Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07129-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07129-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07129-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
15 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-00
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-00
Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUSBECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra sentencia que
resuelve recurso de anulación. Falta de cumplimiento de
requisitos generales
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Comunicación Celular S.A.
Comcel S.A. y Une Epm Telecomunicaciones S.A., de conformidad con lo
establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. (antes Telmex Colombia S.A.) y Une Epm
Telecomunicaciones S.A., por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
defensa, de contradicción y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad de trato procesal y acceso efectivo a la administración de justicia que le
fueron vulnerados a COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A. y a UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. por parte de la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, al haber proferido la sentencia del 10 de noviembre de 2016 por
la cual anuló el laudo dictado el 03 de diciembre de 2015 por el Tribunal Arbitral
constituido para dirimir las controversias surgidas entre las Accionantes y la División
Mayor del Futbol Colombiano – DIMAYOR en el marco del Contrato de Licencia,
dentro del proceso identificado con radicado 11001-03-26-000-2016-00063-
00(56845) A.
SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, y para hacer efectiva la tutela
efectiva de los derechos fundamentales de COMUNICACIÓN CELULAR S A
COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. se deje sin efectos la
sentencia de 10 de noviembre de 2016 proferida por la Sección Tercera – Subsección
C del Consejo de Estado dentro del proceso identificado con radicado 11001-03-26-
000-2016-00063-00(56845) A.
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Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro
TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, y para hacer efectiva la tutela
efectiva de los derechos fundamentales de COMUNICACIÓN CELULAR S A
COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se mantengan incólumes
los efectos del laudo proferido el 03 de diciembre de 2015, que fue indebidamente
anulado por la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado dentro del
proceso identificado con radicado 11001-03-26-000-2016-00063-00(56845) A., y se
ordene su cumplimiento por las partes.
CUARTA. Que, en subsidio de las pretensiones SEGUNDA y TERCERA, se ordene a
la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, que declare la nulidad de
todo lo actuado a partir de la sentencia de 10 de noviembre de 2016 para que la
Accionada decrete el trámite de la interpretación prejudicial obligatoria al TJCA que
solicitaron COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. en la réplica al recurso de anulación que interpuso la
División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR contra el laudo del 03 de diciembre
de 2015, e incorpore al nuevo fallo que profiera la sentencia de interpretación
prejudicial que adopte el TJCA.
QUINTA. Que se adopten las demás medidas de protección que el Juez Constitucional
estime necesarias para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de
la COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A.».
2. Hechos
De la lectura del expediente y del escrito de tutela, se advierte que la parte actora
afirma que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales invocados con la sentencia de 10 de noviembre de 2016
(Exp. 11001-03-26-000-2016-00063-00), que, declaró la nulidad del laudo arbitral
proferido el 3 de diciembre de 2015. Lo anterior, porque considera, no aplicó la
sentencia 167-IP-2020 de 30 de agosto de 2023 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, que fue aportada al recurso de anulación tramitado con
radicación No.11001-032-6000-2016-00063-01, que conoce la misma autoridad
judicial demandada.
Precisado lo anterior, se procede a resaltar los hechos relevantes del proceso:
[Primer proceso arbitral – laudo de 3 de diciembre de 2015]
El 24 de julio de 2014, Las sociedades Telmex Colombia S.A y Une EPM
Comunicaciones S.A presentaron demanda arbitral contra la División Mayor de
Futbol Colombiano - Dimayor, por el incumplimiento de la opción preferente de la
licencia de derechos para la emisión, retransmisión y comercialización de los
partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Colombiano de Primera
División A, en el año 2011. Por ello, solicitaron subsanar la situación o el pago de
la pena estipulada en el punto sexto de la oferta 1 aceptada por la División Mayor
del Futbol Colombiano - Dimayor.
El 3 de diciembre de 2015, el Tribunal de Arbitramento profirió laudo en el que
declaró que Dimayor incumplió la cláusula contractual de opción preferente que
acordó con Telmex y UNE-EPM. En consecuencia, la condenó al pago de
$17.643´747.686 por concepto de la pena pecuniaria pactada en el punto sexto del
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Pactada por ocho millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América ($8.500.000USD).
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contrato y al pago de $5.553´022.587 por intereses moratorios. Adicional a ello
condenó en costas en un monto de $787´200.000.
[Primer recurso de anulación - sentencia de 10 de noviembre de 2016 -
Expediente 11001-03-26-000-2016-00063-00 (56845)]
Dimayor ejerció recurso de anulación contra el laudo arbitral con fundamento en las
siguientes causales de anulación: i) omisión del deber de solicitar la interpretación
prejudicial de las normas aplicables al caso; ii) la prevista en el artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, porque el laudo se profirió en conciencia y no en derecho; iii) la
señalada en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, porque el fallo fue extra y ultra
petita.
