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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07241-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07241-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 1. Declarar ajustado al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria que culminó con la decisión del 3 de agosto de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, en la 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-07241-00 Recurrente: Gustavo Adolfo Marín Taborda cual se sancionó con suspensión del ejercicio del cargo al señor Gustavo Adolfo Marín Taborda en su calidad de concejal del municipio de Támesis para el periodo 2020-2023, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación, una vez ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07241-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

12 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07241-00
Recurrente: Gustavo Adolfo Marín Taborda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 12

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C. doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07241-00
Recurrente: Gustavo Adolfo Marín Taborda
Providencia: Decisión del 3 de agosto de 2023 de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General
de la Nación

Temas: Recurso extraordinario de revisión contra decisión disciplinaria.
Sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad de servidores
públicos de elección popular. Control integral.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Doce Especial de Decisión procede a la revisión integral de la actuación disciplinaria
que culminó con la decisión del 3 de agosto de 2023 proferida por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la
Nación (en adelante PGN)1.

ANTECEDENTES

1. La instrucción disciplinaria

El 21 de julio de 2020, en atención a las diligencias preventivas realizadas por la Personería
Municipal de Caramanta (Antioquia), la Procuraduría Provincial de Amagá (Antioquia) dio
inicio a la indagación preliminar2 contra el señor Gustavo Adolfo Marín Taborda, en su
calidad de concejal del municipio de Támesis (Antioquia) para el periodo 2020-2023, por
celebrar contrato de prestación de servicios profesionales con la E.S.E. Hospital San
Antonio del municipio de Caramanta, pese a que podría estar incurso en una inhabilidad
para contratar.

El 9 de marzo de 2021, la Procuraduría Provincial de Amagá ordenó que se tramitara la
actuación por el procedimiento verbal previsto en la Ley 734 de 2002 3, formuló pliego de
cargos y citó a audiencia pública4. De manera provisional, calificó la conducta del señor
Marín Taborda como falta disciplinaria gravísima (Art. 48, núm. 17 CDU), esto es, actuar a
pesar de la existencia de causales de incompatibilidad o inhabilidad previstas en la
Constitución y la ley. Se le atribuyó la conducta a título de dolo, porque en los documentos
diligenciados y entregados a la entidad contratante, el acusado adujo no estar incurso en
inhabilidades ni en incompatibilidades.

1 Expediente disciplinario IUS E-2020-343534 / IUC D-2020-1551972.
2 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 78 a 84.
3 “Por la cual se expidió el Código Disciplinario Único”, en adelante CDU.
4 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 120 a 141.

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Recurrente: Gustavo Adolfo Marín Taborda

El 6 de abril de 2021, se dio apertura a la audiencia5 en la cual el disciplinado rindió versión
libre, presentó descargos, y se decretaron las pruebas. El 13 de abril de 2021, se reanudó
la audiencia para la práctica de pruebas; y el 26 de abril de 2021, se continuó con la
audiencia para alegatos de conclusión6.

2. El juzgamiento disciplinario

El 17 de junio de 2021, la Procuraduría Provincial de Amagá profirió la decisión de primera
instancia7, en la cual declaró disciplinariamente responsable al señor Marín Taborda por la
comisión de una falta gravísima (Art. 48, núm. 17 CDU), por actuar en contravía del principio
de moralidad administrativa, a título de culpa grave, y sin que se hubiere configurado una
causal eximente de responsabilidad. Puntualmente, se sancionó al concejal porque celebró
un contrato con una E.S.E., pese a estar incurso en la inhabilidad descrita en el artículo 127
de la Constitución Política8, en concordancia con los literales a) y f) del numeral 1 del artículo
8 de la Ley 80 de 19939 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 200710. En consecuencia, le
impuso la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 5 meses.

El señor Marín Taborda interpuso recurso de apelación11. Adujo que, no se configura la
causal de incompatibilidad para celebrar y ejecutar contrato con la ESE Hospital San Antonio
de Caramanta, debido a que los concejales tienen una regulación propia y especial con
respecto a la Ley 80 de 1993, y la E.S.E. no prestó ni ofreció servicios de seguridad social
en salud en el municipio de Támesis. Además, explicó que no se tuvo en cuenta como
atenuante para la graduación de la sanción la terminación anticipada del contrato y la
ejecución cero.

El 3 de agosto de 2023, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular de la PGN confirmó parcialmente la primera instancia12, dado que declaró
disciplinariamente responsable al señor Gustavo Adolfo, pero revocó la sanción de
inhabilidad especial y re-dosificó el término de la suspensión a tres meses. Sostuvo que se
cometió la falta gravísima (Art. 48, núm. 17 CDU), dado que el señor Marín Taborda, en
calidad de miembro de una corporación pública, actuó a pesar de estar incurso en la causal
de inhabilidad, pues celebró contrato con una entidad estatal, vulneró el principio de
moralidad administrativa, y lo hizo a título de culpa grave.

Por auto del 17 de agosto de 202313, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la PGN corrió traslado para que el disciplinado ejerciera su
derecho de defensa previo al control por parte de esta jurisdicción.

5 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 145 a 151.
6 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 156 a 185.
7 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 201 a 232.
8 “ARTICULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de

otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo
las excepciones legales”.
9 “ARTÍCULO 8. De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar: 1o. Son inhábiles para participar en licitaciones

o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para
contratar por la Constitución y las leyes. (…) f) Los servidores públicos”.
10 “ARTÍCULO 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de

contratación de la administración pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de
su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.
11 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 235 a 267.
12 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 301 a 327.
13 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 336 a 340.

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El 28 de noviembre de 2023, la PGN remitió el proceso disciplinario al Consejo de Estado,
sin que el investigado hubiera presentado recurso extraordinario de revisión.

3. Del trámite en el Consejo de Estado

El 30 de noviembre de 2023, la Secretaría General remitió el expediente al Despacho del
consejero de Estado Fredy Ibarra, quien manifestó impedimento para conocer del asunto.

Mediante auto del 29 de enero de 2024, la Sala Doce Especial de Decisión declaró fundado
el impedimento, y le correspondió su conocimiento al consejero de Estado Wilson Ramos
Girón.

Por auto del 26 de junio de 2024, se ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil para
que certificara si el señor Gustavo Adolfo Marín Taborda ha ejercido o ejerce cargos de
elección popular, e identificara los cargos y los periodos respectivos.

El 15 de julio de 2024, la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó respuesta en la cual
informó que el señor Marín Taborda participó en las elecciones territoriales del año 2019, y
tras obtener la segunda mayor votación para la Alcaldía de Támesis, aceptó la curul del
concejo municipal para el periodo 2020-2023.

A través de auto del 11 de septiembre de 2024, se avocó conocimiento del recurso
extraordinario de revisión, y se ordenó notificar personalmente al disciplinado, a su
apoderado, a la PGN, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

Con auto del 20 de enero de 2025, se decretaron como pruebas los documentos aportados
por la PGN; y se corrió traslado mediante fijación en lista del 29 de enero de 2025.

4. Intervenciones en el Consejo de Estado

El señor Marín Taborda, la PGN, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio en todo el trámite del recurso extraordinario de
revisión, pese a que fueron notificados en debida forma.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 238 B de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 14
de la Ley 2094 de 2021, en concordancia con el artículo 125.2 de la Ley 1437 de 2011 15, el
Acuerdo No. 080 de 2019 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, y el auto de
unificación del 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de
esta Corporación16, la Sala Doce Especial de Decisión es competente para resolver el
recurso extraordinario de revisión.

14 “ARTÍCULO 55. Adiciónese el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: Artículo 238B. Competencia.

Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las
decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de
Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas
por el Procurador General de la Nación”.
15 “ARTÍCULO 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las

siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…)”.
16 Exp. 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU), CP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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2. Problema jurídico

De manera preliminar, la Sala Especial de Decisión advierte que el disciplinado no presentó
recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, ello no es impedimento para que esta Sala
se pronuncie, debido a que el recurso de revisión es automático e inmediato, y opera de
manera oficiosa.

En el presente caso, el problema jurídico consiste en realizar el control integral de la
actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, que culminó
con la decisión del 3 de agosto de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular, en la cual se sancionó con suspensión del
ejercicio del cargo al señor Gustavo Adolfo Marín Taborda en su calidad de concejal del
municipio de Támesis para el periodo 2020-2023.

