Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00118-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00118-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00118-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00118-01 (3742-2017)
Demandante: Elizabeth Quintero Molina
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado y nacional. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora ELIZABETH QUINTERO MOLINA instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 012384 del 27 de marzo de
2015, (ii) RDP 044826 del 29 de octubre de 2015, y (iii) RDP 045762 del 4 de
noviembre de 2015, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la
pensión gracia a favor de la demandante, y se confirmó tal decisión
1 Folios 4 a 5.
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respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la
UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las
previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo de las mesadas
adeudadas por dicho concepto.
Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones del artículo 192
del CPACA, ello junto a la indexación de los valores adeudados, y con la condena
en costas a la parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la demandante nació el 5 de mayo de 1962 y fue nombrada como directora de
la Escuela Rural El Salado del municipio de Rivera (Huila) desde el 29 de enero de
1979 hasta el 31 de julio de 1989, esto en virtud del nombramiento efectuado por el
departamento del Huila a través del Decreto 044 del 22 de enero de 1979. Que
durante este lapso, tuvo una licencia de 60 días en el año 1988, por lo que
finalmente laboró un total de 10 años, 4 meses y 2 días.
Que mediante el Decreto 057 del 5 de noviembre de 1993, el alcalde del municipio
de Yacuanquer (Nariño) nombró a la accionante en el cargo de profesora de tiempo
completo para desempeñarse como tal en la Concentración de Desarrollo Rural de
dicha entidad territorial, esto desde el 16 de octubre de 1993 hasta el 29 de febrero
de 2004, cuando se aceptó su renuncia a la mencionada plaza que finalmente
ejerció por traslado desde 2002 en el Colegio de Promoción Social Cristo Obrero de
Ipiales (Nariño).
Que el 6 de mayo de 2012, la señora Quintero Molina radicó ante la UGPP una
solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber
laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la entidad
demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 012384 del 27 de
marzo de 2015, por lo que la referida educadora interpuso recursos de reposición y
en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente a través de
las Resoluciones RDP 044826 del 29 de octubre de 2015 y RDP 045762 del 4 de
noviembre del mismo año, esto en el sentido de confirmar la decisión inicial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 14 de abril de 20163 y notificada a la
2 Folios 2 a 4.
3 Folios 61 a 65.
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UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que el
período de servicio que pretende acreditar la reclamante entre el 29 de enero de
1979 y el 30 de junio de 1989, no puede ser tenido en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional, toda vez que este no fue demostrado a través del
Formato Único del FOMAG que es el medio de prueba exclusivo para ello.
Que adicionalmente, una vez revisados los certificados obrantes en el expediente
administrativo, se pudo establecer que los tiempos de labor oficial prestados por la
actora desde el 16 de octubre de 1993 en adelante, son de carácter nacional. Que
como este lapso es el único que sí fue relacionado en el mencionado formato del
Fondo del Magisterio, y en este se indica claramente que su vinculación fue por
parte del Ministerio de Educación debido a que el nombramiento tuvo lugar con
posterioridad al 1° de enero de 1990, no resulta viable computar dicho período y por
lo tanto tampoco puede configurarse el derecho reclamado.
Propuso las excepciones que denominó, (i) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción y (iv) la
genérica o innominada.
En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y
por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Se fijó el litigio estableciéndose el
objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión,
se señaló que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas
conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, y finalmente se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita
con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia escrita el 23 de junio de 2017,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de
condenar a la UGPP a reconocer a favor de la accionante la pensión gracia efectiva
a partir del 5 de mayo de 2012, así como al respectivo pago de las costas. Para ello
se refirió al régimen especial de dicha prestación dispuesto por las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para posteriormente analizar la aplicación de los
requisitos previstos en estas normas en el caso específico de la actora.
Sobre el caso particular aseguró que según el artículo 2° del Decreto 196 de 1995,
la modalidad de vinculación en las plazas cofinanciadas con recursos del orden
nacional, como lo es el caso que es objeto de estudio, no implica un cambio de la
4 Folios 67 a 68.
5 Folios 180 a 184.
6 Folios 221 a 225.
7 Folios 269 a 279.
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naturaleza territorial del nombramiento como docente que detentaba la señora
Elizabeth Quintero Molina, por lo que dicha situación tampoco afecta su derecho a
acceder a la pensión gracia que solicita.
