Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07063-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-07063-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-07063-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
2 de mayo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07063-01
Demandante: DIAN
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07063-01
Demandante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional frente al debido proceso. No se configura
violación del derecho a la igualdad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo del 18 de enero de 2024, por medio del cual, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado negó la acción constitucional de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN), actuando
a través de apoderado judicial, presentó solicitud de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Cuarta con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como de los principios de
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica1.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por esa Corporación, mediante la
cual se revocó la providencia del 16 de septiembre de 2016, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 25000- 23-37-000-2018-00150-01, interpuesto por la sociedad
ECOPETROL S.A. contra la entidad actora, la cual había negado las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos
enjuiciados.
1.2. Pretensiones
1
La acción se ejerció a través de la ventanilla virtual el 21 de noviembre de 2023.
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Demandante: DIAN
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
La sociedad accionante elevó las siguientes:
Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Consejo de Estado -
Sección Cuarta que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes
a la notificación de la sentencia que se profiera como resultado de la presente
acción: (i) proceda a revocar la sentencia de segunda instancia proferida dentro
del proceso judicial No. 25000-23-37-000-2018-00150-01 instaurado por la
sociedad ECOPETROL S.A. en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y (ii) en su lugar se ordene a la accionada emitir un
nuevo fallo en el que de aplicación taxativa a lo establecido en el precedente
judicial emitido por esta misma corporación el 3 de noviembre de 2022 dentro del
proceso con numero interno 26349, con la valoración de las pruebas aportadas
por las partes según la carga dinámica de la prueba documentada en la ley
tributaria y procesal y en la propia jurisprudencia y en aplicación e interpretación
razonable del artículo 401-2 ET.
1.3. Hechos
Los supuestos jurídicamente relevantes, extraídos de la narración realizada por
la parte actora, pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Ecopetrol S.A. interpuso demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra las liquidaciones oficiales de revisión
expedidas los días 1, 2 y 6 de diciembre de 2016 por la DIAN, confirmadas
mediante resoluciones expedidas los días 12, 13, 23 y 26 de octubre de 2017, a
través de las cuales, la DIAN modificó las declaraciones de retención en la
fuente presentadas por dicha sociedad, para los periodos 1 al 12 del año
gravable 2013, en el sentido de incluir la retención no practicada por los pagos
realizados a terceros por concepto de indemnizaciones por servidumbres
petroleras e imponer las sanciones por inexactitud.
El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Cuarta, Subsección B y se le asignó el radicado número 25000- 23-37-
000-2018-00150-01.
Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2021, la corporación negó las
pretensiones elevadas al considerar que: «el valor reconocido por Ecopetrol por
la constitución de servidumbres petroleras en el año 2013, conllevaba el
reconocimiento del daño emergente y del lucro cesante, por lo que la actora
debió diferenciar lo reconocido por ese último concepto y practicar la respectiva
retención a la tarifa del 20 %, sin que obre prueba de que los beneficiarios de la
indemnización sean extranjeros sin residencia en el país. La DIAN no vulneró su
doctrina, pues los conceptos citados no se refieren a los pagos por
indemnización de que trata a la Ley 1274 de 2009. Y la modificación realizada
por la Administración se basó en la valoración probatoria del expediente, que no
fue desvirtuada por la contribuyente».
Ecopetrol S.A. apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en que:
i) no se valoraron adecuadamente las pruebas que demostraban que el
resarcimiento correspondía a daño emergente; ii) la DIAN hizo un mal análisis
de las normas al señalar que en todos los pagos por servidumbre va implícito el
lucro cesante; iii) se abordó mal la discusión ya que «no solo se controvertía si
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los pagos por servidumbre petrolera estaban o no sujetos a retención, sino
también si la DIAN tuvo en cuenta el acervo probatorio aportado que
demostraba que los pagos realizados resarcían el daño emergente causado».
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de mayo
de 2023 con radicado interno No. 26349, revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados. El fallo definitivo fue
adoptado por la sala de decisión integrada por dos consejeros y una conjuez. La
sentencia fue objeto de salvamentos de voto de los magistrados Miryam Stella
Gutiérrez Arguello y Wilson Ramos.
