RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07196-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07196-00

Fecha
18 de enero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07196-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora Elizabeth Quintero Molina. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Elizabeth Quintero Molina Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00 TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07196-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de enero de 2024

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00
Demandante: ELIZABETH QUINTERO MOLINA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de
relevancia constitucional. Declara la improcedencia de la
acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la señora Elizabeth Quintero Molina
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Elizabeth Quintero Molina, en nombre propio, instauró acción de tutela1
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad
social.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 3 de agosto de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, a través de la cual revocó el fallo de 23 de junio de 2017 del
Tribunal Administrativo de Nariño que había accedido a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora contra la

1
Con escrito radicado el 27 de noviembre de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante UGPP) para, en su lugar, denegarlas. El asunto se
identificó con el radicado 52001-23-33-000-2016-00118-01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
a la seguridad social

Y en consecuencia:

Revocar la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado.

Dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado y,

Ordenar a la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el lapso
que lo estime su Despacho, profiera una providencia de reemplazo en la que realice un
análisis integral de la prueba y aplique precedentes judiciales de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. 2

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La parte actora indicó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante
los cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

Señaló que la demanda fue asignada al Tribunal Administrativo de Nariño bajo el
radicado 52001-23-33-000-2016-00118-01; autoridad judicial que en sentencia de 23
de junio de 2017 accedió a las pretensiones del medio de control y ordenó el
reconocimiento de la pensión a partir del 5 de mayo de 2017.

Explicó que la entidad demandada interpuso el recurso de apelación al considerar que
no se encontraba acreditada su vinculación en el período anterior al 31 de diciembre
de 1980 y que los tiempos laborados como docente del departamento de Nariño desde
el 1.° de octubre de 1994 debían ser tenidos en cuenta como una nueva vinculación
de carácter nacional, independientemente de lo que figurará en el documento expedido
por el nominador o pagador, toda vez que ante un retiro y posterior nombramiento, se
pierde la relación legal inicial.

2
Transcripción literal con posibles errores.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Comentó que el proceso correspondió en segunda instancia al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A que, en sentencia de 3 de agosto de 2023, resolvió
revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda, al
considerar lo siguiente:

Conforme a lo expuesto hasta este punto, se deduce que la demandante se desempeñó
en un primer momento como docente territorial desde el 22 de enero de 1979 hasta el
31 de julio de 1989, y luego, debido a la terminación de dicha relación legal y
reglamentaria, se encuentra que aquella volvió a ingresar al servicio del magisterio, pero
esta vez como educadora claramente del orden nacional a partir del 16 de octubre de
1993 y hasta el 29 de febrero de 2004.

Bajo este contexto, lo considerado por el tribunal de origen relacionado con el hecho de
que el lapso de labor oficial de la reclamante como profesora durante más de 20 años
solo lo fue en el orden nacionalizado, y que por lo tanto ello le permitía acceder al
derecho a la pensión gracia, resulta inadecuado en la medida en que, por la naturaleza
de su vinculación entre el 16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de 2004, no es
legalmente viable computar tal período para efectos de colmar el requisito del tiempo de
servicio como educador territorial o nacionalizado indispensable a fin de configurar a su
favor el derecho pretendido, razón por la que solo se habilitaría acumular en su caso un
total de 10 años y 6 meses que no satisfacen la exigencia en comento.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Elizabeth Quintero Molina manifestó que, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social al dictar la sentencia de 3 de agosto de 2023, por
cuanto incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente.

Concretamente, indicó que la autoridad judicial accionada omitió valorar la Resolución
299 de 1991, por la cual el Gobernador de Nariño da estabilidad laboral a los «docentes
hora cátedra» y la Resolución 219 de 28 de octubre de 1992, por la cual se ratificaron
los nombramientos en la modalidad hora cátedra. Además, explicó que se dio valor a
un elemento que no venía al caso concreto, como lo era la Resolución 556 de 18 de
enero de 1990 del Ministerio de Educación Nacional, que la nombró de manera
transitoria y no le otorgó un vínculo completo, pues solo laboraba 12 horas.

Al respecto, manifestó que «el acto administrativo emitido por el Ministerio de
Educación Nacional, para dictar unas horas cátedra no me da el carácter de docente
nacional cuando fui nombrada por el alcalde municipal porque él lo hizo en virtud de la
descentralización de la educación y con apropiación presupuestal derivada de los
recursos del situado fiscal, que en su totalidad son del ente departamental».

