Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00812-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad: fundamento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00812-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2006-00812-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de junio de 2019
REPARACIÓN DIRECTA - Condena
SÍNSTESIS DEL CASO: El demandante fue vinculado a un proceso penal por los delitos de rebelión, peculado y terrorismo, de allí se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por lo cual estuvo privado de la libertad hasta la terminación del proceso con sentencia absolutoria.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Fundamento / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Régimen aplicable / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Presupuestos
La responsabilidad del Estado se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, según el cual, El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de dicho precepto, la Ley 270 de 1996 señaló que el Estado respondería por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales; uno de los supuestos desarrollados por la disposición fue la privación injusta de la libertad, respecto de la cual desarrolló que, quien haya sido privado injustamente de la libertad, podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. (…) la Sala unificó la jurisprudencia en el sentido que, en cualquiera de los supuestos de privación de la libertad, esto es, cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del investigado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, se deberá analizar la antijuridicidad del daño a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, además de verificar, incluso de oficio, si el privado de la libertad actuó, desde la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, dando lugar a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Adicionalmente, refiere la actual jurisprudencia que el juez debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño; entonces da libertad al juez para encausar el análisis jurídico bajo el título de imputación que considere pertinente, siempre que se especifiquen las razones que le llevaron a adoptar tal determinación. Acorde con lo anterior, es dable concluir que, tanto la Corte Constitucional como la Sección Tercera del Consejo de Estado coinciden en que, en el caso de privación injusta de la libertad, no se privilegia un régimen único de responsabilidad; sin embargo, cualquiera que se adopte, objetivo o subjetivo, debe efectuar un análisis respecto de, si la medida fue legal, proporcionada y razonable. Aunado a ello, se debe verificar la antijuridicidad del daño, si el investigado dio lugar a la medida privativa de la libertad con su actuar doloso o gravemente culposo. La Sección Tercera del Consejo de Estado impuso adicionalmente, para el juez, la obligación de identificar la autoridad llamada a reparar el daño.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Elementos / TÍTULO DE IMPUTACIÓN APLICABLE / Daño - Acreditación
[L]a misma providencia absolutoria, dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, da cuenta de la antijuridicidad del daño, dado que, se mantuvo privado de la libertad al señor Jairo Enrique Rodríguez López, por lapso cercano a 2 años, sin que a la postre se lograra atribuir la autoría de delito alguno, por el contrario, tanto la Fiscalía delegada para el caso, como el Ministerio Público, ante la ausencia de pruebas de su responsabilidad penal, solicitaron que se emitiera una sentencia absolutoria. (…) En lo referente a la imputación del daño, se torna necesario, en primer lugar, el estudio de la legalidad de la medida privativa de la libertad, toda vez que es esta la que definirá el título de imputación a aplicar, si se llegara a acreditar una falencia que haga evidente una actuación irregular del Estado, necesariamente se abordará el caso desde la óptica de la falla en el servicio; por el contrario, para que sea aplicable un título de imputación objetivo por daño especial, es imprescindible que el actuar del Estado carezca de reproche y que se haya causado al particular un daño, con las características de especial, anormal y antijurídico. (…) se causa un daño especial y anormal a la persona cuando la sociedad se beneficia con el actuar del Estado, consistente en privar de la libertad a la persona, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, en detrimento de los derechos de aquella, sin que a la postre se le logre desvirtuar la presunción de inocencia, pues, recuérdese que la libertad es un derecho fundamental a la luz de la Constitución Política de Colombia y que su privación necesariamente debe ser una medida excepcionalísima, a la luz de los instrumentos supranacionales incorporados a la legislación colombiana mediante la Ley 16 de 1972 y la Ley 74 de 1968. El procedimiento penal vigente para la época de los hechos también se refiere a la excepcionalidad que debía revestir la medida de aseguramiento, al señalar que la medida tiene como finalidad garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes
FUENTE FORMAL: LEY 16 DE 1972 / LEY 74 DE 1968
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Ciudadano vinculado a proceso penal por los delitos de rebelión, peculado y terrorismo / PROCESO PENAL - Sentencia absolutoria / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva
[N]o se vislumbra de manera contundente un actuar del señor Jairo Enrique Rodríguez López que, valorada en conjunto, fuera determinante y eficiente para la imposición de la medida de aseguramiento, por el contrario, las pruebas recaudadas con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento favorecen su dicho, al punto que al momento de formular la acusación, la misma Fiscalía, al calificar el mérito del sumario, precluyó la investigación en su contra por los delitos de rebelión, peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público, manteniendo la medida únicamente por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. En el mismo sentido, las pruebas recaudadas llevaron finalmente a la absolución del acusado, habida cuenta que no se recaudó una prueba que pudiera llevar a la certeza de la comisión del delito de homicidio agravado en calidad de determinador por el señor Jairo Enrique Rodríguez López y en cambio, las pruebas recaudadas desvirtuaron algunos de los fundamentos de la medida de aseguramiento
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Perjuicios morales / TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Reiteración sentencia de unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MATERIALES - Daño emergente. LUCRO CESANTE / DAÑO EMERGENTE - No se acreditó / LUCRO CESANTE - Se liquida en base a salario mínimo mensual legal vigente
La privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, dolor, angustia, zozobra, tanto en la persona que la sufre, como en su núcleo familiar y afectivo, así, habiéndose acreditado el interés para solicitar la reparación de cada uno de los demandantes, respecto del monto a indemnizar, la Sala acude a los criterios esgrimidos en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 , Habida consideración que el tiempo de privación de la libertad fue superior a 18 meses (…) ante falta de prueba que brinde certeza de los ingresos del accionante, se adopta la presunción de que cada persona en edad productiva devenga por lo menos un (1) salario mínimo. El salario mínimo para el año 2005 correspondía a $381.500,oo, los que actualizados a 2019 son $677.959,48, suma inferior al salario mínimo de 2019 ($828.116,oo), entonces, por razones de equidad y reparación integral del daño, se tendrá este último como base para el cálculo del lucro cesante; al salario mínimo se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir, se incrementará en $207.129,oo, para un total mensual de $1.035.145,oo. (…) Respecto de los conceptos deprecados como daño emergente, además de las precisiones que puedan efectuarse respecto de la legitimidad de esos cobros y de aquellos que realmente no comportan un daño emergente; lo cierto es que cualquier análisis al respecto está de más, puesto que los demandantes no acreditaron en debida forma el pago de suma alguna por esos conceptos, que es el mínimo requisito para su reconocimiento, razón por la cual se negará el pago de suma alguna por esta categoría de perjuicios.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 50001-23-31-000-2006-00812-01(39626)
Actor: JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA (DECRETO 01/84)
Temas: DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA – Privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) – Presupuestos procesales – Presupuestos probatorios: Valoración de indagatoria – Análisis sustantivo: Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, caso concreto – Indemnización de perjuicios: perjuicios morales, perjuicios materiales, no reconocimiento de perjuicios por afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados – no condena en costas
Síntesis del caso: El Tribunal Administrativo de Meta negó las pretensiones de la demanda por considerar que la simple absolución de la persona en el proceso penal no genera responsabilidad patrimonial del Estado, pues las decisiones judiciales gozan de presunción de legalidad y es deber de quien demanda acreditar que el daño sufrido es antijurídico; el recurso de apelación expresó que no existían pruebas suficientes para privar de la libertad al procesado, por ende, no confluían los indicios exigidos por la Ley para tal fin y en ese sentido, al no haberse desvirtuado la presunción de inocencia, el daño se tornó antijurídico y por ende, indemnizable.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia proferida el 1 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativo de Meta, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Demanda y trámite de primera instancia 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
Demanda y trámite de primera instancia
1. El 4 de julio de 2006, mediante apoderado, el señor Jairo Enrique Rodríguez López y su grupo familiar presentaron demanda de reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por “el ERROR JURISDICCIONAL y la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de que fue víctima Jairo Enrique Rodríguez López según hechos ocurridos desde el 29 de marzo de 2003 y que finalizaron con sentencia absolutoria el 18 de marzo de 2005”. Consecuentemente, que se le condenara al pago de los perjuicios morales, por daño a la vida de relación, por violación de derechos fundamentales y medidas de reparación no pecuniarias.
