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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07151-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07151-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07151-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de marzo de 2024

Demandante: Rolando Arley Álvarez Ortega
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07151-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07151-01
Demandante: ROLANDO ARLEY ÁLVAREZ ORTEGA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 25 de
enero de 2024, por medio del cual, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo, por falta de acreditación del requisito
de procedibilidad de relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Rolando Arley Álvarez Ortega, por medio de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 24 de noviembre de 2023, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la estabilidad laboral «mínima» reforzada.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
sentencias de 27 de enero de 2020, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán, que negó las pretensiones de la demanda y de 18 de mayo de
2023, del Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó la decisión de primer
grado, dictadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el
cual se identificó con el radicado 19001-33-33-003-2015-00507-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

PRIMERO: DECLARAR VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
ESTABILIDAD LABORAL MINIMA REFORZADA por parte del JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, y el Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA con ocasión de la expedición de las
sentencias de primera instancia número 007 de 27 de enero de 2020, y sentencia 089
de 18 de mayo de 2023, notificada el 29 de mayo de 2023, dentro de los procesos

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correspondientes al medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, de radicado 19001333300320150050700 y en consecuencia TUTELAR
los derechos fundamentales desconocidos en dicha providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA. Sala de Decisión integrada por los
honorables magistrados MARINO CORAL ARGOTTY, CARLOS HERNANDO
JARAMILLO DELGADO, CARLOS LEONEL BUITRAGO CHAVEZ revocar la
sentencia número 089 de 18 de mayo de 2023, notificada el 29 de mayo de 2023
proferida dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, de radicado 19001333300320150050700 y en ese orden profieran un
nuevo fallo que sea acorde a las interpretaciones jurisprudenciales que sobre
PROTECCIÓN A LA ESTABILIDAD LABORAL MÍNIMA REFORZADA ha sentado
el Honorable CONSEJO DE ESTADO y la Honorable CORTE CONSTITUCIONAL en
sus sentencias.1 (Negrillas y mayúsculas sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. El señor Rolando Arley Álvarez Ortega, fue retirado del servicio de la Policía
Nacional mediante la Resolución 03007 de 7 de julio de 2015, por disminución de la
capacidad psicofísica, la cual le fue notificada 10 del mismo mes y año.

1.3.2. Mediante fallo de tutela del 20 de agosto de 2015, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, le ordenó a la Policía Nacional dejar sin efectos la
Resolución 03007 de 7 de julio de 2015 y, en consecuencia, que reubicara de
manera inmediata y transitoria al señor Álvarez Ortega en una labor que pudiera
cumplir, la cual se mantendría siempre y cuando el actor iniciara las acciones
judiciales pertinentes frente al acto administrativo de retiro del servicio.

1.3.3. En atención a lo anterior, el tutelante presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional, con
el fin de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que
dictaminaron la disminución de su capacidad psicofísica, recomendaron su no
reubicación laboral y lo retiraron del servicio, toda vez que, en su sentir, la entidad
demandada desconoció por completo su trayectoria y sus capacidades tanto
académicas como profesionales, que resultaban relevantes dada su condición de
sujeto de especial protección debido a su dispacidad, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

1.3.4. Del referido asunto conoció en primera instancia el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, autoridad judicial que, en sentencia
de 27 de enero de 2020, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que no
se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, en especial
porque no se acreditó la existencia de cargos que se ajustaran a las condiciones del
demandante.

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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1.3.5. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Cauca, en fallo de
18 de mayo de 2023, en el sentido de confirmar la decisión del a quo. La corporación
concluyó que el actor no probó los cargos que formuló contra los actos
administrativos demandados, pese a tener la carga de hacerlo, de conformidad con
los artículos 1757 del Código Civil y 167 de la Ley 1564 de 2012, aplicables por
remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

1.3.6. La anterior decisión se notificó el 29 de mayo de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la estabilidad laboral mínima reforzada, pues, en su sentir, desconocieron la
falsa motivación del acto administrativo que dispuso su retiro del servicio,
comoquiera que se basó en el acta del Tribunal Médico Laboral que no valoró su
capacidad residual y por ello no recomendó su reubicación laboral.

En ese orden, advirtió que es un sujeto de especial protección, en atención a su
patología, la cual adquirió al servicio de la Policía Nacional, además que es jefe de
hogar y, que, en consecuencia, de sus ingresos como miembro de la referida
entidad dependen sus integrantes, esto es, su compañera, hijos y progenitores.

Asimismo, aseveró que la enfermedad psiquiátrica que padece no ha interferido en
el correcto cumplimiento de sus funciones, pero que, por el contrario, sí puede
agravarse su padecimiento por el hecho de ser discriminado y olvidado por la
institución en la que ha prestado sus servicios por más de 10 años.