1.4. Sustento de la petición
La sociedad tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado
de segunda instancia incurre en los siguientes defectos:
1.4.1. Desconocimiento del precedente judicial
Afirmó que el juez colegiado «desconoció abiertamente su propio precedente
emitido el 3 de noviembre del año 2022 dentro del proceso identificado con el
número de radicado 250002337000201700551-01 (25903), en donde existía
identidad de partes, discusión planteada, supuestos fácticos y jurídicos a los
estudiados en el fallo objeto de tutela teniendo como única diferencia el año
gravable en discusión. Así omitió sin justificación alguna mencionar la existencia
del fallo en comento aun cuando había sido proferido solo 6 meses antes del
fallo accionado».2
Manifestó que en el referido fallo se determinó que Ecopetrol estaba obligada a
efectuar la retención en la fuente al no existir ley especial que señalara que no
debe realizarse respecto de pagos por servidumbres petroleras. Dicha posición,
afirmó, es contraria a la que esgrimió en el fallo cuestionado, en el que sostuvo
que la sociedad no tenía tal obligación porque el daño emergente no incrementó
el patrimonio de quien lo recibió y no estaba acreditada la causación de lucro
cesante.
Explicó que en esa oportunidad la Sección Cuarta de la corporación también
consideró que la carga de la prueba recaía en la parte demandante quien debía
desvirtuar los hallazgos de la administración.
Señaló que esta diferencia de criterios, en dos decisiones adoptadas por la
Sección Cuarta de la corporación, respecto de casos similares, vulnera su
derecho a la igualdad.
1.4.2. Defecto fáctico
Señaló que «el asunto se resolvió acudiendo a la regla de carga de la prueba,
para lo cual la posición mayoritaria de la Sala conformada estimó que recaía
sobre la DIAN», quien debía demostrar que el pago realizado correspondía al
2
Se copia textualmente con posibles errores.
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reconocimiento de un lucro cesante.
Expuso que esa interpretación era errónea dado que la entidad no liquidó las
indemnizaciones a pagar de acuerdo a los factores que las componían, ni tiene
los soportes pertinentes, y pese a sus facultades de fiscalización no puede
obligar a los contribuyentes a entregar las pruebas de las operaciones o de los
hechos que sustentan sus declaraciones.
Explicó que la providencia cuestionada desconoció que es el agente retenedor
el que está en mejor posición para probar que los pagos sobre los cuales no
practicó la retención en la fuente no estaban sometidos a ese impuesto, puesto
que es quien tiene la obligación de conservar los soportes de las operaciones
que realiza.
Sostuvo que la Administración solo debe probar «la existencia del hecho
imponible y de los elementos que sirvan para cuantificarlo (artículo 742 del ET),
mientras que el administrado ha de probar los hechos que le beneficien como
constitutivos de no sujeciones o de desgravaciones y beneficios (artículos 786 y
788 ibidem)».
Aseguró que a Ecopetrol le correspondía probar que las indemnizaciones no
estaban gravadas porque todo el valor pagado se trataba del concepto de daño
emergente y no de lucro cesante, puesto que no existe ningún precepto que
disponga que todo ingreso que se perciba a título de indemnización está
relevado de tributación en el impuesto sobre la renta. Lo que significa que
recaía sobre el administrado la carga de demostrar que las indemnizaciones
pagadas a título de servidumbres petroleras no eran objeto de retención en la
fuente.
1.4.3. Defecto sustantivo
Refirió que el juez colegiado consideró que, como quiera que la DIAN sostenía
que los valores pagados por Ecopetrol por concepto de indemnización
correspondían a lucro cesante, debía demostrarlo porque estaba invocando a
su favor la modificación del aspecto positivo de la base gravable, por lo que, en
ejercicio de su potestad de fiscalización, debía «agotar una actividad de
verificación suficiente respecto de la determinación de las retenciones por parte
de Ecopetrol».
Con dicho razonamiento, explicó la actora, se desconoció el artículo 401-2 del
Estatuto Tributario que establece en forma expresa que los pagos o abonos en
cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las salariales, a las de
seguros de daño y a las de seguro de vida, se encuentran sujetas a retención
en la fuente a la tarifa del 20%.
