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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00181-01

Exoneración de responabilidad disciplinaria por error invencible: operancia

Fecha
28 de junio de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00181-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la Sentencia del 29 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión en la que se declara inhibida para resolver de fondo el presente proceso y condena en costas a la parte demandada vencida; en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor FRANDINEY PINEDA BEDOYA contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL. Por Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2014-00181-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

28 de junio de 2018

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO DISCIPLINARIO – Cómputo

Se tiene que, aunque el Inspector Delegado Regional de Policía No. 3 expidió un acto administrativo con el que confirmó la sanción ya conocida e impuesta por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira MEPER-2012-183, en todo caso fue a través de la Resolución No. 00145 de 15 de enero 2014, proferida por el Director General de la Policía Nacional, por la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al Subintendente Pineda, la cual se le notificó al interesado el 20 de enero de 2014 y es, sin lugar a duda, a partir de dicho acto que se materializa la terminación del vínculo laboral administrativo. Entonces, los cuatro meses para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho deben computarse desde el día siguiente a la fecha de la notificación, esto es, el 21 de enero de 2014 y consta en el expediente que incluso con fecha de 24 de abril de 2014, se levantó el acta de reparto del proceso, razón por la cual no operó la institución jurídica de la caducidad y por ello, es pertinente resolver los demás problemas jurídicos. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, auto de 25 de febrero de 2016, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, rad.: 1493-12.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 174

EXONERACIÓN DE RESPONABILIDAD DISCIPLINARIA POR ERROR INVENCIBLE- Operancia / ERROR VENCIBLE – Concepto / ERROR INVENCIBLE – Concepto / ERROR INVENCIBLE – Incompatible con el dolo

En materia disciplinaria el estudio del error es un asunto que está directamente relacionado con la culpabilidad y opera cuando se observa una discrepancia entre la conciencia del disciplinado y la realidad; además los errores pueden ser vencibles o invencibles y lo primero ocurre cuando el autor lo supera aplicando esfuerzos razonables mientras que lo segundo supone que, demostrada la diligencia debida, en todo caso no pudo salir del error. (…). Nótese que la existencia del error supone necesariamente que la conducta no se haya realizado a título de dolo, esto es, que para el caso en concreto el Subintendente no tuviera conocimiento de sus deberes funcionales ni de las prohibiciones, no haya tenido la certeza de que la conducta que desplegó implicó un grado de peligrosidad, ni que era contraria al ordenamiento y que tampoco hubiese querido realizarla, sin embargo, a la luz de las pruebas que obran en el proceso, la Sala observa que el demandante hasta la fecha de la suspensión penal contaba con más de diez años de experiencia en la institución, periodo en el cual recibió condecoraciones, felicitaciones y promociones.

CONCUSIÓN – Conducta disciplinaria / DOLO – Conocimiento y voluntad en la realización de la conducta sancionable

Con fundamento en las reglas de la experiencia y, teniendo en cuenta que se trata de un policial de las calidades descritas, puede razonablemente concluirse que el demandante entiende que solicitar sumas de dinero a un individuo o grupo de individuos que se dedican a la extracción ilegal de hidrocarburos, así como suministrarles información con el objeto de favorecer los intereses de los delincuentes, es una actuación constitutiva de un delito y también de una falta disciplinaria, además, sus actuaciones son indicativas de querer realizar la conducta. (…).En conclusión, no encuentra probado la Sala que el demandante haya actuado convencido errada e invenciblemente de que su conducta no constituyó falta disciplinaria por cuanto se probó que obró a título de dolo y en todo caso las pruebas indican que en la titularidad del ejercicio de sus funciones estaba obligado a reportar a sus superiores acontecimientos o novedades como las que dieron lugar al proceso disciplinario, todo lo cual no ocurrió y es precisamente con ello que hubiera podido superar un error que en todo caso no existió.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 66001-23-33-000-2014-00181-01(0433-16)

Actor: FRANDINEY PINEDA BEDOYA

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Trámite: SEGUNDA INSTANCIA.

Asunto: SUBINTENDENTE DE LA POLICIA NACIONAL FRANDINEY PINEDA BEDOYA DESTITUIDO E INHABILITADO POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS POR SOLICITAR O RECIBIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DÁDIVAS U OTRO BENEFICIO CON EL FIN DE EJECUTAR, OMITIR O EXTRALIMITARSE EN SUS FUNCIONES Y REALIZAR CONDUCTA DELICTIVA A TÍTULO DE DOLO, CUANDO SE COMETA EN RAZÓN, CON OCASIÓN O COMO CONSECUENCIA DE LA FUNCIÓN.

Decisión: NIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, señor Frandiney Pineda Bedoya, contra la sentencia de 29 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión que se declaró inhibida para resolver de fondo. Procede a dictar sentencia una vez verificado que no hay irregularidades o vicios de nulidad que sanear.

ANTECEDENTES

2.1. La demanda y sus fundamentos.

Por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el demandante solicitó la nulidad de: (i) los actos administrativos del 2 de noviembre y 3 de diciembre de 2013, proferidos en su orden por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira y el Inspector Delegado Regional de Policía No. 3; (ii) el acto administrativo contentivo de la Resolución No. 00145 de 15 de enero 2014 proferido por el Director General de la Policía Nacional con el cual se ejecutó la sanción de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó se ordene a la entidad demandada a: (i) reintegrarlo al cargo que tenía en el momento de la destitución, o a otro de igual o superior jerarquía; (ii) a pagar por perjuicios materiales todos los salarios, primas, subsidio familiar, subsidio de vivienda, vacaciones, cesantías y demás emolumentos dejados de percibir desde el 20 de enero de 2014,así como los honorarios que le canceló al apoderado por valor de Seis Millones de Pesos ($6.000.000); (iii) los intereses moratorios generados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia; (iv) actualizar las sumas reconocidas desde la fecha de causación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, en aplicación del artículo 187 inciso 4 del CPACA; (v) declarar que no ha existido solución de continuidad del tiempo de servicio (vi) estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformas éstas, en caso de ser necesario y de manera subsidiaria.

Finalmente, y de conformidad con el artículo 188 del CPACA y en caso de que el demandado resulte vencido, pidió condenarlo en costas.

