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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07110-00

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07110-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia de 16 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 470012333000201400285 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 07110 00 TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07110-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 07110 00
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandada: Emma Villamil de Torres

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP1, contra la sentencia de 16 de febrero de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 470012333000201400285 01, por estimar que se encuentra incursa en
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de
20032.

1 La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión fue presentada por intermedio de apoderado

el 23 de noviembre de 2023.
2 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales”

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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La UGPP, presentó demanda3 contra la señora Emma Villamil de Torres, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que
se declare la nulidad de: i) la Resolución 1998 de 29 de octubre de 1973, mediante
la cual se reconoció una pensión de jubilación gracia a Alcides Gregorio Torres
Obregón; y ii) la Resolución 22203 de 14 de abril de 1993, mediante la cual la Caja
Nacional de Previsión Social reconoció de manera transitoria la sustitución de la
pensión de jubilación gracia a la señora Emma Villamil de Torres.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la señora
Emma Villamil de Torres a reintegrar todas las sumas que percibió por concepto
de la pensión de jubilación con el respectivo retroactivo.

Presupuestos fácticos

2. La UGPP, indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

2.1. El señor Alcides Gregorio Torres Obregón nació el 23 de agosto de 1910 y
prestó sus servicios como docente en diferentes instituciones.

2.2. El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1998 de 29 de
octubre de 1973, le reconoció la pensión de jubilación gracia al señor Alcides
Gregorio Torres Obregón, de conformidad con lo previsto en las “[…] Leyes 114

3 La demanda se presentó por medio de apoderado.
4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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de 1913, 37 de 1993, 4 de 1966 […]”. Asimismo, adujo que, de conformidad con
el Decreto 1743 de 1966, le fue reconocida una pensión de jubilación.

2.3. La Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución 22203 de 14 de
abril de 1993, reconoció de manera transitoria la sustitución de la pensión de
jubilación gracia a la señora Emma Villamil de Torres.

2.4. El Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 0074 de 17 de enero
de 1974, reconoció una pensión de jubilación al señor Alcides Gregorio Torres
Villamil; y mediante la Resolución 04650 de 21 de agosto de 1992 le otorgó la
sustitución de la pensión a la señora Emma Villamil de Torres, en su calidad de
cónyuge.

2.5. Mediante auto ADP 004264 de 28 de abril de 2014, requirió a la señora Emma
Villamil de Torres, para que aportara en término de ley el consentimiento previo,
expreso y escrito de la revocatoria de la Resolución núm. 1998 de 1973 expedida
por la Caja Nacional de Previsión Social por ser incompatible su reconocimiento,
sin obtener respuesta.

Normas violadas y concepto de violación

3. La UGPP invocó como normas violadas, las siguientes:

• Artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209 de la Constitución Política.
• Ley 151 de 11 de diciembre 19595.
• Decreto 1042 de 7 de junio de 19786, artículos 32 y 77.
• Decreto 1848 de 4 de noviembre 19697, artículo 4.
• Ley 734 de 5 de febrero de 20028, artículo 1.°.

5 “Sobre empresas y establecimientos públicos descentralizados”.
6 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones”.
7 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.
8 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

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4. La UGPP explicó el concepto de violación, en los siguientes términos:

4.1. Señaló que los actos acusados desconocen la prohibición prevista en el
artículo 128 de la Constitución Política, según el cual “[…] nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley […]”, toda vez que la situación pensional no se encuentra
dentro de los supuestos fácticos previstos en el artículo 19 de la Ley Ley 4 de 19
de mayo de 19929, que trata sobre las excepciones a la prohibición constitucional.

4.2. En esa medida, indicó que la pensión de jubilación gracia reconocida al señor
Alcides Torres Obregón y sustituida a Emma Villamil de Torres, es incompatible
con la pensión de jubilación reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, por
ser asignaciones pensionales que provienen del tesoro público.

Sentencia de 5 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 470012333000201400285 01

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la sentencia proferida el 5
de diciembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda.

