Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07191-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de abril de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07191-01
Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07191-01
Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y Armando Jiménez Cuello
Accionado: Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y otro
Tema: La acción de tutela es improcedente cuando el asunto
planteado carece de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra
de la sentencia de tutela de 8 de febrero de 2024 proferida por la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo
solicitado.
I. LA SOLICITUD
Los señores Juan Carlos Ortega Bautista y Armando Jiménez Cuello
promovieron acción de tutela en contra del Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena, con ocasión del proceso ejecutivo con radicación nro. 13001-31-
05-006-2006-00222-05, para lo que formularon las siguientes
pretensiones:
“[…] Que se conceda la acción constitucional de conformidad del artículo 86
de la constitución
Que se le ordene al juzgado sexto laboral del circuito de Cartagena que en
24 o 48 horas en su defensa muestre todos los soportes de pago que le
ordeno a la constructora mar caribe a pagar como son las siguientes:
ESTAN CONDENADOS A PAGAR
1 INDEMNIZACION MORATORIA POR LA NO CONSIGNACION DE LA
CESANTIA EN SU MOMENTO OPORTUNO 1 DIA DE SALARIO POR CADA DIA
QUE SE HAN ATRAZADO. CON LA TAZA MAXIMA
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
2 INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO 13600 DIARIO POR 24 MESES
CON LA TAZA MAXIMA DEL SEÑOR ARMANDO JIMENEZ CUELLO Y JUAN
CARLOS ORTEGA BAUTISTA
3 DEPRECIACIÓN MONETARIA POR EL NO PAGO DE LOS 78 MILLONES DE
PESOS EN EL 2013 SEGÚN ARTICULO 337 DE LA CONSTITUCION
4 SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN
5 COSTAS DE PRIMERA, SEGUNDA INSTANCIA Y DEL EJECUTIVO
De lo contrario si el juzgado sexto laboral de Cartagena no muestra todos los
soportes de pago hasta este año 2023 que están corriendo interés moratorio
que se ha tutelado.
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR
1 que su sala señor juzgador restablezca nuestro derechos y condenas en
derecho para que se han pagadas
2 y le ordene al juzgado 6 laboral del circuito de Cartagena que libre pago
actualizado y descuente lo abonado […]”. (Mayúsculas y errores del texto
original)
Las anteriores pretensiones fueron reiteradas por los accionantes en el
escrito de respuesta al requerimiento realizado por el juez de tutela de
primera instancia, en el que solicitaron adicionalmente, lo siguiente:
“[…] Como consecuencia se le ordene al juzgado sexto laboral del circuito de
Cartagena seguir el proceso ejecutivo para que embargue a la constructora
mar caribe señores Guillermo león gallo zapata, juan Manuel gallo zapata y
juan Fernando gallo Gómez para que así se han pagadas nuestras condenas
actualizada hasta el día de hoy. […]”
II. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes manifestaron que presentaron demanda en contra de los
señores Guillermo y Juan Manuel Gallo Zapata, la cual correspondió por
reparto al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, quien condenó
a los demandados a pagar rubros laborales, indemnización por despido
injusto e indemnización moratoria, un día de salario por cada día que se han
atrasado con la tasa máxima, costas, pensión, etc.
Expusieron que en el año 2010 la condena ascendía a una suma superior a
113 millones de pesos, decisión que fue recurrida por los demandados y
confirmada por el tribunal accionado.
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
Señalaron que la condena fue conciliada por la abogada que los
representaba y los demandados sin consultar con los demandantes, acuerdo
que fue aprobado por el Juzgado Sexto Laboral de Cartagena.
Aseguraron que por la anterior situación presentaron acción de tutela en
contra del Juzgado Sexto Laboral de Cartagena, la cual fue negada en
primera instancia por el Tribunal de Cartagena, decisión que fue impugnada
ante la Corte Suprema de Justicia, quien la revocó y ordenó el pago de 78
millones de pesos, junto con los intereses moratorios.
