Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02063-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022)
Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1 y Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social2
Temas: Competencia para el reconocimiento de mesada pensional.
Sustitución pensional. Reliquidación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luz Dary Téllez Ortiz presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en orden a que
1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante Ugpp.
3 La demanda fue presentada el 26 de abril de 2017. Folio 49.
4 En adelante CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022)
Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
se declarara la nulidad de las resoluciones GNR 347108 del 21 de noviembre de
2016 y GNR 22935 del 19 de enero de 2017, proferidas por Colpensiones en las
que reconoció una pensión de «sobreviviente» y resolvió negativamente el recurso
de reposición propuesto contra esa decisión, y el acto ficto presunto negativo
generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso subsidiario de apelación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la definición de cuál es la entidad encargada de pagar la pensión de
«sobreviviente» reclamada; ii) la reliquidación de la pensión de «sobreviviente» en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos por el
causante durante el último año de servicio; iii) el pago retroactivo de la pensión
desde el «29 de julio de 2012»; iv) el reconocimiento de los intereses moratorios sobre
el valor de la condena; y v) y la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:
3.1. Ángel de Jesús Montero Larrazábal nació el 23 de febrero de 1953 y laboró en
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi6 desde el 2 de mayo de 1984 hasta el día
de su fallecimiento, el 18 de noviembre de 2014, para un total de 30 años, 6 meses
y 16 días, lo que representa un total de 1.586 semanas cotizadas.
3.2.Con ocasión del fallecimiento del trabajador, por medio de la Resolución GNR
347108 del 21 de noviembre de 2016 Colpensiones reconoció una pensión de
«sobreviviente» a favor de Luz Dary Téllez Ortiz, en calidad de cónyuge supérstite.
Para la liquidación de la mesada solo tuvo en cuenta 289 semanas cotizadas y fijó
una cuantía mensual de $705.537.
3.3. La demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra
la anterior decisión en el que manifestó que el causante tenía más de 1.500
semanas cotizadas por lo que el monto de la pensión debía ser más alto. El anterior
recurso fue resuelto por medio de la Resolución GNR 22935 del 19 de enero de
2017 en la que Colpensiones mantuvo las condiciones del reconocimiento y
concedió la alzada.
3.4. A través de auto APDIR20 del 10 de marzo de 2017 Colpensiones señaló que
no era la entidad llamada a reconocer la pensión de «sobreviviente»», sino que ello
5 Folios 4 al 6 del expediente físico.
6 En adelante IGAC.
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
le correspondía a la Ugpp en atención a que era la administradora a la que se
encontraba afiliado al momento del cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo
de servicio señalados en la Ley 33 de 1985, que le eran aplicables por ser
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Además, solicitó la
autorización de la demandante para revocar el acto de reconocimiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13, 48 y 83 de la Constitución Política; 1,
parágrafo transitorio 2, del Acto Legislativo 01 de [2005]; 1 de la Ley 33 de 1985; y
42, 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente7:
5.1. Ángel de Jesús Montero Larrazábal era beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de entrada en vigencia de esa norma contaba
con más de 40 años de edad, lo que quiere decir que el derecho pensional de
«sobreviviente» debió reconocerse con base en el régimen previsto en la Ley 33 de
1985, que disponía como requisitos 55 años de edad y 20 años de servicios.
5.2. De acuerdo con los anteriores requisitos el derecho pensional debió concederse
en cuantía del 75% del salario promedio devengado durante el último año de
servicio con inclusión en el Ingreso Base de Liquidación8 de todos los factores
salariales percibidos en ese periodo y de los viáticos percibidos por las comisiones
laborales en las que participó.
5.3. El derecho reclamado se reconoció desde el 18 de noviembre de 2014, fecha
del fallecimiento del causante, cuando debió concederse desde el «29 de julio de
2012», de acuerdo con la fecha de la reclamación administrativa de reconocimiento
que fue radicada el 29 de julio de 2016, por lo que no solo se adeuda el valor de la
reliquidación sino también las mesadas dejadas de pagar.
1.2. Contestación de la demanda
6. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que
se expresan a continuación9:
6.1. Los actos administrativos demandados se ajustan al ordenamiento jurídico
7 Folios 6 al 10 del expediente físico.
8 En adelante IBL.
9 Folios 74 al 81 reverso.
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aplicable al caso y la interpretación que sobre las normas realizó la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, por lo que no
hay lugar a acceder a la reliquidación pedida por la parte demandante.
6.2. Los beneficios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 solo son
aplicables respecto de la tasa de reemplazo y los requisitos de edad y tiempo de
servicio, pero no en lo atinente al periodo y a la conformación del IBL.
6.3. Son procedentes las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, buena
fe, inexistencia del derecho reclamado y la genérica e innominada10.
7. La Ugpp solicitó que se negaran las pretensiones del medio de control de acuerdo
con las siguientes razones:
7.1. Para ser titular de los beneficios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
no basta con cumplir con la edad o el tiempo de servicio indicados en el artículo 36
ibidem, sino que es necesario acreditar un mínimo de 750 semanas para la fecha
de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar tales
prerrogativas hasta el año 2014, en el que se causó el derecho pretendido en esta
oportunidad.
7.2. En todo caso, el régimen de transición solo es predicable de la tasa de reemplazo
y los requisitos de edad y tiempo de servicio, toda vez que en lo atinente al periodo
y a la conformación del IBL debe acudirse al régimen general de seguridad social.
7.3. El reconocimiento de una pensión de «sobreviviente» exige que se demuestre la
vida marital entre el causante y quien reclama el derecho, circunstancia que no está
demostrada en este proceso, pues no se realizó ningún esfuerzo probatorio para
acreditarlo.
7.4. Son procedentes las excepciones de inepta demanda por el no agotamiento de
la reclamación en sede administrativa, inexistencia de la obligación, prescripción,
buena fe, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido y la innominada o
genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
negó las pretensiones de la demanda. Al respecto señaló lo siguiente:
10 Colpensiones no expuso argumentos relacionados con la competencia para el pago de la pensión.
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8.1. Para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
el causante tenía más de 40 años de edad por lo que era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 ibidem y del régimen previsto en la Ley 33 de
1985.
8.2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto 2196 de 2009 y
el concepto rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado11
la Ugpp es la competente para reconocer las pensiones de los afiliados que para el
1 de julio de 200912 ya habían consolidado su derecho, mientras que los causados
luego de esa fecha correspondían a Colpensiones.
8.3. Ángel de Jesús Montero Larrazábal cumplió la totalidad de requisitos para ser
titular de un derecho pensional el 23 de febrero de 2008 por lo que, indistintamente
de la fecha del reconocimiento, era la Ugpp la encargada de pagar la mesada
pensional. Sin embargo, esta entidad «fue vinculada de manera oficiosa por el
despacho» lo que hace «imposible emitir órdenes» en su contra, pues tampoco se
agotó la vía administrativa lo que impone negar las pretensiones de la demanda.
8.4. La demandante debe acudir ante la Ugpp y demostrar todos los tiempos de
servicio cotizados por el causante a fin de obtener la sustitución pensional que
pretende.