6. Para sustentar su decisión, se refirió a la prohibición que se encuentra en el
artículo 128 de la Constitución Política y puso de presente que fue desarrollada en
el artículo 19 de la Ley 4, en cuyo literal g) se previó como excepción aquellas
asignaciones que beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

7. Consideró que en el numeral 2.° del literal a) del artículo 14 de la Ley 91 de 29
de diciembre de 198910 se señaló que la pensión gracia es compatible con la

9 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política”.
10 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

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pensión ordinaria de jubilación, aspecto que fue reiterado en el artículo 6 de la Ley
60 de 12 de agosto de 199311, agregando que en el artículo 279 de la Ley 100 de
23 de diciembre de 199312 se excluyó a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

8. Expuso que en el artículo 5 del Decreto 224 de 2 de febrero de 197213 se
determinó que el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el
ejercicio de empleos docentes, siendo posible la sustitución de la pensión de
jubilación gracia, la cual, es compatible con la ordinaria de jubilación.

9. Al analizar el caso concreto, puso de presente que la UGPP: i) demostró que al
señor Alcides Gregorio Torres Obregón le fue reconocida la pensión de jubilación
gracia por cumplir con los requisitos previstos en la Ley; y ii) no allegó todas las
pruebas necesarias para determinar si la pensión de jubilación recibida por el
señor Alcides Gregorio Torres Obregón, mediante la Resolución 0074 del 17 de
enero de 1974, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, es una pensión de
jubilación docente, que, de ser así, sería compatible con la pensión gracia.

Recurso de apelación

10. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los siguientes argumentos:

10.1. Indicó que el Tribunal debió: i) recaudar la prueba documental consistente
en los antecedentes administrativos de la Resolución núm. 74 de 17 de enero de
1974, para establecer la naturaleza de la asignación pensional que le fue
reconocida al señor Alcides Gregorio Torres Obregón; y ii) vincular a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones por ser un tercero con
interés directo en el resultado del proceso.

11 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
12 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
13 “Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.”

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10.2. Por último, sostuvo que, a su juicio, existía material probatorio para
determinar la existencia de pensiones pagadas con dineros del tesoro público,
siendo incompatibles entre sí.

Auto que puso en conocimiento una nulidad

10.3. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 4 de marzo de 2022, puso en
conocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, la
posible configuración de una causal de nulidad, sin que hubiera pronunciamiento,
saneando la presunta irregularidad.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 16 de febrero de 2023, en segunda instancia, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de diciembre de 2018 proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda
incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP […]”

Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

12. Como problema jurídico a resolver, en segunda instancia, consideró que
consistía en determinar “[…] si hay lugar a anular los actos demandados por
contravenir la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política,
esto es, por el hecho de haberse reconocido una doble asignación del tesoro
público al señor Alcides Gregorio Torres, que se concretó en dos pensiones
diferentes, una pagada por el Instituto de Seguros Sociales, actualmente a cargo
de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, y otra
reconocida por la Caja Nacional de Previsión CAJANAL, actualmente a cargo de
la entidad demandante, y que fueron sustituidas en cabeza de su cónyuge, la
señora Emma Villamil de Torres […]”.

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13. Para desarrollar el problema jurídico, se refirió a la prohibición constitucional
de percibir doble asignación del tesoro público y la compatibilidad de la pensión
gracia con la pensión ordinaria de jubilación, e indicó que, de conformidad con los
criterios jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del
numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91, se permitió la compatibilidad de la pensión
ordinaria de jubilación con la pensión gracia, teniendo en cuenta el carácter
especial de esta última, entendida como una recompensa por parte de la Nación
a la labor docente, lo cual, a su vez, se encuentra previsto en el literal g) del artículo
19 de la Ley 4 como una de las excepciones para percibir doble erogación del
tesoro público.

14. Al analizar el caso concreto determinó que la UGPP probó que Emma Villamil
de Torres percibe dos pensiones, una a su cargo y otra a cargo de Colpensiones;
no obstante lo anterior, no acreditó que, dentro las oportunidades probatorias
previstas en la Ley 1437, con el reconocimiento a la sustitución pensional
realizado, se esté desconociendo la prohibición contenida en el artículo 128 de la
Constitución Política, toda vez que no solicitó que se decretara como prueba que
la Administradora Colombiana de Pensiones allegara la Resolución 0074 de 17 de
enero de 1974, para poder comprender los antecedentes que fueron tenidos en
cuenta para el reconocimiento hecho al señor Alcides Gregorio Torres Obregón14.