El 10 de noviembre de 2016, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado profirió sentencia en la que decidió anular el fallo arbitral, con fundamento
en que el Tribunal de Arbitramento no solicitó ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial obligatoria de las
normas de la Decisión número 351 de 1993 relacionadas con el derecho de autor
y los derechos patrimoniales. Además, remitió copias al Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que profiera nuevo laudo,
previo a la solicitud de interpretación prejudicial, realizada por el Tribunal de la
Comunidad Andina.
En esa misma fecha, Dimayor solicitó adición de sentencia, para que se ordenara
la devolución de la suma paga en cumplimiento del laudo arbitral. Así mismo,
Telmex y UNE-EPM pidieron complementación y aclaración respecto a la validez
de las actuaciones surtidas en el trámite arbitral.
El 13 de diciembre de 2016, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado adicionó y aclaró la sentencia en el sentido de precisar que solamente se
anulaba el laudo arbitral, por lo que no se afectaban las pruebas practicadas y las
demás actuaciones procesales surtidas y ordenó restituir a favor de Dimayor las
sumas pagadas.
[Segundo proceso arbitral – laudo de 8 de noviembre de 2018]
El 10 de marzo de 2017, Telmex y UNE – EPM presentaron ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., solicitud de
convocatoria de un tribunal de arbitraje para dirimir la referida controversia.
El 19 de septiembre de 2017, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la interpretación prejudicial de los artículos 3, 13, 15, 30, 31 y 32 de la
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena – Régimen Común sobre
derechos de Autor y Derechos Conexos.
El 8 de febrero de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió la
interpretación prejudicial de esas normas mediante sentencia 371-IP-2017, en la
que señaló que, lo relacionado con el contrato de licencias de uso para la
explotación patrimonial del derecho de autor se rige por la legislación interna de
cada país miembro.
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El 8 de noviembre de 2018, el Tribunal de Arbitramento decidió desestimar las
pretensiones por haber acaecido la caducidad de la acción.
[Segundo recurso de anulación – Expediente 11001032600020160006301
(63304)]
El 26 de diciembre de 2018, Telmex y UNE – EPM presentaron recurso
extraordinario de anulación contra el laudo de 8 de noviembre de 2018, en el que
solicitaron interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. En síntesis, señalaron que el tribunal arbitral debía ceñirse a
analizar el cumplimiento de la interpretación prejudicial de la norma, por lo que no
podía referirse a la caducidad de la acción. Además, señalaron que el laudo de
2018 desconoció la interpretación 371-IP-2017 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
El 18 de agosto de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolver si el juez nacional debe
adoptar la interpretación prejudicial de ese tribunal, en los casos en que no se
profiere decisión de fondo por la configuración de la caducidad de la acción.
El 30 de agosto de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó
sentencia 167-IP-2020, en la que expresó que, en los casos en que el juez nacional
no realiza pronunciamiento de fondo, no es necesario adoptar la decisión de
interpretación prejudicial.
El 14 de septiembre de 2023, Comcel (antes TELMEX COLOMBIA S.A.) y UNE
EPM solicitaron la aclaración de la sentencia 167-IP-2020. En resumen, señalaron
que el Consejo de Estado no debió anular el laudo de 3 de diciembre de 2015
[primer proceso arbitral], porque, según la sentencia 01-IP-2021, no se requería la
interpretación prejudicial obligatoria en el asunto, pues los contratos de licencia
para la explotación de los derechos patrimoniales derivados del derecho de autor
se rigen por el ordenamiento jurídico interno de cada país.
Además, resaltaron que, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
anulación del primer laudo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió
la sentencia 371-IP-2017, en la que estableció que los contratos de licencia para la
explotación de los derechos patrimoniales derivados del derecho de autor se rigen
por el ordenamiento jurídico interno de cada país. De ahí que, no era necesario que
el primer Tribunal Arbitral decretara la interpretación prejudicial obligatoria y, por
ello, no se configuró la causal de anulación del primer laudo arbitral.
A la fecha de interposición de la acción de tutela, no se ha resuelto esa solicitud de
aclaración de la sentencia.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, la sentencia del 10 de noviembre de 2016 2, que declaró
la nulidad del laudo de 3 de diciembre de 2015, incurrió en defectos sustantivo,
fáctico y procedimental absoluto, porque desconoció que en el presente asunto no
existía la obligación de decretar la interpretación prejudicial por parte del Tribunal
Judicial de la Comunidad Andina. Al respecto, advirtió que, la controversia versaba
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Proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso 2016-00063-00 (56845)
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sobre un asunto regulado por la legislación interna de Colombia, como lo estableció
el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina en la sentencia 167-IP-2020 proferida
el 29 de agosto de 2023.
