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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00295-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00295-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; y, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: No se condena en costas en esta instancia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta decisión. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00295-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (03) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 73001-23-33-000-2019-00295-01 (5848-2022)1
Demandante : Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Parafiscales-UGPP
Demandado : Luis Ernesto Rodríguez y Administradora Colombiana
de Pensiones - COLPENSIONES
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Lesividad-pensión de vejez INPEC.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado judicial de la parte demandada -Colpensiones- contra la sentencia del
Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1 Pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, con el fin de solicitar:

• La nulidad total de la Resolución No. RDP 27482 del 17 de junio de 2013,
mediante la cual se reconoció al señor Luis Ernesto Rodríguez una pensión

1
Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI -Segunda instancia- Actuación No. 3 archivo de nombre
ED_C01_02 DEMANDA(.pdf) NroActua 3

2
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

de vejez, por parte de la UGPP, en contravía de las disposiciones legales
vigentes, por cuanto el beneficiario no cumplía con los requisitos del régimen
de transición pensional previsto en la Ley 100 de 1993, al no acreditar más
de 40 años de edad ni 15 años de servicios a la entrada en vigencia del
sistema.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó:

• Que se ordene al señor Luis Ernesto Rodríguez, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.162.110, reintegrar a la UGPP las sumas percibidas sin
derecho, correspondientes a los valores pagados por concepto del
reconocimiento y pago de la pensión de vejez concedida mediante la
resolución demandada, desde su efectividad y hasta la devolución plena de
los recursos.
• Que se disponga la actualización monetaria de los valores a restituir,
conforme al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, aplicando los ajustes del
valor o poder adquisitivo de la moneda desde el momento en que se causó
el daño hasta la fecha de pago efectivo.
• En caso de no efectuarse el pago oportuno, que se liquiden los intereses
comerciales y moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de
la Ley 1437 de 2011.
• Finalmente, que se imponga condena en costas y agencias en derecho a la
parte demandada, de conformidad con el artículo 188 de la misma
codificación.

1.2 Hechos

Señaló el apoderado de la entidad demandante que el demandado Luis Ernesto
Rodríguez nació el 23 de diciembre de 1954, según consta en su registro civil de
nacimiento.

Indicó que, el señor Rodríguez prestó sus servicios al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, desde el 17 de diciembre de 1980 hasta el 31
de enero de 2014, conforme al certificado de información laboral No. 0469 del 7 de
febrero de 2013 y la Resolución No. 003851 del 22 de noviembre de 2013, mediante
la cual se aceptó su renuncia a partir del 31 de enero de 2014.

3
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

Precisó que, el último cargo desempeñado por el señor Rodríguez fue el de
Dragoneante, Código 4114, Grado 11, en el Complejo Carcelario y Penitenciario de
Picaleña, Ibagué.

Relató, que mediante Auto No. ADP 003765 del 20 de noviembre de 2012, la UGPP
ordenó la práctica de pruebas tendientes a allegar los certificados de factores
salariales desde el 1° de abril de 1994 hasta la fecha en que laboró, para efectos
de la correspondiente liquidación; y que, posteriormente, por medio del Auto No.
ADP 000503 del 14 de enero de 2013, la entidad demandante decretó el
desistimiento y archivó el cuaderno administrativo relacionado con la Solicitud de
Obligación Pensional SOP 201200019642P del señor Rodríguez.

Señaló que, sin embargo, mediante Resolución No. RDP 27482 del 17 de junio de
2013, la UGPP reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del
señor Luis Ernesto Rodríguez, con fundamento en la Ley 32 de 1986, por haber
laborado más de 20 años en cargos de excepción dentro del INPEC. La liquidación
se realizó con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios
(1° de febrero de 2012 al 30 de enero de 2013), fijándose la mesada en $1.355.053
a partir del 1° de febrero de 2013, condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.
En la liquidación se incluyeron asignaciones como Básica, Auxilios de Alimentación
y Transporte, y Primas de Navidad, de Vacaciones y de Servicios.

Finalmente, informó que mediante Resolución No. RDP 027140 del 10 de julio de
2018, la UGPP determinó que el INPEC, en su calidad de empleador, adeudaba al
Sistema General de Pensiones la suma de $10.345.659,00.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

El apoderado de la parte actora fundamentó su demanda en los artículos 1, 2, 6, 48
y 209 de la Constitución Política, como normas superiores transgredidas. Sostuvo
que el acto administrativo acusado vulnera de manera directa los preceptos
constitucionales y legales, por haber sido expedido con indebida aplicación, errónea
interpretación e infracción de las disposiciones normativas que debieron servir de
fundamento para su expedición, lo que se traduce en una falsa motivación e
ilegalidad del reconocimiento pensional.

Explicó que la pensión de vejez reconocida al señor Luis Ernesto Rodríguez fue
concedida sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al régimen de

4
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

transición de la Ley 100 de 1993, contrariando de manera directa el ordenamiento
jurídico vigente para la fecha de los hechos.

Indicó que, para el caso de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional, resulta aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
armonía con el artículo 96 de la Ley 32 de 1996, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985,
la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, en cuanto establecen un régimen
pensional especial. En consecuencia, el reconocimiento efectuado compromete
recursos del Sistema General de Pensiones, al haber sido proferido en contravía de
la normatividad constitucional y legal que regula el acceso a dicho beneficio.

