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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07129-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07129-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y Une EPM Telecomunicaciones S.A en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 23 Visible en el índice 43 de Samai del expediente del recurso de nulidad de laudo arbitral 11001032600020160006301. Actuación denominada «45_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 43» 24 Visible en el índice 45 de Samai del expediente del recurso de nulidad de laudo arbitral 11001032600020160006301. Actuación denominada «48_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_167IP2020SOLICITU(.pdf) NroActua 45» 11 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01 Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07129-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Recurso de anulación contra
laudo arbitral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Comunicación Celular S.A. Comcel
S.A. y otro, en contra de la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de
amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro promovieron solicitud de tutela con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, al resolver el recurso extraordinario de
anulación de laudo arbitral identificado con el radicado 11001-03-26-000-2016-
00063- 00(56845) A.

Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

i) El 25 de julio de 2014 las sociedades Telmex Colombia S. A2 y Une EPM
Telecomunicaciones S.A., presentaron demanda arbitral contra la División Mayor
del Fútbol Colombiano3 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, como consecuencia de su incumplimiento al contrato de «la
licencia de los derechos para la transmisión y comercialización de los partidos del

1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado
«ED_DEMANDA_23_11_2023(.pdf) NroActua 2»
2 Ahora Comcel S.A.
3 En adelante DIMAYOR

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano», respecto a ejercer la opción
preferente para su renovación.

ii) El Tribunal de Arbitramento Telmex y Une Vs. DIMAYOR en laudo arbitral de 3
de diciembre de 2015 declaró que la demandada incumplió el contrato de opción
preferente que acordó con la parte demandante y, en consecuencia, le ordenó pagar
el valor de la cláusula penal pactada. Contra esta decisión la parte demandada
interpuso recurso de anulación.

iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 10 de
noviembre de 2016 anuló el laudo arbitral al considerar que, entre otras, se debió
surtir el trámite de interpretación prejudicial obligatoria de las normas aplicables al
caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, «en cuanto se refleja, de
una parte, la directa y concreta posibilidad de aplicar la normativa contenida en la Decisión
No. 351 de 1993 al derecho de la Dimayor que fue objeto de licenciamiento a favor de los
convocantes Telmex y EPMUNE; se sigue de allí, también, la posibilidad de evaluar el
alcance de las pretensiones y excepciones planteadas por las partes a la luz de las
prerrogativas del derecho de autor».

iv) El 10 de marzo de 2017, las sociedades Telmex Colombia S.A. y Une EPM
Telecomunicaciones S.A., presentaron nuevamente demanda arbitral contra la
División Mayor del Fútbol Colombiano, para que se decidiera de fondo sobre la
referida controversia.

v) El Tribunal Arbitral de Telmex Colombia S.A y Une EPM Telecomunicaciones S.A
Vs. Dimayor, mediante correo certificado del 13 de septiembre de 2017 solicitó la
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien
mediante Oficio 134-S-TJCA del 9 de febrero 2018 remitió lo pretendido.

vi) El Tribunal Arbitral de Telmex Colombia S.A y Une EPM Telecomunicaciones
S.A Vs. Dimayor en laudo arbitral del 8 de noviembre de 2018 declaró la caducidad
operada con antelación al 25 de julio 2014, fecha de presentación de la demanda
que al proceso le dio origen. Contra esta decisión la parte demandante interpuso
recurso de anulación.

vii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 18 de
agosto de 2020 le solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la
interpretación prejudicial de los artículos 35 de Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 472), 127 y 128 del Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 500), respecto al deber que tiene el
juez de adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en aquellos casos donde no se decida de fondo por operar la
caducidad.

viii) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Sentencia 671-S-TJCA-2023
del 30 de agosto de 2023 manifestó que el árbitro no tiene que adoptar la
interpretación si va a concluir el proceso sin emitir pronunciamiento sobre el fondo
de la controversia y dicha conclusión no conllevara la aplicación del derecho andino.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

ix) El 14 de noviembre del 2023, Telmex Colombia S.A. y Une EPM presentaron
solicitud de aclaración de la sentencia de interpretación prejudicial.

x) En relación con esa decisión, consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales al incurrir en los siguientes defectos:

• Violación directa de la Constitución Política, por desconocer los artículos 29, al
omitir decretar la interpretación prejudicial obligatoria de las normas aplicables
al caso y el 229, en tanto anuló el laudo del 3 de diciembre de 2015 sin
fundamento alguno, lo cual conllevó a que «el Nuevo Tribunal Arbitral, a pesar de
haber decretado el trámite de la interpretación prejudicial obligatoria y de haber recibido
la sentencia 167-IP-2020, hubiera incumplido dicha sentencia al no dar cumplimiento a
lo ordenado por la Accionada, y decretar la caducidad de la acción contractual, la cual
no sólo no debía abordar sino que no operó».

