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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01359-00

Fecha
10 de mayo de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01359-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, contra el Consejo de Estado- Sección Cuarta. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01359-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

10 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01359-00

Solicitante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN CUARTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto
a la vulneración de derechos fundamentales.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN contra el Consejo de Estado-Sección Cuarta.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 19 de marzo de 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, a
través de apoderado, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de
legalidad, confianza legítima, buena fe y de seguridad jurídica, que considera
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, al proferir la sentencia del 5
de octubre de 2023, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho1 que interpuso Ecopetrol S.A. contra la accionante.

En virtud del amparo, solicita dejar sin efecto la providencia reprochada y se profiera
una nueva decisión conforme al criterio jurisprudencial de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

1
Rad. n°. 25000-23-37-000-2019-00254-01.

1

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01359-00
Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos relevantes

Ecopetrol S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2 contra
la DIAN con el fin de que se declarara la nulidad de unas liquidaciones oficiales de
revisión que modificaron las declaraciones privadas de retención en la fuente
presentadas por Ecopetrol S.A., por los periodos 1 a 12 del año 2014.

El 26 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió a las
pretensiones y en consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados, al
encontrar acreditado que la demandante y los beneficiaros acordaron las
indemnizaciones por las servidumbres petroleras o daños, e indicaron cuándo estas
corresponderían al resarcimiento de daño emergente o lucro cesante. Estimó que
Ecopetrol sí detalló los valores que se debían indemnizar con ocasión a las
servidumbres petroleras y en ese sentido, consideró que la DIAN no debió tomar
todos los pagos como lucro cesante, pues en efecto, los valores que se cancelaron
por indemnización de servidumbre y/o daños correspondían a daño emergente, lo
cual, al no incrementar el patrimonio del indemnizado, no son objeto de retención
en la fuente con la tarifa prevista en el artículo 401-2 del ET.

Concluyó que los actos demandados estaban viciados por falsa motivación, pues
Ecopetrol S.A. sí efectuó la retención del 20% sobre los pagos que corresponden a
lucro cesante y los denuncios privados presentados por Ecopetrol no fueron
desvirtuados por la Administración Tributaria.

La DIAN apeló esa decisión al considerar que desconocía una sentencia del
Consejo de Estado que resolvió un caso similar y que el a quo hizo una indebida
interpretación de la ley aplicable. Reprochó que la contribuyente no demostró qué
monto del pago correspondía a daño emergente o a lucro cesante y por ello, los
pagos cuestionados debían entenderse como lucro cesante sujetos a retención. En
ese sentido, reiteró que en el caso procede la sanción por inexactitud.

El 5 de octubre de 2023, el Consejo de Estado-Sección Cuarta confirmó el fallo de
primera instancia. Estimó que la Administración no debió inferir que la totalidad de

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Rad. n°. 25000-23-37-000-2019-00254-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01359-00
Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

los pagos eran por lucro cesante, pues no acreditó cuáles valores pagados por la
indemnización por perjuicios de servidumbre petrolera correspondían a daño
emergente y cuáles a lucro cesante.

Agregó que en el caso se probó que la contribuyente sí discriminó los valores
atribuibles a daño emergente y lucro cesante en los que estimó procedente la
indemnización y además, realizó la retención exigida en la ley. Por lo anterior
concluyó que, no era posible advertir que los pagos fueron hechos por concepto de
lucro cesante, pues no se individualizó ni se probó la ganancia que dejó de producir
el bien por el hecho dañino.

3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora sostiene que se le vulneraron los derechos fundamentales
invocados, pues la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente. Adujo que se realizó una interpretación arbitraria
del artículo 401-2 del Estatuto Tributario que establece de forma expresa que los
pagos o los abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las
salariales, a las de seguros de daño y a las de seguro de vida, se encuentran sujetas
a retención en la fuente a la tarifa del 20%. En esa medida, no podía entenderse
que los desembolsos efectuados por indemnizaciones en las servidumbres
petroleras, todo lo pagado era daño emergente e ignorando que la indemnización
recibida comprende también los pagos por lucro cesante.

