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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05482-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05482-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05482-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05482-01

Accionante: ECOPETROL S.A.

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN CUARTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por Ecopetrol S.A. contra el fallo proferido
el 18 de septiembre de 2025, por el Consejo de Estado–Sección Primera-, que
declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 2 de septiembre de 2025, Ecopetrol S.A., actuando mediante apoderado judicial,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso; que consideró vulnerado por el Consejo de Estado–
Sección Cuarta-, al haber proferido la sentencia del 3 de noviembre de 2022, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1, mediante la cual se modificó
la sentencia del 6 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y, en su lugar, se declaró la nulidad parcial de los actos demandados

1
Proceso identificado con radicado: 25000-23-37-000-2017-00551-01

2

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenó tener como liquidación de las
sanciones la efectuada por el Consejo de Estado, decisión que implicó para
Ecopetrol el pago de sumas a la DIAN por concepto de retención en la fuente no
practicada correspondiente al año 2012.

En virtud del amparo, la parte accionante solicita textualmente:

«PRIMERA. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso de
ECOPETROL S.A. vulnerado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado con la
expedición de la sentencia del 3 de noviembre de 2022, dentro del proceso con
radicado 25000-23370002017-00551-01

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni efecto la
sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y, en su lugar, se le ordene, dentro del término que el H Despacho
considere pertinente, proferir una nueva decisión que tenga en cuenta los
argumentos que se expongan en el fallo de tutela.

TERCERA. Que se exhorte a la Sección Cuarta del Consejo de Estado a que, en
caso de que se confirme la sentencia de primera instancia, se ordene a la DIAN la
devolución de lo pagado por ECOPETROL S.A. el 17 de marzo de 2023 por concepto
de retención en la fuente no practicada, suma que asciende a COP $
50.084.2669.000.»

2. Hechos relevantes

Durante el año gravable 2012, Ecopetrol S.A. efectuó pagos a propietarios de predios
con ocasión de la constitución de servidumbres petroleras. La parte accionante
sostiene que dichos pagos correspondían al reconocimiento de un daño emergente,
en tanto buscaban resarcir la pérdida o deterioro de los bienes afectados por la
ejecución de las obras, sin que implicaran la compensación de utilidades dejadas de
percibir por los propietarios de los predios.

Posteriormente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN expidió
Liquidaciones Oficiales y resoluciones mediante las cuales resolvió los recursos de
reconsideración, en las que modificó las declaraciones de retención en la fuente
presentadas por Ecopetrol S.A. correspondientes al año gravable 2012, al considerar

3

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

que los pagos efectuados por concepto de servidumbres petroleras no
correspondían a daño emergente sino a lucro cesante y, en consecuencia, estaban
sujetos a retención en la fuente.

Ante esa situación, Ecopetrol S.A. promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se modificaron las declaraciones de retención
en la fuente y, como consecuencia, se ordenara el restablecimiento de su derecho.

El proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
mediante sentencia de primera instancia declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, al concluir, con fundamento en la normativa civil y
tributaria aplicable y en el acervo probatorio, que los pagos efectuados por Ecopetrol
S.A. por concepto de servidumbres petroleras correspondían a indemnizaciones por
daño emergente y no a lucro cesante, en la medida en que no se acreditó la
existencia de actas o soportes que demostraran utilidades dejadas de percibir, ni se
realizó cálculo alguno en tal sentido; por el contrario, se evidenció que dichos pagos
tenían como finalidad reparar la pérdida o deterioro de bienes afectados por la
ejecución de obras relacionadas con hidrocarburos, lo que excluye su carácter de
ingreso gravado y, por ende, la procedencia de la retención en la fuente, razón por
la cual también se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de las
declaraciones tributarias correspondientes.

Posteriormente, la parte demandada, presentó recurso de apelación solicitando que
se revocara la decisión de primera instancia, al considerar que el Tribunal no tuvo en
cuenta la naturaleza especial de la servidumbre petrolera regulada por la Ley 1274
de 2009, conforme a la cual la indemnización debe ser integral e incluir tanto el daño
emergente como el lucro cesante, por lo que los pagos efectuados por Ecopetrol S.A.
sí comprendían este último concepto y, en consecuencia, estaban sujetos a retención
en la fuente. Asimismo, sostuvo que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria al no aportar soportes suficientes que acreditaran la naturaleza de los
pagos.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

La segunda instancia correspondió al Consejo de Estado–Sección Cuarta-, que
mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022 resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y consideró que no existe ley especial que
señale que no debe realizarse la retención en la fuente a los pagos por servidumbres
petroleras, por lo que le correspondía a la actora probar las circunstancias que dan
lugar a una exención o exclusión, y que no demostró que los pagos correspondieran
únicamente a daño emergente, pues, dependiendo de las condiciones del caso, lo
recibido por este tipo de indemnización puede estar sujeto al impuesto; en
consecuencia, concluyó que procede la retención en la fuente, por lo que modificó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de los actos
demandados.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la acción de tutela
por parte del apoderao judicial de Ecopetrol S.A.