Que al respecto debe acogerse el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 27 de agosto de
2015 (Rad. 2014-00287), en el sentido de que los dineros girados a las entidades
territoriales provenientes del situado fiscal (hoy Sistema General de Participaciones)
con el propósito de cubrir pasivos pensionales de salud, educación y otros sectores,
hacen parte de los recursos propios de dichas autoridades.
Que, por lo tanto, como la accionante se vinculó como educadora territorial antes
del 31 de diciembre de 1980 y acreditó tener más de 50 años de edad, no queda
duda de que cumple los requisitos necesarios para obtener la prestación en litigio,
la cual debe reconocerse de manera indexada con base en los factores percibidos
por la demandante durante su último año de servicio y con efectividad desde el 5 de
mayo de 2012.
Que procede la condena en costas a cargo de la UGPP con fundamento en el
artículo 188 del CPACA, toda vez que esta entidad resultó vencida en un proceso
sobre una materia en relación con la cual se han emitido innumerables
pronunciamientos que se deberían aplicar por la administración.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que no se encuentra acreditada la
vinculación de la reclamante en el período anterior al 31 de diciembre de 1980, pues
en relación con los tiempos de servicio laborados por los docentes, estos tienen que
ser reportados en el Formato Único del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, el cual es el documento idóneo para el efecto, más aún cuando no
fueron allegados todos los decretos de nombramiento y actas de posesión que den
cuenta de la clase de relación legal y reglamentaria de la actora.
Que, una vez revisados los certificados obrantes en el expediente administrativo, se
pudo establecer que los tiempos de labor oficial prestados por la actora desde el 16
de octubre de 1993 en adelante, son de carácter nacional. Que como este lapso es
el único que sí fue relacionado en el mencionado formato del Fondo del Magisterio,
y en este se indica claramente que su vinculación fue por parte del Ministerio de
Educación debido a que el nombramiento tuvo lugar con posterioridad al 1° de enero
de 1990, no resulta viable computar dicho período y por lo tanto tampoco puede
configurarse el derecho reclamado.
8 Folios 283 a 285.
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Que si bien los tiempos laborados por la demandante en su calidad de docente del
departamento de Nariño desde el 1 de octubre de 1994, fueron certificados por el
ente territorial para el cual prestó sus servicios, debe tenerse en cuenta que dicho
lapso corresponde a una nueva vinculación que se considera para todos los efectos
nacional, independientemente de lo que figure en el documento expedido por el
nominador o pagador, toda vez que cuando un educador presenta retiro y posterior
nombramiento, pierde el tipo de relación legal inicial y adquiere el de la nueva.
Que frente a la condena en costas resulta necesario verificar que la oposición de la
parte pasiva no ha sido temeraria, puesto que la actuación se acomoda a un
adecuado ejercicio del derecho de la entidad a acceder a la administración de
justicia, sin que la defensa haya implicado un abuso del derecho.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Ambas partes presentaron alegaciones finales con las que ratificaron los
argumentos expuestos en la demanda, su contestación y el recurso de apelación.9
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.10
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter de territorial o
nacionalizado durante todo el tiempo de servicio. Asimismo, en el eventual caso de
confirmar la decisión de primera instancia, será necesario determinar si procedía o
no la condena en costas a cargo de la entidad demandada.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
9 Folios 353 a 361.
10 Folio 362.
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Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló que,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
13Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202214 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
14 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan a verificar si para acreditar en el caso de la demandante la
satisfacción del requisito de 20 años de servicio como docente a fin de acceder a la
prestación debatida, pueden ser tenidos en cuenta los tiempos laborados por
aquella entre el 29 de enero de 1979 y el 31 de julio de 1989, así como del 16 de
octubre de 1993 hasta el 29 de febrero de 2004.
Pues bien, frente al primer requisito en mención relacionado con la edad, se
observa que la señora Elizabeth Quintero Molina nació el 5 de mayo de 196215, de
modo que cumplió los 50 años el 5 de mayo de 2012.
15 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 15 del expediente.
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Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se advierte en primer lugar que en el expediente reposa
el certificado de información laboral expedido el 4 de septiembre de 2014 por la
Secretaría de Educación Departamental del Huila en el formato del Ministerio de
Hacienda,16 al igual que el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral emitido por la referida autoridad el 27 de abril de 2016,17 a partir de
los cuales se indica que la demandante laboró al servicio de dicha entidad territorial
desde el 22 de enero de 1979 hasta el 31 de julio de 1989 bajo una vinculación
como educadora oficial nacionalizada.
