Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01324-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01324-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01324-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
25 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01324-01
Demandante: Fernando Ferrari Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01324-01
Demandante: FERNANDO FERRARI FLÓREZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
23 de mayo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la Nación y el Ministerio del Interior,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor respecto del Presidente de la
República y el Presidente del Grupo Argos S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente al Defensor del
Pueblo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR al Defensor del Pueblo que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva la petición que el actor indicó haber
presentado el 1.° de noviembre de 2023. (…)
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de marzo de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Fernando Ferrari Flórez solicitó la protección de los derechos fundamentales de
petición, al debido proceso, al mínimo vital y a la dignidad humana.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta porque el presidente de la
República, la vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la Nación, el
Defensor del Pueblo y el presidente del Grupo Argos S.A. no han dado respuesta a la
petición radicada el 1 de noviembre de 2023, mediante la cual presentó solicitudes de
la comunidad ancestral Santana ubicada en la Isla Barú.
2. Pretensiones
La actora propuso las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR, los Derechos fundamentales de especial protección constitucional,
Derecho fundamental al mínimo vital, Derecho fundamental de peticion (sic), Derecho
fundamental de Debido Proceso, Dignidad Humana.
SEGUNDO: ORDENESE (sic) a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-VICEPRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA- DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL-
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- CEMENTOS ARGOS a dar contestación a la
petitum incoada por la comunidad.
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Demandante: Fernando Ferrari Flórez
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Mediante correo electrónico del 1 de noviembre de 2023, el señor Fernando Ferrari
Flórez radicó petición como apoderado de la comunidad de Santana, dirigida al
presidente de la República, a la vicepresidenta de la República
(contacto@presidencia.gov.co y denunciacorrupcion@presidencia.gov.co), a la
Procuradora General de la Nación (procesosjudiciales@procuraduria.gov.co), al
Defensor del Pueblo (juridica@defensoria.gov.co) y al presidente del Grupo Argos
S.A. (correonotificaciones@argos.com.co), con el objeto de que se realicen mesas de
trabajo sobre los territorios donde se encuentran las plantas de tratamiento de
cemento de la empresa Argos en la isla Barú y no se afecten los intereses de la
comunidad.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El accionante sostuvo que las entidades demandadas no han dado respuesta de fondo
a su solicitud de tomar medidas frente a la vulneración de los derechos de la
comunidad. Esto, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, los
Decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992, y los artículos 8 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 39 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
5. Intervenciones
El Grupo Argos S.A. solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, y de manera subsidiaria, se le excluya de la
acción de tutela porque respetó el derecho fundamental de petición.
Explicó que no es cierto que el señor Fernando Ferrari Flórez funja como apoderado
de la comunidad de Santana de la Isla Barú, teniendo en cuenta que es un
corregimiento con 6.778 habitantes, y ni el 1% de los integrantes firmaron el poder
otorgado. Que el Consejo Comunitario de Comunidades Negras reconocido por el
Ministerio del Interior es el organismo que representa a la comunidad y que se aporta
un poder otorgado por 4 personas que dicen pertenecer a la comunidad.
Manifestó que dio respuesta a la petición el 4 de diciembre de 2024, a través del
mismo correo electrónico que radicó la solicitud, y que fue efectivamente entregado.
Que previamente se reunieron con la comunidad y solicitaron unos documentos para
demostrar la propiedad y tenencia de unos predios en la Isla Barú, pero a la fecha, no
ha recibido documentación alguna, lo cual es indispensable para una nueva reunión.
Que Grupo Argos es propietaria desde hace 40 años de los terrenos de los cuales
ostenta su tenencia en la isla.
La Procuraduría General de la Nación pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela porque se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Explicó que, mediante oficio del 8 de abril de 2024, enviado por correo electrónico, se
le informó al tutelante que se dispuso el inicio de una actuación preventiva con el
objeto de atender la solicitud de la comunidad de Santana frente a la empresa Argos.
La Presidencia de la República solicitó que se denegaran las pretensiones porque
no vulneró derechos fundamentales y existe carencia actual de objeto por hecho
superado. Manifestó que, tras verificar el sistema de gestión documental, encontró
que se dio respuesta de fondo a la petición a través del oficio OFI23-00214320 del 16
de noviembre de 2023, en la cual se le informó al tutelante que se dio traslado al
Ministerio del Interior, por medio del oficio OFI23-00214323 de la misma fecha.
