirado o desafiliado del Régimen antes
de cumplir la edad exigida.
41. Enunciado lo anterior, como primer reparo, indicó que el Tribunal realizó una
incorrecta interpretación de dichas normas, y otras relacionadas con la competencia
de la UGPP, por cuanto, a su juicio, Colpensiones era la entidad que debía continuar
realizando el pago de la pensión.
42. Como segundo reparo, dijo que Colpensiones, al iniciar el presente proceso,
inobservó el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 [no precisó cuál causal]. A renglón
seguido, citó textualmente dicha disposición y señaló que ella regula la revisión de
reconocimientos de mesadas pensionales cuando se obtuvo con violación del debido
proceso o la cuantía del derecho excede lo debido conforme a la ley10.
43. Colpensiones también interpuso recurso de apelación, pero circunscribió su
inconformidad a los ordinales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia,
relacionados con las decisiones de negar la devolución de sumas pagadas y la
condena en costas.
44. Como primer reparo, cuestionó la aplicación de la buena fe para negar el
reintegro. Sostuvo que, si se había establecido que la prestación no correspondía ser
asumida por Colpensiones, debía garantizarse el retorno de las sumas pagadas desde
la inclusión de Cecilia Ibarra Martínez en nómina. Afirmó que la ausencia de una orden
judicial de restitución impediría recuperar los recursos desembolsados sin que
existiera obligación a cargo de esa administradora. En ese sentido, pidió que la
devolución se impusiera a Cecilia Ibarra Martínez o, subsidiariamente, a la UGPP,
bajo el argumento de que esta última era la entidad que debía asumir la prestación.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
45. Mediante auto del 21 de julio de 2025, el despacho ponente admitió los recursos
de apelación interpuestos por Colpensiones y la UGPP contra la sentencia del 20 de
junio de 2024, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 202111.
46. En la misma providencia, señaló que no existía solicitud probatoria pendiente
de resolver, por lo que no había lugar a correr traslado para alegar de conclusión,
salvo que las partes solicitaran pruebas durante la ejecutoria del auto. Asimismo,
dispuso que, cumplidas las notificaciones, el expediente ingresara al despacho para
proferir sentencia y reconoció personería a los nuevos apoderados de Colpensiones
y la UGPP.
10
Se aclara que la apelante no precisó qué causal invocaba, contra qué acto solicitaba la revisión, o por qué invocó
dicha normativa. En general, no aplicó dichas consideraciones generales al caso particular, circunstancia que será
estudiada en el caso concreto.
11
Samai, índice 13, expediente digital, «17Autoqueadmite_56412024Autoadmiteap(.pdf) NroActua 13».
9
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
2.6. El Ministerio Público
47. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó
silencio12.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
48. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer el presente asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, que
le confiere el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
49. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
interpuestos por la entidad actora y la vinculada, contra la sentencia de primera
instancia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso (CGP) 13 que prevé la competencia del juez de segunda instancia,
corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
50. ¿La UGPP es la entidad competente para reconocer y pagar la pensión de vejez
de la demandante, como lo determinó el Tribunal en la sentencia de primera instancia?
51. ¿La alegada inobservancia del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por parte de
Colpensiones, determina la improcedencia de la pretensión dirigida a obtener la
nulidad de los actos administrativos que reconocieron la pensión de vejez de Cecilia
Ibarra Martínez?
52. ¿Debe ordenarse a la demandada o a la entidad vinculada la devolución de las
sumas que fueron pagadas por concepto de la pensión de vejez?
53. ¿El reparo formulado por la demandante contra la decisión de no condenar en
costas, cumplió con la carga argumentativa mínima necesaria para que sea objeto de
estudio en segunda instancia?
12 Samai, índice 16, expediente digital, «Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 16».
13
CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
54. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (1)
fundamento normativo y jurisprudencial de la presunción de buena fe; (2) régimen
jurídico del ISS, hoy Colpensiones; (3) régimen jurídico de Cajanal, hoy UGPP; (4)
describirá las competencias atribuidas a las anteriores entidades14; (5) destacará los
hechos probados más relevantes y (6) procederá al análisis del caso concreto.
3.3. Marco normativo
3.3.1. Presunción de buena fe
55. La buena fe, prevista en el artículo 83 de la Constitución Política, exige que los
particulares y las autoridades ajusten su conducta a parámetros de honestidad, lealtad
y confianza. En materia pensional, esta presunción ampara las sumas recibidas por el
beneficiario de una prestación periódica y no desaparece por el solo hecho de que
posteriormente se declare la ilegalidad del acto administrativo que reconoció el
derecho.
56. En concordancia con este principio, el artículo 164, numeral 1.º, literal c), del
CPACA dispone que no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas
a particulares de buena fe. Por tanto, la nulidad del acto de reconocimiento no genera
automáticamente la devolución de las sumas recibidas; para que proceda su reintegro,
corresponde desvirtuar la presunción de buena fe a partir de las circunstancias
concretas en las que se obtuvo y percibió la prestación.
3.3.2. Régimen jurídico del ISS, hoy Colpensiones
57. La Ley 100 de 1993 atribuyó al Instituto de Seguros Sociales (ISS) la
administración general del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Las
cajas, fondos y entidades de previsión conservaron esa función únicamente respecto
de sus afiliados mientras subsistieran. En caso de liquidación de estas entidades, el
ISS asumía el reconocimiento de las pensiones de sus afiliados, sin que esa
competencia dependiera del traslado previo de aportes o de determinados periodos
de cotización, sin perjuicio de la expedición del correspondiente bono pensional.
58. Posteriormente, la Ley 1151 de 2007 creó a Colpensiones para administrar
estatalmente el Régimen de Prima Media. Con la supresión y liquidación del ISS,
ordenada mediante el Decreto 2013 de 2012, Colpensiones inició operaciones el 28
de septiembre de 2012 y asumió sus funciones pensionales. En consecuencia, los
afiliados y pensionados del ISS conservaron esa condición en Colpensiones y esta
entidad quedó encargada, como regla general, de resolver las solicitudes pensionales
que anteriormente correspondían al ISS, incluidas las pendientes al momento de su
entrada en funcionamiento.