1.4. El recurso de apelación
9. Luz Dary Téllez Ortiz presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos13:
9.1. No es cierto que la Ugpp haya sido vinculada oficiosamente por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca pues esa entidad fue anunciada como demandada
en el escrito inicial de la demanda, tanto así que la primera pretensión de
restablecimiento del derecho obedece a que se defina cuál de las dos
administradoras pensionales es la responsable del reconocimiento y pago de la
mesada.
9.2. La Ugpp fue notificada como demandada en cumplimiento del auto admisorio del
25 de julio de 2017 y fue en esa calidad que acudió al presente proceso, en el que
contestó la demanda, propuso excepciones y, en general, participó activamente del
11 Del 18 de julio de 2016 en consulta con radicado 2016-00206-00.
12 Fecha del traslado masivo ordenado en el Decreto 2196 de 2009.
13 Folios 205 al 208 reverso.
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litigio, razón por la que no es admisible que se afirme que tiene la calidad de
vinculada oficiosamente y mucho menos que por esa razón no pueda emitirse orden
de restablecimiento del derecho en su contra.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPCA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14.
1.6. El Ministerio Público
11. El Ministerio Público emitió concepto en esta instancia en el sentido de solicitar
que se revoque la sentencia de primera instancia por aplicar una postura restrictiva
que no se acompasa con el derecho fundamental a la seguridad social de la
demandante que es sujeto de especial protección constitucional15.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscriben a
establecer ¿si la Ugpp tiene la calidad de entidad vinculada oficiosamente por el
juez de primera instancia y si dicha circunstancia impide que se emitan órdenes de
restablecimiento del derecho en su contra? En caso negativo se establecerá ¿cuál
de las dos entidades demandas es la competente para reconocer y pagar la pensión
14 Como se indicó en el auto del 21 de junio de 2022.
15 El ministerio público solamente solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y no
emitió concepto en relación con el fondo del asunto. Índice 60 de Samai.
16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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de «sobreviviente» de Luz Dary Téllez Ortiz? y ¿si la demandante tiene derecho a
que se reliquide de la pensión de «sobreviviente» que le fue reconocida, en cuantía
del 75% del promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la facultad oficiosa del juez para la conformación del
contradictorio
13. La posibilidad de ordenar la vinculación de personas, naturales o jurídicas, a un
proceso judicial es una facultad oficiosa de los jueces de la República que no es
más que una manifestación de los principios de celeridad y economía procesal que,
a su vez, busca garantizar la materialización de los derechos sustanciales de las
partes en cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política.
14. La debida conformación del contrario también se dispuso como un deber de los
operadores judiciales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 del CGP. Por su
parte, el artículo 171 del CPACA dispone que el auto admisorio de la demanda
deberá notificarse personalmente a «los sujetos que, según la demanda o las
actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso».
15. Desde el punto de vista jurisprudencial, el Consejo de Estado 17 ha reconocido
que la vinculación oficiosa responde a los principios de justicia material y de
economía procesal, en tanto busca evitar decisiones incongruentes o ineficaces
frente a terceros con interés jurídico directo. Así, la jurisprudencia ha precisado que
el juez no solo puede, sino que debe ordenar la vinculación de quienes puedan
resultar afectados por la sentencia, aun cuando las partes no lo hayan solicitado
expresamente.
16. En ese sentido, la vinculación oficiosa no constituye una intromisión indebida en
la autonomía de las partes, sino una herramienta para garantizar la eficacia de la
función jurisdiccional y la realización del debido proceso material.
17. En cuanto al papel del sujeto vinculado, la Corte Constitucional en sentencia SU-
913 de 2009 precisó que su participación debe garantizar las mismas prerrogativas
procesales de las partes originales, en especial el derecho de contradicción, la
posibilidad de presentar pruebas y de impugnar la decisión. El tercero vinculado de
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
radicado 05001-23-31-000-2014-00004-01 (1331-15) y Consejo de Estado, Sección primera,
sentencia del 22 de octubre de 2021, radicado 15001-23-31-000-2011-00472-01 (66106).
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oficio adquiere, por tanto, la calidad de parte procesal en el sentido material, con
deberes y derechos equiparables a los de los demandantes o demandados.
2.2.2. Distribución de competencias entre la Ugpp y Colpensiones para el
reconocimiento de pensiones
18. La Ley 6ª de 194518 creó la «Caja Nacional de Previsión Social de los empleados y
obreros nacionales», entidad a la cual se le encargó el reconocimiento y pago de las
prestaciones de los «empleados y obreros» nacionales de carácter permanente. Por
su parte la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y para la
administración del régimen de prima media con prestación definida encargó, entre
otras entidades, al ISS, en los siguientes términos:
«Artículo 52. Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con
prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas
entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los
regímenes pensionales previstos en esta Ley.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o
privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria».
19. Posteriormente, el gobierno nacional en el artículo 34 del Decreto 692 de 1994 19,
reiteró la anterior disposición y determinó que después del 31 de marzo de 1994 las
administradoras no podrían recibir nuevos cotizantes. Para tal efecto estableció:
«Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen
solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de
Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social
existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las entidades
diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas que a
31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos
afiliados a partir de dicha fecha.
Las cajas o entidades que administren pensiones del nivel departamental, municipal o
distrital, podrán continuar afiliando trabajadores de estos niveles territoriales del sector
público, hasta el momento que señale el respectivo alcalde o gobernador, sin que exceda
del 30 de junio de 1995, fecha a partir de la cual, se regirán por lo dispuesto en el inciso
18 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
19 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993».
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1° de este artículo».
20. Más adelante, a través de la Ley 490 de 199820 se transformó la naturaleza
jurídica de Cajanal y para el reconocimiento de las pensiones se determinó:
«Artículo 4. Reconocimiento y liquidación de pensiones. La Caja Nacional de Previsión
Social continuará con las funciones de trámite y reconocimiento de pensiones, así como
con el recaudo de las cotizaciones en los términos establecidos por la ley, las cuales
serán giradas mensualmente al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, entidad
que se encargará del pago de las respectivas pensiones. Las demás prestaciones
económicas seguirán tramitándose, reconociéndose y concediéndose por Cajanal.
Las reservas que haya acumulado la Caja Nacional de Previsión Social hasta la vigencia
de la presente ley por concepto pensiones, serán entregadas al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional.
Para atender el costo que demanden estas funciones y el pago de las primas de invalidez
y sobrevivencia, se destinará hasta el tres punto cinco (3.5) puntos de la cotización al
sistema general de pensiones establecido por la ley, previos los análisis periódicos que
permitan determinar los gastos de funcionamiento del acuerdo con los estudios
correspondientes. En todo caso, el Gobierno Nacional garantizará los aportes necesarios
para cubrir el costo que demande la administración de este sistema, en la medida en
que la reducción en el número de los afiliados disminuya los ingresos recibidos por
concepto de cotizaciones.
Las entidades públicas del orden nacional, que, de acuerdo con lo establecido en las
respectivas normas, estén obligadas a concurrir con el pago de las pensiones causadas
con anterioridad al primero de abril de 1994, suprimirán las obligaciones recíprocas que
por concepto de cuotas partes hayan asumido, efectuando en sus estados financieros
los registros contables correspondientes. Las obligaciones pensionales causadas a partir
de tal fecha, se financiarán además de los recursos previstos en la ley, con el bono
pensional o cuota parte que para el efecto deberá expedir la entidad que esté en la
obligación de concurrir en el pago de la respectiva pensión, o la que haga sus veces,
emitido a favor de la entidad encargada del pago de dicha prestación.
