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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07273-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07273-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07273-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07273-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGGP
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No se cumple
requisito general de subsidiariedad, porque la parte demandante dispone de otro
mecanismo judicial de defensa: el recurso especial de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 / ABUSO PALMARIO DEL DERECHO - Se
descarta por no reunirse los elementos establecidos por la jurisprudencia
constitucional.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 25 de enero de 2024 1, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. AN T ECE DE NT ES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 30 de noviembre de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGGP, mediante
apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, con el objeto de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia2, que estima vulnerados con la expedición de las
sentencias del 6 de julio de 2023 y del 24 de junio de 2016, respectivamente, dentro

1
Se advierte que, el 1º de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
2
Igualmente, solicita que se garantice el principio de sostenibilidad financiera.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07273-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2015-
00103-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
SALA PRIMERA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
al ordenar reconocer y pagar una pensión de jubilación consagrada en el
Decreto 1047 de 1978 art. 2° en concordancia con el Decreto 1933 de 1989 al
señor WILLIAM GIRALDO DÍAZ, quien no tiene derecho a dicho reconocimiento
pensional, al no contar con la totalidad de los requisitos legales para ser
beneficiario de la prestación allí consagrada.

Segundo. Consecuentemente a lo anterior:

a.- DEJAR sin efectos las sentencias del 24 de junio de 2016 y el 6 de julio de
2023 dictadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA SALA
PRIMERA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
en el proceso contencioso No. 44001-23-33-000-2015-00103-013 por la
flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en razón al
reconocimiento de una pensión de jubilación especial al señor WILLIAM
GIRALDO DÍAZ, quien no cumplió la totalidad de los requisitos señalados en el
Decreto 1047 de 1978 art. 2 en concordancia con el Decreto 1933 de 1989 para
ser beneficiario de ello.

b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A dictar una nueva
sentencia ajustada a derecho, en la cual se revoque la sentencia del 24 de junio
de 2016 que ordenó el reconocimiento de la pensión especial de jubilación, por
encontrar demostrado que el señor WILLIAM GIRALDO DÍAZ, no es beneficiario
de la prestación especial para personal del DAS por cuanto no reunió la totalidad
de los requisitos señalados en Decreto 1047 de 1978 art. 2 en concordancia con
el Decreto 1933 de 1989.

SUBSIDIARIAS En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en
razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
LA GUAJIRA SALA PRIMERA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera
transitoria las sentencias del 24 de junio de 2016 y el 06 de julio de 2023
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA SALA
PRIMERA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en
virtud de su orden tutelar.

Como medida provisional solicitó:

De conformidad con las situaciones graves que se ponen de presente ante su
Despacho solicitamos se SUSPENDA la ejecución de las sentencias del 24 de
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

junio de 2016 y el 6 de julio de 2023, hasta tanto se resuelva esta acción tutelar
en aras de evitar la configuración de un perjuicio que se generará mes a mes
con el pago de una mesada pensional a la cual el causante no tiene derecho.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, el apoderado de la UGPP narró que el
señor William Giraldo Díaz nació el 27 de mayo de 1960 y laboró en el extinto DAS
durante 18 años y 22 días, siendo el último cargo desempeñado el de detective
profesional, grado 207-09.

El 23 de diciembre de 2014, el señor Giraldo Díaz solicitó a la UGPP el
reconocimiento de la pensión de jubilación, petición que se negó mediante la
Resolución RDP015863 del 23 de abril de 2015. El acto fue recurrido en tiempo, y
confirmado por la Resolución RDP026564 del 30 de junio de 2015.

Inconforme con las decisiones, el usuario ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, cuyo conocimiento correspondió en
primera instancia al Tribunal Administrativo de La Guajira, que, mediante sentencia
del 24 de junio de 2016, accedió a las pretensiones y ordenó el reconocimiento de
la pensión con el «75% de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicio laborado».

La UGPP impugnó la decisión y en segunda instancia el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 6 de julio de 2023,
adicionó, modificó y confirmó la providencia recurrida, ordenado el reconocimiento
de la pensión con «el 75% del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores al
retiro definitivo del servicio, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación
por servicios prestados».