2. Como fundamento de las pretensiones, relacionó, en primer lugar, el parentesco entre los demandantes, posteriormente relató que Jairo Enrique Rodríguez López era ingeniero agrónomo, con títulos de especialización y “diplomado”, con experiencia en el ámbito público y privado.
3. Señaló que en abril de 2001, el señor Rodríguez López se vinculó como secretario de gobierno del municipio de Vistahermosa (Meta), cargo que desempeñó por 2 meses y 25 días (hasta el 2 de julio de 2001), cuando hubo de desplazarse a la ciudad de Bogotá por amenazas de grupos armados al margen de la ley, incluso, recibió un atentado en contra de su vida. Cuando mejoró la situación, regresó a vivir en la ciudad de Villavicencio 4 meses después.
4. Relató que el 6 de septiembre de 2001, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados de Oriente dio apertura a investigación previa por la muerte de Noel Ampudia, empleado de la administración de Vistahermosa. Jairo Enrique Rodríguez fue detenido el 30 de marzo de 2013 y procesado por los delitos de homicidio agravado, rebelión, peculado por apropiación diferente y falsedad en documento público.
5. Afirmó que, el 3 de abril de 2003, la Fiscalía Sexta Especializada de la Subunidad de Terrorismo de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Villavicencio le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad como participe determinador de los delitos relacionados. Mediante providencia de 23 de abril de 2003, la Fiscalía decidió no reponer la decisión de medida de aseguramiento.
6. Indicó que, el 20 de enero de 2004, la Fiscalía Sexta Especializada de la Subunidad de Terrorismo de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Villavicencio profirió resolución de acusación contra JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ y otro, como determinadores del delito de homicidio agravado; en la misma providencia, precluyó respecto de los punibles de rebelión, peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público.
7. Expuso también que, el 3 de agosto de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Meta, durante la etapa de juicio, negó la revocatoria de la medida de aseguramiento y libertad provisional del sindicado. Finalmente adujo que, el 18 de marzo de 2005, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado del Meta profirió sentencia absolutoria en favor suyo, decisión que cobró ejecutoria el 1 de abril de 2005.
8. La demanda se radicó ante el Tribunal Administrativo de Meta el 4 de julio de 2006, Corporación que profirió auto admisorio el 25 de octubre de 2006.
9. La Fiscalía General de la Nación, en la contestación de la demanda se opuso a las pretensiones de ella, por considerar que, la medida de aseguramiento, fue emitida dentro del marco de competencias definido en el artículo 250 de la Constitución Política, y se encontraba fundada en indicios graves que justificaban su imposición. Relató que, al momento de imponer la medida de aseguramiento, esta contaba con soporte normativo y probatorio, por lo que no se vulneró ningún derecho fundamental, pues la certeza de la responsabilidad sólo es exigida para proferir sentencia, no para una medida provisional como es la de aseguramiento.
10. La Nación - Rama Judicial, en la contestación de la demanda señaló que, el fiscal que conoció el proceso, actuó conforme al derecho y que no había sido arbitraria la detención si existía material probatorio que comprometía la responsabilidad del sindicado en la comisión del delito; señaló que si existía una responsabilidad, esta era de la Fiscalía General de la Nación por las competencias asignadas a cada entidad. Propuso como excepciones ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA, FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA y la INNOMINADA, al considerar que, no existía fundamento probatorio para la cuantía pretendida por la parte actora y que no se encontraba legitimada en la causa de conformidad con el artículo 97 del C.P.C.
11. Por Auto de 24 de julio de 2007, se abrió a pruebas el proceso y, mediante providencia de 4 de abril de 2008, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.
12. La parte demandante resaltó la importancia de los derechos humanos para la adopción de decisiones judiciales, manifestó que se habían acreditado los elementos necesarios para que se condenara a las entidades accionadas, esto es, la privación de la libertad de Jairo Enrique Rodríguez López, el daño producido a los demandantes y la relación causal entre este y aquel.
13. Refirió que, la privación de la libertad no fue razonada pues no existieron los indicios suficientes, y que, si bien, en la sentencia penal se había argumentado el in dubio pro reo, esto no eximía de responsabilidad al Estado, pues, obedecía al principio de presunción de inocencia, además, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la antijuridicidad se predicaba del daño y no del hecho.
14. Indicó que en el proceso penal se logró demostrar que el sindicado no cometió el delito y que no existía mérito para privarlo de la libertad, entonces, la víctima había sufrido un daño injustificado que debía ser reparado y con el mismo fin, reiteró las pretensiones de la demanda.
15. La Nación – Fiscalía General de la Nación, expresó que no se probaron los hechos constituyentes de responsabilidad patrimonial del Estado, que la entidad había obrado conforme a la Constitución y la ley. Señaló que la absolución obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo en favor del señor Rodríguez López, no por certeza sobre su inocencia, sino por duda sobre su responsabilidad, por lo que era un desacierto confundir las dos situaciones y sus consecuencias.
16. Manifestó entonces la apoderada de la entidad que existían serios motivos que comprometían la responsabilidad del implicado, pero no se había logrado obtener certeza de ello, de lo cual no se podía predicar una privación injusta de la libertad. Sin embargo, expresó que, al momento de la medida de aseguramiento se tenían pruebas que satisfacían los requisitos previstos en la norma para tal fin, consecuentemente, la privación de la libertad no tenía el carácter de antijurídica.