14
Sobre el particular se reiterarán las consideraciones expuestas por la Subsección en la sentencia del 26 de junio
de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2018-00472-02 (6636-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
11
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
3.3.3. Régimen jurídico de Cajanal, hoy UGPP
59. Por otro lado, Cajanal fue creada para reconocer y pagar prestaciones sociales
de los empleados y obreros nacionales y, posteriormente, tuvo a su cargo el trámite y
reconocimiento de pensiones y el recaudo de cotizaciones. La Ley 1151 de 2007
dispuso su liquidación y el Decreto 2196 de 2009 ordenó su supresión y el traslado de
sus afiliados al ISS. No obstante, Cajanal en Liquidación conservó la competencia
para reconocer las pensiones de quienes hubieran cumplido los requisitos antes de
hacerse efectivo dicho traslado, así como respecto de determinados beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
60. La misma Ley 1151 de 2007 creó la UGPP, a la cual se atribuyó el
reconocimiento y administración de derechos pensionales a cargo de administradoras
exclusivas de servidores públicos del orden nacional que hubieran cesado en sus
funciones. El Decreto 4269 de 2011 distribuyó las competencias entre Cajanal en
Liquidación y la UGPP: esta última asumió, en general, las solicitudes radicadas desde
el 8 de noviembre de 2011 y la administración de la nómina de pensionados desde
diciembre de ese año, mientras Cajanal conservó las solicitudes presentadas con
anterioridad, salvo los eventos en que procediera una decisión integral por parte de la
UGPP.
3.3.4. Competencias atribuidas a Colpensiones y a Cajanal (hoy UGPP)
61. Con fundamento en los artículos 6 del Decreto 813 de 1994, 1 del Decreto 2527
de 2000 y 3 y 4 del Decreto 2196 de 2009, interpretados por el Consejo de Estado en
sentencia del 10 de junio de 2021 15 , radicado interno 3619-18, esta Subsección
precisó que la UGPP es competente para resolver la solicitud pensional cuando: (a)
el afiliado adquirió el estatus de pensionado antes del 1.º de julio de 2009 y estaba
afiliado a Cajanal; (b) completó 20 años de servicios cotizados a esa entidad antes de
esa fecha, se retiró sin cumplir la edad y permaneció desafiliado del ISS y del Régimen
de Ahorro Individual; (c) completó 20 años de servicios con Cajanal al 1.º de abril de
1994 y reunió la edad antes del 1.º de julio de 2009, aun cuando se hubiera afiliado
posteriormente al ISS; o (d) adquirió íntegramente el estatus de pensionado en
Cajanal antes del 1.º de abril de 1994, pese a trasladarse después al ISS.
62. La misma providencia precisó que Colpensiones es competente en los
siguientes eventos:
(a) cuando el afiliado completó 20 años de servicios cotizados a Cajanal y
cumplió la edad pensional después del 30 de junio de 2009, mientras cotizaba al
ISS;
(b) cuando reunió el tiempo de servicios exigido en Cajanal, pero se trasladó
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección segunda, Subsección B, sentencia del 10
de junio de 2021, Rad. 66001-23-33-000-2016-00954-01(3619-18), M.P. César Palomino Cortés.
12
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
voluntariamente al ISS antes del 30 de junio de 2009 —esto es, antes del
traslado masivo ocasionado por la liquidación de aquella entidad—, sin haber
cumplido aún la edad pensional;
(c) cuando completó 20 años de servicios cotizados a Cajanal antes del 1.º de
abril de 1994, pero para esa fecha no había cumplido la edad, requisito que
satisfizo después del 30 de junio de 2009, momento en el cual adquirió el estatus
jurídico de pensionado;
(d) cuando completó 20 años de servicios cotizados a Cajanal antes del 1.º de
abril de 1994 y, sin haber alcanzado la edad pensional, se trasladó
voluntariamente al ISS antes del 1.º de julio de 2009, bajo esta afiliación cumplió
posteriormente ese requisito;
(e) cuando, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente al ISS y adquirió
el estatus jurídico de pensionado mientras cotizaba a dicha entidad16.
3.4. Hechos probados
63. Cecilia Ibarra Martínez nació el 22 de febrero de 1954. Así consta en la copia
de su documento de identidad y en el registro civil de nacimiento incorporados al
expediente17.
64. Del certificado de información laboral expedido el 24 de agosto de 2017, se
desprende que la demandada prestó sus servicios al sector público hasta el 2 de enero
de 2011 y realizó aportes a las cajas, fondos o entidades que se señalan a
continuación:
Periodos de vinculación Cargo Cotizaciones
Fecha inicial Fecha final
28/05/1974 1/03/1978 Caja Nacional de
Previsión Social
01/05/1978 21/01/1983 Caja Nacional de
Previsión Social
20/02/1983 2/01/2011 Secretaria Ejecutiva • Hasta el
4210 grado 21 30/06/2009 = Caja
Nacional de Previsión
Social.
• Desde el
1/07/2009 al 2/01/2011 =
ISS.
Tabla 1. Tiempos de servicio de la demandante y distribución de sus cotizaciones
65. El 20 de agosto de 2009, Ibarra Martínez solicitó al ISS el reconocimiento de
una pensión de vejez. En el formulario manifestó que no se encontraba afiliada a otra
administradora de pensiones ni tramitaba otra prestación económica y pidió el
16
Las anteriores reglas han sido reiteradas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre otras, en las
sentencias de la Subsección B del 26 de junio de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2018-00472-02 (6636-2022); 3 de
julio de 2025, Rad. 73001-23-33-000-2019-00295-01 (5848-2022); 20 de noviembre de 2025, Rad. 25000-23-42-
000-2017-02063-01 (2553-2022); y 7 de mayo de 2026, Rad. 18001-23-33-000-2019-00100-01 (5892-2022); así
como en las sentencias de la Subsección A del 2 de octubre de 2025, Rad. 63-001-23-33-000-2019-00126-01
(1419-2021), y 28 de mayo de 2026, Rad. 73001-23-33-000-2019-00095-01 (0192-2023).
17 Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «83_ED_GENREQIN2017_6635(.pdf) NroActua 27», pág 1-3.