1.3. Argumentos de la tutela

El apoderado de la UGPP manifestó que la tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia de relevancia constitucional y subsidiariedad. Frente a
este último, sostuvo que previo a acudir a la acción constitucional agotó todos los
medios de defensa judicial disponibles, porque se surtieron las dos instancias del

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

proceso ordinario; y adicionalmente, estima que, si bien procede el recurso
extraordinario de revisión «(…) en este momento este no es el mecanismo
pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad que se da en este caso
relacionado con el reconocimiento y pago a favor del señor WILLIAM GIRALDO
DÍAZ de una pensión de jubilación especial para el personal del DAS sin el
cumplimiento de los requisitos legales».

Además, señaló que de conformidad con lo establecido en la sentencia SU 427 de
2016, la UGPP puede acudir a la acción de tutela como mecanismo principal para
dejar sin efecto las decisiones judiciales censuradas, dado que afectan el erario y el
sistema pensional, y de ello, se deriva claramente el perjuicio irremediable.

En cuanto a los requisitos especiales de procedencia, invocó los siguientes
defectos:

Defecto fáctico. Se concreta en que las autoridades judiciales hicieron una
defectuosa valoración probatoria, toda vez, que de conformidad con el artículo 2º
del Decreto 1047 de 1978 y el Decreto 1933 de 1989, para acceder a la pensión de
jubilación se requiere acreditar 18 años de servicio en el DAS, con funciones de
dactiloscopista y/o detective, 50 años de edad y estar activo en el servicio de la
entidad a la fecha en que se reúnen los demás requisitos, sin embargo en las
providencias censuradas se reconoció el derecho al señor Giraldo Díaz sin el
cumplimiento de la última exigencia, dado que laboró en el DAS hasta el 15 de
marzo de 1999 y alcanzó el requisito de edad el 27 de mayo de 2010.

Defecto sustantivo. Sostuvo que las providencias objeto de reproche incurrieron
en este vicio por las siguientes situaciones:

i) Errado reconocimiento de la pensión de jubilación. Consideró que de conformidad
con el régimen aplicable3, para acceder a la prestación el servidor además de reunir
los requisitos de tiempo de servicio y edad, debe encontrarse vinculado al DAS para
la fecha en que cumple el estatus, exigencia que las autoridades judiciales
inaplicaron invocando la excepción de inconstitucionalidad, lo cual, en su sentir, es

3
Consagrado en los artículos 1 y 2 del Decreto 1047 de 1978, artículo 10 del Decreto 1933 de 1989, artículos
1 y 2 del Decreto 1835 de 1994 y artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
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irregular, por cuanto dicho requerimiento se aviene a la Constitución Política y al
Acto Legislativo 01 de 2005.

ii) Interpretación errada de los derechos adquiridos y de las meras expectativas.
Señaló que las accionadas erraron al considerar que el señor Giraldo Díaz tenía un
derecho adquirido por el solo hecho acreditar 18 años del servicio al DAS, toda vez
que, en su concepto, lo que existía era una mera expectativa que sólo se concretaba
con el lleno de las exigencias legales, lo cual, no ocurrió, como ya se explicó.

Desconocimiento del precedente. De forma general señaló que las providencias
censuradas incurren en ese defecto al desatender el carácter vinculante de las
sentencias C-569 de 1997 y C-242 de 2009, relacionadas con la diferencia entre
derechos adquiridos y meras expectativas,

Violación directa de la Constitución. Adujo que el reconocimiento de la pensión
de jubilación a favor del señor William Giraldo Díaz, sin el lleno de las exigencias
legales, constituye un flagrante desconocimiento al artículo 13 superior, dado que
aplica un trato diferencial al ex servidor del DAS, sin justificación alguna, en
detrimento de los demás funcionarios de la entidad.

Asimismo, estimó vulnerado los artículos 29 y 230 de la Constitución, en razón al
reconocimiento de la pensión sin el lleno de los requisitos y al desconocimiento de
la jurisprudencia que orienta la interpretación de la normatividad aplicable.

Agregó que, en el caso examinado, se presenta un abuso palmario del derecho
porque las autoridades judiciales demandadas reconocieron una pensión de
jubilación sin el cumplimiento de las exigencias legales, lo que trae como
consecuencia que la UGPP pague al titular un retroactivo aproximado de
$217.202.111 y, además, empiece mensualmente a cancelar la mesada que
asciende a $990.129, reajustada al año 2023, ocasionando con ello un grave
detrimento al erario.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara a
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las autoridades accionadas y al señor William Giraldo Díaz, como tercero con
interés, toda vez que intervino en el proceso ordinario 2015- 00103-01. Asimismo,
negó la medida provisional.