Sostuvo que, a la fecha de entrada en vigencia del sistema general (1° de abril de
1994), el beneficiario no contaba con 15 años de servicio, ya que, solo acreditaba
13 años, 3 meses y 15 días, ni había alcanzado los 40 años de edad exigidos para
acceder al régimen de transición, ya que tenía apenas 39 años. Afirmó que los 20
años de servicio en cargos de excepción fueron cumplidos el 17 de diciembre de
2000, en vigencia del Decreto 407 de 1994, que, si bien no exige edad mínima, sí
condiciona el acceso al régimen especial a haber cumplido previamente con los
requisitos de transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En esa línea, afirmó que al señor Rodríguez le son aplicables las exigencias
previstas en el Decreto 2090 de 2003 para acceder a una pensión especial de vejez,
las cuales comprenden 55 años de edad y 1.300 semanas de cotización, de las
cuales al menos 700 semanas deben corresponder a tiempo cotizado bajo régimen
especial.

Concluyó que, entre el 1° de julio de 2009 y el 31 de enero de 2014, el señor
Rodríguez realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones–,
razón por la cual, de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 3° y 4°
del Decreto 2090 de 2003, la entidad competente para el reconocimiento de la
pensión sería Colpensiones, y no la UGPP.

2. Contestación de la demanda3

2.1 Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones

3
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI -Segunda instancia- Actuación No. 3 archivo de nombre
ED_C02_09 CONTESTACION DE LA DEMANDA(.pdf) NroActua 3

5
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

La entidad demandada, alegó que no fue dicha entidad -Colpensiones- quien expidió
el acto administrativo cuya nulidad se pretende, toda vez que el reconocimiento
pensional del señor Luis Ernesto Rodríguez fue efectuado por la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP, entidad que, por tanto, asumió la obligación de
pago correspondiente. Señaló que la normatividad aplicable para el reconocimiento
de la pensión otorgada es la Ley 32 de 1986, y no el régimen general administrado
por Colpensiones.

Precisó, que el señor Rodríguez nació el 23 de diciembre de 1954, por lo cual, al 1
de abril de 1994, contaba con 39 años de edad, motivo por el cual no podía acceder
al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, sostuvo que debía aplicarse el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que
exige 62 años de edad y 1.300 semanas de cotización. Señaló que, conforme obra
en el expediente administrativo, el afiliado solo registra 190,42 semanas cotizadas
a Colpensiones, razón por la cual no cumple con los requisitos legales exigidos y no
le asiste derecho a la pensión bajo dicho régimen.

Añadió que tampoco se configuran los requisitos para acceder a una pensión
especial de vejez conforme al Decreto 2090 de 2003, en tanto las cotizaciones
efectuadas a Colpensiones resultan insuficientes para consolidar el derecho
pensional, lo cual excluye cualquier obligación para esta entidad frente a la
prestación reclamada.

Propuso como excepción de mérito la inepta demanda, por cuanto, a su juicio, la
UGPP desconoció el procedimiento legal previsto para la revocatoria directa de
actos administrativos de carácter particular y concreto, consagrado en el artículo 97
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA. Afirmó que dentro del proceso no obra constancia de la solicitud escrita de
consentimiento del demandado frente a la revocatoria del acto pensional, como
exige dicha disposición normativa. Se precisa que dicha excepción se declaró no
probada mediante auto de fecha 23 de marzo de 20224.

2.2 Luis Ernesto Rodríguez, no contestó la demanda.

4
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI -Segunda instancia- Actuación No. 3 archivo de nombre ED_C02_19
AUTO QUE RESUELVE - EXCEPCIONES PREVIAS(.pdf) NroActua 3

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Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

3. Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de primera instancia
proferida dentro del proceso radicado bajo el número 73001-23-33-000-2019-
00295-00, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y resolvió:

Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. RDP
27482 del 17 de junio de 2013, por medio de la cual la UGPP había reconocido una
pensión mensual vitalicia de vejez al señor Luis Ernesto Rodríguez, al comprobarse
que este no reunía los requisitos del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993. Indicó el A-quo que para el 1 de abril de 1994 el
demandado contaba con 39 años y 4 meses de edad y únicamente 13 años, 3
meses y 15 días de servicio, por lo que no podía ser beneficiario de dicho régimen.

Concluyó la Sala que, pese a que el señor Rodríguez acreditó más de 20 años de
servicio en el INPEC, ello no era suficiente para aplicar el régimen especial
contenido en la Ley 32 de 1986, toda vez que no cumplía adicionalmente con los
presupuestos exigidos por la normativa de transición.

En cuanto a la pretensión de devolución de los dineros pagados en virtud del acto
anulado, el Tribunal se abstuvo de ordenar el restablecimiento económico solicitado,
al considerar que no se demostró la mala fe del beneficiario, por lo que opera la
presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política, y
resulta improcedente la recuperación de sumas pagadas a particulares en tales
condiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 numeral 1 literal c) del
CPACA.

Respecto del reconocimiento pensional, el Tribunal determinó que, de acuerdo con
los aportes realizados por el señor Rodríguez y con base en el artículo 4 del Decreto
2090 de 2003, Colpensiones es la entidad llamada a asumir el pago de la pensión
de vejez, al haberse acreditado que el demandado cumple con 67 años de edad y
1.652 semanas cotizadas, satisfaciendo los requisitos del régimen general vigente.

5
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 37.

7
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

Finalmente, el despacho se abstuvo de imponer condena en costas, al no haberse
demostrado la causación de gastos judiciales y al tratarse de un proceso
relacionado con derechos pensionales, decisión que se adoptó con fundamento en
el artículo 365 numeral 8 del Código General del Proceso y conforme al criterio
objetivo valorativo del Consejo de Estado.

