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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07300-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07300-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jair Bermúdez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07300-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07300-00
Accionante: Jair Bermúdez
Accionado: Sección Tercera del Consejo de Estado y otro

Tema: Acción de tutela contra la sentencia del 25 de agosto de 2022 proferida
por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado dentro del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado 11001-03-26-000-
2021-00028-00.

Decisión: Se rechaza por improcedente al no cumplir con el requisito de
inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la acción
de tutela instaurada por el señor Jair Bermúdez, actuando en nombre propio, en
contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, ocurrido con ocasión de la expedición de la sentencia del 25 de
agosto de 2022, dentro del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
con radicado 11001-03-26-000-2021-00028-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

De lo expuesto por el señor Bermúdez, se colige que el 3 de octubre de 2011 fue
capturado en flagrancia por las autoridades y que dicha captura fue legalizada
por el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, en el que estuvo indiciado por el presunto delito de homicidio agravado
en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, circunstancia que
llevó a que en la misma fecha, le imputaran cargos y le dictaran medida de
aseguramiento con detención preventiva intramural, en el proceso que fue
seguido bajo el radicado 11001-60-00-028-2011-03500-00.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07300-00
Accionante: Jair Bermúdez

El proceso fue objeto de conocimiento por el Juzgado 26 Penal del Circuito de
Bogotá quien dictó el 2 de mayo de 2016 una sentencia absolutoria a su favor,
que no fue apelada por la Fiscalía General de la Nación.

El 4 diciembre de 2017, al considerar injusta la privación de su libertad, interpuso
una acción de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación,
seguida bajo el radicado 11001-33-43-060-2017-00321-00, la cual fue conocida
por el Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá, que profirió una
providencia1 en la que condenó a la demandada por los hechos citados, decisión
que fue apelada por esta última y revocada mediante sentencia2 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de unificación de
jurisprudencia ante el Consejo de Estado bajo el radicado 11001-03-26-000-
2021-00028-00, el cual le fue negado por esta corporación en la providencia
objeto de la acción de tutela.

2.2. Fundamentos jurídicos

El señor Bermúdez señaló que en las providencias previamente referenciadas se
desconoció el precedente, que señala que el régimen de responsabilidad por
privación injusta de la libertad es objetivo, motivo por el cual se debió acceder a
las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Así mismo, argumentó que existió falta de congruencia en la sentencia, puesto
que se aplicó a su caso un precedente que no se encontraba vigente al momento
de interposición del medio de control de reparación directa, que para el caso era
el contenido en la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida dentro del
expediente 23.354.

2.3. Pretensiones

Con soporte en lo anterior, solicitó:

«Al respecto solicito se revoque la decisión proferida por ellos en sus
sentencias, las cuales anexo con este escrito, y por ende se me conceda las
pretensiones indicadas en la demanda administrativa la cual también se
anexa con este escrito».

2.4. Trámite

El 4 de diciembre de 20233 el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse impedido para actuar en el presente proceso al estar incurso en la

1 Índice 37, del aplicativo SAMAI. Sentencia del Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito

de Bogotá D.C., del 6 de julio de 2018.
2 Índice 37 del aplicativo SAMAI. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección

Tercera Subsección A, del 24 de octubre de 2019.
3 Índice 4, aplicativo SAMAI.

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Accionante: Jair Bermúdez

causal prevista en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, por lo que solicitó se remitiera el expediente al despacho del doctor Rafael
Francisco Súarez Vargas.

Mediante auto del 11 de diciembre de 20234, el despacho del doctor Súarez
Vargas, solicitó efectuar el sorteo de un conjuez para conformar el quórum
requerido para resolver el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván
Duque Gutiérrez.

Así las cosas, el día 13 de diciembre de 20235, se realizó el sorteo del conjuez,
correspondiéndole la designación a la doctora Bertha Lucía del Socorro González
Zúñiga. Una vez estudiado el impedimento presentado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, mediante auto del 25 de enero de 20246, se declaró
fundado el mismo.

Posteriormente, a través del auto del 15 de febrero de 20247 se inadmitió la tutela
y se le hicieron unos requerimientos al señor Bermúdez para que subsanara su
acción en el término correspondiente.

Una vez atendidas por el actor las solicitudes realizadas, mediante auto del 11 de
marzo de 20248 fue admitida la acción de tutela y se ordenó a través de este
notificar a los magistrados de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A como
accionados y a la Nación-Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, las
señoras: Yasmín Gómez Tapiero, Alba Luz Bermúdez, Lorena Bermúdez, Albeida
Bermúdez y Alba Rosa Bermúdez así como a los señores: Keiman Jair Bermúdez
Gómez, Jhon Miton Bermúdez Gómez, Marlon Steven Bermúdez Castillo y
Alexander Bermúdez, como terceros interesados en el resultado del proceso.

Mediante auto del 29 de abril de 20249, se remitió el proceso al despacho del
doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, quien, al posesionarse como integrante de la
Subsección, desplazó el encargo del doctor Duque Gutiérrez, el cual
originalmente tenía el proceso bajo su instrucción.

2.5. Intervenciones

2.5.1. La Sección Tercera del Consejo de Estado10, a través del magistrado
Nicolás Yepes Corrales solicitó declarar la improcedencia del amparo solicitado,
toda vez que este no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Al
respecto, afirmó que el escrito del accionante no busca la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, sino que persigue que se

4 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 17 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 23 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 31 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 59 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 42 del aplicativo SAMAI.

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acceda sin reparos a las pretensiones expuestas en su demanda de reparación
directa.