Manifestó que la decisión de la Policía Nacional desconoció los principios del Estado
Social de Derecho, como lo son la solidaridad, la dignidad humana y la igualdad;
para sustentar dicho argumento transcribió in extenso la sentencia T-1048 de 2012,
de la Corte Constitucional, pero sin realizar análisis alguno al respecto.

Insistió en que la medida de retiro del servicio adoptada por la referida entidad fue
desproporcionada e irracional, pues, se desconocieron sus capacidades
académicas y profesionales que lo habilitaban para desarrollar diferentes
actividades administrativas, pues, al no alcanzar a ser beneficiario de la pensión de
invalidez, es claro que podía ser empleado en otras actividades. Sobre el particular
citó la providencia T-362 de 2012, de la Corte Constitucional de la cual reprodujo
una parte considerable, sin embargo no hubo ninguna consideración en relación con
lo allí dispuesto y su situación.

Refirió que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto
sustantivo, en su sentir, por desconocer la posición de la Corte Constitucional
respecto de la protección a las personas que han sufrido una disminución en su
capacidad psicofísica pero que pueden seguir al servicio de la Policía Nacional.

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Sobre el particular trajo a colación la sentencia de unificación SU-049 de 2017, de
la mentada corporación, de la cual destaco lo allí señalado respecto de la
procedencia de la acción de tutela y de lo intrascendente de la calificación o
porcentaje de disminución de la capacidad frente a la protección al derecho
fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada, pero sin realizar ningún análisis
en relación con su caso.

Finalmente, indicó que también se presentó un yerro fáctico, en atención a que las
accionadas no tuvieron en cuenta que en el proceso se acreditó que era un sujeto
de especial protección, que había mostrado mejoría en su estado de salud y, que
contaba con una capacidad laboral residual que podía ser aprovechada por la
Policía Nacional.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 30 de noviembre de 2023, el a quo constitucional admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cauca y al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, como accionados.

Como tercero vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, así como también dispuso la comunicación a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.

1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

En mensaje de datos del 6 de diciembre de 2023, el referido despacho judicial pidió
que se niegue la solicitud de amparo, en la medida que no se satisfizo el requisito
de la relevancia constitucional; sumado a que, contrario a lo alegado por el tutelante,
sí se analizó y valoró lo relacionado con el reintegro del demandante, sin embargo,
éste no logró desvirtuar a través de la carga probatoria lo indicado por el Tribunal
Médico Laboral Militar y de Policía, lo que conllevó a la negación de las
pretensiones.

Asimismo, indicó que las sentencias cuestionadas no incurrieron en los defectos
fáctico y por desconocimiento de precedente y por lo tanto no vulneraron ninguna
prerrogativa superior del actor.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Mediante escrito enviado en correo electrónico de 7 de diciembre de 2023, se
pronunció la mentada entidad en el sentido de solicitar que se denieguen las
pretensiones deprecadas, dada la improcedencia de la tutela, ante la ausencia de
vulneración alguna a los derechos fundamentales alegados por el actor.

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1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 25 de enero de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendió por el actor era reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural.

Después de referirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los
requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y, en especial
sobre el de la relevancia constitucional, de lo cual hizo énfasis en la hipótesis
referida a evitar que el referido mecanismo se convierta en una instancia o recurso
adicional, advirtió que en el presente caso, si bien el actor le endilgó a las
providencias acusadas un defecto sustantivo, lo cierto era que los argumentos
expuestos correspondían a un posible desconocimiento de precedente.

En ese orden, señaló que de conformidad con la carga argumentativa mínima
requerida cuando se alega el mentado yerro, en el presente caso no se cumplió, en
atención a que el actor se limitó a invocar las sentencias T-362 de 2012 y SU-049
de 2017, de la Corte Constitucional, pero sin identificar el problema jurídico ni de
realizar un análisis que permitiera advertir que las reglas o subreglas allí contenidas
eran aplicables a su situación.

En consecuencia, concluyó que lo que vislumbraba era una inconformidad con la
decisión adoptada por los jueces del proceso ordinario y, por lo tanto, lo pretendido
era que el juez constitucional realizara un nuevo y distinto estudio sobre un debate
que ya fue resuelto al interior del contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.8. Impugnación2

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 7 de febrero de 2024, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó
que se revocara la decisión de primer grado y en consecuencia se ampararan sus
derechos fundamentales invocados.

Así, precisó que, contrario a lo manifestado por el a quo, no se buscaba erigir la
acción de tutela como una instancia adicional, pues se cumplían con todos los
requisitos de procedibilidad del referido mecanismo contra providencia judicial. En
ese orden, se refirió a cada uno de estos, para lo cual indicó que el asunto tenía
relevancia constitucional, pues, lo que se buscaba era que se debatiera sí en las
decisiones cuestionadas se desconocieron los criterios del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional sobre la protección a la estabilidad laboral mínima reforzada.

