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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07303-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07303-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la sentencia de primera instancia, que quedará así: 2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de los cargos relacionados con Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07303-01 Demandante: Nancy Cecilia Vega Molina la culpa exclusiva de la víctima, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Denegar las pretensiones de la acción de tutela frente al defecto fáctico, por lo aquí expuesto. 4. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07303-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07303-01
Demandante: Nancy Cecilia Vega Molina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07303-01
Demandante: NANCY CECILIA VEGA MOLINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa,
por privación injusta de la libertad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 1°
de febrero de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 4 de diciembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, Nancy Cecilia Vega Molina pidió la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presentó con ocasión de la sentencia del 7
de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó
la decisión de denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa que
interpusieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, expediente 20-
001-33-33-005-2017-00450-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
1. Solicito a los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, AMPARAR Y TUTELAR LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA E IGUALDAD, a favor de la señora NANCY CECILIA VEGA MOLINA, mayor de edad,
identificado con la cedula de ciudadanía No 49.760.013 expedida en Valledupar - Cesar,
demandante en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA DE JAIME ALFONSO HERNÁNDEZ VEGA
Y OTROS contra LA NACIÓN RAMA JUDICIAL- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO (INPEC), identificado con la radicación No 20-001- 33-33-005-2017-00450-01,
derechos vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR, como
resultado de la Sentencia de segunda Instancia de fecha 07 de septiembre de dos mil veintitrés
(2023), con ponencia del honorable Magistrado, MANUEL FERNANDO GUERRERO BRACHO, en
la cual se resuelve “PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de fecha 28 de febrero de dos mil veinte
2020, proferida por EL JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, que negó las
pretensiones de la demanda, al declarar probada la excepción “CULPA EXCLUSIVA DE LA
VÍCTIMA”; refiriéndose la falladora de primera instancia que, si bien el daño alegado en la demanda
– prolongación de la libertad- se acreditó en el plenario, este Despacho evidenció que la inactividad
y pasividad de la parte actora en el proceso penal, fue determinante para la producción del mismo,

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07303-01
Demandante: Nancy Cecilia Vega Molina

correspondiente al radicado No 20-001- 33-33-005-2017-00450-01, en segunda instancia
Conclusión a que llego el tribunal, Con el único propósito de no pronunciarse sobre la excepción
“CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA”; que fue el tema central de la discusión y que determino el
marco de competencia, en que se encontraba sujeto el tribunal para efectos de proferir el fallo de
segunda instancia respectivo, con el cual debía de desatarse la apelación interpuesta, teniendo en
cuenta el PRINCIPIO DE LIMITACIÓN, en conexidad con el PRINCIPIO DE LA NO REFORMA TÍO
IN PEJUS.

2. Se sirvan ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR, que,
dentro de los veinte (15) días siguientes a la notificación de la providencia de tutela, profiera un
nuevo fallo en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA DE JAIME ALFONSO HERNÁNDEZ VEGA
Y OTROS contra LA NACIÓNRAMA JUDICIAL- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO (INPEC), identificado con la radicación No 20-001- 33-33-005- 2017-00450-01, en el
que se tenga en cuenta todas las consideraciones que ordene esta Corporación.

3. Se ordene vincular a la presente acción de tutela a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO,
entidades que aparecen como DEMANDADAS en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA DE
JAIME ALFONSO HERNÁNDEZ VEGA Y OTROS contra LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL-
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), identificado con la radicación
No 20-001-33-33-005-2017-00450-01, en igual sentido se deberá vincular al Ministerio Público por
tener interés en la presente tutela.

4. Que la orden impartida por los honorables magistrados sea de inmediato cumplimiento

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. El proceso penal 20001-60-01086-2014-00590-00/01

El 15 de julio de 2014, el señor Jaime Alonso Hernández Vega fue capturado en
flagrancia por la comisión del delito de hurto agravado.

El 19 de mayo de 2015, el Juzgado 5º Penal Municipal de Valledupar condenó al señor
Hernández Vega a la pena principal de 21 meses de prisión y a la accesoria de
inhabilidad de derechos y funciones por el término igual a la pena principal.