La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica relevante, así:

Al demandante, como miembro activo de la Policía, se le atribuyó averiguar el avance de las investigaciones que se adelantan por el apoderamiento de hidrocarburos en contra de los integrantes de la organización criminal dedicada a la extracción de hidrocarburos, indicar el movimiento de unidades policiales en las áreas donde delinquían, interceder por la banda frente a otros uniformados, todo a cambio de pagos por sus servicios y tener pleno conocimiento del desarrollo de la actividad de apoderamiento de hidrocarburos.”

Dados los anteriores hechos los falladores disciplinarios de primera y segunda instancia lo sancionaron disciplinariamente con la destitución en inhabilidad general por el término de doce (12) años, al encontrarlo responsable de haber incurrido a título de dolo en las faltas gravísimas consagrada en el artículo 34, numerales 4 y 9 de la Ley 1015 de 2006.

Manifestó el accionante que el 20 de enero de 2014 fue notificado de la Resolución N° 00145 del 15 de enero de 2014 que ejecutó la sanción disciplinaria.

2.2. Normas vulneradas y concepto de vulneración.

El apoderado de la parte demandante estimó como infringidas las siguientes disposiciones:
Constitución Política de Colombia.
Ley 1015 de 2006 “Régimen Disciplinario de la Policía Nacional”.
Ley 734 de 2002 “Por el cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”, artículo 340 modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002.
Código de Procedimiento Civil, artículo 185.
Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 1997 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
Corte Constitucional, Sentencia C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Corte Constitucional, Sentencia T-060 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
Corte Constitucional, Sentencia T-995 de 2007.
Corte Constitucional, Sentencia T-111 de 2009.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), 20 de marzo de 2014. Radicación Número: 11001-03-25-000-2012-00902-00 (2746-12).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01 (1146-05). Actor: Milton José Mora Lema.
Consejo de Estado, expediente N° 14018. C.P. Carlos A. Orjuela Góngora.

Como concepto de violación el apoderado del actor señaló los siguientes:

Defectos probatorios, indebida valoración probatoria y falsa motivación. Señaló que obra en el expediente la transcripción de unas comunicaciones que fueron interpretadas al amaño de investigador encargado y sin haber tenido acceso a los audios. Argumentó que no se llevó a cabo un estudio técnico que corroborara que la voz escuchada corresponde a la del investigado y hoy demandante, que en todo caso sobre las mismas no se tuvo la oportunidad de debatirlas y controvertirlas y que la interpretación de las comunicaciones interceptadas por los investigadores de la Policía Judicial en el proceso penal habría sido distinta si hubieran tenido en cuenta que el señor JAIR HERNÁN ARANGO RAMIREZ fue registrado legalmente en el Cardex de la Policía Nacional como una fuente de información que era administrada por el demandante.

Consideró que los actos sancionatorios estuvieron falsamente motivados al haberse fundamentado en pruebas trasladadas del proceso penal al disciplinario sin las debidas formalidades y reglas correspondientes y en adición, teniendo como ciertos testimonios que narran hechos constitutivos de conductas punibles que para el momento aún eran objeto de veracidad y controversia en el proceso penal.

Existencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Por cuanto el demandante consideró que los contenidos de las conversaciones grabadas son indicativos de una modalidad y manejo que es usual al interior de la institución policial, lo que supone tener que engañar a las fuentes humanas para hacerles creer que el policial les está colaborando es sus propósitos criminales, pero siempre bajo la intención o finalidad de obtener resultados que beneficien a la institución y a la comunidad en general. Así es como señala que el comportamiento de demandante se encauza dentro de la causal eximente de responsabilidad contenida en el numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 y el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.

Desconocimiento del principio de proporcionalidad, violación al debido proceso y a la legítima defensa. En el entendido de que de haber cometido una falta disciplinaria no fue a título de dolo sino con culpa grave, es decir, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones y por tanto, el manejo engañoso que le daba a su informante, lo terminó involucrando dentro de unos hechos en los que nunca tuvo nada que ver por lo que argumentó que se desestimaron testimonios de relevancia e importancia como el de los señores Jair Arango, Jorge Eliecer Arango y Diego Alonso Giraldo Ocampo, los cuales en su sentir dan cuenta de que la relación del demandante con Jair Arango no era del tipo delictivo y también que el disciplinado no se relacionó en forma alguna con los demás uniformados y demás sujetos señalados de ser miembros de la banda criminal.

Citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se desarrolla el tema de la proporcionalidad de la pena frente a la culpabilidad para concluir que en el presente caso es aplicable el numeral segundo del artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, según el cual “para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, suspensión e inhabilidad especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración.

2.3 Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a través de su apoderada presentó contestación a la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas por el demandante, señaló que no existe elemento de irrefutable solidez que conduzca a la nulidad del acto administrativo demandado, el cual goza de la presunción de legalidad. Manifestó que el demandante pretende abrir en sede contencioso administrativa el mismo debate probatorio que ya se resolvió en sede administrativa y en doble instancia en el que además tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, a la contradicción y al debido proceso.

Frente a los hechos, el demandado no se pronunció sobre su veracidad o falsedad y, tampoco sobre los cargos de violación al principio de presunción de inocencia, pre juzgamiento, defectos probatorios e indebida valoración probatoria, excepto por la mención a que el investigado fue sancionado con base en los elementos probatorios recaudados dentro de la investigación disciplinaria.

En cuanto a la falsa motivación dijo que las conductas desplegadas por el demandante infringieron el deber funcional, lo que supone el cumplimiento estricto de los deberes propios del cargo y la obligación de actuar conforme a la Constitución y la ley y señaló que es como garantía de una adecuada representación del Estado que el investigador disciplinario se legitima para iniciar la acción disciplinaria como ocurrió en el presente caso, sobre todo si se tiene en cuenta que los actos administrativos objeto de impugnación son fieles a los hechos y a las pruebas que hacen parte del proceso, las cuales no fueron puestas en duda por parte del investigado en su oportunidad procesal y aunado a ello, las normas que tipificaron la conducta en la que incurrió el actor fue la ajustada a derecho y la prevista por el legislador para sancionar la conducta cometida.

En relación con la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria manifestó que desde el fallo disciplinario de primera y segunda instancia se dio un debate probatorio que el demandante pretende reabrir en sede jurisdiccional cuando quedó claro en las decisiones disciplinarias las razones y los motivos por los que no accedió a las pretensiones del investigado, toda vez que no existió prueba que demostrase el eximente de responsabilidad del hoy accionante; que al encuadrase como una falta gravísima en el régimen disciplinario de la Policía Nacional, se impusieron correctivos disciplinarios que hoy son objeto de pleito administrativo.