Estimó que la autoridad judicial no podía concluir que Ecopetrol no estaba obligada
a efectuar la retención del 20% sobre los pagos a título de indemnizaciones por
servidumbres petroleras en la medida que la referida norma no señaló en forma
expresa la excepción frente a este tipo de indemnizaciones, por ello, el agente debía
practicarla.

Adujo que la decisión se profirió sin apoyo probatorio suficiente, pues Ecopetrol
nuca justificó ni probó las razones de su omisión de retención en la fuente por las
indemnizaciones pagadas a título de servidumbres petroleras, sin embargo, la
autoridad judicial falló en favor de la entidad demandante, ya que realizó un análisis

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01359-00
Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

errado de la carga de la prueba, al aducir que estaba en cabeza de la DIAN. Sostuvo
que la autoridad no tuvo en cuenta que solamente era exigible al agente retenedor,
quien fue el que realizó los pagos a terceros sin efectuar retención en la fuente, el
que tenía en su poder las pruebas para soportar la inaplicación de la misma. En
consecuencia, la autoridad no tuvo en cuenta que Ecopetrol, como agente retenedor
es el que estaba en mejor posición para probar lo que informó en sus declaraciones,
al ser quien conoce el detalle de sus operaciones y quien conserva los soportes de
estas.

Estimó que se desconoció la sentencia que del 3 de noviembre de 2022 dentro del
proceso rad. n°. 25000-23-37-000-2017-00551-01 en la que se dispuso, en un caso
similar, que la carga de la prueba recaía en Ecopetrol quien debía desvirtuar los
hallazgos de la administración. En ese sentido, resaltó que la carga probatoria era
de la parte demandante, que debió desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados. Advirtió que el juez accionado no justificó
razonablemente los motivos para apartarse de lo dispuesto en el precedente
aplicable y por ello, la decisión reprochada atenta contra la igualdad, los principios
de confianza legítima, seguridad jurídica, la consistencia y la estabilidad en la
interpretación y aplicación de la ley .

4. Trámite procesal

El 21 de marzo de 2024, el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó su
notificación a la autoridad judicial accionada, así como a Ecopetrol S.A. como
tercero interesado. También, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Cuarta al oponerse
al amparo, adujo que la tutela es improcedente, porque el asunto carece de
relevancia constitucional. Advirtió que la parte actora pretende reabrir el debate bajo
consideraciones propias y así manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada
por el juez natural. Agregó que no se configuró el desconocimiento del precedente
alegado, pues el asunto no ha sido resuelto de manera pacífica en la Sección.
Sostuvo que la sentencia que alega como desconocida, así como la providencia

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01359-00
Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

reprochada, fueron proferidas con la intervención de conjueces, dada la
discrepancia de la Sala en el asunto debatido, lo cual demuestra la inexistencia de
un precedente pacífico y reiterado sobre el asunto en controversia. Destacó que la
decisión de la Sala no fue caprichosa ni arbitraria, pues se sustentó en un análisis
integral del asunto, razonable, en aplicación a las normas vigentes al caso.

Ecopetrol señaló que la solicitud era improcedente en la medida que no cumple con
el lleno de los requisitos de procedencia, pues no cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que la DIAN pudo interponer el recurso extraordinario de revisión
consagrado en el numeral 5 del artículo 250 CPACA para alegar una eventual
nulidad originada en la sentencia que ahora reprocha en sede constitucional.

Señaló que el caso no es de relevancia constitucional en la medida que el reproche
de la actora es de naturaleza meramente legal y por ello se encuentra fuera del
alcance del juez constitucional. Además, agregó que en el caso no hubo
desconocimiento del precedente, pues no existe un conjunto de sentencias previas
que constituyan una decisión vinculante donde el tema no ha sido pacífico.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el fallo del 5
de octubre de 2023 proferido por el Consejo de Estado-Sección Cuarta que accedió
a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 CN y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es
competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
de la Corporación.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01359-00
Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4
Ibidem.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01359-00
Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia
verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La providencia reprochada confirmó el fallo de primera instancia que declaró la
nulidad de unos actos administrativos por los cuales la DIAN modificó las
declaraciones privadas de retención en la fuente presentadas por Ecopetrol.
Consideró que conforme al criterio de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y
de acuerdo la normativa vigente, las indemnizaciones por daño emergente no son
susceptibles de retención, pues no constituyen un ingreso susceptible de
incrementar el patrimonio, por ello, no pueden ser gravados y no son objeto de
retención, ya que solamente reparan la pérdida o el perjuicio sufrido por el ejercicio
de la actividad de interés público a cargo de una entidad estatal. Asimismo, precisó
que si dentro del componente de la indemnización se encuentran rubros por
concepto de lucro cesante, este componente debe estar debidamente demostrado,
para que pueda ser objeto de retención