Respecto a la Vicepresidencia de la República, manifestó que mediante oficio OFI24-
00065735 del 9 de abril de 2024, se reiteró que la petición fue remitida al Ministerio
del Interior.
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Demandante: Fernando Ferrari Flórez
El Ministerio del Interior pidió que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, puesto que dio respuesta a la petición mediante correo electrónico del 30
de abril de 2024.
El Defensor del Pueblo y los terceros interesados1 guardaron silencio, pese a que
fueron notificados en debida forma.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 23 de mayo de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado resolvió:
(i) Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la Procuraduría
General de la Nación, la Vicepresidencia de la República, y el Ministerio del Interior,
por encontrar que dieron respuesta los días 8, 9 y 30 de abril respectivamente, esto
es, durante el trámite de la acción de tutela de la referencia;
(ii) Negar el amparo frente a la Presidencia de la República y el Grupos Argos S.A.,
debido a que respondieron de fondo la solicitud el 16 de noviembre de 2023 y el 4 de
diciembre del mismo año, es decir, previo a la radicación de la acción de tutela; y
(iii) Amparar el derecho fundamental de petición en relación con el Defensor del
Pueblo porque guardó silencio en el presente trámite y no obraba prueba alguna que
lo desvirtuara.
7. Impugnación
En respuesta a la notificación de la sentencia de primera instancia, el tutelante envió
correo electrónico en el que sostuvo “IMPUGNAMOS ESTA SENTENCIA”.
1 Dagoberto Zúñiga Guzmán, Elvira Isabel Cervantes Herrera, Rigoberto Zúñiga Giraldo, Dagoberto Zúñiga Giraldo,
Javier David Zúñiga Cervantes, Elida Marimón Guzmán, Manuel Esteban Marimón Guzmán, Georgina Zúñiga,
Verónica Zúñiga, Eduardo Livingston Cardales, Eduardo Livingston Fernández, Merling Livingston Fernández,
Edwin Livingston Fernández, Lexy Livingston Fernández, Bristol Livingston Fernández, Rosa Elvira Livingston
Cardales, Armando Livingston Esmith, Mayerlys Livingston, Charly Livingston Pomares, Mirian Cristofer Martínez,
Yenis Livingston Cristofer, Bristol Livingston Cristofer, Berlinda Livingston Cristofer, Eloisa Livingston Cristofer,
Juan Roberto Livingston Torres, Roque Livingston Cristofer, Celina Cristofer Martínez, Carlos Romero Livingston,
Mirian Barrios Livingston, William Barrios Livingston, Humberto Barrios Livingston, Lucila Hakin Livingston, Luz
Dary Barrios Livingston, Héctor Hakin Livingston, David Escobar Livingston, Cesar Ventura Livingston, Adalberto
Olea Livingston, Lacide Olea Livingston, Alfonso Olea Livingston, Álvaro Brackman Forbes, Agustina Herrera
Livingston, Sofomor Barrios Livingston, Douglas Livingston Esquea, Brian Livingston Arroyo, Santander Crisnat
Livingston, Nicolas Cardenales, Rosario de Livingston, Edwin Livingston Chávez, Rosalba Rodríguez Livingston,
Arlington Rodríguez Livingston, Josiar Patiño Livingston, Julieth López Livingston, Joselito Crismat Livingston,
Antonio Polo Cardales, Oscar Sosa Cardales, Otilia Polo Cardales, Carmen Polo Cardales, José Luis Rodríguez
Livingston, Victor Eduardo Lopez Livingston, Yareimis Patiño Livingston, Eveli Polo Cardales, Ana Polo Cardales,
Ellin Polo Cardales, Jorge Agrest Polo, Mercedes Polo Cardales, Víctor Polo Romero, Dali Crismat Livingston,
Laudin Crismat Livingston, Olston Livingston Chávez, Lindsay Livingston Chávez, Merling Patiño Livingston,
Yuleidys Patiño Livingston, Manuela Livingston, Carlinton Polo, Alexander Polo Romero, Yagelis Girado Rodríguez,
Catalina Villero, Alva Rosa Medrano Bertel, Ana Clara García A, Nelson Girado García, Aniluz Girado Matorel,
Gladys Hurtado Madrid, Ana Isabel Cardales, Rubén Girado García, Jhonatan Girado Rodríguez, Carmen Calle
Guerrero, Maricela Calle Guerrero, Rafael Calle Guerrero, Cesar Calle Guerrero, Sonia Calle Guerrero, Justina
Calle Guerrero, Daniel Calle Guerrero, Abel Licona Arévalo, Eduardo Girado García, Maigualida Folbert, Rafael E.