2.2. El señor William Giraldo Díaz, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones y señaló que la tutela es improcedente porque el actor pretende reabr ir
el debate en torno al reconocimiento de la pensión de jubilación a su favor, el cual
fue zanjado por el juez ordinario en sentencia que se encuentra ejecutoriada.

Aunado a ello, insistió en que el particular no vulneró derecho fundamental alguno
y, por ende, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela.

2.3. Las autoridades accionadas no presentaron informe alguno en esta
oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 25 de enero
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.

En efecto, señaló que para cuestionar el reconocimiento pensional que estima
ilegal, la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo que hace improcedente la acción
constitucional, a menos que se presente un abuso palmario del derecho, lo cual, no
sucede en el caso de autos, porque conforme a la jurisprudencia, se descartó que
el señor Giraldo Díaz haya obtenido un reconocimiento excesivo del pago de la
mesada pensional derivado del cumplimiento de las sentencias judiciales; y
además, no se desvirtuó la presunción de buena fe del beneficiario de la pensión.

4. Impugnación

La UGPP, mediante apoderada judicial, insistió en que en este caso el abuso del
derecho es evidente, toda vez que el reconocimiento pensional censurado
contraviene a todas luces el ordenamiento legal y constitucional, en la medida en
que se concedió un derecho sin el lleno de los requisitos, lo cual origina un perjuicio

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al erario, que tiene la connotación de irremediable, por ser grave, inminente y
próximo a suceder. Así las cosas, se requiere de la intervención inminente del juez
de tutela, para que adopte medidas urgentes e impostergables.

Indicó que el a quo no aplicó las reglas establecidas en la sentencia SU 427 de
2016, que permiten a la UGPP acudir a la acción de tutela como mecanismo
preferente en aras de salvaguardar los recursos del sistema pensional.

Insistió en que el abuso palmario del derecho se evidencia en el reconocimiento de
una pensión de jubilación especial sin el cumplimiento de las exigencias legales ,
dado que la normativa aplicable requiere que el servidor se encuentre vinculado al
DAS para el momento en que cumple los demás requisitos, circunstancia que no
ocurre en el caso del señor Giraldo Díaz, que cumplió la edad de 50 años el 27 de
mayo de 2010, pero se encontraba retirado del servicio desde el 15 de marzo de
1999.

Reiteró los demás argumentos esgrimidos en la demanda en relación a los defectos
fácticos, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 25 de enero de 2024, proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente
la solicitud de amparo.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y
todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

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2. Análisis de la Sala

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos
en los que se alega un abuso del derecho en materia pensional

Además de los requisitos generales 4 y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales que han sido definidos por la jurisprudencia
constitucional 5, la Corte ha establecido reglas especiales de procedencia en
aquellos casos en los que se cuestionan providencias judiciales por incurrir en un
abuso del derecho en materia pensional, en esencia, estos lineamientos se
relacionan con la flexibilización de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez 6.

• De la subsidiariedad en el caso concreto

La Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, señaló que el Acto
Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política,
dispuso que «la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las
pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales
válidamente celebrados». (Se destaca).

Agregó la Corte que, aunque ese precepto constitucional no ha sido desarrollado
mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para esos fines el recurso
especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 7 y, conforme

4
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y
extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
5 Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, el juez de tutela debe

verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en
la sentencia C-590 de 2005.
6
Estos lineamientos en principio se establecieron en casos en que la UGPP era accionante, pero
también son aplicables cuando la parte actora es COLPENSIONES, por tratarse de una entidad
administradora de pensiones que igualmente cuestiona providencias judiciales en asuntos
pensionales y que, además, alega la afectación permanente de los recursos públicos que administra
con ocasión de la condena impuesta, similitudes que se presentan y que hacen viable la aplicación
de dichas reglas por analogía, tal como lo hizo el alto tribunal constitucional en la sentencia T-365
de 2021.
7
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
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con el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro de los 5
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

En ese mismo fallo se afirmó que «…ante la existencia de otro mecanismo judicial
como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar
decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del
derecho [o contrariando la ley], son improcedentes al tenor del artículo 86 de la
Constitución».

