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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07294-00

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07294-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Departamento Nacional de Planeación. SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte accionante al Ministerio de Minas y Energía. TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07294-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de febrero de 2024

Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., primero (1º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07294-00
Demandante: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no superar
el requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 1º de diciembre de 20231, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B el 4 de mayo de 2022, mediante la cual confirmó parcialmente la
providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 8 de marzo de 2018,
al interior del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
iniciado por el señor Wilson Alexander Calderón Roa contra la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público – ISAGEN S.A. E.S.P – Ministerio de Minas y Energía,
identificado con el radicado 15001-23-33-000-2013-00105-00/01/02.

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Acción de tutela presentada ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDA: En consecuencia, en sede de amparo constitucional y con el fin de evitar
un perjuicio irremediable, DECLÁRESE DEJAR SIN EFECTOS, la providencia
proferida por la el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de fecha 4 de
mayo de 2022, sin perjuicio de las demás medidas que el juez de tutela considere
necesarias, pertinentes e idóneas para salvaguardar los derechos constitucionales
que se vean afectados y en consecuencia se ordene se profiera una nueva sentencia
teniendo en cuenta los argumentos esbozados dentro del proceso y que no fueron
valorados sin referir pronunciamiento alguno de ellos2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Wilson Alexander Calderón Roa instauró demanda en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos contra la Nación – Ministerio
de Hacienda y Crédito – Ministerio de Minas y Energía e ISAGÉN S.A. E.S.P., con el
fin de que se protegieran los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público, los cuales a su juicio, habían
sido violados por la enajenación de la Central Hidroeléctrica del Chivor, sin el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 19953.

Lo anterior, con ocasión de la venta por suscripción sucesiva de acciones de la
Central Hidroeléctrica del Chivor, sin haber invertido el 10% del valor de la venta en
la ejecución de proyectos de desarrollo regional en las entidades territoriales
ubicadas en sede de la hidroeléctrica4.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6,
mediante sentencia del 8 de marzo de 2018, declaró que hubo violación de los
derechos o intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
«ARTÍCULO 23.- El 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, con exclusión de las correspondientes a las entidades
financieras, se invertirá, por parte del Gobierno, en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en
la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la
empresa cuyas acciones se enajenen».
4
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 226 de 1995 y con la escritura pública 5000 del 30 de
diciembre de 1996, los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal, Almeida, Chivor,
Guateque, Garagoa, Somondoco, Miraflores y Umbalá tenían derecho a obtener el beneficio del 10%
del valor de la venta de la central hidroeléctrica, a través de inversiones en proyectos de desarrollo
regional.

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patrimonio público.

Además, determinó que desde el 2016 ISAGÉN S.A. E.S.P. no contaba con
participación estatal pública, por lo que debía ser el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público quien en el término de 2 meses adelantara los trámites para acatar lo
previsto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, es decir para cubrir los pasivos
pensionales, respecto de los municipios de Garagoa, Santa María, Macanal, Ubalá,
Sutatenza, Somondoco, Almeida y Chivor, donde se ubica la central hidroeléctrica.

Por su parte, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en segunda
instancia, confirmó parcialmente la decisión del a quo, en providencia del 4 de mayo
de 2022, «[…] pero únicamente, en lo que respecta a la vulneración del derecho o interés
colectivo a la defensa del patrimonio público», además de determinar que el 10% del
producto neto de la enajenación debía destinarse en proyectos de desarrollo regional
y no para financiación del pasivo pensional.

Así las cosas, ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que incluyera en el
presupuesto general de la Nación, para la próxima vigencia fiscal, una partida
presupuestal equivalente a $138.236.513.444,3493, destinada a la realización
efectiva de proyectos de inversión de desarrollo en los municipios de Chivor, Santa
María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y
Sutatenza, del departamento de Boyacá y Ubalá, del departamento de
Cundinamarca.

