RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-05481-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05481-02

Fecha
4 de octubre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05481-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO ANA MARÍA CHARRY GAITÁN MILTON CHAVEZ GARCÍA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ Aclara Voto Ausente con Excusa MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Aclara Voto Salva Voto FREDY IBARRA MARTÍNEZ SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Salva Voto MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA Ausente con Excusa CÉSAR PALOMINO CORTÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Ausente con Excusa JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 47 Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02 Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO NICOLÁS YEPES CORRALES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Plena del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05481-02

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

4 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA

Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05481-02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Quejoso: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA
Tema: PROCESO DISCIPLINARIO - RESUELVE APELACIÓN DE FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA

Fallo de segunda instancia

La Sala Plena del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la señora María Eugenia González Medina, en contra del fallo
disciplinario de 26 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I.- Antecedentes

I.1.- El origen de la actuación disciplinaria

1. La presente actuación disciplinaria se originó por la remisión de copias ordenada
por el magistrado de la Sección Segunda Subsección C del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, doctor Samuel José Ramírez Poveda, quien, en providencia de
19 de mayo de 20161, proferida dentro del expediente n.° 25000-23-42-000-2013-
05256-01, dispuso lo siguiente: «(…) Expídanse por Secretaria las copias
correspondientes, con el fin de que se investigue por parte de la Sección Segunda, la
demora en la subida del presente expediente al momento en el que el Ministerio Público y
la apoderada de la entidad demandada interpusieron el recurso de apelación, esto hace
más de un año». Tal pronunciamiento se sustentó en las siguientes consideraciones:

(…) al observar las actuaciones desplegadas por la Secretaria de esta Subsección,
respecto al trámite que se debió realizar al presente expediente, es preciso ordenar a
ésta, se expidan las copias correspondientes con el fin de que se investigue por
parte de la Sección Segunda de esta Corporación, la demora en la subida del
presente proceso a este Despacho sustanciador para pronunciarse sobre los
recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la apoderada de
la entidad demandada contra el fallo de fecha 19 de septiembre de 2014 dictado
por la Sala de esta Subsección, circunstancia que se omitió por más de un año
(…) (negrillas fuera del texto)

1 Fol. fol. 50-52, expediente digital pdf 4 / Fol. 148-149, expediente físico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

I.2.- Trámite de la actuación disciplinaria

2. La actuación disciplinaria fue repartida al magistrado doctor Carlos Alberto
Orlando Jaiquel2, en su condición de funcionario comisionado por los magistrados
de la Sección Segunda, cuyos integrantes actúan como nominadores de los
empleados de la secretaría de la Subsección C de aquella sección del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. El citado magistrado, mediante decisión de 15 de
diciembre de 20163, dispuso: «(…) la apertura de indagación preliminar de acuerdo con
lo establecido en el artículo 150 del Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002 –, con la
finalidad de verificar la ocurrencia de conductas irregulares que pudiesen constituir falta
disciplinaria e individualizar a los presuntos responsables».

3. La Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, una vez concluida la citada indagación preliminar y a través de la
providencia de 7 de noviembre de 20174, resolvió lo siguiente: «(…) PRIMERO: Abrir
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de la Doctora María Eugenia González
Medina, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.215.439 de Bogotá, y en contra del
señor Franklin Alvear Durán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.186.987 de
Valledupar (Cesar), en su calidad de Oficial Mayor y Citador de la Subsección “C” de la
Sección Segunda de esta Corporación, respectivamente, para la época de ocurrencia de
los hechos, como presuntos responsables de las conductas referidas en la parte motiva del
presente proveído».

4. El magistrado instructor de la investigación disciplinaria dispuso declararla cerrada
a través de providencia de 17 de agosto de 20185. Posteriormente, la Sala Plena de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
decisión de 3 de septiembre de 20186, resolvió formular pliego de cargos en
contra de la disciplinada María Eugenia González Medina y archivar la
investigación que se seguía en contra del empleado Franklin Alvear Durán, en
los siguientes términos:

(…) PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS en contra de la Doctora María
Eugenia González Medina, identificada con C.C. No. 52.215.439 DE Bogotá en su
calidad de Oficial Mayor Grado 13 de la Secretaría de la Subsección “C” de la Sección
Segunda de esta Corporación, para la época de ocurrencia de los hechos por incurrir
presuntamente en falta disciplinaria grave, por el incumplimiento de sus deberes
de servidor público, por vía de acción y a título de culpa grave, consistente en
expedir constancia de ejecutoria, librar comunicación de cumplimiento y
expedir también copias con constancia de ser primera copia de un fallo que no
estaba ejecutoriado. Lo anterior según lo dispuesto en los numerales 1° y 2° del

2 Fol. 58, expediente digital pdf 4. Acta de reparto de investigación disciplinaria / Fol. 154, expediente

físico.
3 Fol. 60 y 61, expediente digital pdf 4 / Fol. 156-157, expediente físico.
4 Fol. 66-82, expediente digital pdf 5 / Fol. 259-275, expediente físico.
5 Fol. 28 y 29, expediente digital pdf 6 / Fol. 328-329, expediente físico.
6 Fol. 32-61, expediente digital pdf 6 / Fol. 331-360, expediente físico.

3

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

artículo 153 de la Ley 270 de 1996, de los numerales 1° y 2° del artículo 34 de la Ley
734 de 2002 y del numeral 1° del artículo 35 ibídem, en concordancia con los artículos
22, 23 y 50 del Código Disciplinario Único y conforme con los argumentos expuestos
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de la actuación disciplinaria seguida
en contra del señor Franklin Alvear Durán, en su calidad de Citador 04 de las
Secretarías de las Subsecciones C y D, según se analizó en la parte motiva de esta
providencia (…). (negrillas fuera del texto)

5. Con sustento en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, la Sala Plena de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la conducta
constitutiva de falta disciplinaria mencionada anteriormente se dio por vía de acción
y, en lo atinente a la culpabilidad, afirmó que, aunque no se habían allegado
elementos de juicio que permitieran deducir una actuación dolosa por parte de la
disciplinada, era posible deducir un comportamiento culposo en la modalidad grave,
lo que sustentó de la siguiente manera:

(…) se puede concluir con meridiana claridad, que la empleada aquí disciplinada
incurrió presuntamente en un descuido grave en el ejercicio de sus deberes o
funciones, es decir, presuntamente fue negligente en el cumplimiento de sus
obligaciones legales en el ejercicio de su cargo, y atendiendo a su experiencia
profesional y laboral, debe entenderse este error como grave, pues no es necesario
hacer un análisis muy elaborado para concluir que las tareas secretariales que
implican dejar constancia de notificación y ejecutoria de providencias, comunicar
sentencias para su cumplimiento y expedir copias, requieren un especial cuidado y
un actuar diligente para verificar previamente que las decisiones judiciales que son
objeto de dichos trámites efectivamente se encuentren dentro de los presupuestos
legales exigidos para tal efecto, máxime cuando este tipo de actuaciones secretariales
tienen una clara incidencia en el normal desarrollo del trámite procesal y en las
actuaciones que adelantan los sujetos procesales. En consideración a lo expuesto,
se establece que la empleada disciplinada habría podido incurrir en culpa grave,
atendiendo lo previsto en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 (…)
(negrillas fuera del texto)

6. En lo que se refiere a la conducta del señor Franklin Alvear Durán, quien para la
fecha de los hechos de desempeñaba como citador grado 04 de las secretarías de
las Subsecciones C y D, se llegó a la conclusión consistente en que resultaba válida
la justificación a la conducta de archivar de manera definitiva el expediente n.°
25000-23-42-000-2013-05256-00, pese a que se encontraban sin tramitar los
recursos de apelación en contra del fallo de primera instancia, puesto que estaba
probado que, previamente al archivo del expediente, la oficial mayor de la secretaria
de la Subsección C: «(…) había dejado constancia que la sentencia del 19 de septiembre
de 2014, corregida el 20 de febrero de 2015 se encontraba ejecutoriada, había comunicado
dichas providencias para su cumplimiento y había expedido copias con constancia de ser
primera copia, con lo cual era válido que se generara en el citador de la Secretaría de la
Subsección C la confianza respecto al trámite que debía seguir y que derivaba de presumir
válidamente el cabal cumplimiento de las funciones por parte de quien para ese entonces
fungía como Oficial Mayor (…)». Todo lo cual condujo a que se diera aplicación a los
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734, en el sentido de disponer la terminación y

4

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

el consecuencial archivo definitivo de la actuación disciplinaria que se seguía en
contra de este investigado.

7. La disciplinada, una vez notificada de la decisión adoptada por la Sala Plena de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca7, con fecha 3 de
septiembre de 2018 y a través de su abogada defensora, rindió los respectivos
descargos8 en los cuales solicitó la práctica de pruebas y la terminación anticipada
del proceso.

8. El magistrado instructor del proceso disciplinario, a través de decisión de 14 de
noviembre de 20189, resolvió tener como pruebas los documentos allegados con
los mencionados descargos y ordenó que se allegaran los documentos e informes
solicitados por la disciplinada; asimismo, en providencia de 13 de febrero de 201910,
dispuso correr traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que no se
efectúo pronunciamiento alguno por parte de la señora María Eugenia González
Medina.

I.3.- El fallo disciplinario de primera instancia

9. La Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 26 de marzo de 2019 profirió fallo disciplinario de primera
instancia11, en el cual resolvió:

(…) PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de “terminación anticipada del proceso por
atipicidad de la conducta endilgada” elevada por la apoderada de la doctora María
Eugenia González Medina, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO.- DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE a la Doctora
María Eugenia González Medina, identificada con C.C. No. 52.215.439 de Bogotá, en
su calidad de Oficial Mayor Grado 13 de la Secretaría de la Subsección “C” de la
Sección Segunda de esta Corporación, para la época de ocurrencia de los hechos,
por incurrir en falta disciplinaria grave, por el incumplimiento de sus deberes de
servidor público, por vía de acción y a título de culpa grave, consistente en expedir
constancia de ejecutoria, librar comunicación de cumplimiento y expedir
también copias con constancia de ser primera copia de un fallo que no estaba
ejecutoriado. Lo anterior, según lo dispuesto en los numerales 1° y 2° del artículo
153 de la Ley 270 de 1996, de los numerales 1° y 2° del artículo 34 de la Ley 734 de
2002 y del numeral 1° del artículo 35 ibídem, en concordancia con los artículos 22, 23
y 50 del Código Disciplinario Único y conforme con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta decisión.

7 Fol. 62, expediente digital pdf 6 / Fol. 361, expediente físico.
8 Fol. 64-70, expediente digital pdf 6 / Fol. 363-368, expediente físico.
9 Fol. 83-87, expediente digital pdf 6 / / Fol. 376-380, expediente físico.
10 Fol. 11, expediente digital pdf 8 / Fol. 513, expediente físico.

11 Fol. 16-55, expediente digital pdf 8 / Fol. 517-556, expediente físico.

5

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, SANCIONAR
DISCIPLINARIAMENTE CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO por
el término de un (01) mes a la Doctora María Eugenia González Medina, identificada
con C.C. No. 52.215.439 de Bogotá, en su calidad de Oficial Mayor Grado 13 de la
Secretaría de la Subsección “C” de la Sección Segunda de esta Corporación, para la
época de ocurrencia de los hechos, por incurrir en falta disciplinaria grave, por el
incumplimiento de sus deberes de servidor público, por vía de acción y a título de
culpa grave, consistente en expedir constancia de ejecutoria, librar comunicación de
cumplimiento y expedir también copias con constancia de ser primera copia de un
fallo que no estaba ejecutoriado. Lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 44,
45, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002 y conforme con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta decisión.

CUARTO.- Para efectos de ejecución de la sanción impuesta se deberá atender a lo
dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 46 y el artículo 173 de la Ley 734 de 2002,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva (…) (negrillas fuera del texto)

10. La Sala precisó que la investigación disciplinaria tuvo su génesis en las
actuaciones desplegadas por la señora María Eugenia González Medina dentro de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número de 25000
23 42 000 2013 05256, demanda que fuere promovida por el señor José Antonio
López González en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -
CASUR.

11. Indicó que en aquel proceso se profirió la sentencia de 19 de septiembre de 2014,
a través de la cual la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de primera instancia en la que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; decisión frente a la cual,
una vez realizada la respectiva notificación por vía electrónica el 2 de octubre de
2014, se presentaron recursos de apelación por parte del Procurador 144 Judicial II
para Asuntos Administrativos -el 8 de octubre de 2014- y por parte de la apoderada
judicial de CASUR -el 13 de enero de 2015-, así como solicitud de la parte actora
para que se corrigiera el mencionado fallo -el 15 de enero de 2015-.

12. Resaltó que el mencionado expediente ingresó al despacho del magistrado
instructor del proceso -acompañado de informe secretarial de 26 de enero de 2015- y,
mediante providencia de 20 de febrero de 2015, la citada subsección dispuso
corregir la sentencia de 19 de septiembre de 2014. Tal decisión fue notificada el 26
de febrero de 2015, y el 6 de marzo de 2015 se expidió constancia secretarial en la
cual se indicó que las citadas providencias judiciales habían sido debidamente
notificadas a las partes y se encontraban legalmente ejecutoriadas desde el 3 de
marzo de 2015, a las 5:00 p.m.

13. Resaltó que se expidió la comunicación COM-028/SJRP, dirigida al Secretario
General de CASUR, por medio de la cual se comunicó -para efectos de su
cumplimiento- la sentencia de 19 de septiembre de 2014 -providencia que fue corregida
mediante decisión de 20 de febrero de 2015-, todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 203 del CPACA, en concordancia con el artículo 192 de la misma
codificación.

6

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

14. Puso de relieve que, tanto la constancia de ejecutoria como la última
comunicación mencionada, aparecen suscritas por la señora María Eugenia
González Medina, en su calidad de oficial mayor de la secretaría de la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

15. Precisó, igualmente, que estaba acreditado que el apoderado de la parte
demandante solicitó: (i) copia del oficio de comunicación del fallo a la entidad
demandada; (ii) copia auténtica de la sentencia de 19 de septiembre de 2014 y del
auto de 20 de febrero de 2015, así como del poder obrante en el expediente; (iii)
constancia de notificación y ejecutoria de la sentencia, y (iv) copia de la sentencia y
de la providencia de corrección -con la respectiva constancia de notificación, de
ejecutoria y de ser la primera copia que presta mérito ejecutivo-; petición que fue atendida
por la disciplinada, según lo acredita la constancia por ella misma suscrita el 16 de
marzo de 2015.

16. La Sala señaló que el citado expediente fue archivado el 11 de mayo de 2015 -
en la caja n.° 35374-, y puso de relieve que, dada la petición elevada por el jefe de la
oficina jurídica de CASUR -de fecha 5 de mayo de 2016- y en razón a que obraban en
el expedientes escritos de apelación -a los cuales no se les había dado trámite-, se
procedió al desarchivo del proceso y se ordenó su ingreso al despacho del
magistrado ponente, acompañado del informe secretarial de 10 de mayo de 2016.

17. Resaltó que el referido magistrado ponente, a través de auto de 19 de mayo de
2016, concedió el recurso presentado por la apoderada de la entidad demandada
pero no así el radicado por el agente del Ministerio Público, y ordenó expedir copias
para efectos de que la sección investigara la demora en el ingreso del expediente.

18. Anotó que CASUR, mediante la Resolución n.° 6104 de 27 de agosto de 2015,
dio cumplimiento a la sentencia de 19 de septiembre de 2014 -corregida a través de
proveído de 20 de febrero de 2015-, reintegrando al demandante José Antonio López
González la suma neta de $8.215.251, cantidad que fue pagada conforme la orden
de pago presupuestal n.° 294332715, con fecha de registro 9 de octubre de 2015.

19. Enfatizó en que la señora María Eugenia González Medina puso en conocimiento
del secretario general de CASUR que la comunicación de la sentencia de 19 de
septiembre de 2014 quedaba sin efectos, así como las copias auténticas con
constancia de ejecutoria que se expidieron al apoderado de la parte demandante,
en la medida en que la referida sentencia no se encontraba en firme.

20. Precisó que el 9 de junio de 2016 el referido expediente nuevamente ingresó al
despacho del magistrado instructor del proceso, quien profirió el auto de 17 de junio
de 2016, mediante el cual dejó sin efectos, parcialmente, la providencia de 19 de

7

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

mayo de 2016, y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación de que
trata el inciso 4° del artículo 192 del CPACA. Agregó que tal diligencia fue declarada
fallida y, en consecuencia, se concedió el recurso de apelación ante esta
Corporación, remitiéndose el expediente el 8 de julio de 2016.

