Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07294-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07294-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-07294-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en contra de la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
jurídica y tutela judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 4 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos con radicado 15001-23-33-000-2013-00105-02.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Alexander Calderón Roa presentó medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, en contra de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Ministerio de Minas y Energía e ISAGÉN S.A. E.S.P, con el fin de que se
protegiera la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, los cuales
consideró vulnerados por la enajenación de la Central Hidroeléctrica Chivor, sin el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995.
1 Visible en índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación denominada
«ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ii) El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 8 de marzo de 2018,
accedió a las súplicas de la demanda al considerar que los demandados debieron
cumplir lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 225 de 1996, omisión que afectó el
presupuesto de los municipios de la región. En contra de esta decisión ambas partes
interpusieron recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en providencia del 4 de
mayo de 2022 confirmó parcialmente lo resuelto del a quo, únicamente en lo que se
refirió a la vulneración del interés colectivo a la defensa del patrimonio público, al
considerar que «si bien es cierto que el Ministerio de Minas y Energía e ISAGEN
participaron en la enajenación de Chivor, el desconocimiento del derecho o interés colectivo
no se predica de la operación, en sí misma considerada, sino de la omisión posterior que
consiste en la no realización de las inversiones ordenadas por el artículo 23 de la Ley 226
de 1995. Tal deber legal recaía exclusivamente en la Nación, en su calidad de accionista
mayoritario de ISAGEN […]» y, respecto al derecho a la moralidad administrativa no
se cumplió con la carga probatoria necesaria para acreditar su vulneración.
iv) En relación con esta decisión, consideró que la corporación judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico, en tanto se omitió
valorar todos los argumentos esbozados, pues, desconoció el sentido de la
enajenación de activos propiedad de ISAGEN S.A. mediante la suscripción sucesiva
de acciones, donde no tenía participación accionaria del Ministerio de Hacienda, lo
que generó la indebida aplicación de la Ley 226 de 1995.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERA: CONCEDER EL AMPARO CONSTITUCIONAL inmediato de los
derechos fundamentales al Debido Proceso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
vulnerados actualmente por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al
incurrir en VÍA DE HECHO con ocasión de la Sentencia del 4 de mayo de 2022 proferida
en Segunda Instancia, dentro del medio de control de Protección de los Derechos e
Intereses Colectivos reseñado con el número de radicado 15001233300020130010502,
promovido por el señor Wilson Alexander Calderón Roa.
SEGUNDA: En consecuencia, en sede de amparo constitucional y con el fin de evitar un
perjuicio irremediable, DECLÁRESE DEJAR SIN EFECTOS, la providencia proferida
por la el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de fecha 4 de mayo de
2022, sin perjuicio de las demás medidas que el juez de tutela considere necesarias,
pertinentes e idóneas para salvaguardar los derechos constitucionales que se vean
afectados y en consecuencia se ordene se profiera una nueva sentencia teniendo en
cuenta los argumentos esbozados dentro del proceso y que no fueron valorados sin
referir pronunciamiento alguno de ellos […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B2 manifestó estar
presto a atender lo que disponga la Sala, en la medida que la providencia y el
expediente cuestionado contiene los elementos necesarios para que el juez
constitucional tome la decisión correspondiente.
1.2.2. El municipio de Sutatenza3 solicitó que se declarara la improcedencia de la
solicitud de tutela y se exhortara a la entidad demandante al cumplimiento de las
providencias judiciales que acusa, pues han transcurrido más de siete meses desde
su ejecutoria sin que ello ocurra, lo cual genera intereses moratorios en los términos
del artículo 192 de la Ley 1437 del 2011.
Refirió que no se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable, ya que dentro
del trámite de la acción popular se garantizó el derecho al debido proceso, tan es
así que se agotaron las dos instancias, se solicitó aclaración y/o complementación
de la sentencia y actualmente se encuentra por resolver el mecanismo eventual de
revisión, interpuesto el 7 de julio de 2023.
Asimismo, no se cumplió con el requisito general de procedencia de la inmediatez,
en la medida que la providencia del 4 de mayo del 2022 quedó en firme hace más
de seis meses.