Alegó que, las autoridades judiciales se apartaron del precedente jurisprudencial
sobre la estabilidad laboral reforzada sin justificar dicha situación, pues, solo
indicaron que no se aportaron pruebas que permitieran desvirtuar la decisión de la
autoridad médica que recomendó su no reubicación laboral, sin tener en cuenta los

2 La sentencia fue notificada el 2 de febrero de 2024.

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antecedentes, los conceptos laborales, documentales y testimoniales que daban
cuenta de su destacada labor en la Policía Nacional, lo cual permitía su
empleabilidad en otra actividad dentro de la referida institución.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 25 de enero de 2024, a través de la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por
el señor Rolando Arley Álvarez Ortega contra el Tribunal Administrativo del Cauca
y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, por falta de
acreditación del presupuesto de la relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de la relevancia constitucional y, de
superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema4. Así,
después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

La Sala advierte que, de conformidad con lo señalado por el a quo, en el sub
examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional
en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de
cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
(Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre8.

2.4.2. En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el señor
Rolando Arley Álvarez Ortega, como lo señaló el a quo, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que, lo pretendido por el actor es reabrir un
debate que ya fue zanjado por las autoridades judiciales accionadas, lo cual torna
en improcedente la tutela.

Lo anterior, sumado a que los defectos alegados, estos es, el fáctico y de
desconocimiento de precedente, que se ajusta, en tanto no corresponde a un
sustantivo, como equívocamente lo enunció el actor, no tienen la carga
argumentativa mínima que, eventualmente habilitara su estudio por parte de este
juez constitucional.

En efecto, tal como quedó consignado en los antecedentes, el tutelante presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional, con
el fin de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que
dictaminaron la disminución de su capacidad psicofísica, recomendaron su no
reubicación laboral y lo retiraron del servicio, toda vez que la entidad accionada
desconoció su trayectoria y sus capacidades de orden académico y profesional, que
resultaban relevantes dada su condición de sujeto de especial protección, por razón
de su padecimiento médico, conforme lo han señalado la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.

Asimismo, que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
y el Tribunal Administrativo del Cauca, negaron las pretensiones deprecadas por el

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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señor Álvarez Ortega, al encontrar que, tanto a Junta Médico Laboral de la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional como el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía, analizaron la posibilidad de reubicar al demandante, frente a lo
cual no se aportaron pruebas que acreditaran lo contrario.

Ahora, en la solicitud de amparo el actor alega la vulneración de sus prerrogativas
superiores del debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de la
estabilidad laboral mínima reforzada y, le endilga a las providencias del proceso
ordinario los defectos fáctico y por desconocimiento de precedente. Ello por cuanto
no se tuvo en cuenta que en el proceso se acreditó que era un sujeto de especial
protección, que había mostrado mejoría en su estado de salud y, que contaba con
una capacidad laboral residual que podía ser aprovechada por la Policía Nacional;
asimismo, porque se desconoció su condición especial y por ende la posibilidad de
su reubicación, para lo cual citó las sentencias T-1048 y T-362 de 2012 y la SU-049
de 2017.

En ese orden, para la Sala el accionante pretende convertir esta acción de tutela en
una instancia adicional, pues no es suficiente que la parte interesada refiera que
con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales,
sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga
de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de
los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

Adicional a lo anterior, los yerros alegados, esto es, fáctico y por desconocimiento
de precedente, carecen de argumentos que que permitan su estudio, pues, la parte
actora, frente al primero, simplemente indicó que no se tuvieron en cuenta sus
condiciones académicas y profesionales, pero no se refirió al algún medio probatorio
en específico y, mucho menos, cuál era su incidencia para cambiar las decisiones
adoptadas por las autoridades demandadas.

En cuanto al segundo, en el escrito tutelar se realizaron unas extensas
transcripciones de las sentencias T-1048 y T-362 de 2012 y la SU-049 de 2017,
pero sin que se realizara el respectivo análisis de estas en relación con del actor ni
se advirtieran las reglas o subreglas allí establecidas y que fueron desatendidas por
los jueces ordinarios, para lo cual debe dejarse claro que, en todo caso, las primeras
no constituyen precedente.

De modo que no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el sentido
riguroso que señaló la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación 215
de 2022. Así, el asunto demandado a través de esta acción de tutela se circunscribe
a cuestionar el análisis valorativo y jurisprudencial alegado por la parte actora con
la finalidad de debatir lo que ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial
acusada, además de incumplirse con los requisitos exigidos para el examen de la
posible configuración de los defectos endilgados.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención en sede constitucional.

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Demandante: Rolando Arley Álvarez Ortega
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07151-01

2.5. Conclusión

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de relevancia
constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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