Sostuvieron, finalmente, lo siguiente:
“[…] El juzgado 6 ha tenido un actuar dilatorio en mi proceso se pasa
basando que dio cabal cumplimiento “CUANDO NO LO HA DADO” al
interior del procesos dicho juzgado dictó providencias contraria a ley en
providencia del 17 de octubre del 2017 libro mandamiento de pago por
$ 91 millones de pesos cuando en proveído de 1 de junio del 2018 libro
por 79 millones de pesos como ve ese juzgado libro una cantidad menos
de la que ya había especificado sabiendo dicho juzgado ante que el
dictara la providencia del 1 de junio del 2018 se le había presentado la
liquidación del crédito la recibió y no le dio la gana de embargar conforme
a ella y dicha liquidación está conforme a lo que dispone la ley.
Quinto: sabiendo que en la apelación del 17 de julio del 2017 del
magistrado Luis Javier de Ávila caballero le había ordenado que librara
mandamiento de pago de conformidad a lo ordenado por la corte
suprema de justicia y la consideraciones de su proveído que consideraba
su proveído, que porque el anterior juez no había librado mandamiento
de pago conforme a la liquidación que le habían presentado que eran $
91 millón más sus intereses moratorios anteriormente dicha liquidación
ascendía a una suma superior a 250 millones de pesos con sus interés
moratorio incluidos.
Sexto: observando que hubo incumplimiento al fallo de la corte con
ponencia del magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez primero lo declara
en incumpliendo y después presentamos tutela, con ponencia del mismo
magistrado y la negó absurdamente que corrupción […]”.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
3.1. Por auto de 30 de noviembre de 2023, el Despacho sustanciador de
primera instancia requirió a la parte actora para que aclarara los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados y los hechos expuestos en la
tutela1.
3.2. Mediante escrito allegado el 6 de diciembre de 2023 la parte actora
señaló que la garantía fundamental vulnerada era el acceso a la justicia por
1
Índice 4 del expediente digital 2023-07191-00
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el no pago de las condenas, para lo cual reiteró las pretensiones del escrito
de tutela y, adicionó su petición en el sentido de indicar que “[…] Como
consecuencia se le ordene al juzgado sexto laboral del circuito de Cartagena
seguir el proceso ejecutivo para que embargue a la constructora mar caribe
señores Guillermo león gallo zapata, juan Manuel gallo zapata y juan
Fernando gallo Gómez para que así se han pagadas nuestras condenas
actualizada hasta el día de hoy. […]”2
3.3. Por auto de 13 de diciembre de 2023 el Despacho sustanciador de la
Sección Segunda, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, al Tribunal Superior de Cartagena
y a la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Asimismo, ordenó notificar
como terceros interesados en las resultas del proceso a la Constructora Mar
Caribe Ltda. y a los señores Guillermo León y Juan Manuel Gallo Zapata, y
Juan Fernando Gallo Gómez3.
3.4. El titular del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
presentó informe en el que solicitó negar la solicitud de amparo4, al estimar
que no se le han vulnerado los derechos fundamentales invocados.
Refirió que los hechos materia de la presente acción de tutela tienen origen
en el proceso ejecutivo a continuación del ordinario promovido ante ese
despacho por los accionantes en contra de la Constructora Mar Caribe Ltda.
y tramitado bajo radicado nro. 13001-31-05 006-2006-00222.
Aduce que, de igual forma, la acción de tutela se fundamenta en una serie
de denuncias radicadas por los demandantes en contra de ese despacho,
del Tribunal Superior-Sala Laboral, de la Procuraduría y diferentes fiscalías,
por el supuesto incumplimiento del despacho en las liquidaciones que
quieren promover para continuar con el citado proceso ejecutivo el cual ya
está terminado.
Realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo
promovido por los accionantes en contra de la Constructora Mar Caribe Ltda.
y tramitado bajo radicado nro. 2006-00222, así como dentro de las
diferentes acciones de tutela presentadas por los accionantes, para señalar
que dentro del ejecutivo no existen solicitudes pendientes de trámite y que
el proceso se encuentra archivado.
Así mismo, indicó que dentro del expediente no hay nada más por resolver,
que la conducta por parte de los accionantes es temeraria, ya que los
incidentes, las tutelas y las denuncias contra las diferentes entidades es
reiterativa y ya han sido resueltas, lo que representa un desgaste
innecesario en la administración de justicia para la remisión de respuestas
2
Índice 9 del expediente digital 2023-07191-00
3
Ibidem, índice 11.
4
Ibidem, índice 20.