15. Por último, destacó que “[…] la Resolución 1998 del 29 de octubre de 1973 se
precisó que el fundamento del reconocimiento se encuentra en las Leyes 114 de
1913, 37 de 1993, 4 de y el Decreto 1743 de 1966 (sic), disposiciones que se
refieren a la prestación social de pensión gracia, que tal como se detalló en la
presente providencia es compatible con la pensión de vejez […]”.

14 La UGPP no allegó junto con la demanda ni tampoco solicitó como prueba la Resolución del 17 de enero

de 1974, sin embargo, en el recurso de apelación la aportó de manera informal, de modo que, no fue tenida
en cuenta por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por no cumplir con los requisitos
para que fuera decretada como prueba en segunda instancia.

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II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

16. La UGPP presentó la demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión15, contra la sentencia de 16 de febrero de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 470012333000201400285 01, por estimar que se encuentra incursa en
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, que establece que
procede la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.

17. La UGPP presentó las siguientes pretensiones:

“[…] Por configurarse la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, 29 de enero, que dispone: “b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”, se pretende que el Honorable Consejo de Estado, disponga:

PRIMERA: Invalidar las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, de 16 de febrero de
2023, confirmatoria de la expedida por el Tribunal Administrativo del Magdalena de
5 de diciembre de 2018, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho instaurado por Emma Villamil de Torres contra la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social- UGPP, radicado con
el No. 47001233300020140028500, y en su lugar,

SEGUNDA: Declarar la existencia de incompatibilidad pensional entre la pensión
gracia reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (Cajanal) hoy UGPP
efectuada con la Resolución No. 1998 de 1973, y la pensión de jubilación ordinaria
reconocida por el ISS con Resoluciones Nos. 1372 de 1973 y 74 de 1974, a Alcides
Torres Obregón, por cuanto viola el artículo 68 de la Constitución de 1886, y el
artículo 64 artículo 128 de la Constitución Nacional.

TERCERA: Ordenarle a Emma Villamil de Torres, a restituirle a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, la totalidad de las mesadas pensionales percibidas
simultáneamente, desde el 10 de junio de 1992 hasta la fecha efectiva de pago.

15 Cfr. Índice 2 SAMAI. La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión fue presentada por

intermedio de apoderado el 23 de noviembre de 2023.

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CUARTA: Ordénese a Emma Villamil de Torres, que el pago que efectúe a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad
con el artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los intereses moratorios estipulados en
el artículo 192 ibidem, sobre los valores pagados por concepto de pensión de
sobrevivientes […]”.

18. Para sustentar la causal de revisión expuso los siguientes argumentos:

18.1. El docente para tener derecho a la pensión gracia, debe acreditar que no se
encuentra disfrutando de otra pensión o recompensa del orden nacional. En
consecuencia, la pensión gracia únicamente es compatible con la pensión de
jubilación o vejez cuando esta última se conceda por servicios docentes prestados
con vinculación departamental, municipal o distrital, no siendo posible reconocer
la pensión gracia cuando existe una pensión de vejez o de jubilación reconocida y
se computen tiempos al servicio público ordinario, como ocurre en el caso sub
examine.

18.2. Se encuentra probado que en las resoluciones núm. 1372 de 9 de octubre
de 1973 y 0074 de 1974, mediante las cuales el Instituto de Seguros Sociales
reconoció una pensión de jubilación ordinaria, se computaron tiempos del servicio
público ordinario, teniendo en cuenta que “[…] dentro de los tiempos se tuvo en
cuenta: (b) Certificado No.0091 del 19 de abril de 1971 expedido Contraloría
Cundinamarca en que consta que prestó sus servicios al Departamento como
Examinador de Cuentas de Auditoría Fiscal, Inspector Contador de la Auditoría y
Visitador fiscal de la Auditoría, en Zipaquirá, durante un total de 704 días […]”; y,
en esa medida, se presenta la incompatibilidad entre las dos pensiones.