Para ello, la Sala (i) examinará los aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
y, (ii) realizará un control integral de la actuación disciplinaria.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

En cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Petro Urrego vs. Colombia17, el Congreso de la República expidió la Ley 2094 de
202118, que en el artículo 54 creó el recurso extraordinario de revisión “contra las decisiones
sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio
de la potestad disciplinaria jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos absolutorios y los
archivos, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos o, el derecho internacional
humanitario. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas
por el Procurador General de la Nación”.

Según el artículo 5619 de la referida ley, se consagraron como causales de revisión de las
decisiones disciplinarias las siguientes:

1. Violación directa de la ley sustancial.

2. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la apreciación de la
prueba.

3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.

4. Por nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

5. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria.

6. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión, documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de tercero.

7. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

8. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada por un delito
del funcionario que profirió la decisión o de un tercero.

9. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado se modifique
favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión recurrida.

17 Sentencia del 8 de julio de 2020. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Consultada el 4 de febrero

de 2024 en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_406_esp.pdf
18 Modificó la Ley 1952 de 2019.
19 Adicionó el artículo 238C de la Ley 1952 de 2019.

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Posteriormente, en la sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional estudió la
constitucionalidad de varios artículos de la Ley 2094 de 2021 y señaló que la imposición
definitiva de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de
elección popular corresponde al juez de lo contencioso administrativo, de modo que, “es
necesario entender que la activación del recurso automático de revisión exige que el
sancionado esté en ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los
medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

En aras de llenar de contenido normativo algunos lineamientos que sentó la Corte
Constitucional y de señalar el alcance de los artículos de la Ley 2094 de 2021, que regulan
el recurso extraordinario, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado profirió auto de unificación el 3 de diciembre de 2024 20, en relación con la
procedencia y trámite del recurso extraordinario de revisión para asegurar la efectividad de
los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

De acuerdo con lo anterior, el mencionado auto de unificación jurisprudencial fijó unas reglas
temporales del recurso extraordinario de revisión, hasta que el legislador supla el vacío
regulatorio. Las reglas fijadas son las siguientes:

Primera regla:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad
emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión
e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en
ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el
mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción
comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas.

Segunda regla:
La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de revisión, esto es, hasta
la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve definitivamente el recurso de revisión.

Tercera regla:
El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la
decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de la Nación, tendrá derecho a formular
cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas
en el procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o través de apoderado
para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la legitimidad, oportunidad
y sustentación de los motivos de inconformidad.

Cuarta regla:
El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento, el cual debe
notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de
los cinco (5) días siguientes, podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección
popular, en su escrito de intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla:
En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la
procuraduría, procederá el recurso de doble conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247
del CPACA.

Sexta regla:
El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por las Salas Especiales de
Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala Especial de Decisión que siga en orden
numérico.

20 Exp. 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU), CP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Séptima regla:

El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la constitucionalidad,
convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de la procuraduría y de sus decisiones
sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

Respecto de la tercera regla de unificación, es importante resaltar que, dentro del
razonamiento de esta Corporación se sostuvo que:

…según la sentencia C-030 de 2023, “el trámite no está supeditado a las causales taxativas de
procedencia”, lo que implica que el sujeto disciplinado puede formular reparos con fundamento en las
causales del artículo 56 de la Ley 2094, como también por vicios de validez del acto sancionatorio. En
uno u otro caso, el disciplinado debe exponer con claridad las razones que sustentan su inconformidad.
A su turno, el Consejo de Estado podrá fundar su decisión en los argumentos expuestos por el
sancionado, como por cualquier causal genérica de nulidad prevista en el inciso segundo del artículo
137 del CPACA.

En esa medida, las causales de revisión del recurso extraordinario no están limitadas a las
del artículo 56 de la Ley 2094, sino que también procede por las causales de nulidad de los
actos administrativos, contempladas en el artículo 137 del CPACA.

Por ende, el recurso extraordinario de revisión contra las decisiones disciplinarias también
procede cuando los actos administrativos hayan sido expedidos: (i) con infracción de las
normas en que deberían fundarse; (ii) sin competencia; (iii) de forma irregular; (iv) con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa motivación o (vi)
con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Ahora, en cuanto a la séptima regla de unificación, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo adujo que, el examen integral implica cotejar la actuación disciplinaria con
todo el ordenamiento jurídico superior y concluyó:

Así las cosas, el control integral, supone que el juez al decidir el asunto no está sometido únicamente a
los cargos o alegaciones señalados por el servidor público sancionado, sino que garantía de la reserva
judicial impone un análisis más amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa
sancionatoria bajo los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las
sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de
inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad, derecho a la defensa, proporcionalidad y
razonabilidad de la sanción, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios
e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar la calificación de la falta y la
imposición de la sanción, sin afectar el principio de la no reformatio in pejus, entre otros aspectos.

En suma, con independencia de si se presenta o no recurso extraordinario de revisión, el
juez de lo contencioso administrativo está en la obligación de estudiar las causales de
nulidad contempladas en el artículo 137 del CPACA y además realizar un control integral de
la actuación y las decisiones disciplinarias, que incluye las causales de revisión consagradas
en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021.

Así las cosas, para realizar el control integral, esta Sala Especial de Decisión elaborará una
integración normativa y jurisprudencial de los criterios señalados previamente, partiendo de
las causales de revisión contempladas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, de las
causales de nulidad del artículo 137 del CPACA y de cada una de las actuaciones del
proceso disciplinario.

En consecuencia, para dar solución al caso concreto, el control integral consistirá en
determinar si en la actuación disciplinaria se incurrió en alguna de las siguientes
circunstancias:

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i. Violación directa de la ley sustancial, en el cual se analizará el régimen disciplinario,
el procedimiento, la competencia, los sujetos disciplinables, y la prescripción y
caducidad de la acción.

ii. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la apreciación
de la prueba.

iii. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo, en el que se examinará la
motivación de los elementos que configuran la responsabilidad disciplinaria y las
causales eximentes de responsabilidad.

iv. Nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

v. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria, sumado al
principio de favorabilidad.

vi. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de tercero.

vii. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

viii. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada
por un delito del funcionario que profirió la decisión o de un tercero.

ix. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado se
modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión recurrida.

x. Cuando los actos administrativos hayan sido expedidos: (i) con infracción de las
normas en que deberían fundarse; (ii) sin competencia; (iii) de forma irregular; (iv)
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa
motivación o (vi) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

4. Control integral en el caso concreto

En los términos expuestos, la Sala procederá a verificar en el caso concreto las
circunstancias previamente planteadas. Veamos.

4.1. Violación directa de la ley sustancial

Le corresponde a la Sala estudiar el régimen disciplinario aplicable, y a partir de ello, analizar
(i) el procedimiento, (ii) la competencia, (iii) los sujetos disciplinables y (iv) la prescripción y
caducidad de la acción.

Lo primero que se debe precisar es que la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único
(CDU), rige para todos los hechos que hubieren ocurrido durante su vigencia, esto es, desde
el 5 de mayo de 2002.

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Sin embargo, con posterioridad, el 28 de enero de 2019, se profirió la Ley 1952 de 201921 o
Código General Disciplinario (CGD), que en el artículo 263 transitorio -en su redacción
original- señaló que “[l]os procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de
apertura de investigación disciplinaria o de citación a audiencia al entrar en vigencia la
presente ley continuarán tramitándose de conformidad con las ritualidades consagradas en
el procedimiento anterior”.

Luego, el 25 de mayo de 2019, se expidió la Ley 1955 de 201922, con la cual se prorrogó la
entrada en vigencia del CGD hasta el 1 de julio de 2021; y el 29 de junio de 2021, se profirió
la Ley 2094 de 202123, que postergó la entrada en vigencia del CGD hasta el 29 de marzo
de 2022.

Así las cosas, en el caso concreto, como los hechos que dieron origen al ejercicio de la
acción disciplinaria ocurrieron en 2020, y para la fecha en que entró a regir la Ley 1952 de
2019 (29 de marzo de 2022), ya se había proferido auto que citó a la audiencia de que trata
el artículo 177 del CDU (9 de marzo de 2021), el régimen jurídico aplicable era la Ley 734
de 2002.

Tras revisar el expediente, esta Sala Especial de Decisión encuentra que, de manera
acertada, las autoridades disciplinarias dieron aplicación al CDU durante todo el
procedimiento administrativo.

4.1.1. Procedimiento

La Ley 734 de 2002 consagraba únicamente un procedimiento ordinario, pero con las
modificaciones de la Ley 1474 de 201124, se crearon unos procedimientos especiales,
dentro de los cuales se reguló el procedimiento verbal.