4. Recursos de apelación

4.1 Apelación de Colpensiones6

Inconforme con la decisión de primera instancia, Colpensiones interpuso recurso de
apelación donde cuestionó la decisión de primera instancia y solicitó la revocatoria
del fallo de primera instancia, y que, en su lugar, se negaran las súplicas de la
demanda, argumentando que Colpensiones no expidió el acto administrativo
demandado ni es la entidad obligada al pago de la pensión reconocida, teniendo en
cuenta que, dicha prestación fue concedida por la UGPP con base en la Ley 32 de
1986, al establecerse que el beneficiario había laborado por más de veinte años en
el INPEC en cargos de excepción.

Sostuvo que al haber sido la UGPP quien realizó el estudio, emitió el acto y
estableció las condiciones del reconocimiento, era esta entidad la que debía
responder por la obligación pensional, y que trasladar dicha carga a Colpensiones
suponía una vulneración del principio de legalidad y una posible falta de legitimación
en la causa por pasiva.

Alegó también que, el demandado había adquirido un derecho pensional
consolidado y amparado por los principios de progresividad y no regresividad en
materia laboral, citando en apoyo la Sentencia C-147 de 1997 sobre derechos
adquiridos, y señalando que el intento de la UGPP por anular su propio acto
desconocía tales principios constitucionales.

Adicionalmente, expuso que de aceptarse que el demandado no cumplía con el
régimen de transición, la aplicación del Decreto 2090 de 2003 tampoco hacía
procedente el traslado de la obligación a Colpensiones, por cuanto no se acreditaron
cotizaciones suficientes en dicha administradora.

6
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 0075.

8
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

Finalmente, invocó el artículo 167 del Código General del Proceso sobre la carga
probatoria, afirmando que la parte actora no cumplió con su deber de demostrar los
hechos en los que fundamentaba sus pretensiones, razón por la cual solicitó que
estas fueran desestimadas.

4.2 Apelación de la UGPP7

La UGPP presentó recurso de apelación (adhesiva a la interpuesta por
Colpensiones); sin embargo, mediante escrito radicado el 24 de mayo de 20238, su
apoderado manifestó el desistimiento de dicho recurso. Esta solicitud fue resuelta
por este despacho mediante auto del 13 de agosto de 2024, conforme se expondrá
más adelante.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Mediante auto del 13 de agosto de 20249, este despacho admitió el recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones conforme a lo previsto en el numeral 3 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

De otra parte, en la misma providencia que admitió el recurso de apelación, aceptó el
desistimiento de la apelación adhesiva que había presentado la UGPP.

5.1 Concepto del Ministerio Público10

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó se confirmará la sentencia de primera instancia, por considerar que
el demandado no cumplía los requisitos del régimen de transición al 1 de abril de
1994 y que, para la fecha en que consolidó el estatus pensional, se encontraba
afiliado a COLPENSIONES. Así mismo, constató que el actor pertenecía al Cuerpo
de Custodia del INPEC y cumplía con los requisitos para la pensión especial de
vejez conforme al Decreto 2090 de 2003. En virtud de lo anterior, insiste que la
competencia para el reconocimiento pensional correspondía a COLPENSIONES y
no a la UGPP, por lo que solicitó confirmar la sentencia apelada.

7
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 0078.
8
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – segunda instancia – índice 0009.
9
Expediente digital – SAMAI – Índice 0016-segunda instancia.
10
Expediente digital – SAMAI – Índice 0021-segunda instancia.

9
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 111 el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 12, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones–, corresponde a la Sala resolver si dicha
entidad a pesar de no haber sido quien profirió la Resolución No. RDP 27482 del 17
de junio de 2013, mediante la cual la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP– reconoció al señor Luis Ernesto
Rodríguez una pensión mensual vitalicia de vejez, es la competente para reconocer
y pagar la citada prestación.

2.3 Marco normativo

2.3.1. Cajanal, su proceso de liquidación y el surgimiento de la UGPP

La Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal- fue creada por la Ley 6 de 1945
como un establecimiento público adscrito al Ministerio del Trabajo en Colombia, con
el propósito de reconocer y pagar prestaciones sociales a empleados y obreros
nacionales permanentes, tales como auxilio de cesantía, pensión vitalicia de
jubilación e invalidez; posteriormente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 490 de
1998 cambió su naturaleza jurídica de establecimiento público a empresa industrial
y comercial del Estado, manteniendo autonomía administrativa y patrimonio
independiente, y vinculada al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Luego, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4409 de 2004 se ordenó la disolución
y liquidación de Cajanal, proceso que culminó con la publicación de la Resolución
No. 4911 del 11 de junio de 201313, mediante el cual se declaró formalmente la
terminación del trámite de liquidación «a partir de las cero horas del día 12 de junio
de 2013». Durante este proceso, sus funciones y responsabilidades fueron

11
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
12
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
13
Publicación efectuada el día 21 de junio de 2013 en el Diario Oficial n.° 48.828

10
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

asumidas por otras entidades como Colpensiones y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP).

Es importante señalar que, la citada UGPP fue creada por el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, como una entidad
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Tras su creación legal en 2007, la UGPP inició un proceso de estructuración
organizacional y selección de personal, regulado por los Decretos 5021 y 5022 de
2009, que establecieron su estructura, funciones y planta de personal. Debido a
trámites administrativos y normativos, la entidad comenzó operaciones
gradualmente a partir de 2010.

2.3.2 Extinción del ISS y nacimiento de Colpensiones

El Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) fue creado por la Ley 90 de 1946,
como un establecimiento público, dotado de autonomía administrativa, personería
jurídica y patrimonio propio, con el objetivo de brindar servicios de seguridad social
en salud a los trabajadores del sector privado en Colombia. En la década de los
sesenta amplió su cobertura respecto a los riesgos amparados, empezando a cubrir
los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el año 1964;
y los de vejez, invalidez y muerte desde el año 1967.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 52 estableció que el Régimen Solidario de Prima
Media con Prestación Definida sería administrado por el Instituto de Seguros
Sociales (ISS); no obstante, posteriormente, la Ley 1151 de 2007 en su artículo 155,
ordenó, entre otras, la liquidación del citado instituto, en lo que a la administración
de pensiones se refiere.