17. Recordó que, constitucionalmente, el Estado no estaba obligado a lo imposible y que, para la privación de la libertad no se exigía la certeza sobre la responsabilidad del implicado, requisito exigible únicamente para la sentencia condenatoria, por lo que recalcó que, la privación de la libertad de Jairo Enrique Rodríguez López se había ajustado a los postulados normativos y, por ello, no era injusta.
18. El 1 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Meta profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. En esta providencia, se consideró que, la absolución de una persona, no generaba por sí misma responsabilidad del Estado, que esto sólo estaba previsto por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia cuando el daño fuera antijurídico.
19. Señaló el Tribunal que las decisiones judiciales gozan de presunción de legalidad, y era carga de quien demanda, demostrar su ilegalidad o injusticia. Refirió que no se había acreditado la abierta ilegalidad de la medida, pues la misma se había fundado en pruebas, oportuna y legalmente, allegadas, se habían cumplido los requisitos sustanciales y formales, sin que se evidenciara un error en el actuar de la Fiscalía, ni una privación injusta de la libertad y, por el contrario, esta última era necesaria.
20. Reseñó que, en los términos del artículo 354 del C.P.P. de la época, para la detención preventiva se exigía la existencia de por los menos dos indicios graves de responsabilidad en contra del sindicado, requisito satisfecho en el presente asunto. En cuanto a la evaluación del razonamiento del funcionario judicial, expresó que las premisas que llevaron a la privación de la libertad, habían obedecido a referentes adecuados y proporcionales, dado que, si bien, no se tuvo certeza para emitir una condena, ello no había deslegitimado la necesidad y procedencia de la medida de aseguramiento, la cual era una carga que sí debía soportar el sindicado.
21. Finalizó reseñando que, acreditado el hecho (privación de la libertad), no se había logrado demostrar un daño antijurídico, ni el nexo de causalidad entre lo uno y lo otro, porque la causa determinante había sido el mismo comportamiento del demandante.
Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
22. Dentro del término legal, la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia; luego de hacer un recuento de los hechos y pruebas del proceso, expresó que las consideraciones de la sentencia de primera instancia revictimizan a los demandantes y que la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, en el presente asunto, era evidente. Señaló que, con la privación de la libertad del señor Rodríguez López, producto de un error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, le fueron vulnerados derechos fundamentales y le causaron perjuicios de orden material e inmaterial.
23. Manifestó que no existían pruebas suficientes para imponer medida de aseguramiento al señor Jairo Enrique Rodríguez y, consecuentemente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la privación de la libertad configuró una arbitrariedad, al no existir los indicios exigidos por la Ley. En lo que respecta a la aplicación del principio in dubio pro reo, refirió que este no eximía de responsabilidad al Estado, toda vez que obedecía a la extracción del sindicado de la órbita de la responsabilidad, con base en el derecho fundamental a la presunción de inocencia, por lo cual, negar la responsabilidad en este asunto era violatorio de tal derecho.
24. Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, era inocuo el estudio de las causales del artículo 414 del C.P.P., toda vez que la antijuridicidad se predica del daño y no del hecho, y que, en el caso se había demostrado que no había motivo para privarle de la libertad, lo cual acreditaba la mencionada antijuridicidad del daño.
25. El 20 de enero de 2011, se admitió el recurso de apelación. Posteriormente, por medio de providencia de 18 de enero de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión.
26. En sus alegatos de conclusión, la parte demandante ratificó los argumentos del recurso de apelación, expuso que, de acuerdo con la Corte Constitucional, la privación de la libertad era injusta cuando era desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, lo cual había ocurrido en el presente asunto, porque no se había contado con prueba suficiente de los indicios graves de responsabilidad en contra del implicado.
27. Expresó que fue equivocada la decisión del Tribunal Administrativo del Meta, toda vez que, si no se tenía certeza de la comisión de la conducta por el implicado, la Fiscalía había fallado en acusarlo sin tener verdaderos indicios. Concluyó solicitando que se revocara la decisión y en cambio se emitiera sentencia condenatoria.
28. En ese contexto, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto en cuestión.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Presupuestos procesales; 2.2. Presupuestos probatorios; 2.3. Análisis sustantivo; 2.3.1. De la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad; 2.3.2. El caso concreto; 2.4. Indemnización de perjuicios; 2.5. Costas.
2.1 Presupuestos procesales
29. El presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que las entidades demandadas, Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación son entidades públicas.
30. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto, en este proceso de doble instancia, iniciado ante el Tribunal Administrativo del Meta, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., sin lugar a analizar la cuantía, pues al momento de interposición de la demanda, el asunto era de conocimiento de los Tribunales Administrativos en primera instancia, sin consideración a la cuantía.
31. En lo atinente a la legitimación activa en la causa de los demandantes, se encuentra probado que Jairo Enrique Rodríguez López fue privado de la libertad por orden de la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales de Villavicencio y que, posteriormente, fue absuelto por orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio; además, se acreditaron las relaciones de parentesco con el señor Rodríguez López, y con ellas, el interés para demandar que tienen los demás demandantes.
32. En relación con la legitimación pasiva en la causa, la privación de la libertad, por la que se demanda, fue ordenada dentro de la actuación radicada con el número 53.816, mediante Resolución de 3 de abril de 2003, por la Fiscalía Sexta Especializada de la subunidad de terrorismo, delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Villavicencio, de lo cual se extrae que la Fiscalía General de la Nación tiene capacidad para comparecer como demandada en el presente asunto. Igualmente, la Nación – Rama Judicial se encuentra legitimada en el asunto porque el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio adelantó el proceso penal 2004-76, en el cual se adoptaron decisiones respecto de los hechos por los que se demanda.
33. Se aclara que el legitimado es la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (En adelante Nación – Rama Judicial), y no el Consejo superior de la Judicatura como se planteó en la demanda.
34. Finalmente, se advierte que la acción se impetró en la oportunidad para ello, es decir, dentro del término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción, puesto que el fallo absolutorio dictado dentro del proceso 2004-00076-00 quedó ejecutoriado el 1 de abril de 2005 y la demanda se presentó el 4 de julio de 2006.
2.2. Presupuestos probatorios
35. Como quiera que, en el expediente, obran copias del proceso penal adelantado tanto por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Villavicencio, como por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, se torna necesario un pronunciamiento acerca de algunos de los medios probatorios que allí se encuentran.
36. Aunque en algunas oportunidades esta Corporación ha excluido, como medios de prueba, la indagatoria o la versión libre, por no estar sometidas a juramento en los términos del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que, esta tendencia, ha cambiado en el seno del Consejo de Estado, por lo que se le ha otorgado valor a dicha indagatoria en virtud de la libertad probatoria, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y atendiendo los demás elementos de convicción allegados al expediente.