Ahora bien, sobre la omisión probatoria de las mencionadas resoluciones consideró
que estos actos permitían evidenciar que su vinculación del 16 de octubre de 1993 fue
en calidad de educadora del orden territorial, pues «en virtud del Decreto 1706 de 1989
se consolidó la descentralización de la administración del personal docente». Además,
precisó:
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Por tanto, es claro que los meses cuando me desempeñé en la modalidad de hora cátedra
por nombramiento temporal dado por el Ministerio de Educación en 1990, tuvo su término
el 30 de junio de 1990 y su naturaleza jurídica, cambió porque el Gobernador de Nariño
fue quien nombró a todos los docentes hora cátedra de su jurisdicción para los años 1991
y 1992, éste se extendió hasta junio de 1993 debido al calendario B que regía para esa
época en la entidad territorial.

Cuando se formalizó mi nombramiento en propiedad, todos los docentes eran territoriales,
no sólo como consecuencia de la Ley 43 de 1975 con el proceso de nacionalización sino
por el proceso de descentralización administrativa iniciado en 1988 con la elección
popular de alcaldes, que en materia de la educación, empezó a consolidarse con la Ley
24 de 1988 y Ley 29 de 1989 que inició el proceso de desconcentración administrativa de
los colegios nacionales, fue descentralizada la administración de personal
reglamentariamente con el Decreto 1706 de 1989 y prácticamente se culminó a partir de
la vigencia de la Ley 60 de 1993, […]

Agregó que la sentencia enjuiciada afectó su derecho a la igualdad, pues a otros
demandantes que se encuentran en las mismas circunstancias de hecho que ella se
les otorgó el reconocimiento de la pensión gracia.

De otro lado, sostuvo que también se desconoció el precedente judicial establecido en
los siguientes fallos: (i) 7 de marzo de 2013, dictada dentro del expediente 11001-03-
15-000-2013-00131-00, M.P. María Claudia Rojas Lasso, (ii) 21 de julio de 2021,
radicado 11001-03-15-000-2021-01453-01, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, (iii)
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, identificado con el consecutivo CE-
SUJ2-011-18, en el radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01, M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter, y (iv) sentencia de unificación de 11 de agosto de 2021, consecutivo
CE-SUJ-030-CE-S2-2021, radicado 15001 23-33-000-2016-00278-01.

Sobre el defecto sustantivo refirió que se incurrió en este «al aplicar el fundamento
legal y normativo vigente en materia de situado fiscal y la influencia que trajo al
desaparecer la figura de docentes nacionales para unificar en la única denominación
de los docentes estatales. No tuvo en cuenta las circunstancias de derecho por la cual
el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, desarrolló el proceso en primera
instancia, puesto que es evidente que me desempeñé como docente territorial al ser
nombrada por el ente municipal y trasladada por orden de la Gobernación de Nariño».

Así mismo, destacó que en la providencia reprochada se incidió en la prohibición de la
reformatio in pejus, pues no se tuvo en cuenta que según este principio «el ejercicio
de la impugnación para el apelante único, no le puede derivar efectos nocivos en lo
atinente a las ventajas reconocidas por el juez de primera instancia».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 29 de noviembre de 2023, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y dispuso tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991, vinculó como terceros al Tribunal Administrativo de Nariño [autoridad judicial de
primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho] , y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- [demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho].

Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del
Consejo de Estado.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se allegaron los siguientes
informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado Paulo León España Pantoja advirtió que la corporación que representa
se atiene a las decisiones que el Consejo de Estado adoptó en segunda instancia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, así como a aquellas que adopte
sobre el tema objeto de esta acción de tutela.

1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, al advertir que lo pretendido por la parte
accionante es sustituir la decisión proferida por el juez natural de la causa quien, con
base en la normativa y jurisprudencia vigente, determinó que la actora no tiene derecho
al reconocimiento pensional al encontrar probado que su vinculación fue del orden
nacional, lo cual no le permite ser beneficiaria de la pensión gracia.

Alegó que en el presente caso no se presenta ninguno de los requisitos generales y
específicos para que proceda la acción de tutela contra providencia judicial.

Sobre el defecto sustantivo, indicó que el ad quem no desconoció las normas
aplicables al caso para efectos de negar el reconocimiento de la pensión gracia ni las
aplicó indebidamente o les dio una interpretación errada, sino que, por el contrario, su
decisión se fundó en los preceptos legales y jurisprudenciales relacionados con el
tema.

Así mismo, manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues la parte actora cuenta con los recursos extraordinarios para
controvertir las decisiones que por vía constitucional pretende que se dejen sin efectos.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

De otro lado, explicó que no se configura un perjuicio irremediable o la violación de los
derechos fundamentales al mínimo vital o a la seguridad social, pues una vez se revisó
el sistema RUAF se evidenció que la accionante cuenta con una pensión de la
Fiduprevisora y de Colpensiones.