1.2.3. El Departamento Nacional de Planeación4 solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva ya que no es responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de la entidad demandante; pues, desde
1994 dejó de ser parte de la junta directiva de ISA, y por ello, tampoco pasó a ser
miembro de la junta directiva de ISAGEN.
1.2.4. El municipio de Miraflores5 solicitó denegar la petición de amparo y que se
declarara su improcedencia, pues, no procede el recurso de revisión interpuesto ya
que el mismo Consejo de Estado aclaró que este no es procedente en las acciones
populares, porque la ley no lo consagra así, por ende, una vez se profirió la
sentencia de segunda instancia, hizo tránsito a cosa juzgada.
Que la verdadera intensión del demandante fue dilatar el accionar del fallo
condenatorio, con lo cual se configuró la mala fe e instauró la acción constitucional
al presentar inconformidad con la decisión del ad quem y de esta manera, poder
obtener un tercer fallo con un nuevo análisis probatorio.
2 Visible en índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación denominada
«CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACIO´NDETU(.pdf) NroActua 9»
3 Visible en índice 13 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 13»
4 Visible en índice 15 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 15»
5 Visible en índice 16 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «20_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 16.pdf»
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Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Asimismo, no sé configuró violación a derecho fundamental alguno, ni mucho menos
el defecto fáctico alegado, pues, en el fallo proferido por el Consejo de Estado se
realizó un exhaustivo análisis probatorio, tanto que modificó la parte resolutiva del
fallo de primera instancia.
1.2.5. El Ministerio de Minas y Energía6 manifestó coadyuvar la presente solicitud
de amparo y, en consecuencia, solicitó que se amparara el derecho fundamental al
debido proceso y se deje sin efectos el fallo del 4 de mayo de 2022, por incurrir en
defecto fáctico ante una indebida valoración de la situación fáctica y jurídica que
sustentó la decisión, ya que no aplicaba el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, pues,
dicha disposición solo se enmarca en los casos en que hubiera existido una
enajenación total o parcial a favor de particulares, de acciones o bonos que sean de
propiedad del Estado y en el caso bajo análisis se trató de la venta de un activo de
propiedad de ISAGEN S.A.
1.2.6. ISAGEN S.A. E.S. P7 solicitó negar por improcedente la tutela ante la
inexistencia de vulneración de derecho fundamental alguno, pues, durante el trámite
de ambas instancias se garantizó el debido proceso, además de señalar que:
Para el momento de los hechos objeto de controversia, era una empresa de
servicios públicos mixta, constituida como sociedad anónima por lo cual su
contratación se regía por el derecho privado, de tal manera que la orden de
reembolso no podía recaer sobre sí porque no podía realizar las inversiones
ordenadas por el artículo 23 de la Ley 226 de 1995.
Asimismo, ya se había extinguido cualquier obligación que pudiera tener la
sociedad, en consideración a que se desde enero de 2016 ya no tenía capital público
en virtud a la enajenación de las acciones de la Nación.
La decisión atacada no incurrió en ninguna irregularidad procesal, ni en ningún
defecto fáctico o jurídico en la medida que la misma se basó en las pruebas
decretadas y allegadas y, en la normatividad y jurisprudencia vigente, así como
también fue debidamente motivada.
1.2.7. El Instituto Nacional de Vías8 se opuso a las pretensiones de amparo ante
la inexistencia de vulneración de derecho fundamental alguno de su parte, pues,
desde la sentencia de primera instancia de la acción popular se declaró probada en
su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual fue
6 Visible en índice 17 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «24_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 17»
7 Visible en índice 20 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTADEISAGEN(.zip) NroActua
20»
8
Visible en índice 21 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «32_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 21.pdf»
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confirmada, en la medida en que se demostró que no tuvo participación en los
hechos, como fue la enajenación de la central Hidroeléctrica de Chivor.
1.2.8. La Alcaldía de Macanal9 solicitó se declarara la improcedencia de la tutela,
por cuanto la elusión del cumplimiento de lo contemplado en el articulo 23 de la Ley
226 de 1995 materializó la vulneración de la moralidad administrativa y el patrimonio
público de las entidades territoriales, pues, «resulta sorprendente que a estas alturas
se venga a poner en duda si la Nación enajenó la participación que tenía en ISAGEN S.A.