Es así como, mediante el Decreto 2013 de 2012 se estableció la supresión del ISS
y dispuso su liquidación formal, la cual debía concluir en un plazo de un año desde
la entrada en vigencia del decreto; no obstante, dicho plazo fue ampliado varias
veces mediante decretos posteriores, como el Decreto 2115 de 2013 y el Decreto
652 de 2014, extendiendo la liquidación hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en la

11
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

que se extinguió la persona jurídica del ISS y se firmó el acta final del proceso
liquidatorio.

Durante este proceso, Colpensiones nació como resultado de la Ley 1151 de 2007,
específicamente en su artículo 155, que creó la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) como una empresa industrial y comercial del Estado de
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.

Su objeto principal es la administración estatal del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, así como la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios
Económicos Periódicos, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 y otras
prestaciones especiales que determine la Constitución y la ley.

Colpensiones inició oficialmente su funcionamiento como administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 28 de septiembre de 2012,
según lo dispuesto en el citado decreto precisó que las funciones que hasta el 28
de septiembre de 2012 le correspondían al ISS en materia pensional, serían
reasignadas desde ese momento a Colpensiones, incluyendo el reconocimiento de
los derechos pensionales que fueran competencia de la entidad liquidada; así como,
que los derechos de los afiliados y pensionados de la entidad se mantendrían. así
se desprende de lo consagrado en sus artículos 2 y 3 que disponen:

Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los
Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS),
mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así
como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen, sin que ello implique una
selección o traslado de régimen del Sistema General de Pensiones. (…).

Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como
administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas
que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la entrada en
vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo.

2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales (ISS),
como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

3. Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y de los afiliados de la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom.

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Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

4. Administrar los Fondos de Reservas de Prestaciones de Vejez, Invalidez y Muerte que
administraba el Instituto de Seguros Sociales (ISS), de que trata la Ley 100 de 1993.

5. Efectuar el recaudo de los aportes al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en
las cuentas y con los mecanismos que la Administradora Colombiana de Pensiones, Col-
pensiones establezca para tal efecto.

2.3.3 Marco normativo de la pensión de jubilación reconocida a los servidores
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

Las pensiones de los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se regían por lo
dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, que establece:

ARTÍCULO 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte
(20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en
cuenta su edad.

Posteriormente, fue expedido el Código Penitenciario y Carcelario - Ley 65 de 1993-,
normatividad que en su artículo 172 numeral 614 facultó al gobierno nacional para dictar
normas sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de seguridad
del INPEC, precisando que aquél no podía desmejorar los derechos y garantías de
quienes para ese momento ya prestaban sus servicios al instituto.

Con base en dichas facultades, se dictó el Decreto 407 de 1994 15, el cual en su
artículo 126 señaló como estaría conformado el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional, precisando que sería por oficiales, suboficiales,
dragoneantes, alumnos y los bachilleres auxiliares que presten el servicio militar en
la institución. Así mismo, en lo referente al régimen pensional de los servidores del
INPEC en su artículo 168 consagró:

«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de

14
“Ley 65 de 1993. Art. 172. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de la promulgación del presente Código, para dictar normas con fuerza de ley sobre las
siguientes materias:
(…)
6. Régimen salarial, prestacional y pensional, que no podrá desmejorar los derechos y garantías vigentes de los actuales servidores.
(…)”.
15
Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003

13
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Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta
para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993.»

En ese orden, los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC que,
al 21 de febrero de 1994 —fecha en la que entró en vigencia el Decreto 407 de 1994—
se encontraban en ejercicio de sus funciones dentro de la entidad, conservaban el
derecho a la pensión de jubilación en los términos previstos en el artículo 96 de la
Ley 32 de 1986. Por el contrario, aquellos que ingresaron a prestar sus servicios
como guardias con posterioridad a dicha fecha, estarían sujetos al régimen que, en
desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, expidiera el Gobierno Nacional en
materia pensional.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en su artículo 139 numeral 2 dispuso que el gobierno
nacional tendría que determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo para la
salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de
cotización y el monto de la pensión; en ese mismo sentido el artículo 140 de la citada
ley consagró:

«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor
edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que
cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo
del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.»

Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el cuerpo de custodia y vigilancia
del INPEC como de alto riesgo y dispuso nuevamente que sería el gobierno nacional
quien debería expedir un régimen para este tipo de servidores, teniendo en cuenta
una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o
ambos requisitos.

No obstante, con la expedición de la Ley 797 de 2003 se le volvió a revestir al

14
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Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

presidente de la República de facultades extraordinarias para que modificara el
régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y, en
particular, las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto
riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de
expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización.

Fue por ello, que en virtud del Decreto Ley 2090 de 200316 no solo se definieron las
actividades de alto riesgo, entre los cuales se encuentran los que ejercieran la
custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, sino también, las condiciones
para obtener la pensión especial de vejez de éstos, veamos:

“(…) ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL
TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores
las siguientes:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites
permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces,
la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo,
con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar
en operaciones de extinción de incendios.
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las
actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos
administrados por la fuerza pública.

ARTÍCULO 3o. PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número
de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700
semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de
vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 4o. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN
ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60)
semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema
General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

16
“(…) Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones,
requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. (…)”.

15
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Demandante: UGPP
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(…)”.

