Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00551-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00551-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00551-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de noviembre de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00551-01 (25903)
Demandante: Ecopetrol S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2017-00551-01 (25903)
Demandante ECOPETROL S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Retención en la fuente 2012. Pagos por servidumbre petrolera.
Daño emergente y lucro cesante. Sanción por inexactitud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la
sentencia del 06 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió lo siguiente1:
“PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de los siguientes actos administrativos a través de
los cuales la DIAN modificó las declaraciones privadas de retención en la fuente
presentadas por ECOPETROL S.A. por los periodos 1 a 12 del año 2012, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
N.º Liquidación Oficial No. Resolución Resuelve Recurso
1 312412015000121 de 30 de noviembre de 2015 009802 de 15 de diciembre de 2016
2 312412015000123 de 30 de noviembre de 2015 009803 de 15 de diciembre de 2016
3 312412015000124 de 30 de noviembre de 2015 009796 de 14 de diciembre de 2016
4 312412015000125 de 30 de noviembre de 2015 009794 de 14 de diciembre de 2016
5 312412015000126 de 30 de noviembre de 2015 009793 de 14 de diciembre de 2016
6 312412015000127 de 30 de noviembre de 2015 009886 de 16 de diciembre de 2016
7 312412015000128 de 30 de noviembre de 2015 009606 de 07 de diciembre de 2016
8 312412015000129 de 30 de noviembre de 2015 009724 de 13 de diciembre de 2016
9 312412015000130 de 30 de noviembre de 2015 010136 de 22 de diciembre de 2016
10 312412015000131 de 30 de noviembre de 2015 010135 de 22 de diciembre de 2016
11 312412015000132 de 30 de noviembre de 2015 009892 de 16 de diciembre de 2016
12 312412015000133 de 30 de noviembre de 2015 009887 de 16 de diciembre de 2016
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de las
declaraciones de retención en la fuente de los periodos 1 a 12 presentadas por la sociedad
demandante.
TERCERO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.
CUARTO: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia, previas las
desanotaciones de rigor”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Ecopetrol presentó las declaraciones de retención en la fuente por los períodos
1 a 12 del año gravable 2012.
Previa expedición de los respectivos requerimientos especiales, la DIAN profirió
las Liquidaciones Oficiales de Revisión Nros. 312412015000121,
312412015000123, 312412015000124, 312412015000125, 312412015000126,
1 Fl. 645 CP 3
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00551-01 (25903)
Demandante: Ecopetrol S.A.
312412015000127, 312412015000128, 312412015000129, 312412015000130,
312412015000131, 312412015000132 y 312412015000133, todas del 30 de
noviembre de 2015, mediante las cuales modificó las referidas declaraciones con
el objetivo de incluir la retención no practicada por los pagos realizados a terceros
por concepto de indemnizaciones por servidumbres petroleras e imponer
sanciones por inexactitud.
Los anteriores actos fueron objeto de recurso, que fueron resueltos en las
Resoluciones Nros. 009802, 009803 del 15 de diciembre, 009796, 009794,
009793 del 14 de diciembre, 009886 del 16 de diciembre, 009606 del 07 de
diciembre, 009724 del 13 de diciembre, 010136, 010135 del 22 de diciembre,
009892 y 009887 de 16 de diciembre, todas del año 2016, que modificaron las
liquidaciones, sustrayendo de los valores adicionados conceptos como derechos
de registro, licencias de construcción y los denominados pagos no sujetos a
retención en virtud del literal m) del artículo 5 del Decreto 1512 de 1985, luego
de concluir que estos “no pueden ser considerados como valores pagados por concepto de
indemnización de servidumbres”.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló
las siguientes pretensiones2:
“IV. PRETENSIONES
Las siguientes son las pretensiones de esta demanda:
A. Respetuosamente solicitamos a la honorable jurisdicción de lo contencioso
administrativo que, como consecuencia de la ilegalidad de los actos acusados, se
declare la nulidad de las Liquidaciones Oficiales de Revisión y Resoluciones por las
cuales se deciden los recursos de reconsideración, actos administrativos que para
efectos prácticos se encuentran individualizados en el siguiente cuadro:
Resolución por la cual se decide un
Liquidación especial de revisión
recurso de reconsideración
312412015000121 de 30 de noviembre de 2015 009802 de 15 de diciembre de 2016
312412015000123 de 30 de noviembre de 2015 009803 de 15 de diciembre de 2016
312412015000124 de 30 de noviembre de 2015 009796 de 14 de diciembre de 2016
312412015000125 de 30 de noviembre de 2015 009794 de 14 de diciembre de 2016
312412015000126 de 30 de noviembre de 2015 009793 de 14 de diciembre de 2016
312412015000127 de 30 de noviembre de 2015 009886 de 16 de diciembre de 2016
312412015000128 de 30 de noviembre de 2015 009606 de 7 de diciembre de 2016
312412015000129 de 30 de noviembre de 2015 009724 de 13 de diciembre de 2016
312412015000130 de 30 de noviembre de 2015 010136 de 22 de diciembre de 2016
312412015000131 de 30 de noviembre de 2015 010135 de 22 de diciembre de 2016
312412015000132 de 30 de noviembre de 2015 009892 de 16 de diciembre de 2016
312412015000133 de 30 de noviembre de 2015 009887 de 16 de diciembre de 2016
Para efectos de la solicitud de nulidad de las Liquidaciones Oficiales de Revisión y
Resoluciones por las cuales se deciden los recursos de reconsideración, con el ánimo
de privilegiar el principio de economía procesal, solicitó a su Despacho la acumulación
de pretensiones, la cual procede en este casi, con fundamento en el artículo 82 del
2 Fl. 3 vto y 4 CP1
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Código de Procedimiento Civil y el artículo 165 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el Honorable Tribunal
Contencioso de Cundinamarca ante quien se interpone la presente demanda es
competente para conocer de todas las pretensiones, no se excluyen entre sí y todas
pueden tramitarse por el mismo procedimiento.
B. Como restablecimiento del derecho, solicitamos se declare que no procede la
modificación de las declaraciones de retención en la fuente de los 12 períodos del año
gravable 2012, así como la imposición de la sanción por inexactitud y por lo tanto que
se declare la firmeza de las declaraciones de retención en la fuente correspondientes
al año 2012 que presentó la Compañía”.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 95 y
363 de la Constitución Política; 26, 367, 683 y 742 del Estatuto Tributario; 1614
del Código Civil Colombiano; 17 de Decreto 187 de 1975 y; 20 del Decreto 4048
de 2008.
El concepto de violación se resume así:
1. Pagos por servidumbre
Efectuó un recuento normativo respecto del concepto de servidumbre e indicó
que se pueden clasificar en naturales, voluntarias y legales, destacando que
entre estas últimas se encuentra la de hidrocarburos o petroleras, que permite al
empresario del petróleo detentar en forma física predios con el fin de efectuar sus
labores, lo que supone una desmembración del derecho de propiedad.
