Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00079-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: OSWALDO JOSÉ OCHOA ALBOR
Autoridad: JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-
Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de
defensa procedentes.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Ecopetrol S.A. contra el fallo proferido
el 5 de marzo de 2026, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Oswaldo José Ochoa Albor, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la función administrativa, que consideró vulnerados por el Juzgado 18
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la Procuraduría 187
Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá. El accionante señaló que,
mediante auto del 24 de noviembre de 2023, el referido juzgado rechazó la demanda
identificada con el radicado No. 11001-33-35-018-2023-00134-00, decisión que
considera irregular y generadora de perjuicios. Asimismo, manifestó que,
posteriormente, presentó ante la Procuraduría la solicitud de conciliación extrajudicial
identificada con el radicado E-2025-611620 del 20 de noviembre de 2025; sin
embargo, afirmó que dicha entidad no convocó ni adelantó el trámite
correspondiente. En su criterio, tales actuaciones desconocieron las disposiciones
de la Ley 2220 de 2022 y afectaron su acceso a la administración de justicia.
En virtud del amparo, la parte accionante solicita textualmente:
«PRIMERA. QUE SE DECLARE LA ANULATORIA Y NO VALIDA el rechazo de la
demanda RADICACIÓN: 11001333501820230013400, la cual resulta causalmente
relacionada con la falla, como se probará debidamente en el transcurso y devenir del
proceso de próxima reparación directa, aunado a las diligencias de pruebas que
presentare en el curso del proceso, etc. En contra del Funcionario Judicial: JAVIER
LEONARDO LÓPEZ HIGUERA.»
«Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer
y ordenar a favor del CONVOCANTE JUDICIAL OSWALDO JOSÉ OCHOA
ALBOR, taxativamente lo siguiente:
(Presentar de manera clara cada una de las pretensiones que se tienen para
salvaguardar su derecho):
Proteger el (o los) Derecho Fundamental (a convocar y citar a AUDIENCIA
PÚBLICA de conciliación administrativa a las siguientes partes a conciliar
dentro del proceso):
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL E-2025-611620. DE FECHA: (20) DE
NOVIEMBRE DE 2025.
RADICACIÓN: E-2025-611620. DE FECHA: (20) DE NOVIEMBRE DE 2025.
Referencia: “REPARTO. MEDIO: REPARACION DIRECTA”.
Radicación: REPARACION DIRECTA.
PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al CONVOCANTE JUDICIAL
OSWALDO JOSÉ OCHOA ALBOR, _________________.
SEGUNDO: ORDENAR A LA PROCURADORA JUDICIAL I
PROCURADURÍA 187 JUDICIAL I: ABOGADA: ZULLY MARICELA LADINO
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
ROA. T. P. No. 172.340 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.048.846.336. Procuradora Judicial I
Procuraduría 187 Judicial I - Para La Conciliación Administrativa Bogotá., a
fin de SOLICITARLE SE SIRVA ORDENAR, mediante Fallo de Tutela a
Proteger el (o los) Derecho Fundamental (a convocar y citar a AUDIENCIA
PÚBLICA de conciliación administrativa a las siguientes partes a conciliar
dentro del proceso):
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL E-2025-611620. DE FECHA: (20) DE
NOVIEMBRE DE 2025.
RADICACIÓN: E-2025-611620. DE FECHA: (20) DE NOVIEMBRE DE 2025.
Referencia: “REPARTO. MEDIO: REPARACION DIRECTA”.
Radicación: REPARACION DIRECTA.
y/o quien corresponda, que suministre o provea prejudicialmente la
convocatoria:
(a convocar y citar a AUDIENCIA PÚBLICA de conciliación administrativa a
las siguientes partes a conciliar dentro del proceso):
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL E-2025-611620. DE FECHA: (20) DE
NOVIEMBRE DE 2025.
RADICACIÓN: E-2025-611620. DE FECHA: (20) DE NOVIEMBRE DE 2025.»
2. Hechos relevantes
El señor Oswaldo José Ochoa Albor, manifiesta que, mediante auto del 24 de
noviembre de 2023, el Juzgado 18 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá rechazó la demanda identificada con el radicado No. 11001-33-35-018-2023-
00134-00 presentada por el señor Oswaldo José Ochoa Albor. El accionante
sostiene que dicha decisión fue adoptada de manera irregular y le ocasionó
perjuicios.
Con el propósito de cumplir el requisito de procedibilidad, el 20 de noviembre de 2025
el señor Oswaldo José Ochoa Albor presentó ante la Procuraduría Delegada con
Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa una solicitud de conciliación
extrajudicial identificada con el radicado E-2025-611620. No obstante, afirma que la
Procuraduría 187 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá no convocó
ni adelantó el trámite correspondiente.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
Ante esa situación, el señor Oswaldo José Ochoa Albor promovió acción de tutela
contra el Juzgado 18 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la
Procuraduría 187 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá, con el fin
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la función
administrativa, se ordene dar trámite a la solicitud de conciliación extrajudicial y se
deje sin efectos la decisión mediante la cual fue rechazada la demanda identificada
con el radicado No. 11001-33-35-018-2023-00134-00.
3. Fundamentos de la tutela
El accionante sostuvo que, el rechazo de la demanda identificada con el radicado
No. 11001-33-35-018-2023-00134-00 le ocasionó perjuicios y, asimismo, señaló que
la Procuraduría 187 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bogotá vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la función administrativa al no
convocar ni tramitar la audiencia correspondiente a la solicitud de conciliación
extrajudicial radicada bajo el número E-2025-611620 del 20 de noviembre de 2025,
pese a que dicho trámite constituía un requisito de procedibilidad para promover el
correspondiente medio de control.