18.3. En este orden de ideas, dichas prestaciones se sufragan con recursos que
provienen del erario, es decir, ambas prestaciones son pagadas con dineros del
tesoro público, por lo que en virtud de lo preceptuado en el artículo 128 de la
Constitución Política, se prohíbe recibir dos asignaciones de manera simultánea,
siendo esta incompatibilidad predicable de cualquier suma que provenga del
tesoro público por concepto de remuneración, consistente en salario o
prestaciones, honorarios o cualquier otro emolumento o retribución.

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Contestación al recurso extraordinario de revisión

19. La parte demandada, notificada en debida forma, no contestó la demanda que
contiene el recurso extraordinario de revisión16.

Concepto del Ministerio Público

20. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

21. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y el término para interponer el
recurso extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la
Ley 797; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la acción especial de
revisión de sentencias sobre pensiones prevista en el artículo 20 de la Ley 797; v)
el marco normativo de la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la
compatibilidad de la pensión gracia y la de jubilación; y vii) el análisis de la causal
de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

22. Vistos: i) el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 17, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) el artículo 24918 ibidem,
sobre competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) el
artículo 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°19 sobre las funciones de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo; y iv) el artículo 29, en especial, el numeral
1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920: esta Sala es competente para

16 Cfr. Índice 10 SAMAI.
17 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
19 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080”.
20 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida, en segunda instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 16 de febrero de 2023.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797

23. Vistos: i) el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimientos de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y
ii) el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, entre otros, con base en las causales del artículo 20 de
la Ley 797, que dispone:

“[…] Artículo 251. […] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento transaccional o conciliatorio […]”

24. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 16 de febrero de 2023.
Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 202321 y el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 23 de noviembre de 202322; es decir
dentro del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

25. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si los argumentos sobre la presunta incompatibilidad de la
pensión gracia y de la de jubilación configuran o no la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 y, en consecuencia, determinar si se
declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.

21 Cfr. Índice 33 SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
22 Cfr. Índice 2 SAMAI.

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Marco normativo del recurso extraordinario especial de revisión de
sentencias sobre pensiones prevista en el artículo 20 de la Ley 797

26. Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de las sumas periódicas a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, determinó:

“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo23 hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo24 por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. […]”.

27. Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado25
que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a
través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión 26, lo
cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos
tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional,
entre los cuales se tienen los siguientes:

27.1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una

23 La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de

septiembre de 2003, como se explicará infra.
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de

16 de julio de 2020, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-
00924-00 (2793-2012)
26 Actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 07110 00

prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o
actos que sean consecuencia de acuerdos, como transacción y conciliación 27.

27.2. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno
Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento
de pensiones.

27.3. Respecto de su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas contra lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de
los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del
Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación.

27.4. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento
de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las
normas que rigen la materia.

27.5. Al igual como sucede en el estudio de las causales del recurso extraordinario
de revisión, los motivos para pretender la nulidad de la sentencia que ha
reconocido el derecho a una prestación periódica a cargo del Tesoro Nacional, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797, son de análisis restringido y
riguroso frente a los cargos endilgados, pues tampoco le está permitido al juzgador
aproximarse a una causal que no fue planteada en la demanda o efectuar una
revisión integral de la sentencia, pues su naturaleza no es de ser una tercera
instancia28.

27 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

de 30 de octubre de 2023, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
07891-00.

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Marco normativo de la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797

28. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables […]”.

29. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

30. Bajo ese entendido, esta Corporación29 ha determinado que esos requisitos
sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho
debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; y iii) que
exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho; es decir, que
frente a la citada causal, se permite que el juez extraordinario, de alguna manera,
analizar aspectos de fondo, como, por ejemplo, frente a los factores que se tienen
en cuenta para la cuantificación del derecho30.

29 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de

Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.
30 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017

[Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda.
Subsección A. Sentencias de 21 de junio de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-
03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y
9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-00(1223-17)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la compatibilidad de la
pensión gracia y la de jubilación

31. Vistos los artículos 64 de la Constitución Política de 1886 y 128 de la
Constitución Política de 1991, que establecieron la prohibición de “[…]
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley […]”.