21. Procedió a referirse a la solicitud de terminación del proceso por atipicidad de la
conducta -que fuere presentada por la disciplinada- y concluyó que tal petición no
resultaba procedente, en atención a las siguientes razones:

(…) En la formulación de[l] pliego de cargos a la que se hizo referencia, se explicaron
de manera detallada las conductas en las que presuntamente incurrió la disciplinada
en su calidad de Oficial Mayor de la Secretaría de la Subsección C y que dieron lugar
a transgredir las normas antes referidas, ya que de la documental allegada se pudo
extraer que ella expidió constancia de ejecutoria de la sentencia proferida el 19 de
septiembre de 2014, sin tener en cuenta que el fallo que fue corregido el 20 de febrero
de 2015, no podía tenerse por ejecutoriado, ya que contra el mismo habían sido
interpuestos recursos de apelación por parte del Ministerio Público y de la entidad
demandada. Así mismo, se estableció que expidió copias auténticas de las
providencias reseñadas y las comunicó para su cumplimiento e igualmente expidió
primeras copias de la sentencia de primera instancia y de su auto de corrección, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, numerales 1°, 2° y 3° del Código
General del Proceso.

De lo expuesto, se colige con certeza que en el sub lite no se evidencia atipicidad de
la conducta endilgada, por el contrario, en el pliego de cargos se explicaron
ampliamente las razones por las cuales las conductas desplegadas por la disciplinada
permiten imputar una presunta falta disciplinaria grave por incumplimiento de sus
deberes de servidor público por vía de acción y a título de culpa grave, por la posible
violación de las normas antes citadas, las cuales, a la luz de la jurisprudencia de la H.
Corte Constitucional constituyen un tipo abierto integrado por todas las disposiciones
en las que se consagran deberes, mandatos y prohibiciones (…)

22. La referida Sala también abordó lo relativo a la culpabilidad de la disciplinada,
advirtiendo que el cargo imputado a la señora María Eugenia González Medina fue
por haber incurrido en falta disciplinaria grave, por incumplimiento de sus deberes
de servidora pública, por vía de acción, a título de culpa grave.

23. Anotó que, a partir de las versiones rendidas por la investigada en las diligencias
de 26 de enero de 2017 y 27 de abril de 2018, y teniendo en cuenta los actos
administrativos de nombramiento y posesión, se podía colegir que durante el
período comprendido entre el 6 de marzo y el 16 de marzo de 2015, la disciplinada
ocupó el cargo de oficial mayor de la secretaria de la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en razón de ello ejercía,
entre otras funciones, la de revisión y firma de copias auténticas y comunicaciones.

24. Indicó que, de las pruebas obrantes en el expediente, se advertía que ningún
empleado de dicha secretaría tenía establecida la función de escribiente del
magistrado doctor Samuel José Ramírez Poveda, por lo que los trámites y
actuaciones de aquel despacho fueron asumidos directamente por la mencionada
oficial mayor, añadiendo que durante el lapso mencionado, la señora María Eugenia

8

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

González Medina expidió: «i) constancia de ejecutoria de la sentencia del 19 de
septiembre de 2014 y del auto que corrigió dicho fallo del 20 de febrero de 2015, ii)
comunicación de las referidas providencias y iii) primera copia de la sentencia del 19 de
septiembre de 2014 y del auto que corrigió dicho fallo del 20 de febrero de 2015; no obstante
que previamente se habían interpuesto contra el fallo de primera instancia recursos de
apelación por parte de la demandada y del señor Agente del Ministerio Público, los cuales
no habían sido ingresados al Despacho del Magistrado Sustanciador para resolver sobre
su concesión».

25. Argumentó que, aunque a la investigada no podía atribuírsele una actuación
dolosa, lo cierto era que:

(…) si resulta evidente que incurrió en un descuido grave en el ejercicio de sus
deberes o funciones.

Como se anotó anteriormente, a la luz del Acuerdo 209 de 1997, el Decreto 52 de
1987 y el Decreto Ley 1265 de 1970, son funciones del Oficial Mayor, entre otras,
“autorizar con su firma todas las providencias del proceso y las actas de las
audiencias y diligencias, los certificados que se expidan y los despachos y oficios que
se libren (…) pasar oportunamente al despacho de Juez o Magistrado los asuntos en
que deba dictarse providencia, sin que sea necesario petición de parte”.

En atención a los deberes asignados al cargo, resulta forzoso concluir que la
disciplinada fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales, pues no
es necesario hacer un análisis muy elaborado para concluir que las tareas
secretariales que implican dejar constancia de notificación y ejecutoria de
providencias, comunicar sentencias para su cumplimiento y expedir primeras copias,
requieren un especial cuidado y un actuar diligente para verificar previamente que las
decisiones judiciales que son objeto de dichos trámites efectivamente se encuentren
dentro de los presupuestos legales exigidos para tal efecto.

(…)

La disciplinada es consiente (sic) de sus deberes y en efecto, como presupuesto de
los actos administrativos de posesión en el cargo de Oficial Mayor prometió “cumplir
fielmente con los deberes a su cargo, obedecer y hacer respetar la Constitución y las
leyes”, de manera que conoce que la actuación realizada, esto es, expedir constancia
de ejecutoria de unas providencias judiciales que no se encontraba aún en firme, librar
comunicación de las mismas para su cumplimiento y expedir copias con constancia
de ser primera copia, contraviene los deberes y obligaciones que le fueron asignados,
empero no se determinó para ocasionar un daño intencional con su proceder, sino
que este se causó como consecuencia de su confianza o falta de prevención o
cuidado, por lo cual, es inexorable concluir que la Doctora María Eugenia González
Medina incurrió el culpa (sic) como consecuencia de las conductas anteriormente
descritas.

Ahora, con los hechos que configuran la falta disciplinaria en este caso, se afectó de
manera grave la adecuada prestación del servicio de justicia, pues, además de no
ingresar oportunamente al Despacho del Magistrado Samuel José Ramírez Poveda
el asunto identificado bajo el radicado No. 20130525600, en el cual debía dictarse
providencia, impidió que se surtiera el trámite correspondiente frente a los recursos
de apelación que formularon el señor Agente del Ministerio Público y la parte frente a
la cual la sentencia de primera instancia resultó adversa, lo que incidió en que se
retardara la decisión respecto de la concesión de dichos medios de impugnación y

9

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

por tanto la remisión del expediente al H. Consejo de Estado para su decisión
afectando la prestación del servicio de administración de justicia la cual por demás es
esencial.

Adicionalmente, en clara contradicción a su experiencia profesional y laboral, las
actuaciones desplegadas por la disciplinada repercutieron en que la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, procediera al cumplimiento y pago de una condena
judicial que aún no había adquirido plena firmeza, con la consecuente afectación de
los recursos de dicha entidad, cuya naturaleza es pública (…)

26. Luego se refirió a la ilicitud sustancial de la conducta investigada y puso de relieve
que, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 734, la falta será antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación alguna, destacando que en el presente
asunto no estaba acreditada ninguna causal de justificación y, por el contrario,
estaba demostrado que la actuación de la disciplinada implicó una afectación
sustancial de los deberes a ella atribuidas, más aun cuando la entidad demandada
efectuó el pago conforme a la orden impartida en la sentencia de primera instancia
de 19 de septiembre de 2014, la cual no estaba ejecutoriada.

27. Concluyó
señalando que la conducta imputada a la señora María Eugenia
González Medina ameritaba la imposición de sanción disciplinaria, en los siguientes
términos:

(…) XII. SANCIÓN A IMPONER Y DOSIFICACIÓN (…) La falta disciplinaria imputada
a la Doctora María Eugenia González Median, fue considerada como grave por el
incumplimiento de sus deberes de servidor público, por vía de acción y a título de
culpa grave, según lo dispuesto en los numerales 1° y 2° del artículo 153 de la Ley
270 de 1996, en los numerales 1° y 2° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el
numeral 1° del artículo 35 ibídem, en concordancia con los artículos 22, 23 y 50 del
Código Disciplinario Único, falta consistente en expedir constancia de ejecutoria, librar
comunicación de cumplimiento y expedir también copias con constancia de ser
primera copia de un fallo que no estaba ejecutoriado.

Así las cosas, para efectos de imponer la sanción respectiva es necesario remitirse a
lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, el cual prescribe
que el servidor público está sometido a suspensión para el caso de la falta grave
culposa, misma en la que incurrió la disciplinada según lo expuesto en líneas
anteriores. Ahora bien, a la luz del artículo 45 ibídem la sanción de suspensión se
encuentra definida en los siguientes términos: [se cita]

(…)

De acuerdo con la normatividad antes referida, la sanción a imponer a la Doctora
María Eugenia González Medina es la suspensión en el ejercicio del cargo, sin
embargo, con el propósito de graduar la sanción impuesta deben seguirse los criterios
establecidos en el numeral 1 del artículo 47 del Código Disciplinario Único, en
concordancia con lo prescrito en el artículo 46 Ibídem los cuales señalan: [se citan]

(…)

En el plenario se encuentra acreditado que la disciplinada no ha sido
sancionada fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores, no
actuó con ignorancia supina o desatención elemental, expuso fundadamente

10

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

sus argumentos de exoneración de responsabilidad y no se determinó para
ocasionar un daño intencional con su proceder, por consiguiente, la sanción de
suspensión en el ejercicio del cargo lo será por el término de un (01) mes.

Se advierte que se deberá atender a lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 46
y el artículo 173 de la Ley 734 de 2002, si al momento ejecución de la sanción
impuesta, la servidora pública sancionada ya no labora en el cargo en cuyo
desempeño se originó la falta disciplinaria (…) (negrillas fuera del texto)

I.4.- El recurso de apelación

28. La señora María Eugenia González Medina, una vez notificada del fallo
disciplinario12 y a través de su abogada defensora, presentó recurso de apelación13
en contra de tal decisión, solicitando su revocatoria y que: «en su lugar se exima de
los cargos imputados»14.

29. En primer lugar, se refirió a las omisiones del magistrado ponente del proceso n.°
25000234200020130525600, doctor Samuel José Ramírez Poveda, destacando
que los recursos de apelación contra la decisión de primera instancia, de acuerdo
con el reporte en el sistema de gestión judicial «SIGLO XXI» ingresaron
oportunamente al mencionado despacho junto con el expediente, por lo que había
dos asuntos a resolver «1. Recursos de apelación contra el fallo de primera instancia (…)
2. Solicitud de aclaración de sentencia».

30. Resaltó que únicamente se resolvió lo atinente a la solicitud de corrección: «sin
hacer un estudio previo, ya que lo lógico es que habiendo solicitud de corrección del fallo,
debía remitirme a este y en el orden de foliatura y registro de las actuaciones, se encontraba
de forma visible los recursos de apelación contra el referido fallo».

31. Estimó que se pretende atribuir a su defendida la falta cometida por el magistrado
Ramírez Poveda en el citado proceso, y en tal sentido señaló:

(…) Aunado a lo anterior, se le pretende endilgar a mí poderdante, la falta cometida
por el Despacho del Magistrado Ponente, en la debida diligencia, ideonidad, cuidado
e incluso de aplicación de las normas, cuando no obra a folios del expediente
disciplinario, que por parte del Despacho del Magistrado Ponente Dr. Samuel José

12 Fol. 56-57, expediente digital pdf 8 / Fol. 557-558, expediente físico.
13 Fol. 63-73 y 84-94, expediente digital pdf 8 / Fol. 564-569 y Fol. 574-584, expediente físico.
14 Se debe precisar que la abogada Yeny Rocío González Medina interpuso recurso de apelación en

contra del fallo disciplinario de 26 de marzo de 2019 mediante escrito de 4 de abril de 2019, allegando
el respectivo poder que le fue conferido por la disciplinada María Eugenia González Medina [Fol.
103, expediente digital pdf 8 / Fol. 593, expediente físico]. De acuerdo con el artículo 76 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, se
entiende revocado el poder que fuera otorgado anteriormente a la abogada Carmen Anaya
Castellanos, quien radicó, igualmente, recurso de apelación en contra del mencionado fallo
disciplinario, el cual no se tendrá en cuenta, puesto que, siguiendo el artículo 75 del Código General
del Proceso, en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una
misma persona.

11

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

Ramírez Poveda hubieren requerido la ubicación del expediente, máxime cuando
pasó más de 1 año.

Dentro de las faltas que no fueron valoradas en el presente proceso disciplinario a
cargo del Despacho del Dr. Ramírez, se encuentra: (…) 1) Falta de control del
expediente No. 25000234200020130525600, cuando es evidente que pasó más de 1
año y el Despacho nunca preguntó o exigió algún informe respecto [d]el expediente
(…) 2) No dispuso en el auto la manera en la que debía proceder la secretaría,
conociendo que existía un recurso de apelación el cual fue advertido con Informe
Secretarial (…) (sic en toda la cita)

32. Indicó, adicionalmente, que: «incluso después de advertido el error el Despacho, le
da un trámite que NO corresponde», toda vez que profirió una decisión en la que
concedió el recurso de apelación, cuando lo que ha debido ocurrir es que se
convocara para la celebración de la audiencia de que trata el artículo 192 del
CPACA, todo lo cual no fue valorado en el fallo apelado, en el que se hizo caso
omiso en torno a que: «quien subsanó los yerros del Despacho es la misma disciplinada,
quien pese a haber instrucción de admitir el recurso, lo que esta hizo fue convocar a la
referida audiencia, es decir, que los criterios de eficiencia e idoneidad en el cargo que fungía
en ese entonces, eran más que comprobables, pues fue mi poderdante quien subsanó el
error del Despacho».

33. La misma abogada defensora adujo que el juzgador disciplinario no verificó la
idoneidad de la disciplinada, en tanto en ningún momento se consideró «la diligencia
en el ejercicio de su cargo»; tampoco se tuvo en cuenta que nunca incurrió en mora
alguna en su trabajo, y agregó que no fueron analizadas las deficiencias «(…) en el
manejo de normas de Derecho sustancial y procedimental del Despacho del Magistrado
Ponente, como tampoco la falta de control sobre sus propios expediente» pues, en su
concepto, el magistrado instructor del proceso n.° 25000234200020130525600 no
cumplió con sus deberes, a lo que agregó que nunca «(…) se pidió a los Magistrados
concepto de la disciplinada y la satisfacción de estos, respecto al cumplimiento en las
funciones de esta».

34. Advirtió que el cargo de oficial mayor, para el momento en que se los hechos
ocurrieron, no requería que fuera desempeñado por un abogado, luego de lo cual
planteó lo siguiente:

(…) dejar la suerte del expediente a la secretaría, ningún juez lo puede hacer, debe
ejercer control permanente y constante y en este caso, el Despacho no lo hizo.

Es deber de los abogados, estar al tanto de los expedientes y ninguno de los
apoderados lo hizo en la manera que correspondía todos los profesionales del
derecho, pero sí exigen de un cargo que no tiene como requisito ser titulado como
abogado, suplir todas las faltas de los anteriores e imponer una sanción en el grado,
sin contemplación alguna del contexto, la facultad o la potestad disciplinaria del
Estado, no está para encontrar personas a las que se les puede cargar toda la
responsabilidad sin miramiento alguno del contexto, lo cierto es que en el caso que
nos ocupa hubo un concurso de conductas desafortunadas, tanto del Despacho del
Magistrado Ponente como de las partes, que desencadenaron en el pago de una

12

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

sentencia que no estaba ejecutoriada, no se hizo en virtud de la simple equivocación
de la secretaría.

Toda constancia no está conformada por documentos originales sino que dan cuenta
de asuntos incorporados al expediente y que las partes pudieron verificar.

El error de secretaría debía ser intrascendente si las partes están representadas por
abogados titulados si se hubieran dado cuenta, no se entiende como una entidad
demandada apela y aun cuando se colige que es conocedora de sus actuaciones
procesales realice el pago, no se pretende desconocer el error cometido al hacer
proferido las constancias de ejecutoria pero dicho error nunca es invencible respecto
de la conducta de la Entidad, está fácilmente podía vencer el error y no pagar,
simplemente con el conocimiento que se apeló y no debía estar en firme.