Sea esta la oportunidad para mencionar que la citada normativa creó un régimen de
transición para aquellos que, al 28 de julio de 2003, ya habían acumulado al menos
500 semanas de cotización, en el sentido que conservarían el derecho a una
pensión de jubilación bajo las mismas condiciones que las normas previas
regulaban para actividades de alto riesgo, una vez alcanzaran las 1000 semanas
cotizadas. Esta norma transitoria fue diseñada para proteger a los empleados que
ya habían hecho significativas contribuciones bajo un sistema anterior y
garantizarían que sus expectativas pensionales, basadas en la legislación previa,
se mantuvieran intactas pese a los cambios legislativos. Al respecto dispuso:

“(…) ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir
en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

ARTÍCULO 7o. NORMAS APLICABLES. En lo no previsto para las pensiones especiales
por el presente decreto, se aplican las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993,
la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 8o. LÍMITE DEL RÉGIMEN ESPECIAL. El régimen de pensiones especiales
para las actividades de alto riesgo previstas en este decreto, solo cubrirá a los trabajadores
vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre del año 2014.

El límite de tiempo previsto en este artículo podrá ampliarlo, parcial o totalmente, el Gobierno
Nacional hasta por 10 años más, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos
Profesionales.

A partir de la fecha determinada en el inciso primero de este artículo o la determinada por
el Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el inciso anterior, quienes
actualmente estén afiliados a las actividades que en el presente decreto se definen como
alto riesgo, continuarán cobijados por el régimen especial de que trata este decreto. Los
nuevos trabajadores, se afiliaran al Sistema General de Pensiones en los términos de la
Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y aquellas que las modifiquen o adicionen y sus
respectivos reglamentos.
(…)”.

Con relación a los servidores públicos que realizan actividades de alto riesgo, la
Corte Constitucional17 destacó que, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los
asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de

17
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-633 de 29 de agosto de 2007,

16
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evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, al
respecto, expresó:

«(…) En ese orden de ideas, el requisito de las quinientas semanas de cotización no es
el único problema generado por este artículo. La dificultad también recae en la exigencia
de que las 500 semanas de cotización se hubieren efectuado bajo el calificativo jurídico
de “cotización especial”, hasta la fecha de expedición del Decreto 2090 de 2003, - el 28
de julio de 2003 -, dado que las cotizaciones especiales surgieron normativamente tan
sólo con el Decreto 1281 de 1994.

Un análisis sencillo de las fechas de vigencia de los regímenes de transición relevantes
para el caso, permite constatar que entre la fecha de vigencia de los regímenes
anteriores al Decreto 2090 de 2003 y el 28 de julio de 2003 existen menos de 500
semanas cotizadas. Para el Ministerio de Protección Social son, por ejemplo, 468
semanas, número que surge al hacer el cálculo tomando el término de vigencia del
Decreto 1281 de 1994, que es de 9 años, dividiéndolo al parecer por las 52 semanas
laborales del año. Para el Procurador, en términos cronológicos, son 473 semanas las
que existen entre una fecha y la otra.

De esta forma, se tiene que es cierto que la exigencia para acceder al régimen de
transición (las 500 semanas de cotización especial), es imposible de cumplir, porque las
quinientas semanas de cotización especial no pueden ser acreditadas por ningún
trabajador. Se trata de un requisito desproporcionado e irrazonable, que establece en
términos reales una barrera de acceso que ningún trabajador de alto riesgo puede
efectivamente superar, para entrar a formar parte de ese régimen de transición.

Nótese, además, que las interpretaciones que dan las autoridades gubernamentales
sobre el artículo, también son disímiles entre sí: mientras el Ministerio de la Protección
Social sostiene que la exigencia es la de haber cotizado 468 semanas de cotización
especial, encontrándose afiliada la persona al régimen anterior especial de alto riesgo,
el Ministerio de Hacienda indica que para el cómputo de las 500 semanas de cotización
especial, “se deben tener en cuenta las semanas de afiliación de alto riesgo de las
normas anteriores a la ley 100, sin importar que se hubiera realizado la cotización
especial, pero siempre y cuando el afiliado hubiese sido registrado como tal”, es decir,
como trabajador de alto riesgo con anterioridad a la vigencia de los Decretos 1281 de
1994 y 2090 de 2003.”

En conclusión a la luz de cualquiera de estas interpretaciones, el requisito de las 500
semanas de cotización especial es manifiestamente desproporcionado al establecer una
exigencia de acceso imposible de cumplir, que implicaría para los respectivos
trabajadores perder las condiciones del régimen de transición o verse obligados durante
muchos años, adicionales a los inicialmente previstos por las respectivas normas que los
amparaban, a efectuar cotizaciones para cumplir los requisitos del artículo acusado y
beneficiarse del régimen de transición en las condiciones del nuevo decreto. Esto va en
contravía de la razón de ser del régimen especial establecido precisamente para proteger
a estos trabajadores en situación de exposición a riesgos, lo cual es claramente
irrazonable por hacer nugatorio el objetivo esencial del mismo régimen pensional
especial diseñado por el propio legislador.

6.6. En esos términos se concluye que la exigencia de las quinientas semanas de
cotización “especial” propuesta por la norma, en general, es una condición
excesivamente gravosa que impide el acceso al régimen de transición para trabajadores
que hubieren realizado actividades especialmente protegidas en razón al riesgo asociado
con ellas y por lo tanto constituye una afectación desproporcionada de sus derechos
constitucionales.»

(…)”.

