RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07198-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07198-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07198-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Karen Julieth Rozo Triviño. En consecuencia: 2. Ordenar a la directora técnica de registro y de gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en el término de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, adopte una nueva decisión sobre la solicitud de inclusión de la demandante en el registro único de víctimas, esta vez, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1084 de 2015. 3. Denegar las demás pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto en esta providencia. 4. Denegar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00 Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07198-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: KAREN JULIETH ROZO TRIVIÑO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Derecho de Petición y tutela contra acto administrativo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Karen Julieth Rozo Triviño contra la
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de noviembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, Karen Julieth Rozo
Triviño pidió la protección de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la Presidencia
de la República, la Procuraduría General de la Nación por la falta de respuesta a la
solicitud del 27 de octubre de 2023 y la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Victimas por la negativa de inclusión en el registro único de víctimas como esposa
del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se tutele el derecho de petición consagrado en el Art 23, 29 y 229 de la constitución política.
2. Se ORDENE a la parte accionada dar respuesta al petitorio de fecha 27 de octubre de 2023.
3. Se ORDENE la UNIDAD PARA LAS VICTIMAS efectuar registro de la suscrita en el RUV.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 27 de octubre de 2023, la señora Karen Julieth Rozo Triviño envió a los correos
electrónicos servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co;
quejas@procuraduria.gov.co; contacto@presidencia.gov.co solicitud de ingreso al
registro único de víctimas como esposa del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón. Con
la solicitud fueron aportadas copias de la partida de matrimonio y el registro civil de
matrimonio celebrado entre los señores Mena Garzón y Rozo Triviño, así como de la
solicitud de medidas de protección elevada por el señor Mena ante la Fiscalía General
de la Nación.

Mediante Oficio No. 2023-0652633-2 del 8 de noviembre de 2023, la directora técnica
de registro y de gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas denegó la
inclusión de la señora Rozo Triviño en calidad de víctima como integrante del núcleo

1 Ante el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá. Índice 1 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

familiar del señor Mena Garzón e indicó que en caso de que fuera víctima del hecho
victimizante de desplazamiento forzado podía presentar solicitud de inscripción ante el
consulado del país en el que se encuentre.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante alegó que la Presidencia de la República y la Procuraduría
General de la Nación vulneraron el derecho de petición, porque no han dado respuesta
a la solicitud del 27 de octubre de 2023.

Por otra parte, cuestionó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas denegara la inclusión en el registro único de víctimas como esposa del señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón con el argumento de que su esposo en declaración del
2 de mayo de 2023 no la relacionó como integrante de su núcleo familiar.

Dijo que desde el 16 de octubre de 2022 ella y su esposo salieron del territorio
colombiano, así que Mena Garzón no pudo declarar el 2 de mayo de 2023 porque ya
estaba fuera del país, que lo que su esposo hizo fue presentar, el 3 de mayo de 2023,
un recurso reposición y en subsidio de apelación en contra de una resolución sobre
atención humanitaria.

5. Trámite

Por auto del 4 de diciembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, al director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la procuradora general de la Nación
y a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas,
mediante correos electrónicos del 6 y 18 de diciembre de 20232.

6. Intervenciones

La coordinadora del grupo de gerencia de defensa judicial del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela.

Dijo no estar legitimado en la causa por pasiva, explicó que dentro de las funciones
previstas en el artículo 4 del Decreto 2647 de 2022 no está la de determinar el orden
de entrega ni la procedencia del reconocimiento de ayudas humanitarias. Que esas
funciones fueron asignadas a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas en el Decreto 4802 de 2011.

Ante el derecho de petición, señaló que, mediante Oficio OFI23-00206173/GFPU
13150001 del 2 de noviembre de 2023, atendió la solicitud de la actora para informarle
que se remitiría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La
remisión se realizó en esa misma fecha, en Oficio OFI23-00206175/GFPU 13150001.