Explicó que las servidumbres petroleras obedecían a un régimen garantista que
busca indemnizar al dueño del predio por la limitación a la propiedad privada y
no pretende incrementar su patrimonio, por lo que el pago obedecía en un 100%
a un daño emergente. Esta tesis se reafirma al verificar el contenido de la Ley
1274 de 2009, que si bien regula este tipo de servidumbres, no establece una
metodología o procedimiento para determinar los perjuicios que se debían
indemnizar por la industria de hidrocarburos a los dueños de inmuebles a los que
se les impone el gravamen o limitación. En consecuencia, es procedente acudir
a la Ley 1682 de 2013 (que regula los proyectos de infraestructura de transporte,
modificada por la Ley 1742 de 2014), que establece la definición de precio de
adquisición, en el cual se hace referencia a la compensación por afectación al
patrimonio y, por tal, se considera daño emergente.
Ahora, frente al lucro cesante indicó que se circunscribía a la pérdida de la utilidad
por contratos que dependían del inmueble objeto de liquidación o por otras
actividades, sin embargo, este concepto no se presenta en las servidumbres de
hidrocarburos, por lo que no era posible su reconocimiento. Además, Ecopetrol
en el documento “Instructivo de indemnización por servidumbre GIN-I003”, definió las
indemnizaciones por concepto de servidumbre y en ellas no se encuentra el lucro
cesante como valor a pagar.
2. La DIAN no fundamenta sus actos en los hechos probados en el
expediente
Sostuvo que la DIAN para poder sustentar su decisión de someter a retención en
la fuente los pagos por servidumbres petroleras ignoró las pruebas aportadas por
la actora o les dio un sentido diferente, pues Ecopetrol no reconocía valores por
lucro cesante o monto alguno por la renta dejada de percibir por el dueño del
predio con ocasión a la limitación.
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Señaló que el instructivo de indemnización por servidumbre de la sociedad
establecía como pago máximo los valores que compensen o sustituyan el activo,
esto es el pago del daño emergente y explicaba que las afectaciones transitorias
no corresponden a indemnizaciones por servidumbres. Sin embargo, la DIAN
consideraba que el instructivo daba una connotación de rentabilidad esperada
por el tiempo de ocupación por la construcción, aun cuando esta no se tomaba
para el cálculo del pago.
Así, no era necesario efectuar una discriminación de los pagos, identificando el
valor correspondiente a daño emergente y a lucro cesante ya que este último no
era reconocido por Ecopetrol S.A. y la Ley 1274 de 2009 no lo consagraba.
Se refirió a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibú,
del 05 de mayo de 2014, que en su criterio corroboraba su posición en relación
con la naturaleza del pago, pues en ella se expuso que la indemnización por lucro
cesante no tiene aplicación en este “tipo de servidumbres.”
Adujo que, contrario a lo expuesto por la DIAN, las autorizaciones de pago
únicamente se refieren a la indemnización por daños sin mencionar si se trata de
daño emergente o lucro cesante, las “actas de reconocimientos” no corresponden al
pago de las servidumbres petroleras y el “reconocimiento de daños” está regulado en
el “instructivo de indemnización por concepto de daños” al cual la DIAN no le dio valor y
que es diferente al de reconocimiento de servidumbre. Manifestó que se aportó
certificación del revisor fiscal que soportaba los pagos hechos por la demandante.
3. Retención en la fuente por daño emergente. Violación de los artículos
1614 del Código Civil, 17 del Decreto 187 de 1975 y 26 y 367 del
Estatuto Tributario
Aclaró que el reconocimiento de la indemnización por daño emergente no era un
hecho generador del impuesto sobre la renta porque no incrementaba el
patrimonio de quien percibía el pago, por tanto, no procedía la retención en la
fuente exigida por la DIAN.
4. Concepto de servidumbre petrolera como contribución especial.
Violación del artículo 683 del Estatuto Tributario
Indicó que la servidumbre petrolera se da con ocasión de la ley y se traduce en
una limitación al dominio dado el interés social, de ahí que pueda clasificarse
como una contribución especial y en tal calidad no puede estar gravada con el
impuesto a la renta y estar sujeta a retención en la fuente, en aplicación del
principio de justicia que rige el sistema tributario.
Insistió en que el pago por la servidumbre petrolera está reponiendo un bien y no
enriquece a su destinatario, de ahí la improcedencia de la retención.
5. La DIAN está desconociendo su propia doctrina sobre la retención en
la fuente en pagos por servidumbres
Manifestó que mediante el Concepto Nro. 052338 de 2001 la DIAN señaló que,
únicamente se encuentran sometidos a retención los pagos por servidumbre que
realmente produzcan un incremento del patrimonio y que, en todo caso, las
indemnizaciones por daño emergente no lo generan. Asimismo, en el Concepto
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038893 de 2007, dicha entidad reconoció que los pagos por servidumbres sujetos
a retención, al no contar con una norma especial, deben someterse a retención
por el concepto “otros ingresos” a la tarifa del 3.5%. Estos criterios se ratificaron en
los Conceptos 1513 (065874) de 2014 y 001030 de 2016, en este último se dijo
que no era procedente interpretar que los pagos por la constitución de una
servidumbre se asimilaban a indemnización por daños y perjuicios.
Sin embargo, la doctrina citada no fue tenida en cuenta por la Administración
quien aplicó una tarifa del 20%, pese a que el artículo 20 del Decreto 4048 de
2008 señalaba que los conceptos eran de obligatorio acatamiento por parte de
los funcionarios de la entidad.
6. Violación de los principios de justicia, equidad y progresividad
Aclaró que, de acuerdo con la Constitución Política, las personas estaban
obligadas a contribuir con el financiamiento de los gastos del Estado dentro de
los conceptos de justicia y equidad. Por lo que sujetar a retención en la fuente un
concepto que no era gravable (daño emergente) violaba dichos principios.
Explicó que los funcionarios públicos debían aplicar de manera recta las leyes y
estar guiados por el espíritu de justicia, según lo estipulado en el artículo 683 del
Estatuto Tributario y la sentencia C-833 de 2013. La DIAN no está amparada en
alguna circunstancia que justifique dar en este caso un tratamiento inequitativo y
fuera del alcance de las normas tributarias.
7. Sanción por inexactitud
Solicitó que en el caso en que se aplique la sanción se tenga en cuenta el
principio de favorabilidad contemplado en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819
de 2016.