En criterio de la Sala, lo allí señalado se extiende a la causal de revisión prevista en
el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, de manera que es aplicable el análisis de
la Corte Constitucional que se mantiene vigente, como puede constatarse, entre
otras, en las sentencias SU-631 de 2017 y T-334 de 2021.

En estas providencias la Corte Constitucional destacó que la tutela sólo procedería
en los eventos en que se esté frente a un abuso palmario del derecho; para lo cual
estableció, principalmente, dos condiciones a saber: (i) un incremento pensional
sustancial en los últimos años que no sea consecuente con la historia laboral del
beneficiario; y (ii) que el aumento se derive de una vinculación precaria en cargos
con asignaciones salariales superiores derivados de encargos o nombramientos en
provisionalidad. Ello, sin perjuicio de que se puedan deducir otros eventos de esa
naturaleza.

Concretamente, la sentencia SU-631 de 20178 expuso:

Según lo resumió esta Sala en la Sentencia SU-427 de 2016, el debate judicial
sobre el abuso del derecho en la obtención de reliquidaciones que

de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». (Apartes tachados fueron declarados
inexequibles a través de sentencia C-835 de 2003).
8
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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presumiblemente quebrantan los principios y la sostenibilidad del sistema de
seguridad social en pensiones, tiene dos vías. Por un lado está el recurso de
revisión ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (según la
jurisdicción a la que corresponda dirimir el asunto), que hace improcedente el
amparo y, por otro, la acción de tutela. Ésta última queda reservada
exclusivamente a los “casos de palmario abuso del derecho”.

(…)

Cabe destacar que la existencia del mecanismo de revisión tanto en la
jurisdicción laboral ordinaria, como en la contencioso administrativa implica
que, en principio, la acción de tutela no supera el análisis de procedencia, pues
la existencia de un mecanismo principal de acción judicial inhabilita al juez
constitucional para decidir el asunto de fondo, en casos como estos.

Sin embargo, existen casos particulares en los cuales de concretarse el riesgo
inminente que se ciñe sobre los derechos que se busca proteger, acarrearía un
perjuicio que no podría resarcirse y que impide o dificulta el ejercicio de los
derechos fundamentales. En la Sentencia SU-427 de 2016, esta Sala Plena
estableció que asuntos como los que se analizan serían competencia del juez
constitucional, solo cuando el abuso del derecho aparezca de modo palmario.

En lo que sigue la Sala Plena de esta Corporación, con arreglo al patrón fáctico
de la Sentencia SU-427 de 2016 y con el ánimo de fijar criterios interpretativos
claros para establecer cuándo un abuso del derecho surge de modo palmario,
recogerá los lineamientos básicos para determinar los eventos en los que
resulta imperiosa la intervención del juez de tutela.

(…)

El carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de
tutela al momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela.
No solo debe advertir (i) que el ejercicio del derecho pensional pudo haber
desbordado los límites que le impone el principio de solidaridad del sistema de
seguridad social –caso en el cual no debe perder de vista que la acción de
tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso de
revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó pone
en un riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad social,
con ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, en relación con la
cual CAJANAL no pudo ejercer su derecho de defensa y la UGPP se encuentra
obligada a hacer erogaciones cuantiosas que, por su carácter periódico,
atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual.
Todo ello debe derivar de la elusión de los principios y de las reglas que rigen
el sistema pensional.
(…)

Entonces, la UGPP se encuentra facultada para cuestionar por vía de tutela,
exclusivamente, sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del
derecho en modo palmario, hayan hecho reconocimiento de mesadas
pensionales sin advertir la existencia de vinculaciones precarias y con
fundamento en ellas. En virtud del principio de inmediatez, tal posibilidad la
mantendrá por seis meses contados a partir de la notificación de esta decisión.

Pensiones logradas a través de abuso del derecho, del que no sea demostrado
su carácter palmario por parte de la UGPP solo podrán ser discutidas por ella
mediante el recurso de revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por debido proceso, o por cualquier norma que desarrolle el mandato
incorporado en la Constitución, mediante el Acto Legislativo 01 de 2005.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Esa tesis fue reiterada en la sentencia T-334 de 20219, así:

Ahora, para determinar el abuso del derecho, la Corte ha señalado que se
presenta, entre otros supuestos, cuando: (i) se evidencia un incremento
pensional significativo en los últimos años de servicios, que escapa del sendero
ordinario de la carrera pensional del beneficiario y que conduce a que su
pensión no guarde ninguna relación o correspondencia con los aportes que
acumuló en su vida laboral, y/o (ii) que el aumento sea consecuencia de una
vinculación precaria en un cargo con ingresos salariales superiores como, por
ejemplo, las suplencias en el caso de los congresistas, el encargo como
magistrados y la asignación en cargos provisionales.