13
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
reconocimiento de la pensión con el cómputo de los servicios prestados al Estado y la
emisión del bono pensional correspondiente18.
66. Mediante la Resolución 3976 del 12 de julio de 2010, el Instituto de Seguros
Sociales reconoció a Cecilia Ibarra Martínez una pensión de jubilación bajo el régimen
de la Ley 33 de 1985, con bono pensional tipo B, por su condición de servidora pública.
Para adoptar esa determinación, el ISS consideró que la beneficiaria contaba con más
de 55 años y, además, su tiempo de servicio superaba los 35 años19.
67. Además, el ISS dispuso que la inclusión en nómina se efectuaría una vez la
señora Cecilia Ibarra Martínez acreditara su desvinculación laboral, debido a la
imposibilidad de percibir de forma simultánea la remuneración salarial proveniente del
tesoro público y la mesada pensional.
68. Mediante la Resolución 0090 del 20 de enero de 201120, el ISS modificó la
Resolución 3976 del 12 de julio de 2010, con el propósito de hacer efectiva la pensión
que había reconocido a Cecilia Ibarra Martínez. Para ello, tuvo en cuenta que el acto
inicial había condicionado el pago de la prestación a que la interesada acreditara su
retiro definitivo del servicio y que, con posterioridad, esta aportó la Resolución 4979
del 26 de noviembre de 2010, mediante la cual el secretario general del Ministerio de
la Protección Social le aceptó la renuncia, con efectos a partir del 3 de enero de 2011.
En consecuencia, el Instituto dispuso el ingreso de la beneficiaria a la nómina de
pensionados a partir del 4 de enero del mismo año y fijó la mesada inicial en $943.892,
calculada sobre un ingreso base de liquidación de $1.258.522 y una tasa de reemplazo
del 75 %, conforme a la Ley 33 de 1985.
69. El 22 de mayo de 2017, por conducto de apoderado, Cecilia Ibarra Martínez
solicitó a Colpensiones la reliquidación de su pensión de vejez. Señaló que la
prestación había sido reconocida conforme a la Ley 33 de 1985, pero que para
determinar su cuantía el ISS había promediado los salarios cotizados durante los
últimos diez años. Sostuvo que, por ser beneficiaria del régimen de transición y haber
sido servidora pública, la liquidación debía efectuarse con los factores que percibió el
último año de servicios21.
70. Al estudiar esa petición, Colpensiones advirtió una posible falta de competencia
del ISS al reconocer la prestación. En el Auto de Pruebas APSUB 2679 del 19 de julio
de 2017 estableció que Cecilia Ibarra Martínez tenía 540 días, equivalentes a 77
semanas, cotizados al ISS por servicios al Ministerio de la Protección Social entre el
1.º de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. También registró 12.544 días de
servicios en dicho Ministerio, con aportes a Cajanal entre el 28 de mayo de 1974 y el
18 Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «83_ED_GENREQIN2017_6635(.pdf) NroActua 27», pág 4-5.
19
Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «003_3_ED_003ANEXOSDELADE», pág 10-13.
20 Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «003_3_ED_003ANEXOSDELADE», pág 8-9.
21 Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «111_ED_GRFCLDEM2017_9403(.pdf) NroActua 27», pág 1-7.
14
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
30 de junio de 200922.
71. En ese auto, Colpensiones expuso que, si el afiliado había cumplido los
requisitos de edad y tiempo de servicios al 30 de junio de 2009, la competencia para
reconocer la prestación correspondía a Cajanal, hoy UGPP; mientras que
Colpensiones debía asumirla cuando el derecho se hubiera consolidado con
posterioridad. Considerando que Cecilia Ibarra Martínez había cumplido 55 años el 22
de febrero de 2009 y que para entonces contaba con más de 20 años de servicios
cotizados a Cajanal, concluyó que la competencia para reconocer la prestación
correspondía a la UGPP y solicitó a la pensionada autorización para revocar las
resoluciones 3976 de 2010 y 0090 de 2011.
72. Mediante la Resolución SUB188215 del 6 de septiembre de 2017 23 ,
Colpensiones negó la reliquidación solicitada. Para adoptar esa decisión reiteró que
Cecilia Ibarra Martínez había prestado 13.084 días de servicios, equivalentes a 1.869
semanas, de los cuales 12.544 días correspondían a tiempos vinculados a Cajanal y
540 a Colpensiones. A partir de su fecha de nacimiento y de esos tiempos, estableció
que al 22 de febrero de 2009 acreditaba 55 años de edad y más de 20 de servicios.
Por ello consideró que había consolidado los requisitos pensionales antes del 30 de
junio de 2009 y que la competencia para estudiar y reconocer la prestación
correspondía a la UGPP y no al ISS, pese a que posteriormente hubiera realizado
cotizaciones a este último.
73. Dicho acto también señaló que ante la ausencia de autorización de la
pensionada para revocar los actos de reconocimiento, dispuso remitir el asunto a la
Gerencia de Defensa Judicial para adelantar la acción judicial correspondiente. La
solicitante apeló esta decisión24, que fue confirmada a través de la Resolución DIR
18938 del 26 de octubre de 201725.
74. El 25 de junio de 2021, Javier Enrique Velásquez Cuervo, subdirector de
Gestión Documental de la UGPP, certificó que revisó los registros de los sistemas de
información de esa dependencia correspondientes a las transferencias documentales
efectuadas por el fondo Cajanal. Como resultado de la consulta, dejó constancia de
que no se encontró información relacionada con un expediente pensional
correspondiente a Cecilia Ibarra Martínez26.
22 Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «52_ED_GCEAUTAP2017_6635(.pdf) NroActua 27», pág 1-4.
23 Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «104_ED_GRFAATPJ2014_3365(.pdf) NroActua 27».
24 Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «104_ED_GRFAATPJ2014_3365(.pdf) NroActua 27».
25
Samai Tribunal, índice 27, expediente digital, «105_ED_GRFAATRP2017_6635(.pdf) NroActua 27».
26
Samai Tribunal, índice 25, expediente digital, «112_ED_GRFCLDEM2017_1071(.pdf) NroActua 27», pág 1.