El 11 de abril de 2017, el señor Hernández Vega obtuvo la libertad.

El señor Hernández Vega estuvo privado de la libertad desde el 15 de julio de 2014
hasta el 11 de abril de 2017, esto es, por 32 meses y 26 días.

3.2. El proceso de reparación directa

El señor Jaime Alonso Hernández Vega y sus familiares (Nancy Cecilia Vega Molina, en
calidad de madre; Simón Alberto Morales Martínez, en calidad de padrastro, y Lina Sofia
Morales Vega, Katia Paola Hernández Vega, Liceth Patricia Hernández Vega, Carlos
Mario Morales Vega, en calidad de hermanos) presentaron demanda de reparación
directa contra la Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC,
con el objeto de que les fueran reconocidos y pagados los perjuicios que se les causaron
como consecuencia de la prolongación de la privación de la libertad por 11 meses y 26
días.

El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, que, mediante
sentencia del 28 de febrero de 2020, declaró probada la excepción de culpa exclusiva
de la víctima, porque si bien se acreditó el daño (prolongación de la privación de la
libertad), lo cierto fue que el actor no interpuso los recursos de ley para lograr su libertad

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efectiva y, por lo tanto, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, se configuró
el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Inconforme con la decisión, la parte actora del proceso ordinario apeló y el Tribunal
Administrativo del Cesar, en sentencia del 7 de septiembre 2023, la confirmó, pero por
otras razones. El tribunal explicó que no se probó la falla en el servicio, porque el retraso
en la liberación del señor Hernández se debió a la verificación de otro proceso penal
vigente, concretamente el actor se encontraba cumpliendo dos condenas: una en el
proceso de radicado 2014-00429 y otra en el proceso 2014-00590. Aunque el
demandante había solicitado la libertad antes y después de cumplir la pena, no
especificó a qué proceso se refería, circunstancia que retardó la concesión de la libertad.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Que, en efecto, cumple el requisito de relevancia constitucional, porque se
pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso; que se agotaron
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; que se cumplió el
requisito de inmediatez, puesto que la demanda de tutela se presentó dos meses
después de haberse notificado la sentencia acusada; que si bien no se trató de una
irregularidad procesal, los cargos si están dirigidos a demostrar un defecto fáctico; que
se identificaron tanto los hechos que generan la vulneración como los derechos
vulnerados, y que no se cuestiona una sentencia de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración de las siguientes pruebas: i) solicitud de habeas
corpus del cuatro de abril de 2017; ii) solicitudes de libertad inmediata presentadas por
el actor el cuatro de febrero de 2016 y el once de julio de 2016; iii). certificado de la
directora de EPCMS de Valledupar, que da cuenta del periodo durante el cual el señor
Hernández Vega estuvo en el centro carcelario; iv) petición dirigida a la directora de
EPCMS de Valledupar, en la que solicitó certificado de permanencia, cartilla biográfica
y hoja de vida, y v) declaraciones de los testigos Wilson Enrique Araujo Mercado, Nancy
Guadalupe Olivera Martínez, y Oscar Fabián Oviedo García.

A juicio de la actora, la valoración en conjunto de tales pruebas demostraba que la
prolongación de la libertad del señor Hernández Vega fue injusta. Que, sin embargo, el
tribunal demandado valoró esas pruebas por fuera de la lógica, la experiencia y la sana
crítica, al concluir que no había lugar a la reparación del daño causado con la
prolongación de la libertad.

Desconocimiento de la competencia del superior y el principio de la non
reformatio in pejus. Para la actora, el tribunal desconoció que el tema central de la
controversia era el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues
fue ese el fundamento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Que, sin embargo, la autoridad judicial demandada nada dijo frente a ese cargo de
apelación.