Arguyó que la norma solamente excluyó las retenciones relativas a las
salariales, de seguros de daño y de seguro de vida, pero no las de
servidumbres, de manera que, si el legislador tributario no hizo esa distinción ni
contempló la excepcionalidad no le era dable al juez ordinario hacerlo.
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Agregó que la lectura de la norma hecha en la sentencia cuestionada inobservó
el principio de reserva de ley en materia tributaria previsto en el artículo 338 ET.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 28 de noviembre de 2023, se admitió la demanda y se ordenó
la notificación al Consejo de Estado, Sección Cuarta; asimismo, se vinculó al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta - Subsección A y a
la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta
El magistrado del despacho sustanciador de la decisión controvertida manifestó
que no existe un precedente pacífico y reiterado sobre el asunto en controversia,
por lo que no se es dable afirmar dicho desconocimiento.
Señaló que la sentencia invocada como precedente y la providencia que ahora
se cuestiona, fueron proferidas con la intervención de conjueces, dada la
discrepancia de la Sala en el asunto debatido.
Agregó que, posteriormente, en la sentencia del 5 de octubre de 20233, se
reiteró la postura plasmada en la providencia objeto de tutela y, por tanto, en el
hipotético caso de que se considerara la existencia de una tesis sobre el
presente caso, sería la que se plasmó en la sentencia cuestionada.
1.5.2. Ecopetrol S.A.
Rindió informe en el cual indicó que, la acción de tutela presentada por la DIAN
tiene matices propios de un recurso de apelación, pues pretende reabrir el
debate sobre los siguientes aspectos: (i) la supuesta inaplicabilidad del
precedente jurisprudencial, que para el presente caso, no existía al momento de
la expedición del fallo de segunda instancia, (ii) el alcance e interpretación que
de la norma sobre retención en la fuente, fue aplicada en el caso concreto, y (iii)
sobre la juiciosa valoración probatoria que adelantó la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
Manifestó que la presente solicitud deviene improcedente por tratarse de una
reclamación contra la sentencia dictada en el proceso judicial con la que se
busca sustituir la decisión proferida por el juez natural de la causa por una
sentencia a favor del demandante.
1.5.3. Tribunal administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección A
Aseguró que las decisiones atacadas fueron debidamente sustentadas y no son
vulneradoras de las garantías fundamentales del extremo accionante en la
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Expediente No. 27510, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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medida en que fueron planteadas con base a la normatividad vigente y tampoco
fue desconocida alguna regla jurisprudencial.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, negó la acción de
tutela. Sustentó su decisión en que, la Sección Cuarta de esta corporación no
incurrió en vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial, pues la
decisión de revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la
nulidad de las liquidaciones oficiales de revisión, se soportó en un estudio
razonable de los hechos, las pruebas allegadas al proceso y la normativa
aplicable al caso.
Además, determinó que el análisis realizado para llegar a tal decisión no fue
arbitrario, infundado o caprichoso y tampoco constituye una vía de hecho por
defecto fáctico, sustantivo, ni por desconocimiento del precedente judicial, lo que
impide la intervención del juez de tutela.
1.7. Impugnación
Mediante escritos enviados por correo electrónico, la entidad actora impugnó el
fallo de primera, recurso que gira en torno a las siguientes inconformidades:
Refiere que se configuró el defecto por desconocimiento del precedente judicial
pues la providencia invocada resolvió un caso con identidad fáctica y jurídica,
entre las mismas partes y con los mismos elementos probatorios, dictada por el
mismo órgano jurisdiccional, y con ello se omitió uno de los requisitos
específicos señalados por la jurisprudencia Constitucional para la protección del
derecho fundamental a la igualdad y los principios constitucionales a la
confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe.
Explicó que el defecto factico tiene lugar al exigirle a la administración tributaria
que debe encontrar los soportes de las operaciones celebradas o las
justificaciones a los hechos plasmados en las declaraciones de los
contribuyentes.
Finalmente, insistió en que la decisión constituyó una vía de hecho por defecto
material o sustantivo al interpretar de manera errada la retención prevista en el
artículo 401-2 del Estatuto Tributario que prevé en forma expresa que los pagos
o abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las
salariales, a las de seguros de daño y a las de seguro de vida, se encuentran
sujetas a retención en la fuente a la tarifa del 20%.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de recurso de impugnación presentado
contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente de la
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referencia, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 4, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, se determinará si en este caso se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.