La Nación podrá pagar por cuenta de las entidades territoriales las cuotas obligatorias
cuando existan obligaciones recíprocas de pago de cuotas partes pensionales entre
entidades del orden nacional y entidades territoriales; procederá la compensación de las
mismas mediante convenios en los términos del Código Civil sin perjuicio que por
acuerdo de las partes puedan compensar dichas obligaciones de pagar cuotas partes
entre ellas».
21. La Ley 1151 de 200721 creó a la Administradora Colombiana de Pensiones y a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, y dispuso que el gobierno nacional realizaría todas las
acciones tendientes a la liquidación de Cajanal, Caprecom y el ISS. Al respecto
20 «Por la cual se transforma la Caja Nacional de Previsión Social de Establecimiento Público en
Empresa Industrial y Comercial del Estado y se dictan otras disposiciones».
21 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010».
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determinó:
«Artículo 155. De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del
régimen de prima media con prestación definida. Con el fin de garantizar la actividad
de aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones de
sostenibilidad, eficiencia y economía, se mantendrá una participación pública en su
prestación. Para el efecto, se autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre
sí o con particulares para la constitución de sociedades que administran estos riesgos o
participen en el capital de las existentes o para que las entidades públicas enajenen
alguno o algunos de los negocios a otras entidades públicas o que los particulares
inviertan o participen en el capital de las entidades públicas.
Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada
al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del
régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los
beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de
acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.
Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de
sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al
cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE,
Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de
pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las
pensiones.
[…]
Artículo 156. Gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales
de la protección social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios
funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el
reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su
liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este
numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y
asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;
ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social.
Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que
administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la Protección
Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores
administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente
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para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas
por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones
públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía
con las demás entidades administradoras de estos recursos.
[…]
La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en
el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la cual
deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora de
Régimen de Prima Media a que se refiere el artículo anterior, y a las que la Unidad
Administrativa Especial le corresponda. […]». [Se resalta].
22. De otra parte, el Decreto 169 de 200822 determinó, entre otras, las siguientes
funciones a cargo de la Ugpp:
«Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan
Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:
A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas
1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de
las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades
como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan
cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con
anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera,
le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las
mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de
las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación,
se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté
desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que
las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de
este numeral.
Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior, continuarán
con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas hasta que
se asuma esta función por su traslado a la UGPP. La UGPP asumirá esta función en los
términos del Decreto 254 de 2000. […]». [Se resalta].
23. En desarrollo de las obligaciones previstas por los artículos 155 y 156 de la
22 «Por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de
liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social».
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mencionada Ley 1151 de 2007, el gobierno nacional suprimió y ordenó la liquidación
de Cajanal a través del Decreto 2196 de 200923, para lo cual dispuso, respecto de
la administración de los asuntos pensionales, lo siguiente:
«Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. Como efecto de la liquidación
aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no
podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto,
conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y
contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.
En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos
de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la
fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente
Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente, Cajanal, EICE,
en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la
Ley 1151 de 2007.
Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará
los contratos de administración u operación que sean necesarios. […] ». [Se resalta].
24. En efecto, en el artículo 4 de la referida norma se dispuso el traslado de los
afiliados de Cajanal al Instituto de Seguro Social dentro del mes siguiente a su
entrada en vigencia, esto fue el 12 de julio de 2009.
25. Más tarde, a través del Decreto 4269 de 201124 se repartieron las competencias
entre Cajanal y la Ugpp para los reconocimientos pensionales efectuados a partir
del 8 de noviembre de 2011, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales de
carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será
ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, en los siguientes términos:
1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas.
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de
reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a
23 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
24 «Por el cual se distribuyen unas competencias».
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partir del 8 de noviembre de 2011.
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán
las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.
2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP será la entidad responsable de la administración de la
nómina a partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que
se generen al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional -FOPEP- Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina
originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en
Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP de la
información completa y necesaria para que se pueda efectuar dicha inclusión.
3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios
A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, asumirá
integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así
como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios
requeridos se deriven de solicitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en
Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el numeral
1 del presente artículo.
Parágrafo. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP se presente una
solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de una
prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal
EICE en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente, artículo,
la UGPP será la entidad competente para resolver ambas solicitudes». [Se resalta].
26. Aunado a lo anterior, mediante los decretos 201125 y 201326 de 2012, se
reglamentó la entrada en operación de Colpensiones, se suprimió el ISS y se ordenó
su liquidación, respectivamente. En consecuencia, la administración del régimen
pensional de prima media con prestación definida le fue atribuida a Colpensiones.
27. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
reiteradas oportunidades27, ha sostenido que, para reconocer y pagar las
25 «Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones».
26 «Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan
otras disposiciones».
27 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 24 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-06-000-2019-00198-00. M.P. Óscar
Darío Amaya Navas; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
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pensiones, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993,
la distribución de competencias asignadas a la Ugpp y a Colpensiones deberá ser
entendida de la siguiente manera:
«a. Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que
antes del 1º de julio de 2009 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron
los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.
b. Compete también a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas
que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas autorizadas
por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el régimen de
prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima media con
prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja, fondo o
entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.
c. En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora
general de dicho régimen en la actualidad».
28. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 12 de
junio de 2020 concluyó28:
«42. Con base en lo anterior, se puede establecer que de conformidad con las reglas
establecidas por los artículos 6º del Decreto 813 de 1994, 1º del Decreto 2527 de 2000
y 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, la UGPP es competente para decidir sobre una
solicitud pensional, en los siguientes eventos:
i) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes del 1º de julio de
2009, fecha en que se efectuó el traslado de que trata el artículo 4º del decreto 2196 de
2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al momento de adquirir el
estatus).
ii) Cuando el afiliado cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL sin tener la
edad, antes del 1º de julio de 2009 y si se retiró de esta a la espera de la edad y sin
haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.
iii) Cuando el afiliado cotizante cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al 1º de
abril de 1994, pero no tenía para esa fecha el requisito de edad y este último lo reunió
antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS, en cualquier
momento.
iv) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de pensionado, antes
competencias del 17 de febrero de 2021, radicación: 11001-03-06-000-2020-00244-00. M.P. Edgar
González López.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de junio de 2020, radicación: 88001-23-
33-000-2017-00040-01 (2116-18). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya trasladado con posterioridad al ISS.
43.Con base en la misma normativa, se puede determinar que COLPENSIONES es
competente para resolver la solicitud de reconocimiento pensional, cuando:
i) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL, pero cumplió el
requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio de 2009 cotizando al ISS.
ii) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía la edad estando
afiliado a dicha entidad, y se trasladó al ISS antes del 30 de junio de 2009, es decir,
previo del traslado masivo al ISS producto de la liquidación de CAJANAL.
iii) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, pero a la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones (1º de abril de 1994) no tenía la edad, y
cumplió la edad y adquirió el estatus jurídico de pensionado después del 30 de junio de
2009.
iv) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin cumplir el requisito
de edad antes del 1º de abril de 1994, y se retiró de esta antes del 1º de julio de 2009,
por traslado voluntario al ISS, cumpliendo la edad estando afiliado a este instituto, es
decir, luego del 30 de junio de 2009.
v) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente al ISS
y cumplió el estatus jurídico de pensionado cotizando con dicha entidad».