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e informes dentro de los diferentes incidentes, vigilancias y tutelas
promovidas por los accionantes, que en lo corrido del año ya superan las 25
acciones presentadas.
3.5. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena presentó
informe5 en el que solicita se declare improcedente el amparo solicitado por
no existir afectación a derecho fundamental alguno. Señaló que no existen
peticiones pendientes de resolver dentro del proceso ejecutivo seguido por
los accionantes, el cual se encuentra archivado.
Afirmó que dentro de la acción de tutela instaurada por los actores se
pretende dejar sin efectos o modificar decisiones judiciales en firme,
específicamente, el auto de fecha 12 de febrero de 2021, por medio del cual
la Sala de Decisión Laboral resolvió el recurso de apelación en contra del
auto de 1 de junio de 2018, en el sentido de confirmar dicha decisión.
3.6. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral-,
presentó informe6 en el que solicitó su desvinculación del presente trámite
por falta de legitimación, al estimar que la acción se dirige exclusivamente
en contra de la actuación que adelantó el Juez Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena dentro del proceso ejecutivo.
Indicó que, respecto de la censura al fallo CSJ STL16200-2023 de 25 de
octubre de 2023, por medio del cual esta Sala de Casación negó la acción
de tutela que los accionantes formularon contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena, con el fin de que se le ordenara emitir una orden
contra el referido juez para que actualizara la liquidación del crédito emitida
en el proceso ejecutivo n.º 13001310500620060022200, la acción de tutela
es improcedente, en razón a que no se acreditaron los presupuestos de
procedencia de la acción contra providencias judiciales de igual naturaleza.
Agregó que, en la providencia proferida no se incurrió en cosa juzgada
fraudulenta ni se transgredió el derecho fundamental al debido proceso de
los accionantes, por cuanto aquella se profirió en estricto apego a las normas
que rigen el asunto y se les notificó en debida forma al correo electrónico
que suministraron para tal efecto.
Finalmente, sostuvo que en lo que concierne a la pretensión dirigida a que
se ordene al Juzgado Sexto Laboral de Cartagena actualizar la liquidación
del crédito que se profirió en el citado proceso ejecutivo laboral adelantado
a continuación del ordinario, también debe declararse improcedente el
amparo invocado, debido a que los convocantes previamente interpusieron
una acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y pretensiones,
la cual fue decidida por esa Sala en la sentencia CSJ STL16200-2023 de 25
5
Índice 19 del expediente digital 2023-07191-00
6
Ibidem, índice 22.
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de octubre de 2023, y cuya impugnación se encuentra en trámite ante la
Sala Penal de la Corte.
IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 8 de febrero de 2024 negó el amparo deprecado al considerar
que no se evidenció vulneración alguna de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Indicó, como cuestión previa que se admitió la acción de tutela porque“[…]
la Corte Constitucional ha considerado que al asignar una acción de tutela a
un juez de distinta especialidad, pero no de inferior jerarquía, se respetan
los factores de competencia y no constituye un reparto caprichoso; por lo
cual, debe asumirse el conocimiento a fin de evitar prolongar
innecesariamente el trámite de las acciones de tutela, lo que conllevaría al
desconocimiento de su finalidad e importancia en la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos […].” Agregó que, “[…] el escrito
resultaba confuso, pese a haber requerido a la parte accionante para que lo
aclarara […]”, por lo que “[…] si bien allí́ se mencionaba como accionada a
la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, no traía pretensiones contra ella
ni señalaba de qué manera dicha Corporación vulneraba sus derechos; de
tal manera que no se avizoró la necesidad de rehusar la competencia y en
razón de ello y fue necesario que los informes correspondientes ofrecieran
claridad sobre el asunto […]”.
Señaló que si bien, la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral en su informe
se refirió al fallo de tutela CSJ STL16200-2023 de 25 de octubre de 2023
mediante el cual se negó el amparo invocado por los accionantes en contra
de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en aras de que este
le ordenara al Juzgado Sexto Laboral del Circuito actualizar la liquidación del
crédito emitida en el proceso ejecutivo 13001-31-05-006-2006-00222-00,
dicha providencia no es cuestionada en el presente trámite, por lo que no
hará juicio alguno sobre ella y desvinculará a dicha autoridad.