Más aún en el encargo encomendado como defensa de la Entidad demandada, el
profesional en derecho conforme al Estatuto del Abogado y los deberes que este
consagra, debió advertir sobe la imposibilidad de pago, reiterando que el error
cometido por mi poderdante era vencible y no fue determinante para el pago, lo que
fue determinante fue la actitud omisiva y negligente de la Entidad y su apoderado.

Insistiendo la suscrita, en que el error era fácilmente invencible por cada uno de los
involucrados, ahora no puede endilgarse la responsabilidad absoluta a mi poderdante
y muchos menos atribuirle facultades decisorias dentro del proceso cuando no las
tenía, máxime cuando insisto que el yerro cometido por una persona que funge un
cargo del cual no es necesario ser profesional en derecho puede ser invencible para
las partes y para el Despacho del Magistrado Ponente, porque ello redundaría en que
la suerte de todos los procesos se encuentra bajo lo que indique una persona que no
es abogada y así no está diseñado el aspecto funcional y procedimental de la Rama
Judicial, precisamente no se pide ese requisito porque se elaboran actividades de
simple ejecución, la Secretaría no da concepto, la Secretaría cumple y ejecuta la
órdenes del Despacho (…)

35. Consideró, en segundo lugar, que la decisión disciplinaria objeto de apelación
atribuye a su defendida funciones de control de legalidad sobre el expediente,
desconociendo que las competencias de un oficial mayor únicamente guardan
relación con labores secretariales y de trámite, motivo por el cual a la investigada
no se le podía imponer la carga de hacer una validación integral del expediente,
puesto que ello pondría en entredicho la idoneidad del despacho del magistrado
instructor del precitado proceso.

36. Resaltó, siguiendo para el efecto la certificación expedida por el secretario
general de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
ejecutó las funciones de su cargo con la orientación de sus superiores: «procediendo
conforme al ingreso que el Despacho del Magistrado Ponente, realizó no habiendo orden
de reingreso a fin de resolver los recursos de apelación que ya habían sido advertidos».

37. Explicó, en tercer lugar, que el fallo disciplinario desestimó la carga laboral que
la disciplinada tenía para el momento en que se materializó la conducta censurada,
puesto que cumplía las labores asignadas a los cargos de oficial mayor y de
escribiente, luego de lo cual indicó lo siguiente:

13

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

(…) más gravoso aun que se evidencia a folios del expediente que fue allegado escrito
de mi poderdante quien comunica el atraso en el puesto de trabajo de quien estaba a
cargo del Magistrado Ponente Samuel José Ramírez Poveda, donde aparte de sus
responsabilidades como Oficial Mayor, siendo esto ya una alta carga laboral, tenía
que asumir funciones que no eran propias de su cargo, la sanción a mi poderdante,
en este caso, corresponde a haber desplegado una función que no era de su cargo.

(…)

No fue objeto de valoración que mi poderdante estaba asumiendo una carga adicional
y el tiempo que ello implicó, no solamente al recibir un cargo con atraso en su gestión,
de lo cual fue advertido al Magistrado Samuel José Ramírez Poveda, quien guardó
silencio sobre el escrito y no dimensionó la necesidad de suplir de inmediato el cargo
vacante.

Existió así mismo, responsabilidad conjunta de la Sala Plena de la Sección Segunda,
cuando al haber conocido y concedido la solicitud de traslado del funcionario, de un
forma expedita y ágil no realizó nombramiento de inmediato de la persona que lo
reemplazara, estando obligada a ello, sin embargo, esta plaza estuvo vacante el
tiempo suficiente que le agravó la carga laboral a mi poderdante al no ser suficiente
con sus responsabilidades como Oficial Mayor debía ahora asumir el de escribiente,
por lo tanto, no hubo una consideración acerca de la carga laboral, cuando la Sala
aprueba el traslado y no nombra su reemplazo, esto es ser omisivo en el desempeño
de sus funciones y desconsiderado con la carga laboral, en todo caso, están
promoviendo ambiente para que se generen este tipo de errores, máxime cuando la
facultad nominadora no reviste en la disciplinada y fue la misma acción omisiva que
contribuyó a que el ambiente fuera de más carga laboral y por ende más propenso a
cometer errores humanos, esa misma Sala que contribuyó es la que hoy la está
sancionado y está reprochando un acto que se generó precisamente a partir de la
falta de nombramiento de escribiente que la Secretaría necesitaba para su normal
funcionamiento.

Es claro que había una persona menos en la Secretaría y si bien este cargo estaba
vacante las responsabilidades a su cargo persistían y estar llamado alguien a
asumirlas cuando no debía ser así y en este caso le correspondió a la Oficial Mayor
hoy disciplinada, fue la misma acción omisiva de no nombrar quien le reemplaza.

La creación de los cargos es por su necesidad y ese cargo estuvo vacante y la
Sección Segunda no nombró siendo su deber proveer las plazas, lo cual afectó el
servicio, máxime cuando el control no existió en el presente caso, cuando la misma
persona que proyectaba los oficios era la que firmaba (…) (sic en toda la cita)

I.5.- Trámite del recurso de apelación

38. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en primera instancia, por
medio de la providencia de 11 de abril de 201915: (i) admitió la revocatoria del poder
otorgado por la disciplinada a la abogada Carmen Anaya de Castellanos; (ii)
reconoció como apoderada judicial de aquella a la abogada Yeny Rocío González
Medina, y (iii) concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto
en contra del fallo disciplinario de 26 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena

15 Fol. 11-13, expediente digital pdf 9 / Fol. 609-611, expediente físico.

14

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ordenó la
remisión del expediente al Consejo de Estado.

39. Una vez efectuado el reparto del proceso al despacho del magistrado que actúa
como ponente de esta decisión16, se profirió el auto de 21 de mayo de 201917, a
través del cual se ordenó: «DEVOLVER inmediatamente el expediente al Despacho del
doctor Carlos Alberto Orlando Jaiquel, Magistrado del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, el proceso disciplinario de la referencia, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia», luego de señalarse que la
providencia objeto de impugnación -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115
de la Ley 270 de 1996, en el artículo 76 de la Ley 734 y en la providencia de 12 de abril de
2019, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado dentro del expediente n.° 25000
23 42 000 2013 04481 01- fue proferida por aquella corporación «sin competencia, en
tanto el superior jerárquico de la doctora María Eugenia González Medina, dada su
condición de Oficial Mayor adscrita a la Secretaría de dicha Sección, es el Secretario de la
Sección Segunda y, por ende, dicho funcionario es el juez natural que debe conocer, en
primera instancia, de la investigación disciplinaria de la referencia».

40. La Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la providencia de 8 de julio de 2019 18, dispuso lo
siguiente: «REMÍTASE inmediatamente el expediente de la referencia al Secretario de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca».

41. El secretario general de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante comunicación de 13 de agosto de 2019 19, pidió -con
sustento en el artículo 82 inciso 3° de la Ley 734-, reconsiderar la decisión adoptada en
la providencia mencionada y solicitó que el expediente disciplinario fuera remitido a
la Procuraduría General de la Nación para que: «mediando su poder preferente
disciplinario asuma en segunda instancia el conocimiento del asunto, para garantizar a la
disciplinada apelante el principio de la doble instancia». Adicionalmente, señaló que: «la
Sala de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su calidad de
autoridad nominadora y superior jerárquico inmediato ostenta la facultad disciplinaria para
conocer en primera instancia los proceso disciplinarios contra los empleados adscritos a las
Secretarías de la Sección Segunda e imponer las sanciones a que haya lugar, no el
Secretario».

42. La Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en providencia de 16 de septiembre de 2019 20, al resolver la
solicitud de su secretario, decidió lo siguiente: «Por la Secretaria de la Sección Segunda
– Subsección C–, remítase el proceso de la referencia a la Procuraduría General de la
Nación, a fin de que asuma su conocimiento en segunda instancia, conforme a sus
competencias».

16 Fol. 24, expediente digital pdf 9 / Fol. 617, expediente físico.
17 Fol. 26-28, expediente digital pdf 9 / Fol. 619-620, expediente físico.
18 Fol. 39-43, expediente digital pdf 9 / Fol. 629-633, expediente físico.
19 Fol. 49-54, expediente digital pdf 9 / Fol. 638-640, expediente físico.
20 Fol. 56-63, expediente digital pdf 9 / Fol. 644-651, expediente físico.

15

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

43. Por su parte, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, a través del
proveído de 17 de marzo de 202121 ─IUS E-2019-636724 / IUC D-2021-1790471─
decidió remitir el proceso a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Administrativa y Judicial, para que, «de acuerdo con las reglas generales para el
ejercicio de poder preferente, analice la procedibilidad de este instrumento, relativo a la
segunda instancia de la actuación distinguida con el radicado número 25000 23 42000 2016
05481 00».

44. ElProcurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en
providencia de 6 de mayo de 202122, resolvió: «Declarar que NO es procedente el
ejercicio del poder preferente dentro del proceso disciplinario 2016-05481-00 que adelanta
el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C,
contra la señora MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA. Que corresponde (sic) a solicitud
radicado IUS E-2019-636724 IUC D-2021-1790471».

45. Con fundamento en lo anterior, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de la providencia de 27 de septiembre de 202123, declaró
su falta de competencia para conocer del asunto de la referencia en segunda
instancia y, en consecuencia, planteó «conflicto negativo de competencia entre el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación y el
Consejo de Estado», ordenando la remisión de las diligencias a la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado.

46. Las diligencias fueron repartidas a la Sala de Consulta y Servicio Civil bajo el
radicado n.° 110010306000202101720024, y esta sala, mediante providencia de 9
de febrero de 202225, resolvió lo siguiente:

(…) PRIMERO: DECLARAR competente a la Sala Plena del Consejo de Estado para
resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora María Eugenia González
Medina contra el fallo de primera instancia emitido, el 26 de marzo de 2019, por la
Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del proceso disciplinario identificado con el número 25000-23-42-000-2016-
05481-00.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Sala Plena del Consejo de Estado, por
intermedio de su presidente, para que continúe con la actuación correspondiente.

(…)

CUARTO: ADVERTIR que los términos legales a los que esté sujeta la actuación
administrativa de la referencia se reanudarán o empezarán a correr a partir del día
siguiente a aquel en el cual se comunique la presente decisión (…)

21 Fol. 69-81, expediente digital pdf 9 / Fol. 656-662, expediente físico.
22 Fol. 87-90, expediente digital pdf 9 / Fol. 667-668, expediente físico.
23 Fol. 96-103, expediente digital pdf 9 / Fol. 676-679, expediente físico.
24 Fecha 9 de noviembre de 2021.
25 Expediente digital docx 22.

16

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

47. Cabe resaltar que la presente actuación disciplinaria, con fecha 10 de marzo de
202226, fue remitida por la secretaria general del Consejo de Estado al despacho
del magistrado ponente de esta decisión.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

48. La Sala Plena, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentados por la disciplinada, abordará: i) su competencia; ii) la cuestión previa
relativa a las pruebas solicitadas en el recurso de apelación; iii) los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, y posteriormente expondrá iv) las
conclusiones del citado análisis.

II.1. La competencia

49. La Sala Plena del Consejo de Estado es competente para conocer y decidir, en
segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por la disciplinada en contra
del fallo disciplinario de 26 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por así disponerlo
el artículo 115 de la Ley 270 de 199627, en armonía con el artículo 74 de la Ley 734
de 200228, el artículo 2º del Acuerdo 080 de 201929 y de acuerdo con lo decidido por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en pronunciamiento
emitido el 9 de febrero de 2022, dentro del radicado número 11001-03-06-000-2021-
00172-00.

II.2. Cuestión previa -petición de pruebas en segunda instancia-

50. El despacho sustanciador de esta actuación, mediante providencia de 2 de
septiembre de 2022, rechazó la solicitud de decreto y práctica de pruebas

26 Índice 3, SAMAI.
27 Ley 270 de 1996, artículo 115. “Competencia de otras corporaciones, funcionarios y empleados

judiciales. Corresponde a las Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama
Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean
sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al
Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario, conforme al
procedimiento que se establezca en leyes especiales (…)”.
28 Ley 734 de 2002, artículo 74. “Factores que determinan la competencia. La competencia se

determinara teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio
donde se cometio la falta, el factor funcional y el de conexidad. // En los casos en que resulte
incompatible la aplicacion de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia,
prevalecera este ultimo”.
29 Acuerdo 080 de 2019, artículo 2º. “Atribuciones de la Sala plena. La Sala Plena del Consejo de

Estado tendrá las siguientes atribuciones: (…) 20. Decidir, previa investigación por comisión de su
seno, las faltas disciplinarias cuyo conocimiento le corresponda (…)”.

17

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

presentada por la disciplinada en el citado recurso de apelación30. Esta decisión fue
notificada a la disciplinada31, quien no realizó pronunciamiento alguno.

I.3. Los argumentos expuestos en el recurso de apelación

51. La Sala Plena, dentro de la oportunidad correspondiente32, y de acuerdo con el
artículo 171 de la Ley 734, encuentra que los argumentos expuestos en el recurso
de apelación presentado por la apoderada de la disciplinada, son los que se
describen y analizan a continuación:

i) La disciplinada estima que no cometió falta disciplinaria y atribuyó la
conducta irregular a los integrantes del despacho del instructor del
proceso de radicación n.° 25000 23 42 000 2013 05256 00, a cargo del
magistrado Samuel José Ramírez Poveda, así como a los apoderados
judiciales de los sujetos procesales

52. La disciplinada estimó que no incurrió en falta disciplinaria y atribuyó la comisión
de la misma al magistrado instructor del proceso identificado con el número de
radicación 25000234200020130525600, doctor Samuel José Ramírez Poveda, así
como a los apoderados judiciales de los sujetos procesales.

53. Afirmó, desde tal perspectiva, que el despacho del magistrado instructor del
proceso: (i) decidió únicamente la solicitud de corrección del fallo de primera
instancia dictado en el mencionado expediente, y se abstuvo de impartir
instrucciones a la secretaría en relación con la forma en que se debía proceder -
pese a conocer la existencia de los recursos de apelación frente a tal providencia-, dejando
la suerte de tal proceso a la secretaría; (ii) omitió realizar control y seguimiento
permanente del expediente a su cargo, pues nunca requirió el expediente aun
cuando había transcurrido más de un año, y (iii) erró al conceder uno de los recursos
de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia pese a
que, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, se ha debido convocar a una
audiencia de conciliación, situación que fue subsanada por la intervención de la
disciplinada.

30
Índice 5, SAMAI.
31
Índice 7 y 8, SAMAI.
32 Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la

Ley 1474 de 2011, «(…) La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. (…)». En el presente asunto, la Sala Plena
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca [Fol. 259-275, expediente físico] dictó, el
7 de noviembre de 2017, providencia de apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora María
Eugenia González Medina, fecha a partir de la cual empezaría a contarse tal término; sin embargo, el mismo
fue interrumpido con ocasión de la expedición del fallo disciplinario de 26 de marzo de 2019 [Fol. 517-556,
expediente físico] y su notificación a la disciplinada [Fol. 517-556, expediente físico], siguiendo para el efecto la
Sentencia de Unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 29 de septiembre de 2009
radicado No. 11001031500020030044201 (consejera ponente: Susana Buitrago Valencia), la cual acogió el
criterio consistente en que, tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera
oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad se expide y se notifica el acto administrativo
principal que resuelve de fondo el proceso sancionatorio, esto es, la decisión disciplinaria de primera instancia.

18

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

54. Añadió que el juzgador disciplinario no verificó la idoneidad de la disciplinada
para el ejercicio del cargo, tampoco tuvo en cuenta que no incurrió en mora alguna
en el desarrollo de sus funciones, ni pidió a los magistrados que integraban la
subsección concepto sobre la disciplinada y su satisfacción frente al cumplimiento
de sus tareas.

55. Manifestó que los apoderados judiciales de los sujetos procesales han debido
estar al tanto del estado del proceso, lo cual no ocurrió y, en esa medida, no se le
podía trasladar a un empleado que no tenía la condición de abogado y cuyas labores
se limitan a la ejecución de las órdenes del despacho, suplir las falencias de
aquellos y del despacho del magistrado instructor; resaltando que en el presente
asunto lo que sucedió no fue el producto de una simple equivocación de la
secretaría sino un concurso de conductas desafortunadas de los apoderados de los
sujetos procesales y del despacho del magistrado instructor del proceso que
desembocaron en el pago de una sentencia que no estaba ejecutoriada.