Que esa omisión impidió que el tribunal tuviera en cuenta las sentencias SU-363 de 2021
de la Corte Constitucional y del 29 de noviembre de 2021 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, expediente 180001-23-31-000-2006-00178-01, que, según dice,
analizaron casos similares de privación injusta de la libertad y fijaron una regla sobre

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cómo debe interpretarse la culpa exclusiva de la víctima. Que, por esa razón, también
se incurrió en desconocimiento del precedente judicial.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó que se negara la acción de tutela, por
cuanto la sentencia de dicha corporación no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora. El tribunal explicó que, para proferir el fallo en cuestión, se
analizó tanto la responsabilidad del Estado como el eximente de responsabilidad por
culpa exclusiva de la víctima, a la luz de las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018,
SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional y sentencias del Consejo de Estado1.
Que, en el caso concreto, encontró probado que el señor Hernández Vega tenía
diferentes procesos penales activos con sentencia condenatoria (uno con radicado
2014-00429 y otro con radicado 2014-00590), y que esa circunstancia justificaba la
prolongación de la privación de la libertad.

El Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar se limitó a remitir copia digital del
expediente ordinario, pero no emitió pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC fueron notificados debidamente, pero guardaron
silencio sobre la acción de tutela de la referencia.

Los demás interesados, fueron notificados debidamente, pero guardaron silencio sobre
la acción de tutela de la referencia.

6. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 1° de febrero de 2024,
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por falta de relevancia
constitucional, debido a que se ejerció a modo de instancia adicional del proceso
ordinario. Que, en efecto, la parte actora cuestiona el análisis probatorio del tribunal
demandado, pero que ese debate ya se dio en el proceso de reparación directa,
circunstancia que pone en evidencia que la actora está buscando reabrir el debate.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara y
que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela. Para el efecto,
sostuvo que está acreditada la relevancia constitucional, pues el asunto gira en torno al
derecho a los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
señor Hernández Vega. Que, incluso, en el escrito de tutela se habían explicado las
razones por las que el asunto tiene relevancia constitucional, pero que la Sección Quinta
del Consejo de Estado no los tuvo en cuenta.

1 i. Expediente 23354 de 2013. Sección Tercera, Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
ii. Expediente 46947 de 2018. Sección Tercera, Consejo de Estado, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera
iii. Expediente 11001-03-15- 000-2019-00169-01 Sección Tercera, Subsección B, Consejo de Estado. C.P. Martín
Bermúdez Muñoz.
iv. Expediente 46047 de 2020. Sala plena, Sección Tercera, Consejo de Estado. C.P. José Roberto Sáchica
v. Expediente 50001-23-31-000-2006-00812-01 (39.626). Sección Tercera, Consejo de Estado. C.P. Alberto
Montaña Plata
vi. Expediente 44809 radicado: 25000-23-26-000-2010-000-2601. Sección Tercera, Subsección C, Consejo de
Estado.

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En lo demás, la demandante reiteró los argumentos por los que considera que la
providencia acusada incurrió en defecto fáctico, en violación del principio de non
reformatio in pejus y en desconocimiento del precedente, cargos que ya fueron
resumidos en capítulo cuatro de los antecedentes de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Nancy
Cecilia Vega Molina para dejar sin efectos la sentencia del 7 de septiembre de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, que, en segunda instancia, denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta contra la Rama Judicial y
el INPEC, por presunta prolongación de la privación de la libertad.

La Sala anticipa que frente a los cargos relacionados con la culpa exclusiva de la víctima
la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, porque la demandante
cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal de nulidad originada en la sentencia.

Frente al defecto fáctico, si bien la acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad, lo cierto es que no hay lugar al amparo, por cuanto la valoración
probatoria del tribunal demandado atendió a las reglas de la sana crítica. En
consecuencia, se denegarán las pretensiones relacionadas con este defecto.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii) al análisis del
caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos
generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera
previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos3 o vicios
de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los
requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un
fallo de tutela.
3
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que no se trata de una
discrepancia de interpretación jurídica ni una cuestión patrimonial. Por el contrario, si
existiera el error que alega la parte actora, se estaría desconociendo la expectativa que
tienen de ser indemnizados por una presunta prolongación de la privación injusta de la
libertad, y en esa condición, obtener una reparación sobre lo acaecido.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
reprochada fue proferida el 7 de septiembre de 2023, y la demanda de tutela fue radicada
el 4 de diciembre de 2023, por lo tanto, solo habían transcurrido 2 meses 27 días entre
la sentencia y la acción de tutela, término que se encuentra dentro del plazo de los seis
meses previstos por la Sala Plena de esta Corporación.