15
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la competencia para reconocer y pagar la pensión de vejez de Cecilia
Ibarra Martínez
75. Para resolver el primer problema jurídico, en primer lugar, se precisa que el
derecho pensional de Cecilia Ibarra Martínez no fue objeto de discusión ni en primera
instancia ni integró los argumentos de los apelantes, razón por la cual dicho asunto
no será estudiado en esta oportunidad. En este orden, corresponde a la Sala
determinar si la pensión de vejez de Cecilia Ibarra Martínez debía ser reconocida por
el ISS, en los términos en que lo hizo mediante los actos acusados, o si dicha
competencia correspondía a Cajanal, hoy UGPP.
76. De acuerdo con el marco jurídico expuesto, los artículos 3.º y 4.º del Decreto
2196 de 2009 mantuvieron bajo la titularidad de Cajanal en Liquidación el trámite y
reconocimiento de las obligaciones pensionales de los afiliados que hubieran cumplido
los requisitos de edad y tiempo de servicios para obtener la pensión a la fecha en que
se hiciera efectivo su traslado al ISS. Por su parte, ISS asumiría el reconocimiento de
las prestaciones de los afiliados que no se encontraban en esa situación.
77. A partir de estas disposiciones, y en concordancia con el artículo 6.º del Decreto
813 de 1994 y el artículo 1.º del Decreto 2527 de 2000, esta Sección ha precisado27
que la competencia corresponde a la UGPP cuando el afiliado adquirió el estatus
jurídico de pensionado antes del 1.º de julio de 2009 y para ese momento se
encontraba afiliado a Cajanal. En cambio, la competencia recae en el ISS, hoy
Colpensiones, cuando el requisito pensional faltante se cumplió después del traslado
o cuando el afiliado se trasladó voluntariamente al ISS antes de consolidar el derecho.
78. En el presente asunto, el registro civil de nacimiento de la señora Cecilia Ibarra
Martínez indica que nació el 22 de febrero de 1954. También se encuentra acreditado
que el ISS reconoció su pensión con fundamento en el régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los requisitos establecidos por la Ley 33 de
1985. Por tanto, para establecer la entidad competente debe determinarse cuándo
reunió los 20 años de servicios y los 55 años de edad exigidos por esta última
disposición.
79. En este caso, la demandada cumplió 55 años el 22 de febrero del 2009.
Además, según la Resolución SUB188215 del 6 de septiembre de 2017, para esa
fecha acreditaba más de 20 años de servicios, pues registra 12.544 días con aportes
a Cajanal entre el 28 de mayo de 1974 y el 30 de junio del 2009, información
coincidente con lo dicho por Colpensiones en la Resolución 3976 de 2010, acto
mediante el cual el ISS reconoció la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2025, Rad. 15001-23-33-000-
2018-00472-02 (6636-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
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Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
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80. En consecuencia, se advierte que Cecilia Ibarra Martínez adquirió el estatus
pensional el 22 de febrero de 2009, fecha en la que cumplió los 55 años. Este hecho
ocurrió antes del traslado masivo de los afiliados de Cajanal al ISS, que tuvo lugar a
partir del 1.º de julio de 2009. Para entonces, además, los aportes pensionales de la
demandada se efectuaban a Cajanal.
81. Bajo el anterior contexto, resulta aplicable la primera de las reglas de
competencia de la UGPP fijadas por esta Sección con fundamento en el artículo 6 del
Decreto 813 de 1994, el artículo 1 del Decreto 2527 de 2000 y los artículos 3 y 4 del
Decreto 2196 de 2009, esto es: le corresponde a dicha entidad decidir sobre la
solicitud pensional cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes
del 1 de julio de 2009, estando para entonces afiliado a Cajanal.
82. Ahora bien, la UGPP cuestionó esta conclusión porque Cecilia Ibarra Martínez
continuó vinculada laboralmente y realizó cotizaciones al ISS después del 30 de junio
de 2009. Al respecto, las pruebas acreditan que, a partir del 1.º de julio de 2009, los
aportes dejaron de efectuarse a Cajanal y pasaron al ISS, al cual cotizó por sus
servicios al Ministerio de la Protección Social hasta el 2 de enero de 2011. Esta
circunstancia, sin embargo, ocurrió después de que la interesada había reunido la
edad y el tiempo de servicios exigidos para pensionarse.
83. Por ello, esas cotizaciones posteriores no ubican la situación de Ibarra Martínez
en alguno de los supuestos que atribuyen la competencia al ISS. Se recuerda que,
según las reglas expuestas en el marco jurídico de esta providencia, lo determinante
en esta clase de estudios no es cuál fue la última administradora que recibió aportes,
sino si al momento del traslado la afiliada ya había adquirido el estatus pensional y a
qué entidad estaba afiliada cuando ello ocurrió. En este caso, ambas circunstancias
se verificaron antes del 1.º de julio de 2009: Cecilia Ibarra Martínez había cumplido 55
años y más de 20 años de servicios y sus aportes se efectuaban a Cajanal.
84. Tampoco modifica esta conclusión el hecho de que Cecilia Ibarra Martínez
hubiera continuado en servicio hasta enero de 2011. Nótese que, un asunto es la
causación del derecho pensional, que ocurrió cuando reunió los requisitos previstos
en la Ley 33 de 1985, y otro su efectividad. De hecho, la Resolución 3976 de 2010
reconoció la prestación, pero condicionó su ingreso en nómina al retiro definitivo del
servicio; y posteriormente, la Resolución 0090 del 20 de enero de 2011 hizo efectiva
la pensión, una vez constató que a la beneficiaria de la mesada se le había aceptado
la renuncia al cargo público que desempeñaba.
85. En ese sentido, la continuación de la relación laboral y las cotizaciones
posteriores al ISS no tenían la facultad de desplazar la competencia que se había
definido, bajo la titularidad de la UGPP, por la situación pensional existente antes del
traslado.
86. Las anteriores consideraciones permiten concluir que la competencia para
reconocer la pensión de jubilación de Cecilia Ibarra Martínez correspondía a la UGPP
17
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
y no a Colpensiones ni al entonces ISS. Por tanto, la Resolución 3976 del 12 de julio
de 2010, mediante la cual Colpensiones reconoció la pensión fue expedida por una
autoridad sin competencia, lo que configura la causal de nulidad prevista en el artículo
137 del CPACA, tal como lo consideró el Tribunal en primera instancia.