56. Cuestionó también la actuación de la parte demandada y de su apoderado
judicial, en tanto que no entiende cómo una entidad apela una decisión y,
posteriormente, realiza el pago; y aunque afirma que no se pretende desconocer el
error cometido, en su entender, la entidad demandada y que fuere condenada en el
proceso, podía vencer la equivocación y no pagar la condena ante el conocimiento
de que había presentado una impugnación y, por ello, la condena no se encontraba
en firme; todo lo cual conduce a afirmar que el yerro de la disciplinada no fue
determinante para el pago y, por el contrario, sí lo fue la negligencia de la entidad
pública.

57. La Sala, para efectos de resolver tal inconformidad con el fallo disciplinario de 26
de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, comienza por advertir que en el expediente
disciplinario consta que el señor José Antonio López González, a través de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional - CASUR33, en la que elevó las siguientes pretensiones:

(…) PRIMERA. Que se declare la Nulidad de la resolución No 6259 del 13 de
diciembre de 2006, proferida por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, a través de la cual revoca en todas sus partes la resolución No
7714 del 29 de diciembre de 2004 que reconoció y ordenó el pago de asignación
mensual de retiro al señor Teniente Coronel José Antonio López González a partir del
20 de diciembre de 2004, como también dispuso la devolución de la mesada del 01
de noviembre de 2006 al 30 de noviembre de 2006.

33 Fol. 39-62, expediente digital pdf 3 / Fol. 40-63, expediente físico

19

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

SEGUNDA. Que se declare la nulidad parcial de la resolución No 3111 del 29 de abril
de 2013, proferida por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional “por la cual se reconoce y ordena el pago de asignación mensual de retiro
del actor a partir del 24 de marzo de 2013, en la parte pertinente que tuvo en cuenta
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, cuando corresponde es el reajuste
de la asignación de retiro reconocida mediante la resolución 7714 del 29 de diciembre
de 2004, con fundamento en el artículo 70 del decreto 1791 de 2000, por haber
cumplido el reincorporado con la obligación de prestar más de cinco (5) años de
servicio, adquiriendo el derecho de modificar el porcentaje por tiempo de servicio y a
obtener el reajuste correspondiente al nuevo grado por haber ascendido a Coronel.

TERCERA. Que se declare la nulidad parcial del oficio 4583 de agosto 12 de 2013,
por el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional niega el reconocimiento
y pago de la asignación de retiro que se ha dejado de hacer desde el 01 de noviembre
de 2006 hasta el 23 de marzo de 2013, según se induce de dicho oficio que atiende
petición presentada a la demandada en fecha 26 de marzo de 2013-radicación
2013022976.

CUARTA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores a título de
restablecimiento se le reconozca a mi poderdante el derecho cierto e irrenunciable a
su asignación mensual de retiro, siendo reconocido mediante la resolución 7714 del
29 de diciembre de 2004, derecho adquirido y consolidado conforme a la ley.

QUINTA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de
restablecimiento se ordene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
restablecer el pago de la asignación de retiro reconocida mediante la resolución 7714
de 2004, desde el 01 de noviembre de 2006 hasta el 23 de marzo de 2013.

SEXTA. Como consecuencia de las nulidades declaradas, se ordene a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, corregir la resolución No 3111 del 29 de abril
de 2013, “por la cual se reconoce y ordena el pago de asignación mensual de retiro
del actor a partir del 24 de marzo de 2013, en el sentido que corresponde es el
reajuste de la asignación mensual de retiro reconocida mediante la resolución 7714
del 29 de diciembre 2004, con fundamento en el artículo 199 del decreto 1212 de
1990-Hoja de servicio- y en el artículo 70 del decreto 1791 de 2000, por haber
cumplido el reincorporado con la obligación de prestar más de cinco (5) años de
servicio, adquiriendo el derecho de modificar el porcentaje por tiempo de servicio y a
obtener el reajuste correspondiente al nuevo grado por haber ascendido a Coronel.

SEPTIMA. Que para el pago de los valores adeudados de las mesadas de la
ASIGNACIÓN DE RETIRO, el efecto de la prescripción extintiva cuatrienal es de las
mesadas y no en cuanto el derecho pensional por sí mismo.

OCTAVA. Condénese a la demandada a reintegrar al actor todas las sumas que se
generen con ocasión del presente proceso, por concepto de honorarios de abogado
y costas procesales (…)

58. A la referida demanda le fue asignado el número de radicación 250002342000
20130525600 y la misma fue repartida al magistrado Samuel José Ramírez
Poveda34, quien, a través del auto de 6 de noviembre de 2013, procedió a su
admisión35. Este proceso judicial culminó con la expedición, por parte de la Sección

34 Fol. 63, expediente digital pdf 3 / Fol. 64, expediente físico.
35 Fol. 65-66, expediente digital pdf 3 / Fol. 66-67, expediente físico.

20

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la
sentencia de 19 de septiembre de 201436, en la cual se decidió lo siguiente:

(…) Primero.- Declárase prescrito el pago de las mesadas causadas por el
demandante, con anterioridad al 26 de marzo de 2010, por lo expuesto en los
considerandos de esta providencia.

Segundo.- Declárese la nulidad de la Resolución No. 6259 del 13 de diciembre de
2006, mediante la cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, revocó unilateralmente la asignación de retiro del Teniente Coronel
® de la Policía José Antonio López González.

Tercero.- Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 3111 de 29 de abril de
2013, mediante la cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía, ordenó el reconocimiento y pago de una nueva asignación de retiro al
demandante, desconociendo lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto 1212 de
1990, así como la nulidad del Oficio GAG-SDIP 4583 del 12 de agosto de 2013, por
el cual se mantuvo la entidad en esta omisión y en la negativa de pagar los valores
suspendido con ocasión a la reincorporación del demandante al servicio activo de la
Policía.

Cuarto.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se ordenará al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía,
reintegrarle y pagarle al Coronel ® de la Policía José Antonio López González (…) los
valores descontados y dejados de pagar por concepto de asignación de retiro, en
virtud de la Resolución No. 6259 del 13 de diciembre de 2006, con efectos a partir del
26 de marzo de 2010, por prescripción, y hasta el 23 marzo de 2013, ya que a partir
del 24 del mismo mes y año, deberá pagarle las mesadas correspondientes conforme
a la Resolución No. 3111 de 29 de abril de 2013, debidamente reajustadas en los
términos del artículo 128 del Decreto 1212 de 1990, conforme a lo expuesto en la
parte motiva.

Quinto.- Ordenase a la entidad dar cumplimiento a esta sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011–.

Sexto: Deniéguense las demás súplicas de la demanda (…)

59. También consta que el Procurador 144 Judicial II para asuntos administrativos,
doctor Alfonso Antonio Quintero García, mediante memorial de fecha 8 de octubre
de 201437, radicado en la secretaría de la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentó recurso de apelación en contra
de la sentencia de 19 de septiembre de 2014.

60. Asimismo, se encuentra copia del recurso de apelación presentado en contra de
dicho fallo por la apoderada judicial de CASUR, doctora Margaret Saavedra

36 Fol. 97-120, expediente digital pdf 3 / Fol. 95-106, expediente físico.
37 Fol. 3-6, expediente digital pdf 4 / Fol. 110-113, expediente físico

21

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

Castellanos38, el cual fue radicado el 13 de enero de 201539 ante la secretaría de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

61. A su turno, el apoderado judicial del actor presentó solicitud de aclaración y
corrección del fallo de 19 de septiembre de 2014, a través de memorial radicado el
15 de enero de 201540 ante la secretaría de la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

62. La oficial mayor, señora María Eugenia González Medina, el 26 de enero de
2015 remitió el expediente del proceso n.° 25000234200020130525600 al despacho
del magistrado Samuel José Ramírez Poveda, señalando lo siguiente:

(…) INFORME AL DESPACHO (…) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA (…) Sección Segunda – Subsección “C” (…) Al Despacho de la H.
Dr. (a) SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA (…) lunes, 26 de enero de 2015

NOTIFICADA ELECTRÓNICAMENTE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, PASA AL DESPACHO DEL HONORABLE MAGISTRADO,
CON LOS SIGUIENTES ESCRITOS:

APELACIÓN DEL DR. ALFONSO ANTONIO QUINTERO GARCÍA PROCURADOR
144 JUDICIAL II ADMINISTRATIVO.

SOLICITUD DE LA DRA. MARGARET SAAVEDRA CASTELLANOS APODERADA
DE LA ENTIDAD DEMANDADA PRESENTANDO APELACIÓN CONTRA LA
SENTENCIA.

SOLICITUD DEL DR. JAIRO ORLANDO TORRES SÁNCHEZ, APODERADO DE LA
PARTE ACTORA SOLICITANDO ACLARACIÓN Y/O CORRECCIÓN DEL FALLO.

PARA PROVEER.
(Firmado)
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
OFICIAL MAYOR41

63. LaSubsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 20 de febrero de 201542, resolvió lo siguiente:

(…) CORREGIR la Sentencia proferida por este Despacho el 19 de septiembre de
2014, en sus numerales primero y cuarto, así:

Primero.- Declárase prescrito el pago de las mesadas causadas por el demandante,
con anterioridad al 26 de marzo de 2009, por lo expuesto en los considerandos de
esta providencia

38 Consta que la apoderada judicial de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través

de memorial de 29 de enero de 2015 (fol. 28-33, expediente digital pdf 4), renunció al poder que le
fue otorgado por aquella institución.
39 Fol. 7-23, expediente digital pdf 4 / Fol. 114-123, expediente físico
40 Fol. 24-26, expediente digital pdf 4 / Fol. 124-126 vuelto, expediente físico
41 Fol. 27, expediente digital pdf 4 / Fol. 127, expediente físico.
42 Fol. 35-38, expediente digital pdf 4 / Fol. 135-137, expediente físico

22

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

Cuarto.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se ordena al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía,
reintegrarle y pagarle al Coronel ® de la Policía José Antonio López González (…) los
valores descontados y dejados de pagar por concepto de asignación de retiro, en
virtud de la Resolución No. 6259 del 13 de diciembre de 2006, con efectos a partir del
26 de marzo de 2009, por prescripción, y hasta el 23 de marzo de 2013, ya que a
partir del 24 del mismo mes y año, deberá pagarle las mesadas correspondientes
conforme a la Resolución No. 3111 de 29 de abril de 2013, debidamente reajustadas
en los términos del artículo 128 del Decreto 1212 de 1990, conforme a lo expuesto en
la parte motiva (…)

64. En el referido expediente obra la siguiente constancia43:

(…) Bogotá D.C., hoy DIECISEIS (16) de MARZO de DOS MIL QUINCE (2015)

Se deja constancia que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 114, numeral 1°,
2° y 3° del Código General del Proceso, se expidió PRIMERA COPIA de la sentencia
proferida por el esta (sic) CORPORACIÓN el día DIECINUEVE (19) DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014) y del auto que corrige la misma de
VEINTE (20) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015).

(Firmado)
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Oficial Mayor con funciones de secretaria

65. También aparece en el expediente disciplinario copia de la constancia de
ejecutoria expedida por la oficial mayor María Eugenia González Medina44, cuyo
contenido es el siguiente:

(…) CONSTANCIA DE EJECUTORIA

BOGOTÁ D.C. SEIS (6) de MARZO de DOS MIL QUINCE (2015)

EXPEDIENTE N° 250002342000201305256
DEMANDANTE: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
DEMANDADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

Las anteriores fotocopias en QUINCE (15) folios, son AUTÉNTICAS tomadas del
expediente mencionado.

Se deja constancia que para la fecha de la presente autenticación dichas providencias
se encuentran debidamente NOTIFICADAS a las partes y legalmente
EJECUTORIADAS, el día TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015) a las
5:00 p.m.

La Secretaria
(Firmado)
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Oficial mayor

43 Fol. 38, expediente digital pdf 4 / Fol. 137 vuelto, expediente físico.
44 Fol. 40, expediente digital pdf 4 / Fol. 139, expediente físico.

23

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

66. Igualmente, se encuentra la comunicación COM-028/SJRP de 6 de marzo de
2015, expedida por la oficial mayor María Eugenia González Medina45, que al tenor
señala:

(…) COM-028/SJRP (…) Bogotá, D.C., viernes, 06 de marzo de 2015

Señor (A):
SECRETARIO GENERAL
CAJA DE SUELGOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
CARRERA 7a No. 13-52
CIUDAD

ASUNTO : COMUNICACIÓN SENTENCIA
JUICIO : 250002342000201305256 00
DEMANDANTE : JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
(…)
DEMANDADO : CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
MAGISTRADO : SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA

Para su ejecución y cumplimiento de conformidad con lo previsto por el artículo 203
del C.P.A.C.A, en concordancia con el artículo 192 ibídem, atentamente me permito
enviar fotocopia en 15 con sus respectivas vueltos folios debidamente autenticados
del fallo proferido por esta corporación el día DIEICINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL CATORCE (2014) y su corrección de fecha VEINTE (20) de FEBRERO
de DOS MIL QUINCE (2015).

Es importante indicar que, conforme a las normas citadas, la ejecución de la sentencia
deberá realizarse dentro de los veinte (20) días siguientes, contados a partir de la
fecha del recibo de la presente comunicación.

Ejecutoriada, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015) a las 5:00 p.m.
Se anexa constancia de ejecutoria.

Actuó como apoderado del actor, JAIRO ORLANDO TORRES SÁNCHEZ con Cédula
de ciudadanía No. 79463783 y tarjeta Profesional No. 170849 del C.S.J.

Atentamente,
(Firmado)
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Oficial mayor

ANEXO: Lo anunciado en 17 folios (…)

67. El apoderado judicial del actor en el referido proceso, a través de comunicación
radicada el 16 de marzo de 201546 ante la secretaría de la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitó lo siguiente:
«1. Copia del oficio que comunica a la demandada el fallo (…) 2. Una copia autenticada de:
i) la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda; ii) del
auto [de] corrección de la sentencia datado el 20 de febrero de 2015; iii) del poder que obra
en el proceso con el que actué certificando que se encuentra vigente hasta la fecha iv)

45 Fol. 41, expediente digital pdf 4 / Fol. 140, expediente físico
46 Fol. 42, expediente digital pdf 4 / Fol. 141, expediente físico

24

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

constancia de notificación y ejecutoria de la sentencia (…) 3. Una copia de la sentencia
solicitada y del auto corrección de la sentencia con su constancia de notificación y
ejecutoria, y de ser la primera copia por lo que presta merito ejecutivo (…) Lo anterior, con
el fin de adelantar los trámites pertinentes de liquidación y pago de la sentencia».

68. La oficial mayor María Eugenia González Medina expidió certificación de 16 de
marzo de 201547, en la cual indicó lo siguiente:

(…) La suscrita Oficial Mayor de la Subsección “C” – Sección Segunda del H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con funciones de Secretaria, hace constar: Que las
anteriores fotocopias auténticas en DIECISIETE (17) folios coinciden en su integridad
con la (s) sentencia (s) de PRIMERA INSTANCIA, SALVAMENTO DE VOTO Y AUTO
QUE CORRIGE LA SENTENCIA proferidas por esta CORPORACIÓN Y SU
SALVAMENTO DE VOTO (sic), y auto de CORRECCIÓN DE SENTENCIA de
VEINTE (20) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015) que he tenido a la vista y
que reposan dentro del proceso: 250002342000201305256, Demandante: JOSÉ
ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ, Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE
LA POLICÍA NACIONAL, Magistrado (a): SAMUEL JOSÉ RAMÍREZ POVEDA. La (s)
anterior (es) sentencia (s) está (n) debidamente notificada (s) y legalmente
ejecutoriada (s) el TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015) a las 5:00 p.m.
Es PRIMERA COPIA Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114, numerales 1°, 2° y 3° del Código General del Proceso.

Se expide en Bogotá D.C., hoy 16/03/2015, por solicitud del señor (a) apoderado (a)
del (la) demandante, doctor (a) JAIRO ORLANDO TORRES SÁNCHEZ identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 79463783 y Tarjeta Profesional No. 170849 del C.S.J.,
quien a la fecha tiene poder vigente.