Matorel, Luis Carlos Piñeres, Yuranis Folbert Torres, Delida García, Ana Patricia Zúñiga, Roberto Camargo, Andy
Villero, Daniela Torres, Máxima Canencia Kutt, Rosa Acira Maldonado, Alejandro Torres, Ana Clara Torres
Maldonado, Liseth Girado González, Leidiz Gonzáles, Maricruz González, Rosminia Licona, Agustín González,
Saiden Torres, Francisco Torres, Marcisis González, Yorleidis Gómez, Etilvia Bravo, Carlos Forbes Rocha, Ana
Tirado Contreras, Elinequis Tirado Contreras, Etis Forbes Rocha, Luis Alejandro Torres Camargo, Gray Forbes
Rocha, Emerson Torres Bravo, Libardo Torres, Deive Girado, Delsa Torres, Bravo, Edeisy Girado, Rubiela Torres
Bravo, Miguel Pacheco, Silvia Pantoja, Angelia Pacheco, José Francisco Torres, Dagoberto Zúñiga Girado,
Yodelcy Torres Llerena, Armando Torres, Yobanela Torres, Enith Oviedo, Felix Manuel Brallan Martínez, Verónica
Brallan Ospino, Sergio Andrés Faneite Brallan, Luis Enrique Brallan Ospino, Jarvis Brallan Ospino, Lurders Brallan
Pacheco, Andrés Elías Brallan Jirado, Minerba Ospino Rambais, Yira Cardales Rodríguez, Viviana Arévalo Arévalo,
Enry de Ávila Arévalo, Lacides Morales Arévalo, Marlenis Arévalo Arévalo, Norberto Arévalo Arévalo, Mirella
Arévalo Arévalo, Argenida Arévalo Guerrero.
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II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar
A pesar de que el tutelante no presentó escrito de impugnación, dicha omisión no
impide que la Sala estudie los fundamentos fácticos y jurídicos del aludido fallo, toda
vez que el artículo 31 2 del Decreto 2591 de 1991 solo exige que el escrito de
impugnación se presente de manera oportuna, es decir, dentro de los 3 días siguientes
a la notificación de la determinación judicial.
En el mismo sentido, en virtud del principio de informalidad de la acción tutela, no se
exige que en la impugnación se expliquen los motivos de inconformidad con la
sentencia de primera instancia, sino que sea presentada oportunamente3.
Lo anterior aconteció, porque la sentencia impugnada se comunicó electrónicamente
el 5 de junio de 2024, quedó notificada el 7 de junio de 2024 y el demandante envió el
correo electrónico de impugnación el 13 del mismo mes y año.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
señor Fernando Ferri Flórez para amparar el derecho fundamental de petición,
presuntamente vulnerado por la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la
República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio del Interior y el Grupo Argos S.A., al no proferir respuesta a la petición
radicada el 1 de noviembre de 2023, como apoderado de la comunidad Santana
ubicada en la Isla Barú.
La Sala anticipa que modificará la sentencia de primera instancia, para, en su lugar,
(iii) declarar la carencia actual de objeto por superado respecto a la Vicepresidencia
de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior; y (ii)
negar el amparo constitucional frente a la Presidencia de la República, el Grupo Argos
S.A., y la Defensoría del Pueblo.
Para resolver, la Sala se referirá al: (i) derecho fundamental de petición y (ii) analizará
el caso concreto.
3. Derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las
autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con
evasivas o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la
solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta
oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la
respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de
su competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la
2 «Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato […]».