Frente al desconocimiento del principio de proporcionalidad no se pronunció la entidad demandada, mientras que frente a la violación al debido proceso y legítima defensa manifestó que tal como lo ordena la ley se adelantó investigación preliminar disciplinaria y mediante auto del 10 de diciembre de 2012, se profirió apertura de investigación disciplinaria por estimarse que se reunían los requisitos del artículo 152 del Código Disciplinario Único; lo anterior, porque en el material probatorio que se recopiló se tenía demostrado que los investigados pudieron haber transgredido el régimen disciplinario al infringir sus normas, de tal manera que se procedió a la formulación de cargos.

Por todo lo anterior, consideró que los actos administrativos demandados se expidieron garantizado el derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que se respetaron todas las normas. Citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional para argumentar que “la posibilidad de que un servidor público o un particular, en los casos previstos en la ley, sean procesados penal y disciplinariamente por una misma conducta no implica violación de las reglas de competencia pues, como lo ha explicado la Corte, se trata de dos juicios diferentes que buscan proteger bienes jurídicos diversos y que están encaminados, según exista mérito para ello, a imponer sanciones que son de naturaleza jurídica distinta” y agregó que no se requiere que exista una decisión sancionatoria en la jurisdicción penal para enrostrarla en un proceso disciplinario.

Finalmente propuso como excepciones que “el control judicial no es una tercera instancia” para lo cual citó jurisprudencia del Consejo de Estado, la presunción de legalidad y la inexistencia de vicios de nulidad.

2.4 Sentencia de Primera Instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, se declaró inhibida para resolver de fondo el presente proceso por cuanto de manera oficiosa encontró que había operado la institución jurídica de la caducidad. Para calcularla tomó la fecha de notificación del fallo disciplinario de segunda instancia, esto es, el 11 de diciembre de 2013 y estableció que el demandante disponía del término de cuatro (4) meses que venció el 12 de abril de 2014 y se prorrogó hasta el 21 de abril de 2014 por la vacancia judicial de semana santa y, como quiera que la demanda se presentó el 24 de abril de 2014, consideró que la demanda fue instaurada por fuera del término legal.

Finalmente condenó en costas a la parte demandante, a quien consideró vencida, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión a las normas procedimentales civiles, contenidas en el artículo 188 del CPACA.

2.5. Recurso de apelación

El accionante, por intermedio de su apoderado presentó recurso de apelación contra la sentencia ya referida, con los siguientes argumentos:

Consideró que la tesis del Tribunal transgredió los derechos ius fundamentales del actor, como lo son, la seguridad jurídica, el principio de acceso a la administración de justicia, el debido proceso, el derecho a la igualdad, la prevalencia del derecho sustancial y la misma jurisprudencia; derechos que gozan de plena protección constitucional y también de los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Para demostrarlo, citó jurisprudencia del Consejo de Estado y concluyó que el término de caducidad de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra sanciones disciplinarias se cuenta a partir de la notificación del acto administrativo de ejecución, lo que para el caso sub-examine no se aplicó, pues no resulta lógico que una persona que ha sido sancionada disciplinariamente con el correctivo de destitución, demande unos fallos disciplinarios que no se han materializado o hecho efectivos, es decir, que no se han ejecutado, pues solo de esta manera se haría efectiva la sanción, generando las consecuencias jurídicas objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento de un derecho que se considera transgredido.

Finalmente señaló que los órganos judiciales de cierre cumplen el papel fundamental de unificar la jurisprudencia con base en los fundamentos constitucionales que invocó y la necesidad de dar coherencia al orden jurídico, por lo que consideró prudente y pertinente que se profiera una sentencia de unificación jurisprudencial sobre la materia, en aras de sentar una postura interpretativa coherente y uniforme respecto de la manera de contar los términos de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se pretende alegar la legalidad de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios.
2.6 Alegatos de conclusión.

La parte demandante.

El apoderado de la parte demandante dio por superado el debate acerca de haber operado la institución jurídica de la caducidad, toda vez que en el auto del 6 de octubre de 2016, proferido por esta Sala, se dejó sentado que en el presente caso no operó. Solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, reiteró los argumentos de la demanda en el sentido de que los actos administrativos disciplinarios adolecen de falsa motivación y suponen una flagrante vulneración de los derechos fundamentales del actor, pues no hubo una valoración seria, conjunta, razonada y ponderada de los medios de prueba que permitieran obtener una certeza más allá de toda duda razonable.

La parte demandada.

La Entidad demandada reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en las diferentes actuaciones del proceso y añadió que la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a la institución, que el procedimiento que se siguió estuvo ajustado a las normas pues se adelantó el trámite ordinario conforme a lo señalado en la Ley 734 de 2002 en concordancia con la Ley 1015 de 2006.

Aseveró que no existe una sola prueba que permita siquiera inferir, mucho menos ofrecer certeza, respecto de alguna irregularidad en la aplicación de la sanción disciplinaria.

2.7. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa del proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Planteamiento del problema jurídico.

Considerando los cargos desarrollados en la demanda y teniendo en cuenta que el A quo se inhibió de decidir de fondo los cargos presentados por el demandante, la Sala deberá determinar sí:

¿Operó la institución jurídica de la caducidad?

¿La transcripción de las grabaciones fue trasladada legalmente al proceso disciplinario y puede tenerse como prueba, aunque no hayan sido aportados al proceso penal los audios correspondientes, sí hubo un error en la valoración de los audios porque no se tuvo presente que el señor Jair Hernán Arango Ramírez actuaba como fuente de información del demandante y, los testimonios presuntamente desestimados dan cuenta de una relación con la fuente no delictiva?

¿Está probado que el demandante actuó bajo la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenida en el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 y el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esto es, “con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”?

¿Se valoraron indebidamente testimonios relevantes y otros presuntamente desestimados y, se desconoció el principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción?

3.2. Resolución del primer problema jurídico relacionado con la ocurrencia de la caducidad.

Reitera la Sala que la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de 25 de febrero de 2016definió una regla para el cómputo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento cuando se controvierten actos disciplinarios que (i) implican el retiro temporal o definitivo del servicio y (ii) se emite un acto ejecutando la sanción disciplinaria con el que se materialice la terminación o suspensión del vínculo laboral administrativo, como en el caso sub judice.