Explicó que en el Concepto Nro. 001030 del 16 de noviembre de 2016, la DIAN
manifestó que los Conceptos 065874 del 05 de diciembre de 2014 y el 78179 del
17 de diciembre de 2012 estaban vigentes y no eran contradictorios entre sí. De
ahí que se presentara una diferencia de criterios. Además, para la demandante
el artículo 401-2 del Estatuto Tributario no aplica en este caso, pues lo que se
busca resarcir es el daño emergente, el cual no se encuentra gravado
expresamente por el inciso segundo del artículo 17 del Decreto 187 de 1975.
Adicionalmente, no procedía la sanción, ya que no se suministró información
falsa, incompleta, equivocada o desfigurada y tampoco se acudió a maniobras
fraudulentas que derivaran en un menor tributo.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones3 de la demanda, lo cual
puede sintetizarse así:
Explicó que, la servidumbre petrolera está regulada por la Ley 1274 de 2009,
norma que establece una etapa de negociación directa en que el interesado debe
dar aviso formal al propietario y se debe convenir el monto de la indemnización
de los perjuicios que se ocasionaran con los trabajos, en caso no llegar a un
3 Fls. 538 a 546 CP3
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acuerdo se debe levantar un acta señalando las causas de la negociación fallida
y el valor máximo ofrecido. Posteriormente se debe acudir al juez para determinar
el pago.
De ese procedimiento, se evidencia que, contrario a lo expuesto por la actora, las
normas establecían que el interesado debe reconocer la indemnización por los
perjuicios que cause con las actividades que adelante, lo mismo aplica para la
ocupación permanente, donde el pago realizado comprende todos los perjuicios.
Es por ello que la indemnización debía incluir tanto el daño emergente como el
lucro cesante. Y, como consta en los actos acusados, está probado que se
causaron perjuicios, que dieron lugar al reconocimiento de la indemnización por
lucro cesante, por lo que era procedente la retención en la fuente como lo señala
la ley.
Dijo que no era aplicable la Ley 1682 de 2013, al no encontrarse vigente, ya que
se trataba de hechos que sucedieron en el año 2012 y, además, hace referencia
a la ocupación transitoria, cuando la servidumbre petrolera es permanente y
origina perjuicios a la explotación económica del predio, cuya reparación debe
ser integral.
Manifestó que la actora justificaba su actuar con base en instructivos internos que
aplicaba a sus operaciones, sin tener en cuenta que estos no son oponibles a la
DIAN ni son fuente de derecho. Advirtió que la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Tibú no era aplicable ya que la ley era clara al disponer
el alcance y los efectos de la servidumbre petrolera.
Afirmó que en el proceso de determinación se comprobó la totalidad de los pagos
que estaban sujetos a retención, por corresponder a indemnización por lucro
cesante, lo que “no fue objeto de impugnación por la actora” quien se limitó a copiar unos
cuadros “inconsistentes”. Reiteró que el pago incluía la indemnización por lucro
cesante, la cual consistía en el reconocimiento del rédito de la tierra y como tal
tenía la entidad de incrementar el patrimonio, en esa medida no se violaron los
artículos 1614 del Código Civil, 217 del Decreto 187 de 1975, y 26 y 367 del
Estatuto Tributario, ni los principios a los que alude la demandante.
Indicó que la Administración sí aplicó su doctrina, ya que los conceptos
referenciados por la actora fueron proferidos con posterioridad al período en
discusión y versaban sobre asuntos diferentes a la indemnización por lucro
cesante.
En relación con la sanción por inexactitud, dijo que sí procedía puesto que se
acreditó el fundamento fáctico y jurídico de la infracción. No se observa una
diferencia de criterios, sino una aplicación errada de las pruebas y del tema
controvertido.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
declaró la nulidad de los actos demandados4.
Hizo referencia a las características de las servidumbres de conformidad con el
Código Civil. Explicó que la Ley 1274 de 2009 regula el procedimiento para el
4 Fls. 629 a 645 CP3
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avalúo de la servidumbre petrolera, que es de carácter legal, se basa en los
principios de utilidad pública e interés social, por lo que no media la voluntad del
dueño del predio sino la disposición normativa y, además, establece las etapas
para la negociación directa de las servidumbres de hidrocarburos y la
determinación del monto de la indemnización de perjuicios.
Citó los artículos 1613 y 1614 del Código Civil para concluir que la indemnización
comprendía el daño emergente y el lucro cesante y cuál era la definición de cada
uno de estos conceptos. También se refirió a los artículos 26, 367, 368, 375, 382
y 401-2 del Estatuto Tributario, y 17 del Decreto 187 de 1975, y explicó que el
daño emergente no incrementaba el patrimonio del contribuyente, por lo que no
estaba sujeto a la retención pues no se trata de un ingreso gravado con el
impuesto de renta.
Hizo el recuento probatorio, y señaló que no se encontró dentro del expediente
prueba de la existencia de actas donde se establecieran indemnizaciones a título
de lucro cesante, por lo que los pagos efectuados correspondían únicamente a
daño emergente, máxime cuando en las actas de reconocimiento de daño no se
realizó cálculo alguno relacionado con la ganancia o provecho dejado de reportar
por el propietario o poseedor.
Así, lo pagado busca reparar el perjuicio o la pérdida causada por el
incumplimiento de una obligación, que en estos casos consiste en el daño o
deterioro de un activo patrimonial por el desarrollo de una obra relacionada con
hidrocarburos, por lo que no se trata de un ingreso que sea susceptible de
producir incremento neto en el patrimonio de quien lo percibe, por lo que al
tratarse de pagos de indemnización a título de daño emergente, no había lugar a
practicar retención alguna. Además, i) Ia retención se practica mensualmente, y
la DIAN tuvo en cuenta para modificar la glosa analizada las mismas actas de
reconocimiento de daños, descociendo que debe analizarse cada caso en
particular, y ii) tomó la totalidad de los pagos y aplicó el 20%, sin diferenciar si
correspondían a daño emergente o lucro cesante
Ordenó la nulidad de los actos comoquiera que la DIAN no demostró que los
pagos se hicieron por lucro cesante y a título de restablecimiento del derecho
declaró la firmeza de las declaraciones.
Recurso de apelación
La parte demandada apeló la decisión de primera instancia, fundamentando su
recurso en los siguientes aspectos5.
Dijo que el tribunal no tuvo en cuenta que la actora, en la demanda, se refirió a
la servidumbre predial desarrollada en el Código Civil, cuando esta es diferente
a la petrolera. Esta última cuenta con una regulación especial, Ley 1274 de 2009,
que señala que la indemnización debe ser integral (incluir el lucro cesante y el
daño emergente), por lo que se requería que el pago comprenda todos los
perjuicios que se ocasionaron con los trabajos adelantados por la demandante.