La sentencia en mención tuvo como sustento la siguiente argumentación:

La venta de activos de propiedad de una empresa de servicios públicos domiciliarios,
con participación accionaria estatal no exige, en principio, el respeto de las exigencias
previstas en la Ley 226 de 1995, al ser una de las excepciones a su aplicación,
previstas en su artículo 20. Sin embargo, cuando en los términos de la Sentencia C-
392 de 1996, dicha venta equivalga a la enajenación de la participación pública el
capital de dicha empresa, particularmente cuando se trate de la venta de un activo
que constituya una unidad empresarial, se exige el cumplimiento del artículo 60 de la
Constitución y de las normas legales que lo desarrollaron.

La elusión del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995
materializa una vulneración al elemento objetivo de la moralidad administrativa y una
afectación a la defensa del patrimonio público.

Las inversiones para el desarrollo regional que debe realizar el Estado en la zona de
influencia deberán ser coordinadas con las entidades territoriales, con la
intermediación del correspondiente departamento.

El 14 de septiembre de 2022, la autoridad judicial accionada resolvió la solicitud de
ampliación, aclaración o modificación del fallo del 4 de mayo de 2022 formulada por
el municipio de Guayatá (Boyacá), la cual fue negada al tratarse de un
cuestionamiento realizado al razonamiento jurídico ejercido por la corporación, con el
que se pretendía la modificación de lo resuelto.

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El 23 de noviembre de 2022, la misma sala resolvió la solicitud de adición, aclaración
o modificación de la sentencia, formulada por el alcalde del municipio de
Campohermoso (Boyacá), la cual fue rechazada por extemporánea.

Seguido de ello, el 25 de mayo de 2023, la autoridad demandada resolvió otra
solicitud de aclaración, corrección y adición propuesta por el señor Wilson Alexander
Calderón Roa, en el sentido de aclarar el inciso tercero del numeral primero de la
parte resolutiva de la sentencia del 4 de mayo de 2022, explicando que cada uno de
los municipios podía nombrar, de manera individual, a su representante ante el
comité de verificación del cumplimiento, sin perjuicio de la posibilidad de designar
representantes conjuntos, dentro de su autonomía de gestión.

Dicha decisión fue notificada el 26 de junio de 2023, de forma personal.

El 7 de julio de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la revisión
eventual5 de la providencia del 4 de mayo de 2022, sin que a la fecha se le hubiese
decidido.

1.4. Fundamentos de la vulneración

En primer lugar, argumentó la configuración del defecto fáctico, dado que no se
consideró de manera integral todo el material probatorio y argumentativo, por el
contrario, adujo que la autoridad basó su decisión en consideraciones subjetivas para
determinar la prosperidad parcial de las pretensiones.

Mencionó que «[…] las enajenaciones de activos propiedad de ISAGEN S.A. mediante la
figura de creación de una sociedad (suscripción sucesiva de acciones) en donde la Nación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público NO TENIA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA y, en
consecuencia, no se configuró la vulneración de los derechos colectivos […]6».

Explicó que los recursos provenientes de la enajenación de la Central Hidroeléctrica
Chivor ingresaron únicamente a ISAGÉN S.A. E.S.P. no al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, como erróneamente lo consideraron las autoridades judiciales que
resolvieron la acción popular. Asimismo, indicó que los recursos no ingresaron al
presupuesto general de la Nación, razón por la cual las órdenes impartidas en la
decisión del 4 de mayo de 2022 no resultaban procedentes.

De igual forma, sostuvo que «No se demostró en el proceso que, en la venta de un activo

5
«ARTÍCULO 272. FINALIDAD DE LA REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES Y
DE GRUPO. La finalidad de la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es la de
unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos promovidos para la protección de los derechos
e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la
aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica».
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Transcripción literal que puede contener errores.

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de ISAGEN S.A. mediante una sociedad comercial constituida con ese fin, la Nación estaba
enajenando su participación accionaria en ISAGEN y/o en la sociedad CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE CHIVOR S.AS. ESP. En la venta de la denominada Central
Hidroeléctrica de Chivor no se configuró la venta de participación accionaria de la Nación en
ISAGEN S.A. ESP sino la venta de un activo que ISAGEN inicialmente aportó a la sociedad
CHIVOR S. A.7».