3 Al respecto, ver sentencia T-538 de 2017.
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decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido;
y (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición
presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
4. Análisis del caso concreto
En el asunto objeto de análisis, si bien el señor Fernando Ferrari Flórez alega que se
vulneraron los derechos fundamentales de petición, debido proceso, mínimo vital y
dignidad humana, lo cierto es que la discusión se centra en el desconocimiento del
derecho de petición, pues asegura que no se ha dado respuesta a una solicitud que
radicó como apoderado de la comunidad ancestral Santana ubicada en la Isla Barú.
La Sala encuentra acreditado que, el 1° de noviembre de 2023, vía correo electrónico,
la parte demandante presentó petición al Presidente de la República, a la
Vicepresidente de la República, a la Procuradora General de la Nación, al Defensor
del Pueblo y al Presidente del Grupo Argos S.A., en la cual realizó las siguientes
solicitudes:
PRIMERO: SOLICITESE (sic), al Doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO en calidad de
Presidente de la Republica o (sic) ordene a quien corresponda, propiciar las mesas de trabajo con
la entidad ARGOS para buscar un arreglo frente al tema de las tierras que actualmente está
ocupando en ejercicio de su actividad Económica (sic).
SEGUNDO: SOLICITESE (sic) a la Doctora FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA, en calidad de
Vicepresidente de la República de Colombia y Ministra de la Igualdad a tener en conocimiento dicha
situación de la población de Santana en la Ciudad de Cartagena de Indias y coadyuve referida labor
desde la esfera de su competencia.
TERCERO: SOLICITESE (sic), a la Doctor (sic) MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO, en
calidad de Procuradora General de la Nación o que haga sus veces preste la garantía en calidad
de ministerio público, para que no se sigan vulnerando los derechos de la comunidad de Santana.
CUARTO: SOLICITESE (sic), de manera reiterada al doctor JORGE MARIO VELASQUEZ En
calidad de Presidente de la compañía ARGOS, reunión para concertar con la comunidad la
propiedad y tenencia de los terrenos usufructuados por ustedes en la ISLA DE BARU, en la ciudad
de Cartagena
QUINTO: SOLICITESE (sic), al Doctor CARLOS CAMARGO ASSIS en calidad de Defensor del
Pueblo a nivel nacional o que haga sus veces preste la garantía en calidad de ministerio público,
para que no se sigan vulnerando los derechos de la comunidad de Santana 4.
También está probado que, con oficio OFI23-00214320 / GFPU 12000000 del 16 de
noviembre de 2023, la Presidencia de la República informó al señor Fernando Ferrari
Flórez que su solicitud sería trasladada por competencia al Ministerio del Interior y
ese oficio fue enviado al correo electrónico de la parte actora ese mismo día. Además,
mediante oficio OFI23-00214323 / GFPU 12000000 del 16 de noviembre de 2023, la
Presidencia de la República remitió, por competencia, la solicitud del señor Fernando
Ferrari Flórez al Jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, lo que ocurrió por correo
electrónico de la misma fecha5.
Adicionalmente, la Sala advierte que, mediante oficio del 1 de diciembre de 20236, la
representante legal del Grupo Argos S.A. dio respuesta a la petición, y la remitió el 4
de diciembre de 2023 por correo electrónico al tutelante.
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La multinacional manifestó que se encuentra comprometida con las comunidades de
la Isla Barú y su desarrollo sostenible, e indicó que «el 22 de diciembre de 2021, el
área jurídica de la Compañía sostuvo una reunión virtual con algunos miembros de la
Comunidad de Santana, a quienes les fueron solicitados unos documentos para
verificar la información que estos argumentaban, documentación que nunca fue
recibida por parte de Grupo Argos». También indicó que ostenta la titularidad de los
inmuebles que posee en la Isla Barú desde hace más de 40 años, que los adquirió en
legal y debida forma, y que ejerce desde su adquisición la posición pacífica e
ininterrumpida.
Así mismo, se probó que, con correo electrónico del 8 de abril de 2024 7 , la
Procuraduría Provincial de Cartagena le informó al tutelante que, dispuso dar inicio a
la actuación preventiva con el objeto de atender la solicitud de la comunidad de
Santana, relacionada con la garantía de derechos de la comunidad de Barú respecto
a la empresa Argos. Frente a los requerimientos a otras entidades, explicó que se
daría traslado a la Delegada para Asuntos Étnicos de la misma entidad.
