Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00150-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2026-00150-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
10 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00150-01
Accionante: JORGE MARIO CASTILLO GÓMEZ
Autoridad: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Jorge Mario Castillo Gómez contra el
fallo proferido el 19 de mayo de 2026, por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El señor Jorge Mario Castillo Gómez, actuando mediante apoderado judicial, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo,
a elegir y ser elegido, al mínimo vital, a las garantías de dignidad humana y
prohibición de revictimización, y a la verdad, justicia y reparación; que consideró
vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, antes Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Santa Marta, al haber proferido la
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
sentencia del 25 de octubre de 2013, dentro del proceso de acción de repetición 1,
promovido por la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, mediante la cual se le declaró
patrimonialmente responsable y se le condenó a reintegrar a favor de dicha entidad
las sumas pagadas con ocasión de la condena impuesta dentro del proceso
promovido por el señor Jesús Javier Díaz Mercado, decisión que, según el
accionante, desconoce el hecho sobreviniente consistente en su reconocimiento
como víctima del conflicto armado y su inclusión en el Registro Único de Víctimas–
RUV por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado.
En virtud del amparo, la parte accionante solicita textualmente:
«PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana y a los derechos como víctima del
conflicto armado del señor JORGE MARIO CASTILO GÓMEZ.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia condenatoria proferida por el extinto
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Santa Marta dentro del
proceso de acción de repetición No. 47-001-3331-006-2008-000512-00 y 47-001-
3331-001-2013-00168-00.
TERCERO. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE SANTA MARTA que, en su calidad de sucesor procesal, profiriera una nueva
sentencia dentro de un término considerable, en la que valore la prueba
sobreviniente de la inclusión en el Registro único de Victimas del señor JORGE
MARIO CASTILLO GOMEZ y, en consecuencia, declare la inexistencia de dolo o
culpa grave.»
2. Hechos relevantes
Entre el año 2005 y 2006, el señor Jorge Mario Castillo Gómez se desempeñó como
Gerente de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo–Magdalena. En ejercicio de las
funciones inherentes a dicho cargo, expidió la Resolución No. 001 del 4 de febrero
de 2005, mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento del señor Jesús
Javier Díaz Mercado, quien ocupaba el cargo de Enfermero de Salud Básica en la
referida institución hospitalaria. La parte accionante sostiene que dicha decisión
1 Proceso identificado con radicado: 47-001-3331-006-2008-000512-00 y 47-001-3331-001-2013-00168-00
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
obedeció a amenazas y presiones derivadas del conflicto armado, ejercidas por
integrantes de grupos armados al margen de la ley que operaban en la región,
circunstancia que no fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales debido
al temor fundado al que se encontraba sometido.
Posteriormente, el señor Jesús Javier Díaz Mercado promovió un proceso judicial
contra la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, el cual culminó mediante sentencia
proferida el 16 de marzo de 2006, en la que se ordenó el reintegro del funcionario y
el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.
Ante esa situación, la E.S.E. Hospital Local de Chibolo promovió acción de repetición
contra el señor Jorge Mario Castillo Gómez, demanda que fue admitida mediante
auto del 4 de marzo de 2008.
El proceso fue conocido por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Santa Marta, ahora Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, que mediante
sentencia de primera instancia del 25 de octubre de 2013, proferida dentro del
proceso de acción de repetición radicado bajo los números 47-001-3331-006-2008-
000512-00 y 47-001-3331-001-2013-00168-00, declaró la responsabilidad personal
del señor Jorge Mario Castillo Gómez por considerar que actuó con culpa grave al
expedir la Resolución No. 001 del 4 de febrero de 2005, mediante la cual declaró la
insubsistencia del señor Jesús Javier Díaz Mercado.
Posteriormente, la parte demandada presentó recurso de apelación, no obstante,
mediante auto del 20 de enero de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta resolvió no conceder el recurso de apelación debido a que el mismo fue
interpuesto de manera extemporánea.
La providencia de primera instancia dio lugar a la interposición de la acción de tutela
por parte del apoderado judicial del señor Castillo Gómez.
3. Fundamentos de la tutela
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico, debido a que la condena proferida dentro de la acción de repetición se
fundamentó en la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, sin que
se hubiera tenido conocimiento de una circunstancia fáctica y constitucionalmente
relevante, consistente en que las actuaciones desplegadas por el accionante durante
el ejercicio de sus funciones estuvieron condicionadas por amenazas y presiones
derivadas del conflicto armado.
En ese sentido, indicó que su posterior inclusión en el Registro Único de Víctimas,
por los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado, constituye un
hecho nuevo, sobreviniente y constitucionalmente relevante, que desvirtúa de
manera sustancial el fundamento fáctico de la condena, particularmente la
conclusión según la cual su actuar obedeció a una conducta dolosa o gravemente
culposa.
Así mismo, señaló que se configuró un desconocimiento del precedente
jurisprudencial y un defecto material o sustantivo, al considerar que la permanencia
de la condena desconoce los deberes de protección reforzada a las víctimas del
conflicto armado y genera una contradicción entre los fundamentos de la decisión
judicial y la realidad material acreditada mediante su reconocimiento oficial como
víctima del conflicto armado.
4. Trámite de primera instancia
El 11 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la acción
de tutela2 y ordenó su notificación al Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta.