Expuso que la Corte Constitucional en la sentencia C-392 de 1996 definió alcance de
la exclusión de las operaciones que implican la enajenación accionaría entre
entidades públicas, frente a la cual señaló que esta se realiza de acuerdo con las
normas de la contratación estatal, dado que no se trata de una privatización y en esa
medida lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política y en la Ley 226 de
1995 no resultaba aplicable.

Finalmente, recordó que «[…] el hecho de que ISAGEN S.A. (como persona jurídica,
diferente a la Nación) resolviera enajenar de conformidad con la Ley un activo fijo
(netamente de su propiedad), no menguó, redujo o significó la reducción de la participación
que la Nación, a través de esta Cartera Ministerial tuviera en tal sociedad, ni en ISAGEN ni
en la sociedad CHIVOR S.A. E.S.P. creada precisamente para radicar como activo de ella, la
hidroeléctrica CHIVOR, antes propiedad de ISAGEN, que este sociedad, por decisión de su
asamblea, aportó a la sociedad CHIVOR S.A. E.S.P. que fue la sociedad cuyas acciones
fueron objeto de la negociación que erróneamente la Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Consejho0on de Estado ent4endieron que era propiedad de la nación Ministerio de hacienda
y Crédito Público, incluso llegando a aseverar que, si no fuera así, con la venta de las
acciones de ISAGEN en la sociedad Hidroeléctrica CHIVOR S.A.S. de todas formas la
nación estaría enajenando de manera indirecta su participación accionaria en ISAGEN S.A.
pues al disminuirse su patrimonio por la venta de activo HIDROELECTRICA CHIVOR en
cabeza de ISAGEN S.A., se reduciría la participación accionaria de la Nación en ISAGEN
S.A8».

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente mediante auto del 7 de diciembre de 2023 admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte demandada, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al señor Wilson Alexander Calderón Roa; a ISAGEN S.A. E.S.P.; al
Ministerio de Minas y Energía; al Departamento Nacional de Planeación; al
departamento de Boyacá; al Instituto Nacional de Vías; a los municipios de
Somondoco, Almeida, Chivor, Garagoa, Guayatá, Macanal, Miraflores, San Luis de
Gaceno, Santamaría, Sutatenza, Ubalá; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y al Tribunal Administrativo de Boyacá, los cuales conformaron partes del
proceso ordinario y el juez de primera instancia.

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Transcripción literal que puede contener errores.
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Transcripción literal que puede contener errores.

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Además, se le reconoció al abogado Diego Ignacio Rivera Mantilla la personería para
actuar, en calidad de apoderado judicial del ministerio.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Por medio de documento remitido el 12 de diciembre de 2023, el magistrado ponente
de la decisión enjuiciada adujo que estaría dispuesto a atender lo que la sala
decidiera en la presente acción constitucional.

1.6.2. ISAGÉN S.A. E.S.P.

Mediante respuesta del 12 de diciembre de 2023, la representante legal explicó que
para el momento en que se dictó el fallo enjuiciado esta era una sociedad de
economía mixta regida por el derecho privado, por lo cual la orden del juez
administrativo no podía recaer sobre ella.

Puso de presente que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
realizó un análisis juicioso de las pruebas y la normatividad aplicable al caso, por lo
que la decisión no fue caprichosa ni arbitraria y no adolecía de ningún defecto.

En consecuencia, solicitó que se negara la presente por improcedente, al no
encontrarse vulnerado ningún derecho.

1.6.3. Municipio de Sutatenza

En documento del 13 de diciembre de 2023, el alcalde del municipio expuso que el
mecanismo constitucional no era procedente, dado que se garantizó integralmente el
derecho de defensa y contradicción y al debido proceso de los extremos procesales
en el medio de control, además de que este se encuentra en curso pendiente de
resolver el recurso eventual de revisión presentado por el ministerio.