29. Así las cosas, para una mejor comprensión, la distribución de las competencias
asignadas a la Ugpp y Colpensiones para decidir sobre una solicitud pensional
quedarán así:
Competencia de la UGPP Competencia de Colpensiones
• Adquirió el estatus jurídico antes del 1° de julio de 2009. - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió los 20
• Al reunir 20 años de servicio cotizados a Cajanal, antes años de servicio cotizados a esa entidad, pero
del 1° de junio de 2009 se retiró del servicio a la espera de consumo el requisito de edad con posterioridad al 30
cumplir el requisito de edad. de junio de 2009, cotizando al ISS.
• Al 1° de abril de 1994, mientras estaba afiliado a Cajanal - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió con el
cumplió los 20 años de servicio, pero no cumplía con el tiempo de servicio, pero no tenía la edad y se
requisito de la edad y este último se consumó antes del 1° trasladó voluntariamente al ISS antes del 30 de junio
de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS en de 2009.
cualquier momento. - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió los 20
• Antes del 1° de abril de 1994, mientras se encontraba años de servicio cotizados a esa entidad, pero a la
afiliado a Cajanal adquirió el estatus pensional, así se haya entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía
trasladado con posterioridad al ISS. la edad y adquirió el estatus pensional después del
30 de junio de 2009.
• Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió los 20
años de servicio cotizados a esa entidad, pero a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía
la edad, se trasladó voluntariamente al ISS antes del
30 de junio de 2009 y cumplió la edad luego de esta
fecha.
• En cualquier momento se traslado voluntariamente
al ISS y cumplió el estatus jurídico de pensionado
cotizando a dicha entidad.
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2.2.3. De la sustitución pensional y la pensión de sobreviviente
30. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de «sobreviviente» o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de aquellos29.
31. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que
fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación30.
32. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobreviviente los miembros del grupo familiar del
beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de sobreviviente. Son beneficiarios de la
pensión de sobreviviente:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
30 Sentencia T-564 de 2015.
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<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo31. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
33. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen 3 grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho; y
iii) hermanos con derecho.
31 Aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En caso
de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión
de ““sobreviviente»» será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de
la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido» [se
resalta]
En esa oportunidad, la Corporación consideró que no existe razón alguna para privilegiar, en casos
de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo matrimonial, sobre aquella
que se formó con base en un vínculo natural.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022)
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34. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos32:
Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero
Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor de
pensionado años- causante.
30 años de edad.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia y demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente33 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de
Afiliado o
con separación de Cuota parte la separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante
permanente los 5 años anteriores a la muerte
35. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200334 precisó:
32 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
33 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de ““sobreviviente»»s el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En caso
de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión
de ““sobreviviente»» será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de
la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido […]»
(Subraya la Sala).
34 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime
Córdoba Triviño.
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«La pensión de sobreviviente constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por
el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado.
La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobreviviente que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobreviviente, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobreviviente.
Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobreviviente es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobreviviente, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».
36. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en
el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de
hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe
convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.
37. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente35:
«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge ““sobreviviente»». Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)
38. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobreviviente a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,
pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:
«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
35 sentencia C-336 de 2014
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una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.
73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobreviviente, esto es,
proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver supra,
numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica tiene
como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en los
supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o compañero
permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años anteriores a
la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio margen de
configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57), establezca la
vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para reconocer este
derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho, mantuvo el vínculo
patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la pensión de
sobreviviente. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al legislador para
distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la convivencia
hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge supérstite
acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de manera
voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.
74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobreviviente, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.» (sic)
39. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
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para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, no son causales legales de
terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue
el derecho a la sustitución pensional.
2.2.4. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985 y los efectos de la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
40. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.
41. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».
42. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
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(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].
43. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.
44. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación acudió a las disposiciones contenidas en la Ley 6 a
de 194536, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a
las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable» 37; este último
exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»38.
45. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 39, esta corporación40
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es del orden territorial se acudiría a la Ley 6 a de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194541 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a
los servidores públicos del nivel territorial […].
[…]
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado
25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
38 Artículo 27.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado
47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
40 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
41 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
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El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),
que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [Se resalta].
46. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200942 y del 16 de diciembre de 200943, en las que se indicó lo
siguiente:
«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» [Se resalta].
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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47. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral», y que «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»44.
48. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201845 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
49. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma».
50. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
45 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
51. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
52. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
53. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
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el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
54. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
55. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio46 en la resolución de «todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la
decisión.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
56. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
56.1. Ángel de Jesús Montero Larrazábal nació el 23 de febrero de 195347 y laboró
en el IGAC, Dirección Territorial del Cesar, desde el 2 de mayo de 1984 hasta el 17
de noviembre de 201448; el último cargo desempeñado fue el de auxiliar
administrativo, código 4044, grado 2249.
46 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
47 Folio 31.
48 Certificado de la Coordinación de Gestión de Talento Humano del 2 de febrero de 2016 en el folio
43.
49 Certificado proferido por el IGAC el 2 de febrero de 2016 en el folio 45.
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56.2. Falleció el 18 de noviembre de 201450.
56.3. El 29 de julio de 201651, Luz Dary Téllez Ortiz presentó ante Colpensiones
solicitud de reconocimiento de la pensión de «sobreviviente», en calidad de cónyuge
supérstite del causante.
56.4. El 21 de noviembre de 2016, Colpensiones profirió la Resolución GNR 347108 52
en la que reconoció una pensión de «sobreviviente» a favor de Luz Dary Téllez Ortiz
en calidad de cónyuge supérstite del causante, decisión soportada en los siguientes
documentos:
56.4.1. Formato de solicitud de prestaciones económicas.
56.4.2. Registro civil de defunción del causante.
56.4.3. Registro civil de nacimiento de la demandante.
56.4.4. Documento de identidad de la beneficiaria.
56.4.5. Formato de información de la EPS.
56.4.6. Declaraciones extra-juicio.
56.4.7. Registro civil de matrimonio entre el causante y la beneficiaria.
56.4.8. Formato de cuenta de pago.
56.4.9. Declaración de no pensión.
56.5. Para el reconocimiento del derecho se tuvo en cuenta lo siguiente: un total de
289 semanas cotizadas, que la demandante acreditó en sede administrativa el
cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 53
y se liquidó de acuerdo con lo señalado en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 es
decir en cuantía del 45% de la base de liquidación más 2% por cada 50 semanas
cotizadas adicionales a las primeras 50054. En cuanto a la conformación del IBL se
acudió al artículo 21 ibidem, es decir, el promedio de lo devengado durante los 10
años anteriores al reconocimiento, lo que arrojó una mesada final de $705.537 a
partir del 18 de noviembre de 2014.
56.6. El 15 de diciembre de 2016, la demandante presentó recurso de reposición y
en subsidio apelación contra el acto administrativo de reconocimiento. El
50 Según se extrae de los actos administrativos demandados. Este dato fue aceptado por las partes
y no se propuso discusión alrededor de este hecho.