Aceptarlo así, equivaldría a sostener absurdamente que la Central Hidroeléctrica de Chivor
– ya en manos del grupo privado empresarial que la compró en 1996 – continuó entonces
siendo pública» [sic].
No se entendió a qué vulneración del debido proceso hizo referencia el demandante,
toda vez que en ambas instancias se realizaron los análisis que condujeron a la
decisión de la acción popular que pretendió ahora atacar vía tutela.
1.2.9 El municipio de Chivor10 adujo que en las dos instancias judiciales se
garantizó el derecho al debido proceso y se hizo una valoración de acuerdo a las
pruebas aportadas, que conllevó a las decisiones objeto de tutela.
Es sorpréndete que el demandante indicó que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto fáctico al no considerar de manera integral todo el material
probatorio, pues, contrario a su decir, del expediente se observó que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, actuó conforme a derecho, donde realizó
un análisis de acuerdo a la normatividad aplicable al caso y a las pruebas allegadas.
1.2.9.1 La Alcaldía de Somondoco11 solicitó se declarara la improcedencia de la
tutela, por cuanto el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 226
de 1995 materializó la vulneración a la moralidad administrativa y al patrimonio
público de las entidades territoriales donde se halla ubicada la Central Hidroeléctrica
de Chivor.
En el escrito de tutela el demandante no dijo nada diferente a lo expuesto en la
contestación inicial de la acción popular, pues, se limitó a indicar que no se valoraron
los argumentos esbozados, lo cierto es que, en ambas instancias se realizaron
profundos análisis que concluyeron en la decisión hoy atacada.
Asimismo, «El Ministerio trata de demostrar que no hubo privatización alguna en la venta
de la Central Hidroeléctrica de Chivor, argumento éste que constituye una falacia
argumentativa y que debe ser desechado de plano. Aceptarlo equivaldría a decir que
9
Visible en índice 23 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «50_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 23 .pdf»
10
Visible en índice 24 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «51_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 24»
11
Visible en índice 26 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «54_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 26.pdf»
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
entonces aún después de enajenada, ella siguió siendo pública, lo cual resulta ser un
verdadero disparate jurídico» [sic].
1.2.9.2. Wilson Alexander Calderón Roa, en calidad de tercero interesado12, se
opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, en la medida que el demandante se
limitó a expresar un desacuerdo interpretativo conforme a sus intereses.
El fallador en primera instancia tardó 5 años en emitir pronunciamiento y el de
segunda instancia 4 años, lo cual demuestra que no se tomaron decisiones
apresuradas, caprichosas, sin un análisis exhaustivo y adecuado, como pretender
hacer ver el demandante.
La verdadera intención acá es convertir la tutela en una instancia adicional, y así,
que se vuelva a estudiar el caso materia de litis y se le de favorabilidad a su posición
y con ello, pretendió desconocer la autonomía interpretativa de los operadores
judiciales de instancia.
1.3 Sentencia de primera instancia13
El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 1 de febrero de 2024 declaró
la improcedencia de la solicitud de tutela al no satisfacer el requisito general de la
relevancia constitucional, pues, no se expusieron argumentos tendientes a probar
la vulneración a los derechos fundamentales invocados, sino que la verdadera
intención de la parte demandante era reabrir el debate probatorio del proceso
ordinario.
Explicó que si bien el demandante señaló la configuración de un defecto fáctico, no
se precisó como el material probatorio en conjunto o uno en específico podían
demostrar su «tesis de la incompetencia del ministerio para hacerse cargo de incluir dentro
de su partida presupuestal lo correspondiente al 10% de la enajenación para realización de
las inversiones en los municipios correspondientes» en la medida que la entidad no
recibió recursos de parte de ISAGÉN S.A. por la enajenación de la Central
Hidroeléctrica del Chivor.
Concluyó que no es de recibo pretender que el juez de tutela valore de nuevo todo
el material probatorio allegado a la acción popular, pues ello escapa de sus
competencias, en tanto, se estaría entrometiendo en la valoración realizada por el
juez ordinario.