37. Esta subsección también se ha pronunciado sobre el valor probatorio de la indagatoria, y ha fijado criterios para su valoración (Se trascribe):
“10.1.2.1. Como excepciones a la regla señalada, la Sala ha sostenido pacíficamente que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes casos: i) cuando la indagatoria se equipara al testimonio al surtirse el trámite de la ratificación mediante juramento en el trámite contencioso administrativo; ii) cuando los indagados consientan hacer afirmaciones bajo la gravedad del juramento y se satisfagan los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia. Además, la Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito probatorio siempre y cuando: i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, sólo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio.”
38. En tal entendido, la Sala ratifica el mencionado criterio, en el sentido que se debe otorgar valor probatorio a la indagatoria rendida dentro del proceso penal, siempre que, sea valorada en conjunto con los demás medios probatorios allegados al expediente.
39. En el proceso, en lo que atañe al fondo del asunto, se encuentran los siguientes hechos probados:
40. 1). El 14 de agosto de 2001, la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio recibió oficio 104 de 17 de julio de 2001, de la Personería municipal de Vista Hermosa – Meta, en el cual se denunciaban las circunstancias en que había muerto el señor Noel Ampudia Rubio, funcionario de la Alcaldía de ese municipio.
41. 2). El señor Jairo Enrique Rodríguez López fue capturado el 29 de marzo de 2003.
42. 3).El 31 de marzo de 2003, la misma Fiscalía libró boleta de encarcelamiento en contra del señor Jairo Enrique Rodríguez López.
43. 4). Efectuadas las pesquisas del caso, la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, mediante Resolución de 3 de abril de 2003 (Expediente 53.618), profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra de los señores Jairo Enrique Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo Araujo, como participes determinadores “de la hipótesis delictiva de HOMICIDIO AGRAVADO en concurso con la AUTORIA en los de PECULADO POR APROPIACIÓN, PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO y REBELIÓN”.
44. 5). El 15 de abril de 2003, mediante apoderado, el señor Jairo Enrique Rodríguez López presentó recurso de reposición contra la Resolución de 3 de abril de 2003, la decisión fue confirmada a través de Resolución de 23 de abril del mismo año.
45. 6). La decisión que impuso medida de aseguramiento en contra del señor Jairo Enrique Rodríguez López cobró ejecutoria el 5 de mayo de 2003.
46. 7). Con posterioridad a la privación de la libertad del señor Jairo Enrique Rodríguez López, la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales Especializados del Circuito de Villavicencio recibió las declaraciones de Hernán Burgos Daza, José Rafael Cáliz Hadd y Linda Lilianne Sánchez Sánchez, Ángel de Jesús Zapata Martínez, Carlos Alberto Gutiérrez, Luis Alberto Gallego Valencia, Freddy Jurado Díaz, Francisco Luis Jaramillo Osorio.
47. 8). Estas declaraciones son coincidentes en mostrar al señor Jairo Enrique Rodríguez como un buen servidor, cordial, que tenía buenas relaciones con el fallecido Noel Ampudia; de otra parte, ninguna de las declaraciones relaciona al implicado con actividades de grupos al margen de la ley ni cercanía con tales grupos, tampoco le sindican como autor de ninguna de las conductas punibles por las cuales se le privó de la libertad y mucho menos dan cuenta de que, de alguna manera, haya sido determinador del homicidio del señor Ampudia.
48. 9). Mediante escrito de 5 de septiembre de 2003 y recibido el día 22 de marzo de ese mismo año, el señor Jairo Enrique Rodríguez López aportó unas fotografías, mediante las que manifestó desacuerdo con las conclusiones de la medida de aseguramiento, en las que el fiscal desestimó que existieran buenas relaciones entre él y el occiso Noel Ampudia; señaló además que, en toda relación laboral se presentaban desacuerdos, pero que él era partidario de zanjar esas diferencias por la vía del diálogo, por lo que reafirmó que la relación con la víctima de homicidio había sido de mutuo respeto, apoyo y colaboración.
49. 10). Anexó al mismo memorial, dos documentos suscritos por varias personas (41 firmantes) que le conocían y que, respecto de sus calidades, manifestaron que era una persona “de buenos modales, buenas costumbres, con buen desempeño profesional, con una personalidad excelente, de buena conducta, buen comportamiento social, colaborador y trabajador”, junto con certificaciones de no tener inmuebles a su nombre en Puerto López y Villavicencio.
50. 11). Ante la misma Fiscalía, rindió testimonio la señora Sandra Patricia Vallejo, quien manifestó ser esposa del señor Jairo Enrique Rodríguez López, recalcó las actividades lícitas a que se dedicó la víctima con anterioridad a los hechos, destacó sus calidades personales, mencionó también haberle pedido que renunciara al trabajo como secretario de gobierno en Vista Hermosa (Meta) por la situación que se presentaba con los grupos armados al margen de la ley. Respecto de la muerte del señor Noe Ampudia, manifestó que el alcalde del municipio había mentido, porque su esposo ese día se encontraba en una capacitación de la ESAP y, consecuentemente, no era cierto que hubiera salido el mismo día, a la una de la tarde, del municipio.
51. 12). Rindieron testimonio, igualmente, los señores Víctor Julio García Rodríguez y Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, quienes fueron coincidentes en expresar que conocían al señor Jairo Enrique Rodríguez, por ser el esposo de su compañera de trabajo Sandra Vallejo, que no lo conocían muy bien, simplemente se saludaban ocasionalmente, pero que siempre llevaba a su esposa al trabajo y la recogía y que, en su profesión, tenían una buena impresión de su desempeño.
52. 13). Los señores Jairo Enrique Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo Araujo, mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2003, solicitaron la ruptura de la unidad procesal con el caso de la señora Marleny Buitrago Martha por haber laborado en tiempos diferentes, lo que permitía establecer que, no existía unidad en los hechos que se investigan.
53. 14). El 1 de diciembre de 2003 se presentó informe de investigación por parte de la Unidad Anticorrupción y Delitos contra la Administración Pública del CTI seccional Villavicencio, derivado de inspección en la Alcaldía de Vista Hermosa (Meta), en el cual se señaló que no se había logrado establecer quien le había quitado la vida al señor Ampudia y mucho menos quienes pudieron estar comprometidos; en lo referente a los demás delitos investigados, tampoco se había encontrado información relevante.
54. 15). Mediante Providencia de 2 de diciembre de 2003, la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio negó la solicitud de ruptura procesal presentada por el señor Jairo Enrique Rodríguez.
55. 16). El 20 de enero de 2004, la misma autoridad calificó el mérito del sumario, resolvió respecto del demandante: 1. Acusar a Jairo Enrique Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo Araujo como determinadores del delito de homicidio agravado; 2. Precluir la investigación frente a los mismos, por los delitos de rebelión, peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público; y, 3. Revocar parcialmente la medida de aseguramiento en contra de Jairo Enrique Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo Araujo por los delitos de rebelión, peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público, y la mantuvo vigente en relación con el delito de homicidio agravado.