Advirtió que, en la réplica al recurso de anulación interpuesto contra el primer laudo
arbitral, le solicitó a la autoridad judicial demandada que decretara la interpretación
prejudicial ante el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina, por ser de carácter
obligatorio. No obstante, dicha solicitud no fue tenida en cuenta, circunstancia que
incidió en la decisión de la anulación, porque el concepto de aquel tribunal hubiese
conllevado a que la autoridad judicial demandada concluyera que no se configura
la causal de anulación del laudo.
Aclaró que la “tutela no está en caminada a obtener la protección de los derechos de las
Accionantes con ocasión del recurso de anulación contra el laudo del 08 de agosto de 2018,
por cuanto éste recurso actualmente cursa ante la Sección Tercera del Consejo de
Estado.” .
Señaló que el presente amparo cumple con el requisito de inmediatez, porque, solo
hasta el 30 de agosto de 2023, esto es, cuando el Tribunal Judicial de la Comunidad
Andina profirió la sentencia 167-IP-2020, en la que se expresó que “nunca hubo
una controversia que requiriera una interpretación judicial del TJCA y, por ende,
que nunca debió declararse la causal de nulidad decretada en la sentencia de 10
de noviembre de 2016”, tuvo certeza de la violación de los derechos invocados.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto de 28 noviembre de 2023, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a los demandantes y a los Consejeros que conforman la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Adicionalmente, a la
División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR- y al Tribunal de Arbitramento
de la Cámara de Comercio de Bogotá conformado por los árbitros Gilberto Peña
Castrillón, Jairo Parra Quijano y Juan Carlos Varon Palomino, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, publicar en la página web del
Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros
interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C solicitó que se declare
improcedente el amparo, porque no cumple los requisitos de inmediatez y
relevancia constitucional. Como petición subsidiaria, pidió que, en caso de
encontrar cumplidos los requisitos generales de procedencia de tutela contra
providencia judicial, se niegue el amparo, porque no se demostró la violación de los
derechos fundamentales invocados.
Respecto al requisito de inmediatez, manifestó que la sentencia controvertida fue
proferida el 10 de noviembre de 2016, adicionada y aclarada el 13 de diciembre del
mismo año, esta última decisión fue notificada mediante edicto fijado el 15 de
diciembre de 2016, de modo que, transcurrieron más de 7 años entre la notificación
del fallo controvertido y la interposición de la acción de tutela.
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Advirtió que, contrario a lo expresado por la parte actora, la vulneración de los
derechos fundamentales invocados no se concretó con la sentencia 167-IP-2020
del 30 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina
con ocasión del recurso de anulación, pues dicha decisión corresponde al segundo
recurso de anulación que se encuentra en trámite en esa Sección, diferente de
aquel que dio lugar a la sentencia que se cuestiona.
En cuanto a la falta de relevancia constitucional, anotó que los argumentos
expuestos por la parte actora pretenden utilizar la acción de tutela como una
segunda instancia del recurso de anulación, para que se determine si en el marco
de aquel recurso era menester que el Consejo de Estado solicitara una
interpretación prejudicial.
Respecto al incumplimiento de los requisitos específicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, afirmó que no incurrió en ninguno
de los defectos alegados, pues en el presente asunto no existía la obligación de
solicitar la interpretación prejudicial de normas comunitarias, pues en aquel trámite
no se reunían los presupuestos para ello, de conformidad con los artículos 33 del
Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 472)
y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión
500).
Por tanto, señaló que, el estudio que debía realizar en el marco del proceso de
anulación, como en efecto ocurrió, debía circunscribirse únicamente a determinar
si para proferir el laudo arbitral del 3 de diciembre de 2015 los árbitros debían
solicitar la interpretación prejudicial, sin que fuera necesario que en sede de
anulación se formulara una solicitud de interpretación prejudicial, dado que en ese
escenario no se requería interpretar norma comunitaria alguna.
6. Intervención del tercero interesado
Los árbitros que conformaron el Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo de
3 de diciembre de 2015 expresaron que actuaron conforme a derecho y reiter aron
los argumentos expuestos por la autoridad judicial demandada en el informe
allegado al presente trámite.
La Dimayor solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, porque no
cumple con los requisitos generales de inmediatez y de relevancia constitucional.
Además, explicó que la autoridad judicial demandada no vulneró los derechos
invocados por la parte actora, porque la demandada si tenía la facultad de anular
el laudo arbitral del 2015, sin requerir la interpretación prejudicial del Tribunal
Judicial de la Comunidad Andina.