Sobre el requisito de subsidiariedad. En este punto, conviene precisar que la parte
demandante alegó que la providencia acusada desconoció la competencia del superior
y el principio de la non reformatio in pejus, porque, a pesar de que el tema central de la
controversia era el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, el
tribunal no lo resolvió. También cuestiona que se incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.

Frente a los primeros cargos, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple el
requisito de subsidiariedad, pues si la actora considera que el Tribunal Administrativo
del Cesar no resolvió la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, a
pesar de que fue un cargo de la apelación, y que esa circunstancia desconoció el
principio de la non reformatio in pejus, lo procedente es que presente el recurso
extraordinario de revisión, en los términos del artículo 2504 del CPACA.

En efecto, el Consejo de Estado5 ha aceptado la procedencia del recurso extraordinario
de revisión para reclamar la protección de los principios de congruencia y de non
reformatio in pejus, bajo la causal de nulidad originada en la sentencia. Esta situación
impide que el juez de tutela invada la competencia del juez del recurso extraordinario de
revisión, pues de hacerlo se estaría desconociendo la naturaleza residual y subsidiaria
de este mecanismo.

Ahora, en cuanto al defecto fáctico, la Sala estima que sí cumple el requisito de
subsidiariedad, por cuanto no se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de
4 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de

revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
5 Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00; Sala 14 Especial

de Decisión, sentencia del 5 de abril de 2016, expediente 11001-03-15-000-2008-00320-00; Sala 10 Especial de Decisión,
sentencia del 1° de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2012-00230- 00, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-01303-00; Sala Octava Especial de
Decisión, sentencia del 6 de febrero de 2018, expediente 11001-03-15-000-2016-01127-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-00440-00, Sala 27 Especial de Decisión,
sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03791-00; Sala 14 Especial de Decisión, sentencia del
13 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre
de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-00512-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de
marzo de 2021, expediente 68001-33-31-006-. 2010-00296-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia
del 7 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-00507-00; Sala 9 Especial de Decisión, sentencia del 14 de
diciembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala 9 Especial de Decisión, sentencia del 7 de octubre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2021-07530-00; Sala 19 Especial de Decisión, sentencia del 16 de marzo de 2022, expediente
11001-03-15-000-2021-00921-00

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Demandante: Nancy Cecilia Vega Molina

revisión contra la providencia atacada. Como se sabe, ese recurso no está previsto para
cuestionar la interpretación ni valoración probatoria efectuada por los jueces.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la supuesta indebida valoración probatoria.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

En los términos de la impugnación y en consonancia con el escrito de tutela, la parte
actora alegó que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto fáctico, por
indebida valoración probatoria de las siguientes pruebas: i) solicitud de habeas corpus
del cuatro de abril de 2017; ii) solicitudes de libertad inmediata presentadas por el actor
el cuatro de febrero de 2016 y el once de julio de 2016; iii) certificado de la directora de
EPCMS de Valledupar, que da cuenta del periodo durante el cual el señor Hernández
Vega estuvo en el centro carcelario; iv) petición dirigida a la directora de EPCMS de
Valledupar, en la que solicitó certificado de permanencia, cartilla biográfica y hoja de
vida, y v) declaraciones de los testigos Wilson Enrique Araujo Mercado, Nancy
Guadalupe Olivera Martínez, y Oscar Fabián Oviedo García.

Para la demandante, esas pruebas demostraban que la prolongación de la privación de
la libertad no estaba justificada y, por lo tanto, podía inferirse que se había generado un
daño antijurídico susceptible de ser reparado por el Estado.

De la revisión de la sentencia acusada, la Sala encuentra que el tribunal demandado
comenzó por estudiar las normas y la jurisprudencia vigente sobre el régimen de
responsabilidad del Estado de forma general. Posteriormente, se refirió al régimen de
responsabilidad por privación injusta de la libertad y por defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.