En relación con la Vicepresidencia de la República, está acreditado que mediante
oficio OFI24-00065735 / GFPU 11000000 del 9 de abril de 2024 se informó al señor
Fernando Ferrari Flórez que, desde la jefatura del despacho presidencial se dio
traslado de la petición al Ministerio del Interior; y ese oficio fue enviado al correo
electrónico de la parte actora ese mismo día8.
También está demostrado que a través de correo electrónico del 30 de abril de 20249,
el Ministerio del Interior dio respuesta10 a la petición del señor Ferrari Flórez, y le indicó
que, dentro del registro de los censos de la población, no se identificó ni se encontraba
registrada la «comunidad de Santana», pese a que el origen del reconocimiento es
decisión de las comunidades indígenas.
Además, manifestó que el espacio de diálogo solicitado podía propiciarse, pero para
ello era necesario agotar una reunión con la comunidad, con el objetivo de identificar
la situación actual, el proyecto objeto de la situación, y determinar las actuaciones
necesarias para la garantía de los derechos.
Para ello, se le indicó al tutelante lo siguiente: «[c]on el fin, de generar una articulación
para el diálogo inicial se podrá comunicar al correo electrónico
german.carlosama@mininterior.gov.co, con el objetivo de establecer unas fechas
para reunirnos con la comunidad».
De lo anterior, la Sala concluye que, contrario a lo afirmado por el demandante, la
petición que presentó ante la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la
Procuraduría General de la Nación, el Grupo Argos S.A., el Ministerio del Interior por
traslado, fueron contestadas de fondo y al correo electrónico indicado
ferrariflorezabogado@hotmail.com.
Respecto a la Presidencia de la República y el Grupo Argos S.A., la Sala encontró que
las respuestas a la petición fueron del 16 de noviembre y 4 de diciembre de 2023
respectivamente, esto es, anteriores a la fecha de presentación de la acción de tutela,
que ocurrió el 18 de marzo de 2024, por lo que no hubo vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
En cuanto a las respuestas de la Procuraduría General de la Nación, la
Vicepresidencia de la República, y el Ministerio del Interior, la Sala advierte que se
7 Samai, índice 11, documento 6C55A48A06C1E91E 71BBDA5E264F5BF5 5D80034862718F1C
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remitieron el 8, 9 y 30 de abril de 2024, es decir, con posterioridad al inicio del trámite
de la presente acción constitucional, lo que es suficiente para declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Por último, en relación con la Defensoría del Pueblo, la Sala encuentra que la petición
no fue enviada a través de los mecanismos electrónicos dispuestos por esa entidad
para la recepción de peticiones, pues en la página web11 de la entidad se encuentra
publicado el acceso al formulario del Registro Único de Peticiones -RUP-, así:
De hecho, la petición se envió al correo electrónico juridica@defensoria.gov.co, que
es el buzón dispuesto para notificaciones judiciales, frente al cual la entidad advierte
en su página web que: «La Defensoría del Pueblo, cuenta con un buzón para
notificaciones judiciales tal y como lo establece la Ley 1437 de 2011, el cual está
disponible única y exclusivamente para el recibo de notificaciones por parte de los
órganos judiciales, razón por la cual los mensajes que no correspondan a dicho uso
no serán tramitados»12.
Siendo así, como la petición del señor Fernando Ferrari López no se envió a un correo
dispuesto ni habilitado por la Defensoría del Pueblo para la radicación de peticiones,
no es posible exigirle una respuesta. Esta posición ha sido reiterada por la Sala en
otras providencias13.
11 https://www.defensoria.gov.co/notificaciones-judiciales
12 Ibidem.
13 Ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 8 de febrero de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2023-
07198-00, CP. Wilson Ramos Girón; Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02419-00,
CP. Wilson Ramos Girón.
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En consecuencia, la Sala modificará la decisión del a quo, para, en su lugar, declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la Procuraduría General
de la Nación, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior; y frente a
las demás entidades denegará las pretensiones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Modificar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta
providencia. En su lugar:
2. Declarar la carencia actual de objeto respecto a las pretensiones formuladas por
Fernando Ferrari Flórez contra la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría
General de la Nación y el Ministerio del Interior.
3. Denegar las pretensiones presentadas por Fernando Ferrari Flórez contra la
Presidencia de la República, el Grupo Argos S.A. y la Defensoría del Pueblo.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva parcialmente el voto
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