56. Como fundamento de la decisión expresó que, respecto de los delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, falsedad ideológica en documento público y rebelión, los señalamientos efectuados por, el entonces alcalde de Vista Hermosa, José Leonel Castaño Murillo carecían de sustento, máxime, cuando manifestó tener pruebas documentales que nunca fueron aportadas para soportar su relato; no obstante, respecto del señalamiento como determinador del homicidio del señor, expresó esa Fiscalía (se trascribe):
“Finalmente, en lo que respecta al delito de HOMICIDIO agravado de NOEL AMPUDIA RUBIO endilgado a LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO y JAIRO RODRÍGUEZ LÓPEZ a título de DETERMINADORES, hemos de señalar que si bien el acervo allegado apunta a que los autores materiales fueron guerrilleros de las FARC, entre estos el paisa alias “JAVIER” sin embargo, a diferencia de los anteriores delitos, en este existe un cargo directo por el Alcalde JOSÉ LEONEL CASTAÑO cuando señalara de manera directa a los dos procesados como los Autores intelectuales del Homicidio del señor Ampudia (fl. 172 a 173 c. o .1), indicando incluso que antes de su muerte LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO amenazó al hoy obitado, advirtiéndole que se estaba metiendo mucho y que eso lo iría a perjudicar considerando que notiene dudas al respecto máxime cuando estos desaparecen del pueblo siendo funcionarios sin tener permiso para irse y no aparecen más, señalamiento que repite en su ampliación de declaración vertida el 20 de febrero de 2002 reafirmándose en sus cargos y señalando a los procesados como Autores intelectuales del Homicidio de NOEL AMPUDIA RUBIO, insistiendo en que el día del asesinato salieron delante de AMPUDIA y no volvieron, después de lo cual a los tres días, luego de hablar con el Comandante “PITUFO” este le dijera, que AMPUDIA en una borrachera le había dicho a funcionarios de la Alcaldía que él ganaba doble sueldo, uno por ser Almacenista y otro por ser miembro de la C.I.A, pero como este no tomaba trago, considera que fueron los funcionarios de la Alcaldía los que hicieron el montaje para hacerlo asesinar. Teniéndose entonces la prueba Material de la muerte de NOEL AMPUDIA RUBIO, mediante acta de levantamiento de cadáver (Fls 54, 91, 92 c o. 1) Protocolo de Necropsia (Fls. 55,58,94 96, 135 c. o. 1) junto con el Certificado individual de Defunción número A1259087 (fl. 140 c. o. 1) además de la copiosa prueba testimonial obrante en tal sentido
Al adentrarnos como corresponde en tan específico tema, sabemos por cuanto así se advierte en la prueba allegada que el Alcalde Vallejo ARAUJO fue tildado por concejales y demás personas que conocieron de su actividad en Vista Hermosa como persona difícil en términos generales, comportamiento que no le resta sin embargo credibilidad, al concordar plenamente con el señor Procurador Delegado en el sentido que este hubiera podido prescindir de sus servicios en el evento de haberle resultado estas personas inconvenientes, cobrando por ello fuerza tal señalamiento directo, aunado al decir de sus familiares contenido en el punto de pruebas respecto del temor de AMPUDIA por su vida que concatena y rima con la declaración de YAMILE HERNÁNDEZ DE GARCÍA a su vez amiga de la víctima quien conoció por boca de este sobre desavenencias con algunas dependencias de la administración local, esto es Tesorería, Secretaría de Gobierno y Asesor Jurídico, además de la atestación de ANA GRACIELA RINCÓN quien también señala a los procesados como autores intelectuales del homicidio de AMPUDIA RUBIO sin desconocer que también existen otras declaraciones perfectamente reseñadas dando cuenta que entre estos y AMPUDIA RUBIO había una normal relación de amistad, piezas procesales que en la etapa de la causa requerirán de su correspondiente ampliación a efecto de poder ejercer el principio de CONTRADICCIÓN para de esta forma saber por ejemplo cual fue la razón para que el alcalde CASTAÑO MURILLO le dijera a la familia del obitado que escribieran una carta dirigida al Comandante EFREN firmada por todos los de la casa diciendo que AMPUDIA RUBIO no se llevaba bien con el Secretario de Gobierno y el Asesor Jurídico del Municipio en orden a determinar plenamente si deben ser acogidas por ser sinónimo de Certeza o desechadas en caso contrario, pues en este momento Procesal al acoger los planteamientos del Ministerio Público, emerge la demostración de Responsabilidad en grado de PROBABILIDAD dentro del cual se mueve la Fiscalía y que fenece con el ciclo calificatorio, en orden a lo cual este despacho Dictará Resolución de Acusación en contra de VALLEJO ARAUJO y RODRÍGUEZ LÓPEZ por el Delito de HOMICIDIO AGRAVADO en calidad de participes DETERMINADORES, llamados también provocadores o instigadores siendo entonces natural que responda del hecho el que no hizo nada, porque el hecho del otro tomó su origen en él, manteniendo consecuencialmente la Medida de Aseguramiento consistente en Detención Preventiva sin Beneficio de Libertad Provisional con las modificaciones referidas respecto de los delitos por los cuales se PRECLUYO la investigación a favor de los dos procesados”.
57. 17). Mediante escritos presentados el 2, 3 y 9 de febrero de 2004, el apoderado del señor Rodríguez López interpuso recurso de reposición contra la decisión de acusarle como determinador del homicidio del señor Noel Ampudia, no obstante, a través de escrito presentado el 10 de febrero siguiente, renunció al recurso de reposición y solicitó que se tuviera por presentado y sustentado el recurso de apelación; sin embargo, en providencia de 13 de febrero de 2004, la Fiscalía Sexta Especializada de Villavicencio señaló que el mismo había sido sustentado de manera extemporánea y, consecuentemente, no lo concedió.
58. 18). La misma Fiscalía negó también la solicitud de control de legalidad de la medida de aseguramiento presentada el 23 de febrero de 2004 por los señores Jairo Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo, adujo la autoridad que esta se tornaba improcedente, en el entendido que, si bien, la normatividad no prevé un término para hacer uso de tal mecanismo, tampoco señala que pueda ser en cualquier etapa de la investigación, y que, luego de adelantada toda la etapa instructiva, no se entendía por qué, hasta ahora solicitaban control externo; en conclusión, la improcedencia obedeció a la extemporaneidad de la solicitud.
59. 19). Una vez formulada la acusación, el proceso correspondió por reparto al Juzgado 3 Penal del Circuito de Villavicencio, el cual, en primer lugar, resolvió la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por Jairo Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo, decidió negar dicha solicitud por considerar que no era el momento procesal para decidirlo y que no se había acreditado una nueva prueba que ameritara pronunciamiento.