(…)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en casos en los que se alega un
posible abuso del derecho en un reconocimiento pensional, unificó su
jurisprudencia en relación con la satisfacción del requisito de subsidiaridad de
la acción de tutela, a partir de la Sentencia SU-427 de 2016. Estas reglas fueron
objeto de precisión en la Sentencia SU-631 de 2017, en la que se supeditó la
procedencia de la acción de tutela, a pesar de que la UGPP cuente con la
posibilidad del recurso extraordinario de revisión que regulan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, a que se trate de un supuesto de
abuso palmario del derecho, cuya configuración sujetó a dos
condiciones: (i) que se trate de una “vinculación precaria” y (ii) que se trate de
un “incremento excesivo en la mesada pensional”. En caso de que no se
acrediten estos presupuestos, no podría considerarse que se trata de un
caso de perjuicio irremediable que amerite la protección constitucional
transitoria. (Destaca la Subsección)

En la misma línea, se pronunció el alto tribunal en sentencia T-290 de 202210, en la
que precisó los criterios de «vinculación precaria» e «incremento excesivo de la
mesada pensional», así:

42. La Corte precisó que las vinculaciones precarias se presentan cuando
un servidor durante la mayor parte de su vida laboral aportó con una base de
cotización y luego, en el transcurso del último año de servicios, es nombrado
para un cargo de mayor remuneración por un tiempo corto y, con fundamento
en esa vinculación, obtiene un ingreso más alto que, conforme el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, sirve para calcular su IBL y estimar su mesada pensional
que, así, no responderá a la cotización histórica efectuada. La Corte indicó que
“En casos como los que se analizan en los que el marco temporal que sirve
para liquidar la prestación es el último año de servicios, se considerará una
vinculación precaria el ejercicio de una función en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público que, conforme las particularidades del caso, sea
minúsculo para un periodo anual” (subrayado fuera de texto). De otra parte,
resaltó que la vinculación precaria con el Estado depende de dos factores. El
primero, el nivel de estabilidad que ofrece el vínculo entre el funcionario y el
cargo de mayor jerarquía y remuneración desempeñado, el cual es fuerte para
los nombramientos en propiedad por concurso de méritos y débil respecto de
los encargos, las provisionalidades y las propiedades de libre nombramiento y
remoción, “de las que puede surgir una vinculación precaria de las funciones
temporalmente ejercidas y nunca de los cargos a los que llega el funcionario

9
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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como consecuencia de un nombramiento efectuado por el derecho que otorga
una lista de elegibles”. El segundo factor consiste en el carácter exiguo del
vínculo, el cual “solo puede impactar a los nombramientos de libre
nombramiento y remoción, en provisionalidad y aquellos hechos en encargo,
que cobran relevancia para determinar la cuantía de la mesada pensional”.

43. Respecto del incremento excesivo de la mesada pensional, dicha
sentencia indicó que la mesada pensional debe haberse aumentado de tal
forma que implica un tratamiento diferenciado para quien la obtuvo y, con dicho
incremento, una ventaja ilegítima que comprometa los principios de igualdad y
solidaridad en el caso concreto. Asimismo, señaló que solo los incrementos que
sean evidentes y se descubran de un primer acercamiento al caso concreto
“ameritan la intervención del juez de tutela. Los demás pueden ser
cuestionados a través de la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso
administrativa, según el caso. La remisión de los casos al juez ordinario, no
implica de ningún modo restarle relevancia al caso, sino constatar que la
urgencia que presenta es relativa y no notoria”. Si bien en la sentencia se hizo
referencia a las nociones de “ventaja irrazonable” o “ventaja ilegítima” respecto
de quien es titular de la pensión, así como a la falta de correspondencia entre
la pensión y la historia laboral, tales aspectos están relacionados con los
criterios de vinculación precaria e incremento excesivo de la mesada pensional
y parecen ser consecuencia de aquellos, como se desprende de lo expuesto
en la providencia. Finalmente, la Corte también señaló que la fijación de los
criterios frente al abuso palmario del derecho no obsta para que, en
consonancia con la independencia y la autonomía judicial, el juez consolide su
propia visión de los distintos casos concretos que se le presenten y determine
la procedencia, conforme su propio criterio, que deberá motivar de acuerdo a
las particularidades del caso concreto.