La apoderada de la Procuraduría General de la Nación dijo que esa autoridad no
estaba legitimada en la causa por pasiva frente a la causa principal de la tutela y en
cuanto a la petición de la actora precisó que no ingresó al correo electrónico
quejas@procuraduria.gov.co porque ese buzón fue suspendido desde el 18 de
septiembre de 2023 y que esa situación fue informada a la señora Rozo Triviño de
manera inmediata en correo automático con el que también le fueron informados los
canales virtuales por medio de los cuales podía presentar peticiones.

2 Ver índices 8, 9 y 13 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

Que, en todo caso, como esa autoridad tuvo conocimiento de la petición con la acción
de tutela, la radicó y asignó para su conocimiento a la Procuraduría Delegada
Preventiva y Control de Gestión 5 para el seguimiento del acuerdo de paz y mediante
el Oficio No. 1512840000000 E-2023-796347 del 19 de diciembre de 2023 dio respuesta
a la petición y la remitió al correo electrónico de la demandante el 20 de diciembre de
2023.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no se pronunció
pese a que, como se vio, fue debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el caso concreto, la Sala advierte que la Presidencia de la República y la
Procuraduría General de la Nación pidieron ser desvinculados de la actuación y
argumentaron que no son las autoridades administrativas competentes para resolver
sobre la inclusión de la demandante en el registro único de víctimas.

Al respecto, la Sala debe precisar que la razón de la vinculación de esas autoridades
como parte demandada en el trámite de la acción de tutela no obedeció a su aparente
competencia para resolver sobre la inclusión en el registro de víctimas de la señora
Rozo Triviño, sino porque la demandante de manera preliminar acreditó haber
presentado peticiones ante esas autoridades.

Siendo así, en la parte resolutiva de la presente providencia, se denegará la
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la
República y la Procuraduría General de la Nación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
señora Karen Julieth Rozo Triviño (i) por la presunta omisión en la respuesta por parte
de demandadas a la petición del 27 de octubre de 2023 y (ii) para que se ordene a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas la inclusión de la actora
en el registro único de víctimas como esposa del Ericsson Ernesto Mena Garzón.

La Sala anticipa que denegará las pretensiones relacionadas con el derecho de petición
porque la Presidencia de la República remitió por competencia la solicitud a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Por su parte, la petición ante la
Procuraduría General de la Nación no fue presentada a través de un correo electrónico
autorizado y, en todo caso, esa entidad resolvió la petición una vez tuvo conocimiento.

Finalmente, amparará el derecho fundamental al debido proceso de la actora porque el
acto administrativo que denegó la inclusión en el registro único de víctimas no cumple
con la carga de motivación establecida en las normas aplicables.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) generalidades de la acción de
tutela, (ii) el derecho de petición, (iii) la subsidiariedad frente a víctimas del conflicto
armado y (iii) al análisis del caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

4. El derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las
autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no
favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de
competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no
significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

4.1. Peticiones por medios electrónicos

De acuerdo con el artículo 53 del CPACA, la formulación de peticiones podrá realizarse
por cualquier medio tecnológico disponible por la entidad pública. Por su parte, el
artículo 74 ibídem establece como deberes de las entidades, por una parte, adoptar

3 ARTÍCULO 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades toda

persona tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio

idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
(…).
9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o

integrados en medios de acceso unificado a la administración pública.
4ARTÍCULO 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades tendrán, frente a las personas

que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

medios tecnológicos para tramitar y resolver las solicitudes, y, por la otra, gestionar
todas las peticiones que se alleguen vía fax o por medios electrónicos.

A su turno, el parágrafo 1º del artículo 15 ibídem dispone que en caso de que la petición
sea enviada a través de “cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de
datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de
documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos”.

En línea con las anteriores disposiciones, la Corte Constitucional, en sentencia T-230
de 2020, señaló que el derecho de petición se puede canalizar a través de medios
físicos o electrónicos de que disponga el sujeto público obligado, por regla general, de
acuerdo con la preferencia del solicitante. Además, que tales canales físicos o
electrónicos pueden actuarse de forma verbal, escrita o por cualquier otra vía idónea
que sirva para la comunicación o transferencia de datos.