32. Vistos los decretos 1317 de 18 de julio de 196031, en especial, el artículo 1.°,
y el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 197832, reiteraron la prohibición
señalada supra,

33. Vista la Ley 91 de 29 de diciembre de 198933 , se permitió la compatibilidad de
la pensión ordinaria de jubilación con la pensión gracia, en atención al carácter
especial de esta última. En efecto, el numeral 2.° del artículo 15 dispuso:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación […]”

34. La Sala Plena Contenciosa, en sentencia de 27 de agosto de 1997 34, definió
con claridad el ámbito de aplicación de esta norma frente a las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1993, considerando:

“[…] 3. El artículo 15 No. 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

31 “Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de

la Constitución.”
32 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones”.
33 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
34 Exp. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón. C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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"Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación."

“4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en
cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “...
otra pensión o recompensa de carácter nacional […]”.

35. A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado35, en reiterada
jurisprudencia ha considerado que el legislador permitió la compatibilidad de la
pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar
está a cargo total o parcial de la Nación, siempre y cuando los docentes que
reclaman el reconocimiento de su pensión gracia cumplieran con la totalidad de
los requisitos, en tanto, como la norma lo señala, tales prestaciones no son
excluyentes, pues las razones que justifican su causación son diferentes.

36. Ahora, debe resaltarse que la prohibición de doble erogación del erario prevista
en el artículo 128 de la Constitución Política fue objeto de desarrollo a través del
artículo 19 de la Ley 4, que estableció:

“[…] Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:

[…]

g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

25 de enero de 2024, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, número único de radicación: 25000-23-42-000-
2020-00749-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 25 de enero de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, número único de radicación: 05001 23
33 000 2017 01409;

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37. En efecto, conforme lo ha considerado la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en las sentencias citadas supra, de conformidad con el artículo 81 de la
Ley 812 de 26 de junio de 200336, las personas vinculadas al servicio educativo a
partir de la entrada en vigencia de dicha norma, se encontrarían amparadas por el
régimen de prima media, y las que ingresaron con anterioridad, se les continuaría
aplicando las disposiciones previas en materia pensional. Este criterio fue
ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 001 de 2005 al sostener
que “[…] El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para
el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada
ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 […]”.

38. En virtud de lo expuesto, se tiene que algunas de las excepciones a la
prohibición de recibir dos asignaciones con cargo al tesoro público se manifiestan
en el sector docente, en el que se ha permitido la posibilidad de percibir la pensión
gracia y la de jubilación, y la compatibilidad de ésta con el salario siempre que el
docente no tenga edad de retiro forzoso.

Análisis de la causal de revisión

39. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha considerado, a
través de los criterios jurisprudenciales citados supra, para la configuración de la
citada causal, de la siguiente manera:

40. La UGPP en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendió la nulidad de las resoluciones 1998 de 29 de octubre de 1973, mediante
la cual se reconoció una pensión de jubilación gracia a Alcides Gregorio Torres
Obregón, y 22203 de 14 de abril de 1993, mediante la cual la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL reconoció de manera transitoria la sustitución de la

36 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.

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pensión de jubilación previamente referida a la señora Emma Villamil de Torres ,
por incurrir en la prohibición a la que se refiere el artículo 128 de la Constitución
Política.

41. El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda
por considerar que: i) de conformidad la normativa y los criterios jurisprudenciales
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la pensión gracia es compatible
con la pensión ordinaria de jubilación; ii) la UGPP demostró que al señor Alcides
Gregorio Torres Obregón le fue reconocida la pensión de jubilación gracia por
cumplir con los requisitos previstos en la Ley; y iii) la UGPP no allegó todas las
pruebas necesarias para determinar si la pensión de jubilación recibida por el
señor Alcides Gregorio Torres Obregón, mediante la Resolución 0074 del 17 de
enero de 1974, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, es una pensión de
jubilación docente.

42. La UGPP en el recurso de apelación indicó que: i) se debió recaudar la
totalidad de las pruebas para determinar la naturaleza de la pensión reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales; y ii) existía material probatorio para
determinar la existencia de pensiones pagadas con dineros del tesoro público,
siendo incompatibles.

43. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
recurrida confirmó la sentencia proferida, en primera instancia, por considerar que
no se probó que con el reconocimiento a la sustitución pensional realizado a la
señora Emma Villamil de Torres se esté desconociendo la prohibición contenida
en el artículo 128 de la Constitución Política, toda vez que, dentro las
oportunidades probatorias previstas en la Ley 1437, no solicitó que se decretara
como prueba que la Administradora Colombiana de Pensiones allegara la
Resolución 0074 de 17 de enero de 1974, para poder comprender los
antecedentes que fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento hecho al señor
Alcides Gregorio Torres Obregón37.