En esa oportunidad, la Corte fue enfática en señalar que le corresponde a la
administradora de pensiones accionante acreditar el abuso palmario del derecho,
demostrando al menos los dos criterios indicados por la jurisprudencia, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. Sobre el particular, señaló:

44. Las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017 han sido reiteradas
en providencias posteriores. Asimismo, la Corte ha resaltado que la UGPP tiene
la carga de acreditar la configuración del abuso palmario del derecho. Cabe
precisar que, en algunas decisiones, la Corte ha señalado como criterios para
acreditar dicho abuso únicamente la vinculación precaria y el incremento
excesivo de la mesada pensional mientras que, otras veces, ha añadido otros
criterios como la falta de correspondencia entre el reconocimiento pensional y
la historia laboral, y la ventaja irrazonable en comparación con otros
beneficiarios del sistema pensional.

45. Es importante resaltar que esta corporación ha sido exigente frente a
la configuración del abuso palmario del derecho y en varias oportunidades ha
declarado improcedentes acciones de tutela presentadas por la UGPP, al no
haberse acreditado dicho abuso, principalmente por no evidenciarse, o bien
una vinculación precaria, o un incremento excesivo en la mesada pensional.
Así, pueden citarse las sentencias SU-631 de 2017, T-034 de 2018, T-212 de
2018, SU-068 de 2018, SU-114 de 2018 y T-080 de 2019.

46. Asimismo, es necesario resaltar que en el Auto 769 de 2018 esta
corporación señaló que la verificación de uno solo de los criterios indicativos
del abuso palmario del derecho no es suficiente para predicar su ocurrencia y
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resaltó que, de aceptarse la existencia de dicho abuso con base
exclusivamente en incrementos pensionales considerables, se desconocería la
jurisprudencia sobre la materia, se comprometería el carácter subsidiario de la
acción de tutela y se restaría eficacia al recurso extraordinario de revisión.

Bajo esa orientación, con el ánimo de establecer si la acción de tutela interpuesta
por la UGPP cumple el requisito de subsidiariedad, se debe determinar si la
afectación invocada proviene de un abuso palmario del derecho, para lo cual es
determinante acreditar no sólo que el incremento pensional es sustancial, sino
también que dicho aumento se haya originado en una vinculación precaria.

Ahora bien, no sobra señalar que contra las sentencias censuradas, proferidas por
el Tribunal Administrativo de La Guajira el 24 de junio de 2016 y por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado el 6 de julio de 2023, la entidad
interesada no interpuso el recurso de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, para lo cual todavía se encuentra en tiempo, teniendo en cuenta que,
conforme con el artículo 251 del CPACA, debe presentarse dentro de los 5 años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial. No obstante, conforme con la
orientación jurisprudencial en la materia, la Sala pasa a examinar si existe un abuso
palmario del derecho, caso en el cual habría lugar a flexibilizar el requisito de
subsidiariedad.

En el sub lite, la UGPP sostiene que los fallos cuestionados reconocieron la
prestación al afiliado con desconocimiento de los requisitos señalados por la
normativa aplicable, consagrada en los artículos 1 y 2 del Decreto 1047 de 1978,
artículo 10 del Decreto 1933 de 1989, artículos 1 y 2 del Decreto 1835 de 1994 y
artículo 2 de la Ley 860 de 2003, porque no exigieron al señor William Giraldo Díaz
estar vinculado al DAS en la fecha en que alcanzó el estatus pensional por
cumplimiento de la edad.

Así mismo, indica que, en virtud de los fallos objeto de reproche, la entidad estaría
obligada a pagar a favor del actor un retroactivo aproximado de $217.202.111 y
además, el valor que se causa mensualmente, que asciende a $990.129,
reajustado al año 2023, ocasionando con ello un grave detrimento al erario.