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Solicitante: DIAN
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Señaló que la Corte Constitucional en sentencia C-913 de 2003 analizó la
exequibilidad del artículo 401-2 del ET, en la cual se estableció que las
indemnizaciones por daño emergente no están sujetas a retención, pues no
constituyen ingreso, porque representa un valor de reemplazo del bien afectado,
mientras que la indemnización por lucro cesante sí es objeto de retención, pues es
un ingreso gravable para quien las recibe, por tratarse de las ganancias dejadas de
percibir por el hecho dañoso.

En virtud de lo anterior, la corporación indicó que al tratarse de la adición oficial de
ingresos susceptibles de retención, la administración tenía la carga de demostrar la
cuantía de los ingresos que considera omitidos por concepto de lucro cesante, ya
que es quien invoca a su favor la modificación del aspecto positivo de la base
gravable. Asimismo, estimó que en ejercicio de las facultades de fiscalización, la
administración es la encargada de acreditar, respecto de los valores pagados a título
de indemnización por perjuicios por concepto de servidumbre petrolera, cuáles son
daño emergente y cuáles lucro cesante, por tanto, no puede concluirse que todos
los pagos efectuados se deben tomar como lucro cesante.

La providencia reprochada estimó que la Dian en los requerimientos ordinarios, no
pidió diferenciar los pagos realizados por los conceptos de daño emergente y lucro
cesante, circunstancia necesaria para establecer cuáles eran objeto de retención y
cuáles no, pues solamente asumió que todos los pagos estaban sujetos a retención,
desconociendo el precedente sobre la carga de la prueba y el acervo probatorio que
obra en el plenario, sobre el cual la Sala, en sentencia del 31 de mayo de 2018
expediente 20813, estableció que es la administración quien debe demostrar la
cuantía de los ingresos que considera omitidos, porque es quien invoca a su favor
la modificación del aspecto positivo de la base gravable. Además, que la
contribuyente, en los casos en los que estimó procedente, discriminó los valores
atribuibles a daño emergente y lucro cesante y realizó las retenciones de ley.

En virtud de lo anterior, la Sección Cuarta de la Corporación sostuvo que «no es
posible advertir pagos por concepto de lucro cesante en los términos exigidos en la
jurisprudencia citada líneas atrás, pues no aparece individualizada y probada la
ganancia de quejó de producir el bien por el hecho dañino, y el pago de que la

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misma hubiese hecho a la demandante. Así pues, si la Administración consideraba
que la totalidad de los valores pagados por Ecopetrol estaban sujetos a retención,
le correspondía demostrar que sobre los mismos se generó lucro cesante y que el
mismo fue pagado por el demandante (…)».

La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal. Además de ello, al revisar la solicitud de
tutela, las pruebas y el proceso ordinario, para la Sala la accionante propuso en sede
de tutela los mismos planteamientos expuestos en el proceso ordinario en torno al
alcance e interpretación del artículo 401-2 del Estatuto Tributario, el supuesto defecto
fáctico por indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Si bien el reproche planteado se encamina a alegar una desigualdad de trato por
parte de la autoridad judicial accionada, la valoración de la normativa aplicable y de
las pruebas aportadas al expediente es una función que se ejerce de manera
autónoma e independiente, previa exposición de los fundamentos jurídicos que la
motivan. Además, cada caso cuenta con particularidades fácticas y probatorias que
hacen imposible motivar un juicio de responsabilidad en el resultado de otros
procesos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

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Solicitante: DIAN
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, contra el Consejo de Estado-
Sección Cuarta.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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