Reiteró los argumentos de la oposición de la demanda sobre el procedimiento de
avalúo para las servidumbres petroleras y que la indemnización pagada cubre los
perjuicios sufridos, incluidos el lucro cesante.
5 Fls. 655 a 659 CP3
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Advirtió que el tribunal no valoró la prueba en la que la actora confiesa que no
contaba con soportes físicos y que se limitó a relacionar unos cuadros
inconsistentes en los que omitía gran parte de los registros del folio de la
matrícula inmobiliaria, por lo que no cumplió con su carga probatoria. Por el
contrario, en los actos demandados “se estableció y comprobó la totalidad de los pagos
sujetos a retención en la fuente, sobre pagos correspondientes a indemnización por lucro cesante,
situación que no fue objeto de impugnación por la demandante”.
Manifestó que había lugar a la retención en la fuente porque se trataba de pagos
que resarcían los perjuicios causados por la no obtención de la utilidad por la
explotación económica de los predios, los cuales son ingresos susceptibles de
incrementar el patrimonio y, por lo tanto, un ingreso fiscal.
Precisó que se causaba la sanción por inexactitud porque con el actuar de la
demandante se derivó un menor valor de retención.
Alegatos de conclusión
La demandante6 manifestó que la indemnización de perjuicios no conllevaba
necesariamente el pago por lucro cesante, empero, la DIAN pretendía calificar
los pagos hechos por Ecopetrol como tales. Explicó que el lucro cesante no es
un hecho notorio, es el resarcimiento de un perjuicio que debía probarse y tasarse
por el afectado. Reiteró los argumentos relacionados con los instructivos de la
compañía, la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Tibú y la sanción
por inexactitud, expuestos en el escrito de la demanda.
La demandada7 insistió en los argumentos de la apelación y solicitó se aplicara
el precedente fijado en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, Expediente 25000233700020180015000, M.P.
Luis Antonio Rodríguez Montaño, del 16 de septiembre de 2021, en el que se
resolvió un caso con identidad fáctica y jurídica entre las mismas partes, por
concepto de retención en la fuente durante el año gravable 2013, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
Explicó que la indemnización integral no se limita única y exclusivamente al precio
comercial del bien, tasado por un perito, sino también al lucro cesante que sufre
el propietario por no poder utilizar su predio para el desarrollo de su actividad
económica, hasta tanto la servidumbre legal se extinga, de acuerdo con las reglas
del Código Civil.
Concepto del Ministerio Público
El Procurador delegado ante esta Corporación no se pronunció en este asunto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Previo a decidir sobre la legalidad de los actos demandados, se pone de presente
que, habiéndose desintegrado el quórum decisorio en relación con el proyecto
inicialmente presentado por el consejero Milton Chaves García, por acta del 14
de julio de 2022, fue designada como conjuez la doctora Magdalena Inés Correa
6 Samai, índice 19
7 Samai, índice 18
8
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Henao8, tras lo cual, el proyecto fue negado, debiendo pasar al despacho de la
posición mayoritaria que seguía en turno.
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de
los actos administrativos acusados. En tal sentido la Sala analizará la
procedencia de la retención en la fuente por los pagos efectuados por Ecopetrol
por concepto de servidumbre petrolera, en el año gravable 2012.
1. Retención en la fuente en los pagos por concepto de servidumbre
petrolera
Señala la actora que los pagos no son objeto de retención en la fuente, en la
medida en que corresponden a una servidumbre legal que limita la propiedad
privada en función de un interés público y, como consecuencia, se trata de una
indemnización de perjuicios por daño emergente que, de conformidad con el
Decreto Reglamentario 187 de 1975, no es susceptible de incrementar el
patrimonio. Por su parte, la demandada, en los actos, sostiene que, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 401-2 del Estatuto Tributario, los pagos o abonos en
cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las salariales, a las de
seguros de daño y a las de seguro de vida, se encuentran sujetas a retención en
la fuente a la tarifa del 20% para residentes y al 33% para no residentes. Esto
porque lo recibido por la servidumbre incrementa el patrimonio de los dueños o
poseedores de los predios, pues la indemnización recibida comprende también
pagos por lucro cesante
Consideró el Tribunal que lo pagado buscaba reparar el perjuicio causado, es
decir, el daño o deterioro de un activo con ocasión a una obra relacionada con
hidrocarburos, por lo que no se trataba de un ingreso susceptible de producir
incremento neto del patrimonio de quien lo percibe, configurando un pago por
daño emergente que no es susceptible de retención alguna.
Con el fin de analizar el caso concreto, la Sala procede a indicar las normas que
regulan el tema de discusión.
El artículo 17 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 señala que:
“ Artículo 17. Para los efectos del artículo 15 del Decreto 2053 de 1974, se entiende que
un ingreso puede producir incremento neto del patrimonio, cuando es susceptible de
capitalización aun cuando esta no se haya realizado efectivamente al fin del ejercicio.
No son susceptibles de producir incremento neto del patrimonio los ingresos por
reembolsos de capital y las indemnizaciones por daño emergente ”. (énfasis de la Sala)
Así mismo, el artículo 1614 de Código Civil define el daño emergente y el lucro
cesante en los siguientes términos:
“Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su
cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o
retardado su cumplimiento”.
8 Samai, índice 24
9
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Por su parte, el artículo 91 de la Ley 788 de 2002 adicionó el artículo 401-2 del
Estatuto Tributario, para establecer la retención en la fuente sobre
indemnizaciones en los siguientes términos:
“Artículo 401-2. Retención en la fuente en indemnizaciones. Los pagos o abonos en cuenta
por concepto de indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones salariales y a las
percibidas por los nacionales como resultado de demandas contra el Estado y
contempladas en los artículos 45 y 223 del Estatuto Tributario, estará sometida a retención
por concepto de renta a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), si los beneficiarios de
la misma son extranjeros sin residencia en el país, sin perjuicio de la retención por remesas.
Si los beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de retención por este
concepto será del veinte por ciento (20%)”.
De acuerdo con las normas transcritas la Sala considera que prevalece lo
dispuesto en el artículo 401-2 del Estatuto por dos razones: i) es una norma
superior, ley sobre reglamento, y ii) fue proferida con posterioridad al decreto
reglamentario.
Lo anterior se fundamenta con el artículo 2 de la Ley 153 de 1887 que establece
el criterio de que “La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley
posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará
la ley posterior”.