Respecto del caso concreto, después de realizar un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo con radicado 2006-0022-
00 [05] indicó que no hay vulneración por parte del Juzgado y el Tribunal
de los derechos invocados, ya que mediante auto de 23 de mayo de 2018
se dispuso la entrega de los títulos judiciales a favor de los señores Armando
Jiménez Cuello y Juan Carlos Ortega Bautista, cada uno por la suma de
$39.660.534,3, los cuales corresponden a $28.320.907,44 por acreencias
laborales y $11.339.626, por concepto de costas y, a través de la
providencia del 1° de junio del mismo año se materializó la entrega de las
sumas de dinero antes ordenadas.
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
Afirmó que los accionantes ya habían recibido un pago por valor de
$35.000.000 por concepto de una conciliación que se llevó́ a cabo y que
posteriormente se dejó́ sin efectos, motivo por el que no les asiste razón
cuando señalan que no han recibido pago alguno por la sentencia del 23 de
agosto de 2010, pues, tal y como quedó demostrado con las pruebas
allegadas, las autoridades judiciales dieron trámite al proceso ejecutivo y,
una vez se entregaron los títulos se archivó́ el expediente.
En consecuencia, desvinculó de la acción a la Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Laboral – y negó el amparo invocado.
V. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, los accionantes impugnaron el fallo de
primera instancia y solicitan revocarlo con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos:
Adujeron que el escrito de tutela no era confuso y que se negó
absurdamente la tutela ya que “[…] está lo mismo que la sala laboral de la
corte suprema de justicia dejando la constitución y la ley por el “SUELO”
hablemos del magistrado Iván Mauricio lenis Gómez es un candidato a la
disciplina por no someter sus providencia al imperio de la ley a negado 3
amparo que como ve anda en corrupción quien induciò a dicho magistrado
fue Antonio José chica badel quien se encuentra desempeñando el cargo
como magistrado de cogestión ante la corte suprema de justicia, este
magistrado fue el que COMETIO EL SEGUNDO FRAUDE A RESOLUCION DE
JUDICIAL, quien se encuentra en proceso penal en la fiscalía 10 delegada
ante el tribunal de bolívar por actos de corrupción dictados en un proceso
laboral. Cuánto tiempo lleva el proceso penal lleva más de 2 años ya casi
un juez de control de garantías le imputara cargo por cometer EL DELITO
DE FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL su despacho VIO ESO […]”.
Afirmaron que en ningún momento se alegó que no han recibido dinero; por
el contrario, sus pretensiones eran claras, para el efecto las reiteró.
Sostuvieron que ni el juzgado ni el tribunal demostraron pagos actualizados
y, «acudieron informes corruptos».
Solicitaron que se revocara la sentencia de primera instancia, se ampararan
los derechos fundamentales y, en consecuencia, se le ordenara al Juzgado
continuar con el proceso ejecutivo «para que libre mandamiento de pago
actualizado de cada una de nuestras condenas ejecutoriadas».
Asimismo, requirieron que se «verifique para ver si el juzgado 6 y tribunal
y otros le mostraron al consejero ponente el auto donde la constructora mar
caribe canceló pago actualizado de cada una de las condenas en derecho».
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo
25 del Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
6.2. Cuestión previa
La Corte Constitucional ha establecido que, con fundamento en el principio
perpetuatio jurisdictionis, una vez asumido el conocimiento del amparo por
parte de una autoridad judicial7, la competencia no puede ser alterada ni en
primera ni en segunda instancia, ya que ello afectaría gravemente la
finalidad de la acción de tutela, esto es, la protección inmediata de los
derechos fundamentales8.
Aclarado lo anterior, la Sala procede a pronunciarse sobre la impugnación
presentada dentro de la presente acción constitucional.
6.3. Hechos relevantes
En el caso concreto, se encuentran acreditados los siguientes:
6.3.1. Los accionantes presentaron demanda ordinaria laboral en contra de
la sociedad Constructores Marcaribe Ltda., la cual se tramitó ante el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Cartagena bajo radicado Nro. 13-001-31-05-
006-2006-00222-00.
6.3.2. El 2 de agosto de 2010 se dictó sentencia de primera instancia en la
que se acogió parcialmente las pretensiones de la demanda, decisión que
fue apelada y decidida el 20 de marzo de 2013 por la Sala Laboral de
Decisión del Tribunal Superior de Cartagena en el sentido de modificarla
parcialmente.