A lo anterior agregó que, para que se pretenda dejar sin efectos una sentencia
de una alta corte, se debe analizar de manera estricta si la decisión transgrede
de manera abierta la Constitución, circunstancia que, en este caso, no se
presentó.

Aunado a lo expuesto, sostuvo que la tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que a la fecha de presentación de la acción ya habían
pasado más de seis (6) meses desde la notificación de la providencia que se
alega como vulneradora de derechos fundamentales, sin que existiera
manifestación alguna por parte del actor, del porqué de su presentación tardía.

Finalmente, expresó que el accionante tampoco especificó el presunto defecto
de la providencia judicial objeto de reparo, por lo que los requisitos de
procedibilidad en ese sentido tampoco se cumplieron, lo que indica que la
providencia en concepto de ese despacho, no adoleció de defecto alguno.

2.5.2. La Fiscalía General de la Nación11, a través de su profesional
especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos consideró que la tutela
interpuesta no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta
entre otros aspectos que el accionante: «no justificó porqué el recurso
extraordinario de revisión no resultaba idóneo para amparar sus derechos
fundamentales».

Además, aseveró que el actor contaba con otros mecanismos para ventilar la
controversia objeto de la acción y que además de lo anterior no estaban
presentes los elementos propios de un perjuicio irremediable.

Por otra parte, afirmó que la carga de la prueba se encuentra en el señor
Bermúdez, quien no demostró que la providencia atacada haya incurrido en algún
defecto, ni que exista vulneración alguna a su derecho fundamental al debido
proceso, sino que, por el contrario, se evidencia que se le otorgaron todas las
garantías procesales al accionante.

Con relación al alegado presunto desconocimiento del precedente por parte de
la accionada, recordó que no se puede olvidar la potestad que les asiste a las
altas cortes para efectuar cambios en su jurisprudencia, ya que, en ejercicio de
su autonomía funcional, se convierten en intérpretes y creadoras de derecho al
motivar sus decisiones con una exposición clara y razonada de los fundamentos
jurídicos que las sustentan.

Concluyó diciendo que las controversias de tipo económico, dependen de la
aplicación de normas legales y no constitucionales, por lo que, en este caso, no
existía el requisito de relevancia constitucional para interponer la acción. Por las

11 Índice 45 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Jair Bermúdez

razones expuestas, solicitó declarar improcedente lo pretendido por el señor
Bermúdez.

2.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca12, solicitó declarar la
improcedencia de la acción presentada teniendo en cuenta que no se evidencia
la configuración de un perjuicio irremediable, carece de relevancia constitucional,
los argumentos de la parte accionante no se orientan a evidenciar la vulneración
de sus derechos fundamentales sino a convertirse en una tercera instancia dentro
del medio de control de reparación directa y no cumple con el requisito de
inmediatez al ser presentada tardíamente.

En ese sentido, arguyó que el accionante ya había expuesto los mismos
planteamientos al proponer el recurso extraordinario de unificación ante el
Consejo de Estado, los cuales que ya le habían sido resueltos por esta
corporación, por lo que, en conclusión, es un debate jurídico ya zanjado.

Además, sostuvo que el superior debe estudiar todas las excepciones de fondo
propuestas o no, incluso si el inferior no se pronunció sobre ellas. Por tal razón,
afirmó que sí estaba dentro de las facultades legales del tribunal el verificar si se
encontraba configurado un eximente de responsabilidad de la demandada.

Por otra parte, indicó que en ningún momento desconoció la existencia de la
sentencia de unificación, puesto que en las providencias objeto de la acción de
tutela se precisó que la tesis jurisprudencial que ahora pretende sea defendida
ya no se encontraba vigente, razón por la cual recordó que: «los operadores
judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver
el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores
superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e
inmediata del derecho».

2.5.4. La División Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial13, solicitó negar el amparo solicitado, toda
vez que no cumple con los requisitos para interponerse contra una providencia
judicial. Además, consideró que no se encuentra demostrada la vulneración de
los derechos fundamentales del accionante en razón a que las instancias
judiciales actuaron en el ámbito de sus funciones conforme a derecho.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

12 Índice 46 del aplicativo SAMAI.
13 Índice 36 del aplicativo SAMAI

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Accionante: Jair Bermúdez

3.2. Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes descritos, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si la acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia
del 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Tercera Subsección C del
Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia con radicado 11001 -03-26-000-2021-00028-00.

Previo a ello, se debe establecer si cumple con los requisitos generales de
procedencia contra providencia judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

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Accionante: Jair Bermúdez

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4. Del requisito de inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación2, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable3»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»4; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos5».

Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6.

3.5. Caso concreto

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir,

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si se cumple con el requisito de inmediatez.

Sobre el particular, se observa que la providencia del 25 de agosto de 2022 se
notificó de forma electrónica a las partes el 2214 de septiembre de 2022 y la acción
de tutela se radicó el 115 de diciembre de 2023, es decir, transcurrido 1 año y 2
meses, por lo que es evidente que no se interpuso en un plazo razonable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales
y consolida los efectos de la sentencia16.

Sin embargo, el accionante no expuso ningún argumento que justifique la
tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el
juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de
derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e
inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes
posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una
decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección
constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una
afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho
reconocido a una contraparte procesal.

Por lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto no se cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, razón por la cual se rechazará por improcedente el asunto planteado
por el señor Jair Bermúdez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Jair Bermúdez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

14 Índice 26, del expediente 11001-03-26-000-2021-00028-00, SAMAI.
15 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
16 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491

de 2009 y T-189 de 2009.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07300-00
Accionante: Jair Bermúdez

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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