Así mismo, sobre la primacía de la ley sobre el reglamento, la Corte
Constitucional, en Sentencia C-037 de 2000 señaló lo siguiente:
“(…) de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso
dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución ocupan, en principio, una
posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Esta
conclusión se extrae de diversas disposiciones, entre otras aquellas referentes a los
deberes y facultades que, según el artículo 189 de la Constitución, le corresponden al
presidente frente a ley. En efecto, esta disposición le impone “promulgar la (sic) leyes,
obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento” (numeral 10°), y “ejercer la potestad
reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarios para
la cumplida ejecución de las leyes” (numeral 11°). Así las cosas, tenemos que los actos
administrativos de contenido normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y
cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Igualmente, las
normas superiores que organizan la jurisdicción contencioso-administrativa y
señalan sus atribuciones (artículo 237 superior), encuentran su finalidad en la
voluntad del constituyente de someter la acción administrativa al imperio de la ley”.
(Énfasis propio)
Ahora, como se cuestiona la servidumbre petrolera, debe hacerse referencia a la
Ley 1274 de 2009, que la define en los siguientes términos:
Artículo 1°. Servidumbres en la Industria de los Hidrocarburos. La industria de los
hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de exploración, producción,
transporte, refinación y distribución. Los predios deberán soportar todas las servidumbres
legales que sean necesarias para realizar las actividades de exploración, producción y
transporte de los hidrocarburos, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá el derecho a
construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las obras y servicios propios
para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del ejercicio de las demás servidumbres
que se requieran.
Frente a este tema, la Corte Constitucional se pronunció sobre las servidumbres
petroleras, en sentencia C-641 de 2010, así:
“No obstante que la imposición de la servidumbre es lícita, permitida por la Constitución en
los términos y condiciones en ella previstos y desarrollados en la ley para las limitaciones
10
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al derecho de propiedad, razón por la cual el particular afectado tiene el deber jurídico de
soportar el gravamen, sin que, específicamente, por ejemplo, en el caso de las
servidumbres de hidrocarburos, pueda oponerse a ella, comporta un detrimento patrimonial
antijurídico, porque el particular, si bien debe soportar el gravamen, no está en el deber
jurídico de asumir ese detrimento patrimonial.” Subrayado fuera de texto.
De conformidad con lo anterior, debe tenerse en cuenta en primer lugar que las
normas citadas no contemplan o habilitan a la actora para excluir de la retención
en la fuente los pagos por servidumbres petroleras, por lo que le correspondía
probar las circunstancias que dan lugar a una «exención» o «exclusión». Así, el
criterio de la Sala es que procede la retención en la fuente dado que no existe ley
especial que señale que no debe realizarse aquella a los pagos por servidumbres
petroleras.
Adicionalmente, es preciso considerar que el hecho que el legislador, en el
artículo 45 del Estatuto Tributario, indique que las indemnizaciones por seguro
de daño pagadas en virtud de contratos de seguro son ingreso no gravado bajo
el cumplimiento de ciertos requisitos9 ratifica de una parte que el daño emergente
per se no está excluido de ser objeto de retención en la fuente y de otra que el
legislador en su amplio ámbito de configuración determina en qué casos un pago
por indemnización es susceptible de ser objeto de gravamen y, por ende, de
retención en la fuente o no.
Asimismo, se debe tener en cuenta que, en materia del impuesto sobre la renta,
la sujeción al tributo de las sumas recibidas a título de indemnizaciones puede
estar determinado por el costo del activo que se esté reponiendo por la pérdida y
si el siniestro se solicita o no como deducción en la respectiva declaración. Por
lo anterior, el tratamiento de no gravado en estos tipos de pagos en materia del
impuesto sobre la renta depende de las circunstancias que rodea al activo, de la
afectación patrimonial del mismo y del monto de la indemnización, por ello los
pagos o abonos en cuenta no pueden ampararse en una exclusión general de
retención en la fuente, aduciendo que no son susceptibles de producir un
incremento patrimonial, porque, se insiste, esto dependerá de cada circunstancia
particular del bien afectado con la indemnización.
Ahora bien, para resolver este asunto, la Sala encuentra probado dentro del
expediente lo siguiente:
• Auto comisorio Nro. 1816 del 08 de octubre de 2013, que tenía como objeto
“ordenar realizar verificación, analizar la retención en la fuente de los años 2010, 2011, 2012
y los tres meses transcurridos del año gravable 2013”10.
• Requerimiento Nro. 1 31 238 463 081 del 09 de octubre de 2013, por el cual
se solicitó información de los pagos de indemnizaciones por servidumbres
petroleras y/o por indemnización por compraventa de derechos de posesión
y mejoras, relacionada con el impuesto de retención en la fuente de los
períodos I a XII de 2010, 2011, 2012 y I a IX de 201311.
9 “Artículo 45. Las indemnizaciones por seguro de daño. El valor de las indemnizaciones en dinero o en
especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, es
un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el
contribuyente deberá demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión de la totalidad
de la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a los que eran objeto del seguro.”.
10 Fl.10 caa1.
11 Fl.11 caa1.
11
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Demandante: Ecopetrol S.A.
• Respuesta al requerimiento de información12, en el cual se adjuntó cuadro
Excel señalando los pagos realizados por conceptos de i) indemnización a
terceros y ii) proyectos Indemnización a Terceros, como se evidencia a modo
de ejemplo en el siguiente cuadro, extraído del expediente:
Concepto
Fecha % de Valor de
Nombre NIT TEXTO Valor retención en
contabilización retención retefuente
la fuente
Proyecto Indemnizaciones a
Alfonso Barreto Álvaro Edison 9505700 01.06.2012 40.624.900.00 0 0 0
terceros
Álvarez Rodríguez John Jairo 1042221168 Indemnizaciones a terceros 08.06.2012 528.000.00 0 0 0
Álvarez Rodríguez John Jairo 1042221168 Indemnizaciones a terceros 15.06.2012 2.340.000.00 0 0 0
Álvarez Torres Alicia 21230175 Indemnizaciones a terceros 05.06.2012 473.200.00 0 0 0
Ardila García Samuel 13269933 Indemnizaciones a terceros 05.06.2012 1.400.000.00 0 0 0
Arévalo torres Freddy Eli 13378099 Indemnizaciones a terceros 06.06.2012 3.660.000.00 0 0 0
Ascanio de Acuña Myrian 37829932 Indemnizaciones a terceros 14.06.2012 7.072.000.00 0 0 0
Bazán Achury Ambrocio 91215915 Indemnizaciones a terceros 13.06.2012 9.568.000.00 0 0 0
Becerra Vargas Mónica 40038329 Indemnizaciones a terceros 20.06.2012 2.555.000.00 0 0 0
Beltrán Acosta Elver Darío 3032223 Indemnizaciones a terceros 01.06.2012 10.000.000.00 0 0 0
Benedetti de Benítez Olga María 27996553 Indemnizaciones a terceros 01.06.2012 2.400.000.00 0 0 0
• Declaraciones mensuales de retención en la fuente por los períodos 1 a 12
del año 201213.