6.3.3. Mediante auto de 26 de agosto de 2013 el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena aprobó el acuerdo transaccional suscrito entre la
apoderada judicial de la parte actora y la parte demandada y dio por
terminado el proceso.
7
Bajo el presupuesto de asistirle competencia por factor territorial, conforme a las reglas
previstas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Ver sentencias C-755 de 2013 y C-
537 de 2016.
8 Autos 124 de 2004, 262 de 2005, 064, 223 y 411 de 2007 y A-050 de 2009.
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6.3.4. La parte actora otorgó nuevo poder dentro del proceso y solicitó dejar
sin efectos el auto de 26 de agosto de 2013 y librar mandamiento de pago.
6.3.5. Por auto de 14 enero de 2014 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena rechazó la solicitud de dejar sin efectos el auto de 26 de agosto
de 2013 y se abstuvo de proferir mandamiento de pago.
6.3.6. Los accionantes formularon acción de tutela en contra del Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, la cual fue negada por el Tribunal
Superior del Distrito de Cartagena y revocada por la Corte Suprema de
Justicia - Sala de Casación Laboral, quien mediante sentencia de tutela de
29 de octubre de 2014 ordenó dejar sin efectos el auto de 26 de agosto de
2013 y todas las actuaciones posteriores a dicha providencia, con el fin de
que continúe el trámite del proceso a efectos de que los accionantes cobren
coactivamente el valor de las condenas que resultaron a su favor9.
6.3.7. El 23 de febrero de 2015 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena admitió la demanda ejecutiva laboral a continuación del proceso
ordinario.
6.3.8. Por auto de 17 de octubre de 2017 se libró mandamiento ejecutivo
por concepto de acreencias laborales y se ordenó el decreto de medidas
cautelares, decisión que fue modificada parcialmente el 23 de mayo de 2018
y en la que además se libró mandamiento por concepto de costas
procesales.
6.3.9. El 1 de junio de 2018 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena ordenó la entrega a la parte demandante de los depósitos
judiciales como pago total del crédito, dio por terminado el proceso por pago
total de la obligación, ordenó el pago del remanente al demandado y el
archivo del expediente.
6.3.10. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. Por auto de 13 de junio de 2018 se negó
el recurso de reposición y no se concedió el de apelación.
6.3.11. En cumplimiento de un fallo de tutela10, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Cartagena concedió en efecto suspensivo el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 1 de junio
de 2018.
9
Providencia STL15202-2014. Radicación nro. 56465
10
El 29 de junio de 2018 el Tribunal Superior de Cartagena dictó fallo de tutela en el que
amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó dejar sin efecto parcial el auto
de 13 de junio de 2018, y en su lugar, conceder el recurso de apelación contra el auto de
1 de junio de 2018.
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6.3.12. En proveído de 12 de febrero de 2021 la Sala Quinta del Tribunal
Superior de Cartagena confirmó el auto de 1 de junio de 2018 dictado por
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena que dio por terminado el
proceso por pago total de la obligación.
6.3.13. El 10 de abril de 2023, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud
de tutela presentada por los accionantes en contra de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena dentro del radicado nro. 69944. (STL6105-
2023).
6.3.14. Mediante providencia de 14 de junio de 2023, el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Cartagena negó una nueva solicitud de la parte actora
de iniciar proceso ejecutivo a continuación del ordinario, al estimar que no
se pueden revivir etapas que legalmente culminaron y por no quedar saldos
pendientes a favor de los demandantes.
6.3.15. El 9 de agosto de 2023 la Sala Primera Fija de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena declaró improcedente una acción de tutela
promovida por los accionantes en contra del Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena, con radicado 13001-22-05-000-2023-00104-00, en
la cual se pretendía que se ordenara al Juez Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena iniciar proceso ejecutivo y actualizar la liquidación del crédito,
descontando el rubro abonado.
6.3.16. Por auto de 11 de septiembre de 2023 el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena rechazó una solicitud de nulidad formulada por los
accionantes dentro del proceso ejecutivo contra la providencia del 14 de
junio de 2023 que no accedió a la solicitud de iniciar proceso ejecutivo.