En el artículo 175 del CDU se establece que, el procedimiento verbal se aplica en los
siguientes casos: (i) cuando el sujeto disciplinado sea sorprendido en el momento de la
comisión de la falta, o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución
de la conducta, o (ii) cuando haya confesión, o (iii) cuando la falta sea leve, o (iv) cuando se
trate de las faltas gravísimas contempladas en los numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 del artículo 48 de la referida
ley, o (v) cuando al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos.

A su vez, el artículo 162 del CDU consagra que, se formulará pliego de cargos cuando esté
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del
investigado.

Adicionalmente, el artículo 177 del CDU dispone que, una vez se califique que se va a seguir
la actuación disciplinaria por el procedimiento verbal, el funcionario competente debe citar
a audiencia, a la cual debe asistir el investigado (solo o con apoderado) para rendir versión
libre de los hechos, aportar y solicitar pruebas (se practican en la misma diligencia), y

21 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones

de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”. En adelante, CGD.
22 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
23 Si bien la Ley 2094 mantuvo el término de 5 años para notificar el fallo de primera instancia y de 2 años para notificar el

de segunda instancia, so pena de que operara la prescripción de la acción disciplinaria, se modificó la forma de computar
dicho plazo, pues con la modificación de la Ley 2094 se cuenta “desde la notificación del fallo de primera instancia” y con
la Ley 1952 original “a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión”.
24 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
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presentar alegatos de conclusión. Una vez concluidas las intervenciones, se profiere la
decisión de manera verbal y procede el recurso de apelación, que se sustenta en audiencia.

En el caso concreto, la Sala advierte que, mediante auto del 9 de marzo de 202125, la
Procuraduría Provincial de Amagá ordenó que la actuación disciplinaria se tramitara por el
procedimiento verbal, debido a que estaba objetivamente demostrada la falta y existían
pruebas que comprometían la responsabilidad del investigado. En efecto, se encontró que
obraba un contrato de prestación de servicios profesionales26, el cual comprometía
presuntamente la responsabilidad del disciplinado.

Asimismo, se agotaron las etapas previstas en el ordenamiento jurídico aplicable, esto es,
indagación preliminar27, formulación de cargos y designación del trámite aplicable28,
alegatos de conclusión29, fallo de primera instancia30, interposición31 y decisión del recurso
de apelación32, notificaciones en debida forma33, designación de apoderado judicial34, y la
participación en las audiencias35.

Revisada la actuación administrativa, se concluye que, tanto en primera como en segunda
instancia, se dio aplicación al procedimiento verbal y se respetaron las etapas consagradas
en el CDU, de forma tal que no se advierten irregularidades que impliquen la vulneración
del derecho al debido proceso.

4.1.2. Sujetos de la acción disciplinaria

El artículo 25 de la Ley 734 de 2002 define que los destinatarios de la ley disciplinaria son
los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio.

A su vez, el artículo 123 de la Constitución Política dispone que son servidores públicos “los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”. El artículo 312 superior señala
que “[e]n cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida
popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal”.

En esa medida, los concejales son servidores públicos porque son miembros de
corporaciones públicas de elección popular y, por ende, son sujetos disciplinables en los
términos del CDU.

Tras revisar el expediente, se encontró que el señor Gustavo Adolfo Marín Taborda obtuvo
la segunda mayor votación para la alcaldía de Támesis, por lo que tenía derecho a ocupar
una curul en el concejo municipal para el periodo 2020-202336 y se posesionó en el cargo
el 2 de enero de 202037, por lo que podía ser destinatario de la acción disciplinaria.

25 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 120 a 141.
26 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 27 a 31.
27 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 78 a 83.
28 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 120 a 141.
29 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 156 a 185
30 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 201 a 232.
31 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 235 a 267.
32 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 301 a 327.
33 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 85 a 87, 100 a 103, 328 a 335.
34 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 147 y 148.
35 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 145, 149 y 155.
36 Samai, Índice 22.
37 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 60.

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4.1.3. Competencia

El artículo 7638 del Decreto Ley 262 de 200039 estableció que es función de las
Procuradurías Distritales y Provinciales conocer en primera instancia los procesos
disciplinarios que se adelanten contra los alcaldes y los concejales de municipios que no
sean capital de departamento.

Sin embargo, con el Decreto 1851 de 202140 (que entró a regir el 29 de marzo de 2022) se
reconfiguró la planta de personal de la PGN y se cambió la estructura y funcionamiento de
algunas dependencias, en atención a las reformas del proceso disciplinario implementadas
con la Ley 2094 de 2021.

Puntualmente, en el literal b) del numeral 3 del artículo 11 del Decreto 1851 de 2021, que
modificó el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, se estableció que la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular “[c]onocer[ía] de los recursos
de apelación y de queja, (…), en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de
los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones contra
servidores públicos de elección popular”.

En el caso concreto, como el sujeto disciplinable es el concejal de Támesis, un municipio
que no es la capital del departamento de Antioquia, la Procuraduría Provincial de Amagá y
la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de la PGN estaban facultadas
respectivamente para adelantar las etapas de instrucción y juzgamiento del proceso
disciplinario.

4.1.4. La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria

El artículo 29 de la Ley 734 de 2002 consagra la prescripción como causal de extinción de
la acción disciplinaria, la cual ocurre por el paso del tiempo sin que se haya adelantado y
definido el proceso disciplinario. El artículo 30 de la misma disposición normativa establece
que la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde
el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto.

En sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado41 adoptó la tesis de que “imponer la sanción
disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo
de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve

38 “ARTÍCULO 76. Procuradurías provinciales y distritales de instrucción. Las procuradurías provinciales y distritales de

instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones: 1. Conocer de las actuaciones
disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos
disciplinables: a. Los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, los concejales de estos, los personeros,
personeros delegados, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y
organismos descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra
servidores públicos del orden distrital o municipal, según el caso”.
39 “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de

Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”.
40 “Por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la

Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los
funcionarios que los ocupaban a donde pasaren a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o
cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan
otras disposiciones”.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009, CP. Susana

Buitrago Valencia, Rad. 11001-03-15-000-2003-00442-01.
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y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria”42. En otras palabras, la notificación
del acto de primera instancia es el que define si la conducta investigada es constitutiva de
falta disciplinaria, y no el que resuelve los recursos de la sede administrativa.

El artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 30 mencionado, y separó las
figuras de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria en los siguientes términos:

La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha
proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las
faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción
disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se
cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados
internacionales que Colombia ratifique.

En suma, bajo la vigencia del CDU, modificado por la Ley 1474 de 2011, para que no se
configure la caducidad de la acción disciplinaria, el auto de apertura de la investigación debe
proferirse dentro de los 5 años siguientes a la ocurrencia de la falta; y para que no opere la
prescripción de la acción disciplinaria, la decisión de primera instancia debe expedirse
dentro de los 5 años posteriores al auto de apertura de la investigación.

De otra parte, cuando se aplica el procedimiento verbal, según el último inciso del artículo
17543 del CDU, la caducidad y la prescripción se contabilizan desde el auto que cita a
audiencia.

Con la expedición de la Ley 1952 de 201244, se eliminó el fenómeno de la caducidad de la
acción disciplinaria y se modificó la forma de contar la prescripción, así:

ARTÍCULO 33. La acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados para las faltas de ejecución
instantánea desde el día de su consumación, para las de ejecución permanente o continuada, desde la
realización del último acto y para las omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. La
prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En este
evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria
tendrá un término de dos años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la
decisión.

Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce años,
el cual se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En este
evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria
tendrá un término de tres años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la
decisión. (…).

42 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia del 21 de mayo de 2019, CP. César

Palomino Cortés, Exp. 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), insistió en la postura unificada, para señalar que “de acuerdo
con este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala reitera que la sanción disciplinaria se entiende impuesta con la
expedición y notificación del acto principal que la contiene, siendo éste el que concluye la actuación administrativa y que
se tiene en cuenta para efectos de la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria”. Ese criterio ha sido reiterado
por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 7 de febrero de 2019, CP. William Hernández Gómez, Exp. 3966-
14, al señalar que: “Para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria, la sanción debe entenderse impuesta con la
expedición y notificación del acto administrativo primigenio, independientemente del momento en que se resuelvan los
recursos de la vía gubernativa cuando se haga uso de ellos”. Ver también: Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
1 de agosto de 2018, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Exp. 0491-2017.
43 “ARTÍCULO 175. Aplicación del procedimiento verbal. (…) En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable,

si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para
proferir pliego de cargos se citará a audiencia”.
44 Expedida el 28 de enero de 2019.