En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia cuestionada, mediante la cual se declaró la nulidad de los
actos de liquidación oficial de revisión expedidos por la DIAN en ejercicio de su
competencia legal, vulnera los derechos fundamentales de la entidad
demandante al debido proceso y a la igualdad, así como de los principios de
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, por incurrir en defecto fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto. Cada uno de estos elementos
se abordará de manera separada en relación con la garantía del debido proceso
y el derecho a la igualdad.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
... si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.6
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
4 Modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021.
5 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
6 Ibídem.
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observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».
El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).
Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva frente al derecho al
debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión de los defectos
sustantivo y fáctico
La accionante alegó la ocurrencia de un defecto sustantivo derivado de la mala
interpretación del artículo 401-2 del Estatuto Tributario, pues según sostiene, el
juez de instancia consideró que en la DIAN recaía la obligación de demostrar
que los pagos de indemnización por concepto de servidumbres petroleras
correspondían a lucro cesante y no a daño emergente, con sustento en que, la
indemnización por daño emergente no podía ser gravada con retención, por
tratarse de sumas que no incrementan el patrimonio sino que se limitan a la
pérdida o el perjuicio sufrido con ocasión de la actividad de interés público.
Por el contrario, para la accionante la norma establece claramente que los
pagos o abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las
salariales, a las de seguros de daño y a las de seguro de vida, se encuentran
sujetas a retención en la fuente a la tarifa del 20%.
Frente al defecto fáctico, alegó que pese a sus facultades fiscalizadoras no fue
quien tasó ni liquidó las indemnizaciones a pagar, por lo tanto, aquella recaía en
el agente retenedor, quien tenía en su poder las pruebas para acreditar la
inaplicación de la retención en la fuente.
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Sentencia SU 573 de 2019.
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Para la entidad actora, las indemnizaciones pagadas por Ecopetrol a terceros a
título de servidumbres petroleras están sujetas a retención en la fuente porque
no existe normativa expresa que indique lo contrario y, además, porque se
entiende que los daños resarcidos con las indemnizaciones incluían el concepto
de lucro cesante ya que no se demostró lo contrario por parte del agente
retenedor.
Afirma la accionante que no es cierto, como lo señaló el juez cuestionado, que
para proferir los actos demandados no se realizó la distinción entre daño
emergente y lucro cesante y que solo se limitó a afirmar que todos los pagos
correspondían a lucro cesante sujetos a retención en la fuente. Pues, según
señala, durante toda la etapa administrativa, le solicitó a Ecopetrol el desglose
de los pagos por indemnización, por ser el eje central del cuestionamiento, al
que el contribuyente contestó que las indemnizaciones no tenían incluido ningún
porcentaje por lucro cesante. De manera que, la sociedad nunca aportó ninguna
prueba para sustentar su dicho.
Revisado el expediente origen de la presunta vulneración, se observa que el
juez natural del proceso en segunda instancia, al estudiar la legalidad de los
actos administrativos que modificaron las declaraciones de retención en la
fuente correspondientes a los periodos 1 a 12 del año gravable 2013,
presentadas por Ecopetrol SA., se ocupó de establecer si los pagos efectuados
por dicha sociedad por concepto de servidumbres petroleras, durante el año
discutido, estaban sujetos a retención.
Para ello delimitó la controversia con base en las posturas expuestas por las
partes, así:
Señaló que, para Ecopetrol, los pagos debatidos no eran objeto de retención,
por tratarse de las servidumbres legales que limitan la propiedad privada en
función del interés público, y se concretan en el pago una indemnización por
concepto de daño emergente, y que no incrementa el patrimonio. Además, que
la DIAN no demostró que el pago correspondiera a lucro cesante.
Mientras que, para la DIAN, los pagos realizados por Ecopetrol estaban sujetos
a retención en la fuente porque incrementan el patrimonio de los dueños o
poseedores de los predios, lo que implica que la indemnización comprende
pagos por concepto de lucro cesante.