87. En igual sentido, el reparo relacionado con la inexistencia de una reclamación
administrativa previa o de un trámite de cuota parte no desvirtúa la conclusión sobre
la competencia de la UGPP. Como se explicó, esta se determina a partir de la situación
pensional de la afiliada al momento en que se hizo efectivo el traslado de Cajanal al
ISS. De modo distinto, el trámite relacionado con las cuotas partes o el traslado de
aportes a que haya lugar, atinente a la financiación de la prestación, no constituye, de
acuerdo con el marco normativo analizado, un criterio para definir la entidad
competente para su reconocimiento.
88. De hecho, las reglas examinadas atribuyen esa competencia en función de la
situación consolidada por el afiliado al momento del traslado, sin sujetarla a que
previamente se hubiera gestionado una cuota parte o el traslado de recursos entre las
entidades. Por ello, la circunstancia alegada por la UGPP no modifica el hecho
determinante en este asunto, esto es, que la señora Cecilia Ibarra Martínez reunió los
requisitos para pensionarse antes del 1.º de julio de 2009, cuando se encontraba
afiliada a Cajanal.
89. En consecuencia, la falta de un trámite previo dirigido a definir la participación
de las entidades en la financiación de la prestación no traslada al ISS (hoy
Colpensiones) la competencia que correspondía a Cajanal (hoy la UGPP), ni altera la
entidad actualmente llamada a asumir las obligaciones pensionales. Se trata,
entonces, de un asunto distinto de la determinación de la entidad competente para
reconocer y pagar la pensión y, por tanto, no desvirtúa la conclusión a la que llegó el
Tribunal y esta Subsección.
3.5.2. De la incidencia del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
90. Como segundo reparo, la UGPP sostuvo que Colpensiones, al acudir a esta
jurisdicción, inobservó el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, no explicó
el alcance de esa afirmación ni precisó la consecuencia jurídica que pretendía derivar
de ella. En particular, no indicó cuál de las causales previstas en esa disposición
consideraba configurada, qué decisión pretendía someter a revisión o de qué manera
ese mecanismo incidía en la legalidad de los actos administrativos demandados. Su
argumentación se limitó, en esencia, a invocar y reproducir el contenido de la norma
sin aplicarla al caso de estudio.
91. Para la Sala, ese argumento es genérico y no permite establecer con claridad
si la UGPP pretendía cuestionar la procedencia del medio de control ejercido por
Colpensiones, sostener que esta entidad debía acudir a la acción especial de revisión
o solicitar que en este proceso se efectuara el examen previsto en el artículo 20 de la
18
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
Ley 797 de 2003. No obstante, en atención al contenido de la disposición invocada, la
Sala precisará el alcance de dicho mecanismo y las razones por las cuales el estudio
previsto en esa norma no puede adelantarse dentro del presente proceso.
92. Sobre el particular, la Sala Dos Especial de Decisión de esta Corporación
precisó que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó un mecanismo judicial que
se le ha denominado acción especial de revisión. Su finalidad consiste en revisar
decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que
reconozcan sumas periódicas o pensiones con cargo al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública, cuando se configure alguna de las causales previstas por el
legislador28.
93. Esa acción tiene naturaleza restrictiva, extraordinaria y excepcional 29 y su
trámite se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de
revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA 30 . Además de las causales
previstas en esa codificación, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 permite acudir a
este mecanismo cuando el reconocimiento se obtuvo con violación del debido proceso
—literal a)— o cuando la cuantía del derecho reconocido excede lo debido conforme
con la ley, pacto o convención colectiva aplicable —literal b)—.
94. La jurisprudencia también ha precisado que la acción especial de revisión no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate sobre el derecho
prestacional. Su ámbito está circunscrito a verificar los presupuestos del
reconocimiento cuando se invoque alguna de las causales especiales previstas por el
legislador, lo que responde a su naturaleza excepcional31.
95. A partir de lo anterior, aun si se entendiera que la UGPP pretendió que en este
proceso se efectuara alguno de los controles previstos en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, tal examen no podría adelantarse mediante el presente medio de control,
pues la acción especial de revisión cuenta con un cauce procesal propio, sujeto a las
reglas del recurso extraordinario de revisión, mientras que en este asunto la Sala actúa
como juez de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por tanto, examina la legalidad de los actos
administrativos demandados dentro de los límites fijados por el recurso de apelación.
96. En consecuencia, las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
no pueden incorporarse a este proceso como si constituyeran cargos adicionales
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, sentencia del 28
de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2023-07031-00 (11060).
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3
de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3
de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 9, sentencia del 22 de noviembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2019-01749-00.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, sentencia del 28
de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2023-07031-00 (11060).
19
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
contra los actos acusados. Se precisa que, si una entidad legitimada pretende acudir
a la acción especial de revisión, debe hacerlo mediante el procedimiento previsto para
ese mecanismo y respecto de alguna de las decisiones que pueden ser objeto de él,
pues el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no constituye el
cauce procesal para adelantar ese examen.
97. Ahora bien, aun en gracia de discusión, el planteamiento de la UGPP tampoco
permitiría efectuar un pronunciamiento bajo el artículo 20 citado, pues la apelante no
identificó una providencia judicial, transacción o conciliación judicial o extrajudicial que
pretendiera someter a revisión, ni explicó cuál de las causales previstas en esa
disposición se habría configurado respecto de alguna de esas decisiones.
98. Por el contrario, el objeto de este proceso se encuentra delimitado por las
Resoluciones 3976 del 12 de julio de 2010 y 0090 del 20 de enero de 2011, mediante
las cuales el ISS reconoció e hizo efectiva la pensión de vejez de Cecilia Ibarra
Martínez. Se trata de actos administrativos cuya legalidad se controvierte mediante el
presente medio de control y no de una providencia judicial, transacción o conciliación
susceptible de la acción especial de revisión.