• Defecto procedimental, por cuanto, previamente a proferir la sentencia de 10 de
noviembre de 2016 objeto de esta tutela, no decretó la interpretación prejudicial
obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

• Defecto sustantivo, por cuanto no aplicó i) los artículos 33 del Tratado de
Creación del TJCA y 123 de la Decisión 500; ii) los artículos 30 y 31 de la
Decisión 351, pues, para establecer si procedía o no la anulación debió pedir la
interpretación prejudicial obligatoria.

• Decisión sin motivación, en la medida que la controversia correspondió a una
disputa por el incumplimiento del contrato de licencia para la explotación de los
derechos patrimoniales derivados del derecho de autor, los cuales se rigen
únicamente por el ordenamiento jurídico interno de cada país.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad de trato procesal y acceso efectivo a la administración de justicia que le fueron
vulnerados a COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. y a UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. por parte de la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, al haber proferido la sentencia del 10 de noviembre de 2016 por
la cual anuló el laudo dictado el 03 de diciembre de 2015 por el Tribunal Arbitral
constituido para dirimir las controversias surgidas entre las Accionantes y la División
Mayor del Futbol Colombiano – DIMAYOR en el marco del Contrato de Licencia, dentro
del proceso identificado con radicado 11001-03-26-000-2016-00063- 00(56845) A.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, y para hacer efectiva la tutela
efectiva de los derechos fundamentales de COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL
S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. se deje sin efectos la sentencia de 10
de noviembre de 2016 proferida por la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

Estado dentro del proceso identificado con radicado 11001-03-26-000-2016-00063-
00(56845) A.

TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, y para hacer efectiva la tutela
efectiva de los derechos fundamentales de COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL
S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., se mantengan incólumes los efectos
del laudo proferido el 03 de diciembre de 2015, que fue indebidamente anulado por la
Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado dentro del proceso identificado
con radicado 11001-03-26-000- 2016-00063-00(56845) A., y se ordene su cumplimiento
por las partes.

CUARTA. Que, en subsidio de las pretensiones SEGUNDA y TERCERA, se ordene a
la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, que declare la nulidad de
todo lo actuado a partir de la sentencia de 10 de noviembre de 2016 para que la
Accionada decrete el trámite de la interpretación prejudicial obligatoria al TJCA que
solicitaron COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. en la réplica al recurso de anulación que interpuso la
División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR contra el laudo del 03 de diciembre
de 2015, e incorpore al nuevo fallo que profiera la sentencia de interpretación prejudicial
que adopte el TJCA.

QUINTA. Que se adopten las demás medidas de protección que el Juez Constitucional
estime necesarias para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la
COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S.A. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C4 solicitó se
declarara la improcedencia del amparo pretendido, en la medida que no satisface
los requisitos generales de procedencia, específicamente el de inmediatez y el de
subsidiariedad o en su defecto, se negara ante la inexistencia de una causal
especifica que demostrara la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
pues, en el presente asunto no hubo obligación de solicitar la interpretación
prejudicial de normas comunitarias.

La providencia cuestionada data de diciembre de 2016, lo que implica que a la fecha
han transcurrido casi siete años desde el momento en el que cobró firmeza. Si la
vulneración era perentoria y la misma devenía de omitir la solicitud de la
interpretación prejudicial, no se explica las razones por las cuales tan solo hasta
ahora se acude al mecanismo constitucional.

El demandante indicó que la materialización de la vulneración de sus derechos se
dio con la sentencia del 167-IP-2020 del 30 de agosto de 2023, dictada con ocasión
del recurso de anulación que se encuentra en curso en el marco del segundo tribunal
de arbitramiento, es decir, pretendió cuestionar la sentencia del primer proceso
arbitral con fundamento en una providencia que se profirió en el marco de otro
recurso extraordinario de anulación, diferente al que dio origen a la sentencia que
hoy enjuicia.

4Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIALES_OKENVIADARESPU(.pdf)
NroActua 10»
4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

La verdadera intención de la parte demandante es convertir la tutela en una segunda
instancia del recurso de anulación planteado por la DIMAYOR contra el primer fallo
arbitral y así se estableciera si en el primer proceso arbitral se requería o no de
dicha interpretación.

Ahora bien, respecto al segundo proceso arbitral resaltó que existe un recurso de
anulación contra el laudo del 8 de noviembre de 2018, que actualmente se
encuentra en curso.