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Sin embargo, según el artículo 265 del CGD45, el mencionado artículo 33 entraría a regir el
28 de julio de 2020, pero con el artículo 14046 de la Ley 1955 de 201947, se prorrogó la
entrada en vigor hasta el 1 de julio de 2021. No obstante, el 29 de junio de 2021, se expidió
la Ley 209448, que en su artículo 7 modificó el artículo 33 de la Ley 1952 de 2012, y en el
artículo 73 señaló que entraría a regir 30 meses después de su promulgación, es decir, el
29 de diciembre de 202349.

En el sub-lite, la Sala Especial de Decisión encuentra acertado que, para el cómputo de la
caducidad y la prescripción, las autoridades disciplinarias dieran aplicación a la Ley 734 de
2002, con las modificaciones de la Ley 147450, pues para el momento en que se profirió la
decisión de segunda instancia (3 de agosto de 2023) no había entrado a regir el artículo 7
de la Ley 2094 de 2021.

En el caso concreto, la Sala advierte que la falta disciplinaria es instantánea porque se
materializó en un único momento, esto es, con la celebración del contrato de prestación de
servicios profesionales (8 de mayo de 2020)51. Eso implica que, desde el 8 de mayo de 2020
al 8 de mayo de 2025, la autoridad disciplinaria podía proferir el auto que apertura la
investigación disciplinaria, formula pliego de cargos y cita a audiencia, so pena de que
operara la caducidad de la acción disciplinaria. Como el mencionado auto es del 9 de marzo
de 202152, no operó la caducidad en el caso concreto. A su vez, el término de 5 años para
que se profiriera y notificara la decisión de primera instancia transcurrió del 9 de marzo de
2021 al 9 de marzo de 2026, y como ello ocurrió en audiencia del 17 de junio de 202153, no
se configuró la prescripción de la acción disciplinaria.

Por ende, la Sala concluye que en el caso objeto de análisis no se configuró la prescripción
ni la caducidad de la acción disciplinaria.

4.2. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba.

Le corresponde a la Sala estudiar si las autoridades disciplinarias apreciaron conforme al
ordenamiento jurídico las pruebas que obran en el expediente disciplinario.

Al respecto, los artículos 128 a 142 de la Ley 734 de 2002 regulan el régimen probatorio del
procedimiento disciplinario, y consagran, entre otras cosas, que la carga de la prueba
corresponde al Estado54, que las pruebas deben apreciarse conjuntamente y de acuerdo
con las reglas de la sana crítica55, y que no se puede proferir fallo sancionatorio sin que obre

45 “ARTÍCULO 265. (…) Los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,

222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254, relativos al procedimiento reflejado en este
código, entrarán en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación”.
46 “ARTÍCULO 140. PRÓRROGA CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO. Prorróguese hasta el 1 de julio de 2021 la entrada

en vigencia de la Ley 1952 de 2019”.
47 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada

en el Diario Oficial No. 50.964 del 25 de mayo 2019.
48 Si bien la Ley 2094 mantuvo el término de 5 años para notificar el fallo de primera instancia y de 2 años para notificar el

de segunda instancia, so pena de que operara la prescripción de la acción disciplinaria, se modificó la forma de computar
dicho plazo, pues con la modificación de la Ley 2094 se cuenta “desde la notificación del fallo de primera instancia” y con
la Ley 1952 original: “a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión”.
49 “ARTÍCULO 73. Modifícase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: (…) PARÁGRAFO 2o. El artículo

7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia
el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011”.
50 En el mismo sentido se pronunció esta Corporación, en un caso similar al que aquí se debate. Sentencia del 30 de abril

de 2025, MP. Fernando Alexei Pardo Flórez, Exp. 11001-03-15-000-2023-07630-00.
51 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 27 a 30.
52 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 120 a 141.
53 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 201 a 232.
54 CDU, Art. 128.
55 CDU, Art. 141.

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en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado56.

En el caso concreto, las autoridades disciplinarias tuvieron por acreditado que el señor
Gustavo Adolfo Marín Taborda es abogado, pues se allegó el acta de grado 57 y la tarjeta
profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura58.

También encontraron probado que el señor Marín Taborda tomó posesión del cargo el 2 de
enero de 2020, pues obran en el expediente: certificación del 7 de julio de 2020 expedida
por el secretario del Concejo Municipal59, acta de posesión60, y credencial E-27 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil61.

Así mismo, se acreditó la relación contractual, pues se allegó el contrato de prestación de
servicios profesionales número 073 firmado por la Gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio
de Caramanta y el señor Marín Taborda el 8 de mayo de 202062; el acta de inicio del contrato
mencionado63; y el otro sí número 001 modificatorio del 12 de mayo de 202064.

Adicionalmente, obra en el expediente el formato único de hoja de vida65, en el cual el señor
Marín Taborda señaló que no se encuentra dentro de causales inhabilidad e
incompatibilidad del orden constitucional o legal para celebrar contratos de prestación de
servicios con la administración pública. También se encontró certificación suscrita por el
señor Marín Taborda con fecha del 8 de mayo de 202066, en la cual adujo:

En el mismo sentido, rindió declaración el subdirector Administrativo 67 de la E.S.E. para el
momento en que se celebró el contrato de prestación de servicios, quien afirmó que el
concejal manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causales de
inhabilidad o incompatibilidad.

También está probado que en julio de 2020 el señor Marín Taborda solicitó la terminación
anticipada del contrato de prestación de servicios porque “[r]evisando el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los servidores públicos, (…) pude constatar
56 CDU, Art. 142.
57 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 33.
58 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 34.
59 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 59.
60 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 60.
61 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 67.
62 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 27 a 30.
63 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 50 a 51.
64 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 52 a 56.
65 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 27 a 30.
66 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 49.
67 Samai, Índice 2, Archivo zip, Carpeta CD Folio 237, video 2. práctica de pruebas, minutos 15:34 a 29:20 y 20:28 a 20:45

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que me encuentro en una de esas causales, pues detento la calidad de Concejal del
Municipio de Támesis-Antioquia, la cual obtuve por elección popular para el periodo 2020-
2023”68, y se reintegró la disponibilidad presupuestal69.

Además, las declaraciones testimoniales coincidieron en que el disciplinado indagó si podía
celebrar un contrato con una entidad estatal70.

De la revisión del expediente, no se advierte que se hubiere incurrido en errores al valorar
las pruebas y que ello hubiese llevado a una conclusión fáctica o jurídica equivocada. Por
el contrario, para la Sala Doce Especial de Decisión, la valoración que efectuaron las
autoridades disciplinarias fue realizada en conjunto y conforme a la sana crítica, y permite
concluir que el señor Marín Taborda celebró el contrato de prestación de servicios con la
E.S.E., a pesar de estar inhabilitado para ello.

4.3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo

A efectos de determinar si existió congruencia en el procedimiento disciplinario, la Sala
examinará la motivación que llevó a las autoridades disciplinarias a declarar la
responsabilidad. Para ello, de conformidad con los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002,
se estudiarán los elementos que configuran la responsabilidad disciplinaria, así: (i) la
tipicidad, (ii) la ilicitud sustancial, (iii) la culpabilidad y, por último, (iv) las causales
excluyentes de responsabilidad.

4.3.1. Tipicidad

Para definir este elemento, hay que referirse al principio de legalidad y al juicio de
adecuación típica de la conducta71.

Frente al principio de legalidad, el artículo 4 de la Ley 734 de 2002 establece que, el servidor
público sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que
estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. Las faltas
disciplinarias pueden ser gravísimas, graves o leves72. Las gravísimas se encuentran
taxativamente señaladas en el artículo 48 del CDU, y las demás (grave o leve) se determinan
conforme los criterios del artículo 43 de la misma norma73.

Al respecto, es importante precisar que, constituye falta disciplinaria74 la incursión en
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el CDU, que conlleve
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y

68 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 116.
69 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 117 y 118.
70 Samai, Índice 2, Archivo zip, Carpeta CD Folio 237, video 2. práctica de pruebas, minutos 45:43 a 46:40.
71 Corte Constitucional, C-818 de 2005. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP. César Palomino Cortés,

sentencia del 2 de octubre de 2020, Exp. 11001-03-25-000-2012-00210-00 (0829-12).
72 CDU, Art. 42.
73 “ARTÍCULO 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente

señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 1. El
grado de culpabilidad; 2. La naturaleza esencial del servicio; 3. El grado de perturbación del servicio; 4. La jerarquía y
mando que el servidor público tenga en la respectiva institución; 5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio
causado; 6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado
empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se
derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un
superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil
prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas; 7. Los motivos determinantes del comportamiento; 8.
Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos; 9. La realización
típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”.
74 CDU, Art. 23.

