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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05482-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05482-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05482-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05482-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ECOPETROL S.A.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La sociedad ECOPETROL S.A., actuando a través de apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

1
En adelante la Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05482-00
Actora: ECOPETROL S.A.

fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la

SECCIÓN CUARTA, al haber proferido la providencia de 3 de

noviembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-00551-01.

I.2. Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES (DIAN), específicamente contra las

liquidaciones oficiales y resoluciones que resolvieron los recursos de

reconsideración expedidos por dicha entidad, que modificaban las

declaraciones de retención en la fuente que presentó en el 2012.

Adujo que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2017-00551-00 y correspondió por reparto a la SECCIÓN CUARTA

-SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA que, en sentencia de 6 de febrero de 2020,

accedió a las pretensiones y declaró la nulidad de los actos

administrativos demandados.

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Actora: ECOPETROL S.A.

Manifestó que lo anterior fue objeto de apelación por la DIAN, el cual

fue desatado por la SECCIÓN CUARTA que, en sentencia de 3 de

noviembre de 2022, modificó la decisión del a quo y declaró la

nulidad parcial de los actos administrativos acusados, lo que le

implicó tener que pagar las sumas de dinero que dejó de retener en

el 2012.

Relató que interpuso recurso extraordinario de revisión contra la

anterior decisión, que fue resuelto por la Sala Diecinueve Especial de

Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado mediante providencia de 6 de junio de 2025, a

través de la cual lo declaró infundado por considerar que lo

pretendido era controvertir exclusivamente la interpretación jurídica

y la valoración probatoria realizada por el juez natural del asunto.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora la autoridad judicial accionada incurrió en

un defecto fáctico, toda vez que en el caso concreto estaba

suficientemente probado que el pago efectuado obedeció al concepto

de daño emergente porque, para que se reconociera lucro cesante,

era necesario que los afectados demostraran las ganancias o ingresos

frustrados, de los cual se levantaría un acta que no obra en el

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expediente y que permitía concluir que no hubo pagos por dicho

concepto.

Sumado a ello, afirmó que si la DIAN consideraba que los valores

pagados correspondían a lucro cesante, debió demostrar su

afirmación, conforme con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP,

aplicable por disposición del artículo 742 del Estatuto Tributario, toda

vez que estaba invocando a su favor la modificación del aspecto

positivo de la base gravable.

Sostuvo que a pesar de contar con todos los soportes probatorios, la

SECCIÓN CUARTA decidió desestimar las pruebas aportadas, para

concluir que no se había demostrado la naturaleza del pago

efectuado, aun cuando la lista de activos que se pretendía reparar

con la indemnización precisamente descartaba lucro cesante alguno

y, por el contrario, acreditaba una pura reparación del daño

patrimonial.

Indicó que en el asunto bajo examen no se trató de hacer valer una

exención tributaria sino de la adición oficial de ingresos susceptibles

de retención, para lo cual la administración tenía la carga de

demostrar la cuantía de los ingresos que consideró omitidos, ya que

era quien invocaba a su favor la modificación del aspecto positivo de

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la base gravable, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la

SECCIÓN CUARTA.

Finalmente, destacó que se cumple con los requisitos generales para

la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental y, en

consecuencia, solicitó:

“[…] se deje sin valor ni efecto la sentencia del 3 de noviembre de
2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en
su lugar, se le ordene, dentro del término que el H Despacho
considere pertinente, proferir una nueva decisión que tenga en
cuenta los argumentos que se expongan en el fallo de tutela.

TERCERA. Que se exhorte a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado a que, en caso de que se confirme la sentencia de primera
instancia, se ordene a la DIAN la devolución de lo pagado por
ECOPETROL S.A. el 17 de marzo de 2023 por concepto de retención
en la fuente no practicada, suma que asciende a COP $
50.084.2669.000 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA pese a ser notificada del presente

trámite en debida forma, guardó silencio.

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I.6. Intervinientes

I.5.1.- La DIAN y la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, vinculados

en calidad de terceros con interés en el proceso, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en

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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado

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al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela

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procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 3 de noviembre de 2022, proferida

por la SECCIÓN CUARTA, mediante la cual modificó la decisión del

a quo y declaró la nulidad parcial de los actos demandados dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2017-00551-01.

La controversia tiene origen en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho promovido por la sociedad actora contra

la DIAN, con el fin de que se dejara sin efectos las liquidaciones

oficiales y las resoluciones que resolvieron los recursos de

reconsideración expedidos por la administración, que modificaban las

declaraciones de retención en la fuente que presentó en el 2012.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la

actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico

comoquiera que estaba suficientemente probado que el pago

efectuado obedeció al concepto de daño emergente porque, para que

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se reconociera lucro cesante, era necesario que los afectados

demostraran las ganancias o ingresos frustrados, de los cual se

levantaría un acta que no obra en el expediente y que permite

concluir que no hubo pagos por dicho concepto.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

SECCIÓN CUARTA vulneró el derecho deprecado e incurrió en el

defecto fáctico alegado, al haber proferido la providencia de 3 de

noviembre de 22 dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-00551-01.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

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los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”2.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 3:

2
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
3
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo4:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras5;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado6;

5
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión7;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales8;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta9.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 10, la

providencia de 3 de noviembre de 2022, aquí cuestionada, fue

notificada personalmente a la parte actora, vía correo electrónico, el

20 de ese mes y año11, por lo que en aplicación de los artículos 203

y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112, se entiende

debidamente notificada el 22 de noviembre de la misma

anualidad.

7
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
8
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
9
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002337000201700
551011100103
11
Constancia de notificación visible a índice 43 del expediente digital del proceso 25000-23-37-000-
2017-00551-01.
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 2 de septiembre de 202513, esto es,

transcurridos más de 2 años y 9 meses, superando así los 6

meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de la

providencia de 3 de noviembre de 2022, decisión judicial aquí

cuestionada.

Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la

tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco

situación que se enmarque en alguno de los supuestos establecidos

por la jurisprudencia constitucional que puedan excusar su

presentación por fuera del término establecido por la Sala Plena del

Consejo de Estado, razón por la cual la Sala concluye que la solicitud

de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

En efecto, aun cuando la parte actora interpuso recurso

extraordinario de revisión contra la providencia cuestionada y este

fue desatado de manera desfavorable mediante auto de 6 de junio

de 2025, por cuanto lo pretendido era ventilar un asunto probatorio

ya analizado por el juez natural de la materia, la acción de tutela de

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202505
13

482001100103

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05482-00
Actora: ECOPETROL S.A.

la referencia se dirige exclusivamente a dejar sin efectos la sentencia

de 3 de noviembre de 2022, pues fue frente a esta que se

presentaron reproches, también de carácter fáctico, por lo que no es

dable flexibilizar la aplicación del término de inmediatez en el asunto.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, por carencia del requisito general de la

inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05482-00
Actora: ECOPETROL S.A.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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