Por último, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para reclamar
prestaciones económicas y que ordenar el reconocimiento pretendido por la
accionante «conllevaría a causar un grave perjuicio a las arcas del Estado, puesto que
los dineros con los cuales se pagan las pensiones administradas por la nómina de
pensionados de la UGPP, NO SON ILIMITADOS y son con cargo a la cuenta del Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP, afectando consecuentemente la
sostenibilidad financiera del sistema que debe ser garantizada por el Estado».

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el enlace para
consultar el expediente 52001-23-33-000-2016-00118-01.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora
Elizabeth Quintero Molina contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia
de 3 de agosto de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la actora contra la UGPP, que negó las pretensiones de la demanda, al presuntamente
haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el
cual los argumentos expuestos por la señora Elizabeth Quintero Molina no cumplen
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la reciente sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.7

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

7
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».9

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”10. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»11.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso12, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.4.2. Ahora, al analizar el escrito de tutela, esta sala no avizora que las
inconformidades de la señora Elizabeth Quintero Molina contengan la carga
argumentativa requerida desde la perspectiva constitucional, a través de la cual
exponga con contundencia las razones del porqué el asunto implica la intervención del
fallador de esta sede, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de
la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

8
Sentencia SU-103 de 2022.
9
Sentencia SU-573 de 2019.
10
Ibídem.
11
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

En el escrito de tutela, la señora Quintero Molina señaló de manera expresa que la
sentencia de 3 de agosto de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por la indebida valoración
de las piezas documentales que demostraban que su vinculación siempre ocurrió en
una plaza docente del orden territorial y «al aplicar el fundamento legal y normativo
vigente en materia de situado fiscal», respectivamente. Además, refirió que se
presentó un desconocimiento del precedente.

Sin embargo, para esta corporación, tales argumentos se circunscriben a un debate
de interpretación meramente legal y probatorio, pues se cimentan en una errónea
apreciación de algunos medios probatorios que dio lugar a que la judicatura censurada
concluyera que la actora no cumplía con lo establecido en la Ley 114 de 1913,13 esto
es, haber prestado el servicio docente en una plaza del orden territorial, por el término
de 20 años y que su vinculación se hubiera efectuado a más tardar, el 31 de diciembre
de 1980.

En ese orden, si bien la señora Elizabeth Quintero Molina indicó y sustentó los yerros
de los cuales, en su criterio, adolece la sentencia que puso fin al proceso ordinario, lo
cierto es que tales argumentos no van más allá de un debate probatorio a partir del
cual se pretende demostrar en esta sede subsidiaria que la interesada satisface las
exigencias determinadas por el legislador para ser beneficiaria de la prestación
reclamada.

Es decir, pese a que se elevó un cargo de índole fáctica, este estudio está dirigido
inescindiblemente a la verificación del cumplimiento de los requisitos para establecer
sí se acredita lo que la ley ordena, lo cual, es un aspecto netamente legal.

En cuanto a los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa requerida, comoquiera que, respecto del
primero no indicó los fundamentos legales que la autoridad accionada no debió aplicar
y, en cuanto al segundo, no especificó la regla que presuntamente desconoció la
autoridad judicial accionada.

En todo caso, es importante precisar que, respecto de las sentencias de unificación
que se reprochan como desconocidas, la parte actora contaba con la posibilidad de
interponer el recurso de unificación de jurisprudencia con el fin de presentar ante el
juez natural de la causa las inconformidades que ahora enjuicia a través de esta acción
de tutela.

13
En consonancia con lo estipulado en la Ley 116 de 1928, la Ley 37 de 1933 y en el numeral 2. ° del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Ahora, la norma que fija los criterios que se deben cumplir, y la interpretación en torno
a la forma de probarlos para tener el derecho a la pensión gracia está dada por el
órgano de cierre en materia laboral, en la sentencia de unificación de 21 de junio de
2018 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda; oportunidad en la que se
determinó:

[…] para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

[…]

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el
reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […] (iv) para acreditar la
calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

Así, la autoridad demandada advirtió que de uno de los periodos laborados por la
señora Quintero Molina (16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de 2004), se probó
que la vinculación fue en una plaza nacional,14 por lo que, contrario a lo señalado por
el juez ordinario de primera instancia15, tal lapso de la labor docente no se podía
computar para efectos de acreditar los 20 años de servicio en el orden territorial, en
consecuencia, se incumplió con las exigencias previstas para tener derecho a la
pensión gracia.