En la misma sentencia, la Corte precisó que “los medios electrónicos son herramientas que
permiten la producción, almacenamiento o transmisión digitalizada de documentos, datos e
informaciones, a través de cualquier red de comunicación abierta o restringida. Esta última
supone un diálogo entre sujetos –al menos un emisor y un receptor– en el que se da una
transmisión de señales que tienen un código común”.

Por su parte, en la Sentencia C-662 de 2000, la Corte Constitucional señaló que “el
mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados
en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos
comporta los mismos criterios de un documento”.

La Sala mayoritaria ha entendido que cuando los artículos 5 y 15 del CPACA aluden a
medios electrónicos disponibles e idóneos se refieren a los que son dispuestos por la
entidad para efectos de recepción de peticiones, quejas o reclamos.
5. La subsidiariedad frente a víctimas del conflicto armado

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional
de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe
ser el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

Sobre la subsidiariedad de la acción de tutela cuando se trata de víctimas del conflicto
armado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que «no se les puede
exigir con la misma rigurosidad el agotamiento de los medios de defensa judicial ordinarios»5
precisamente por la categoría de sujetos de especial protección que ostentan.

Que los otros medios de defensa «carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta
completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del desplazamiento forzado»6 y que, por

6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral

1 del artículo 5 de este Código.
(…).
8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos

para quienes no dispongan de aquellos.
5 Sentencia T-220 de 2021, entre otras
6 Sentencia T-163 de 2017

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

lo tanto, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales de la población desplazada para cuestionar actuaciones u
omisiones de las autoridades que afecten a esa población, en especial, cuando tengan
incidencia en la inclusión en el Registro Único de Víctimas7.

6. Análisis del caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la señora Karen Julieth Rozo Triviño pretende que
se ampare el derecho de fundamental de petición por falta de respuesta a la solicitud
que presentó por correo electrónico el 27 de octubre de 2023 y cuestiona que la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no la incluyera en el registro único
de víctimas en calidad de esposa del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón. En ese
mismo orden la Sala analizará el caso concreto.

6.1. Del derecho de petición

Karen Julieth Rozo Triviño afirmó que el 27 de octubre de 2023 radicó ante la
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitud de inclusión en el registro único
de víctimas como esposa del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón.

Para determinar si las autoridades demandadas vulneraron el derecho fundamental de
petición de la actora, la Sala se referirá a las pruebas que obran en el expediente.

Está probado que el 27 de octubre de 2023, desde el correo electrónico
karitarozo.87@gmail.com la señora Rozo Triviño envió a los correos
servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co;
contacto@presidencia.gov.co solicitud de ingreso al registro único de víctimas como
esposa del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón8.

En oficio No. OFI23-00206173 / GFPU 13150001 del 2 de noviembre de 2023, la
Presidencia de la República informó a la señora Rozo Triviño que su solicitud sería
trasladada por competencia a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y ese oficio fue enviado al correo electrónico de la actora el 2 de noviembre
de 2023. Además, mediante Oficio No. OFI23-00206175 / GFPU 13150001 del 2 de
noviembre de 2023, la Presidencia de la República remitió, por competencia, la solicitud
de la señora Karen Julieth a la coordinadora del grupo de respuesta escrita de la UARIV
y esa remisión fue realizada por correo electrónico del 2 de noviembre de 2023 9.

Mediante Oficio No. 2023-1807668-1 del 8 de noviembre de 2023, la directora técnica
de registro y gestión de la información de la UARIV denegó lo solicitado por la actora y
explicó que «una vez revisada la declaración rendida por ERICSSON ERNESTO MENA
GARZON el 2 de mayo de 2023, se evidencia que KAREN JULIETH ROZO TRIVINO no fue
nombrado como parte del núcleo familiar. Teniendo en cuenta el Decreto 1084 de 2015, para
la Unidad no es posible jurídicamente incluir a otra persona. Sin embargo, en caso de que el(la)
señor(a) KAREN JULIETH ROZO TRIVINO se considere víctima del conflicto armado interno,
puede acercarse a presentar la solicitud de inscripción ante el Consulados(sic), ya que
manifiesta que se encuentra en otro país.»10.