7. Intervención adicional de la parte actora
En escrito del 25 de enero de 2024 Comcel S.A. y Une EPM se pronunció respecto
a los informes rendidos por la autoridad judicial demandada y la DIMAYOR, en el
sentido de reiterar que la presente acción de tutela cumple con el requisito de
inmediatez, por cuanto solamente con la sentencia 167-IP-2020 del 30 de agosto
de 2023 se estableció la vulneración de los derechos fundamentales en la que
incurrió la actora al anular el laudo de 3 de diciembre de 2015, pues en dicho fallo
se precisó que no era necesario que los árbitros decretaran la interpretación
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prejudicial. En consecuencia, afirmó que no existió fundamento para afirmar que se
configuró la causal de anulación del laudo proferido el 3 de diciembre de 2015.
Aunado a lo anterior, resaltó que el numeral 5.51 de la sentencia del 10 de
noviembre de 2016, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C ordenó la constitución de un nuevo tribunal de arbitramento con la
única finalidad de que los nuevos árbitros decretaran y tramitaran la interpretación
prejudicial obligatoria, camino procesal al que se acogieron COMCEL y UNE,
teniendo en cuenta que acudir a la acción de tutela sin haberse surtido nuevamente
el correspondiente trámite arbitral, hubiera traído como consecuencia su
improcedencia.
En cuanto al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, expresó que
estaba demostrada la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial demandada, para lo cual reiteró que se configuraron los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental, alegados en el escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas
de procedencia de la acción de tutela.
Caso concreto
La Sala anticipa que en el presente caso no se cumple el requisito general de
inmediatez, lo cual hace improcedente el estudio de fondo de los defectos
invocados en la acción de tutela, como se pasa a explicar.
La parte actora argumenta que el análisis sobre el cumplimiento del requisito de
inmediatez debe iniciarse a partir de la sentencia 167-IP-2020 del 30 de agosto de
2023, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, momento desde
el cual tuvo certeza de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Sin embargo, tal argumento no está llamado a prosperar, porque la sentencia 167-
IP-2020 de 30 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, no altera la firmeza de la sentencia del 10 de noviembre de
2016, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que la decisión -167-IP-2020 del 30 de agosto de 2023-,
frente a la cual la parte actora pretende se contabilice el término de inmediatez fue
proferida de forma posterior a la decisión judicial que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales invocados - sentencia del 10 de noviembre de 2016-. Sumado
a ello, el fallo controvertido se encuentra debidamente ejecutoriado.
De modo que, el desconocimiento de las circunstancias narradas en precedencia
conllevaría a un detrimento injustificado del principio de seguridad jurídica y, por lo
tanto, no puede ser tenido en cuenta para efecto de ejercer la presente solicitud de
amparo.
Así las cosas, el cumplimiento del requisito de inmediatez debe ser analizado desde
la notificación de la sentencia del 10 de noviembre de 2016 y, en ese sentido, no
existe fundamento para superar el requisito general de inmediatez a partir de la
referida decisión proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Luego, la Sala encuentra que el amparo carece del requisito de inmediatez que la
caracteriza, porque la decisión dictada dentro del proceso 11001-03-26-000-2016-
00063-00(56845)A, que se pretende dejar sin efecto por esta vía fue proferida el 10
de noviembre de 2016, notificada mediante edicto de 18 de noviembre que fue
desfijado el 22 de ese mes 6.
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Índice 23, SAMAI.
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Así, a la fecha de presentación de esta acción, 23 de noviembre de 2023, han
transcurrido 7 años de haber tenido conocimiento de la decisión, lo cual desvirtúa
la urgencia y necesidad de intervención del juez de tutela.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela
judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda7, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a
adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron, pues si bien, la parte
actora indicó que la demora en la interposición de la acción de tutela obedeció a
conflictos con su apoderado lo cierto es que este no es un motivo válido para la
inactividad dado que la inconformidad del actor va dirigida inclusive a la decisión de
primera instancia y al ser así contó con la posibilidad procesal de revocar el poder
y sustituirlo.
Como quedó visto, la acción de tutela contra providencias judiciales es un
mecanismo excepcional cuya procedencia está determinada por los requisitos
generales y específicos de procedencia, establecidos por la jurisprudencia
constitucional y del propio Consejo de Estado.
En suma, en el presente caso la acción de tutela no cumple el requisito general de
la inmediatez y, en esa medida, se impone declarar improcedente la solicitud de
amparo que ejercieron Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y Une Epm
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-00
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro
Telecomunicaciones S.A. contra la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció Comunicación Celular
S.A. Comcel S.A. y Une Epm Telecomunicaciones S.A., contra la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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