(Firmado)
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Oficial Mayor con funciones de secretaria

69. La jefe de la Oficina Jurídica de la CASUR, doctora Claudia Cecilia Chauta
Rodríguez, mediante comunicación de 4 de mayo de 2016 -con constancia de
radicación de 5 de mayo de 201648 ante la secretaría de la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-, solicitó:

(…) el desarchivo del proceso No. 25000-2342-000-2013-05256-00 en donde se
demandante el señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ y el cual se encuentra
archivado desde el 15 de mayo de 2015 en la caja # 35374.

Lo anterior en virtud a que tal como se evidencia en la información que se encuentra
registrada en el programa Siglo XXI, el pasado 26 de enero de 2015 el expediente
ingresó a su despacho con escritos de apelación emanados del Procurador 144
Judicial II Administrativo de Bogotá y la apoderada de CASUR, al igual que escrito de
solicitud de aclaración del fallo; recursos a los cuales no se les dio el trámite
pertinente, situación que no aconteció con la solicitud elevada por el apoderado de la
parte demandante a la cual mediante auto notificado por estado el 26 de febrero de
2015 accedió a la aclaración solicitada y en consecuencia se generó la expedición de
la primera copia de la sentencia que presta mérito ejecutivo el 24 de marzo de 2015.

47 Fol. 44, expediente digital pdf 4 / Fol. 142 vuelto, expediente físico.
48 Fol. 45, expediente digital pdf 4 / Fol. 143, expediente físico.

25

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

En consecuencia, de igual manera solicito respetuosamente a su despacho se sirva
aclarar el motivo por el cual no se surtió el trámite correspondiente a los recursos
presentados y sustentados dentro del término legal (…)

70. Elmagistrado de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, doctor Samuel José Ramírez Poveda, a través de
providencia de 19 de mayo de 201649, resolvió:

(…) PRIMERO: Por ser procedente, de conformidad con el artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SE CONCEDE EL
RECURSO DE APELACIÓN, en el efecto suspensivo, para ante el H. Consejo de
Estado, Sección Segunda, interpuesto oportunamente por la apoderada de la entidad
demandada en el memorial de folios 113 a 119, del expediente (Art. 247 del CPACA),
contra la Sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014, en la cual se accedieron
a las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, ejecutoriada esta providencia, por Secretaria, envíese el
expediente y sus anexos al Superior – H. Consejo de Estado, Sección Segunda, para
lo de su competencia50.

SEGUNDO: Por ser improcedente, NO SE CONCEDE el recurso de apelación,
interpuesto por el Ministerio Público contra el fallo de fecha 19 de septiembre de 2014,
proferido por la Sala de esta Subsección, mediante el cual se accedieron a las
pretensiones de la demanda, por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO: Expídanse por Secretaría las copias correspondientes, con el fin de que
se investigue por parte de la Sección Segunda, la demora en la subida del presente
expediente al momento en el que el Ministerio Público y la apoderada de la entidad
demandada interpusieron el recurso de apelación, esto hace más de un año (…)

71. La oficial mayor investigada dio alcance a la comunicación COM-028/SJRP, a
través de Oficio de fecha 6 de marzo de 2015 -realmente de fecha 9 de junio de
2016-51, en el cual manifestó:

(…) Dando alcance a la comunicación de fecha 06 de marzo de 2015, con oficio No
COM-028/SJRP, el cual fue radicado en su entidad el día 9 de marzo de 2015 a las
15:16:04 horas, IdControl: 70800 y radicado: R-00027-2015010464-CASUR. Le
comunico (sic) que se deja sin efectos la comunicación realizada a su entidad; así
como las copias auténticas con constancia de ejecutoria que se expidieron el día
dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), a solicitud del Doctor Jairo
Orlando Torres Sánchez, apoderado de la parte demandante.

49 Fol. 50-52, expediente digital pdf 4 / Fol. 148-149, expediente físico.
50 Se debe anotar que la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 16 de octubre de 2018, consejera de Estado ponente doctora Sandra Lisset Ibarra
Vélez, decidió «(…) PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de septiembre de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y en su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda promovida por José Antonio López González contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia (…)». La decisión judicial se encuentra en la sede electrónica para la gestión
judicial del Consejo de Estado, SAMAI.
51 Fol. 56, expediente digital pdf 4 / Fol. 152, expediente. Si bien el citado oficio tiene fecha de 6 de

marzo de 2015, cierto es que consta en el sistema de gestión judicial de la Rama Judicial la anotación
49 de 9 de junio de 2016 que da cuenta de la expedición de este oficio.

26

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

Lo anterior, teniendo en cuenta que contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de
septiembre de dos mil catorce (2014), se interpuso recurso de apelación ante el
Honorable Consejo de Estado, el cual no ha sido resuelto y por lo tanto, no está en
firme la sentencia.

Mediante auto de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), proferido
por esta Corporación, se concede el recurso de apelación.

Atentamente,

MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Oficial Mayor

72. Una vez efectuada la revisión de las anotaciones que se encuentran en el sistema
de gestión de la Rama Judicial52, se puede corroborar que, mediante providencia
de 17 de junio de 2016, se dejó sin efectos el numeral 1° del auto de 19 de mayo
de 2016 y se fijó fecha para la celebración de audiencia de conciliación -anotación
51-; asimismo, que la mencionada audiencia se llevó a cabo el 7 de julio de 2016,
declarándose fallida -anotación 58- y, finalmente, que el proceso fue remito a esta
Corporación el 8 de julio de 2016 -anotación 59-.

73. Del análisis de los trámites que se surtieron en el interior del proceso n.° 25000
234200020130525600, resulta evidente que la disciplinada, señora María Eugenia
González Medina: (i) expidió constancia de ejecutoria; (ii) libró comunicación de
cumplimiento, y (iii) expidió copia -con constancia de ser la primera- de un fallo judicial
que no estaba ejecutoriado, conducta respecto de la cual se formuló el pliego de
cargos53 y que condujo a que se impusiera la sanción disciplinaria.

74. Para ratificar lo anterior, es preciso resaltar que la disciplinada, al rendir versión
libre dentro de la indagación preliminar abierta por el magistrado instructor de este
proceso disciplinario -diligencia realizada el 26 de enero de 201754-, en relación con los
hechos descritos anteriormente, manifestó lo siguiente:

(…) PREGUNTADO: ¿Infórmele al Despacho si tiene conocimiento del trámite que se
le impartió al expediente ordinario con radicación No. 25000-23-42-000-2013-05256,
demandante: José Antonio López González, demandado: Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía, Magistrado Ponente Doctor Samuel José Ramírez Poveda y en caso

52 Fol. 25, expediente digital pdf 5 / Fol. 225, expediente físico.
53 (…) CARGO ÚNICO (…) Conforme al pliego de cargos, la Sala considera que la Doctora María

Eugenia González Medina, identificada e individualizada previamente, incurrió en falta disciplinaria
grave, por incumplimiento de sus deberes de servidor público, por vía de acción y a título de culpa
grave por haber expedido constancia de ejecutoria, librado comunicación de cumplimiento y
expedido también copias con constancia de ser primera copia de un fallo que no estaba ejecutoriado
(…) FORMA DE REALIZACIÓN DE LA CONDUCTA (…) la comisión de la conducta presuntamente
constitutiva de falta disciplinaria, se dio por vía de acción, pues como se dijo, dentro del expediente
No. 2013 05256 la Doctora María Eugenia González i) expidió constancia de ejecutoria, ii) libró
comunicación de cumplimiento y iii) expidió también las copias con constancia de ser primera copia,
pese a que contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2014, corregida el 20 de febrero de
2015 se interpusieron recursos de apelación, con lo cual se habría perjudicado de manera grave la
adecuada prestación del servicio público de administración de justicia y presuntamente se habría
afectado a los usuarios del mismo (…)
54 Fol. 92-97, expediente digital pdf 4 / Fol. 187-192, expediente físico.

27

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

afirmativo indique en qué ha consistido el mismo? CONTESTADO: Si tengo
conocimiento del trámite, el motivo de esta diligencia es porque se profirió sentencia
de primera instancia y se pidió aclaración y a su vez apelación de la misma
providencia. El proceso subió al Despacho con informe secretarial informando sobre
la solicitud de la aclaración y de la apelación. Posteriormente bajó con auto que
resolvía frente a la solicitud de aclaración pero no se hizo pronunciamiento alguno
sobre el recurso de apelación ni tampoco en dicho auto se ordenaba a la secretaría
que en firme la providencia, se subiera el Despacho para resolver el recurso. Ante la
renuncia o traslado del escribiente que estaba desempeñando las funciones del
Doctor Ramírez, yo asumí las funciones de dicho cargo, más mis funciones. El
expediente una vez estuvo en firme la providencia que resolvía sobre la
aclaración, procedí a comunicarla sin percatarme que había un recurso de
apelación anteriormente interpuesto, y observando que el auto no se pronunciaba
ni ordenaba nuevamente subir el expediente. Posteriormente de esto, el apoderado
de la parte actora, solicita la expedición de la primera copia y se le expide y se
pasa a archivar el expediente. Transcurrido como 8 o 9 meses llegan memoriales
solicitando aclaración de la sentencia, se desarchiva el proceso y se ingresa al
Despacho, allí se dan cuenta del error de que no se había pronunciado sobre el
recurso de apelación. De igual forma también por observación del Doctor Ramírez,
quien había interpuesto recurso de apelación y preguntó qué decisión se había
tomado al respecto. El Despacho profiere auto que ordena anular las primeras copias
y que se comunique a la entidad sobre el error cometido. Una vez en firme la
providencia, se comunica a la entidad que la providencia no estaba en firme y que se
va a conceder el recurso de impugnación. Se celebra la audiencia de conciliación del
artículo 192 y se envía el proceso al Consejo de Estado. PREGUNTADO: ¿Infórmele
al Despacho una vez ingresó a la Secretaría de la Subsección C el expediente No. 25000-23-42-000-2013-05256 con el auto del 20 de febrero de 2015 que resolvió una
solicitud de aclaración de sentencia, qué trámite correspondía adelantar a dicha
Secretaría, teniendo en cuenta que previamente el Ministerio Público y la parte
accionada habían formulado recursos de alzada contra la sentencia del 19 de
septiembre de 2014? CONTESTADO: Pues el trámite era ingresarlo al Despacho
para que resolviera sobre el recurso de apelación, sino que el auto tampoco dio
la orden y la verdad al manejarse el expediente no se percataron que había un
recurso previamente interpuesto. (…) PREGUNTADO: ¿Infórmele al Despacho si
conoce las razones por las cuales el expediente con radicación No. 25000-23-42-000-
2013-05256 no ingresó al Despacho del Magistrado Samuel José Ramírez Poveda
para que se tramitaran los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público
y la parte demandada, una vez que quedó en firme el auto del 20 de febrero de 2015
por medio del cual se resolvió una solicitud de aclaración elevada por la parte actora
y este ingreso sólo se efectuó el martes 10 de mayo de 2016, luego de que la Jefe de
la Oficina Jurídica del Ministerio presentara una solicitud de desarchivo?
CONTESTADO: Las razones fueron porque no se observó el recurso de apelación
que se había interpuesto y en el auto que profirió decisión sobre la aclaración
no se le dio orden a la Secretaría que volviera a ingresar el expediente. Razón
por la cual se le dio el trámite como si no se hubiera interpuesto el recurso, que
fue la comunicación, expedición de copias y posteriormente el archivo.

PREGUNTADO: ¿Indíquele al Despacho las razones por las cuales el día 06 de
marzo de 2015 se expidió constancia de ejecutoria de la sentencia de fecha 19 de
septiembre de 2014 y se comunicó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional dicha providencia judicial, si para ese entonces el expediente no había
ingresado al Despacho del Magistrado Ponente para que dicho funcionario se
pronunciara sobre los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y
por el Ministerio Público? CONTESTADO: Las razones son las observadas
anteriormente, porque cuando se comunicó se miró solo la parte resolutiva del auto
que hablaba sobre la aclaración de la sentencia y pues no se daba ninguna orden de
que ingresara al Despacho como si lo hacen los demás Magistrados Sustanciadores
cuando suceden este tipo de situaciones, entonces se procedió al trámite que

28

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

procesalmente seguía sin tener en cuenta el recurso interpuesto. (…)
PREGUNTADO: ¿Manifiéstele al Despacho, si tiene alguna otra cosa que
agregar o comentar, en este momento y sin perjuicio de que en el transcurso de esta
investigación pudiera volver a ser llamada? CONTESTADO: Si se incurrió en un
error involuntario, primero porque no se había ordenado en el auto como
acostumbran los demás Magistrados para resolver el recurso de apelación y la
otra porque dada la carga laboral no fue posible hacer un examen exhaustivo
del expediente (…) (negrillas fuera del texto)

75. Posteriormente, en la versión libre55 que rindiera luego de que se le abriera
investigación disciplinaria, adujo lo siguiente:

(…) Preguntada: ¿Sírvase indicarle al Despacho si reconoce como suya la firma
que aparece en los siguientes documentos? Para tal efecto se le puso de presente
1. La constancia de fecha 16 de marzo de 2015, en la cual se indica que se
expidió primera copia de la sentencia del 19 de septiembre de 2014 y del auto
que corrigió dicho fallo del 20 de febrero de 2015, visible a folio 137 vto.
Contestado: Si es mi firma. 2. La Constancia de ejecutoria de las anteriores
providencias, que aparece con fecha del 06 de marzo de 2015, visible a folio 139.
Contestado: Si es mi firma 3. El Oficio No. COM-028/SJRP fechado 06 de marzo
de 2015, por medio del cual se comunica a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional la sentencia del 19 de septiembre de 2014 y su corrección de
fecha 20 de febrero de 2015, visible a folio 140. Contestado: Si es mi firma (…)
(negrillas fuera del texto)

76. La disciplinada, en las versiones libres indicadas, acepta haber realizado las
conductas que se le imputan, esto es, haber expedido constancia de ejecutoria;
librado comunicación de cumplimiento, y haber expedido copias -con constancia de
ser la primera- de un fallo judicial que no estaba ejecutoriado, pero justifica tales
actuaciones en que el auto mediante el cual se resolvió la solicitud de aclaración y
corrección de la sentencia de 19 de septiembre de 2014, proferido por la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no dio orden
alguna a la secretaría para que el proceso retornara al despacho a cargo de la
sustanciación del mismo.

77. En los descargos rendidos una vez le fue formulado pliego de cargos, la
disciplinada, de manera coincidente con lo anteriormente expuesto, planteó los
siguientes argumentos:

(…) IV. DESCARGOS (…) Es así como tenemos que el Despacho si fue informado
de los recursos de apelación EN SU OPORTUNIDAD. Y cuando fue la oportunidad?
A la siguiente entrada a Despacho de haberse presentado, tal como se observa en
anotación en el módulo correspondiente 26 de junio de 2015. No obstante, el
Despacho al decidir, resolvió sólo lo relacionado con la corrección de sentencia;
cuando en aplicación de los principios de Economía, Concentración, eficiencia y
eficacia, ha debido –y nada le impedía– en el mismo auto admitir el recurso de
apelación y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación.

Ahora bien, esa no es sola la omisión en que incurrió el Despacho, obsérvese que en
el auto a través del cual resolvió sobre la corrección de sentencia, tampoco dispuso

55 Fol. 17-19, expediente digital pdf 6 / Fol. 318-320, expediente físico.

29

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

que una vez notificado el auto VUELVA EL EXPEDIENTE AL DESPACHO para
resolver lo concerniente a la apelación.

Si el Despacho hubiese actuando con en (sic) cumplimiento de sus deber (sic) no
hubiera acaecido los hechos que aquí se investigan como falta atribuible a la
investigada, cuando de su parte no existió ni acción ni omisión que diera lugar a los
hechos que hasta ahora tampoco han producido situación relevante para el deber
funcional, porque de llegarse a confirmar la sentencia del proceso ordinario que se
encuentra en apelación, por el contrario se evitaría más costos al Estado ya que no
se siguieron generando indexación ni intereses sobre la condena.