Luego, analizó los hechos probados en el proceso penal y en el proceso de reparación
directa. Específicamente, el tribunal tuvo por acreditados los siguientes hechos:

(i) El 19 de mayo de 2015, el señor Hernández Vega fue condenado a 21 meses de
prisión.

(ii) El 4 de febrero de 2016, el señor Hernández Vega solicitó al INPEC la libertad por
pena cumplida. El INPEC negó la solicitud por encontrarse activo en otro proceso.

(iii) El 11 de julio de 2016, el señor Hernández Vega solicitó nuevamente al INPEC la
libertad por pena cumplida. El 14 de julio de 2016, el INPEC requirió al Centro de
Servicios de los Juzgados Penales (CSJP) la información sobre la condición jurídica del
interno. Reiteró la solicitud los días 10 de enero de 2017 y 25 de enero de 2017.

(iv) El 2 de febrero de 2017, el CSJP informó que el señor Hernández Vega tenía dos
procesos activos (20001400408620130043500 y 20001400408620140042900) y que la
Policía Nacional informó el 26 de enero de 2017 que el interno tenía sentencia
condenatoria vigente en el proceso con radicado 200016001086201400590.

(v) El día 31 de marzo de 2017, la Policía Nacional, informó al INPEC los procesos en

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los que se había condenado al señor Hernández Vega, especificando en los que tenía
medida de aseguramiento activa 2014-590 y 2014-429.

(vi) El 3 de abril de 2017, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas comunicó que el
señor Hernández fue favorecido con la suspensión condicional de la pena impuesta en
el proceso con radicado 2014-429 y en la misma fecha ordenó su libertad.

(vii) El 4 de abril de 2017, el señor Hernández Vega interpuso un recurso de habeas
corpus, que fue declarado improcedente por el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar el 5 de abril de 2017, pero ordenó al Juez Coordinador del CSJP repartir el
proceso penal de radicado 2014-590 a un Juez de Ejecución de Penas para estudiar la
situación jurídica del interno.

(viii) El 10 de abril de 2017, el INPEC solicitó al CSJP que informará si obraba expediente
en el que se concediera la libertad al señor Hernández Vega.

(ix) El 10 de abril de 2017, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad ordenó la libertad del señor Hernández Vega por pena cumplida.

Conforme con los anteriores hechos probados, el tribunal concluyó que si bien el
Juzgado de Ejecución de Penas se demoró en conceder la libertad, lo cierto era que
estaba completamente justificado, pues las pruebas del proceso demostraban que,
previo a la libertad, se surtieron los oficios necesarios ante diferentes autoridades, para
corroborar que el recluso no tuviera otras condenas vigentes. En lo pertinente, la
sentencia del tribunal dice lo siguiente:

(...)
En suma, se tiene que el procesado Jaime Hernández, solicitó en dos oportunidades (antes
relacionadas) ser dejado en libertad sin especificar sobre qué proceso realizaba dicha solicitud. Sin
embargo, como se dijo en líneas anteriores, para el momento en que se elevaron las solicitudes, se
encontró́ o certificó que el interno tenía 3 procesos activos (con sentencia condenatoria),
identificados así:

✓ 20001-40-04-086-2013-00435 en conocimiento del Juzgado Segundo Municipal de Valledupar.

✓ 20001-40-04-086-2014-00429 en conocimiento del Juzgado Segundo Municipal de Valledupar.

✓20001-60-01-086-2014-00590 en conocimiento del Juzgado Tercero Penal Municipal de
Valledupar.

De igual forma, se tiene que, aunque el señor Hernández impetró un habeas corpus en los procesos
2014-00429 (en el cual ya se había ordenado la libertad) y en el 2014-00590, que se declaró́
improcedente, se tiene que el mismo fue puesto en libertad no por orden judicial proveniente del
habeas corpus, sino porque se verificó el cumplimiento de la condena y que el mismo no tenía
requerimientos judiciales pendientes.

Ahora bien, es importante precisar que el Código Penitenciario y Carcelario y en su artículo 14,
establece que Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del INPEC, la ejecución de la pena
privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, del mecanismo de
seguridad electrónica de la ejecución del trabajo social no remunerado y el control de las medidas
de aseguramiento.