Para dirimir el conflicto planteado, la Sección Cuarta realizó un recuento de las
normas aplicables a la materia (entre ellas el artículo 402-1 del ET), de cuya
lectura concluyó, que las indemnizaciones por daño emergente no son
susceptibles de retención dado que no constituyen un ingreso susceptible de
incrementar el patrimonio, de acuerdo con la regla prevista en el artículo 26 del
ET. Mientras que las que responden a lucro cesante si deben ser objeto de
retención, en consideración a que son un ingreso gravable para quien las recibe,
por tratarse de las ganancias dejadas de percibir por el hecho dañoso.
Partiendo de la anterior premisa, indicó que la DIAN no tuvo que hacer una
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exención tributaria, sino que adicionó oficialmente los ingresos susceptibles de
retención, y por tal motivo, tenía «la carga de demostrar la cuantía de los
ingresos que consideraba omitidos por corresponder al concepto de lucro
cesante, pues era quien invocaba a su favor la modificación del aspecto positivo
de la base gravable».
En otras palabras, discurrió que, si la administración consideraba que los
valores pagados por indemnización de servidumbre petrolera correspondían al
concepto de lucro cesante, debía demostrar su afirmación. Refirió que, a la
DIAN, en ejercicio de su potestad de fiscalización, le correspondía agotar una
actividad de verificación suficiente respecto de la determinación del tributo.
Luego de hacer una valoración de las pruebas obrantes en el plenario determinó
que, contrario a su obligación fiscal, la DIAN, desde los requerimientos
ordinarios, no solicitó diferenciar los pagos realizados por los conceptos de daño
emergente y lucro cesante, sino que asumió que todos los pagos correspondían
a lucro cesante sujetos a retención. Aunado a ello, dijo, no probó que los valores
declarados se hubiesen hecho por concepto de lucro cesante, con lo que
desatendió la carga probatoria que le correspondía.
Frente al defecto fáctico planteado se infiere que la demandante no concuerda
con la valoración de las pruebas que el juez colegiado efectuó desde la
perspectiva de la carga de la prueba en cabeza de la DIAN. Conclusión que la
actora no comparte desde su propia interpretación de las normas que regulan la
retención y las servidumbres petroleras.
La argumentación que realizó la actora en su petición de amparo se orienta a
debatir la postura sustentada por el juez de instancia, frente a que no se trataba
de una modificación del aspecto positivo de la base gravable, sino que por el
contrario, como las indemnizaciones por servidumbres petroleras no estaban
excluidas expresamente de la retención en la fuente, era al agente retenedor al
que le correspondía demostrar que sí lo estaban porque no incrementaban el
patrimonio de que quienes la recibían.
Como se advierte, los argumentos planteados por la tutelante frente a la
interpretación de las normas invocadas no son diferentes a los expuestos al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que fueron
objeto de análisis por el juez de segunda instancia.
Revisados los argumentos presentados por la sociedad actora, se infiere que no
pretende con esta acción constitucional obtener una protección a sus derechos
fundamentales, pues ese no es el debate que plantea en su escrito de amparo,
en el que no se observa un reparo que trascienda del ámbito legal hacia el
escenario constitucional.
Por el contrario, resulta claro que lo pretendido no es otra cosa que controvertir
el estudio normativo que ya practicó el juez natural de la causa, quien se
pronunció sobre los aspectos que la entidad cuestiona nuevamente en sede
constitucional.
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Por consiguiente, el cargo por vulneración al debido proceso no supera el
presupuesto de relevancia constitucional, lo que impide estudiarlo de fondo.
2.5. Estudio de la violación del derecho a la igualdad
La parte actora alegó que la Sección Cuarta de esta colegiatura profirió, en el
mes de noviembre de 2022, una providencia en la que resolvió una controversia
con identidad fáctica y jurídica a la que dio lugar a la providencia cuestionada.
En esa ocasión, según relata, se determinó que Ecopetrol estaba obligada a
efectuar la retención en la fuente a los pagos por servidumbres petroleras,
porque no existía ley especial que señalara que no debía realizarla.
Alega, que dicha postura es completamente contraria a la esgrimida en el caso
atacado por medio de esta acción de tutela, pese a tratarse de asuntos
idénticos, con lo que se ocasiona una trasgresión de su derecho a la igualdad.