6.4. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta que el a quo negó la solicitud de amparo por considerar
que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, la Sala debe
previamente establecer, si en este caso, se cumple el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, se detendrá en i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego,
analizarlos en el ii) caso concreto.
6.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005, indicó que el primero
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que «el juez constitucional
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes»11.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional12.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en sentencia
SU–573 de 2019 el alto tribunal constitucional explicó que este requisito
persigue tres finalidades13:
i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia14. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.5. Caso concreto
11
Corte Constitucional, Sentencia C–590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
12
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar
con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU–573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal
Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU-128 de 2021, SU-
103 de 2022 y SU-215 de 2022.
14
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
De una lectura integral del escrito tutela, así como de sus pretensiones se
advierte que los accionantes pretenden que el juzgado accionado, continúe
el citado proceso y libre mandamiento de pago actualizado por condenas
que estiman aún no les han pagado.
La anterior pretensión fue reiterada en el escrito de impugnación en el que
solicitan se ordene al Juzgado accionado continuar con el proceso ejecutivo
«para que libre mandamiento de pago actualizado de cada una de nuestras
condenas ejecutoriadas».
Pues bien, al revisar el escrito de tutela y la impugnación, la Sala advierte
que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a
explicarse.
En un primer aspecto la parte accionante no explica las razones por las
cuales se afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales que aduce
como vulnerados, pues se limita a señalar que las autoridades accionadas
deben acreditar al juez de tutela el pago de las condenas señaladas en las
pretensiones de la presente acción, así como la actualización de cada una
de estas, ya que, a su juicio, no se ha cumplido con la liquidación del crédito
presentada dentro del proceso ejecutivo.
Como segundo aspecto, la Sala encuentra que el asunto que plantea la parte
accionante es meramente económico15, pues pretende con el presente
trámite de tutela la actualización del cálculo de las sumas de dinero del
proceso ejecutivo nro. nro. 13001-31-05-006-2006-00222-05, es decir, no
plantea un asunto de naturaleza constitucional, sino un conflicto para
discutir asuntos de contenido netamente patrimonial.
Finalmente, se pretende utilizar la tutela como un medio para abrir una
nueva instancia al conflicto planteado y resuelto por el juez natural del
caso16, pues los argumentos esgrimidos y las pretensiones formuladas en el
15
SU-573-19. “[…] Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica,
deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de
carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita
a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico15, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen
un interés general […]”.
16
SU-573-19 “ […] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
presente trámite van dirigidas a desconocer los pronunciamientos relativos
a la liquidación del crédito, a la terminación de proceso y la entrega de los
depósitos en el proceso ejecutivo tramitado por el Juzgado y el Tribunal
accionados, asuntos que ya han sido objeto de varios pronunciamientos al
interior del proceso ejecutivo, tanto por el juez de primera como por el de
segunda instancia e incluso en diferentes acciones de tutela promovidas con
ocasión de dicho trámite.
Así las cosas, los accionantes pretenden generar una nueva instancia
procesal respecto al objeto que se surtió en el proceso ejecutivo, para
cuestionar la terminación del proceso por el pago de la acreencia laboral,
para nuevamente plantear las razones por las cuales, a su juicio, no se ha
cumplido con lo que en su criterio se les debe cancelar.
Por lo tanto, es evidente que lo que se busca con la solicitud de amparo es
que el juez constitucional analice nuevamente el asunto y profiera una
nueva y distinta resolución sobre el particular, en este caso, favorable a sus
intereses. En otras palabras, lo que pretenden es reabrir el debate y
proponer una nueva discusión sobre el mandamiento de pago, asunto que
ya se analizó y decidió ante el juez natural.
En tales condiciones, si en esta instancia se aborda esta controversia, será
entonces el juez constitucional el que vulnerare el derecho al debido proceso
constitucional, pues, sin competencia, entraría en la valoración legal y
fáctica del proceso ejecutivo, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal
efecto, con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema
para el cual, valga decirlo, no tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se pronuncia sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por las partes en sus pretensiones, excepciones y hechos,
resuelve la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales, no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el
equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza-
a problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios”.
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Accionante: Juan Carlos Ortega Bautista y otro
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará improcedente la presente acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de febrero de 2024 proferida por
la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por
los señores Juan Carlos Ortega Bautista y Armando Jiménez Cuello, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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