99. En este orden de ideas, para esta Sala, el reparo formulado por la UGPP no
tiene vocación de prosperidad, principalmente porque: (1) fue planteado de forma
genérica, sin precisar qué pretendía obtener con su aplicación en el presente asunto;
y (2) el examen previsto en esa disposición no podía adelantarse dentro de este
proceso, dado que la acción especial de revisión constituye un mecanismo autónomo,
restrictivo y excepcional, sometido a un procedimiento distinto del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
3.5.3. De la devolución de las sumas pagadas por concepto de pensión
100. Colpensiones cuestionó la decisión del Tribunal de negar la devolución de las
sumas pagadas por concepto de la pensión de vejez. Sostuvo que, una vez
establecido que no era la entidad competente para asumir la prestación, debía
garantizarse el retorno de los recursos desembolsados. Por ello, solicitó que el
reintegro se ordenara a Cecilia Ibarra Martínez o, subsidiariamente, a la UGPP.
101. Antes de examinar la procedencia de la restitución, la Sala debe precisar el
alcance de su competencia frente a la solicitud subsidiaria formulada contra la UGPP,
pues esta petición no hizo parte de la demanda ni fue objeto de decisión en la
sentencia apelada.
102. El artículo 328 del CGP delimita la competencia del juez de segunda instancia
a los argumentos expuestos por el apelante, por supuesto, siempre que guarden
correspondencia con el litigio planteado y con la decisión recurrida. Al respecto, esta
corporación 32 ha precisado que la lealtad procesal y el principio de congruencia
32 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de abril de 2014, exp. 08001-23-31-000-2011-01474-01.
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
impiden introducir en la apelación hechos, cargos o pretensiones nuevas que no
fueron formulados en la demanda, pues su estudio afectaría el debido proceso y el
derecho de defensa de la contraparte.
103. En este asunto, Colpensiones solicitó expresamente en la demanda que se
ordenara «a la señora IBARRA MARTÍNEZ CECILIA» devolver lo pagado por
concepto del retroactivo pensional reconocido mediante la Resolución 0090 de 2011
y los valores posteriores derivados del reconocimiento pensional. La pretensión
restitutoria se dirigió, por tanto, exclusivamente contra la pensionada. No se solicitó
una condena contra la UGPP para que restituyera a Colpensiones los recursos
destinados al pago de la prestación.
104. En correspondencia con ese planteamiento, el Tribunal negó las demás
pretensiones de la demanda, entre ellas la dirigida a obtener la devolución de las
sumas pagadas por parte de Cecilia Ibarra Martínez. Por tanto, la sentencia apelada
tampoco resolvió una pretensión encaminada a obtener de la UGPP el reintegro de
esos recursos.
105. Solo en el recurso de apelación Colpensiones planteó, de manera subsidiaria,
que la devolución se impusiera a la UGPP por ser la entidad que, en su criterio, debía
asumir la prestación. Tal solicitud introdujo una pretensión de condena contra un
sujeto distinto de aquel frente al cual se formuló originalmente el restablecimiento del
derecho y, con ello, buscó ampliar el objeto del litigio en segunda instancia.
106. Se destaca que la circunstancia de que la UGPP hubiera sido vinculada al
proceso no modifica esta conclusión, pues su participación le permitió ejercer el
derecho de defensa respecto de las pretensiones y materias incorporadas
oportunamente al litigio, pero no habilitaba a Colpensiones para formular en la
apelación una nueva pretensión restitutoria en su contra. Esta debió plantearse en la
oportunidad procesal correspondiente, de modo que pudiera integrar el debate desde
la primera instancia.
107. En consecuencia, la solicitud subsidiaria de ordenar a la UGPP la devolución
de las sumas pagadas no será estudiada de fondo, pues excede el ámbito de
competencia funcional de la Sala en segunda instancia.
108. Precisado lo anterior, corresponde resolver el reparo que sí guarda congruencia
con las pretensiones de la demanda y con la sentencia apelada, esto es, si la señora
Cecilia Ibarra Martínez debe devolver las sumas que recibió en virtud de los actos
administrativos cuyo reconocimiento pensional fue anulado.
109. Sobre este aspecto, el artículo 164, numeral 1.º, literal c), del CPACA dispone
que, cuando se controviertan actos que reconozcan prestaciones periódicas, «no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Esta
regla debe interpretarse en concordancia con la presunción prevista en el artículo 83
de la Constitución Política. Por ello, la declaración de nulidad del acto de
21
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
reconocimiento pensional no produce, por sí sola, la obligación de devolver las
mesadas recibidas. Para disponer su restitución es necesario que las circunstancias
acreditadas permitan desvirtuar la buena fe del beneficiario.
110. En este caso, la nulidad de los actos de reconocimiento obedeció a la falta de
competencia del ISS para asumir la prestación. Como se estableció, Cecilia Ibarra
Martínez había reunido los requisitos pensionales antes del traslado masivo de los
afiliados de Cajanal al ISS, circunstancia por la cual el reconocimiento correspondía a
Cajanal, hoy UGPP. Sin embargo, esa irregularidad administrativa no demuestra, por
sí misma, que la pensionada hubiera actuado de mala fe al solicitar o recibir la
prestación.
111. Se destaca que las circunstancias que rodearon el reconocimiento tampoco
permiten llegar a esa conclusión, pues, en la solicitud pensional presentada el 20 de
agosto de 2009, Cecilia Ibarra Martínez pidió al ISS el reconocimiento de su pensión
con inclusión de sus tiempos de servicio público. Posteriormente, al expedir la
Resolución 3976 de 2010, el propio ISS examinó esa historia laboral y tuvo en cuenta
los servicios prestados con aportes a Cajanal hasta el 30 de junio de 2009 para
determinar que la interesada reunía los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985.
112. De esta manera, la información que posteriormente permitió establecer la falta
de competencia del ISS estaba a disposición de la propia administradora cuando
efectuó el reconocimiento, por lo que la decisión objeto de anulación tuvo origen en la
valoración que efectuó la propia administración sobre la información laboral de la
interesada y sobre las normas que consideró aplicables, no en un actuar fraudulento
o malintencionado de la solicitante.
113. Tampoco se acreditó que Cecilia Ibarra Martínez hubiera ocultado sus tiempos
de servicio, aportado información falsa, alterado documentos o desplegado alguna
actuación dirigida a inducir al ISS a asumir una obligación pensional que conociera
correspondía a otra entidad. En particular, no obra en el expediente un elemento de
prueba que permita establecer que, al solicitar el reconocimiento, conociera que el ISS
carecía de competencia y, pese a ello, hubiera actuado deliberadamente para obtener
de esa entidad el pago de la prestación.