Ahora, respecto de esta relación legal y reglamentaria se destaca que, en efecto,
en virtud del Decreto 000044 del 22 de enero de 1979,18 el gobernador y el
secretario de educación del departamento del Huila nombraron a la accionante en
el cargo de directora de la Escuela Rural El Salado del municipio de Rivera, ello bajo
las consideraciones que se extraen de las siguientes imágenes,
16 Folio 18.
17 Folios 167 a 168.
18 Folios 22 a 24.
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De hecho, a partir de la respectiva acta de posesión19 se verifica que la actora se
vinculó directamente con el departamento del Huila desde el 29 de enero de 1979,
ello conforme al aludido acto administrativo en el que se destaca únicamente la
decisión autónoma de dicha entidad territorial para nombrar a la docente en dicho
cargo. Al respecto se coloca de presente el mencionado documento.
19 Folio 26.
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Ahora, si bien de la documentación traída a colación no se verifica cuál fue el
sustento normativo de competencia del gobernador del Huila para efectuar el
nombramiento de la señora Quintero Molina, o para determinar la identificación clara
del tipo de plaza, sí es posible inferir que, i) la posición a ocupar está prevista para
desarrollarse en una escuela rural del municipio de Rivera, es decir, por fuera de la
zona urbana municipal, lo cual es indicativo de que el servicio educativo estaría a
cargo de la entidad territorial; y además, ii) no se verifica intervención, autorización
o señalamiento alguno de que el empleo en el que la demandante fue designada,
correspondía a uno de los de la planta de personal de planteles educativos
nacionales del Ministerio de Educación.
Por tal razón, atendiendo lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, 20 es
posible inferir válidamente que el nombramiento de la demandante para el período
comprendido entre el 22 de enero de 1979 y el 31 de julio de 1989, lo fue en calidad
de docente territorial, pues no se advierte que la plaza ocupada haya sido prevista
como nacional, o que la referida cartera gubernamental hubiese adoptado la
decisión de vinculación directa o indirectamente, así como tampoco en calidad de
nacionalizada, pues no se cumplió lo señalado en el artículo 6° de la Ley 43 de
1975, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización
serían administrados por los FER con sujeción a los planes que en su momento
debía establecer el Ministerio de Educación, intervención que tampoco se advierte
en el acto.
En todo caso, para poder fijar aquel vínculo en alguna clasificación concreta, se
estima que lo propio puede inferirse a partir de las certificaciones laborales
relacionadas con anterioridad, las cuales, contario al argumento de impugnación de
la entidad apelante, sí reposan en el expediente y son plenamente conducentes
junto al acto administrativo de nombramiento y el acta de posesión, para afirmar que
la señora Quintero Molina fue educadora territorial durante el lapso en mención.
20 ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a
continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de
enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
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Posteriormente, respecto al tiempo de servicio cumplido por la accionante entre el
16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de 2004 (el cual esta asegura que fue
como docente nacionalizada, mientras que la UGPP sostiene que se desarrolló
como nacional), lo primero que habrá de indicarse es que del Decreto 057 del 5 de
noviembre de 1993 expedido por el alcalde de Yacuanquer (Nariño), 21 se extrae que
esta autoridad efectivamente nombró a la actora como profesora de tiempo
completo en la Concentración de Desarrollo Rural de dicha entidad territorial, ello
bajo una nueva vinculación diferente a la inicial con el departamento del Huila, pero
en virtud de las facultades previstas en el artículo 9° de la Ley 29 de 1989 y en los
Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, tal como se aprecia a continuación.
21 Folios 27 a 30.
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De igual forma, en el acta de posesión de la señora Quintero Molina suscrita el 9 de
noviembre de 1993,22 pero con efectos fiscales desde el 16 de octubre del mismo
año, se indica lo siguiente.
Como se observa, en el referido acto administrativo expresamente se indica que
este nombramiento efectuado por el alcalde del municipio de Yacuanquer, se hacía
en virtud de lo previsto en el artículo 9° de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que,
«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]»
Adicionalmente, a partir del aludido decreto también se concluye que la vinculación
de la reclamante tuvo lugar con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo 09 de 1993
22 Folio 31.
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expedido por el FER de Nariño, con el que se autorizó el paso de los docentes que
estaban en el programa de horas cátedra, a un nombramiento en propiedad en las
respectivas plazas que estuvieran disponibles, las cuales, según ambos
documentos referenciados anteriormente, se deduce sin duda alguna que eran del
orden nacional (ello al menos para el caso puntual de la demandante y otros
educadores allí enlistados), pues así se indica de manera precisa al manifestar que
estos ocuparían los cargos existentes en planteles educativos del Ministerio de
Educación ubicados en Yacuanquer (Nariño).