En virtud de lo anterior es dable concluir que la Corte Constitucional condicionó
la exequibilidad del requisito de las “(…) 500 semanas de cotización especial (…)”,

17
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

bajo el entendido que para cumplir con este criterio, las semanas pueden haberse
acumulado en cualquier actividad que haya sido legalmente definida como de
alto riesgo; además, el Decreto 2090 de 2003, en su artículo 618, estableció un
régimen de transición específico para aquellos servidores públicos involucrados
en actividades de alto riesgo, estipulando que si al 28 de julio de 2003 habían
cotizado al menos 500 semanas, tienen derecho a que, una vez cumplan con el
mínimo de semanas cotizadas requerido por la Ley 797 de 2003, se les podría
reconocer la pensión de jubilación en las mismas condiciones previas aplicables
a actividades de alto riesgo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo allí establecido; sin embargo, precisó que «con anterioridad
a dicha fecha» se aplicará el régimen que hasta ese entonces se encontraba
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el
dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley
407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.

Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció:

“(…) Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
(…)

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100
de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto
para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes. (…)”.

En tal sentido, con fundamento en el ya citado Acto legislativo 01 de 2005, en la
actualidad los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y

18 Dec. 2090 de 2003. Artículo 6º.Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto
hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo (...).

18
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Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

Carcelaria del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003 tienen derecho a que
la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos establecidos en el
artículo 96 de la Ley 32 de 1986, sin más requisitos.

2.3. Material Probatorio

• Se encuentra acreditado que el señor Luis Ernesto Rodríguez nació el 23 de
diciembre de 195419.

• Probado está que, el señor Luis Ernesto Rodríguez estuvo vinculado al INPEC
desde el 17 de diciembre de 1980, en el cargo de Dragoneante, así se evidencia
en el certificado de vinculación laboral para Bonos Pensionales y Pensiones de
fecha del 7 de febrero de 2013, donde, además consta que dicha vinculación no
tuvo interrupciones y para el momento de la expedición del certificado en cita
aquella se encontraba vigente20.

• Se probó, con el certificado de información laboral con consecutivo 0469 del 7
de febrero de 2013, que el señor Luis Ernesto Rodríguez cotizó aportes al
sistema pensional desde el 17 de diciembre de 1980, encontrándose incluso en
estado activo para la fecha de expedición del documento. Se precisó que, realizó
aportes a Cajanal desde el 17 de diciembre de 1980 hasta el 30 de junio de
2009; al ISS desde el 1.º de julio de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2012; y
a Colpensiones desde el 1.º de octubre de 2012 hasta el momento de expedir la
certificación21.

• Quedó probado que, la UGPP mediante la Resolución número RDP027482 del
17 de junio del año 2013, reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual
vitalicia de vejez en favor del señor Luis Ernesto Rodríguez. En dicha resolución
se dejó constancia que el mencionado señor Rodríguez prestó sus servicios en
el INPEC desde el 17/12/1980 al 30/06/2009 para un total de 10274 días y desde
el 01/07/2009 al 30/01/2013 para un total de 1290 días22.

19
Ver folio 11 de los anexos de la demanda.
20
Ver folio 191 de los anexos de la demanda.
21
Folios 290 de los anexos de la demanda.
22
Folios 318 a 321 de los anexos de la demanda.

19
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

• Según la certificación oficial expedida por el FOPEP, la pensión de jubilación del
señor Luis Ernesto Rodríguez fue reconocida con fecha de efectividad del 1.º de
febrero de 201423.

2.4 Caso concreto

En el presente asunto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– solicitó la nulidad del
acto administrativo contenido en la Resolución No. RDP 27482 del 17 de junio de
2013, mediante la cual reconoció al señor Luis Ernesto Rodríguez una pensión
mensual vitalicia de vejez, a partir del 1.º de febrero de 2013, con fundamento en la
Ley 32 de 1986, por haber laborado más de 20 años en cargos de excepción en el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–. La prestación fue liquidada
con una mesada inicial de $1.355.053, equivalente al 75% del promedio devengado
en el último año de servicios, y comprendió asignaciones como salario básico,
auxilios de alimentación y transporte, y primas de Navidad, de vacaciones y de
servicios.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en primera instancia accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto acusado, al considerar
que el señor Rodríguez no cumplía los requisitos del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que, al 1 de abril de 1994 solo contaba
con 39 años de edad y 13 años, 3 meses y 15 días de servicio. En consecuencia,
concluyó que no era posible aplicar el régimen especial contemplado en la Ley 32
de 1986.

No obstante, se abstuvo de ordenar el reintegro de las sumas percibidas por
concepto de mesadas pensionales, al operar la presunción de buena fe. Así mismo,
determinó que la entidad llamada a reconocer la prestación, conforme a los aportes
registrados y al Decreto 2090 de 2003, era Colpensiones, al haberse acreditado que
el señor Rodríguez cumplía con la edad y semanas exigidas por el régimen general
vigente.

Inconforme con la decisión de primera instancia, Colpensiones interpuso recurso de
apelación donde cuestionó la decisión de primera instancia y solicitó la revocatoria

23
Folio 2 de los anexos de la demanda.

20
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

del fallo de primera instancia, y que, en su lugar, se negaran las súplicas de la
demanda, argumentando que no expidió el acto administrativo demandado, ni es la
entidad obligada al pago de la pensión reconocida, en atención a que, dicha
prestación fue concedida por la UGPP con base en la Ley 32 de 1986, al
establecerse que el beneficiario había laborado por más de veinte años en el
INPEC.

Sostuvo que al haber sido la UGPP quien realizó el estudio, emitió el acto y
estableció las condiciones del reconocimiento, era esta entidad la que debía
responder por la obligación pensional, y que trasladar dicha carga a Colpensiones
suponía una vulneración del principio de legalidad y una posible falta de legitimación
en la causa por pasiva.