51 Fecha extraída del auto APDIR20 del 10 de marzo de 2017.
52 Folios 17 al 20.
53 Por medio del cual se modificó el artículo 46 de la Ley 11 de 1993.
54 La tasa de reemplazo se fijó en 45% debido a que, según Colpensiones, el afiliado solo contaba
con 289 semanas cotizadas, es decir que no superaba las 500 que indica ese artículo para el
incremento gradual.
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disentimiento se sustentó en que el causante contaba con más de 30 años de
servicios cotizados, por lo que la mesada debió ser más alta55.
56.7. Colpensiones resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución GNR
22935 del 19 de enero de 2017, en la que confirmó las condiciones del
reconocimiento inicial56.
56.8. Por medio de auto APDIR del 10 de marzo de 201757 Colpensiones le solicitó a
Luz Dary Téllez Ortiz la autorización para revocar las resoluciones GNR 347108 del
21 de noviembre de 2016 y GNR 229 del 19 de enero de 2017 en atención a que,
según afirmó, la mesada pensional debía ser reconocida por la Ugpp en atención a
que, para el 30 de junio de 2009, fecha del traslado masivo al ISS, el causante ya
había cumplido los requisitos para el reconocimiento de la mesada.
2.4. Análisis sustancial
57. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda pues, a pesar de concluir que la Ugpp era la entidad
encargada de reconocer y pagar la pensión de Luz Dary Téllez Ortiz, afirmó que no
había lugar a emitir condena alguna en su contra por haber sido vinculada
oficiosamente al proceso.
58. La parte demandante apeló la anterior decisión y afirmó que la Ugpp sí fue
convocada al presente proceso en calidad de demandada y no como vinculada,
pues así se indicó en las pretensiones de la demanda, en la identificación de las
partes y en el auto admisorio.
59. Pues bien, para efectos prácticos los problemas jurídicos serán abordados de
manera separada y del siguiente modo:
2.4.1. Sobre la calidad de demandada de la Ugpp en el presente litigio
60. De acuerdo con el estudio realizado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia de primera instancia, la Ugpp acudió al presente
proceso con ocasión de una vinculación oficiosa de su parte, circunstancia que, a
su juicio, le impedía emitir órdenes de restablecimiento del derecho en su contra.
55 Folios 47 y 48.
56 Folios 22 al 26.
57 Folios 28 al 30 reverso.
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61. Sobre dicha conclusión, la Sala debe decir que no comparte tal análisis toda vez
que no se acompasa ni con la verdadera situación procesal de la entidad ni con el
propósito de la conformación oficiosa del litis consorcio necesario.
62. De conformidad con el escrito inicial de la demanda, si bien no se pretendió la
declaratoria de nulidad de ningún acto administrativo proferido por la Ugpp, dicha
autoridad administrativa sí fue anunciada como demandada, tal como puede
corroborarse con el contenido del folio 2 del expediente, en el que se observa como
referencia «Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral de Luz
Dary Téllez Ortiz vs […] y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social».
63. Además de lo anterior, el escrito introductorio de la demanda contiene un acápite
denominado «iv) los sujetos en el proceso y sus representantes» en el que se identificó
a la Ugpp como demandada y se señaló quién fungía como representante legal de
la entidad para el 26 de abril de 201758.
64. Así, tal como manifestó la apelante, la primera pretensión de restablecimiento del
derecho del presente asunto se refiere a la definición de qué entidad es la llamada
a reconocer o reliquidar y pagar el derecho pensional reclamado. Del mismo modo,
en el auto admisorio del 25 de julio de 2017 se anunció como entidades
demandadas a Colpensiones y a la Ugpp y se ordenó la notificación personal de sus
directores como «sujetos procesales», orden que fue cumplida según se observa en
la constancia de notificación visible en el folio 64.
65. En atención a la notificación como demandada, la Ugpp allegó contestación a la
demanda y propuso excepciones59 que fueron objeto de traslado a las demás partes
del proceso, que a su vez fue descorrido por la demandante. En esa misma línea,
la Ugpp presentó alegatos de conclusión60 y, en general, participó activamente en
el proceso y ejerció su derecho de defensa y contradicción a plenitud.
66. En tal sentido, no es cierto que la Ugpp haya concurrido a este litigio en virtud de
una vinculación oficiosa realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pues siempre tuvo la calidad de parte demandada de acuerdo con lo manifestado
por la parte actora desde la radicación del medio de control y actuó como tal a lo
largo del trámite en primera instancia pues, se insiste, ejerció sus derechos dentro
del proceso judicial.
58 Fecha de radicación de la demanda.
59 Folios 82 al 88.
60 Folios 158 al 169.
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
67. Ahora, la Sala considera de gran relevancia señalar que, en todo caso, no existe
limitación legal o jurisprudencial que impida emitir condenas u órdenes de
restablecimiento del derecho en contra de una persona, natural o jurídica, que acuda
a un proceso judicial con ocasión de una vinculación oficiosa realizada por el juez
conductor del proceso, pues ello desconocería el propósito de dicha figura.
68. Al respecto, los artículos 60 y 61 del CGP, prevén la posibilidad de que pueda
concurrir al proceso toda aquella persona que guarde una relación legal con alguna
de las partes en relación con el asunto discutido. En esa misma línea, el numeral 5
del artículo 42 ibidem61 establece como uno de los deberes del juez la adopción de
medidas de saneamiento del proceso, entre las que se encuentra la debida
conformación del litis consorcio.
69. Las anteriores previsiones normativas pueden interpretarse de manera conjunta
con el contenido del artículo 133 del CGP62, en cuyo numeral 8 se consigna la
incorrecta conformación del contradictorio como causal de nulidad del proceso, la
cual también puede ser propuesta por la parte demandada como excepción previa,
a la luz del artículo 10063 de la norma citada.
70. Así, la Sala no comparte la afirmación del a quo según la cual la vinculación
oficiosa de una entidad a un proceso judicial comportaba un limitante para la
adopción de las decisiones que correspondieran, sino que por el contrario, es claro
que el propósito de dicha figura es garantizar la emisión de una sentencia de fondo
y efectiva que ponga fin a la discusión legal, objetivos que se acompasan con los
principios de economía, celeridad y eficiencia de la administración de justicia.
61 Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez:
[…]
5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o
precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita
decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el
principio de congruencia.
62 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
[…]
63 ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá
proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
[…]
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
[…]
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
71. En tal sentido, aún si fuera cierto que la Ugpp tuviera la condición de vinculada,
ello no tendría por qué condicionar el sentido de la decisión, pues no debe limitar la
expedición de una sentencia condenatoria si ello se encuentra debidamente
acreditado en el proceso.
72. Por tal razón, la vinculación oficiosa de una entidad no supone que no puedan
emitirse condenas o decisiones que afecten a dicha parte64, pues es precisamente
ese el propósito de tales medidas: la correcta conformación del contradictorio en
aras de evitar que se profieran sentencias inhibitorias o que, luego de un largo
recorrido judicial, se les impida a los interesados el pleno ejercicio de sus derechos.
73. Por las anteriores razones se concluye que la Ugpp fue demandada
expresamente desde la presentación del medio de control, razón por la cual no
puede considerarse una vinculada oficiosa; y aun en el evento hipotético de que así
lo fuera, ello no la eximiría de las consecuencias jurídicas derivadas de la decisión
judicial, pues la figura de la vinculación tiene por objeto garantizar la plenitud del
contradictorio y la eficacia del fallo, no limitar sus efectos. En consecuencia, la Sala
revocará la sentencia de primera instancia del 16 de septiembre de 2021 y
procederá al estudio de fondo de los problemas jurídicos restantes.