En tal sentido, resulta adecuado estimar que el nombramiento y diligencia de
posesión llevadas a cabo por el alcalde de dicha entidad territorial, se dieron por
autorización legal del artículo 9° de la Ley 29 de 1989, en orden de que este
administrara el personal de maestros oficiales nacionales de aquel municipio, pero
en nombre y representación de la mencionada cartera del Gobierno Central, y no
como si se tratara de empleados de su propia planta.
Incluso, la naturaleza jurídica del cargo ocupado por la accionante como educadora
nacional, también se deriva del hecho de que, como se indicó previamente, su
vínculo obedeció a una conversión del programa de apoyo educativo de horas
cátedra a cargo del Ministerio de Educación, hacia la formalización de estas
relaciones laborales mediante nombramientos en propiedad de las respectivas
plazas que venían desempeñando los profesores en virtud de la mencionada forma
de trabajo transitoria.
Ahora, lo cierto es que al margen del referido cambio, este no conllevó la
transformación de las características, condiciones y esencia de los cargos docentes
disponibles para designación, y mucho menos el nominador de estos, pues aquel
proceso de conversión no consistía en una transferencia de empleos a una entidad
territorial, así como tampoco en una incorporación o traslado de funcionarios, sino
en la estructuración de nuevas vinculaciones formales en empleos vacantes de la
planta de personal educativo de la Nación, las cuales venían siendo ejercidas de
manera temporal.
Al respecto, basta con verificar la Resolución 00556 del 18 de enero de 1989
proferida directamente por el Ministerio de Educación Nacional,23 en la que se
observa que esta misma entidad en atención a su facultad nominadora derivada de
los Decretos 406 de 1989 y 74 de 1990,24 nombró a la señora Quintero Molina como
23 Folio 141.
24 «Por el cual se fijan las asignaciones correspondientes para los distintos grados del Escalafón Nacional
Docente y se dictan otras disposiciones sobre remuneraciones en el sector educativo oficial. […]
Artículo 2o. La hora cátedra es la hora clase dictada por un profesional no vinculado a la administración en
ninguna jornada o nivel educativo, como profesor de tiempo completo; corresponde a un servicio prestado para
suplir la carga académica que no pueda ser asumida por docentes de tiempo completo en educación básica
secundaria, media vocacional o media diversificada y técnica profesional.
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maestra oficial bajo el sistema de hora cátedra en una de las plazas de su planta de
personal prevista en la Concentración de Desarrollo Rural de Yacuanquer (Nariño),
ello para el período lectivo 1989 a 1990, tal como se verifica de la siguiente imagen.
Artículo 3o. La vinculación por el sistema de hora-cátedra, se hará por parte de la autoridad nominadora previo
estudio de necesidades y disponibilidad presupuestal refrendada por el Delegado Permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional, presentados por el Rector o Director de los Institutos
Docentes al Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional, para ser aprobados por las Juntas
Administradoras de los Fondos Educativos Regionales.
La vinculación por el sistema de hora-cátedra, será por la totalidad o fracción del respectivo año lectivo, que
para el efecto se cuenta a partir del primer día de clases.
Para los Institutos Docentes Nacionales, dependientes del Ministerio de Educación Nacional, el estudio de
necesidades debe ser elaborado por los respectivos Rectores, previa disponibilidad presupuestal refrendada
por el Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional».
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Por consiguiente, para la Sala no existe duda de que la vinculación de la
demandante sostenida entre el 16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de 2004,
lo fue en calidad de educadora del orden nacional, pues precisamente el cargo en
el que fue nombrada en propiedad en la primera fecha en comento, corresponde al
mismo que esta desempeñaba en la modalidad de hora cátedra cuando el Ministerio
de Educación la había designado directamente en 1989, cuya naturaleza jurídica,
se insiste, no cambió por el hecho de que se haya formalizado su nombramiento
ante la terminación del sistema de trabajo temporal aludido.