Igualmente, señaló que el fallo enjuiciado fue proferido hace más de 6 meses, por lo
cual no cumplía con el requisito de inmediatez y no existía un perjuicio irremediable
ni inminente que afectara el derecho fundamental al debido proceso del accionante.
Así las cosas, explicó que el actor buscaba convertir el mecanismo en una tercera
instancia.

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1.6.4. Departamento Nacional de Planeación

En memorial remitido el 14 de diciembre de 2023, la apoderada judicial de la entidad
argumentó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir una conducta
concreta, activa u omisiva que se hubiera realizado que afectara los derechos
fundamentales del accionante. En consecuencia, solicitó su desvinculación.

1.6.5. Municipio de Miraflores (Boyacá)

A través de mensaje de datos allegado el 14 de diciembre de 2023, el alcalde adujo
que la acción tutelar resultaba improcedente, pues «[…] el Consejo de Estado aclaró
que el recurso extraordinario de revisión no procede en las acciones populares, porque la ley
no lo consagra. Por lo tanto, una vez resuelto el recurso de apelación contra la sentencia
proferida en segunda instancia, este hace tránsito a cosa juzgada».

De igual forma, sostuvo que no se configura el defecto fáctico alegado por la parte
actora, dado que las autoridades judiciales realizaron un exhaustivo análisis jurídico
probatorio del caso en concreto, por lo tanto, aseguró que no se vislumbraba
vulneración alguna.

1.6.6. Ministerio de Minas y Energía

Por medio de contestación enviada el 14 de diciembre de 2023, el apoderado judicial
manifestó que coadyuva las pretensiones incoadas por el ministerio, en atención a
que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado sí incurrió en un
defecto fáctico.

Sustentó que no hay lugar a la aplicación del artículo 23 de la Ley 226 de 1995, dado
que la norma sólo se enmarca en la enajenación, total o parcial a favor de
particulares, de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de
propiedad del Estado y, en general, a su participación social de cualquier empresa,
sin embargo, «[…] no se enajenó accionaria que dentro de ISAGEN, sino que lo realizado
fue la enajenación de un activo fijo que era de propiedad de ISAGEN S.A.9».

1.6.7. Instituto Nacional de Vías

En documento remitido el 15 de diciembre de 2023, la apoderada judicial de la
entidad adujo que, no vulneró derecho fundamental alguno del tutelante.

1.6.8. Municipio de Macanal (Boyacá)

Por medio de documento remitido el 18 de diciembre de 2023, el alcalde cuestionó la
presunta vulneración de derechos fundamentales alegada por el ministerio, en
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Transcripción literal que puede contener errores.

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atención a que señaló que las decisiones enjuiciadas fueron razonadas y tomadas
bajo un juicioso análisis. Razón por la que solicitó la declaración de la improcedencia.

1.6.9. Municipio de Chivor (Boyacá)

A través de memorial enviado el 18 de diciembre de 2023, el apoderado del
municipio adujo que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico
alegado pues, por el contrario, realizó un análisis jurídico conforme a la normatividad
aplicable al caso y al material probatorio arrimado, otorgando las oportunidades
procesales para que las partes realizaran sus respectivos pronunciamientos y
haciendo una adecuada argumentación.

1.6.10. Municipio de Somondoco (Boyacá)

En contestación recibida el 19 de diciembre de 2023, el alcalde sostuvo que la
petición de amparo constitucional no tenía vocación de prosperidad alguna y debía
declararse improcedente, en razón a que tanto en primera como en segunda
instancia del medio de control se realizaron profundas ponderaciones y juiciosos
análisis jurídicos que condujeron a concluir que la entidad había vulnerado la
moralidad administrativa y afectado la defensa del patrimonio público.

1.6.11. Wilson Alexander Calderón Roa

Mediante memorial enviado el 12 de enero de 2024, el ciudadano indicó que el
ministerio no argumentó ni demostró de forma clara cuáles eran los elementos que
constituían la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo cual lo pretendido
era convertir la acción en una tercera instancia donde se volviera a estudiar el caso,
desconociendo la autonomía e independencia de los operadores judiciales.