En primer lugar, se reconoció que conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la situación descrita admitía dos interpretaciones, por un lado, que el término de caducidad se computaba desde el momento en que la persona es notificada del acto que le impuso una sanción disciplinaria o, que dicho término se cuente a partir de la ejecución del acto disciplinario.

Dijo la Sala, (…) “es claro que en principio y sin perjuicio de las situaciones que puedan presentarse en cada casa concreto, para el administrado resulta más favorable que el término de caducidad comience a contabilizarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria, en la medida en que esta actuación se realiza con posterioridad a la emisión del respectivo fallo disciplinario.

Esta circunstancia no solamente implica que el sujeto disciplinado dispone de un término más amplio para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que consecuentemente otorga a la persona una mejor oportunidad para elaborar su defensa ante las autoridades judiciales, lo que sin lugar a dudas redunda en un ejercicio más adecuado de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa.”

También analizó la Sala que dicha interpretación favorable del artículo 136 citado, no riñe con el principio de seguridad jurídica porque en todo caso permite establecer una regla clara y con ella tampoco se desconoce el principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la Carta Política pues se parte de la presunción de que las actuaciones de los particulares se ciñen a sus postulados.

De la aplicación de las anteriores reglas al presente caso se tiene que, aunque el Inspector Delegado Regional de Policía No. 3 expidió un acto administrativo con el que confirmó la sanción ya conocida e impuesta por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira MEPER-2012-183, en todo caso fue a través de la Resolución No. 00145 de 15 de enero 2014, proferida por el Director General de la Policía Nacional, por la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al Subintendente Pineda, la cual se le notificó al interesado el 20 de enero de 2014 y es, sin lugar a duda, a partir de dicho acto que se materializa la terminación del vínculo laboral administrativo.

Entonces, los cuatro meses para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho deben computarse desde el día siguiente a la fecha de la notificación, esto es, el 21 de enero de 2014 y consta en el expediente que incluso con fecha de 24 de abril de 2014, se levantó el acta de reparto del proceso, razón por la cual no operó la institución jurídica de la caducidad y por ello, es pertinente resolver los demás problemas jurídicos.

3.3. Resolución del segundo problema jurídico relacionado con la licitud de las transcripciones en ausencia de los audios, el traslado de la prueba desde el proceso penal al disciplinario, su interpretación a la luz de la relación entre el demandante y el informante.

El último inciso del artículo 29 de la Constitución Política establece que “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Por su parte, el artículo 165 del Código General del Proceso contiene una lista no taxativa de los medios de prueba y dentro de ella reconoce a los informes como tal, aclarando que también pueden serlo otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez y, en todo caso, ratifica que éste último practicará las pruebas no previstas en el Código, de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

Para el tratadista Hernán Fabio López, “el concepto de prueba ilícita no toca con los medios de prueba en sí mismos, pues al tenor del art. 165 del CGP todos ellos, abstractamente considerados, son lícitos, sino con las particulares modalidades como se obtuvo su práctica, pues resulta elemental que en su producción debe estar ausente la coacción, el engaño, el desconocimiento de derechos fundamentales del individuo, en especial el derecho a su privacidad e intimidad (…)” (El subrayado es nuestro).

Dicho lo anterior, para la Sala es claro que la licitud del informe ejecutivo FPJ-3,que contiene la transcripción de las grabaciones, no deviene de la existencia de los audios a partir de los cuales se obtuvieron sino del respeto de las garantías procesales en la práctica de dicho medio de prueba propiamente.

Por lo anterior, analiza la Sala las actuaciones procesales, características y antecedentes del Informe Ejecutivo que fue rendido en el marco del proceso penal con radicado 7600160000001200472. Se observa que dicho documento constitutivo de 374 páginas se basó a su vez en al menos 17 documentos y uno de ellos lo constituyen diez 10 CD´s contentivos de los audios capturados durante el proceso de control telemático adelantado por la Sala Oro de Control Telemático del Sistema Esperanza, operado por la Unidad de Telemática del Nivel Central del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación a órdenes de la Fiscalía 18 Especializada de la Subunidad de Hidrocarburos de Cali.

Del propio informe se lee la afirmación de los investigadores que lo elaboraron, según la cual dicho proceso “ha surtido los controles de legalidad correspondientes ante los Jueces de Control de Garantías constitucionales”

Se observa también que en el Auto de Apertura de Indagación Preliminar contra el Subintendente Frandiney Pineda Bedoya y otros dos policiales, el investigador disciplinario de primera instancia le solicitó al Juzgado 18 Especializado de Cali, “fotocopia del proceso penal que cursa en contra de los implicados radicado 7600160000001200472” y comisionó para la práctica de ésta y otras pruebas a un funcionario policial, a quien le concedió un término de seis meses, todo lo cual encuentra la Sala que se ajustó a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 734 de 2002.

Ahora bien, conforme al artículo 138 del C.D.U. “los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria”, hecho que para la Sala se cumplió con la notificación del Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria, el cual conforme al numeral 2 del artículo 154 del C.D.U. debe contener la relación de pruebas cuya práctica se ordena. Así es como en el numeral quinto y séptimo del auto citado se lee: “QUINTO: Téngase como pruebas todas y cada una de los medios probatorios allegados a la indagación preliminar P-MEPER-2012-117” y “SÉPTIMO: Avalar como plena pruebas las diligencias allegadas a la indagación preliminar P-MEPER-2012-117, las cuales fueron allegadas con el lleno de los requisitos legales”

A partir de ese momento, le correspondió al hoy demandante o a su apoderado, llevar a cabo todas las gestiones tendientes a la contradicción de los elementos materiales probatorios, de manera que para la Sala puede afirmarse que la oportunidad procesal existió pues se puso en conocimiento del investigado la existencia de la prueba como transcripción. Aunado a lo anterior, se tiene que El Informe Ejecutivo que hoy es discutido por el investigado y hoy demandante y que tuvo origen en el proceso penal, en su momento también fue puesto en conocimiento de las partes, sin que hicieran un reproche del mismo.

Lo anterior se evidencia de la lectura del Acta de Audiencia de Formulación de Acusación del 18 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento que dice: “en la fecha y hora indicada se llevó a cabo la audiencia enunciada. La Fiscalía hace lectura del escrito de acusación, igualmente relaciona pruebas testimoniales y documentales que hará valer en el juicio; los Defensores aducen se le dio traslado y nada objeta con relación a los requisitos legales que debe llenar, solicita se le haga entrega de los elementos materiales probatorios y manifiesta que no cuenta con ninguna prueba.”