2.4.2. Sobre la competencia para el reconocimiento del derecho pensional y la
titularidad del derecho
74. Al prosperar el argumento de apelación planteado por la demandante hay lugar
a definir qué entidad es la llamada a asumir el pago de la pensión que le asiste a
Luz Dary Téllez Ortiz.
75. De acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el Decreto 2196 de
2009 y desarrolladas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado65, la definición de la competencia para el reconocimiento de pensiones entre
Colpensiones y la Ugpp exige la valoración de información como la fecha en que se
causó el derecho, entendido como el momento en que concurrieron el cumplimiento
de los requisitos de edad y tiempo de servicio exigibles al trabajador.
76. Para establecer lo anterior, debe tomarse en consideración que Ángel de Jesús
Montero Larrazábal era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
64 Esta posición ha sido desarrollada previamente por la Sección Primera de esta corporación en,
por ejemplo, la sentencia del 22 de octubre de 2021, dentro del proceso con radicado 15001-23-31-
000-2011-00472-01 (66106).
65 Concepto del 18 de julio de 2016 en consulta con radicado 2016-00206-00.
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toda vez que para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del sistema
general de seguridad social66, contaba con más de 40 años de edad en atención a
la fecha de su nacimiento que ocurrió el 23 de febrero de 1953, de modo que cumplió
con el requisito de la edad dispuesto en el artículo 36 de la citada norma.
77. De ese modo, tenía derecho a que le fueran aplicadas las exigencias de edad y
tiempo de servicio previstas en la Ley 33 de 1985 que correspondían a 55 y 20 años
respectivamente. En consecuencia, a partir de la fecha de ingreso al servicio público
certificada por el IGAC67, el causante satisfizo el requisito de los 20 años de servicio
el 2 de mayo de 2004 y cumplió 55 años de edad el 22 de febrero de 2008, por lo
que es esta última fecha en la que se entiende causado su derecho a la pensión,
aunque no le haya sido reconocido en vida.
78. Además, Ángel de Jesús Montero Larrazábal realizó aportes a Cajanal entre el 2
de mayo de 1984 y el 30 de junio de 2009, mientras que a partir del 1 de julio de
ese año efectuó cotizaciones al ISS hasta el 30 de septiembre de 2012, momento
en el cual asumió Colpensiones la administración de los aportes del ISS.
79. En tales condiciones, el causante cumplió la totalidad de requisitos para adquirir
el derecho a una pensión antes del traslado de las obligaciones pensionales de
Cajanal al ISS, esto es el 1 de julio de 2009. En consecuencia, de conformidad con
las reglas de competencia explicadas en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, la Sala estima que, tal como lo consideró Colpensiones en el auto
APDIR20 del 10 de marzo de 2017 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la sentencia de primera instancia, era la Ugpp la llamada a reconocer y pagar el
derecho pensional causado.
80. En este punto la Sala debe realizar una serie de precisiones en relación con la
titularidad del derecho de Luz Dary Téllez Ortiz, en atención a que la Ugpp, entidad
a quien se le asignó la competencia para su reconocimiento y pago, alegó que la
apelante no aportó en sede administrativa ni judicial pruebas tendientes a acreditar
su condición de cónyuge supérstite de Ángel de Jesús Montero Larrazábal.
81. Pues bien, de acuerdo con el contenido de la Resolución GNR 347108 del 21 de
noviembre de 2016 proferida por Colpensiones, al solicitar el reconocimiento de la
pensión, la hoy demandante aportó una serie de documentos con los que probó
tener el derecho pretendido.
66 Puesto que el causante laboraba en la Dirección Territorial del Cesar del IGAC.
67 2 de mayo de 1984.
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82. Así, en esa instancia administrativa suministró, entre otros, copia del registro civil
de matrimonio y declaraciones extrajuicio para acreditar la existencia de la relación
conyugal con el causante, documentos que fueron valorados por Colpensiones y
que llevaron a esa entidad al convencimiento sobre el derecho que le asistía a recibir
la pensión de ““sobreviviente»».
83. Por tal razón, Luz Dary Téllez acudió al presente proceso con el convencimiento
de tener reconocida su condición de cónyuge supérstite, razón por la que no
propuso ningún tipo de discusión sobre ese particular en esta instancia judicial,
hecho que a juicio de esta Subsección no estaba en la obligación de probar
nuevamente en atención a que ya había sido reconocido en sede administrativa y
no ofrecía motivo alguno de reproche.
84. A pesar de que dicha decisión fue adoptada por Colpensiones, una autoridad
pensional distinta, y no por la Ugpp, para esta Sala tal determinación goza de plena
validez en atención a los principios de buena fe y confianza legítima que se
presumen de las actuaciones de todas las entidades públicas y, en especial, por
razón de las presunciones de legalidad, validez y veracidad de que goza el acto
administrativo de reconocimiento pensional sobre ese aspecto. Por tal razón,
aunque la condición de cónyuge supérstite no haya sido soportada
documentalmente en sede administrativa ante la Ugpp, sí lo fue ante Colpensiones
entidad de derecho público que adoptó una decisión bajo la presunción de ser la
llamada a reconocer la mesada pensional discutida.
85. En otras palabras, la beneficiaria ya demostró ante Colpensiones su condición
de cónyuge supérstite, requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión
de ““sobreviviente»». La citada autoridad verificó los documentos aportados y con
el convencimiento de ser la encargada del reconocimiento expidió un acto
administrativo en el que concedió el derecho, en consecuencia, exigirle a la
demandante que inicie un nuevo trámite administrativo ante la Ugpp, como se
dispuso en la sentencia apelada, para demostrar algo que ya definió otra entidad
desconocería los principios de buena fe, confianza legítima y coordinación
interadministrativa.
86. El aludido principio de coordinación dispuesto en el artículo 6 de la Ley 489 de
1998 impone a las entidades el deber de ejercer sus funciones de manera armónica,
complementaria y orientada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado,
entre los que se encuentra la efectividad de los principios, derechos y deberes
constitucionales, tales como el orden justo y la seguridad social.
87. En ese sentido, las entidades tienen el deber de actuar de manera coordinada
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
de modo que se garantice el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Así,
Luz Dary Téllez Ortiz acudió a Colpensiones, como entidad del orden público,
suministró la documentación que la acredita como la titular del derecho que reclama
y la citada autoridad emitió una serie de actos administrativos en los que la
reconoció como beneficiaria de la pensión y definió las condiciones de su
liquidación.
88. Así, la Sala destaca que de acuerdo con la Constitución Política «los diferentes
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines68» y la función administrativa debe desarrollarse con base en
los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros. En esa misma línea, la
Carta superior prevé que las «autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado69» entre los que se
encuentran la garantía y protección de los principios y derechos constitucionales.
89. Los citados propósitos fueron desarrollados legalmente a través de la Ley 489 de
1998, en cuyo artículo 6 se impone a las autoridades administrativas el deber de
actuar de manera armónica y complementaria. En tal sentido, ante los
requerimientos elevados por los ciudadanos, la administración pública debe ser
entendida como una única autoridad que, en ejercicio de sus funciones y autonomía,
definirá la competencia de cada entidad, sin que dicha circunstancia pueda ser
entendida como una limitación para el peticionario, sino que por el contrario debe
comportar una facilitación para el ejercicio de sus derechos.