Aunado a ello, manifestó que, pese a que la entidad accionante argumentó un
defecto fáctico, no señaló cuáles eran las piezas procesales que presuntamente no
tuvieron en cuenta los falladores de instancia y cómo dicha falta de valoración habría
cambiado el sentido de la decisión.

Pese a que el departamento de Boyacá; los municipios de Almeida, Garagoa,
Guayatá, San Luis de Gaceno, Santamaría, Sutatenza y Ubalá; la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Tribunal Administrativo de
Boyacá, fueron notificados en debida forma, guardaron silencio10.

10
Índice 7 de Samai.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.

Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, por tanto, debe aplicarse el numeral 7º de la última
norma referida.

2.2. Solicitud de desvinculación

El Departamento Nacional de Planeación solicitó su desvinculación, a su juicio, por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta petición será
negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó en calidad de tercero, y no
como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte
actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. De la coadyuvancia presentada

La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente prevista en el
inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que «Quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud».

Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia T-269 de
201211, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 201812, consideró que los terceros
con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes, apoyando
las razones presentadas por el actor o por persona o autoridad demandada,
armonizando el papel de los terceros con los principios de informalidad y prevalencia
de lo sustancial que rigen el proceso.

Cabe destacar que el Ministerio de Minas y Energía sustentó el interés en el
resultado del proceso, apoyando y nutriendo la argumentación de la acción de tutela
para lograr el reconocimiento de los derechos fundamentales considerados
invocados. En consecuencia, la Sala lo tendrá como coadyuvante.

11
Corte Constitucional, Sentencia T-269, 29.03.2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-070, 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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2.4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el defecto
fáctico al interior de la sentencia de 4 de mayo de 2022?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente;
(iii) el estudio del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia15.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
15
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202216.

2.6.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

16
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal17 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional19.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales21”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

17
Sentencia SU-573 de 2019.
18
Sentencia SU-103 de 2022.
19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-103 de 2022.
21
Sentencia SU-128 de 2021.

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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal23. (Resaltado de la Sala)

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

2.6.3. Caso concreto

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuestionó la sentencia del 4 de mayo de
2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en la
que confirmó parcialmente la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, al reconocer la violación a los derechos o intereses colectivos a la defensa
del patrimonio público.

En primer lugar, es de advertir que la parte actora presentó argumentos dirigidos a
reabrir el debate probatorio del proceso ordinario, ya que no se expusieron razones
tendientes a demostrar una vulneración de derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial.

En efecto, las inconformidades presentadas por el ministerio consistieron en que el
fallo cuestionado no analizó de manera sistemática el conjunto de pruebas que
integraron el expediente del medio de control y daban cuenta que la entidad no
recibió recursos de parte de ISAGÉN S.A. E.S.P. por la venta de la Central
Hidroeléctrica del Chivor, por lo cual no se encontraba en la obligación de dar
cumplimiento al artículo 23 de la Ley 226 de 1996.

Sobre el asunto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B advirtió que,
si bien formalmente la venta de la Central Hidroeléctrica del Chivor se trató de un
activo perteneciente a una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta, con
capital público mayoritario, en realidad se enajenó la participación estatal en su
capital y, por lo tanto, debía darse cumplimiento al artículo 20 de la Ley 226 de 1995,
en conjunto con lo dispuesto en la sentencia C-392 de 1996.

22
Sentencia SU-573 de 2019.
23
Ibid.

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Asimismo, afirmó que la venta constituyó un proceso de privatización de la propiedad
pública «[…] ya que la Central Hidroeléctrica había sido construida con dineros de
naturaleza pública, la empresa propietaria recibió aportes públicos y, por ello, su capital
ampliamente mayoritario era público. Chivor fue entregada como aporte social para la
constitución de ECOGEN S.A., ahora ISAGEN S.A. y, fruto de la operación en cuestión –
constitución de una sociedad, mediante la suscripción sucesiva de acciones-, Chivor pasó a
manos de particulares. Dicha operación resultó de una política pública adoptada “dentro del
proceso de reestructuración del sector eléctrico colombiano y para promover la competencia
mediante la vinculación del sector privado al mismo” […]».