• Requerimiento Ordinario Nro. 312382013000493 del 24 de diciembre de
2013, en el que se le solicitó a la demandante i) relación de los pagos
efectuados por concepto de servidumbres permanentes o transitorias, ii)
documentos soportes de pagos superiores a $50.000.000, comprobantes de
causación, contabilización y pago realizado, iii) certificar si los pagos
descritos fueron sujetos a retención en la fuente, explicar y precisar la norma
tributaria por la cual no se efectuó o en caso afirmativo la acreditación del
pago14.
• Autorizaciones de pago en los que se indica “indemnización por concepto de
DAÑOS sobre el predio denominado (…) el cual fue afectado con ocasión de la
infraestructura (…)”15
• Instructivo de indemnización por servidumbre desarrollado por Ecopetrol
S.A.16, en el cual se señaló lo siguiente:
“(…) Con base en estos valores y partiendo del principio general de indemnizaciones, se
establecen variables que ayuden a estructurar la afectación de cada zona así:
Para definir el valor de indemnización se parte de la aplicación de los principios de justicia y
equidad y en ese sentido, el monto a indemnizar debe ser proporcional a la afectación real
que se configura sobre el predio.
(…)
Es de advertir que a pesar de definir las variables de forma independiente, la afectación se
configura en forma integral; es decir, que intervienen las cuatro variables antes analizadas:
uso, propiedad privada, pendiente y valor potencial; así mismo se parte del hecho que la
indemnización, por concepto de servidumbre en el caso extremo será equivalente al valor
comercial, caso en el cual, en virtud de la afectación, la franja queda inutilizable para el
propietario. Cuando no se configure esta circunstancia, la indemnización oscilará entre dicho
valor y el definido para la variable propiedad privada”.
• Actas de reconocimiento de daños elaborada por la actora17, en donde se
indicó lo siguiente:
“PRIMERO.- ALCANCE: ECOPETROL S.A. Adelantará la obra (…), obra ésta que es de
utilidad pública e interés social conforme al artículo 4° del Decreto 1056 de 1953, por cuyos
12 Fl. 16 caa1.
13 Fls. 21 caa1; 12 caa3; 12 caa 5; 12 caa7; 12 caa 9; 12 caa 11; 12 caa13; 12 caa 15; 12 caa17; 12 caa
19; 12 caa21; 13 caa 23.
14 Fl. 24 caa1.
15 Fl. 34 a 42 caa1.
16 Fls 67 a 74 caa1.
17 Fls 81 a 131 caa1.
12
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trabajos se ocasionarán los siguientes daños en el predio descrito en el encabezado de este
documento, específicamente sobre un área de (…)
PARÁGRAFO PRIMERO – ECOPETROL S.A. para el cálculo de la indemnización por daño
emergente y el lucro cesante en cultivos, ha considerados (sic) periodos de seis (6) meses,
contados a partir de la materialización de la afectación con ocasión del inicio de la obra en
el predio, por ejemplo: la erradicación del cultivo.
En caso de que las obras en el predio se realicen en un periodo superior a seis (6) meses,
ECOPETROL procederá a pagar otro periodo de hasta seis (6) meses, calculado únicamente
sobre el lucro cesante. Para este efecto se requiere la firma de un acta adicional de daños,
suscrita entre las partes (…)
SEGUNDO.- INDEMNIZACIÓN ECOPETROL S.A. reconocerá y pagará a EL
BENEFICIARIO por los daños relacionados anteriormente en el inventario, a título de
indemnización, la suma de (…) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, suma que incluye los
conceptos de daño emergente y lucro cesante, los cuales se pagarán dentro de los treinta
(30) días calendario siguientes a la fecha en que el beneficiario presente la totalidad de
documentos requeridos para adelantar el trámite de pago por parte de ECOPETROL S.A
(…).
• Auto Nro. 0000304 del 9 de marzo de 2015, por medio del cual las pruebas
aportadas al proceso de fiscalización del período 1 de 2012 se trasladaron a
los demás períodos18.
• Informes finales Nros. GO 2012 2013 001308, GO2012 2015 000 198;
GO2012 2015 000 199; GO 2012 2015 000 200; GO 2012 2015 000 201; GO
2012 2015 000 231; GO 2012 2015 000 203; GO 2012 2015 000 204; GO
2012 2015 000 205; GO 2012 2015 000 206; GO 2012 2015 000 207; GO
2012 2015 000 208, en los cuales se concluyó lo siguiente: “El tratamiento
otorgado por el contribuyente Ecopetrol S.A., no se ajusta al contenido del artículo 401-2, ni
es factible asimilarlo a la indemnización por seguro de daño en virtud de ser estas
exclusiones taxativas por el legislador y cuando la ley es clara no es dable al actor
interpretarla en forma distinta, como en el caso expuesto se realiza (…)”19.
• Requerimientos Especiales Nros. 312382015000011 del 09 de marzo de 2015;
312382015000025; 312382015000026; 31282015000027; 312382015000028;
312382015000029; 312382015000030; 31238201500031; 312382015000032;
312382015000033; 312382015000034 y 312382015000036 del 13 de marzo de
201520, en donde se reiteró lo concluido en el informe final.
• Liquidaciones Oficiales de Revisión Nros. 312412015000121;
312412015000123; 312412015000124; 312412015000125; 312412015000126;
312412015000127; 312412015000128; 312412015000129; 312412015000130;
312412015000131; 312412015000132 y 312412015000133 del 30 de noviembre
de 201521, mediante las cuales modificó las declaraciones privadas, las
cuales fueron modificadas por las Resoluciones Nros. 009802; 009803 del 15
de diciembre; 009796; 009794; 009793 del 14 de diciembre; 009886 del 16
de diciembre; 009606 del 07 de diciembre; 009724 del 13 de diciembre;
18 Folio 24 caa3.
19 Fls 133 a 139 caa1; 138 a 143 caa3; 138 a 144 caa5; 138 a 144 caa7; 138 a 144 caa9; 138 a 143 caa11;
138 a 147 caa13; 138 a 144 caa 15; 138 a 144 caa17; 138 a 145 caa19; 138 a 144 caa21; 138 a 148
caa23.
20 Fls 140 a 155 caa1;144 a 152 caa3; 145 a 153 caa5; 145 a 153 caa7; 145 a 154 caa9; 144 a 151 caa11;
148 a 155 caa13; 145 a 153 caa15; 145 a 153 caa17; 146 a 156 caa19; 145 a 154 caa21; 149 a 162
cca26.
21 Fls 214 a 228 caa2; 210 a 225 caa4; 211 a 227 caa6; 212 a 228 caa8; 216 a 232 caa10; 208 a 223
caa12; 213 a 230 caa14; 217 a 233 caa 16; 211 a 227 caa18; 208 a 226 caa20; 206 a 222 caa22; 214 a
235 caa24.
13
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Demandante: Ecopetrol S.A.