Alegó también que el demandado había adquirido un derecho pensional
consolidado y amparado por los principios de progresividad y no regresividad en
materia laboral, citando en apoyo la Sentencia C-147 de 1997 sobre derechos
adquiridos, y señalando que el intento de la UGPP por anular su propio acto
desconocía tales principios constitucionales.

Adicionalmente, expuso que, de aceptarse que el demandado no cumplía con el
régimen de transición, la aplicación del Decreto 2090 de 2003 tampoco hacía
procedente el traslado de la obligación a Colpensiones, por cuanto no se acreditaron
cotizaciones suficientes en dicha administradora.

Entonces, lo primero es precisar que, en aras de garantizar el principio de la no
reformatio in peius esta Subsección solo analizará los argumentos del recurso de
apelación de Colpensiones, recordando que la UGPP desistió del recurso de
apelación adhesiva que había incoado. En ese orden de ideas, el pronunciamiento
está encaminado solo a analizar quien es la competente para reconocer y pagar la
pensión del demandado; no obstante, para ello es necesario abordar los siguientes
aspectos: i) el régimen aplicable al demandado, esto con el fin de poder definir el
momento en que aquel adquirió el estatus jurídico de pensionado, lo cual resulta
relevante para poder definir la entidad competente en el reconocimiento pensional;
y, ii) Competencia de la UGPP para el reconocimiento pensional.

21
Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

i) Régimen pensional aplicable al señor Luis Ernesto Rodríguez

Se encuentra acreditado que el señor Rodríguez nació el 23 de diciembre de 1954
y que estuvo vinculado al INPEC desde el 17 de diciembre de 1980, desempeñando
funciones de dragoneante hasta el 7 de febrero de 2013, día en que se expidió la
certificación de información laboral, referida en el acápite de hechos probados, por
lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Decreto 407 de 1994 hace
parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Así
mismo, según lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y luego en el
numeral 7 del artículo 2º del Decreto 2090 de 2003 dicha actividad se enmarca
dentro de las catalogadas como de alto riesgo para efectos pensionales.

En este punto, teniendo en cuenta lo expuesto en el marco normativo de esta
providencia y la situación fáctica del demandante, resulta oportuno precisar que esta
Corporación24 ha expresado que imponer el cumplimiento de los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 puede resultar excesivamente desventajoso para
los empleados que buscan jubilarse según la normativa previa, especialmente,
cuando ya están cubiertos por otro sistema de transición.

Por tal motivo, para el caso de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional no es relevante determinar si al 1 de abril de
1994, fecha de implementación del Sistema de Seguridad Integral de la Ley 100 de
1993, el empleado cumplía o no con los 40 años de edad o 15 años de servicio
requeridos, dado que para aplicar el régimen anterior que regulaba a esta clase de
servidores, solo basta con que al 28 de julio de 2003 ya estuviera trabajando en
dichos cargos; cumplido este requisito, podían optar por el reconocimiento de la
pensión de jubilación de acuerdo con lo estipulado en el artículo 96 de la Ley 32 de
1986, es decir, tras cumplir 20 años de servicio, ya sean continuos o discontinuos,
sin importar la edad del empleado. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Acto
legislativo 01 de 2005.

En este caso, el demandante estaba vinculado al INPEC con anterioridad al 28 de
julio de 2003 y por tanto su régimen pensional es el previsto en el artículo 96 de la
Ley 32 de 1986, aplicable en virtud del régimen de transición establecido en el

24
Subsección A, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas, dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), radicación: 63001-
23-33-000-2019-00128-01 (1958-2021), Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional de Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, Demandado: Rubén Darío Montoya

22
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Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

Decreto 2090 de 2003, el cual no perdió según lo dispuesto en el parágrafo
transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Estos 20 años de servicios los cumplió el accionado el 17 de diciembre de 2000.

ii) Competencia de la UGPP para el reconocimiento pensional

Del material probatorio se advierte que el señor Rodríguez efectuó aportes a Cajanal
desde 1980 hasta junio de 2009; al ISS entre julio de 2009 y septiembre de 2012; y
a Colpensiones desde octubre de 2012.

Así las cosas, debe recordarse que tanto el ISS como Cajanal dejaron de funcionar,
en virtud de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional; habiendo sido
asumidas los deberes y obligaciones que como administradora del régimen de prima
media tenía el extinto ISS por parte de Colpensiones; a su vez, las obligaciones
prestacionales a cargo de Cajanal fueron repartidas entre el ISS, hoy Colpensiones,
y la UGPP, entidad que reemplazo a la suprimida Cajanal.

Justamente, en virtud de la supresión de Cajanal, se expidió el Decreto 2196 de
2009, el cual, en su artículo 3 dejó a cargo de la entidad en liquidación el trámite y
reconocimiento de las pensiones de los afiliados que tuvieran cumplidos los
requisitos en la fecha en que se hiciera efectivo el traslado al ISS, en los siguientes
términos:

«Artículo. 3. Prohibición para iniciar nuevas actividades. Como efecto de la liquidación
aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación, no podrá
iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su
capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en
orden a efectuar su pronta liquidación.

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación adelantará,
prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de
obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de
aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para
obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a
que se refiere el artículo 4° del presente Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la
materia. Igualmente CAJANAL EICE en Liquidación continuará con la administración de la
nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social- UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará los
contratos de administración u operación que sean necesarios».

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Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

La misma norma, en su artículo 425 dispuso el traslado de los afiliados de Cajanal
en liquidación al ISS, dentro del mes siguiente a su entrada en vigor, lo cual, ocurrió
el 12 de junio de 2009, comoquiera que el citado decreto fue publicado en el diario
oficial No. 47378 de 12 de junio de 2009.