Lo anterior, de entrada, permite descartar la primera de las situaciones establecidas
por la jurisprudencia como indicativa de un abuso palmario del derecho, habida

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consideración de que se observa que se trata de un reconocimiento pensional más
no de una reliquidación, lo que de contera excluye el incremento pensional
injustificado al que se refiere la jurisprudencia. Además, de lo expuesto por la UGPP
no es posible, a simple vista, determinar que el pensionado obtuvo una ventaja
ilegítima que comprometa los principios de igualdad y solidaridad, máxime cuando
en la providencia de segunda instancia censurada, la autoridad judicial se encargó
de esclarecer el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al derecho
pensional, como se verá adelante.

En cuanto al segundo evento de configuración del abuso palmario del derecho, de
la revisión del expediente ordinario aportado al plenario, se determina con claridad
que en esta oportunidad el reconocimiento pensional no se relaciona con un cambio
de vinculación del afiliado o su ingreso a un empleo de mayor asignación salarial,
sino que corresponde a la aplicación de un régimen pensional especial, que exige
al empleado haber laborado al servicio del DAS por al menos 18 años de servicio,
tal y como se acredita en el caso del señor Giraldo Díaz, con lo cual se descarta
una eventual vinculación precaria.

Aunado a lo anterior, para la Sala es claro que las autoridades accionadas no
desconocieron el argumento reiterado por la UGPP, consistente en que el empleado
se encontrara vinculado al DAS a la fecha en que cumpliera la edad y el tiempo de
servicio, sino que, tras un análisis exhaustivo y suficiente decidieron inaplicar las
disposiciones que, en su sentir, resultaban desproporcionadas y violatorias al
derecho a la igualdad y al principio de favorabilidad en materia laboral.

En efecto, en la sentencia del 6 de julio de 2023, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, se lee:

Ahora bien, pese a que los demás fundamentos de la sentencia no fueron
discutidos, la Sala considera que en el presente caso resulta procedente
pronunciarse sobre otros aspectos relacionados con el reconocimiento
pensional, bajo lo dispuesto por los artículos 187 del CPACA y 328 del CGP,
los cuales permiten al juez de segunda instancia adoptar decisiones de oficio
siempre que estas no agraven la situación del apelante único.

En ese sentido, esta subsección ha considerado que la pensión de jubilación
especial que se reclama, por virtud de lo dispuesto en el parágrafo 5 del
artículo 2 de la Ley 860 de 200325, se aplica a los empleados que cumplan
funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional
o especializado, y «se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de
pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas
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serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados
y denominaciones».26 La norma a la que se alude señala lo siguiente: (…)

Del primer artículo transcrito se puede concluir que el decreto dispuso que los
empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS por 20
años y que hubieran aprobado el curso de formación impartido por el instituto
de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a
cualquier edad. Sin embargo, en el artículo 2, ordenó que los servidores que
hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio de la
entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas,
podrían acceder a la prestación al cumplir 50 años de edad, siempre que para
ese momento estuvieran vinculados.

Siendo ello así, el demandante no sería beneficiario del derecho pensional
regulado en el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978 porque no acreditó 20 años
de servicio; sin embargo, en relación con lo previsto en el artículo 2, se
advierte que, si bien no demostró que hubiere aprobado el curso de
dactiloscopista ni que se encontrara vinculado a la entidad al cumplir los 50
años de edad, tal y como lo exige la literalidad de la norma, esta misma Sala
ha considerado que, con base en el artículo 1227 y del literal c) del artículo
1528 del Decreto 1550 de 197829, así como del artículo 50° del Decreto 2147
de 1989, es posible inferir que, si el demandante ingresó al DAS como
detective rural alumno y permaneció en la institución e incluso fue promovido
en los cargos de detective agente y profesional en sus diferentes códigos y
grados, es porque aprobó el curso exigido en el Decreto 1047 de 1 978, razón
suficiente para entender acreditado este requisito.

Frente a la edad, bajo el supuesto del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, el
interesado debe acreditar 50 años «siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento», esto es, al servicio del DAS; sin embargo,
el señor Giraldo Díaz alcanzó la edad cuando su relación con la entidad había
fenecido. Ahora, esta Subsección también ha señalado que la interpretación
que corresponde otorgar a esta disposición, en el caso concreto, es que no
es necesario el cumplimiento de los 50 años de edad en vigencia del vínculo
legal y reglamentario, cuando el interesado ya había acumulado el tiempo de
servicio indispensable para estructurar la prestación, aunque la edad sí sea
una condición para otorgar el derecho, de manera que la adquisición del
estatus jurídico de pensionado ocurrirá cuando se alcance ese momento.