Así mismo debo decir que para calificar la acción como falta disciplinaria, teniendo en
cuenta que el derecho disciplinario es de carácter sancionatorio, debe existir el
elemento volitivo de la conducta por parte del disciplinado, elemento que no se da el
caso en investigación, ya que mi mandante ACTUÓ CON EL CONVENCIMIENTO de
que su actuar era adecuado a sus deberes, ya que reitero, ni en su oportunidad fueron
resueltos los recursos y tampoco en el auto que resolvió la corrección de sentencia,
se dispuso ingresa de nuevo el expediente al Despacho, siendo esto lo usual, pues
una Oficial mayor no puede debido al elevado número de procesos que se maneja en
cada Secretaría cada vez que va a adelantar cualquier actuación a su cargo: bien sea
elaboración de oficio, anotación en el módulo, etc, estar examinado todo el proceso,
máxime, cuando faltaba un escribiente en el Despacho del ponente y un escribiente
en la Secretaria.

De tal forma, que la responsabilidad en la[s] deficiencias que presenta no sólo el
trámite del proceso sino el manejo del expediente y la administración misma de la
Corporación no puede ser atribuible a la disciplinada, ella actuó como lo dispone la
Ley y el reglamento (…).

78. La Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, desestimó en el fallo disciplinario impugnado la aludida justificación,
luego de efectuar las siguientes precisiones:

(…) Con el objeto de desvirtuar la comisión de la falta disciplinaria, la representante
judicial de la Doctora González Medina afirmó que no hubo incumplimiento alguno de
los deberes de servidor público por vía de acción y a título de culpa grave por parte
de la disciplinada, como quiera que, el Doctor Ramírez Poveda sí fue informado en
su debida oportunidad de los recursos de apelación incoados, es decir, en la siguiente
entrada que se hizo del expediente al Despacho y de la cual se dejó constancia “en
el módulo correspondiente al 26 de junio (sic) de 2015”. Siendo así, obra en el
expediente impresión del registro de “Consulta de Procesos”, en el cual se evidencian
las actuaciones registradas en relación con el proceso No. 250002342000201305256,
demandante José Antonio López González y demandado Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, evidenciándose en la anotación de 26 de enero de 2015, lo
siguiente:

“NOTIFICADA ELECTRÓNICAMENTE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, PARA AL DESPACHO (sic) DEL HONORABLE
MAGISTRADO, CON ESCRITOS: APELACIÓN DEL DR. ALFONSO ANTONIO
QUINTERO GARCÍA PROCURADOR 144 JUDICIAL II ADMINISTRATIVO,
SOLICITUD DE LA DRA. MARGARET SAAVEDRA CASTELLANOS APODERADA
DE LA ENTIDAD DEMANDAD (sic) PRESENTADO APELACIÓN Y SOLICITUD DEL
DR. JAIRO ORLANDO TORRES SÁNCHEZ, APODERADO DE LA PARTE ACTORA
SOLICITANDO ACLARACIÓN Y/O CORRECCIÓN DEL FALLO”.

30

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

Contrario a la conclusión a la que arriba la parte disciplinada, la Sala considera que
la referida anotación pone en evidencia que la Doctora María Eugenia González
Medina tenía pleno conocimiento de la existencia de sendos recursos de apelación
interpuestos contra el fallo proferido por la Subsección “C” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de septiembre de 2014 y, de la
solicitud de corrección incoada por la parte activa de la Litis; por ello, le era exigible
un mayor grado de atención en los trámites secretariales subsiguientes, pues es claro
que era consciente de que el Despacho sustanciador debía resolver sobre cada uno
de los escritos presentados por los sujetos procesales y, a pesar de advertir que en
un primer término solamente se resolvió acerca de la corrección, aun así actuó de
manera descuidada y desprevenida y procedió a i) expedir constancia de ejecutoria
de unas providencias judiciales que no se encontraba aún en firme; ii) librar
comunicación de las mismas para su cumplimiento y iii) expedir también las copias
solicitadas por la parte actora con constancia de ser primera copia.

(…)

De otra parte, cuestiona la parte investigada que el Doctor Samuel José Ramírez
Poveda, Magistrado Ponente en dicho asunto, al decidir sobre los memoriales
presentados, resolvió solo lo relacionado con la corrección de la sentencia, cuando
en aplicación de los principios de economía, concentración, eficiencia y eficacia, en
el mismo auto debía admitir el recurso de apelación y señalar la fecha para la
audiencia de conciliación.

Tal argumento no logra desvirtuar su responsabilidad disciplinaria, entendida esta
como la relación causal existente entre el actuar del servidor público y el
incumplimiento de los deberes, como quiera que, independientemente del trámite que
el Doctor Ramírez Poveda como Magistrado conductor del asunto haya decidido darle
al proceso, ella se encontraba en la obligación de prestar especial cuidado y verificar
previamente que la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria de la Subsección “C”
se encontrara debidamente ejecutoriada, máxime cuando era una labor que según se
encuentra probado, realizaba de manera permanente y habitual.

(…)

Al margen de lo anterior, en oposición a lo afirmado por la disciplinada, la existencia
de una solicitud de aclaración y/o corrección de sentencia sí le impedía al Magistrado
Ponente en el asunto No. 20130525600, resolver en un mismo auto sobre la admisión
de los recursos de apelación y la designación de fecha para la audiencia de
conciliación, toda vez que, la decisión que se adoptara al respecto ya fuera en el
sentido de aclarar o corregir la providencia, podía eventualmente modificar los
argumentos de apelación de los sujetos procesales e inclusive propiciar dicho recurso
en cabeza del extremo activo. Además, la entonces Oficial Mayor no podía pasar por
alto que al existir una solicitud de “aclaración y/o corrección” pendiente de ser
resuelta, la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014, no se encontraba
ejecutoriada según lo prescrito en el artículo 302 del C.G.P., según el cual, cuando
se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada
una vez resuelta la solicitud y las que sean proferidas por fuera de audiencia “quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.

(…)

Aunado a lo expuesto, manifiesta la apoderada de la empleada disciplinada que el
Magistrado Ramírez Poveda en el auto a través del cual resolvió sobre la corrección
de la sentencia, no dispuso que una vez notificado volviera el expediente al Despacho

31

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

para resolver lo concerniente a los recursos de apelación, sin embargo, como bien se
precisó previamente, dentro de las obligaciones de la disciplinada se encuentra la de
“pasar oportunamente al despacho de Juez o Magistrado los asuntos en que deba
dictarse providencia, sin que sea necesario petición de parte”. Dicha obligación debe
ser entendida en su lato sensu, por cuanto, el Oficial Mayor debe en todos los
supuestos, ingresar oportunamente al Despacho los asuntos en que deba dictarse
providencia, no solo sin que exista petición de parte sino, sin que sea necesario que
el Magistrado sustanciador se lo recuerde u ordene, pues siempre que haya solicitud
pendiente de ser resuelta se debe dar curso secretarial a la misma de manera
oportuna, es decir, los principios de economía, concentración, eficiencia y eficacia, a
los que apela la parte disciplinada en el escrito de descargos, también son predicables
de sus propias actuaciones (…)

79. La disciplinada, como se evidencia del contenido de su recurso de apelación,
reconoce nuevamente que desplegó las conductas censuradas, pero manifiesta
que su proceder obedeció a que fue inducida a error por parte del despacho del
magistrado instructor del proceso n.° 25000234200020130525600, doctor Samuel
José Ramírez Poveda, lo que significa que propone como eximente la causal de
exclusión de la responsabilidad disciplinaria prevista en el numeral 6º del artículo 28
de la Ley 734, norma que es del siguiente tenor: «Causales de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice
la conducta: (…). 6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye
falta disciplinaria».

80. Cabe resaltar que los fallos judiciales en los que esta Corporación ha abordado
el alcance de esta causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria56, han
precisado lo siguiente:

(…) Las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria justifican la actuación
desplegada por el servidor público a tal punto que su configuración trae como
consecuencia la declaratoria de no culpabilidad del disciplinado. Dichas causales

56 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá, D. C.,
veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017) SE: 74. Radicación número: 76001-23-
31-000-2006-02973-02(1378-10). Actor: MARTHA NELLY CHÁVEZ JIMÉNEZ. Demandado:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
En el mismo sentido CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-
000-2014-00181-01(0433-16). Actor: FRANDINEY PINEDA BEDOYA, decisión en la que se indicó:
(…) 62. En materia disciplinaria el estudio del error es un asunto que está directamente relacionado
con la culpabilidad y opera cuando se observa una discrepancia entre la conciencia del disciplinado
y la realidad; además los errores pueden ser vencibles o invencibles y lo primero ocurre cuando el
autor lo supera aplicando esfuerzos razonables mientras que lo segundo supone que, demostrada
la diligencia debida, en todo caso no pudo salir del error (…) 63. Esta Sala, en Sentencia de 27 de
febrero de 2014 determinó que para que opere la citada exención de responsabilidad “es obligatorio
además de la existencia del error, que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la
creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el
error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del
procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no es
reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción,
sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque
actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.”
(Subrayado fuera de texto).

32

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

requieren un análisis particular en cada caso específico en atención a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos57.

En lo que respecta a la fijada en el ordinal 6.º de la norma invocada consistente en
que no hay responsabilidad cuando se actúa «[…] Con la convicción errada e
invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria […]» debe decirse que
la misma conlleva dos requisitos que deben confluir para que sea aceptada por la
autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento errado y ii) que el
error sea invencible.

El primero de los eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con la
total y sincera creencia de que lo hace conforme lo señala el ordenamiento jurídico,
esto es, su proceder lo efectuó de buena fe. El segundo ítem hace alusión a que el
error sea invencible, lo que quiere significar que no era humanamente superable en
consideración a las condiciones personales del servidor público y las circunstancias
en las que se ejecutó el comportamiento58. En palabras de esta subsección el error
es invencible cuando «[…] su entidad sea tal que sea imposible salir de la
equivocación59 […]» lo que implica que «[…] solo se puede eximir de
responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe60 por
ignorancia invencible […]». (negrillas fuera del texto)

Reunidos tales parámetros, el sujeto disciplinable no puede ser considerado
responsable a título de dolo o culpa «[…] porque en el encartado no hay la conciencia
de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede
ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para
determinar que su conducta no era contraria a la ley [...]»61.

En conclusión:

De acuerdo con la causal de exoneración de responsabilidad estipulada en el ordinal
6.º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 un servidor público no puede ser declarado
disciplinariamente responsable cuando en su actuar: i) existe un convencimiento
errado y ii) que tal error sea invencible, esto es, que no sea posible salir de él y por
tanto se actué de buena fe. Si no concurren estos elementos la causal no cobija a
quien la alega62 (…)

57 Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 2002.
58Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez (e). Bogotá D. C. 27 de febrero de 2014.
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00888-00(2728-12). Actor: Albeiro Freddy Patiño Velasco.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En esta providencia se analizó la causal
de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 6.º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.
59Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C. 16 de julio de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2011-00680-00(2622-11). Actor: Alba Leticia Chaves Jiménez. Demandado: Procuraduría
Regional del Valle del Cauca.
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 7 de febrero de 2008. Radicación: 25000-
23-25-000-2001-11811-01(2941-05).
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D. C. 19 de marzo de 2015. Radicación:
11001-03-25-000-2009-00132-00(1907-09). Actor: Helman Eliecer Soto Martínez. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
62 En relación con el error invencible como causal eximente de responsabilidad, la Comisión Nacional

de Disciplina Judicial, en sentencia de 4 de mayo de 2022, radicado n.° 110011102000201803577
01, Magistrado Ponente: Juan Carlos Granados Becerra, destacó lo siguiente: (…) iii.) Del obrar con
la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria (…) Encuentra
la Sala oportuno establecer en el presente caso, que para que opere esta causal como eximente de
responsabilidad, se requería que el sujeto incurriera en una falta disciplinaria creyendo

33

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

81. En el caso en concreto, se debe inicialmente indicar que, tal como acertadamente
lo señaló la primera instancia, no resultaba jurídicamente posible que la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo, en el auto de 20 de febrero de
2015 -providencia mediante la cual se desató la solicitud para que se «aclare y/o corrija la
sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014»63- realizara pronunciamiento alguno
en relación con los recursos de apelación presentados en contra del fallo de 19 de
septiembre de 2014, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302
del Código General del Proceso, cuando se pida aclaración de una providencia, esta
solo quedará ejecutoriada una vez este resuelta dicha solicitud.

82. Sumado a lo anterior, y en atención a lo dispuesto en el artículo 285 del mismo
estatuto, la providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero
dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia
objeto de aclaración -en este caso, en contra del fallo de 19 de septiembre de 2014-, lo
que implica que, dentro del término de ejecutoria del auto de 20 de febrero de 2015,
los sujetos procesales habrían podido dar alcance a los recursos interpuestos con
el mencionado fallo -para el caso de la demandada y el agente del Ministerio Público- o
haber interpuesto directamente el recurso de apelación -en el caso de la parte
demandante-, máxime si la citada subsección procedió a la corrección de la
providencia judicial de primera instancia.

83. Precisado lo anterior, se debe añadir que, si bien es cierto que en el citado auto
de 20 de febrero de 2015 no se dio orden alguna a la secretaria respecto del trámite
a seguir con ocasión de los recursos de apelación presentados en contra del fallo
de 19 de septiembre de 2014, ello no puede conducir a que se configure el error
invencible cuya materialización invoca la disciplinada, teniendo en cuenta que
aunque podría entenderse que la señora María Eugenia González Medina actuó
bajo la total y sincera creencia de que su conducta se desarrollaba de acuerdo con
el ordenamiento jurídico, la cierto es que la Sala no encuentra admisible que se
hayan expedido las precitadas constancias y certificaciones, sin que se haya
procedido, previamente, a efectuar una revisión de las piezas del proceso y sin que,
como era deber de la investigada, mediara la respectiva consulta del referido
sistema de gestión judicial.

equivocadamente que no estaba cometiéndola, dicha conducta debía ser cometida con una
convicción errada e invencible, es decir, además de la existencia de un error, este debía ser
invencible lo que implica una imposibilidad de vencerlo, aún si se actuara con total prudencia
y diligencia (…) Al respecto, valga la pena resaltar lo señalado por la doctrina, respecto del carácter
invencible del error “el carácter invencible del error demandará un análisis de las circunstancias
particulares de cada caso, con especial énfasis en las condiciones personales de quien lo alega y
de sus posibilidades efectivas de previsión y conocimiento, toda vez que no es lo mismo, por ejemplo,
el error que esgrime una persona con formación profesional de aquella que no la tiene” 41 (…) –
resaltado y subrayado fuera de texto–.
63 Fol. 35-38, expediente digital pdf 4. Auto de 20 de febrero de 2015 / Fol. 135-137, expediente

físico.

34

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

84. Es claro así que tal equivocación era humanamente superable, puesto que le
bastaba a la disciplinada haber efectuado la consulta directa del expediente o
llevado a cabo la revisión de las anotaciones obrantes del sistema de gestión judicial
Siglo XXI. Nótese que, de haber procedido de la manera indicada, la disciplinada
habría encontrado en el expediente el informe secretarial que ella misma elaboró,
de fecha 26 de enero de 201564 -transcrito en el ordinal 63 de esta providencia-, y en el
cual comunica al despacho instructor del proceso que obraban en el proceso los
escritos de apelación presentados tanto por el agente del Ministerio Público como
por la parte demandada, así como la solicitud de «(…) ACLARACIÓN Y/O
CORRECCIÓN DEL FALLO»; piezas procesales cuya lectura le habrían permitido
establecer que existían asuntos pendientes por resolver por parte del despacho
instructor y que le habrían llevado a la certeza en torno a que el fallo de 19 de
septiembre de 2014 -corregido mediante proveído de 25 de febrero de 2015- no habría
cobrado ejecutoria.

85. En este mismo sentido, se tiene que la conducta objeto de reproche se habría
evitado si la disciplinada hubiese consultado el reporte de las actuaciones que,
respecto del expediente n.° 2500023420002013052560065, aparecen registradas en
el sistema de gestión judicial Siglo XXI, de cuyo contenido resultaba evidente que
la sentencia de 19 de septiembre de 2014 no habría cobrado ejecutoria. Así, en el
registro número 31 se encuentra la siguiente anotación: «AL DESPACHO», fecha:
«26/01/2015 // NOTIFICADA ELECTRÓNICAMENTE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 19
DE SEPTIEMBRE DE 2014, PASA AL DESPACHO DEL HONORABLE MAGISTRADO,
CON ESCRITOS: APELACIÓN DEL DR. ALFONSO QUINTERO GARCIA PROCURADOR
144 JUDICIAL II ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE LA DRA. MARGARET SAAVEDRA
CASTELLANOS APODERADA DE LA ENTIDAD DEMANDADA PRESENTANDO
APELACIÓN Y SOLICITUD DEL DR. JAIRO ORLANDO TORRES SÁNCHEZ,
APODERADO DE LA PARTE ACTORA SOLICITANDO ACLARACIÓN Y/O CORRECCIÓN
DEL FALLO».