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conflictos de intereses, siempre que no esté amparado en causales de exclusión de
responsabilidad.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, “ante la imposibilidad de
contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas
conductas que están prohibidas, el legislador sancionatorio está facultado para tipificar las
conductas en el sistema ‘numerus apertus’, sin que en ningún caso pueda permitir que el
grado de oscilación de la norma sancionatoria sea completamente indeterminado”75.

Ahora, en cuanto al juicio de adecuación típica de la conducta, el Consejo de Estado ha
explicado que “supone la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción
entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el
sujeto activo”76. Para ello, se exige al ente disciplinario una interpretación sistemática entre
la norma que establece el deber, la función, la orden o la prohibición, y la norma que de
manera genérica prescribe que el incumplimiento o la extralimitación de tales deberes,
funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria77.

Por ende, el análisis de la tipicidad requiere que el ente disciplinario (i) determine la falta
disciplinaria, (ii) identifique la conducta objeto de reproche, y (iii) realice un juicio de
adecuación típica de la conducta en la falta disciplinaria.

• Determinación de la falta disciplinaria

En el caso concreto, se endilga la falta disciplinaria gravísima contemplada en el numeral
17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que consiste en “actuar u omitir, a pesar de la
existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo
con las previsiones constitucionales y legales”. Para llenar de contenido la falta, las
autoridades disciplinarias se remitieron a las siguientes normas: los artículos 678, 12379, 12780,
y 20981 de la Constitución Política; los literales a) y f) del artículo 882 y el artículo 1083 de la Ley 80
de 1993; y el artículo 1384 de la Ley 1150 de 2007.
75 Corte Constitucional, C-699 de 2015.
76 Ver entre otras: Sección Segunda, sentencia del 23 de noviembre de 2023, Rad. 11001-03-25-000-2021-00611-00;

sentencia del 28 de abril de 2022, Rad. 11001-03-25-000-2012-00197-00; sentencia de 17 de mayo de 2018, Rad. 11001-
03-25-000-2013-01092.
77 C-404 de 2001 y C-818 de 2005.
78 “ARTÍCULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los

servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
79 “ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores

del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por
la Constitución, la ley y el reglamento. (…)”.
80 “ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de

otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo
las excepciones legales”.
81 “ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”.
82 “ARTÍCULO 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar: 1o. Son inhábiles para participar en licitaciones

o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para
contratar por la Constitución y las leyes; (…) f) Los servidores públicos”.
83 “ARTÍCULO 10.- De las Excepciones a las Inhabilidades e Incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades

e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para
usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones
comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de
las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en
desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política”.
84 “ARTÍCULO 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de

contratación de la administración pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de

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En suma, las referidas disposiciones consagran que, los concejales son miembros de
corporaciones públicas, por ende, servidores públicos, y son inhábiles para celebrar
contratos con entidades públicas, pues si bien el régimen jurídico contractual aplicable a las
Empresas Sociales del Estado es el privado, se rigen por los principios de la función
administrativa y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación
estatal.

La Sala Especial de Decisión encuentra que, desde el auto que formuló cargos hasta la
decisión de segunda instancia, la falta disciplinaria imputada fue la misma, esto es, la
comisión de una falta disciplinaria gravísima, con remisión a las normas constitucionales y
legales que establecen una inhabilidad para contratar con el Estado.

• Identificación de la conducta objeto de reproche

En este punto, se pone de presente que, en el auto que citó a audiencia, se formuló un cargo
único contra el señor Marín Taborda en los siguientes términos:

“Se le reprocha al señor GUSTAVO ADOLFO MARIN TABORDA, en su condición de Concejal del
Municipio de Támesis (Antioquia), elegido para el período 2020-2023, presuntamente, de celebrar y
ejecutar entre el 08 de mayo y 02 de julio de 2020, contrato de prestación de servicios profesionales
con la Empresa Social del Estado Hospital “San Antonio” del municipio de Caramanta, cuyo objeto
contractual consistió en asesoría jurídica, representación judicial y apoyo en el plan de saneamiento
fiscal y financiero de la misma, durante ese periodo, estando inhabilitado para contratar con entidades
públicas…” (énfasis fuera del original).

En línea con lo anterior, en las decisiones disciplinarias se formularon los siguientes
problemas jurídicos:
PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
“¿Existe inhabilidad para que un concejal en “¿Incurrió en causal de inhabilidad el concejal del
ejercicio pueda celebrar un contrato con una entidad municipio de Támesis GUSTAVO ADOLFO MARÍN
pública que no desarrolla su objeto social en el TABORDA elegido para el periodo 2020 - 2023, al
Municipio en el que el corporado ejerce como suscribir contrato de prestación de servicios
concejal?” profesionales No. 073 del 8 de mayo de 2020 con la
E.S.E Hospital San Antonio de Caramanta, según lo
previsto en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley
734 en consonancia con el artículo 127
Constitucional, literales a) y f) del numeral 1° del
artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007?

En consecuencia, la Sala concluye que la conducta reprochada fue la misma desde la
formulación de cargos hasta la segunda instancia, en la medida en que se cuestionó la
celebración del contrato de prestación de servicios profesionales No. 073 del 8 de mayo de
2020, entre la E.S.E. Hospital San Antonio de Caramanta y el señor Gustavo Adolfo Marín
Taborda, como concejal del municipio de Támesis (2020-2023), pese a estar inhabilitado
para ello.

• El juicio de adecuación típica de la conducta en la falta disciplinaria

Corresponde a esta Sala analizar si el juicio de adecuación típica fue razonable, teniendo
en cuenta la defensa del disciplinado, que se fundó en los numerales 4 y 5 del artículo 4585

su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.
85 “ARTÍCULO 45. Incompatibilidades. Los concejales no podrán: (…) 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con

personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del

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de la Ley 136 de 199486, según los cuales la incompatibilidad de los concejales se limita a
celebrar contratos con entidades del municipio en el cual ejercen su mandato popular.

Sobre este punto, es importante hacer referencia al análisis del marco normativo que hizo
la Sala Disciplinaria de Juzgamiento:

6.2.2.2 La Carta prohíbe a los servidores públicos participar en procesos contractuales con el Estado,
su fundamento lo encontramos en el artículo 127 al disponer que no podrán celebrar contrato alguno
con entidades públicas, tampoco, con personas privadas que manejen o administren recursos públicos,
salvo las excepciones legales, señaladas en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio de las
también señaladas en la Ley 136 de 1994 para el caso concreto de los concejales municipales.

6.2.2.3. En este sentido, el ordenamiento jurídico establece un régimen de inhabilidades de orden legal
para contratar con el Estado, entre otras, en los literales a) y f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80
de 1993. En ese sentido tenemos que no podrán celebrar contratos con las entidades estatales <<las
personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes>>, es decir, que estas
restricciones, se incorporan al Estatuto General de Contratación.

6.2.2.4. En el segundo literal, la restricción está dirigida a los servidores públicos, quienes, mientras
tengan dicha calidad, están incurso en causal de inhabilidad para suscribir contratos con el Estado. (…)

6.2.2.9. En cuanto a los concejales municipales, se tiene que como servidores públicos para contratar
con cualquier entidad pública o con personas privadas, por disposición expresa de la Constitución y la
ley, sin distinción del municipio donde fue elegido el cabildante. Las excepciones a la regla se
encuentran señaladas taxativamente en la normatividad jurídica, en la cual no está contenida la
inhabilidad aquí cuestionada (Énfasis propio).

Adicionalmente, al resolver el caso concreto, la autoridad disciplinaria de segunda instancia
sostuvo lo siguiente:
6.3.36 Al respecto se aclara que el objeto del presente proceso es la incursión en una inhabilidad
considerada de aquellas exigibles o comunes a todos los servidores públicos, consagradas por el
constituyente y el legislador, que no se excluyen, por el marco específico creado por el legislador para
los miembros de las corporaciones.

(…) la Sala estima que, por el hecho de que el procesado ostentara la condición de concejal municipal
a la época de la firma del contrato estatal, sujeto a un régimen de inhabilidades por ello, no por eso
queda excluido de las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, justamente traídas al caso por
mérito del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

(…)
6.3.42 Lo cierto es que estamos frente a una inhabilidad de carácter común o general a todos los
servidores públicos quienes, en virtud de dicha condición, no pueden suscribir contratos con las
entidades del estado, por mandato expreso de la constitución y la ley.