90. El anterior propósito fue ampliamente desarrollado a través de la Ley 1755 de
2015, en cuyo artículo 21 se indicó que cuando una autoridad advierta que no tiene
la competencia para decidir de fondo una solicitud, deberá remitirla directamente al
funcionario que sí lo sea, sin imponer cargas adicionales en el peticionario, deber
que no se cumplió en el presente asunto, pues Colpensiones omitió el cuidadoso
análisis de la situación pensional de la demandante, ante cuya diligencia debió
advertir su incompetencia y proceder en los términos señalados.
91. En tal sentido, la solicitud de reconocimiento de la pensión de la demandante en
sede administrativa no atendió las prerrogativas de celeridad, eficiencia y economía,
razón por la que no se advierte proporcionado, además, imponerle la carga de iniciar
nuevos trámites administrativos y judiciales, como se dispuso en la sentencia de
primera instancia, para obtener el correcto reconocimiento de su mesada, menos
aun siendo ella la parte más débil del litigio y gozar de la condición de persona de
68 Artículo 113.
69 Artículo 209.
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especial protección constitucional debido a los 70 años de edad que ostenta.
92. En otras palabras, no puede endilgarse la responsabilidad de la falta de
competencia de Colpensiones y de agotamiento de la vía administrativa ante la
Ugpp a la demandante cuando aquella entidad no logró advertir dicha circunstancia,
la cual pudo haber sido subsanada con el procedimiento previsto en el artículo 21
de la Ley 1755 de 201570. Así las cosas, la actora agotó la solicitud frente a quien
consideró que ostentaba la idoneidad para resolver de fondo su requerimiento y
ante una decisión adversa a sus intereses acudió diligentemente a la administración
de justicia para que se absolviera el conflicto.
93. De ese modo, si bien la beneficiaria no acudió de manera directa ante la Ugpp
para obtener el reconocimiento de la pensión discutida, sí agotó el procedimiento
administrativo ante Colpensiones, entidad a la que el causante se encontraba
afiliado al momento del fallecimiento, de modo que interpuso la solicitud de
reconocimiento ante la autoridad que razonablemente consideraba competente
para ello, entidad que aun teniendo mejores medios legales para estudiar el caso
de la accionante, accedió al reconocimiento pedido sin que hubiera lugar a ello de
su parte. Por tales razones, no tiene vocación de prosperidad el argumento sobre la
falta de agotamiento del requerimiento en sede administrativa.
94. Ahora bien, en relación con la aptitud legal de Luz Dary Téllez Ortiz como
cónyuge supérstite del causante, debe decirse que a pesar de que ello fue
cuestionado por la Ugpp en la contestación de la demanda, dicha circunstancia no
hizo parte de la fijación del litigio, tal como puede corroborarse en el auto del 23 de
julio de 202071, en el que el a quo consideró que el objeto del litigio era el
«reconocimiento o reliquidación72 de la pensión de sobreviviente dada la condición de
cónyuge supérstite de la demandante, Es decir, se advierte claramente que la discusión
que se suscita es de pleno derecho y que no resulta necesaria la práctica de pruebas»
[se resalta], razón por la que dispuso dictar sentencia anticipada.
95. Así las cosas, el juez de primera instancia estableció como puntos de análisis la
competencia para el reconocimiento de la mesada y la procedencia de la
reliquidación, pero no la condición de cónyuge supérstite de la demandante,
70 ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
71 Folios 148 y 149
72 Dependiendo de si la competencia recaía en la Ugpp o en Colpensiones, respectivamente.
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decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes y en consecuencia se tuvo
como un hecho cierto.
96. Por consiguiente, resulta evidente que la Ugpp ejerció de manera activa su
derecho de defensa en calidad de demandada, pero no cuestionó la fijación del
litigio ni propuso como problema jurídico que se definiera la condición de cónyuge
supérstite de la demandante, razón por la que no hay lugar a volver sobre dicho
asunto en esta instancia judicial.
97. Así, el motivo por el que la demandante acudió a la sede judicial no fue el
reconocimiento de su derecho pensional, sino la determinación de la competencia
y el incremento de la mesada, por lo que resulta contrario a los propósitos de la
justicia no solo que no se defina la situación que planteó, sino que además se le
imponga una carga adicional como es la de iniciar un nuevo proceso administrativo,
y eventualmente judicial, contra la Ugpp en el que incluso podría enfrentarse a los
efectos de la figura de la cosa juzgada con ocasión de lo decidido en esta
oportunidad.
98. Ante el citado panorama, y en aplicación de los principios de celeridad, economía
procesal, primacía del derecho sustancial, protección reforzada a los sujetos de
especial protección constitucional y eficiencia, se impondrá a la Ugpp la obligación
de reconocer la mesada y de coordinar la inclusión en nómina de la beneficiaria con
Colpensiones para garantizar la continuidad del pago prestacional.
2.4.3. Sobre el modo de liquidación de la pensión
99. Establecido lo anterior, hay lugar a definir la forma correcta en que debió
liquidarse la pensión de Luz Dary Téllez Ortiz, quien argumentó que para tal efecto
tenía que tomarse una base de liquidación conformada por el promedio de todo lo
devengado durante el último año de servicio con inclusión de lo percibido por
concepto de viáticos, en atención al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y
el régimen pensional de la Ley 33 de 1985.
100. Sin embargo, antes de abordar dicho asunto, la Sala debe realizar una serie de
aclaraciones preliminares en torno a la denominación del derecho pensional que en
realidad le asiste a la demandante, pues de ello depende la definición del régimen
y la cuantía.
101. Pues bien, a pesar de que en el transcurso del presente proceso se ha hecho
referencia al derecho de la demandante como una pensión de sobreviviente, esta
Subsección estima que dicha determinación es imprecisa. A pesar de que la Ley
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100 de 1993 utiliza las expresiones «sustitución pensional» y «pensión de
sobreviviente» de manera indistinta como la cobertura del riesgo de muerte y el
derecho concedido a los beneficiarios de un pensionado o afiliado al sistema de
seguridad social en pensiones, la jurisprudencia de lo contencioso-administrativo73
y constitucional74 han acogido una diferenciación relevante.
102. En tal sentido, la pensión se sobreviviente es predicable de aquellas
circunstancias en las que el afiliado al sistema general de seguridad social en
pensiones fallece sin haber cumplido los requisitos para adquirir el derecho a la
pensión de vejez, esto es, edad y tiempo de servicio, mientras que la sustitución se
refiere a aquellos derechos causados, reconocidos o no.
103. La anterior diferencia resulta importante porque el modo de liquidación de tales
derechos es sustancialmente distinto. Así, mientras que el primero se calcula de
manera progresiva de acuerdo con el número de semanas cotizadas por el afiliado
que al momento del fallecimiento no había cumplido los requisitos para el
reconocimiento de la mesada, el segundo obedece a la sustitución del 100% del
derecho que le habría correspondido al trabajador que sí cumplió dichas exigencias
antes del deceso.