1.2.2. Gilberto Peña Castrillón, Jairo Parra Quijano y Juan Carlos Varón
Palomino, quienes conformaron el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de
Comercio, donde se profirió el laudo arbitral de 3 de diciembre de 2015 5
manifestaron que actuaron en derecho y compartieron la posición que plantea la
demanda de la referencia respecto a que en la Sentencia 167-IP-2020 el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina concluyó que en el asunto no era necesario
que se decretara la interpretación prejudicial, razón por la que la causal en la que
se fundamentó la sentencia del 10 de noviembre de 2016 no se configuró, razón por
la cual se vulneró los derechos fundamentales de los demandantes.

1.2.3. La DIMAYOR6 solicitó se declarara la improcedencia del amparo pretendido
en la medida que no cumplió con los siguientes requisitos generales de procedencia:

El de la subsidiariedad, pues, el argumento que sostuvo la parte demandante es
que la vulneración se materializó con la Sentencia 167-IP-2020 del Tribunal de
Justicia Andino, lo cual no tuvo ningún sustento jurídico y la verdadera intención es
utilizar de forma distorsionada la interpretación prejudicial dictada en el marco del
segundo proceso de anulación para así poder alegar una violación de derechos
contra la sentencia del 10 de noviembre de 2016, dictada en el primer proceso de
anulación, cuando en realidad dicho acto no tuvo ningún efecto jurídico en el fallo
hoy enjuiciado.

El de relevancia constitucional, pues, la intención del demandante no es la
protección a derechos fundamentales, sino que el estudio se limitó a aspectos
económicos y así revivir la condena de $23.983.970.273 interpuesta mediante el
laudo arbitral del 2015 y así lograr reabrir términos procesales ya culminados.

Asimismo, no existió vulneración de derechos fundamentales, pues, El Consejo de
Estado sí tenía la facultad de anular el Laudo de 2015 sin requerir la interpretación
prejudicial del Tribunal Andino.

5 Ver índice 12 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MANIFESTACIONDELOS(.pdf) NroActua
12»
6 Ver índice 14 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20231204TRASLADO(.pdf) NroActua 14»
5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

1.2.4. Los demandantes7 presentaron oposición respecto a los informes rendidos
por las entidades demandadas y/o vinculadas en el presente trámite, para lo cual
insistieron en que se cumplió con el requisito de inmediatez en la medida que con
la adopción de la sentencia 167-IP-2020 del 30 de agosto de 2023 fue que quedó
establecido el defecto material en el que incurrió la autoridad judicial demandada al
anular el fallo arbitral, pues la causal en la que se fundamentó jamás se configuró.

1.3 Sentencia de primera instancia8

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 15 de febrero de 2024
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no cumple
con el requisito de inmediatez al superar el término de 6 meses fijado en la
jurisprudencia como razonable para ejercerla, cuando de cuestionar decisiones
judiciales se trata, pues, la Sentencia 167- IP-2020 de 30 de agosto de 2023, dictada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no altera la firmeza de la
sentencia enjuiciada.

1.4. Escrito de impugnación9

La Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro impugnaron la decisión del a quo
al considerar que, si se cumplió con el requisito general de la inmediatez, pues, no
es cierto que la Sentencia 167-IP-2020 de 30 de agosto de 2023, dictada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no alteró la firmeza de la sentencia
del 10 de noviembre de 2016, máxime, cuando por medio de ella se indicó que no
era necesario que los árbitros decretaran la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en consecuencia, no se configuró la causal de
anulación del laudo proferido el 3 de diciembre de 2015.

Se confundieron dos instituciones jurídicas totalmente diferentes, esto es, la
ejecutoria de la sentencia que se surtió tres (3) días siguientes a su notificación y el
requisito de inmediatez, pues, la Corte Constitucional ha considerado la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales, aun cuando hayan quedado
ejecutoriadas, cuando vulneran derechos fundamentales, como ocurrió en el
presente caso.

Asimismo, la sentencia ordenó la conformación de un nuevo Tribunal de
Arbitramiento como mecanismo de defensa judicial, para que se decretara y
tramitara la interpretación prejudicial obligatoria del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, así que haber acudido a la tutela habría sido declarada
improcedente por subsidiariedad.

7
Ver índice 16 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado
«35_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 16»
8 Ver índice 21 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado

«46SENTENCIA_8DR20230712900COMCELTCPPDF(.pdf) NroActua 21»
9 Ver índice 27 de SAMAI en el expediente 11001031500020230712900. Archivo denominado

«51_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 27»
6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y; iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.13 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo14 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la

10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,16 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.17

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Comunicación
Celular S.A. Comcel S.A. y otro satisface el requisito de procedencia general de la
inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como uno
de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se

15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»18.