El punto anterior es relevante en la medida en que el artículo 174 del Código General del Proceso establece que “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (…)”.

Nótese que en el proceso penal los investigados que hacían parte de la Policía Nacional también fueron parte en el proceso disciplinario y sobre ese punto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justiciaprecisó “ha señalado también esta Corporación que El artículo, se refiere a la prueba que ha sido válidamente practicada en un proceso, para establecer que ella puede ser allegada a un proceso distinto, reproducida en copia auténtica, siempre que en el nuevo proceso figuren como partes las que tuvieron tal carácter en el primero; en cuyo caso no se exige formalidad adicional alguna (Subrayado fuera de texto).

La doctrina también ha reconocido que las pruebas practicadas en otros procesos entre las mismas partes o entre partes total o parcialmente distintas cuando la prueba fue practicada en el primero proceso con audiencia de la parte contra quien se aduce en el segundo no requiere de ratificación “(…) aun cuando quien la aduzca no haya sido parte en aquel proceso por haber cursado o estar tramitándose entre ese oponente y otra persona, puesto que tal circunstancia no altera la debida contradicción que allí tuvo por aquel(…)”

Procede la Sala a revisar el contenido de las transcripciones correspondientes a las llamadas interceptadas al señor Jair Hernán Arango Ramírez en las que se comunicó con el hoy demandante Frandiney Pineda Bedoya, teniendo en cuenta que en todo caso entre ellos existió una relación de fuente de información a administrador de la misma. Para estos efectos a Frandiney se le identificó como Policía SIJIN y a Jair Arango como Jair.

En una transcripción de una conversación grabada el 04 de noviembre de 2011, los funcionarios de la Policía Judicial interpretaron que el Policía de la Sijin le reclama a Jair Arango sobre la actividad que está realizando referente al apoderamiento de hidrocarburos, ya que según él le había llegado información de que él (Jair) y los miembros de la organización se encontraban trabajando y de dicho trabajo no le mandaban dinero, por lo cual los advierte del hecho de tomar represalias, de ser cierto de lo que se había enterado; Jair le dice que no, que está buscando vehículos para transportar y le indica que del primer viaje que saque, nuevamente le entregará el dinero pactado.

Se lee de la transcripción lo siguiente: “POLICIA SIJIN: Si ustedes están trabajando y me están dando nada a mi marica. JAIR: No, no, no nada POLICIA SIJIN: yo después no respondo guevón”. Posteriormente y, en otra reproducción de una conversación ocurrida el 10 de noviembre de 2011 entre los mismos sujetos, los investigadores interpretaron que Jair le dice al Policía de la Sijin que le tiene $300.000 pesos ya que el dueño de la finca los está dejando entrar a realizar la actividad de apoderamiento pero no de forma continua, por lo cual está sacando un viaje de hidrocarburos para la organización y otro para Frandiney y éste último le dice que las cosas se podían complicar porque podrían tener que darle dinero a otras personas que anteriormente habían trabajado con él a fin de que no les delaten la actividad. El texto correspondiente es el siguiente:

“JAIR: Oiga. POLICÍA SIJIN: ¿Ahh? JAIR: Pero que le iba a decir, no hoy si me queda duro porque pues esta semana vea y yo, yo si le tengo ahí, pero le tengo los trescientos POLICÍA SIJIN: Si. JAIR: Si, pues ese cucho, apenas conseguimos el carro y ese cucho me está dejando entrar muy suave y, y ahí estamos sacando uno pa nosotros y uno pa usted. POLICÍA SIJIN: Porque es que, bueno yo, eso yo, ahora por la, ahora mas rato le explico, yo ahora mas rato le explico porque es que por ahí uno me llamo en estos días, yo me estaba haciendo el guevon y me pregunto por esa maricada, pues yo le, yo le dije, yo le dije que no pues, sino que me da es vaina que de pronto esos chinos empiecen a mariquiar, preguntar y marica se les alargue, se le haga no porque toca empezar a tocar a esos manes también guevón. JAIR: Si. POLICÍA SIJIN: pues claro porque yo solamente, solamente los conozco yo. JAIR: Si. POLICÍA SIJIN: Pero donde esos chinos comiencen a mariquiar a hostigar a hostigar huevón pues no sé ahí vamos a ver que hacemos; pero no entonces cuadre, porque ya es muchas, muchas semanas de nada, entonces, listo cuadre esta semana así con eso pero ya la otra semana mire a ver (sic) (…)”

En otra reproducción, correspondiente a una llamada telefónica entre los mismos sujetos el 16 de noviembre de 2011, los investigadores interpretaron que el Policía de la SIJIN le pregunta a Jair si tiene una válvula para entregársela a una persona que realiza la actividad de verificación del Poliducto Ecopetrol, ya que esta persona le había dicho que le estaban pidiendo resultados de hallazgo de válvulas a fin de evitar que ellos empezaran a realizar la búsqueda pues, eso podría complicar la actividad de extracción que venían realizando. La reproducción en la parte pertinente dice:

“POLICÍA SIJIN: Entonces ese man me llamó ahorita me dijo marica necesito que me colabore porque es que, vea que me están pidiendo resultados y, y nada de nada, pues aparte de esa pues de esa que es la que encontramos este año. JAIR: Si. POLICÍA SIJIN: nada de nada pues que lo están tallando que le están pidiendo resultados y se ponen a pedir resultados entonces empiezan a mover gente por todas partes, marica y se complica la vaina (sic) (…)”

De las pruebas transcritas y de las demás que fueron analizadas, la Sala observa que las actuaciones del demandante tienen como patrón común estar encaminadas a asegurarse el pago de sumas de dinero y a procurarse algún tipo de resultado en la detección de válvulas ilegales pero, resguardando en todo caso los intereses de la organización criminal. No se deduce de esas conversaciones que haya de por medio un trabajo de contrainteligencia entre el administrador y su fuente de información, entre otras porque de ser así, al policial le era como mínimo exigible que reportara las situaciones acontecidas a sus superiores, por cuanto suponen el conocimiento del uniformado de actividades delictivas y hasta su propio involucramiento directo, pero esto último no ocurrió.