4. Trámite de primera instancia
El 17 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
acción de tutela1 y ordenó su notificación al Juzgado 18 Administrativo de Bogotá y
a la Procuraduría 187 Judicial I. Asimismo, les concedió el término de dos (2) días
para allegar el informe sobre los hechos y remitir los documentos pertinentes para
ejercer su derecho de defensa. Finalmente, precisó que, aunque el accionante
señaló como demandado al Juzgado 19 Administrativo de Bogotá, no formuló
pretensiones en su contra, razón por la cual no dispuso su vinculación al trámite.
1
SAMAI, índice 5 de primera instancia.
5
Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
En su escrito de contestación 2 , el Juzgado 18 Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá manifestó que del estudio de los documentos allegados no era
posible inferir con claridad el hecho que originó la acción de tutela, aunque advirtió
que la controversia parecía girar en torno al trámite de una conciliación extrajudicial
relacionada con un eventual medio de control de reparación directa derivado del
rechazo de una demanda. Indicó que el accionante no precisó la acción u omisión
que habría vulnerado sus derechos fundamentales y sostuvo que, aun bajo una
interpretación flexible del escrito de tutela, no podía atribuirse al despacho judicial
ninguna vulneración, toda vez que no tenía conocimiento de citación o convocatoria
alguna a audiencia de conciliación. Agregó que el impulso de dicho trámite
correspondía al procurador judicial competente, quien debía verificar previamente el
cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud. Finalmente, señaló que, si la
inconformidad del accionante se relacionaba con el trámite del proceso radicado No.
11001-33-35-018-2023-00134-00, el rechazo de la demanda fue debidamente
motivado, se garantizó el derecho de defensa mediante el trámite del recurso de
apelación y no se configuraba ninguna causal de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, además de no cumplirse el requisito de inmediatez.
El 5 de marzo de 20263, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela. Como fundamento de su decisión, señaló que no se cumplía, en primer lugar,
el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante pretendía obtener, por vía
de tutela, el impulso de una solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 20 de
noviembre de 2025. Y, en segundo lugar, advirtió que la acción de tutela no cumplió
con el requisito de inmediatez, toda vez que fue interpuesta más de dos años
después del auto que rechazó la demanda dentro del proceso No. 11001-33-35-018-
2023-00134-00, decisión que fue confirmada por el superior funcional, y que el actor
no acreditó una justificación admisible para la presentación tardía del amparo ni la
existencia de un perjuicio irremediable.
2
SAMAI, índice 9 de primera instancia.
3
SAMAI, índice 14 de primera instancia.
6
Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
El 27 de abril de 2026, la parte accionante impugnó la decisión4.
Finalmente, el 6 de mayo 20265 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 5 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental6. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la acción de tutela
señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
4
SAMAI, índice 18 de primera instancia.
5
SAMAI, índice 20 de primera instancia.
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela7.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela8.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados9.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8 Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018.
9Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8
Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia10.
Caso concreto
En primer lugar, la Sala observa que los argumentos expuestos por la parte
accionante se dirigieron a cuestionar el auto que rechazó la demanda, proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del medio de control con
Radicado 11001-33-35-018-2023-00134-00. Sin embargo, antes de examinar los
defectos alegados, la Sala verificará si la acción de tutela cumplió el requisito de
inmediatez, presupuesto indispensable para la procedencia excepcional del amparo
frente a providencias judiciales.
Del expediente se acreditó que el auto que rechazó la demanda fue proferido el 24
de noviembre de 202311, posteriormente fue notificado el 27 de noviembre de 202312
y se entendió notificada el 2 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta los dos días
de que tratan el inciso 4 del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 y el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
La acción de tutela se presentó el 12 de febrero de 202613, por lo que efectivamente
transcurrieron 2 años, 2 meses y 18 días entre la notificación del auto que rechazó
10 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
11 Actuación visible a índice 12 de SAMAI del proceso radicado 11001-33-35-018-2023-00134-00.
12 Expediente del proceso radicado 25000-23-37-000-2017-00551-01
13 Actuación visible a índice 2 de SAMAI del proceso radicado 25000-23-15-000-2026-00079-00.
9
Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
la demanda y la radicación de la acción de tutela.
La Sala estima que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos
como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe una
mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de
tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo
anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en
cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que
es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la tutela
y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez
tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse
en la incertidumbre indefinidamente (…)14»
Por otro lado, se observa que el accionante pretende, por medio de la acción de
tutela, que se ordene a la Procuraduría 187 Judicial I para la Conciliación
Administrativa de Bogotá convocar y adelantar el trámite de la conciliación
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
extrajudicial identificada con el radicado E-2025-611620. Sin embargo, el amparo
constitucional no constituye el mecanismo judicial idóneo para obtener el impulso de
actuaciones administrativas o procesales, pues para ello existen instrumentos
ordinarios dentro del respectivo trámite, tales como solicitudes de impulso,
requerimientos dirigidos a la autoridad competente y demás mecanismos previstos
por el ordenamiento jurídico para promover el avance de las actuaciones.
En ese sentido, tal como lo advirtió el juez de primera instancia: «la tutela no es
mecanismo judicial idóneo para obtener actuaciones de impulso, toda vez que los
procesos se rigen por las normas procesales pertinentes, dentro de los plazos y
términos que en ellas consagren».
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 5 de marzo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente
el amparo pues no cumple con los requisitos generales de inmediatez y
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con los requisito de inmediatez y subsidiariedad.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2026-00079-01
Accionante: Oswaldo José Ochoa Albor
Acción de tutela–Segunda Instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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