Más adelante, en virtud de la entrada en funcionamiento de la UGPP fue expedido
el Decreto 4269 de noviembre 8 de 2011, a través del cual se distribuyeron las
competencias entre Cajanal y la UGPP, respecto a los reconocimientos pensionales
radicados a partir del día siguiente al que fue proferido, así:

«Artículo 1°. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales de
carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será ejercida por
la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
en los siguientes términos:

1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales
y prestaciones económicas.

Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos
pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011.

A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán las
solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas
con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.

2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP será la entidad responsable de la administración de la nómina a
partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que se generen al
Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -FOPEP- Para
efectos de la incorporación de las novedades de nómina originadas en la atención de las
solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en Liquidación, esta entidad deberá hacer
entrega a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP de la información completa y necesaria para que
se pueda efectuar dicha inclusión.

3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios

A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, asumirá integralmente el
proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación de los
documentos, independientemente de que los servicios requeridos se deriven de solicitudes
que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con la distribución de
competencias establecidas en el numeral 1 del presente artículo.

Parágrafo. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP se presente una
solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de una

25
Decreto 2196 de 2009. Artículo 4. Del traslado de afiliados. La Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en
liquidación, deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del
mes siguiente a la vigencia del presente Decreto, a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de Seguro Social
• ISS. Igualmente, deberá trasladar a dicha entidad los conocimientos sobre la forma de adelantar el proceso de sustanciación de
los actos administrativos de reconocimiento de pensión de estos afiliados cotizantes, en la medida en que se trata de servidores
públicos, para lo cual, estas entidades fijaran las condiciones en la que se realizará dicho traslado

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Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal EICE
en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente, artículo, la UGPP
será la entidad competente para resolver ambas solicitudes».

En virtud de lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007, y los Decretos 4409 de 2004,
2196 de 2009 y 4269 de 2011, ante la liquidación de Cajanal, en la actualidad el
encargado de responder por los derechos pensionales de los afiliados a la suprimida
entidad es la UGPP. Sin embargo, comoquiera que el Decreto 2196 de 2009 en su
artículo 4 ordenó el traslado de los afiliados de Cajanal en liquidación al ISS, hoy
Colpensiones, han surgido diferencias sobre si esta última entidad es la encargada
en reconocer las pensiones.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante providencia
del 6 de marzo de 201826, resolvió un conflicto negativo de competencias
administrativas entre estas dos entidades precisando:

«La interpretación integral y sistemática de las disposiciones tomadas en consideración hasta
este punto, permite a la Sala extraer las siguientes conclusiones en relación con la distribución
de las competencias que actualmente tienen asignadas la UGPP y Colpensiones para
reconocer y pagar pensiones en el régimen solidario de prima media con prestación definida:

a. Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que antes
del 1º de julio de 200927 adquirieron el derecho a pensión, es decir, cumplieron los requisitos
de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos, siempre y cuando
estuvieran afiliadas para entonces a Cajanal o a las otras cajas o entidades de previsión social
del sector público del orden nacional.

b. Compete también a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas
que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas autorizadas por
el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el régimen de prima media,
cumplieron el requisito de tiempo de servicios (o número de semanas cotizadas) exigido por
la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima media con prestación definida antes
de la cesación de actividades de la respectiva caja, fondo o entidad, para esperar el
cumplimiento de la edad.

c. En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de prima
media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora principal de
dicho régimen en la actualidad, entidad que reemplazó en sus funciones al Instituto de Seguros
Sociales, luego de su liquidación».

El anterior concepto es acogido por la Sala al encontrarlo ajustado a derecho; ante
ello, en el caso en concreto se concluye que la entidad competente para reconocer
y pagar la pensión del demandado es la UGPP; lo anterior, por cuanto para el 1 de

26
C.E. Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 6 de marzo de 2018, Radicación número: 11001-03-06-000-2018-
00005-00(C), C.P. ÁLVARO NAMÉN VARGAS

27
Fecha en la cual se realizó el traslado masivo de afiliados de Cajanal en Liquidación al ISS, de acuerdo con lo preceptuado por
el artículo 4º del Decreto 2196 de 2009.

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Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

julio de 2009 el señor Luis Ernesto Rodríguez ya había adquirido el derecho
pensional, teniendo en cuenta que, ya contaba con 20 años de servicios en
actividades de alto riesgo, dado que, ingresó al servicio del INPEC como
dragoneante el 17 de diciembre de 1980 y no se acreditó suspensión de la
prestación, lo cual conlleva a concluir que esos 20 años los cumplió el 17 de
diciembre de 2000, como antes se precisó; cabe mencionar que, según lo aquí
acreditado el accionado estuvo vinculado con el INPEC hasta el 7 de febrero de
2013 – día de expedición de la certificación de información laboral - como dragoneante del
INPEC. Vale recordar que, según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
para adquirir el derecho pensional basta con cumplir el citado tiempo de servicios,
sin importar la edad.

En consecuencia, la Sala concluye que, la decisión adoptada por el A-quo resulta
contraria al orden jurídico vigente, por cuanto atribuyó indebidamente a
Colpensiones la obligación pensional, desconociendo el marco normativo y los
criterios jurisprudenciales que rigen la distribución competencial entre las entidades
públicas encargadas del régimen de prima media con prestación definida, por lo
que, se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda.

2.5. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas
del proceso.

En el caso concreto, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la
defensa propia de sus intereses por parte de los intervinientes, por consiguiente, no
se condenará en costas.
DECISIÓN

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Número interno: 5848-2022
Demandante: UGPP
Demandada: Luis Ernesto Rodríguez y Colpensiones

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Dieciséis (16) de Junio
de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintidós
(2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se
concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia; y, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: No se condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta decisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai.
En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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