3. Fundamentos de la tutela

La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico, al realizar una indebida valoración del material probatorio y exigir a Ecopetrol
demostrar que los pagos efectuados por concepto de servidumbres petroleras
correspondían en su totalidad a daño emergente, pese a que en el expediente
obraban actas, certificaciones y demás soportes que acreditaban dicha naturaleza,
y sin que existiera prueba de que tales pagos incluyeran lucro cesante.

En ese sentido, indicó que el Consejo de Estado desconoció elementos de
convicción determinantes que evidenciaban que los pagos tenían como finalidad
resarcir la pérdida o deterioro de bienes y no compensar utilidades dejadas de
percibir, lo que llevó a concluir erróneamente que no se encontraba acreditada la
naturaleza del daño emergente.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

Así mismo, señaló que se configuró una indebida inversión de la carga de la prueba,
en tanto se trasladó a la demandante la obligación de desvirtuar la existencia de un
supuesto lucro cesante, cuando correspondía a la administración tributaria demostrar
que los pagos efectuados estaban gravados, al invocar a su favor la modificación de
la base gravable.

4. Trámite de primera instancia

El 4 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado–Sección Primera admitió la
acción de tutela 2 y ordenó su notificación al Consejo de Estado–Sección Cuarta.
Asimismo, dispuso vincular y notificar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales–DIAN y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en calidad de
terceros con interés; solicitó allegar copia del expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, reconoció personería a Amparo
del Pilar González Castro como apoderada de la parte accionante.

En su escrito de contestación3, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–
DIAN manifestó que la acción de tutela es improcedente por no cumplir los requisitos
de procedencia contra providencias judiciales, en especial los de relevancia
constitucional, subsidiariedad e inmediatez, y porque la parte accionante pretende
reabrir un debate de carácter legal y probatorio ya resuelto en el proceso ordinario;
además, indicó que no existe vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, en tanto la decisión cuestionada se fundamentó en el material probatorio y
en la normativa aplicable, sin que se configure defecto fáctico alguno, pues la
valoración probatoria corresponde a la autonomía del juez natural, y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia ni en un mecanismo para controvertir
decisiones judiciales desfavorables.

Por su parte, el Consejo de Estado–Sección Cuarta contestó4 la demanda e indicó
que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, en tanto la parte actora

2
SAMAI, índice 5 de primera instancia.
3
SAMAI, índice 9 de primera instancia.
4
SAMAI, índice 10 de primera instancia.

6

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

busca convertirla en una instancia adicional para controvertir la valoración probatoria
y la interpretación jurídica realizada en el proceso ordinario, aspectos que ya fueron
analizados y decididos conforme a las reglas de la sana crítica; precisó que en la
sentencia del 3 de noviembre de 2022 se concluyó que no existe ley especial que
excluya de retención en la fuente los pagos por servidumbres petroleras y que la
demandante no probó que los pagos correspondieran únicamente a daño
emergente, por lo que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos, y reiteró que no se configuró defecto fáctico, toda vez que las
pruebas fueron debidamente valoradas, sin que exista actuación arbitraria o
vulneración de derechos fundamentales.

El 18 de septiembre 20255, el Consejo de Estado–Sección Primera profirió sentencia
de primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
promovida por Ecopetrol S.A. contra el Consejo de Estado–Sección Cuarta, al
concluir que no se cumplía el requisito de inmediatez para la procedencia del amparo
contra providencias judiciales. La Sala advirtió que la providencia cuestionada fue
notificada el 22 de noviembre de 2022, mientras que la acción de tutela fue
presentada el 2 de septiembre de 2025, esto es, transcurridos más de 2 años y 9
meses, superando ampliamente el término de seis meses que la jurisprudencia ha
considerado como razonable para acudir a este mecanismo; adicionalmente, no se
evidenció justificación alguna que explicara la tardanza en su interposición ni la
configuración de circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar dicho
requisito, y precisó que, aunque la parte actora interpuso recurso extraordinario de
revisión, la tutela se dirigía exclusivamente contra la sentencia de 3 de noviembre de
2022, por lo que no resultaba procedente extender el término de inmediatez

La parte accionante impugnó la decisión6, argumentando que la sentencia de
primera instancia debía ser revocada, en la medida en que la tardanza en la
radicación de la acción de tutela obedeció a la existencia de un recurso extraordinario
de revisión, el cual fue promovido por considerarse el mecanismo idóneo y eficaz

5
SAMAI, índice 14 de primera instancia.
6
SAMAI, índice 18 de primera instancia.

7

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

para cuestionar la validez de la sentencia del 3 de noviembre de 2022 y para acreditar
el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, de modo que no podía presentar la
acción de tutela mientras dicho recurso estuviera en trámite; en ese sentido, sostuvo
que el requisito de inmediatez debía contabilizarse desde la resolución del recurso
extraordinario o, en su defecto, que su existencia constituía una justificación
suficiente para la presentación tardía del amparo, y precisó que la providencia que
vulneró sus derechos fundamentales fue la del 3 de noviembre de 2022 y no la del 6
de junio de 2025, por lo que no resultaba necesario dirigir la acción contra esta última

Finalmente, el 3 de octubre de 20257 se concedió la impugnación.