Así, se resalta que, desde el pliego de cargos, como en las decisiones de primera y segunda
instancia, las autoridades disciplinarias fueron enfáticas en señalar que el cargo imputado
al concejal fue por encontrarse incurso en una causal de inhabilidad, al suscribir el contrato
No. 073 del 8 de mayo de 2020 con la E.S.E. Hospital San Antonio de Caramanta, y no por
estar incurso en una causal de incompatibilidad.

En consecuencia, tras identificar y determinar el contenido de la falta disciplinaria, al igual
que la conducta reprochable, la Sala Especial de Decisión encuentra que, las autoridades
disciplinarias hicieron un juicio de adecuación típica razonable, pues en la decisión
disciplinaria de primera instancia se declaró responsable al sujeto investigado bajo la misma

respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste. 5. Ser representantes legales, miembros
de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio”.
86 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

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imputación que se formuló en el pliego de cargos y que se mantuvo hasta la segunda
instancia.

Por ende, las autoridades disciplinarias acertaron al sancionar al sujeto disciplinado porque
pese a que se encontraba incurso en la inhabilidad para contratar con entidades públicas,
celebró contrato con la E.S.E. Hospital San Antonio de Caramanta.

4.3.2. Ilicitud sustancial

El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 consagra la ilicitud sustancial, y define que “la falta será
antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”. La jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sostenido que, en el derecho disciplinario, la antijuridicidad no se
basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o protegido, sino en el incumplimiento de los
deberes funcionales del servidor público87.

En el caso que convoca la atención de la Sala, los operadores disciplinarios sostuvieron:

PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
“...la falta disciplinaria cometida por los servidores "6.3.29 El concejal GUSTAVO ADOLFO MARIN
NARANJO OSORIO Y MARÍN TABORDA, estuvo en TABORDA miembro de una corporación pública,
contravía de los principios que rigen la función afectó la función pública en la medida que de él se
pública; (Art. 209 de la Constitución Política de esperaría un ejemplar comportamiento en el
Colombia); por cuanto, con su actuar, se desconoció ejercicio de sus funciones que está al servicio de la
el principio supremo de moralidad”. comunidad, dándole prevalencia al interés general,
con ello incurrió en infracción del deber que le es
“La conducta de los hoy investigados por supuesto exigible sin justificación alguna.
no afectó el patrimonio y así quedó probado en el
proceso, pero hay que decir que afecta la imagen de 6.3.30 … la ilicitud sustancial (…) se materializa con
las entidades estatales cuando quienes ostentan la afectación del deber funcional por parte del
cargos de representación o dirección desconocen servidor público sin justificación legal (...). Esa es la
las normas más elementales”. razón por la que este presupuesto de la falta se
encuentra estructurado con la suscripción del
contrato de parte del procesado, pues implicó
anteponer sus intereses personales a los generales
de la comunidad, yendo en contravía de los
principios de la función administrativa como el de
moralidad, de suerte que, no haberlo ejecutado no
impide la configuración del reproche”.

De lo anterior, la Sala encuentra que, tanto en primera como en segunda instancia el análisis
fue congruente, pues se sostuvo que la conducta desplegada por el señor Marín Taborda
desconoció el principio de moralidad administrativa.

Sobre el referido principio, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que, “la
vulneración de la moralidad administrativa coincide con el propósito particular que desvíe el
cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un
tercero”88.

Tras revisar el expediente, la Sala Especial de Decisión encuentra que, si bien no se afectó
el patrimonio de la E.S.E., porque la ejecución contractual fue del 0 % y se reintegró la
partida presupuestal89, lo cierto es que se dio prevalencia al interés personal y se afectó la
imagen de las entidades estatales.

87 Corte Constitucional, C-948 de 2002.
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de junio de 2011, Exp.

25000-23-26-000-2005-01330-01, CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
89 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 117 y 118.

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Así, las decisiones de las autoridades disciplinarias fueron acertadas, pues con la conducta
del disciplinado se afectó de manera sustancial el deber funcional y, con ello el carácter de
antijurídico del actuar del señor Marín Taborda.

4.3.3. Culpabilidad.

Este elemento hace referencia al aspecto subjetivo del comportamiento, e implica un juicio
de reproche sobre el conocimiento y la intencionalidad que tuvo el sujeto al momento de
realizarla. Si bien la Ley 734 de 2002 no define el concepto de culpabilidad, el artículo 13
de esa normatividad establece que, en materia disciplinaria, está proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa.

Respecto al dolo, no existe una definición en la Ley 734 de 2002, pero esta Corporación90
ha sostenido que, en materia disciplinaria se puede definir desde el artículo 22 del Código
Penal91, en virtud de la integración normativa contemplada en el artículo 2192 del CDU. Así,
“el dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinado conoce la tipicidad de
su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales, con lo cual el
conocer involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a ello se realiza la
conducta es porque efectivamente quiere el resultado”93. En ese sentido, el dolo está
integrado por: (i) el conocimiento potencial del servidor público de que los hechos son
constitutivos de la infracción disciplinaria y (ii) el querer o la voluntad de su realización.

Frente a la culpa, en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 se establece que
“[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. La
culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado
necesario que cualquier persona común imprime a sus actuaciones”. Por ende, las
conductas cometidas con culpa leve no resultan punibles94.

En el caso concreto, existió una variación en la culpabilidad, pues en el pliego de cargos se
endilgó la conducta a título de dolo, y en la etapa de juzgamiento se reprochó como culpa
grave, así:

AUTO FORMULA CARGOS PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
DOLO CULPA GRAVE CULPA GRAVE

“…se encuentra evidencia que en “Los testigos fueron categóricos “La Sala advierte que le asiste
los documentos diligenciados y en afirmar que el concejal previo a razón a la primera instancia, en
entregados por el mencionado la celebración del contrato, tenía tanto no se logró acreditar los
contratista a la Empresa Social del alguna duda y por eso los abordó elementos del dolo, es decir, ‘no
Estado, dejó consignado un y que ellos al unísono le dijeron existe una intención manifiesta de
certificado (folio 48) de no estar que no existía inhabilidad. ir en contra de la norma’. Contrario
incurso en causales de a ello, lo que sí encontró la
inhabilidades e incompatibilidades (…) procuraduría territorial, fue falta
y negando su condición de de cuidado y diligencia del
Concejal activo del municipio de servidor público, razón por la cual,

90 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 11001-03-15-

000-2014-03799-00, auto del 17 de marzo de 2015.
91 Ley 599 de 2002.
92 “ARTÍCULO 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán

los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los
tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo
dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que
no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”.
93 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad. 11001-03-25-000-2013-

00190-00(0449-13), Sentencia del 29 de enero de 2015.
94 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, CP. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2013-

001174-00, Sentencia del 23 de agosto de 2018.
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Támesis (Antioquia), Sin embargo, hay que decir que definitivamente queda a título de
demostrándose así que el esa actividad desplegada por él y culpa grave”.
abogado Marín Taborda era las respuestas dadas por sus
consciente de su condición de compañeros de corporación, nos
servidor público y que fue su permiten concluir que no se
voluntad continuar con la cumple los elementos del dolo, es
contratación y desarrollar el objeto decir, no existe una intención
contratado, desplegando actos manifiesta de ir en contra de la
libres y voluntarios tendientes a norma, se trató más bien de falta
ello, más aun firmando un otrosí de cuidado, de falta de diligencia
modificatorio de sus obligaciones y esto en el derecho es culpa”.
contractuales como profesional
del derecho”.

De lo anterior, es importante poner de presente que, el acto de formulación de cargos no
constituye la imputación definitiva, sino que es apenas una adecuación provisional, por lo
que la autoridad disciplinaria puede variar alguno de los elementos inicialmente incluidos en
ese acto administrativo95.

Revisadas las decisiones disciplinarias, la Sala Especial de Decisión observa que la
variación del título de culpabilidad no fue una decisión arbitraria, sino que obedeció a la
valoración de los argumentos de defensa presentados y a las pruebas practicadas para ese
momento. En el expediente está probado que, el concejal de Támesis no actuó con la
voluntad y el conocimiento de que incurría en una prohibición de contratar con entidades
públicas, sino que inobservó el cuidado necesario que debía haber imprimido en sus
actuaciones, pues si bien formular preguntas a sus compañeros de trabajo sobre una
presunta inhabilidad muestra dudas sobre su actuar, no es suficiente para demostrar una
debida diligencia.

En suma, para la Sala Especial de Decisión es acertada la imputación que hicieron las
autoridades disciplinarias a título de culpa grave.