El cargo trasciende la esfera legal y alcanza horizontes constitucionales, puesto
que se relaciona directamente con la presunta trasgresión del derecho a la
igualdad como consecuencia de una diferencia en las decisiones judiciales
adoptadas para casos que tienen supuestos fácticos y jurídicos asimilables, por
parte del mismo juez, en este caso, la Sección Cuarta de esta corporación.
Superado el estudio de relevancia, con el fin de adentrarse en el fondo de la
petición de amparo, en primer lugar, debe precisarse que en los antecedentes
de la sentencia cuestionada se realizó la siguiente anotación:
Por haber sido negado el proyecto de sentencia presentado por la consejera
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, corresponde al despacho ponente presentar la
sentencia que reúne la posición mayoritaria de la Sala (a pie de página:
conformada con conjuez).
El magistrado sustanciador presentó informe, en el que señaló que dicha
providencia y la que invoca el accionante fueron proferidas con la intervención
de conjueces de esta Corporación, por existir discrepancia de posturas sobre el
asunto debatido.
De esta manera afirmó, que no existía un precedente pacífico y reiterado sobre
el tema en controversia. Agregó que «posteriormente, la Sala, con la
intervención de conjuez, profirió la sentencia del 5 de octubre de 2023,
reiterando la tesis plasmada en la providencia objeto de tutela y, por tanto, en el
hipotético caso de que se considerara la existencia de una tesis reiterada, sería
la que se plasmó en la sentencia cuestionada».
De acuerdo a lo expuesto, la decisión proferida por la Sección Cuarta de la
corporación, en la que la actora fundamenta la vulneración alegada, fue dictada
por la misma sección, pero con la intervención de una conjuez, y con
salvamentos de voto de dos de los magistrados, que son quienes suscriben la
sentencia cuestionada.
Es decir, la disconformidad en las providencias tiene origen en los diferentes
criterios que existen sobre este asunto al interior de la Sección Cuarta, situación
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que ha llevado a convocar conjueces para integrar las salas de decisión.
En este sentido, no se advierte una vulneración del derecho a la igualdad de la
accionante, pues el juez colegiado que dictó la sentencia enjuiciada no había
fijado una regla de decisión para las circunstancias de hecho estudiadas,
diferente a la esgrimida en ese momento, todo lo contrario, la postura ahí
sustentada, según el texto mismo de la providencia, refleja la posición
mayoritaria de la sala y, como lo indicó el magistrado sustanciador, ha sido
aplicada con posterioridad a casos similares.
2.6. Conclusión
En síntesis, la petición de amparo no evidencia una restricción
desproporcionada al derecho al debido proceso presuntamente vulnerado con
ocasión de los defectos sustantivo y fáctico, lo que demuestra es una
inconformidad con la interpretación que realizó el juez colegiado de las normas
que regulan este tipo de procedimientos tributarios.
En otras palabras, el objetivo perseguido se desvía del fin principal de la acción
de amparo, que es el de proteger los derechos fundamentales y no el de ser un
escenario de debate judicial adicional a los mecanismos ordinarios establecidos
por el ordenamiento jurídico.
Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de
procedencia general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en específico la relevancia
constitucional, frente al derecho al debido proceso, por referirse a una disputa
que tiene su origen en una controversia de orden legal y de índole económica
por tratarse de los valores que en concepto de la DIAN debían ser declarados
por la sociedad actora, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes
durante el proceso judicial, y no en el alcance de un derecho fundamental ni la
interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política.
De otra parte, no se configura en este caso la vulneración del derecho a la
igualdad invocado por la parte actora, por no estar demostrado que la
providencia cuestionada se hubiera apartado de una regla de decisión trazada
con anterioridad por el mismo juez al resolver un caso con supuestos similares.
En este escenario, se confirmará parcialmente la decisión proferida en primera
instancia que negó la acción de tutela, pero únicamente frente al cargo por
violación al derecho a la igualdad, y se declarará improcedente la petición de
amparo en relación con el derecho al debido proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmase parcialmente la sentencia del 18 de enero de 2024,
por medio del cual, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
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Estado negó la acción de tutela, pero únicamente frente al cargo por violación
del derecho a la igualdad.
SEGUNDO: Declárese improcedente la petición de amparo en relación con el
derecho al debido proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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