5. Manifestación de impedimento

El consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento 8 con
fundamento en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, relativo a que los
funcionarios judiciales que vayan a dictar la providencia del proceso a su cargo hayan
conocido y manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

Señaló que como miembro de la Sala 19 Especial de Decisión del Consejo de
Estado, conoció y suscribió la providencia del 6 de junio de 2025, que resolvió el
recurso extraordinario de revisión, a través del cual Ecopetrol S.A. también cuestionó
la sentencia del 3 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado–Sección Cuarta.

CONSIDERACIONES

6. Impedimento

El artículo 4 del Decreto 306 de 19923 —por el cual se reglamenta el Decreto 2591
de 1991— remite a los principios generales del Código de Procedimiento Civil para

7
SAMAI, índice 20 de primera instancia.
8 SAMAI, índice 5 de segunda instancia.

8

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

interpretar las disposiciones de trámite de la acción de tutela, reguladas por el
Decreto 2591 de 1991. De modo que, en lo no regulado por ese decreto, debe
aplicarse el Código General del Proceso para regular el procedimiento las acciones
de tutela, incluyendo los impedimentos que se manifiesten durante su trámite.

En esa medida, el artículo 140 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el
Código General del Proceso, CGP, determina lo siguiente:

«Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de
recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de
ella, expresando los hechos en que se fundamenta.
[…]
El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en
conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la
causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el
impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo
o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello».

Así las cosas, correspondió al suscrito consejero resolver el impedimento planteado9,
donde concluyó que se configuró la causal de impedimento invocada, toda vez que
la situación descrita por el consejero Nicolás Yepes Corrales resultaba suficiente
para comprometer la apariencia de imparcialidad y la confianza en la administración
de justicia.

En consecuencia, mediante auto de ponente, declaró fundado el impedimento y
dispuso separar al doctor Yepes Corrales del conocimiento del asunto.

7. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera,
que declaró improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez.

8. Análisis de la Sala

9
SAMAI, índice 8 de segunda instancia.

9

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental10. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii)
que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la acción de tutela
señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela11.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Inmediatez

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

10

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela12.

Caso concreto

La Sala observa que los argumentos expuestos por la parte accionante se dirigieron
a cuestionar la decisión adoptada por el Consejo de Estado –Sección Cuarta, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicado
25000-23-37-000-2017-00551-01. Sin embargo, antes de examinar los defectos
alegados, la Sala verificará si la acción de tutela cumplió el requisito de inmediatez,
presupuesto indispensable para la procedencia excepcional del amparo frente a
providencias judiciales.

Del expediente se acreditó que la sentencia de segunda instancia del Consejo de
Estado–Sección Cuarta fue proferida el 3 de noviembre de 202213, posteriormente
fue enviada electrónicamente al correo:
notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co14 el 20 de noviembre de 202215
y se entendió notificada el 23 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta los dos días
de que tratan el inciso 4 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 y el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

La acción de tutela se presentó el 2 de septiembre de 2025 16 , por lo que
efectivamente transcurrieron 2 años, 9 meses y 10 días entre la notificación de la
sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho

12 Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018.
13 Actuación visible a índice 36 de SAMAI del proceso radicado
25000-23-37-000-2017-00551-01
14
Mismo correo de notificaciones proporcionado en la acción de tutela.
15 Expediente del proceso radicado
25000-23-37-000-2017-00551-01
16 Actuación visible a índice 2 de SAMAI del proceso radicado 11001-03-15-000-2025-05482-00.

11

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

y la radicación de la acción de tutela.

La parte actora sostuvo que el fallo de primera instancia erró al declarar la
improcedencia de la tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez, pese a
que Ecopetrol S.A. había interpuesto un recurso extraordinario de revisión. Además,
señaló que la tutela se dirigió exclusivamente contra la sentencia del 3 de noviembre
de 2022 y no la del 6 de junio de 2025.

La Sala estima que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos
como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una
mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:

«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de
tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo
anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en
cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que
es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.

La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela
y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.

Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez
tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse

12

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05482-01
Accionante: Ecopetrol S.A.
Acción de tutela–Segunda Instancia

en la incertidumbre indefinidamente (…)17»

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 18 de septiembre de 2025,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente el
amparo pues no cumple con el requisito general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el
Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de inmediatez.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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