Finalmente, analiza la Sala sí a las mencionadas transcripciones se les debe restar valor probatorio o incluso descartarlas como medios de prueba convincentes por el hecho de que no existió un estudio técnico especializado que corroborara que la voz escuchada en los audios corresponde con la del demandante y, sí igualmente era necesario que los servidores de la policía judicial que transcribieron las conversaciones, tuvieran que estar capacitados, especializados o certificados en neurolingüística, gramática, acento, hermenéutica forense, fonogramas, entre otras disciplinas, como lo requiere el demandante.

Frente al primer punto, advierte el despacho que no hay razones de fondo para dudar que las conversaciones posteriormente trascritas, ocurrieron entre sujetos distintos al demandante y Jair Hernán Arango, de hecho, el propio demandante no alegó que ello hubiera sido así, sino que reprochó que no existiera una corroboración técnica especializada. Además, de la versión libre y espontánea del disciplinado y hoy demandante se observa que éste intenta más bien contextualizar y justificar el contenido de las conversaciones, por lo que puede colegirse que él mismo acepta que fue parte de las mismas.

En lo relativo a la aparente falta de capacitación técnica de los servidores judiciales, considera la Sala que no podría argumentarse que dichas calidades no sean deseables, más no son necesarias a efectos de determinar la licitud del elemento probatorio pues, para la Sala, dicha circunstancia no le resta credibilidad ni seriedad a las transcripciones analizadas y dichas competencias especializadas no constituyen una obligación de orden legal. Además, los contenidos de las mismas resultaron evidentes para los propósitos de los hechos que se pretenden probar.

En conclusión, para la Sala el Informe Ejecutivo constituye una prueba lícita porque en su práctica se respetaron las garantías procesales del investigado, estuvo correctamente trasladada porque el operador disciplinario de primera instancia la incorporó al proceso cumpliendo las formalidades que impone el CDU, además dicha prueba fue puesta en conocimiento de la parte investigada desde el proceso penal con lo cual se cumplió el mandato del artículo 174 del Código General del Proceso y también en el proceso disciplinario para que el investigado pudiera ejercer su derecho de contradecirla.

Ahora bien, del análisis del mencionado informe se colige que las actuaciones del demandante estuvieron encaminadas principalmente a asegurarse pagos provenientes de una organización criminal y no a la realización de actividades de contrainteligencia, que el propio demandante aceptó que sostuvo esas conversaciones con Jair Hernán Arango y que no hay una exigencia de orden legal que le permita concluir a la Sala que los servidores judiciales debían contar con certificaciones de algún tipo para llevar a cabo su labor.

3.3. Resolución del tercer problema jurídico relacionado con la prueba de que el demandante actuó bajo la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenida en el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 y el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esto es, “con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

En materia disciplinaria el estudio del error es un asunto que está directamente relacionado con la culpabilidad y opera cuando se observa una discrepancia entre la conciencia del disciplinado y la realidad; además los errores pueden ser vencibles o invencibles y lo primero ocurre cuando el autor lo supera aplicando esfuerzos razonables mientras que lo segundo supone que, demostrada la diligencia debida, en todo caso no pudo salir del error.

Esta Sala, en Sentencia de 27 de febrero de 2014 determinó que para que opere la citada exención de responsabilidad “es obligatorio además de la existencia del error, que éste sea invencible.   Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.” (Subrayado fuera de texto)

Los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria ocurrieron entre el 3 de agosto de 2011 y el 23 de mayo de 2012. Del acta de entrega de la Unidad Investigativa Hidrocarburos se observa que desde el 11 de noviembre de 2010 el investigado y hoy demandante fue relevado de las funciones propias de dicha unidad y también que el 3 de junio de 2011 asumió la jefatura de la Unidad Investigativa Antipiratería Terrestre por lo que fácilmente puede concluirse que el demandante no era titular de las funciones que desplegó en la supuesta administración de la fuente de información.

Además, de la lectura del acta de entrega de la Unidad Investigativa Antipiratería Terrestre, en la que asume el mando el demandante, se observa que una de las consignas permanentes de los jefes de unidades investigativas, como es el caso del Subintendente, es “Informar de manera inmediata las novedades que se presenten al Jefe de la Seccional de Investigación Criminal”. De ello se concluye que el demandante, era conocedor de la obligación que le asistía y en todo caso no aparece en el expediente prueba de que informó a sus superiores acerca de los hechos que dieron lugar al proceso disciplinario.

Nótese que la existencia del error supone necesariamente que la conducta no se haya realizado a título de dolo, esto es, que para el caso en concreto el Subintendente no tuviera conocimiento de sus deberes funcionales ni de las prohibiciones, no haya tenido la certeza de que la conducta que desplegó implicó un grado de peligrosidad, ni que era contraria al ordenamiento y que tampoco hubiese querido realizarla,sin embargo, a la luz de las pruebas que obran en el proceso, la Sala observa que el demandante hasta la fecha de la suspensión penal contaba con más de diez años de experiencia en la institución, periodo en el cual recibió condecoraciones, felicitaciones y promociones.

Con fundamento en las reglas de la experiencia y, teniendo en cuenta que se trata de un policial de las calidades descritas, puede razonablemente concluirse que el demandante entiende que solicitar sumas de dinero a un individuo o grupo de individuos que se dedican a la extracción ilegal de hidrocarburos, así como suministrarles información con el objeto de favorecer los intereses de los delincuentes, es una actuación constitutiva de un delito y también de una falta disciplinaria, además, sus actuaciones son indicativas de querer realizar la conducta.

Dado que para la Sala no es posible inferir que el demandante haya incurrido en algún tipo de error, considera oportuno a fin de reforzar su argumento, que en todo caso al demandante le era posible superar esa supuesta convicción errada que reiteramos no existió, con una simple consulta a sus superiores.

En conclusión, no encuentra probado la Sala que el demandante haya actuado convencido errada e invenciblemente de que su conducta no constituyó falta disciplinaria por cuanto se probó que obró a título de dolo y en todo caso las pruebas indican que en la titularidad del ejercicio de sus funciones estaba obligado a reportar a sus superiores acontecimientos o novedades como las que dieron lugar al proceso disciplinario, todo lo cual no ocurrió y es precisamente con ello que hubiera podido superar un error que en todo caso no existió.

3.4 Resolución del cuarto problema jurídico relativo a la valoración de testimonios relevantes y otros presuntamente desestimados y al desconocimiento del principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción.