114. Esta última circunstancia resulta relevante, porque la controversia que dio lugar
a la nulidad no recayó sobre la existencia material del derecho a la pensión, pues la
irregularidad radicó en la determinación de la entidad que debía reconocerla y pagarla,
cuestión que el propio ISS resolvió inicialmente a su favor después de examinar la
historia laboral y que Colpensiones reconsideró años después al revisar el expediente.
115. Incluso, cuando Colpensiones advirtió esa circunstancia, mediante el Auto
APSUB 2679 del 19 de julio de 2017, analizó nuevamente los períodos cotizados y
concluyó que la interesada había adquirido el estatus pensional antes del 1.º de julio
de 2009, razón por la cual consideró que Cajanal era la entidad competente. Esta
actuación evidencia que la controversia surgió de una nueva valoración administrativa
22
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
sobre la entidad responsable del reconocimiento y no de la comprobación de una
maniobra atribuible a la pensionada.
116. Por tanto, la sola circunstancia de que Colpensiones hubiera efectuado pagos
que correspondía asumir a otra entidad no permite trasladar automáticamente a la
señora Cecilia Ibarra Martínez la obligación de restituirlos, por cuanto el artículo 164,
numeral 1.º, literal c), del CPACA condiciona la recuperación de prestaciones
periódicas pagadas a particulares a que no se encuentren amparados por la buena fe
y en este asunto, Colpensiones no desvirtuó esa presunción. En consecuencia, no
procede ordenar a Cecilia Ibarra Martínez la devolución de las sumas recibidas por
concepto de la pensión de vejez.
3.5.4. Carga argumentativa del recurso de apelación respecto de la condena en
costas
117. Colpensiones manifestó que su recurso de apelación se dirigía contra los
ordinales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia. El primero negó las
demás pretensiones de la demanda y el segundo se abstuvo de condenar en costas.
118. Sin embargo, aunque la entidad expuso las razones por las cuales cuestionaba
el ordinal tercero, relacionadas con la devolución de las sumas pagadas por concepto
de la pensión, no formuló argumento alguno contra la decisión del Tribunal de
abstenerse de condenar en costas. En particular, la entidad se limitó a solicitar la
revocatoria del ordinal cuarto, sin explicar las razones de hecho o de derecho por las
cuales consideraba equivocada esa determinación.
119. En esas condiciones, la sola manifestación de inconformidad con la decisión no
satisface la carga argumentativa mínima necesaria para habilitar su estudio en
segunda instancia, pues correspondía a la apelante exponer, al menos, las razones
por las cuales cuestionaba la determinación adoptada por el Tribunal.
120. Por tanto, el reparo formulado contra el ordinal cuarto de la sentencia apelada
carece de sustentación, razón por la cual la Sala no efectuará un pronunciamiento de
fondo sobre la decisión de no condenar en costas, sin dejar de precisar, en todo caso,
que la posición mayoritaria de esta Subsección ha acogido el criterio subjetivo para la
valoración de la condena en costas, que coincide con el razonamiento del Tribunal.
3.5.5. Consideraciones adicionales sobre la continuidad en el pago de la
prestación
121. Agotados los reparos propuestos en sede de apelación, la Sala considera
necesario precisar la forma en que deberá cumplirse la orden impartida por el Tribunal
para garantizar la continuidad en el pago de la pensión de vejez de Cecilia Ibarra
Martínez. En particular, la primera instancia dispuso que Colpensiones y la UGPP, en
virtud del principio de colaboración administrativa y técnica, gestionaran la asignación
de competencia y, además, ordenó a la primera entidad abstenerse de suspender el
23
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
pago de la prestación hasta que la UGPP efectuara el reconocimiento y la inclusión
en nómina.
122. La Sala comparte la finalidad de esta medida, pues como se estableció, la
irregularidad que dio lugar a la nulidad de los actos demandados radicó en la falta de
competencia del ISS para reconocer la prestación y no en la inexistencia del derecho
pensional de Cecilia Ibarra Martínez. Por ello, el conflicto relacionado con la entidad
responsable de asumir la pensión no puede traducirse en la interrupción de una
prestación periódica a la cual tiene derecho la demandada, máxime cuando su
derecho pensional no fue objeto de discusión.
123. Esta Sección ha adoptado en casos similares medidas transitorias de
protección, tales como ordenar que la entidad que reconoció la pensión sin
competencia continúe pagando la mesada pensional hasta que la competente proceda
a la inclusión en nómina del beneficiario, de manera que la declaratoria de nulidad no
genere una desprotección efectiva del pensionado. Así se dispuso, por ejemplo, en la
sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por esta Subsección, radicación
25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022) 33 , en la que se ordenó que
Colpensiones no suspendiera el pago de la mesada pensional de la beneficiaria hasta
tanto la UGPP no la incluyera en la nómina de pensionados34.
124. Otro ejemplo puede apreciarse en la sentencia del 27 de junio de 2025 de esta
Subsección, proferida dentro del proceso 05001-23-33-000-2018-00976-02 (7669-
2023)35, en la que en un caso con aspectos similares al presente, aunque se accedió
a la petición de nulidad del acto que reconoció la pensión por parte de Colpensiones,
por falta de competencia, se ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión en los
mismos términos de la resolución acusada, «por cuanto el conflicto de competencia
suscitado entre las dos entidades no puede significarle la imposición de una carga
administrativa que limite la posibilidad de acceder a su derecho pensional y con ella
la afectación de su mínimo vital».
125. Estas consideraciones resultan aplicables al presente asunto, toda vez que la
discusión existente sobre la autoridad competente para reconocer la pensión no puede
significar una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales de la
beneficiaria de prestación. Por lo tanto, durante las actuaciones administrativas
necesarias para que la UGPP asuma el reconocimiento y pago de la pensión, deberá
garantizarse que Cecilia Ibarra Martínez continúe percibiendo la mesada en las
condiciones en que le ha sido pagada por Colpensiones.