Así las cosas, la Sala considera que debe desatenderse el aparte del artículo
2 del Decreto 1047 de 1978 aludido, por vía de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad, en virtud de la cual el operador inaplica un enunciado
normativo manifiestamente contrario a los principios, garantías y derechos
superiores de la Constitución Política, por desconocerlos o contrariarlos.

Lo anterior, en atención a que, como lo ha indicado la Sala en asuntos
similares, la exigencia de cumplir 50 años de edad a fin de consolidar una
pensión de vejez, pero que además esto ocurra en la época de vinculación
oficial con la entidad, resulta violatorio del derecho a la igualdad y
desproporcionado frente a la situación de quienes logran acreditar 20 años de
labor, pues a estos últimos no se les exige la permanencia en el servicio
estatal, con lo que, además, se vulnera el principio de favorabilidad de quienes
acreditan el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y edad
necesarios para ser titular de una pensión especial de jubilación.

Resulta importante destacar igualmente, que si el artículo 2 del Decreto 1047
de 1978 pretendía generar algún beneficio o flexibilizar los requisitos para
quienes hubiesen acumulado un tiempo considerable de servicio, implica
entender que, exigirle a estos servidores que permanezcan hasta los 50 años
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al servicio del DAS, no resultaría acorde con la finalidad de la norma, si se
tiene en cuenta que se debían vincular entre los 20 y 26 años de edad, según
lo dispuesto en el Decreto 1550 de 1978.

De modo que si un detective se vincula, incluso en la edad máxima posible de
ingreso (26 años), al alcanzar el tiempo de servicio (18 años) cumpliría apenas
44 de edad, y no colmaría el requisito de permanecer hasta los 50 años en
vigencia del vínculo legal y reglamentario, como lo establece la norma; lo que
se traduce en que dicha disposición carecería de un efecto útil, ya que ningún
servidor lograría acreditar esos supuestos y, a la postre, le correspondería
una carga mayor y de imposible cumplimiento.

En consecuencia, si el propósito de la disposición era disminuir la rigurosidad
de los preceptos que le permitían alcanzar el estatus de pensionado, imponer
condicionamientos que superen tal propósito haría inane el fin pretendido y
conllevaría a dar un tratamiento desigual entre detectives con una expectativa
similar ante la ley.

Por lo expuesto, y en atención a que el señor William Giraldo Díaz se vinculó
al DAS con anterioridad al 3 de agosto de 1994; a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 860 de 2003 ya había cotizado 941 semanas; acreditó más
de 18 años de servicio en calidad de detective; y cumplió los 50 años de edad
el 27 de mayo de 2010, la Sala concluye que sí es beneficiario del régimen
especial previsto en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, por virtud de lo
dispuesto en los artículos 2, parágrafo 5 de la Ley 860 de 2003, 4 del Decreto
1 835 de 1 994 y 1 del Decreto 1 933 de 1 989.

Como se advierte, la autoridad judicial de segunda instancia sí reparó en que el
señor Giraldo Díaz alcanzó la edad cuando su relación con la entidad había
fenecido, pero no consideró en ello un impedimento para acceder a la prestación
solicitada, habida cuenta de que según su análisis, esa exigencia resulta violatoria
del derecho a la igualdad y es desproporcionada frente a la situación de quienes
logran acreditar 20 años de labor, pues a estos servidores no se les exige la
permanencia en el servicio estatal. Además, la Sección Segunda de esta
Corporación consideró que la interpretación de la norma que apoya la UGPP no se
aviene a la Constitución Política, porque vulnera el principio de favorabilidad de
quienes acreditan el cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio y edad
necesarios para ser titular de una pensión especial de jubilación.

En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión
censurada, resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de
vista constitucional, toda vez que la autoridad judicial de segunda instancia analizó
el requisito según el cual el empleado tenía que estar vinculado al DAS a la fecha
en que cumpliera el estatus pensional, a la luz de la Carta Superior y consideró que
debe inaplicarse, en aras de evitar un tratamiento desigual entre detectives que
tienen la misma expectativa ante la ley.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En ese orden de ideas, para el caso concreto, no es válido afirmar que se está en
presencia de un abuso palmario del derecho y, por ende, la Sala concluye que no
es viable flexibilizar la exigencia de subsidiariedad. Como consecuencia, confirmará
el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 25 de enero de 2024, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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