60. 20). El 12 de octubre de 2004 se celebró audiencia pública en que se recepcionó el interrogatorio a los procesados, en la misma, Jairo Enrique Rodríguez López ratificó que era inocente, habló de sus calidades personales, señaló que debido a las gestiones de su cargo, tuvo diferentes inconvenientes, tanto con los comandantes de la guerrilla como con el alcalde del municipio, pues, debido a su experiencia en la ESAP, se negaba a avalar algunas cuestiones contractuales, desde su punto de vista, irregulares; respondió puntualmente a cuestionamientos de su actuar como secretario de gobierno de Vista Hermosa y, respecto de la muerte del señor Noel Ampudia, también rindió interrogatorio Luis Eduardo Vallejo Araujo, quien fue coincidente en sus declaraciones con el señor Rodríguez López.
61. 21). El 19 de noviembre de 2004 continuó la audiencia pública presidida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, se prescindió del testimonio de José Leonel Castaño Murillo por tener orden de captura vigente y desconocer su paradero, en consecuencia, se declaró cerrada la etapa probatoria y se dio la oportunidad a los sujetos procesales para que se pronunciaran respecto de la orientación de la decisión que debía tomarse; el Fiscal 6 Especializado señaló que, aunque se había contado con pruebas suficientes para acusar y dictar medida de aseguramiento en contra de los implicados, las pruebas no permitían llegar al grado de certeza respecto de su comisión del delito de homicidio en calidad de determinadores, por lo cual, señaló que no era posible solicitar sentencia condenatoria; igualmente, el Ministerio Público consideró que no se había llegado al grado de convicción que ameritaba una sentencia condenatoria, y solicitó que se absolviera a los acusados; los acusados, por medio de apoderado, reiteraron su posición en el sentido de manifestar su inocencia.
62. 22). El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia de 18 de marzo de 2005, absolvió a los señores Jairo Enrique Rodríguez López y Luis Eduardo Vallejo Araujo por el delito de homicidio agravado, bajo los siguientes argumentos (se trascribe):
“En el presente caso, no se estructura el delito de Homicidio Agravado en cabeza de los encartados, por cuanto no existe prueba que nos conduzca a la certeza de que estos efectivamente adelantaron acciones tendientes a influir en el grupo al margen de la Ley, para que decidieran tomar una determinación tan funesta y reprochable como la que hicieron, tal vez por la labor que adelantaba en la administración municipal procurando salvaguardar los intereses de la misma, pero sin darse cuenta la desprotección en que se encontraba habida consideración de la falta de autoridades legales en la zona. Pues a no dudarlo, si no servía a los intereses del grupo insurgente que allí mandaba, ellos eran los únicos que decidían sobre su destino, sin necesidad de que otras personas ajenas a ellos les instruyeran sobre lo que debían hacer.
No existiendo como anteriormente se dijo, prueba seria que nos ofrezca credibilidad respecto de la intervención directa o indirecta de los procesados en estos hechos, es imposible responsabilizarlos con certeza de que realmente actuaron o influyeron para cegar la vida al infortunado AMPPUDIA RUBIO.
El hecho de haber abandonado la región para la misma fecha de los acontecimientos, no es indicativo de su posible responsabilidad, sino que como ellos mismos lo explicaron, fue producto del miedo a raíz de lo acontecido y de las amenazas que ellos mismos sentían al darse cuenta que realmente estaban en una zona vedada para los ciudadanos de bien, lo cual al principio no lo consideraron así, dada la misma situación de desempleados en que se encontraban, sin que por ello pueda decirse que al trasladarse a dicha zona se convirtieron de hecho en insurgentes, ya que el mismo Estado, a pesar de haberles entregado ese territorio para que allí permanecieran libremente, dejó igualmente funcionando las alcaldías de manera normal, pero sin apoyo alguno de la fuerza pública. Pero, no quiere esto decir que el Homicidio se justifique, sino que son los cabecillas del grupo insurgente quienes deben responder penalmente, mientras no se demuestre a plenitud la intervención de otra persona.
Frente a lo anterior estima el juzgado que no queda otro camino que dar aplicación al principio procesal del IN DUBIO PRO REO, y en consecuencia, por no poder despejar la duda que persiste en este momento respecto de los procesados, proferir en favor de JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ y LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO, sentencia absolutoria por el delito de HOMICIDIO artículo 103 AGRAVADO por el art. 104 C.P., de conformidad con los hechos materia de esta investigación”
63. 23). El señor Jairo Enrique Rodríguez López quedó en libertad el 18 de marzo de 2005 y el fallo absolutorio cobró ejecutoria el 1 de abril de 2005.
2.3. Análisis sustantivo
2.3.1. De la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad
64. La responsabilidad del Estado se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, según el cual, El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
65. En desarrollo de dicho precepto, la Ley 270 de 1996 señaló que el Estado respondería por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales; uno de los supuestos desarrollados por la disposición fue la privación injusta de la libertad, respecto de la cual desarrolló que, quien haya sido privado injustamente de la libertad, podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.
66. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-37 de 1996 estudió la constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, y respecto del artículo 68, señaló:
“el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.”
67. Con base en la interpretación de la Corte Constitucional y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de la época, la tendencia jurisprudencial se encaminó a declarar la responsabilidad del Estado por régimen objetivo, en 3 supuestos: 1). Que la conducta no existió; 2). Que el sindicado no la cometió; o 3). Que el hecho no era punible. En los demás casos debía acreditarse una falla en el servicio si se pretendía la declaratoria de responsabilidad del Estado y el consecuente restablecimiento del derecho.
68. La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 4 de diciembre de 2006, modificó su jurisprudencia, en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad de una persona que, a la postre, se le exoneró de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo, por un título objetivo, ello porque cuanto, después de un ejercicio de ponderación, prevalecía el derecho fundamental a la libertad de la persona, sobre el interés general concretado en la eficaz, pronta y cumplida Administración de Justicia.
69. El 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en el sentido de fijar reglas para el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado por Privación injusta de la libertad, entre ellas: 1). Es posible estudiar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en supuestos diferentes a los del artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991; 2). El artículo 68 de la Ley 270 de 1996 no puede constituir un instrumento de interpretación restrictiva de la responsabilidad patrimonial del Estado (Artículo 90 C.N.); 3). Por regla general, el régimen de imputación en los supuestos de privación injusta de la libertad, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo, es objetivo por daño especial, sin que ello sea óbice para que, en los eventos en que así lo amerite, se estudie por falla en el servicio; 4). En todo caso, sea cual sea el régimen de imputación, debe verificarse la existencia de causales eximentes de responsabilidad, no limitándose el estudio a la culpa de la víctima.
70. Mediante nueva sentencia de unificación de 5 de julio de 2018, la Corte Constitucional precisó que el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, no establecen un título específico de imputación; por el contrario, prevé la posibilidad para el juez, de adecuar la situación específica al título pertinente.