Asimismo, dispuso vincular y notificar a la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, en
calidad de tercero con interés. Igualmente, solicitó al juzgado accionado rendir
informe detallado sobre los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo y
allegar las piezas procesales que estimara pertinentes.
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SAMAI, índice 2 de primera instancia.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
En su escrito de contestación3, la E.S.E. Hospital Local de Chibolo manifestó que
acataría las órdenes que se impartieran dentro del trámite constitucional y reiteró su
disposición para atender las actuaciones que se derivaran del proceso de amparo,
así como para adelantar los trámites administrativos e institucionales que resultaran
pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar la
salvaguarda de los derechos fundamentales invocados.
Por su parte, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta contestó 4 la
demanda e indicó que la acción de repetición promovida por la E.S.E. Hospital Local
de Chibolo fue conocida inicialmente por el Juzgado Sexto Administrativo de Santa
Marta y, posteriormente, por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Santa Marta, despacho que profirió la sentencia condenatoria del 25 de octubre de
2013. Asimismo, señaló que el recurso de apelación interpuesto por la parte vencida
no fue concedido por extemporáneo, razón por la cual la providencia adquirió
firmeza, configurándose la figura de la cosa juzgada. Adicionalmente, sostuvo que
no había vulnerado derecho fundamental alguno y que en el presente asunto no se
cumplía el requisito de inmediatez.
El 19 de mayo de 20265, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia
de primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
promovida por el señor Jorge Mario Castillo Gómez, al concluir que no se cumplía el
requisito de inmediatez. La Sala advirtió que la acción constitucional se dirigía contra
una providencia judicial proferida hacía más de diez años, sin que el accionante
hubiera promovido oportunamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial ni
acreditado una razón objetiva y suficiente que justificara la inactividad prolongada.
Asimismo, consideró que la posterior inclusión del accionante en el Registro Único
de Víctimas no tenía la virtualidad de flexibilizar el análisis de inmediatez, pues la
providencia cuestionada había adquirido firmeza desde el año 2015.
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SAMAI, índice 5 de primera instancia.
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SAMAI, índice 6 de primera instancia.
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SAMAI, índice 7 de primera instancia.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
La parte accionante impugnó la decisión6, argumentando que el Tribunal
Administrativo del Magdalena realizó una interpretación restrictiva y formalista del
requisito de inmediatez, al contabilizar el término desde la expedición de la sentencia
cuestionada y no desde la ocurrencia del hecho nuevo y sobreviniente consistente
en el reconocimiento de su condición de víctima del conflicto armado y su inclusión
en el Registro Único de Víctimas el 7 de noviembre de 2025. Sostuvo que la
vulneración alegada es actual y continuada, en tanto la condena patrimonial continúa
produciendo efectos jurídicos adversos, y que su condición de víctima del conflicto
armado exigía un análisis flexible de los requisitos de procedibilidad. Asimismo,
reiteró que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por carencia
sobreviniente de apoyo probatorio, debido a que el reconocimiento estatal de su
condición de víctima desvirtúa el fundamento fáctico de la condena por culpa grave.
Finalmente, el 4 de junio de 20267 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 19 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
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SAMAI, índice 10 de primera instancia.
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SAMAI, índice 11 de primera instancia.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental8. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la acción de tutela
señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela10.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
10 Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018.
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
Caso concreto
La Sala observa que los argumentos expuestos por la parte accionante se dirigieron
a cuestionar la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, en el marco de la acción de repetición con 47-001-3331-006-2008-000512-00
y 47-001-3331-001-2013-00168-00. Sin embargo, antes de examinar los defectos
alegados, la Sala verificará si la acción de tutela cumplió el requisito de inmediatez,
presupuesto indispensable para la procedencia excepcional del amparo frente a
providencias judiciales.
Del expediente se acreditó que la sentencia de primera instancia del Juzgado
Primero Administrativo de Santa Marta fue proferida el 25 de octubre de 201311,
posteriormente fue notificada por 3 días por edicto el 30 de octubre de 201312 y se
desfijó el 1 de noviembre de 2013, de conformidad con los artículos 323-324 del
CPC.
La acción de tutela se presentó el 8 de mayo de 202613, por lo que efectivamente
transcurrieron 12 años, 6 meses y 7 días entre la fecha en la que se desfijó el edicto
de la notificación de la sentencia de primera instancia de la acción de repetición y la
radicación de la acción de tutela.
Asimismo, se advierte, además, que de la revisión del expediente, se observó que el
recurso de apelación contra la sentencia del 25 de octubre de 2013 fue presentado
de forma extemporánea el 20 de noviembre de 2013 por el señor Jorge Mario Castillo
Gómez.
La Sala estima que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos
como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una
mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
11 Actuación visible a índice 36 de SAMAI del proceso radicado
25000-23-37-000-2017-00551-01
12 Expediente del proceso radicado
25000-23-37-000-2017-00551-01
13 Actuación visible a índice 2 de SAMAI del proceso radicado 11001-03-15-000-2025-05482-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de
tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo
anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en
cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que
es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela
y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez
tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse
en la incertidumbre indefinidamente (…)14»
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 19 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró improcedente el
amparo pues no cumple con el requisito general de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00150-01
Accionante: Jorge Mario Castillo Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible
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