010136; 010135 del 22 de diciembre; 009892 y 009887 del 16 de diciembre22,
todas de 2016.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Administración tributaria,
la Sala, en primer lugar, pone de presente que, contrario a lo expuesto por la
recurrente, la actora no limitó el estudio del presente asunto a la servidumbre
predial desarrollada en el Código Civil, sino que también fundamentó su demanda
en la servidumbre petrolera, señalando cuáles eran sus características y los
pagos que deben realizarse con ocasión a esta, de ahí que en la sentencia de
primera instancia se resolviera el asunto en los términos de la litis fijada con la
demanda.
Ahora, frente a la valoración probatoria hecha por el tribunal y a los pagos que
cubre esta indemnización, la Sala resalta que el artículo 742 del Estatuto
Tributario señala que los procesos de determinación deben fundarse en los
hechos que aparezcan probados en el expediente. Por su parte el artículo 788
ibidem determina que los contribuyentes están obligados a demostrar las
circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria. A estos
efectos, puede acudirse a los medios de prueba señalados en las leyes tributarias
y/o en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en
cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias.
De acuerdo con las normas citadas y del acervo probatorio que reposa en el
expediente, esta Sección no encuentra pruebas que permitan determinar que el
pago hecho por Ecopetrol S.A. corresponde en un 100% a daño emergente, sino
que se limita a afirmar tal situación sin presentar soporte alguno. A esto se suma
el hecho de que en la demanda manifiesta que los valores tomados por la DIAN
no son los pagados durante el 2012, empero la relación presentada no contiene
todos los períodos fiscalizados (falta el mes de enero), no totaliza los pagos y
reconoce que en algunos casos no tiene los soportes de los valores cancelados,
razón por la cual tampoco se cuenta con pruebas que fundamenten tal afirmación.
Además, el certificado de revisor fiscal aportado en sede judicial y al que se
refiere en el escrito de demanda como fundamento de su afirmación solo indica
lo siguiente: “Los registros contables al 31 de diciembre de 2012, incluyen transacciones por
concepto de servidumbre con los terceros relacionados en el Anexo No. I para efectos de su
identificación con esta certificación” y revisado el anexo se observa que no se
discriminan los valores a qué mes corresponden ni se hace mención de los pagos
realizados por cada período fiscalizado, tampoco indican la cuenta contable en
la que se registraron, por lo que no respalda lo pretendido por la demandante.
Si bien el Tribunal consideró que para el reconocimiento de indemnizaciones por
lucro cesante debía expedirse un acta adicional a la de daños suscrita entre
Ecopetrol y los propietarios de los predios, las cuales no se allegaron, la Sala
difiere de esa conclusión, pues como se expuso en el recuento probatorio, en las
actas de reconocimiento de daños se manifestó que el pago cubría daño
emergente y lucro cesante (cláusula primera, parágrafo primero, y cláusula
segunda) y sólo en los casos en que las obras tardaran más de 6 meses se
reconocerían pagos adicionales por este último concepto mediante un acta
adicional, es decir, se trata de un caso excepcional, razón por la cual el hecho
22 Fls 364 a 377 caa2; 317 a 333 caa4; 313 a 326 caa6; 337 a 350 caa8; 370 a 382 caa10; 337 a 349
caa12; 382 a 394 caa14; 369 a 381 caa16; 329 a 341 caa18; 361 a 374 caa20; 348 a 364 caa22; 386 a
403 caa24.
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que en el expediente no reposen actas adicionales no es indicio que los pagos
realizados no contemplen el reconocimiento del daño por lucro cesante.
Así las cosas, se concluye que la actora no demostró que los pagos
correspondieran únicamente a daño emergente y que este no tuviera la entidad
de ser gravado con renta, pues como se dijo, dependiendo de las condiciones del
caso, lo recibido por este tipo de indemnización puede estar sujeto al impuesto,
máxime cuando es la parte demandante quien tiene la carga de la prueba y debe
desvirtuar los hallazgos de la administración. Al respecto, esta sala se ha
pronunciado en este sentido:
“(…) el contribuyente que pretenda la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial
deberá probar, en sede jurisdiccional, la verdad de los hechos descritos en la declaración
privada. En otras palabras, en sede judicial, la carga de la prueba también recae
principalmente en el administrado, puesto que, tal y como sucede en el trámite
administrativo, se encuentra en mejor posición para demostrar la veracidad de los hechos
que plasmó en la declaración privada” 23
Por esto, prospera el cargo de apelación propuesto por la parte demandada
respecto a la valoración probatoria realizada en primera instancia y que dio lugar
a conceder la nulidad de los actos.
No obstante, comoquiera que el Tribunal no estudió la totalidad de los cargos de
nulidad planteados en la demanda, la Sala los analizará con el fin de garantizar
el derecho al debido proceso de la parte actora, quien no apeló la sentencia de
primera instancia por ser favorable a sus intereses.
2. Servidumbre petrolera como contribución especial
Considera la parte demandante que la servidumbre petrolera al ser un gravamen
impuesto a la propiedad, en virtud de la ley y por consideraciones de utilidad
pública e interés social, debe clasificarse como una contribución especial y, por
tanto, no es posible gravarla con algún impuesto y menos estar sometida a
retención.
Sobre las contribuciones especiales esta Sala ha manifestado que son aquellas
que “constituyen un tributo obligatorio impuesto como una compensación del beneficio que
obtiene un grupo específico de personas por una inversión pública realizada por una entidad ”24,
de ahí que la servidumbre petrolera no tenga esta calidad, puesto que lo que
recibe el dueño o poseedor del predio es una indemnización por la construcción
de la infraestructura necesaria e instalación de las obras y servicios propios de la
industria de hidrocarburos, sin que sea necesario que el tercero reciba un
beneficio directo, puesto que no se está en presencia de un servicio que éste
adquiera. Además, no puede perderse de vista la naturaleza de la entidad que
efectúa el pago al tercero, en este caso Ecopetrol S.A., la cual es una sociedad
de economía mixta, de ahí que el pago per se no pueda asociarse directamente
al erario ni se considere inversión estatal o un tributo obligatorio.
23 Sentencia del 13 de diciembre de 2017, expediente No. 19747, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Posición reiterada en la sentencia del 26 de agosto de 2021, exp. 24735, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
24 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de mayo de 2015, exp. 20152 C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, reiterada en sentencia del 12 de noviembre de 2015, exp. 19449 C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.
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Así las cosas, los valores cancelados, en los casos en que incrementan el
patrimonio, sí son susceptibles de gravarse con el impuesto de renta, así
provengan de esta indemnización, por lo que no le asiste razón a la demandante
quien no probó el concepto del pago ni la afectación del patrimonio al tercero, con
el fin de no practicar la retención en la fuente por estos pagos. No prospera el
cargo.