37 La UGPP no allegó junto con la demanda ni tampoco solicitó como prueba la Resolución del 17 de enero

de 1974, sin embargo, en el recurso de apelación la aportó de manera informal, de modo que, no fue tenida
en cuenta por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por no cumplir con los requisitos
para que fuera decretada como prueba en segunda instancia.

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44. La parte recurrente, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
invoca la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, comoquiera
que: i) la sentencia recurrida no tuvo en cuenta que las sustituciones de las
pensiones gracia y ordinaria de jubilación realizadas a la señora Emma Villamil de
Torres no son compatibles y el reconocerlas simultáneamente desconoce el
artículo 128 de la Constitución Política y demás normas concordantes y
complementarias; y ii) de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
no se tuvo en cuenta que, para los reconocimientos pensionales, se computaron
tiempos del servicio público ordinario; y, en esa medida, se presenta la
incompatibilidad entre las dos pensiones.

45. La Sala concluye que la causal invocada por la UGPP no estuvo debida y
concretamente sustentada con el rigor que exige este tipo de acciones
extraordinarias, en la medida que no se encuentra circunscrita a revisar los
aspectos concernientes a la liquidación de las pensiones, cuando se reconocieron
en un valor mayor al que corresponde, por el contrario, cuestiona la aptitud legal
de la señora Emma Villamil de Torres para ser beneficiaria de las sustituciones
pensionales por incompatibilidad de la pensional gracia y de jubilación que le
habían sido reconocidas al señor Alcides Gregorio Torres Obregón , por
desconocimiento de normas constitucionales y legales, además, de una indebida
valoración probatoria para el cómputo de los tiempos de servicio, lo cual escapa
del ámbito de la causal. En efecto, esta Corporación38 al estudiar un asunto similar,
consideró:

“[…] Nótese que la parte revisionista no controvirtió aspectos como el ingreso base
para liquidar la pensión gracia, los factores salariales que lo componen o el monto
que corresponde, ni algún otro que pudiera incidir en la cuantía del derecho
reconocido, puesto que su argumento se concretó en que la docente pensionada no
tuvo el vínculo de carácter nacionalizado o territorial que se requiere para acceder
a la prestación periódica, esto es, se advirtió que carece de la aptitud legal para
gozar de dicha prestación.

[…]

No obstante, la Sala advierte que no es procedente el análisis de la causal
correspondiente, en primer lugar, por cuanto no fue la que invocó la UGPP y, en

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia de

6 de abril de 2021, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-
05191-00.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 07110 00

segundo lugar, si en gracia de discusión así se hubiera hecho, el recurso
extraordinario de revisión bajo tal argumento sería extemporáneo […].

46. Por lo expuesto anteriormente, para esta Sala los argumentos descritos en el
recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797, sin que sea procedente aproximarse a una causal
que no fue planteada en la demanda o efectuar una revisión integral de la
sentencia recurrida, dado el carácter restrictivo de la interpretación de las causales
del recurso extraordinario de revisión, pues su naturaleza no es de ser una tercera
instancia.

Condena en costas

47. Vistos los artículos: i) 25539 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º40, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°41
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°42 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.

48. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el
otro, por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en
consideración las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de
conformidad con el numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación

39 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
40 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
41 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
42 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]

Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.

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con la determinación de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios
para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

49. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.

Conclusiones de la Sala

50. Esta Sala considera que, no se configura la causal de revisión prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797, en la medida que no se encuentra
circunscrita a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de las pensiones,
cuando se reconocieron en un valor mayor al que corresponde, sino sobre la
aptitud legal de la señora Emma Villamil de Torres para ser beneficiaria de las
sustituciones pensionales por incompatibilidad de la pensional gracia y de
jubilación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia de 16 de
febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 470012333000201400285 01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado

JORGE EDISON PORTOCARRERO PEDRO PABLO VANEGAS GIL
BANGUERA Consejero de Estado
Consejero de Estado
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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