Tal determinación también se sustentó en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-
18 de 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Segunda el Consejo de Estado,
según la cual lo que se debe acreditar es el carácter territorial o nacionalizado de la
plaza ocupada, independientemente del origen de los recursos que se utilicen para el
pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

14 «Por consiguiente, para la Sala no existe duda de que la vinculación de la demandante sostenida

entre el 16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de 2004, lo fue en calidad de educadora del orden
nacional, pues precisamente el cargo en el que fue nombrada en propiedad en la primera fecha en
comento, corresponde al mismo que esta desempeñaba en la modalidad de hora cátedra cuando el
Ministerio de Educación la había designado directamente en 1989, cuya naturaleza jurídica, se insiste,
no cambió por el hecho de que se haya formalizado su nombramiento ante la terminación del sistema
de trabajo temporal aludido». (Énfasis propio)
15 «Ahora bien, en el presente caso se precisa que no es dable asumir como lo hizo el tribunal de primera

instancia, que como el pago de las acreencias laborales de la actora provenían del antiguo Situado
Fiscal (hoy Sistema General de Participaciones), administrado por el respectivo Fondo Educativo
Regional de Nariño, la naturaleza jurídica de su vínculo desde 1993 era nacionalizado por considerar
que dichas rentas exógenas al ingresar al presupuesto de la respectiva entidad territorial se volvían
propias, toda vez que si bien lo anterior es cierto en cuanto a la condición que adquirían tales ingresos,
no lo es en lo referente a la esencia del nombramiento del docente».
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

De lo anterior se destaca que, el ejercicio analítico de los elementos de prueba
allegados a un proceso no opera de manera automática o en el sentido que las partes
señalen. La labor del juez parte de los principios de objetividad, imparcialidad y justicia,
en el marco de su autonomía como autoridad para administrar justicia.

Por lo tanto, a priori, esta sala no encuentra que la decisión cuestionada sea arbitraria,
irracional o injusta, teniendo en cuenta que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado se apoyó en el marco jurídico y judicial aplicable en la materia,
partiendo del grado de convicción que le proporcionó el acervo probatorio.

Los reparos de la solicitud de amparo están dirigidos a que esta corporación analice si
la señora Elizabeth Quintero Molina si el cargo en el que fue nombrado la accionante
como profesora de tiempo completo en la Concentración de Desarrollo Rural de
Yacuanquer (Nariño) era del orden nacional o territorial, con el fin de determinar si ese
lapso de tiempo (16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de 2004), podría ser tenido
en cuenta para efecto de completar los 20 años de servicio docente en el orden
territorial que se requieren para el reconocimiento de la pensión gracia.

Ello, con el fin de demostrar que la sentencia de 3 de agosto de 2023 debe dejarse sin
efectos porque, en criterio de la tutelante lo que procura es conjurar la transgresión de
sus garantías superiores por parte de la autoridad cuestionada que dictó el fallo de
segunda instancia sin efectuar un debido análisis del acervo probatorio que daba
cuenta del cabal cumplimiento de las exigencias legales para ser beneficiaria de la
plurimencionada pensión.

En otras palabras, la inconformidad elevada por la señora Quintero Molina se
circunscribe a recabar una discusión que es propia del juez natural y frente a la cual
tuvo la oportunidad de ejercer la defensa de sus derechos. Esto, habida cuenta de que
se empeña en probar en esta sede subsidiaria, que en el proceso ordinario acreditó de
forma suficiente, congruente e inequívoca que tuvo una vinculación de tipo territorial
durante 20 años.

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo se empleó como una
tercera instancia debido a que no cuenta con un ejercicio de sustentación desde la
esfera constitucional y de la violación de las garantías que la actora alegó como
desatendidas, que demuestren lo urgente de la intervención del juez de tutela y de su
pronunciamiento en el asunto de la referencia.

No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores de orden laboral, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis
de fondo frente a la decisión cuestionada.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

Pretender que este medio se emplee como ejercicio de una sede adicional del proceso
agotado, con el fin de que se deje sin efectos el proveído dictado el órgano de cierre
en la materia y que se ordene proferir una decisión en el sentido que la señora
Elizabeth Quintero Molina considera correcto, es atentatorio de los principios de
autonomía judicial, debido proceso y legalidad que son pilares en el ejercicio de la
función jurisdiccional.

Así las cosas, es evidente que este medio de amparo carece de la carga argumentativa
suficiente que justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de
la violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita a
esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores
con ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido
riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103
de 2022.

En resumen, la sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
las garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de
relevancia constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) se ejerció contra una decisión de una alta corte; (ii) el escrito
de tutela carece de la carga argumentativa elevada a un rango constitucional; (iii) se
planteó un debate meramente legal y probatorio sobre el cual ya hubo un
pronunciamiento razonable por parte del juez natural de la causa ordinaria; y (iv) no
se evidencia una vulneración palmaria o un perjuicio irremediable derivado de la
providencia de 3 de agosto de 2023, que implique la intervención del operador de
tutela.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Elizabeth Quintero Molina, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional, pues se reitera, no advierte una transgresión palmaria, sino una simple
inconformidad de la tutelante frente a la decisión que no le fue favorable a sus
intereses.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Elizabeth Quintero Molina.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07196-00

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.