86. Laconducta reprochada a la disciplinada, de acuerdo con lo anterior, era
totalmente evitable y humanamente superable, teniendo en consideración las
condiciones personales de la investigada -abogada titulada con experiencia en el
manejo de asuntos secretariales- y dadas las circunstancias en que se ejecutó el
comportamiento -la disciplinada tenía acceso a las piezas procesales que integraban el
expediente y podía consultar el sistema de gestión procesal de la Rama Judicial-, a lo que
se suma que, antes de emitir los precitados documentos -constancia de ejecutoria,
comunicación de cumplimiento y copias con constancia de ser primera copia de un fallo
judicial-, era su deber funcional tener la debida certeza en torno a que la sentencia
de 19 de septiembre de 2014 -corregida mediante proveído de 25 de febrero de 2015-
se encontraba ejecutoriada y en firme.

64 Fol. 27, expediente digital pdf 4 / Fol. 127, expediente físico.
65 Fol. 24, expediente digital pdf 5 / Fol. 224, expediente físico.

35

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

87. La omisión de la referida obligación de revisión y control devela en la acusada un
actuar negligente y descuidado, y pone en evidencia que, en este caso concreto,
ejecutó, de manera irregular, las funciones previstas en el artículo 14 del Decreto
n.° 1265 de 28 de julio de 1970, en particular las consistente en: «(…) 1. Autorizar
con su firma todas las providencias del proceso y las actas de las audiencias y diligencias,
los certificados que se expidan y los despachos y oficios que se libren (…) 3. Pasar
oportunamente al despacho del Juez o Magistrado los asuntos en que deba dictarse
providencia, sin que sea necesario petición de parte (…)», labores que, de acuerdo con
el Oficio n.° 2018-69 de 23 de abril de 2018, corresponde realizarlas a los oficiales
mayores de las secretarías de las subsecciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca66.

88. De la lectura de las piezas que integran el proceso disciplinario, resulta claro que
no se le está exigiendo a la señora María Eugenia González Medina -como
erróneamente ella lo afirma-, la adopción de decisiones judiciales en el interior del
proceso, sino el ejercicio prudente y cuidadoso -no mecánico y negligente- de las
funciones propias de su cargo, asociadas a la revisión de los expedientes y a la
remisión de los mismos a los despachos de los respectivos magistrados, con miras
a que sean resueltas las actuaciones judiciales pendientes de definición.

89. La investigada, de otro lado, justificó su conducta en que el despacho
sustanciador del proceso: (i) omitió realizar control y seguimiento permanente del
expediente a su cargo, pues nunca requirió el expediente aun cuando había
transcurrido más de un año, y (ii) erró al conceder uno de los recursos de apelación
presentados en contra de la sentencia de primera instancia pese a que, de
conformidad con el artículo 192 del CPACA, se ha debido convocar a una audiencia
de conciliación, situación que, según lo resalta, fue subsanada por las
observaciones que efectuó la propia investigada.

90. En relación con tales argumentos de defensa, se debe indicar que los mismos no
guardan relación con la conducta reprochada a la disciplinada, teniendo en cuenta
que corresponden a abstenciones -omisión de control y seguimiento transcurrido más
de un año de los hechos- y a acciones -conceder erradamente un recurso de apelación-
que fueron ejecutadas con posterioridad a la comisión de la conducta investigada y
que son atribuibles a funcionarios distintos a la investigada. En este orden de ideas,
debe ponerse de relieve que la actuación objeto de juzgamiento en este proceso es
la endilgada a la señora María Eugenia González Medina y no la supuestamente
desplegada por los integrantes del despacho del magistrado instructor del proceso
n.° 25000 23 42 000 2013 05256 00, doctor Samuel José Ramírez Poveda.

91. En el mismo sentido, la disciplinada, en el recurso de apelación, justifica su
actuación en que no era requisito para ocupar el cargo de oficial mayor la condición
de abogado, luego de lo cual anotó: «(…) dejar la suerte del expediente a la secretaría,

66 Fol. 14-15, expediente digital pdf 6 / Fol. 315-316, expediente físico. Ver también la cita que en

relación con dicha norma se hace en el pliego de cargos Fol. 337 y 348.

36

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

ningún juez lo puede hacer, debe ejercer control permanente y constante y en este caso, el
Despacho no lo hizo (…) Es deber de los abogados, estar al tanto de los expedientes y
ninguno de los apoderados lo hizo en la manera que correspondía todos los profesionales
del derecho, pero sí exigen de un cargo que no tiene como requisito ser titulado como
abogado, suplir todas las faltas de los anteriores e imponer una sanción en el grado, sin
contemplación alguna del contexto(…)». Aunque no es del todo clara la línea
argumentativa de la defensa de la disciplinada, lo cierto es que la señora María
Eugenia González Medina sí tenía la condición de abogada para la fecha en que
sucedieron los hechos objeto del proceso disciplinario, en la medida en que, para
efectos de tomar posesión del cargo de oficial mayor grado 13 en provisionalidad
cuyo nombramiento se dio por Resolución n.° 030 de 18 de septiembre de 201467
acreditó «(…) Título en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
(…)»68.

92. La investigada también justificó su proceder en las supuestas omisiones
atribuibles a los apoderados de los sujetos procesales -en particular, al apoderado
judicial de la demanda-, las cuales, reitera la Sala, no son objeto de reproche en este
proceso disciplinario, a lo que debe añadirse que las actuaciones objeto de censura
resultaron determinantes para efectos de que la entidad pública -CASUR-
entendiera que el fallo de 19 de septiembre de 2014 -y el proveído de 25 de febrero de
2015- se encontraban ejecutoriados y en firme y, con fundamento en ello, procediera
a dar cumplimiento a la condena impuesta en su contra, lo que hizo a través de la
Resolución n.° 6104 de 27 de agosto de 201569 «(…) cancelando el valor de OCHO
MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE
($8.215.251,00) el día 16 de octubre de 2015 (…)»70, cuyo contenido, en lo pertinente,
es el siguiente:

(…) Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección
“C”, mediante sentencia proferida el 19-09-2014, corregida mediante providencia del

67 Fol. 10 y 11, expediente digital pdf 6 / Fol. 311-312, expediente físico. La Resolución n.° 030 de

18 de septiembre de 2014, en su parte resolutiva indicó: «(…) ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar por
el término de seis (6) meses, a partir del 27 de septiembre de 2014, a la señora MARÍA EUGENIA
GONZÁLEZ MEDINA, identificada con la c.c. No. 52.215.439, en provisionalidad, en el cargo de
oficial mayor grado 13 de la Secretaría de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en reemplazo de NATHALY PULIDO CASAS, identificada con la
c.c. No. 52.274.867, quien se reintegra al empleo de escribiente de la misma Subsección C (…)»
68 Fol. 12, expediente digital pdf 6 / Fol. 313, expediente físico. Acta de Posesión No. 348 de 23 de

septiembre de 2014, cuya parte pertinente es el siguiente: «(…) ACTA DE POSESIÓN No. 348 de
2014 SECCIÓN SEGUNDA (…) En Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de
dos mil catorce (2014) se presentó en esta Secretaría MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
identificada con C.C. No. 52.215.439, con el fin de tomar posesión en el cargo de Oficial Mayor
Nominado en Provisionalidad adscrito a la Secretaria de la Subsección “C” de la Sección Segunda
de la Corporación, para el cual fue designada según Resolución No. 030 de 18 de septiembre de
2014, de la Presidencia de la Sección Segunda (…) Al efecto la compareciente exhibió los siguientes
documentos (…) 7. Acredita Título en Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
(…) Cumplidos los requisitos legales propios se le recibió a la compareciente el juramento de rigor y
por la gravedad de tal promesa ofreció cumplir fielmente con los deberes de su cargo, obedecer y
hacer respetar la Constitución y las leyes de la República (…)».
69 Fol. 37-39, expediente digital pdf 5 / Fol. 237-239, expediente físico.
70 Fol. 33-34, expediente digital pdf 5 / Fol. 233-234, expediente físico. Oficio Radicado E-00003-

201711381-CASUR Id: 235219 de fecha 1 de junio de 2017

37

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

20-02-2015, dispuso “(…) Cuarto. Como consecuencia de la anterior declaración, y a
título de restablecimiento del derecho se ordenará al Director de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía, reintegrarle y pagarle al Coronel ® de la Policía Nacional José
Antonio López González, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.419.128 de
Filadelfia – Caldas, los valores descontados y dejados de pagar por concepto de
asignación de retiro, en virtud de la Resolución No. 6259 del 13 de diciembre de 2006,
con efectos a partir del 26 de marzo de 2009, por prescripción y hasta el 23 de marzo
de 2013 (…)”, disponiendo cumplir lo resuelto en esta Sentencia en los términos del
artículo 192 del C.P.A.C.A.

Que por lo expuesto, y en acatamiento a la Sentencia proferida el 19-09-2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “C”,
corregida mediante providencia del 20-02-2015 y en concordancia con los Decretos
1212 de 1990, 4433 de 2004, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes que regulan la materia, es
procedente reintegrar al señor Coronel (RA) LOPEZ GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO, el
valor bruto de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($8.255.675,oo), valor sobre el cual se
realizan los descuentos de ley de conformidad con el Artículo 98 del Decreto 1212 de
1990, Artículo 38 del Decreto 4433 de 2004, para un valor neto a pagar de OCHO
MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
($8.215.251,oo) MONEDA CORRIENTE de conformidad con la liquidación obrante en
el expediente administrativo y lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “C” (…)

93. Esbozado lo anterior, cabe poner de relieve que la conducta de los apoderados
judiciales de la parte actora y de la parte demandada en el proceso n.°
25000234200020130525600, daría lugar a la iniciación de investigaciones
disciplinarias en su contra ante el incumplimiento de sus deberes en el ejercicio de
la profesión de abogado, de conformidad con lo previsto en la Ley 1123 de 2007 –
Código Disciplinario del Abogado–; sin embargo, considera la Sala que frente a tales
conductas operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria al tenor
de lo dispuesto en el artículo 24 de dicho estatuto71 y en tanto ha transcurrido un
lapso superior a cinco (5) años desde el momento de su ocurrencia.

94. La Sala Plena, en atención a los razonamientos expuestos líneas atrás,
encuentra que no se configuró el error invencible alegado por la apoderada judicial
de la demandante.

ii) La disciplinada estima que el fallo disciplinario apelado le atribuyó
funciones de control de legalidad respecto del expediente, sin tener en
cuenta que sus labores son secretariales y de trámite

95. La disciplinada, en su recurso de apelación, estimó que el fallo disciplinario
apelado le atribuyó funciones de control de legalidad respecto del proceso,
desconociendo que aquellas se limitan a labores secretariales y de trámite. Afirma

71
«(…) ARTÍCULO 24. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años,
contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas. (…)».

38

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

que se le asignó la carga de validar integralmente el expediente, lo que, a su vez,
pondría en entredicho la idoneidad del despacho del magistrado instructor del
precitado proceso, quien si tiene las atribuciones para ello.

96. La Sala, para efectos de resolver el reparo formulado por la disciplinada, resalta
que, de manera opuesta a lo señalado por la apelante, el fallo disciplinario de
primera instancia no atribuyó funciones de control de legalidad a la investigada
respecto del proceso n.° 25000234200020130525600. Tal competencia, valga
resaltarlo, está asignada a los funcionarios judiciales y específicamente se
encuentra contenida en el artículo 207 del CPACA, norma que al tenor indica: «(…)
Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los
vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se
podrán alegar en las etapas siguientes (…)».

97. A la señora María Eugenia González Medina, por el contrario, se le sancionó
disciplinariamente por: «(…) incurrir en falta disciplinaria grave, por el incumplimiento de
sus deberes de servidor público, por vía de acción y a título de culpa grave, consistente en
expedir constancia de ejecutoria, librar comunicación de cumplimiento y expedir también
copias con constancia de ser primera copia de un fallo que no estaba ejecutoriado»,
funciones que corresponde al cargo de oficial mayor y que se encuentran descritas
en los precitados numerales 1° y 3° del artículo 14 del Decreto n.° 1265 de 1978 -
ver num. 88 de este proveído-.

98. Cabe resaltar que la ejecución de las obligaciones propias del cargo de oficial
mayor que desempeñaba la investigada, requerían de especial cuidado y diligencia
pues tenía a su cargo la verificación del cumplimiento de los presupuestos legales
que permitieran la elaboración de los documentos antes referidos. Sin embargo, la
disciplinada, de forma alejada al acatamiento de sus deberes, se itera, obvió la
lectura y revisión tanto del expediente como del sistema de gestión de la Rama
Judicial.

99. Por las anteriores razones, el argumento de defensa que se desarrolló en este
acápite tampoco resulta procedente para disponer la exoneración de
responsabilidad de la investigada.

iii) La disciplinada considera que el fallo disciplinario no tuvo en
consideración la carga laboral a la cual estaba sometida y omitió valorar
la conducta omisiva de la Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al abstenerse de efectuar el
nombramiento de una persona que ocupara la vacante dejada por el
escribiente Víctor Manuel Mesa Mendoza

100. La disciplinada consideró que el fallo disciplinario desestimó la carga laboral que
tuvo que soportar al cumplir funciones de dos cargos, el de oficial mayor y el de
escribiente, resaltando el hecho consistente en que las obligaciones que recibió del

39

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

empleo de escribiente por parte del señor Víctor Manuel Mesa Mendoza, se
encontraban atrasadas en su gestión, lo cual fue advertido, mediante oficio dirigido
al doctor Samuel José Ramírez Poveda, magistrado de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, siendo sancionada por «(…) haber
desplegado una función que no era de su cargo (…)».

101. Responsabilizó a la Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de crear un ambiente de mayor carga laboral por
no haber efectuado el nombramiento inmediato del reemplazo del escribiente,
generando de esta forma un escenario más propenso para que se cometieran
errores.

102. La Sala advierte, inicialmente, que la carga laboral, en sí misma, no está prevista
como una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, razón por la que
tal planteamiento debe ser estudiado desde la perspectiva de la configuración o no
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, figuras estas que si se encuentran
previstas como causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria en el numeral
1° del artículo 28 de la Ley 734. Esta Corporación, en relación con tales eximentes
de responsabilidad72, ha precisado lo siguiente:

(…) En estos términos, deberá analizarse en cada caso si la carga laboral del
funcionario impide o hace irresistible el cumplimiento cabal de sus funciones,
es decir, si se consolida una fuerza mayor o caso fortuito que exonere de
responsabilidad disciplinaria al empleado de la administración. Entendidas estas
causales de la siguiente manera:

El caso fortuito se refiere a los hechos que escapan a las previsiones normales que
deben ser adoptadas por quien observa una conducta prudente73. Por su parte para
que se materialice la fuerza mayor como una causal exonerativa de responsabilidad
es menester que se reúnan los siguientes requisitos: i) La exterioridad; ii) la
imprevisibilidad y; iii) la irresistibilidad. La jurisprudencia ha definido estos elementos
de la siguiente manera74:

«[…] En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad (…) el daño debe resultar
inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo
en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el
fenómeno mismo (…)

(ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la
cual "no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia" (…) la catalogación
de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad

72 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá, D. C.
veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) SE: 94. Radicación número: 11001-03-25-
000-2012-00150-00(0665-12).
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, ,

Sentencia de 25 de abril de 2012, Radicación No.: 25000232600019970371301 (22708), Actor: Luis
Vicente Castellanos y otros.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C.

Sentencia de 19 de octubre de 2011, Radicación No.: 05001-23-25-000-1994-00951-01 (20135),
Actor: Gabriel Ángel Villa y otros.

40

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si éste
se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al
cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además
disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos
dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su
comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e
imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente
(…)

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad (…) se concreta en que el
acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe
resultarle ajeno jurídicamente […]»75 (Subraya fuera de texto).

Una vez confluyan estos elementos se puede hablar de la existencia de la causal
exonerativa de responsabilidad denominada fuerza mayor. Sin embargo, y de
acuerdo con lo plasmado en la jurisprudencia en cita, no puede considerarse que
existe esta si quien la alegó actuó con culpa y con ocasión de ella se materializaron
los hechos constitutivos de falta disciplinaria, toda vez que esta situación de entrada
excluye la imprevisibilidad y por ende, no confluyen todos los elementos necesarios
para su ocurrencia.