104. Explicado lo anterior, el derecho que le asiste a la demandante es el de recibir
la sustitución de la pensión de vejez en los mismos términos y condiciones en los
que le habría correspondido al causante, en atención a que para el momento del
fallecimiento tal derecho ya se había causado, puesto que el presente caso no se
relaciona con el fallecimiento de un afiliado que no había cumplido los requisitos
legales para el reconocimiento de la mesada, sino de un trabajador que aunque ya
tenía satisfechas dichas exigencias, decidió continuar vinculado al servicio público.
105. Establecido el derecho que le asiste a la demandante, debe recordarse que para
la liquidación de los emolumentos de origen pensional deben tenerse en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas al sistema de seguridad social, tal como lo ordena
el artículo 13 de la Ley 100 de 199375, de modo que la sustitución aquí analizada
debe guardar correspondencia con las más de 1.500 semanas de aportes realizados
en favor del causante y no solo las 289 a las que se hizo referencia en los actos
demandados por parte de Colpensiones.
73 Ver por ejemplo sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 20 de febrero de
2020, radicado 05001-23-33-000-2017-02535-01 (1452-19); 21 de octubre de 2021, radicado 08001-
23-33-000-2018-00302-01(1800-20); 25 de noviembre de 2021, radicado 52001-23-33-000-2015-
00421-01(0365-18).
74
Ver por ejemplo, sentencia SU-574 de 2019 o T-1067 de 2006.
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106. Ahora bien, como se indicó en el acápite 2.4.2 de la presente decisión, Ángel de
Jesús Montero Larrazábal era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, debido a que para el 1 de enero de 1994 contaba con más de 40 años de
edad, por lo que tenía derecho a que su pensión se liquidara con base en la tasa de
reemplazo y los requisitos de edad y tiempo de servicio de la Ley 33 de 1985, de
acuerdo con la postura asumida por esta corporación en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, previamente explicada, según la cual el periodo y el
IBL debe atender lo señalado en el régimen general de seguridad social.
107. A partir de lo expuesto, la liquidación de la prestación debía efectuarse con el
75 % (Ley 33 de 1985) de los factores salariales que sirvieron de base para calcular
el IBC pensional y que se encontraran previstos en el Decreto 1158 de 1994,
percibidos en los últimos 10 años de servicio o en el tiempo que le hiciere falta para
alcanzar la prestación, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (pues el IBL
no hizo parte de la transición).
108. Entonces, si se tiene en cuenta que adquirió el estatus pensional el 23 de febrero
de 2008, momento en el cual coincidieron los 20 años de servicio y los 55 años de
edad exigidos por la Ley 33 de 1985, al momento de entrada en vigor del sistema
general de seguridad social, le faltaban 13 años, 10 meses y 23 días, por lo que el
periodo a tener en cuenta deben ser los últimos 10 años de servicio.
109. Ahora bien, en cuanto a la conformación del ingreso base de liquidación, la
citada sentencia de unificación estableció que solo deben tenerse en cuenta
aquellos factores sobre los que se realizaron aportes a pensión debe acudirse al
Decreto 1158 de 1994.
110. De acuerdo con lo explicado, si bien hay lugar a ordenar que el reconocimiento
del derecho reclamado se realice a partir de todas las semanas cotizadas por el
afiliado75, no le asiste el derecho a que la liquidación se efectúe con base en todo
lo percibido durante el último año de servicio, pues la norma restringe la
75 Por expresa disposición del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que señala lo siguiente:
ARTICULO 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones
tendrá las siguientes características:
[…]
f) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se
tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente
Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado,
o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o
el tiempo de servicio;
g) Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se
tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellos.
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
conformación del IBL a los factores sobre los cuales se realizaron aportes al sistema
pensional, que además deben ser aquellos enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
y establece como periodo de liquidación los últimos 10 años de servicios o aportes
(periodo establecido de acuerdo con la fecha de adquisición del estatus que ocurrió
el 22 de febrero de 2008).
111. En esa línea, no hay lugar a incluir lo percibido por concepto de viáticos, pues
dicho factor no se encuentra enlistado en el Decreto 1158 de 1994, lo que impide
que sea tenido en cuenta para efectos de calcular el monto de la pensión.
Finalmente, no se configuró la prescripción trienal de mesadas porque el derecho
pretendido por la demandante se causó al día siguiente al fallecimiento del
causante, que en este caso ocurrió el 18 de noviembre de 2014, mientras que la
reclamación administrativa tuvo lugar el 29 de julio de 2016.
112. Por su parte los actos administrativos datan del 21 de noviembre de 2016 y 19
de enero de 2017, al paso que el presente medio de control fue radicado el 26 de
abril de 2017, lo que quiere decir que entre dichos lapsos no transcurrieron más de
los 3 años previstos en el Decreto 3135 de 1968.
113. Los valores que resulten de la liquidación realizada por la Ugpp deberán ser
indexados y ajustados de acuerdo con lo indicado en el artículo 187 del CPACA,
para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:
R= R.H. Índice final
Índice inicial
114. En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
por la cifra que resulta de dividir el índice de precios del consumidor certificado por
el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente
para la fecha en que debió efectuarse el pago.
2.5. Costas
115. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022)
Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
116. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
117. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.76
118. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
119. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
120. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la Ugpp fungió como
demandada desde la radicación de la demanda y no acudió al presente proceso
como vinculada de oficio. Sin embargo, aunque así fuera, ello no tendría por qué
impedir la adopción de las órdenes de restablecimiento del derecho que
correspondan. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia.
121. Además de lo anterior, se encontró que es la Ugpp la entidad que debe asumir
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de Luz Dary Téllez la cual debe
calcularse de acuerdo con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la Ley
33 de 1985 y las reglas de unificación establecidas por el Consejo de Estado en la
sentencia del 28 de agosto de 2018.
122. Como consecuencia de lo anterior se declarará la nulidad de los actos
administrativos demandados, pero Colpensiones no podrá suspender el pago de la
mesada pensional hasta tanto la Ugpp la incluya en nómina de pensionados, de
modo que se garantice la continuidad del pago de la mesada.
76En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022)
Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia apelada del 16 de septiembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones GNR-347108 del 21 de
noviembre de 2016 y GNR 22935 del 19 de enero de 2017 proferidas por
Colpensiones, en las que reconoció la pensión de «sobreviviente» de Luz Dary
Téllez Ortiz y se negó su reliquidación.
Tercero. Declarar que es la Ugpp la competente para reconocer la sustitución
pensional de Luz Dary Téllez Ortiz en calidad de cónyuge supérstite de Ángel de
Jesús Montero Larrazábal, en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales sobre los cuales el afiliado realizó aportes al sistema de seguridad social
en pensiones durante los últimos 10 años de servicios o aportes de acuerdo con el
Decreto 1158 de 1994.
La Ugpp deberá pagar retroactivamente la diferencia entre lo pagado y lo que en
realidad corresponde desde el momento en que se causó el derecho pensional, esto
es el 18 de noviembre de 2014, sin prescripción trienal. También actualizará el valor
de las mesadas de conformidad con la fórmula indicada en la parte considerativa de
esta decisión.
Colpensiones no podrá suspender el pago de la mesada pensional de la
demandante hasta tanto la UGPP no la incluya en la nómina de pensionados, razón
por la que aquella podrá recobrar a esta los dineros que pague desde la ejecutoria
de la sentencia hasta su cumplimiento por parte de la Ugpp.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC
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