Analiza la Sala la versión libre y espontánea del disciplinado y hoy demandante, señor Frandiney Pineda, con el cual pretende aclarar los antecedentes y orígenes de la relación con su fuente de información, el señor Jair Hernán Arango y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la misma se desarrolló. Transcribe la Sala tres apartes relevantes así: “como yo no podía sacar el combustible yo le pedí que sacara así fueran tres no más para tenerlo como evidencia, además necesitaba tener algo para poder solicitarle al área metropolitana alguna remuneración económica para mi fuente, este tipo de conversaciones NUNCA son como lo analiza el funcionario de policía judicial (…)”.

Y más adelante declaró: “(…) lo digo por lo (sic) ciertos términos que utilizaba como por ejemplo cuando yo le decía que estaba “pelado” o blanquiado quería decir que no me había dado resultados o información para cumplir mis metas y con este muchacho como con los otros informantes lo que pretendía era lograr positivos, o incluso como no tenía nada que ocultar y yo sabía que no estaba haciendo nada malo, como yo en ocasiones le prestaba dinero así mismo se lo cobraba, cosa que también lo pueden interpretar como quieran, para mí era normal que cobrara algo que era mío y que él me debía(…)”

En otro aparte se lee: “(…) cada vez que me daba cuenta que el (sic) estaba bien untado sobre el tema del hurto de combustibles, lo que hice fue enredarlo para que no molestara tanto incluso hasta le dije que si quería que le ayudara eso le iba a costar plata y le dije que alistara una cantidad grande, porque como yo sabía que no la tenía así iba a dejar de presionar para que le ayudara, lógicamente eso no se materializó y de eso puede (sic) dar fe los funcionarios que realizaron dicho procedimiento el señor Intendente GRISALES CHISCO CARLOS y Patrullero GÓMEZ CORREAL ANDRES(…)”.

Con el objeto de corroborar dichas afirmaciones, se analizan las declaraciones del señor Intendente Carlos Andrés Grisales Chisco; Patrullero Andrés Gómez Correal; Subintendente Milton Correa Quintero; señor Jair Hernán Arango; Jorge Eliecer Arango y Diego Alonso Giraldo, las tres últimas calificadas por el demandante como relevantes e importantes.

La declaración de Grisales Chisco,quien dice haber conocido al demandante porque laboró en la SIJIN de Pereira y también dice no recordar a Jair Arango, no ofrece ningún dato relevante en relación con los hechos que se pretenden probar. Lo mismo ocurre con la del Patrullero Gómez Correal quien dijo conocer al demandante desde el año 2010 en razón a que trabajó como su subordinado en la SIJIN MEPER pero manifestó no saber nada relativo al hecho de corrupción por el que se le estaba investigando al demandante.

En cuanto a la declaración del Subintendente Correa Quintero, le permite a la Sala dar cuenta del hecho de que el demandante “en algunas ocasiones quedaba como jefe encargado del grupo de hidrocarburos y las actividades que desempeñaba en estos eran las propias de un investigador como apoyo a la administración de justicia, en el esclarecimiento de los hechos de los delitos de piratería e hidrocarburos el manejo de las fuentes humanas para tal fin que es una de las herramientas que el investigador utiliza.”

El señor Jair Hernán Arango dijo conocer al demandante en razón “a que a mi (sic) me dijeron que fuera a donde él y que tenía información para darle y que por la información pagaba dinero o recompensa”. Más adelante precisó el tipo de información que entregó así: “pues yo a él le di información de unas válvulas que habían hurtadas y de un licor adulterado y por la información que yo le daba él me pagaba”. Luego respondió afirmativamente a la pregunta del despacho acerca de sí el demandante en ocasiones le prestaba plata.

El señor Jorge Eliecer Arango y Diego Alonso Giraldo coinciden en no haber visto al demandante hasta el momento en que fueron llevados a la URI y el primero, textualmente ante la pregunta “diga al despacho desde hace cuánto tiempo distingue usted al señor Frandiney Pineda Bedoya”, contestó: “No lo distingo, desde el primer día de la captura fue el único día que lo ví”.

De las pruebas analizadas la Sala concluye que entre el demandante y el señor Jair Arango aparentemente existió una relación de fuente de información a administrador de la misma sin que fuera posible establecer la fecha exacta en la que se hizo el registro de tal situación en el cardex de la Policía, pues la constancia únicamente tiene la fecha de expedición del 7 de noviembre de 2012. Igualmente pudo establecerse que el demandante recibió la orden de desmantelar bandas el 8 de noviembre de 2012 y al igual de conseguir fuentes de información el 20 de julio de 2011.

También pudo establecerse que el investigado y hoy demandante en el año 2010, cuando se desempeñaba como Jefe de Hidrocarburos de la SIJIN Pereira, suministró información al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) acerca del hallazgo de tres (3) válvulas ilícitas. Con todo, es claro que estos hechos son anteriores al periodo en el que se surtió la investigación penal y el juicio disciplinario.

De los testimonios rendidos por Jorge Eliecer Arango y Diego Alonso Giraldo, quienes eran presuntos miembros de la banda, se extrae que en efecto no conocieron o vieron al demandante sino hasta al momento en que fueron conducidos a la URI, situación que resulta apenas natural sí se tiene en cuenta que en todo momento, los hechos y demás pruebas dan cuenta de que el vínculo del demandante fue exclusivamente a través de Jair Arango, razón por la cual esas dos declaraciones no son suficientes para desvincular al actor de las actuaciones que se le reprochan.

En cuanto a la valoración de las transcripciones de las grabaciones, la Sala observa que en todas las analizadas no hay evidencia que le de soporte a la versión del demandante, según la cual los pagos a los que se hace alusión, corresponden al saldo de deudas entre éste y su fuente de información. Tampoco resulta creíble esa versión por el contexto en el que el demandante exige los pagos o el combustible extraído.

De los hechos y las circunstancias analizadas, no se encontró una justificación para que el demandante haya solicitado sumas de dinero y compartido información con Jair Hernán Arango, tampoco para no informar a sus superiores acerca de lo que venía ocurriendo, sobre todo cuando la supuesta administración que le estaba dando a la fuente podía traer consecuencias penales y disciplinarias adversas para él. Para la Sala la ausencia de reporte a sus superiores es indicativa de las verdaderas intenciones del demandante de mantener en secreto su actuación porque conocía que ello sería objeto de reproche dentro de la Institución Policial.