71. No obstante lo expuesto, la Corte Constitucional recordó que la falla en el servicio es el título de imputación preferente, y que los títulos de responsabilidad objetiva son residuales, reservados para los casos en que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada. Indicó también que la determinación de injusta, de la privación de la libertad, implica definir si la providencia por medio de la cual se restringió la libertad de la persona, se enmarcó dentro de los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
72. Fue clara la Corte en señalar que, en eventos como el de la aplicación del principio in dubio pro reo (por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia), porque operó atipicidad subjetiva o por falta de acreditación del dolo, condenar al Estado de forma automática, a partir de un título de imputación objetivo, sin un análisis acerca de la razonabilidad, proporcionalidad, conveniencia y oportunidad de la decisión que restringió la libertad, contraviene el precedente constitucional erga omnes definido por la Sentencia C-37 de 1996.
73. Refirió además la Corte Constitucional que, sin importar el régimen de responsabilidad estatal que se utilice, debe valorarse la conducta de la víctima, pues esta tiene la virtualidad de definir la responsabilidad o no del Estado.
74. Este mismo supuesto de responsabilidad ha sido muchas veces estudiado por esta Corporación; la tendencia actual fue fijada mediante sentencia de 15 de agosto de 2018, en la cual, la Sección Tercera se apartó de la tesis que se había fijado desde 2013, por considerar que, en aquella bastaba que existiera una privación de la libertad y que el proceso no terminara con condena, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, sin importar que la medida de aseguramiento se hubiera avenido a derecho; es decir, no se estudiaba la antijuridicidad del daño y no se verificaba si fue la misma conducta del investigado la que llevó a la imposición de dicha carga.
75. Para unificar su criterio en 2018, la Sección consideró importante un análisis, incluso de oficio, acerca de la participación o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño, análisis consistente en corroborar si, a la luz de los artículos 63 del Código Civil y 70 de la Ley 270 de 1996, el actuar de la víctima dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento, toda vez que, de acreditarse tal situación, procedería la exoneración de responsabilidad patrimonial del Estado.
76. En virtud de lo anterior, la Sala unificó la jurisprudencia en el sentido que, en cualquiera de los supuestos de privación de la libertad, esto es, cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del investigado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, se deberá analizar la antijuridicidad del daño a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, además de verificar, incluso de oficio, si el privado de la libertad actuó, desde la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, dando lugar a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
77. Adicionalmente, refiere la actual jurisprudencia que el juez debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño; entonces da libertad al juez para encausar el análisis jurídico bajo el título de imputación que considere pertinente, siempre que se especifiquen las razones que le llevaron a adoptar tal determinación.
78. Acorde con lo anterior, es dable concluir que, tanto la Corte Constitucional como la Sección Tercera del Consejo de Estado coinciden en que, en el caso de privación injusta de la libertad, no se privilegia un régimen único de responsabilidad; sin embargo, cualquiera que se adopte, objetivo o subjetivo, debe efectuar un análisis respecto de, si la medida fue legal, proporcionada y razonable. Aunado a ello, se debe verificar la antijuridicidad del daño, si el investigado dio lugar a la medida privativa de la libertad con su actuar doloso o gravemente culposo. La Sección Tercera del Consejo de Estado impuso adicionalmente, para el juez, la obligación de identificar la autoridad llamada a reparar el daño.
79. De acuerdo con lo anterior, la Sala procede a efectuar el análisis del caso concreto, analizando la existencia de los elementos de la responsabilidad a fin de establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
2.3.2. El caso concreto
80. El objeto del pronunciamiento, para la Sala, se orienta a determinar si en el presente asunto confluyen los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad del señor Jairo Enrique Rodríguez López, o si por el contrario, como se afirmó en la sentencia de primer grado, no existió una privación injusta de la libertad y consecuentemente se deben negar las pretensiones de la demanda.
81. En lo que respecta al régimen de responsabilidad aplicable, se insiste, ni el artículo 90 Constitucional, ni la Ley 270 de 1996, y mucho menos la jurisprudencia, han establecido un régimen de imputación único, dejando tal decisión en manos del juez, a la luz de las circunstancias particulares de cada caso.
82. En el anterior entendido, la Sala considera pertinente verificar la existencia del elemento trasversal a todos los títulos de imputación como es el daño, luego, establecida la legalidad o ilegalidad de la medida privativa de la libertad, endilgar el mismo a las entidades demandadas, por el título de imputación pertinente.
83. En efecto, con independencia del régimen de responsabilidad, el daño es el primer elemento que debe confluir a efectos de una declaratoria de responsabilidad del Estado, en este sentido, se adujo por los demandantes que consiste en la privación de la libertad de Jairo Enrique Rodríguez López desde el 29 de marzo de 2003 hasta el 18 de marzo de 2005 (23 meses y 19 días) y los posteriores señalamientos, persecución y amenazas en contra de su vida y la de su familia.
84. Efectivamente, se logró demostrar dentro del proceso que Jairo Enrique Rodríguez López fue privado de la libertad por orden de la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Meta, privación que se hizo efectiva a partir del 29 de marzo de 2003 y, que permaneció vigente la medida hasta el 18 de marzo de 2005, fecha en que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio profirió sentencia absolutoria en su favor y ordenó su libertad provisional. En la misma fecha se hizo efectiva la orden de libertad.
85. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, desarrollado por los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, el daño, para que sea reparable, debe tener la característica de antijurídico, precisamente por ser injusta la privación de la libertad, esto es, que quien lo sufre no se encuentre en el deber jurídico de soportarlo. Igualmente, de acuerdo con el carácter unificador de las sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, se torna imprescindible el estudio de antijuridicidad del daño.
86. La antijuridicidad, referente a los daños alegados por la privación injusta de la libertad, consiste en que, la libertad como valor supremo, reconocido en normas constitucionales y supranacionales, sólo puede restringirse por orden de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley; no obstante, en aquellos casos en que, luego de la investigación y surtidas las etapas procesales, no se logra desvirtuar la presunción de inocencia, dable es concluir que la persona no se encontraba en el deber jurídico de soportar ese daño.
87. Lo anterior, además de reconocer la supremacía del valor de la libertad, va de la mano con los principios de igualdad, justicia, debido proceso y dignidad humana, en la medida que, efectuando un test de proporcionalidad, la libertad de la persona no puede verse menguada so pretexto de la obligación del Estado de investigar los posibles delitos que se pudieren cometer, lo que, en el evento de no lograrse desvirtuar la presunción de inocencia, se insiste, permite otorgarle al daño la valoración de antijurídico.
88. Es importante distinguir que, una cosa es que la persona no se encontrara en el deber jurídico de soportar el daño, y otra muy diferente que, con su actuar, la víctima hubiere incidido en la causación del mismo (privación de la libertad), por ello, el primer supuesto se estudia en sede de antijuridicidad y el segundo, al momento de verificar el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, pues en ese momento ya no se refiere la decisión al deber jurídico sino que se entra a analizar lo fáctico.