Por su parte, la Sala advierte que la petición que la actora aduce haber presentado ante
la Procuraduría General de la Nación no fue enviado a través de los mecanismos
electrónicos dispuestos por esa entidad para efectos de recepción de peticiones.

7 Sentencia T-573 de 2015
8 Índice 2 de Samai, anexos de la demanda de tutela
9 Índice 10 de Samai, anexos de la contestación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
10 Índice 2 de Samai, anexos de la demanda de tutela

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

En la página web de la Procuraduría General de la Nación11 se encuentra publicado el
acceso a la sede electrónica de atención al ciudadano en donde se pueden presentar,
entre otros asuntos, peticiones. Veamos:

De hecho, del correo enviado por la actora el 27 de octubre de 2023 se advierte que de
forma automática le fue informado que el mensaje no había sido entregado porque la
Procuraduría había bloqueado esa cuenta.

Siendo así, como la solicitud de la señora Rozo Triviño no se envió a un correo
dispuesto ni habilitado por la Procuraduría General de la Nación para la radicación de
peticiones, no es posible exigirle una respuesta.

Con todo, la Sala encuentra que una vez la Procuraduría General de la Nación fue
notificada del auto que admitió la acción de tutela, le dio trámite a la petición de la
señora Rozo Triviño y la resolvió a través del Oficio No. 1512840000000 E-2023-
796347 del 19 de diciembre de 2023, que fue comunicado al correo electrónico de la
actora el 20 de diciembre de 202312.

Por la misma razón, tampoco se puede concluir que la entidad demandada vulnerara el
derecho de petición de la actora.

De lo probado, la Sala encuentra que el derecho fundamental de petición de la actora
no fue vulnerado por las demandadas porque la Presidencia de la República remitió por
competencia la petición a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y esa autoridad que resolvió de fondo la solicitud de la señora Karen Julieth
Rozo Triviño, por su parte, la petición ante la Procuraduría General de la Nación no fue
presentada a través de un correo electrónico autorizado y, en todo caso, esa entidad
resolvió la petición una vez tuvo conocimiento.

6.2. De la inclusión en el registro único de víctimas

La parte actora cuestiona que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas no la incluyera en el registro único de víctimas en calidad de esposa del señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón.

La Sala advierte que, en efecto, mediante Oficio No. 2023-1807668-1 del 8 de
noviembre de 2023, la directora técnica de registro y gestión de la información de la
UARIV denegó la solicitud de inclusión de la actora en el registro único de víctimas.

Si bien contra dicho acto procedería la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo cierto es que, en este caso, se supera el requisito de subsidiariedad, pues quien

11 https://www.procuraduria.gov.co/PQRSDF/Pages/default.aspx
12 Índice 15 de Samai, anexos de la contestación de la Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

demanda invoca la condición de posible víctima de desplazamiento forzado, sujeto de
especial protección constitucional y en una situación de vulnerabilidad.

Como se vio en el capítulo 5, la Corte Constitucional ha determinado que, en estos
casos, la acción de tutela es el medio adecuado para garantizar los derechos de las
personas que se encuentran en situación de desplazamiento. En consecuencia,
procede la Sala a analizar el asunto de fondo.

Para determinar si la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
vulneró los derechos fundamentales de la actora al denegar la inclusión en el registro
único de víctimas como integrante del núcleo familiar del señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón, la Sala realizará un breve recuento de las normas aplicables.

La Ley 1448 de 201113 en el artículo 3º define como víctimas a las «personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno»

Por su parte, los artículos 154 y siguientes de esa norma crea el registro único de
víctimas.

El Decreto 1084 de 201514, a partir del artículo 2.2.2.1.1., reglamenta el registro único
de víctimas y señala que serán principios que orientan a los servidores públicos
encargados de diligenciar el registro la favorabilidad, la buena fe, la prevalencia del
derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho, la participación conjunta, la
confianza legítima, al trato digno y habeas data.