4.3.4. Las causales excluyentes de responsabilidad

Según el artículo 28 del CDU, está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la
conducta: (i) por fuerza mayor o caso fortuito; (ii) en estricto cumplimiento de un deber
constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado; (iii) en cumplimiento de orden
legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales; (iv) por salvar un
derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la
necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad; (v) por insuperable coacción
ajena o miedo insuperable; (vi) con la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituye falta disciplinaria; y (vii) en situación de inimputabilidad.

En el procedimiento disciplinario, a pesar de que el concejal no las alegó, la autoridad de
primera instancia estudió la contemplada en el numeral 6 (convicción errada e invencible),
pues el principal argumento del disciplinado se centró en que la prohibición de contratar solo
aplicaba para las entidades del mismo municipio.

Sobre ese asunto, la Procuraduría Provincial de Amagá concluyó que: “…no se cumple con
el requisito de invencibilidad del error, específicamente para el caso del concejal porque
además de tener la profesión de jurista, emanó una constancia para ante la representante
de la ESE, cargo del mayor nivel jerárquico de la entidad haciendo constar que no tenía
inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el contrato, aunado a que en la entidad debía

95 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia del 11 de abril de 2019,

Exp. 05001-23-33-000-2014-02189-01(1171-18).
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verificar sus condiciones la Subgerencia Administrativa, como bien lo manifestó el
funcionario que ocupaba dicho cargo para la época de los hechos, que además tampoco
tenía conocimiento de derecho y no podía vencer dicha interpretación jurídica”.

De conformidad con el parágrafo del artículo 17196 del CGD, como ese asunto no fue
cuestionado mediante recurso de apelación, ello sería razón suficiente para que la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular no estuviera
obligada a hacer algún análisis sobre ese aspecto.

Sin embargo, a juicio de esta Sala, es importante poner de presente que, el Consejo de
Estado ha estudiado esa causal de exclusión de responsabilidad en los siguientes términos:

En lo que respecta a la fijada en el ordinal 6.º de la norma invocada consistente en que no hay
responsabilidad cuando se actúa «[…] Con la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituye falta disciplinaria […]» debe decirse que la misma conlleva dos requisitos que deben confluir
para que sea aceptada por la autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento errado y
ii) que el error sea invencible.

El primero de los eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con la total y sincera
creencia de que lo hace conforme lo señala el ordenamiento jurídico, esto es, su proceder lo efectuó de
buena fe. El segundo ítem hace alusión a que el error sea invencible, lo que quiere significar que no era
humanamente superable en consideración a las condiciones personales del servidor público y las
circunstancias en las que se ejecutó el comportamiento. En palabras de esta subsección el error es
invencible cuando «[…] su entidad sea tal que sea imposible salir de la equivocación […]» lo que implica
que «[…] solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe
por ignorancia invencible […]»97.

En el caso concreto, esta Sala Especial de Decisión no encuentra que, hayan concurrido los
dos elementos que configuran la causal de exclusión de responsabilidad, pues era
totalmente inevitable y humanamente superable conocer la prohibición para contratar con el
Estado, teniendo en cuenta que el disciplinado tiene la calidad de abogado y le bastaba con
consultar la Ley 80 de 1993. Incluso, cuando diligenció el formato único de hoja de vida 98 y
expidió la certificación del 8 de mayo de 202099, señaló que conocía las causales de
inhabilidad e incompatibilidades para contratar con entidades estatales, haciendo referencia
al Estatuto de Contratación Estatal.

Por lo anterior, para la Sala Especial de Decisión fue razonable la conclusión de las
autoridades disciplinarias de no encontrar configurada la causal sexta excluyente de
responsabilidad disciplinaria. Tampoco se advierte necesario analizar las demás causales
porque no fueron alegadas por el sujeto disciplinado ni se encuentran configuradas del
material probatorio que obra en el expediente disciplinario.

4.4. Por nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

Es importante resaltar que, el artículo 143 del CDU establece que son causales de nulidad
las siguientes: (i) la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo; (ii) la violación
96 “PARÁGRAFO. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente

los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”.
97 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de octubre de 2022, MP. Roberto

Augusto Serrato Valdés, Exp. 25000-23-42-000-2016-05481-02. Ver también: Sección Segunda, Subsección A, CP.
William Hernández Gómez, Sentencia de 24 de agosto de 2017, Exp. 76001-23-31-000-2006-02973-02(1378-10); y
Sección Segunda, Subsección B, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia del 28 de junio de 2018, Exp. 66001-23-33-
000-2014-00181-01(0433-16), en la que se indicó: “62. En materia disciplinaria el estudio del error es un asunto que está
directamente relacionado con la culpabilidad y opera cuando se observa una discrepancia entre la conciencia del
disciplinado y la realidad; además los errores pueden ser vencibles o invencibles y lo primero ocurre cuando el autor lo
supera aplicando esfuerzos razonables mientras que lo segundo supone que, demostrada la diligencia debida, en todo
caso no pudo salir del error (…)”.
98 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 27 a 30.
99 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 49.

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del derecho de defensa del investigado; y (iii) la existencia de irregularidades sustanciales
que afecten el debido proceso.

Frente a la competencia, como se explicó previamente en el acápite 4.1.3., la Procuraduría
Provincial de Amagá y la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular son las dependencias de la PGN competentes para formular pliego de
cargos, adelantar toda la actuación disciplinaria y proferir las decisiones de primera y
segunda instancia.

En cuanto al derecho al debido proceso, no se advierte la existencia de irregularidades
sustanciales que afecten el derecho de defensa del investigado, pues tal y como se expuso
en el acápite 4.1.1., se respetaron todas las etapas previstas para el procedimiento verbal,
se notificó al disciplinado en debida forma100, se le permitió que actuara mediante apoderado
judicial101, participó en las audiencias102 e interpuso recurso de apelación103.

Por ende, la Sala Especial de Decisión descarta la existencia de alguna nulidad originada
en la actuación disciplinaria.

4.5. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria

Según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la dosificación de la sanción disciplinaria
depende de la determinación de la falta (gravísima, grave y leve)104 y el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o gravísima), porque “las sanciones deben ser
proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas”105.

En el caso concreto, se encontró probada la falta gravísima contemplada en el numeral 17
del artículo 48 del CDU y cometida a título de culpa grave, por lo que según el numeral 2
del artículo 44 de la referida norma, la sanción a imponer es la de “suspensión en el ejercicio
del cargo e inhabilidad especial”.

En el caso concreto, existió una variación de la sanción de primera a segunda instancia, así:

PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
“Con respecto a las sanciones a las que están “6.3.46 …procede la aplicación de lo previsto en el numeral
sometidos los servidores públicos, el artículo 9 del artículo 43 ibidem, según el cual 'la realización típica
44 de la Ley 734 de 2002, dispone que, para de una falta objetivamente gravísima pero cometida con
las faltas gravísimas culposas, corresponde la culpa grave será catalogada como grave con culpa grave’;
sanción de suspensión en el ejercicio del de manera que en este caso la sanción debe ser la de
cargo e inhabilidad especial; por su parte, el suspensión en ejercicio del cargo, sin inhabilidad especial.
artículo 46 ibidem establece que la
suspensión no será inferior a un mes ni 6.3.47 De acuerdo con lo anterior, la sanción impuesta al
superior a doce meses”. disciplinable no corresponde a la calificación de la falta,
toda vez que la legalmente establecida para este tipo de
faltas corresponde a la de suspensión, según el numeral 3
del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que no será inferior
a un mes ni superior a doce meses”.

Para la Sala Doce Especial de Decisión, es acorde a derecho que, en virtud del numeral 9

100 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 85 a 87, 100 a 103, 328 a 335.
101 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 147 y 148.
102 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 145, 149 y 155.
103 Samai, Índice 2, Archivo zip, Cuaderno 1, pág. 301 a 327.
104 CDU, Art. 42.
105 Corte Constitucional, C-1161 de 2000.

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del artículo 43 de la Ley 734 de 2002106, se recomponga la imputación típica bajo la
denominación de falta grave107, pues en virtud del grado de culpabilidad se permite realizar
una nueva clasificación de la falta. En el caso concreto, como el concejal incurrió en una
falta gravísima que se imputó a título de culpa grave, la falta gravísima se convirtió en falta
grave y se debe sancionar como tal.

En cuanto a definir la duración de la sanción, el artículo 46108 del CDU consagra los límites
y el artículo 47109 los criterios atenuantes y agravantes para graduarla.