1.4. Escrito de impugnación14
12
Visible en índice 28 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada « 56_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 28.pdf»
13 Visible en índice 38 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada «SENTENCIA(.pdf) NroActua 38»
14 Visible en índice 43 de Samai en el expediente 11001031500020230729400, actuación
denominada
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIAL_19RADICADO_220240
RECIBEMEMORIALESPORC (.pdf) NroActua 43»
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió en que sí se cumple con el
requisito general de procedencia de la relevancia constitucional, pues, el debate
constitucional giró en torno a la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, en la medida que la corporación judicial demandada incurrió en defecto
fáctico al no valorar íntegramente el material probatorio y no contar con la carga
argumentativa debida, sino que, se basó en consideraciones subjetivas para
determinar la prosperidad parcial de las pretensiones de la acción popular.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; iv) sobre los requisitos
de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad y; iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200015 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201916, esta Sala es
competente para conocer las presentes impugnaciones contra el fallo de tutela
proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado17 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.18 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
15 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
16 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo19 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional20 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,21 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.22
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de subsidiariedad?
Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con ocasión de la sentencia del 4 de mayo de 2022
dictada en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con
radicado 15001-23-33-000-2013-00105-02, con la que incurrió, presuntamente, en
defecto fáctico?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia23, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Caso concreto
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y
tutela judicial efectiva y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia del 4
de mayo de 2022, emitida en el medio de control de acción popular con radicado
15001-23-33-000-2013-00105-02, por medio de la cual decidió confirmó
parcialmente la decisión del a quo, únicamente, en relación con la configuración de
la vulneración del interés colectivo a la defensa del patrimonio público, pues,
respecto al derecho a la moralidad administrativa no se cumplió con la carga
probatoria necesaria para acreditar su vulneración.
23 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el
referido medio de control según consta en la página de Samai24, así:
• El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en providencia del 8 de
agosto de 2018 admitió el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 8 de
marzo de 2018.
• En sentencia del 4 de mayo de 2022 confirmó parcialmente lo resuelto por el a
quo, únicamente, en lo referente a la vulneración del interés colectivo a la defensa
del patrimonio público, y, respecto al derecho a la moralidad administrativa
consideró que no se cumplió con la carga probatoria necesaria para acreditar su
desconocimiento.
• El 29 de junio de 2022, Wilson Alexander Calderón Roa en calidad de demandante
dentro del proceso de acción popular, solicitó aclaración de la sentencia de segunda
instancia.
• El 21 de julio de 2022, el municipio de Guayatá solicitó extensión y aclaración de
los efectos de la sentencia.
• El 23 de septiembre de 2022, el municipio de Campohermoso solicitó aclaración,
adición y/o extensión de efectos de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2022.
• El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en providencia del 14 de
septiembre de 2022 resolvió negar la solicitud de aclaración y de adición de la
sentencia del 4 de mayo de 2022, formulada por el municipio de Guayatá; y el 23
de noviembre siguiente resolvió rechazar por extemporánea la petición de
aclaración y de adición presentada formulada por el municipio de Campohermoso.
• En providencia del 5 de mayo de 2023, se resolvió acceder parcialmente a la
solicitud de aclaración de sentencia interpuesta por Wilson Alexander Calderón Roa.
• El 7 de julio de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó revisión
eventual de la sentencia que se acusa, en los términos del artículo 11 de la Ley
1285 de 200925, por lo que el expediente pasó al despacho el día 25 siguiente. LA
norma en cita dispone:
Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de
grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.
En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de
parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en
24
Visible en el expediente de acción popular identificado con el radicado
15001233300020130010502.
25 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá
seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias
que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por
los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.
La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8)
días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al
respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho
(8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a
la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente
dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere
la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a
partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo
resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su
eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada
providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su
selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de aquella […] [resaltado por la Sala].
A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos con radicado 15001-23-33-000-2013-00105-02, en el que fue
proferida la decisión acusada, se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado,
con ocasión de la solicitud de eventual revisión presentada, frente a lo cual se
advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la
concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni el
ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.
Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo
del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar improcedente
la solicitud de tutela interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta que declaró improcedente la solicitud de tutela promovida
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión judicial.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07294-01
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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