En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la
interposición de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable;
y (iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable
en casos similares al que está por resolverse», toda vez que, «en algunos casos,
seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente;
pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del
caso»19

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 201420 respecto al término razonable para presentar
solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que
el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]»

2.4.2. Caso concreto

Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro acudieron al juez de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara
sin efecto la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, por medio de la cual se anuló el laudo
arbitral del 3 de diciembre de 2015.

A juicio de la Sala, una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al
expediente, se observa que la sentencia acusada fue notificada mediante edicto del
18 de noviembre de 201621, posteriormente fue aclarada y adicionada mediante
sentencia complementaria del 13 de diciembre de 2016 y notificada el día 15

18 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
20
Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
21 Visible en el expediente de recurso de anulación de laudo arbitral 11001032600020160006300

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Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

siguiente y, la solicitud de tutela fue radicada el 23 de noviembre de 2023, lo cual
permite concluir, que la demandante acudió ante el juez constitucional después de
haber transcurrido más de seis años de encontrarse ejecutoriada la providencia que
considera vulneradora de sus derechos fundamentales.

De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el requisito
de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al término de
los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto
bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza
acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que permita
desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera
excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»22.

2.4.2.1. Cuestiones adicionales

Ahora bien, la demandante objeta la sentencia del 10 de noviembre de 2016
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, la cual decidió:

PRIMERO: ANULAR el laudo arbitral dictado el 3 de diciembre de 2015 por el Tribunal
de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre TV Cable S.A
(hoy Telmex Colombia S.A) y EPM Telecomunicaciones S.A. (hoy Une
Telecomunicaciones S.A – ESP), de una parte, y la División Mayor del Futbol
Colombiano – DIMAYOR con ocasión del contrato surgido a partir de la “oferta comercial
para la licencia de los derechos para la transmisión y comercialización del Campeonato
de Fútbol Profesional Colombiano” de 7 de octubre de 2006 formulada por Dimayor y
aceptada por Telmex y EPM UNE, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR copia íntegra de esta providencia con destino a cada uno de los
profesionales del derecho que integraron el Tribunal de Arbitramento y a quien fungió
como secretaria del mismo. Igualmente expídanse las mismas con destino al Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

TERCERO: ORDENAR devolver el expediente al Tribunal de Arbitramento, por conducto
de su Secretaría.

Es claro que, de no estar de acuerdo con dicha decisión, debió objetarla por medio
de los mecanismos procesales y jurídicos idóneos para lograr su cometido, como lo
es el recurso de revisión, tal como lo señala el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012,
que señala:

Artículo 45. Recurso de revisión. Tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre
su anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las causales y
mediante el trámite señalado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, quien
tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación no podrá alegar indebida

22 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.

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Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

representación o falta de notificación. Cuando prospere el recurso de revisión, la
autoridad judicial dictará la sentencia que en derecho corresponda.

Por su parte, el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la competencia
del Consejo de Estado en única instancia:

[…] 7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos
originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro
del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que
resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión. […]

Ahora, en cuanto el hecho que casi siete años después la parte demandante señale
que el término de la inmediatez deba empezar a contarse a partir de la Sentencia
671-S-TJCA-2023 del 30 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, ya que desde ahí se materializó su vulneración, para la Sala
tal circunstancia no tiene injerencia, en razón a que dicha decisión fue proferida a la
luz de un segundo proceso arbitral con un nuevo tribunal de arbitramiento, en el cual
además, la demandante presentó recurso de anulación contra el laudo del 8 de
noviembre de 2018 y actualmente se encuentra en curso, en tanto que también
solicitó la aclaración de la sentencia de interpretación prejudicial, el 14 de
septiembre de 202323 y la reiteró el 15 de septiembre de 202324.

Por último, en efecto, tal como lo señaló la demandante en el escrito de
impugnación, el a quo no analizó el asunto de fondo, lo cual resulta coherente en
tanto no superó el requisito general de procedencia de la inmediatez, tal como se
explicó en líneas anteriores.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de declarar improcedente la
solicitud de amparo presentada por Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro
en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y Une EPM
Telecomunicaciones S.A en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

23 Visible en el índice 43 de Samai del expediente del recurso de nulidad de laudo arbitral
11001032600020160006301. Actuación denominada «45_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 43»
24 Visible en el índice 45 de Samai del expediente del recurso de nulidad de laudo arbitral

11001032600020160006301. Actuación denominada
«48_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_167IP2020SOLICITU(.pdf) NroActua
45»
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07129-01
Demandante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. y otro

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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