En suma, la accionante ejerció un cargo previsto para la planta de personal
educativo de dicha cartera en la Concentración de Desarrollo Rural de Yacuanquer,
que para todos los efectos se determinó precisamente como nacional por indicarse
lo propio de manera expresa en al acto administrativo de nombramiento, el cual si
bien fue proferido por el alcalde de aquella entidad territorial, se entiende que este
lo hizo en virtud de la autorización legal del artículo 9º de la Ley 29 de 1989 que le
permitía administrar empleos de la Nación, situación que se ratifica además en el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido por
la Secretaría de Educación Departamental de Nariño el 25 de julio de 2014.25
Ahora bien, en el presente caso se precisa que no es dable asumir como lo hizo el
tribunal de primera instancia, que como el pago de las acreencias laborales de la
actora provenían del antiguo Situado Fiscal (hoy Sistema General de
Participaciones), administrado por el respectivo Fondo Educativo Regional de
Nariño, la naturaleza jurídica de su vínculo desde 1993 era nacionalizado por
considerar que dichas rentas exógenas al ingresar al presupuesto de la respectiva
entidad territorial se volvían propias, toda vez que si bien lo anterior es cierto en
cuanto a la condición que adquirían tales ingresos, no lo es en lo referente a la
esencia del nombramiento del docente.
Lo anterior se afirma en la medida en que, como se planteó en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018 proferida por el Consejo de Estado, «[…] Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada […]», la cual
en el asunto bajo estudio se demostró que era nacional, ello sin que sea relevante
el origen de los recursos con los que se financió a la educadora demandante, puesto
que, así estos se derivaran del SGP a través del FER, podían destinarse para el
pago de docentes del Gobierno Central, tal como se precisó en la providencia en
comento cuando se adujo que,
«[…] los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya
25 Folios 19 a 20.
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que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado
que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
[…]». (Subrayado fuera de texto).
En tal sentido, si para el caso de los docentes oficiales no es dable inferir que estos
son del orden nacional solo por el hecho de que se advierta la intervención del
delegado del Ministerio de Educación ante el FER, o porque los pagos de salarios
y prestaciones se realicen con recursos del SGP, tampoco sería dable asumir que
por esa misma circunstancia los educadores necesariamente son territoriales o
nacionalizados, habida cuenta de que, como se planteó en la regla unificadora
precitada, lo verdaderamente importante para tener en cuenta un tiempo de servicio
a efectos de reconocer la pensión gracia, es establecer el tipo de nombramiento y
plaza ocupada por el respectivo maestro estatal, que en este litigio se comprobó
que era del orden nacional.
Conforme a lo expuesto hasta este punto, se deduce que la demandante se
desempeñó en un primer momento como docente territorial desde el 22 de enero
de 1979 hasta el 31 de julio de 1989, y luego, debido a la terminación de dicha
relación legal y reglamentaria, se encuentra que aquella volvió a ingresar al servicio
del magisterio, pero esta vez como educadora claramente del orden nacional a partir
del 16 de octubre de 1993 y hasta el 29 de febrero de 2004.
Bajo este contexto, lo considerado por el tribunal de origen relacionado con el hecho
de que el lapso de labor oficial de la reclamante como profesora durante más de 20
años solo lo fue en el orden nacionalizado, y que por lo tanto ello le permitía acceder
al derecho a la pensión gracia, resulta inadecuado en la medida en que, por la
naturaleza de su vinculación entre el 16 de octubre de 1993 y el 29 de febrero de
2004, no es legalmente viable computar tal período para efectos de colmar el
requisito del tiempo de servicio como educador territorial o nacionalizado
indispensable a fin de configurar a su favor el derecho pretendido, razón por la que
solo se habilitaría acumular en su caso un total de 10 años y 6 meses que no
satisfacen la exigencia en comento.
Por lo tanto, al no cumplirse el requisito bajo estudio resulta inane verificar los
siguientes presupuestos, y en consecuencia, habrá de revocarse la sentencia de
primera instancia a fin de denegar las pretensiones de la demanda, incluida la
condena en costas de primera instancia, respecto de la cual, si bien fue objeto de
apelación, no será necesario efectuar estudio alguno dado que no se está
confirmando el fallo recurrido.
Condena en costas de segunda instancia
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Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2016),26 respecto
de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió
del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el caso bajo estudio, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma,
no se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas partes en sus escritos
manifestaron razones en defensa jurídica de sus intereses. Por tal razón, al no
encontrarse acreditado tal presupuesto normativo, no se condenará en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Elizabeth Quintero Molina
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. En consecuencia,
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00118-01 (3742-2017)
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Jhon Jairo Bustos
Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.883.951 y portador de la
tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, esto como
apoderado de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante memorial
visible en el índice 30 de la plataforma SAMAI.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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