En cuanto al principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción, la Sala analiza la sanción impuesta por el operador disciplinario de primera instancia, confirmado por el de segunda. Determinó el fallador que las faltas cometidas por el demandante corresponden a las establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006, las cuales están calificadas como faltas gravísimas. Encontró que las dos faltas fueron realizadas a título de dolo y posteriormente acudió a los literales e) la buena conducta anterior e i) la trascendencia social e institucional de la conducta, que hacen parte del numeral 1 del artículo 40 de la citada ley para la fijación y, al literal a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal, del numeral 2 para la graduación.

Dado que el artículo 44 de la ley 1015 de 2006 establece que para las faltas gravísimas realizadas a título de dolo la sanción es de diez (10) a veinte (20) años de destitución e inhabilidad general, encuentra la Sala que el fallador no impuso la mínima en atención a que fueron dos las faltas disciplinarias

cometidas y tampoco impuso la máxima porque le reconoció al disciplinado la buena conducta anterior y, finalmente fijo la sanción en doce (12) años, todo lo cual resulta motivado y proporcionado.

En razón de todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia del A quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

REVOCAR la Sentencia del 29 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión en la que se declara inhibida para resolver de fondo el presente proceso y condena en costas a la parte demandada vencida; en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor FRANDINEY PINEDA BEDOYA contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL.
Por Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER  CÉSAR PALOMINO CORTÉS

El proceso ingresó al Despacho el 10 de marzo de 2017
Folios 227 a 264 del cuaderno principal. Artículo 138 del CPACA
Visible a Folio 75 del Cuaderno No. 1
Visible a Folio 176 del Cuaderno No. 1
Visible a Folio 3 del Cuaderno No. 1. Los salarios dejados de percibir desde la destitución hasta la fecha de la demanda, el demandante los estimó en Cinco Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos ($5.424.648)
Mediante diligencia de notificación personal de la destitución del servicio activo de la Policía Nacional del 20 de enero de 2014, visible a Folio 330 del Cuaderno No. 1 en el archivo “Disciplinario Frandiney Parte 2”, página 377. Por valor de Seis Millones de Pesos $6.000.000
Invocó la Sentencia C-188 de 24 de marzo de 1999 para sustentar su pretensión. M.P JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, el artículo 192 y S.S. y el artículo 195 numeral 4 del CPACA
Adscrito orgánicamente a la seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira. Estos hechos fueron advertidos desde el mes de abril de 2011. Basado en el Pliego de Cargos, Visible a Folio 8 del Cuaderno Principal No. 1
Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones
Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo. Su actividad en la organización criminal se registra desde el año 2008, fue considerado por la Policía Judicial como líder de la banda en compañía de su hermano Jorge Eliecer Arango Ramírez. Jair al parecer era el encargado de coordinar comunicaciones telefónicas en cuanto a días, horas, sitios y elementos a utilizar para la instalación de válvulas, almacenamiento y transporte de los hidrocarburos apoderados. Se refirió a los artículos 185 y 187 del C.P.C
“con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”. Citó el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002. Visible a folio 296 del Cuaderno Principal. C-948 de 2002
Consejo de Estado. Subsección B. C.P. Victor Hernando Alvarado Ardila. Radicación Número 63001-23-31-000-004-00151-01(0639-10)
Visible a folio 443 del Cuaderno Principal 2
Visible a Folio 456 del Cuaderno Principal 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado, Radicación Número: 25000-23-25-000-1999-03741-01 (7392-05). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Radicación Número: 25000-23-25-000-1996-06319-01 (6319-05). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Radicación Número: 25000-23-25-000-2004-05678-02 (2137-09). Visible a Folios 504 a 521 del Cuaderno Principal 2
Visible a Folio 492 del Cuaderno Principal 2. El auto hace parte de este mismo proceso y en él se resolvió NO AVOCAR el conocimiento para proferir sentencia de unificación jurisprudencial puesto que sobre esa materia ya existe posición unificada. Visible a Folio 532 del Cuaderno Principal 2. Jair Hernán Arango Ramírez, Jorge Eliecer Arango y Diego Alonso Giraldo
Exp. No. 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012) C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Dicho acto debe emitirse de acuerdo con las competencias señaladas en el artículo 172 del C.D.U
Exp. No. 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012) C.P. Gerardo Arenas Monsalve. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Editorial Dupre, 2017. Pág 106. Visible a Folio 23 del Anexo No. 1 del proceso disciplinario
Visible a Folios 23 a 398 del Anexo 1. Proceso Disciplinario
Las firmas de los investigadores se pueden constatar a Folio 397
Visible a Folio 57
Auto del 15 de junio de 2012.Radicación No. P-MEPER 2012-117.

Visible a Folio 4
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira. Visble a Folio 416
Ibidem Folio 418
Sentencia 69 de 29 de abril de 2004, expediente 16062-01
DEVIS ECHANDIA Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Sexta Edición, Editorial ABC, Bogotá, pág. 123 y ss
Visible a Folio 69
Visible a Folio 77
Visible a Folio 89
Visibles a Folio 166 y 174. Visible a Folio 478 del Anexo 1. Proceso Disciplinario
Sánchez Herrera Esiquio Manuel. Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá. 2012. Pág. 118. Radicado 11001-03-25-000-2012-00888-00(2728-12). C.P. Bertha Lucia Ramírez De Páez (E)
Ibidem
Visible a Folio 488
De los testimonios analizados y de la propia declaración del señor Subintendente Frandiney Pineda se deduce que éste último asumía ocasional, temporalmente y por encargo las funciones de la Unidad de Hidrocarburos
Visible a Folio 491
Visible a Folio 492
De acuerdo con el tratadista Esiquio Manuel Sánchez Herrera, si el error de hecho es invencible, se excluye toda posibilidad de reproche disciplinario, en cambio, si es vencible, el autor responderá por la comisión culposa de la falta, siempre que la estructura de la misma lo permita. Visible a Folio 478
Ibidem
Ibidem
Porque según él dan cuenta de que la relación del demandante con Jair Arango no era del tipo delictivo y también que el disciplinado no se relacionó en forma alguna con los demás uniformados y demás sujetos señalados de ser miembros de la banda criminal.

Visible a Folio 512
Visible a Folio 515
Visible a Folio 522
Visible a Folio 519 y 521 respectivamente
Visible a Folio 487
Visible a Folio 497
Visible a Folio 501
Visible a Folio 485

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