A su vez, artículo 2.2.2.3.14. del Decreto 1084 de 2015 establece la UARIV
denegará la inscripción en el RUV únicamente por las siguientes causales:

1. Cuando en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determine que los hechos
ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.

2. Cuando en el proceso de valoración se determine que la solicitud de registro resulta contraria
a la verdad respecto de los hechos victimizantes.

3.Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los términos establecidos en los
artículos 61 y 155de la Ley 1448 de 2011, teniendo particularmente en cuenta la excepción de
fuerza mayor prevista en esta última disposición.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 40)

Y frente al contenido del acto administrativo que niega la inclusión en el RUV el
artículo 2.2.2.3.16. del Decreto 1084 de 2015 establece que, como mínimo,
deberá contener lo siguiente:
1. La motivación suficiente por la cual se llegó a la decisión de no inclusión, y

2. Los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 42)

En el caso concreto, en Oficio No. 2023-1807668-1 del 8 de noviembre de 2023, dictado
por la directora técnica de registro y gestión de la información de la UARIV, se denegó
la solicitud de inclusión de la actora en el registro único de víctimas, por las siguientes
razones:

13 «Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

interno y se dictan otras disposiciones»
14 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

Atendiendo su petición radicada con fecha 3 de noviembre de 2023, donde solicitó la inclusión
en su núcleo familiar de KAREN JULIETH ROZO TRIVINO, quien es mayor de edad,
identificado(a) con cédula de ciudadanía (...), la Unidad para las Víctimas le informa que la
conformación del grupo familiar inscrito en el Registro Único de Víctimas se determina con la
información que brindan las personas que declaran de manera libre, voluntaria y bajo la gravedad
de juramento. En este sentido, el grupo familiar queda registrado tal y como lo expresó el
(la)declarante.

Una vez revisada la declaración rendida por ERICSSON ERNESTO MENA GARZON el 2 de
mayo de 2023, se evidencia que KAREN JULIETH ROZO TRIVINO no fue nombrado como parte
del núcleo familiar. Teniendo en cuenta el Decreto 1084 de 2015, para la Unidad no es posible
jurídicamente incluir a otra persona.

Sin embargo, en caso de que el(la) señor(a) KAREN JULIETH ROZO TRIVINO se considere
víctima del conflicto armado interno, puede acercarse a presentar la solicitud de inscripción ante
el Consulados, ya que manifiesta que se encuentra en otro país.

De la lectura del anterior acto, la Sala advierte que no se explicó en cuál de las tres
causales previstas en el artículo 2.2.2.3.14 del Decreto 1084 de 2015 se fundamentó la
UARIV para negar la inclusión de la actora en el registro de víctimas.

Tampoco se cumplió el requisito de motivación suficiente, como lo exige el artículo
2.2.2.3.16. del Decreto 1084 de 2015, pues no se proporcionaron explicaciones
detalladas y precisas sobre las razones que llevaron a la entidad demandada a negar
la inclusión de la demandante.

La Sala resalta que, en el contexto de la inclusión en el registro de víctimas, la necesidad
de motivar el acto que niega esa inclusión adquiere una especial relevancia, en la
medida en que permite a la víctima comprender completamente las bases de la
exclusión y ejercer debidamente los derechos de defensa y contradicción.

Por lo tanto, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la señora Karen
Julieth Rozo Triviño y como consecuencia del amparo se ordenará a la UARIV que
adopte una nueva decisión sobre la inclusión o no de la demandante en el registro único
de víctimas, esta vez, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1084
de 2015.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Karen Julieth
Rozo Triviño. En consecuencia:

2. Ordenar a la directora técnica de registro y de gestión de la Información de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en el término de
48 horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, adopte una nueva
decisión sobre la solicitud de inclusión de la demandante en el registro único de
víctimas, esta vez, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto
1084 de 2015.

3. Denegar las demás pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto en esta
providencia.

4. Denegar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Presidencia de la
República y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en
esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07198-00
Demandante: Karen Julieth Rozo Triviño

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.