126. En ese sentido, fue acertada la decisión del Tribunal de impedir que
Colpensiones suspendiera el pago antes de que la UGPP reconociera la pensión e
incluyera a Cecilia Ibarra Martínez en su nómina. Sin embargo, la Sala considera
33 M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
34
En similar sentido puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de
febrero de 2026, Rad. 50001 23 33 000 2017 00644 01 (0402-2023), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
35
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
necesario precisar la forma en que deberá materializarse esa orden, pues la sentencia
apelada se limitó a conminar a las entidades para que gestionaran la asignación de
competencia, pese a que en esta providencia se confirmó que corresponde a la UGPP
reconocer y pagar la prestación.
127. Nótese que, una vez definida judicialmente la entidad competente, no resulta
necesario someter a Cecilia Ibarra Martínez a un nuevo trámite dirigido a establecer
cuál administradora debe asumir su pensión. No obstante, la materialización de esta
decisión requiere que la UGPP adelante las actuaciones administrativas necesarias
para efectuar el reconocimiento de la prestación y la inclusión de la beneficiaria en su
nómina de pensionados. Por esta razón, la Sala considera razonable concederle un
término de 2 meses para cumplir la orden impartida.
128. Por ello, se precisará la orden impartida por el Tribunal en el sentido de que la
UGPP, como entidad competente, deberá reconocer y asumir el pago de la pensión
de vejez de Cecilia Ibarra Martínez dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria de
esta providencia. Esta disposición tiene por objeto concederle un plazo razonable para
adelantar las gestiones administrativas necesarias para el reconocimiento de la
prestación y la inclusión de la beneficiaria en su nómina de pensionados. Durante ese
término y, en todo caso, hasta que la UGPP efectúe la inclusión efectiva de Cecilia
Ibarra Martínez en su nómina, Colpensiones deberá continuar sufragando la mesada
pensional.
129. Esta precisión no modifica la conclusión del Tribunal acerca de la entidad
competente ni impone a la señora Cecilia Ibarra Martínez una prestación diferente de
aquella que venía percibiendo. Su finalidad consiste en definir un plazo prudencial
para que la UGPP adelante las actuaciones necesarias para asumir el reconocimiento
y pago de la pensión y, simultáneamente, garantizar que durante ese período la
beneficiaria continúe percibiendo su mesada, sin que las gestiones administrativas
derivadas del cambio de entidad responsable repercutan negativamente en sus
derechos.
130. En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada
únicamente para precisar la forma en que deberá efectuarse la transición en el pago
de la prestación. La UGPP asumirá el reconocimiento y pago de la pensión en los
términos señalados, mientras que Colpensiones mantendrá su pago hasta que aquella
entidad efectúe la inclusión efectiva en nómina, de manera que Cecilia Ibarra Martínez
no deje de percibir la mesada pensional durante ese proceso.
3.6. Conclusión
131. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la UGPP es la entidad
competente para reconocer y pagar la pensión de vejez de Cecilia Ibarra Martínez,
pues la demandada adquirió el estatus pensional el 22 de febrero de 2009, cuando se
encontraba afiliada a Cajanal y antes del traslado masivo de sus afiliados al ISS.
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
132. Asimismo, la alegada inobservancia del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no
impedía a Colpensiones acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por cuanto la acción especial de revisión constituye un mecanismo autónomo
y excepcional, sometido a un procedimiento y a causales específicas, cuyo trámite no
corresponde al presente proceso. Además, los actos administrativos mediante los
cuales el ISS reconoció la pensión de Cecilia Ibarra Martínez no se encuentran dentro
de las decisiones susceptibles de ese mecanismo.
133. En cuanto a la devolución de las sumas pagadas, la Sala no estudiará de fondo
la solicitud subsidiaria formulada contra la UGPP, porque Colpensiones la introdujo
por primera vez en el recurso de apelación y, por tanto, no hizo parte de las
pretensiones de la demanda ni del litigio resuelto en primera instancia. Respecto de
Cecilia Ibarra Martínez, no procede ordenar la restitución, pues la nulidad de los actos
de reconocimiento no genera por sí sola la obligación de reintegrar las prestaciones
periódicas recibidas, y en este caso Colpensiones no desvirtuó la presunción
constitucional de buena fe de la pensionada, en los términos del artículo 164, numeral
1.º, literal c), del CPACA, requisito indispensable para la prosperidad de la pretensión.
134. Por otra parte, el reparo de Colpensiones contra la decisión de no condenar en
costas no será objeto de estudio, dado que la entidad se limitó a solicitar la revocatoria
del ordinal cuarto de la sentencia sin exponer las razones de hecho o de derecho que
sustentaban su inconformidad.
135. Las anteriores conclusiones conducen a mantener la decisión del Tribunal en
cuanto declaró la nulidad de los actos acusados, atribuyó a la UGPP la competencia
para asumir la prestación y negó la devolución de las sumas pagadas a Cecilia Ibarra
Martínez. No obstante, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada
para precisar la forma en que deberá materializarse el cambio de entidad responsable,
con el propósito de garantizar la continuidad en el pago de la pensión, y en lo demás
se confirmará la decisión de instancia.
3.7. Costas
136. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario36 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
36 36
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
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Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe en el curso
de la presente acción judicial.
137. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes hayan
incurrido en actuaciones de tal naturaleza, se abstendrá de imponer condena en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander el 20 de junio de 2024, que accedió de la misma forma a las
pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, el
cual quedará en los siguientes términos:
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la UGPP que, dentro de los 2
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, reconozca y pague la pensión de
vejez de la señora Cecilia Ibarra Martínez, en los mismos términos y condiciones en
que se venía reconociendo por Colpensiones, de conformidad con las resoluciones
3976 del 12 de julio de 2010 y 0090 del 20 de enero de 2011.
Ordenar a Colpensiones que continúe pagando la pensión de vejez de la señora Cecilia
Ibarra Martínez hasta que la UGPP efectúe su inclusión efectiva en la nómina de
pensionados, momento a partir del cual esta última entidad asumirá el pago de la
prestación, sin solución de continuidad.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 54001-23-33-000-2018-00184-01 (5641-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandada: Cecilia Ibarra Martínez
Vinculada: UGPP
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
28
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