En definitiva en materia disciplinaria76 «[…] el interesado no puede ampararse en su
propia culpa, para alegar una causal de exclusión de responsabilidad a su favor, pues
como se expuso anteriormente, para que se configuren la fuerza mayor o el caso
fortuito es necesario que no medie la culpa de quien pretende la exclusión de
su responsabilidad al amparo de estas circunstancias […]» (negrillas y subrayado
fuera del texto)

103. Del análisis y valoración de las pruebas que obran en el expediente, se tiene
que el señor Víctor Manuel Mesa Mendoza prestó sus labores de escribiente en la
secretaría de la Subsección “C” hasta el día 27 de febrero de 2015. Luego de su
desvinculación la disciplinada presentó el denominado «(…) Informe de atraso del
puesto de trabajo (…)»77, en el cual se lee lo siguiente:

(…) El día de hoy por ser el último día de labores suyas, se procedió a revisar
exhaustivamente su puesto de trabajo. Como se le había informado en días anteriores
que se realizaría esta gestión y que por favor, colocara al día su puesto de trabajo,
dando usted como respuesta que se encontraba totalmente al día, de igual manera
se le preguntó que si necesitaba colaboración para esto, negándose por reiterar que
su puesto de trabajo estaba completamente al día y que solo tenía pendiente anexar
unos memoriales, y se le sugirió que le pidiera ayuda a sus compañeras de ventanilla,
lo cual dicho por ellas hicieron, pero que usted no quiso aceptar la ayuda.

Se encontró que todos los expedientes que estaban ubicados para pago de gastos
procesales dos ya se habían pagado con más de ocho días de anterioridad y dos más
ya tenía vencimiento del término estipulado para el pago de las mismas y presentaban
más de mes y medio de atraso, aunque usted hubiera afirmado que los había revisado
la semana pasada.

75 Consejo de Estado. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente 16.530. Reiterada en Consejo

de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de agosto de 2011. Expediente 20.144.
76 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.

Radicación: 11001-03-25-000-2012-00360-00(1407-12). Actor: Jonny Andrés Quiroz Cardona.
Demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Bogotá, D.C. 5 de septiembre de 2013.
77 Fol. 98 y 99, expediente digital pdf 7 y Fol. 4 y 5, expediente digital pdf 8 / Fol. 499-500 y 506-507,

expediente físico.

41

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

La letra presentaba oficios desde agosto sin reiterar y expedientes para archivo,
subida y otras actuaciones allí, a lo cual, usted había afirmado que ya había retirado
toda la letra.

Tenía un cúmulo de más de 30 memoriales pendientes por anexar con fechas desde
el 8 de octubre de 2014, 13 de enero en adelante, y se encontró un memorial del
proceso 2013-638 del despacho de la doctora Carmen Alicia Rengifo del 13 de enero
con alegatos de conclusión el cual usted, nunca remitió ni le dio trámite, por lo cual
se le solicitó que informara por escrito.

Expedientes sin darse traslado de excepciones, tano (sic) es así que el día de hoy se
subieron 7 traslados a la página de la Rama Judicial.

Los expedientes 2014-0244, 2013-6934, 2014-01452, 2014-290, se le corrió traslado
de excepciones desde el día 8 de octubre y a la fecha no se habían subido al
despacho.

Dada la gravedad de lo expresado anteriormente, dejo constancia de las
irregularidades encontradas, y que siendo las 8 p.m. no se ha podido recibir su puesto
de trabajo por el atraso hallado (…)

104. La disciplinada, mediante informe de 3 de marzo de 201578, puso en
conocimiento del entonces presidente de la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las anomalías presentadas con el
trabajo que fue asignado al señor Víctor Manuel Mesa Mendoza, en los siguientes
términos:

(…) De manera respetuosa, le informo que se presentaron varias anomalías
presentadas respecto [de] la entrega del puesto de trabajo del señor Víctor Manuel
Mesa Mendoza, las cuales se relacionan en el informe de atraso del puesto de trabajo
que se le entregó el día 27 de febrero de la presente anualidad.

Al respecto se han tomado las siguientes medidas:

1. Las estadísticas de despacho que lleva cada escribiente serán compartidas con la
Oficial Mayor con el fin de revisar el control que se llevan de los mismos y verificar
que realmente se le está dando el trámite que corresponde.

2. A partir de la fecha todos los expedientes que bajen del despacho (a excepción de
los que se encuentren en calidad de préstamo, se les entregaran al escribiente
encargado de estados, el cual, revisará el trámite correspondiente y los ubicará en los
anaqueles de cada magistrado con la indicación del trámite que se esté surtiendo
(traslado. Audiencia, sentencia, estado) y la fecha de vencimiento del mismo.

3. Ningún oficio que salga de la Secretaría podrá ser firmado por los escribientes,
como lo regula el artículo 111 Del (sic) C.G.P. “Los oficios y despachos serán firmados
únicamente por el secretario”, observación que ya se les había realizado.

4. Se implementará dentro del cuadro estadístico de despacho una hoja de Excel
donde lleve los procesos que se encuentren a la letra, para verificar que se les está
dando el impulso procesal necesario. Observación que se había requerido
anteriormente pero a la fecha no se ha efectuado.

78 Fol. 91 y 92, expediente digital pdf 7 / Fol. 492-493, expediente físico.

42

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

5. Todos los expedientes que se encuentren en calidad de préstamo serán entregados
por los escribientes a cargo de ventanilla, quienes llevarán una relación detallada de
los mismo[s] e informarán a los escribientes de despacho de dicho préstamo.

6. Todos los oficios o procesos entregados a los empleados de secretaria o a los
despachos deberán tener constancia de entrega en los libros dispuestos para tal fin.

7. Se realizó una reunión socializando estos temas y se les recordó los términos para
la realización de lo ordenado por el despacho. Estados cuatro días, comunicaciones
diez días, copias cinco días.

8. Se le recordó que cualquier atraso debe ser informado con el fin de tomar las
medidas pertinentes para su solución y que somos un equipo de trabajo el cual debe
estar presto a colaborar y ayudar cuando sea necesario, así no esté dentro de
nuestras funciones y se les instó a informar las irregularidades o posible
inconsistencia que vean en sus compañeros, con el fin de tomar a tiempo las medidas
pertinentes.

9. Se trabajará en equipo con el fin de dejar totalmente los expedientes que se
encuentren en secretaría del despacho del doctor Ramírez y poder realizar un
inventario de los mismos, para poder entregar al escribiente que llegue a ocupar dicho
cargo.

Pido excusas, al honorable Magistrado por lo ocurrido, y asumo la responsabilidad,
ya que confié en que el señor Mesa estaba cumpliendo con sus labores, ya que se le
había preguntado reiteradamente que si necesitada ayuda o que si tenía el despacho
al día y siempre informo que así era y rechazo cualquier ayuda de mi parte o de los
compañeros de trabajo.

A pesar de haberle solicitado desde el día que informó que pasaría su renuncia que
entregará una relación de los expedientes a su cargo y que dejará completamente al
día, no fue posible esto, dado el atraso que tenía.

Cordialmente

(Firmado)
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA
Oficial Mayor

105. Así las cosas, y en consonancia con las versiones rendidas por la disciplinada,
para la época en que sucedieron los hechos objeto de este proceso disciplinario -
6 y 16 de marzo de 2015-, el citado cargo de escribiente no era ocupado por ninguna
persona, teniendo en cuenta que el señor Víctor Manuel Mesa Mendoza había sido
desvinculado del referido cargo, razón por la que, además de las funciones propias
de su cargo, la investigada asumió aquellas que le correspondían al citado empleo
-de escribiente-, a lo cual se suma la situación de atraso en el que se encontraban
las labores asignadas al mencionado empleado judicial.

106. Aunque es un hecho cierto que la señora María Eugenia González Medina,
además de tener que cumplir las funciones propias de su empleo, debía desplegar
las del cargo de escribiente, considera la Sala que la situación alegada por la
investigada, si bien permite atenuar la dosificación de la sanción que a ella se le
debe imponer, ciertamente no tiene la entidad para configurar un caso fortuito o una

43

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

fuerza mayor. Debe resaltarse que era predecible que, con ocasión del retiro del
señor Víctor Manuel Mesa Mendoza, se aumentaría la carga la carga laboral para
los empleados judiciales de la secretaría de la Subsección “C” de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; pero dicho retiro no fue
repentino sino que fue de conocimiento de la disciplinada con anticipación, puesto
que en el oficio dirigido a dicho funcionario ella le manifestó -días anteriores a su
desvinculación- que se realizaría una revisión exhaustiva del puesto de trabajo y, por
ello, le pidió que lo «(…) colocara al día (…)».

107. Asimismo, en el citado oficio también la disciplinada le manifestó a su grupo de
trabajo79 lo siguiente: «(…) 8. Se le(s) recordó que cualquier atraso debe ser informado
con el fin de tomar las medidas pertinentes para su solución y que somos un equipo de
trabajo el cual debe estar presto a colaborar y ayudar cuando sea necesario, así no
esté dentro de nuestras funciones y se les instó a informar las irregularidades o posible
inconsistencia que vean en sus compañeros, con el fin de tomar a tiempo las medidas
pertinentes (…)», lo que significa que estaba previsto que, en un evento de
necesidad, resultaba posible que cualquiera de los empleados pudiera pedir ayuda
a sus colaboradores para que apoyaran el desarrollo de ciertas labores y no consta
dentro del este expediente que la señora María Eugenia González Medina hubiera
manifestado queja alguna respecto de la carga laboral ni que hubiera solicitado el
apoyo de alguno de sus compañeros.

108. Adicionalmente, y tal como lo señaló el fallo disciplinario de primera instancia al
resolver el cuestionamiento que hoy es objeto de análisis, la sancionada «(…) en su
antigua condición de Oficial Mayor aun contaba con la potestad de redistribuir las labores
del señor Víctor Manuel Mesa Mendoza, entre los distintos empleados, a consideración del
Magistrado, de acuerdo con las atribuciones otorgadas por el artículo 15 del Decreto 1265
de 1970, el cual prescribe que “los demás empleados de los despachos judiciales tendrán
las funciones previstas en los reglamentos y manuales, y si están adscritos a la secretaría,
las ejercerán bajo las órdenes inmediatas del Secretario”, quien para el caso de las
Subsecciones será el Oficial Mayor (…)».

109. En armonía con lo expuesto, la excesiva carga laboral -como motivo para excluir
la responsabilidad disciplinaria por caso fortuito y fuerza mayor- no constituye, en el
presente caso, un hecho que escapaba a las previsiones normales que debe
adoptar quien observa una conducta prudente -caso fortuito- puesto que la
disciplinada: (i) conoció de tiempo atrás que el señor Víctor Manuel Mesa Mendoza
se retiraría de su cargo y resulta previsible el aumento de dicha carga; (ii) adoptó
ciertas medidas dentro del grupo de trabajo de la secretaría de la citada subsección
C para evitar que se presentaran nuevamente las anomalías que se observaron
respecto del escribiente Víctor Manuel Mesa Mendoza, dentro de las cuales se
encontraba precisamente el apoyo y colaboración entre ellos para el desarrollo de
sus funciones; (iii) en el contexto de las mencionadas medidas, no consta que la

79 Reunión realizada el 3 de marzo de 2015 conforme consta en el acta de reunión de esa fecha que

se encuentra a folio 1 del expediente digital [pdf 8] / folio 501 del expediente físico.

44

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

señora María Eugenia González Medina hubiera presentado queja alguna por el
cúmulo de labores a ella asignada o que pidiera colaboración para el desarrollo de
las mismas, y (iv) tampoco distribuyó, entre los empleados de la secretaría, las
funciones del escribiente mencionado con lo cual habría mitigado el efecto del retiro
del empleado citado.

110. Ahora bien, la disciplinada atribuye responsabilidad conjunta a la Sala Plena de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los hechos
que dieron lugar a la sanción disciplinaria, luego de considerar que se ha debido
nombrar de inmediato a la persona que reemplazaría al escribiente Víctor Manuel
Mesa Mendoza.

111. Sea lo primero precisar que entre el retiro del citado funcionario -27 de febrero de
2015- y los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria que nos ocupa,
no transcurrió más de un mes -6 y 16 de marzo de 2015-. Este término puede
considerarse reducido para efectos de la vinculación de servidores públicos, pues
para dicho propósito se deben cumplir ciertas etapas que harían imposible que se
diera un nombramiento inmediato por parte de la Corporación como lo exige la
disciplinada, pero, en todo caso, resulta claro que la ausencia de tal servidor público
no fue repentina por lo que la disciplinada podía adoptar, como en efecto lo hizo, las
medidas para enfrentar tal ausencia80.

112. Desde la perspectiva expuesta, el aumento de la carga laboral a cargo de la
disciplinada era una situación previsible, lo que significa que era posible anticipar
su ocurrencia y, de esta manera estima la Sala Plena que aquella está cimentando
la aplicación de la eximente de responsabilidad en su propia culpa pues, en todo
caso, la carga laboral no resulta ser un impedimento para desarrollar las labores
asignadas de forma cuidadosa y diligente, razón por la que el reparo formulado
también carece de vocación de prosperar.

113. Finalmente, y luego de analizar los argumentos de defensa esbozados por la
abogada defensora de la investigada, la Sala considera pertinente resaltar que
aquella pretende la exoneración de la disciplinada apoyándose en argumentos
asociados a la idoneidad de su representada, a su diligencia en el ejercicio de sus
funciones, a no haber incurrido en demoras en el trámite de los asuntos a su cargo
y al eficiente y acertado cumplimiento de las labores que le habían sido asignadas.

114. Tales planteamientos, aunque no conducen a la exoneración de su
responsabilidad disciplinaria en tanto quedó plenamente establecido que la acusada
incurrió en una conducta grave, a título de culpa grave, lo cierto es que si permitieron
a la primera instancia, acertadamente, atenuar la sanción disciplinaria a imponer,

80
Fol. 501-502, expediente físico.

45

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

aplicando la sanción más benigna -un mes de suspensión- contemplada en la
normatividad disciplinaria cuando se trata de la comisión de faltas graves.

II.4. La conclusión

115. Para la Sala Plena, desde la perspectiva anterior y no siendo de recibo las
inconformidades expresadas por la disciplinada María Eugenia González por los
razonamientos expuestos con anterioridad, se impone, en consecuencia, la
confirmación del fallo disciplinario de 26 de marzo de 2019.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en uso de sus
facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo disciplinario proferido el 26 de marzo de 2019,
mediante el cual la Sala Plena de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró disciplinariamente responsable a la señora María
Eugenia González Medina, identificada con cédula de ciudadanía n.° 52.215.439,
en su calidad de Oficial Mayor Grado 13 de la Secretaría de la Subsección “C” de la
Sección Segunda de la citada Corporación, y la sancionó disciplinariamente con
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes.

SEGUNDO: Para el caso en que no fuere posible la ejecución de la sanción
impuesta, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 46 y 173 de la
Ley 734.

TERCERO: NOTIFICAR el presente fallo de segunda instancia, por la Secretaría
General de esta Corporación, a los sujetos procesales y sus apoderados judiciales,
dándoles a conocer que en contra de lo decidido no procede recurso alguno, para
lo cual se les remitirá copia de la providencia a los correos electrónicos que reposan
en el expediente.

CUARTO: REMÍTIR el expediente disciplinario, una vez cobre ejecutoria la
presente providencia, al Presidente de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para efectos de que se proceda a los trámites de
registro y ejecución de la sanción impuesta a la señora María Eugenia González
Medina.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

46

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Vicepresidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS
Impedido

ROCÍO ARAÚJO OÑATE MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

ANA MARÍA CHARRY GAITÁN MILTON CHAVEZ GARCÍA

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Aclara Voto Ausente con Excusa

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Aclara Voto Salva Voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Salva Voto

MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA
Ausente con Excusa

CÉSAR PALOMINO CORTÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Ausente con Excusa

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

47

Radicación: 25000 23 42 000 2016 05481 02
Disciplinada: MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MEDINA

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

PEDRO PABLO VANEGAS GIL MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

NICOLÁS YEPES CORRALES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sala Plena del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.