En primera instancia, se sancionó al sujeto disciplinado con suspensión en el ejercicio del
cargo por el término de cinco meses y una inhabilidad por el mismo periodo de tiempo,
debido a los agravantes de los literales (g)110 e (i)111, al considerar que el comportamiento
irregular del servidor público es un mal ejemplo para la ciudadanía. También se tuvo en
consideración que, tiene la calidad de abogado, por lo que no era de recibo que omitiera
información y no actualizara en su hoja de vida su condición de concejal.

En segunda instancia, se revocó la inhabilidad especial por la reconfiguración de la falta, y
se redujo el término de la suspensión a tres meses, por las siguientes razones: Primero,
porque se eliminó el agravante consagrado en el literal (i) sobre el conocimiento de la ilicitud;
y segundo, porque se reconocieron dos atenuantes, el literal (e), “[h]aber procurado, por
iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado”, y en virtud del principio
de favorabilidad, el literal (a) del numeral 1 del artículo 50 de la Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021, sobre ausencia de antecedentes.

Sobre ese punto, es importante poner de presente que, el artículo 29 de la Constitución
Política y los artículos 14 del CDU y 8 del CGD, consagran el principio de favorabilidad, el
cual busca que se aplique la ley más favorable aun cuando sea posterior.

En el caso bajo estudio, se verificó que, si bien los hechos que dieron origen al ejercicio de
la acción disciplinaria tuvieron lugar bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002 y que, en efecto,
son las normas a las que debía sujetarse el procedimiento, la autoridad de segunda
instancia aplicó la Ley 1952 de 2019 respecto al atenuante de ausencia de antecedentes
para graduar la sanción.

106 “ARTÍCULO 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente

señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: (…) 9. La
realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”.
107 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 4 de mayo de 2023, Exp. 25000-23-42-000-2016-

00089-01 (3413-2021), CP. Juan Enrique Bedoya Escobar; y Sentencia del 16 de noviembre de 2023, Rad. 25000-23-
42-000-2017-02508-01, CP Juan Enrique Bedoya Escobar.
108 “ARTÍCULO 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no

será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la
inhabilidad será permanente. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado
haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere
posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo
al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. La multa no
podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento
de la comisión de la falta. La amonestación escrita se anotara en la correspondiente hoja de vida”.
109 “ARTÍCULO 47. Criterios para la graduación de la sanción. 1. La cuantía de la multa y el término de duración de la

suspensión e inhabilidad se fijaran de acuerdo con los siguientes criterios: a) Haber sido sancionado fiscal o
disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga; b) La diligencia y
eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función; c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un
tercero; d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos; e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el
daño o compensar el perjuicio causado; f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la
conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro
proceso; g) El grave daño social de la conducta; h) La afectación a derechos fundamentales; i) El conocimiento de la
ilicitud; j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad”.
110 El grave daño social de la conducta.
111 El conocimiento de la ilicitud.

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A juicio de la Sala Doce Especial de Decisión, fue acertada la decisión de las autoridades
disciplinarias de aplicar el atenuante contemplado en la Ley 1952 de 2019, pues a pesar de
ser una norma posterior, favorece al disciplinado en la dosificación de la sanción.

Así las cosas, esta Sala considera que la dosificación de la sanción disciplinaria cumplió con
los principios de proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y favorabilidad, pues responde a
la clasificación de la falta grave con culpa grave y su graduación se efectuó de acuerdo con
los criterios que fija la ley.

Finalmente, debido a que al recurso extraordinario de revisión suspendió la ejecución de la
sanción disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el inciso
2112 del artículo 46 y el inciso final113 del artículo 45 del CDU, deberá comunicar a los
funcionarios competentes114 si el disciplinado ha cesado en sus funciones o se encuentra
prestando sus servicios en otro cargo o en otra entidad, bien para efectos de la conversión
de la sanción, o para hacerla efectiva.

4.6. Las demás causales de revisión previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de
2021.

En este punto, a la Sala le queda por analizar las causales de revisión consagradas en los
numerales 6 a 9 del artículo 56 de la Ley 2094 de 2021.

Frente a la causal 6, no se encontraron o recobraron documentos decisivos después de
dictada la decisión de segunda instancia, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no hubiera podido aportarlas al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de tercero. Incluso, el disciplinado no formuló recurso
extraordinario de revisión y guardó silencio en el presente trámite.

Respecto de las causales 7 y 8, no se advierte que las decisiones disciplinarias se hubieren
fundado en documentos falsos, ni que se hubieren realizado conductas delictivas por parte
de los funcionarios disciplinarios que profirieron la decisión ni por parte de terceros, ni que
exista una decisión en firme que así lo hubiera reconocido.

En relación con la causal 9, a la fecha en que se profiere la presente decisión, no se
encuentran precedentes de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado que modifiquen
los criterios en que se fundamentaron las decisiones disciplinarias analizadas, ni que exijan
que sean modificadas en el marco del recurso extraordinario de revisión.

112 “ARTÍCULO 46. Límites de las sanciones. (…) Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento

de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el
término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de
la falta, sin perjuicio de la inhabilidad”.
113 “ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. (…) Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado

presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período
diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla
efectiva”.
114 CDU, ARTÍCULO 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará

efectiva por: 1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito. 2. Los gobernadores,
respecto de los alcaldes de su departamento. 3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento
y remoción o de carrera. 4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces, respecto
de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. 5. El representante legal de la entidad, los
presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de
los trabajadores oficiales. 6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales,
respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos. 7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del
particular que ejerza funciones públicas. Parágrafo. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente
lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha
de recibo de la respectiva comunicación.
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En suma, no se configuran las causales de revisión consagradas en los numerales 6 a 9 del
artículo 56 de la Ley 2094 de 2021.

4.7. Las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA

Por último, le corresponde a la Sala estudiar las causales de nulidad consagradas en el
inciso segundo del artículo 137 del CPACA, que se configuran cuando los actos
administrativos hayan sido expedidos: (i) con infracción de las normas en que deberían
fundarse; (ii) sin competencia; (iii) de forma irregular; (iv) con desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa; (v) mediante falsa motivación o (vi) con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

A juicio de la Sala, el estudio de todas las causales de nulidad quedó comprendido dentro
del control integral previamente expuesto, pues los actos disciplinarios fueron proferidos
conforme a las normas en que debían fundarse, por las dependencias competentes, con
respeto al debido proceso y las etapas del procedimiento verbal, con suficiente y congruente
motivación, con el material probatorio necesario, sin incurrir en vicios de nulidad, sin que se
adviertan otros hechos que conduzcan a decisiones diferentes, y sin perseguir fines distintos
a los que fija el ordenamiento jurídico.

En suma, no se configuran las causales de nulidad de los actos administrativos consagradas
en el inciso segundo del artículo 137 del CPACA.

5. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala Doce Especial de Decisión concluye que, tras
realizar el control integral de la actuación disciplinaria que culminó con la decisión del 3 de
agosto de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular, en la cual se sancionó con suspensión del ejercicio del cargo por tres
meses al señor Gustavo Adolfo Marín Taborda (concejal del municipio de Támesis 2020-
2023), se cumplió con el ordenamiento jurídico aplicable.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la autoridad disciplinaria: (i) aplicó el régimen jurídico
correspondiente; (ii) realizó la valoración probatoria en conjunto y conforme a las reglas de
la sana crítica, (iii) fue congruente en el pliego de cargos y en las decisiones disciplinarias;
(iv) motivó de manera razonable los elementos de la responsabilidad y las causales
excluyentes; (v) no incurrió en nulidades en el curso del procedimiento disciplinario, y (vi)
dosificó la sanción según las normas vigentes.

Además, (vii) no se encontraron o recobraron documentos decisivos después de dictada la
decisión, que pudieran cambiarlas, (viii) no se advierte que las decisiones se hubieren
fundado en documentos falsos, o que se hubieren realizado conductas delictivas por parte
de los operadores disciplinarios; y (ix) no existen precedentes de la Corte Constitucional ni
del Consejo de Estado que modifiquen la decisión disciplinaria analizada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Doce Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Declarar ajustado al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria que culminó con la
decisión del 3 de agosto de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, en la
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cual se sancionó con suspensión del ejercicio del cargo al señor Gustavo Adolfo Marín
Taborda en su calidad de concejal del municipio de Támesis para el periodo 2020-2023,
por las razones expuestas en esta providencia.

2. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación, una vez ejecutoriada esta decisión, que
comunique la presente providencia al funcionario competente a efectos de ejecutar la
sanción impuesta.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ WILSON RAMOS GIRÓN

La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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