En el mismo sentido, la autoridad judicial accionada explicó que en atención a que la
hidroeléctrica fue vendida como «una unidad de negocio» y de acuerdo a lo definido en
la sentencia de constitucionalidad previamente mencionada, «[…] en aquellos eventos
en los que se realiza la venta de “activos organizados como un negocio” o “activos
organizados como empresa”, las reglas derivadas del artículo 60 de la Constitución se
activan cuando se realice la “enajenación de participaciones en el capital de una empresa,
aplicable a los activos que equivalen o representen dichas participaciones”».

Así las cosas, ante la valoración conjunta del material probatorio arrimado al plenario,
la accionada confirmó que la vulneración al patrimonio público era exclusivamente
imputable a la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como sustento de lo anterior, sostuvo que si bien el Ministerio de Minas y Energía e
ISAGÉN S.A. E.S.P. fueron los que participaron en la enajenación de la
hidroeléctrica, la omisión de no realizar las inversiones ordenadas en el artículo 23
de la Ley 226 de 1995, recaía exclusivamente en la Nación, teniendo en cuenta su
calidad de accionista mayoritario en la empresa. Por lo tanto, puso de presente que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público era responsable de incluir la partida del
10 % en el presupuesto general de la Nación.

Se demostró la valoración del material probatorio al punto de que el Consejo de
Estado indicó que «El accionante de este proceso explicó, de manera clara y suficiente, en
qué consistió la vulneración a la moralidad administrativa. Sin embargo, no aportó pruebas
suficientes destinadas a demostrar la vulneración subjetiva a la moralidad administrativa, lo
que impide concluir que existió violación de este derecho o interés colectivo».

De igual manera, corrigió lo dictado por el a quo, en el sentido de advertir que el 10%
de la enajenación se debía invertir en la ejecución de proyectos de desarrollo
regional de donde estuviera ubicada la actividad principal de la empresa y no,
destinarse como fuente de financiación del pago de los pasivos pensionales.

En atención a lo referido anteriormente, se puede establecer que en este caso no se
supera el requisito de la relevancia constitucional ya que el debate propuesto frente
al defecto fáctico obedece al mismo asunto discutido en el proceso ordinario.

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Más allá de este simple desacuerdo, la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima que le asistía en vislumbrar una vulneración a sus derechos
fundamentales, pues únicamente arguyó que la autoridad judicial demandada no
valoró el material probatorio que aportó al proceso.

Si bien la parte actora argumentó la falta de valoración de todo el material probatorio,
no señaló cómo estos o uno en específico podían demostrar su tesis de la
incompetencia del ministerio para hacerse cargo de incluir dentro de su partida
presupuestal lo correspondiente al 10% de la enajenación para realización de las
inversiones en los municipios correspondientes.

Se advierte que la motivación expuesta en la tutela simplemente evidencia que
dichas pruebas reiteraban la tesis propuesta en la demanda ordinaria, pero no
permite entrever de qué forma su valoración podía refutar la postura adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que fundamentó la sentencia
cuestionada en las pruebas obrantes en el plenario, las cuales indicaban que sí se
debió aplicar lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995 y que era la entidad
la encarga de hacerlo dentro de su presupuesto.

Aunado a ello, no es de recibo que la parte demandante pretenda que el juez de
tutela valore de nuevo íntegramente todo el material probatorio allegado al medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos, pues ello escapa de su
órbita funcional y, por el contrario, se entromete en la del juez ordinario, quien es el
llamado a hacer el estudio y análisis crítico del caso en concreto.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.
no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
automáticamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.

2.7. Conclusión

Con fundamento en los argumentos referidos en los párrafos precedentes, se
declarará la improcedencia de la tutela promovida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al no cumplirse con el requisito de relevancia constitucional.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Departamento Nacional de
Planeación.

SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte accionante al Ministerio de Minas
y Energía.

TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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