3. Desconocimiento de la DIAN de su propia doctrina y vulneración de los
principios de justicia, equidad y progresividad
Manifiesta la actora que la DIAN desconoció la doctrina vigente para el momento
de los hechos investigados, es decir, para las retenciones durante el año gravable
2012, para lo cual hace referencia de manera puntal a los siguientes conceptos:
052338 del 20 de junio de 2001, 0038893 del 25 de mayo de 2007, 065874 del
10 de diciembre de 2014 y 001030 del 16 de noviembre de 2016.
Sea lo primero aclarar, que aunque la demandante sostiene que en concepto
emitido en el año 2016 se reiteraron los demás conceptos, este pronunciamiento,
al igual que el del año 2014, no serán analizados por la Sala, comoquiera que no
estaban vigentes para el año 2012, razón por la cual no pueden aceptarse como
justificación de la conducta de la demandante. Así, los únicos conceptos de
estudio serán los de los años 2001 y 2007.
Frente al concepto 052338 del 20 de junio de 2001, se destaca que hace
referencia a la servidumbre predial consagrada en el Código Civil y manifiesta
que “están sometidos a imposición y por tanto, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por
tal concepto, deben practicar retención en la fuente a título del impuesto sobra la renta y
complementarios, siempre y cuando quien los realice tenga el carácter de agente de retención en
la fuente”25.
Lo mismo sucede con el concepto Nro. 0038893 del 25 de mayo de 2007, solo
que en este se habla específicamente de una tarifa del 3.5% para la retención
por pagos originados en servidumbres. Para la Sala, en estos conceptos, la DIAN
no hace referencia explícita a la servidumbre petrolera, que como se dijo, tiene
una regulación especial (Ley 1274 de 2009), por lo que no puede presumirse que
cuando los oficios hablan de este gravamen, cobija de manera general a todos
aquellos consagrados en leyes especiales.
Así las cosas, no se evidencia la contradicción alegada por la actora pues los
conceptos citados no se refieren en concreto a la servidumbre de hidrocarburos,
en consecuencia, no prospera el cargo de nulidad.
Tampoco le asiste razón a la demandante frente a la vulneración de los principios
que rigen el sistema tributario, comoquiera que no se demostró que se exigiera
una carga tributaria desproporcionada, pues, como se indicó en cargos
anteriores, la demandante no demostró que los pagos correspondieran
únicamente a daño emergente y que tal concepto no tuviera la entidad de
incrementar el patrimonio de los terceros que los recibieron.
Por lo expuesto, la legalidad de los actos demandados no resulta desvirtuada y,
en consecuencia, se deben negar las pretensiones de la demanda.
25 Este oficio se encuentra transcrito en el oficio Nro 004178 del 7 de marzo de 2016, tal y como lo reconoce
la parte actora en la demanda.
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4. Sanción por inexactitud
En relación con la sanción por inexactitud, señala la actora que existió una
diferencia de criterios, ya que siguió lo dispuesto por las normas y la doctrina de
la DIAN. Por su parte, la Administración tributaria señala que existió el pago de
una menor retención y, por lo tanto, procedía la sanción.
Para la Sala, en el presente caso se configura la sanción por cuanto la
demandante no incluyó en la declaración la totalidad de retenciones que debía
efectuar. Así mismo, no se configura una diferencia de criterios entre las partes
relativa a la interpretación del derecho aplicable, porque como se observó en las
consideraciones anteriores se trató de un asunto probatorio, ya que no se
aportaron medios de prueba que respaldaran la actuación del contribuyente para
no practicar la retención en la fuente por servidumbres petroleras.
Ahora, en la demanda se solicitó la aplicación del principio de favorabilidad en
materia sancionatoria, lo cual es procedente para la Sala de conformidad con el
artículo 29 de la Constitución Política, por lo que se liquidan las sanciones por los
12 períodos en los siguientes términos:
Liquidación sanción período 1 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $92.009.782.845
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $91.726.436.000
Base para la sanción $283.346.845
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $283.347.000
Liquidación sanción período 2 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $120.024.450.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $119.360.241.000
Base para la sanción $624.209.00026
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $624.209.000
Liquidación sanción período 3 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $141.562.278.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $137.988.182.000
Base para la sanción $3.574.096.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $3.574.096.000
Liquidación sanción período 4 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $119.595.095.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $118.820.124.000
Base para la sanción $774.971.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $774.971.000
Liquidación sanción período 5 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $127.900.450.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $126.882.452.000
26 Este valor fue tomado de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y sobre el cual la DIAN
no puso reparo alguno.
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Liquidación sanción período 5 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Base para la sanción $1.017.998.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $1.017.998.000
Liquidación sanción período 6 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $119.634.696.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $118.982.223.000
Base para la sanción $652.473.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $652.473.000
Liquidación sanción período 7 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $112.025.834.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $110.399.695.000
Base para la sanción $1.626.139.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $1.626.139.000
Liquidación sanción período 8 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $122.240.884.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $121.310.145.000
Base para la sanción $930.739.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. $100
Sanción por inexactitud (aproximada) $930.739.000
Liquidación sanción período 9 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $136.227.514.971
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $135.632.861.000
Base para la sanción $594.653.971
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $594.654.000
Liquidación sanción período 10 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $135.293.574.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $135.023.871.000
Base para la sanción $269.703.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $269.703.000
Liquidación sanción período 11 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $148.235.833.000
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $147.583.423.000
Base para la sanción $652.410.000
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $652.410.000
Liquidación sanción período 12 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Total retenciones determinadas $189.304.125.923
Total retenciones declaradas (antes de sanción) $188.257.276.000
Base para la sanción $1.046.849.02327
27 Este valor fue tomado de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y sobre el cual la DIAN
no puso reparo alguno.
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Liquidación sanción período 12 de 2012
Concepto Liquidación Consejo de Estado
Porcentaje según art. 647 del E.T. 100
Sanción por inexactitud (aproximada) $1.046.849.000
5. Condena en costas
Finalmente, en esta instancia no habrá condena en costas o expensas del
proceso en esta instancia, en razón a que en el proceso no se comprobó su
causación como lo exige el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Modificar la sentencia del 06 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su
lugar se dispone:
“PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados, en aplicación del
principio de favorabilidad.
SEGUNDO. A título de restablecimiento TÉNGASE como liquidación de las
sanciones la efectuada por el Consejo de Estado”.
2. Sin condena en costas en ambas instancias.
3. Reconocer personería jurídica para actuar en este proceso al abogado
Augusto Mario Núñez Gutiérrez, como apoderado de la parte demandada,
en los términos del poder visible en el índice 18 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
MAGDALENA INÉS CORREA HENAO
Conjuez
19
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