En consonancia con lo anterior, el artículo 70 de la referida norma establece que, cuando el director
del establecimiento verifique que se ha cumplido físicamente la sentencia ejecutoriada solicitará la
excarcelación previa comprobación de no estar requerido por otra autoridad judicial el sentenciado;
en ese sentido, el director del establecimiento deberá́ poner en conocimiento del juez de ejecución
de penas los hechos con una antelación no menor de treinta días con el objeto de que exprese su
conformidad.

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En ese orden de ideas, para la Sala no le asiste (sic) al demandante cuando indica -en su recurso-
que las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la pena faltaron a ese deber que les
impone la ley; pues, no puede desconocer este Tribunal, que la libertad del entonces condenado,
debía ser concedida por un Juez de la República luego de que las autoridades competentes (el
INPEC y la Dirección del centro de reclusión) verificaran que, en efecto, el señor Hernández no tenía
otro requerimiento pendiente y podía ser dejado en libertad.

Observa la Corporación, -como se señaló con anterioridad- que, aunque el demandante debía ser
dejado en libertad el 15 de abril de 2016, aquel solicitó su libertad en dos oportunidades, la primera
el 28 de enero de 2016 (antes de haber cumplido la pena) y la segunda, el 11 de julio de 2016,
posterior al cumplimiento de la pena privativa de la libertad de 21 meses de prisión. De igual forma,
se vislumbra que, en ambas ocasiones, no se señaló frente a cuál proceso de los vigentes en su
contra, recaía la solicitud de libertad por pena cumplida.

Bajo ese panorama, para esta Corporación no existió falla en el servicio, pues el tiempo que tardó
el Juzgado de Ejecución de Penas en conceder la libertad por pena cumplida, -a juicio de esta
Corporación- se encontró completamente justificado, debido a que, no podían las autoridades
encargadas de dejar en libertad al señor Hernández, omitir el protocolo o procedimiento
correspondiente, esto es, constatar que el mismo no tuviera vigente otros procesos penales y/o
condenas. Se subraya, que dicha verificación arrojó como resultado que el condenado Hernández
Vega tenía vigentes otros procesos y que se encontraba cumpliendo dos condenas, así: una en el
proceso de radicado 2014-00429 y otra en el proceso 2014-00590.

De modo que – en el sentir de la Sala - el actuar de las demandadas, se encontró́ ajustado al
ordenamiento jurídico y no comportó una falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. (...)

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cesar no
incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. Por el contrario, la
valoración fue razonable, pues, justamente con fundamento en las pruebas que relacionó
la parte actora, el tribunal encontró probado que la privación de la libertad del señor
Hernández Vega se extendió más allá de lo previsto en la sentencia condenatoria.

Otra cosa es que el tribunal también tuviera en cuenta que esa prolongación estuvo
fundamentada en que se comprobó que el señor Hernández Vega tenía otros procesos
penales vigentes, que impedían la libertad automática, sin previamente verificar que no
tuviera condenas pendientes por cumplir. Incluso, el tribunal valoró la solicitud de habeas
corpus, pero precisó que dicha solicitud fue declarada improcedente y que, en realidad,
el procesado recobró la libertad no por orden proveniente del habeas corpus, sino porque
se cumplió con el protocolo por el cual se verificó el cumplimiento de la condena y que
no tenía requerimientos judiciales pendientes.

Para la Sala, los argumentos que propone la actora están relacionados con una
inconformidad frente a la decisión del tribunal, pero no tienen la entidad suficiente para
configurar un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

En virtud de lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido
de declarar la improcedencia de la acción de tutela frente a los cargos relacionados con
la culpa exclusiva de la víctima, y denegar las pretensiones en cuanto al defecto fáctico.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Modificar la sentencia de primera instancia, que quedará así:

2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de los cargos relacionados con

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la culpa exclusiva de la víctima, por las razones expuestas en esta providencia.

3. Denegar las pretensiones de la acción de tutela frente al defecto fáctico, por lo aquí
expuesto.

4. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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