89. En el asunto bajo estudio, la misma providencia absolutoria, dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, da cuenta de la antijuridicidad del daño, dado que, se mantuvo privado de la libertad al señor Jairo Enrique Rodríguez López, por lapso cercano a 2 años, sin que a la postre se lograra atribuir la autoría de delito alguno, por el contrario, tanto la Fiscalía delegada para el caso, como el Ministerio Público, ante la ausencia de pruebas de su responsabilidad penal, solicitaron que se emitiera una sentencia absolutoria.
90. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico en cabeza de los demandantes como primer elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado.
91. En lo referente a la imputación del daño, se torna necesario, en primer lugar, el estudio de la legalidad de la medida privativa de la libertad, toda vez que es esta la que definirá el título de imputación a aplicar, si se llegara a acreditar una falencia que haga evidente una actuación irregular del Estado, necesariamente se abordará el caso desde la óptica de la falla en el servicio; por el contrario, para que sea aplicable un título de imputación objetivo por daño especial, es imprescindible que el actuar del Estado carezca de reproche y que se haya causado al particular un daño, con las características de especial, anormal y antijurídico.
92. De acuerdo con lo anterior, se vislumbra que mediante Resolución de 3 de abril de 2003, la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio profirió medida de aseguramiento en contra de Jairo Enrique Rodríguez López, como determinador del homicidio del señor Noel Ampudia Rubio, en concurso con la autoría de los delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, falsedad ideológica en documento público y rebelión; los fundamentos de la decisión, a pesar de esbozar ciertos apasionamientos y suspicacias en su contenido, no dan cuenta de falencias que ameriten predicar una falla en el servicio, pues se basó en pruebas suficientes que llevaron al funcionario al convencimiento de que existían indicios de responsabilidad, oportunidad y mentira en contra del hoy demandante, sin que sea este el escenario para esbozar interpretaciones diferentes acerca de las mismas pruebas.
93. En efecto, con la concatenación de pruebas, en especial los señalamientos directos efectuados tanto por la señora Ana Graciela Rincón Gutiérrez, como por el entonces alcalde de Vista Hermosa, José Leonel Castaño, se establecieron indicios graves de responsabilidad respecto de la autoría, en calidad de determinador, que tuvo el señor Jairo Enrique Rodríguez en el homicidio del señor Noel Ampudia Rubio y, si bien, al momento de calificar el sumario, precluyó y revocó parcialmente la medida de aseguramiento en su contra por los delitos de rebelión, peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público, lo cierto es que en la misma Resolución resolvió acusarlo como determinador del referido homicidio, sin ser injustificada hasta ese momento la privación de la libertad.
94. Ahora bien, dan cuenta las pruebas allegadas que el Juzgado 3 Penal Especializado del Circuito no arribó a la certeza de la comisión del delito por parte del señor Rodríguez López, sin embargo, ello no conlleva en sí mismo un desacierto por parte de la administración; al contrario, ello confirma que los estándares probatorios son diferentes en uno u otro momento procesal, pues mientras para imponer medida de aseguramiento, la norma vigente exigía la acreditación de dos indicios graves de responsabilidad, mientras que para emitir una sentencia condenatoria se requería prueba que condujera a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.
95. Como consecuencia de lo anterior, dable es concluir que, de acuerdo con el material probatorio obrante al momento de proferir la medida de aseguramiento en contra del señor Jairo Enrique Rodríguez López, la misma se adoptó de manera legal y ajustada a la normatividad vigente.
96. En consideración de la Sala, el presente caso es ejemplo de aquellos en que el Estado, con su actuar legítimo, inflige daños a particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad frente a las cargas públicas y equidad, a que la persona no deba soportarlo.
97. En efecto, se causa un daño especial y anormal a la persona cuando la sociedad se beneficia con el actuar del Estado, consistente en privar de la libertad a la persona, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, en detrimento de los derechos de aquella, sin que a la postre se le logre desvirtuar la presunción de inocencia, pues, recuérdese que la libertad es un derecho fundamental a la luz de la Constitución Política de Colombia y que su privación necesariamente debe ser una medida excepcionalísima, a la luz de los instrumentos supranacionales incorporados a la legislación colombiana mediante la Ley 16 de 1972 y la Ley 74 de 1968.
98. El procedimiento penal vigente para la época de los hechos también se refiere a la excepcionalidad que debía revestir la medida de aseguramiento, al señalar que la medida tiene como finalidad garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria, siendo improcedentes otras justificaciones para la privación de la libertad sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia.
99. Lo anterior no implica per se, que una vez absuelta la persona, automáticamente sea acreedor de una reparación patrimonial por parte del Estado, pues, en los términos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 15 de agosto de 2018, es importante la verificación de la actuación del procesado a efectos de que esta indique la anormalidad o no del daño y se pueda establecer la antijuridicidad del mismo.
100. En el presente asunto, el señor Jairo Enrique Rodríguez López fue capturado el 29 de marzo de 2003, en ese momento manifestó encontrarse afectado por el arresto y en el momento en que se le informó que tenía derecho a una llamada, la efectuó a su esposa Sandra Patricia Vallejo Araujo; al momento de ser indagado, fue contundente en afirmar su inocencia, respondió a cada una de las preguntas que se le formularon, dio cuenta de una relación normal con el señor Noel Ampudia, especificó no haber estado relacionado con actividades delictivas ni con actividades que afectaran el erario y, en general, direccionó sus esfuerzos argumentativos a demostrar su inocencia.
101. De las pruebas relacionadas en el acápite correspondiente, no se vislumbra de manera contundente un actuar del señor Jairo Enrique Rodríguez López que, valorada en conjunto, fuera determinante y eficiente para la imposición de la medida de aseguramiento, por el contrario, las pruebas recaudadas con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento favorecen su dicho, al punto que al momento de formular la acusación, la misma Fiscalía, al calificar el mérito del sumario, precluyó la investigación en su contra por los delitos de rebelión, peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público, manteniendo la medida únicamente por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador.
102. En el mismo sentido, las pruebas recaudadas llevaron finalmente a la absolución del acusado, habida cuenta que no se recaudó una prueba que pudiera llevar a la certeza de la comisión del delito de homicidio agravado en calidad de determinador por el señor Jairo Enrique Rodríguez López y en cambio, las pruebas recaudadas desvirtuaron algunos de los fundamentos de la medida de aseguramiento; como ejemplos de pruebas desvirtuadas se señalaron:
103. 1). La señora Ana Graciela Rincón Gutiérrez manifestó que una concejal de Vista Hermosa de nombre Linda le manifestó haber escuchado que el señor Jairo Rodríguez y el Asesor Jurídico del municipio le manifestaban a un integrante de la guerrilla que el señor Noe Ampudia era informante de los paramilitares, sin embargo, en declaración rendida por la señora Linda Lilianne Sánchez Sánchez, concejal del municipio de Vista Hermosa, expresó contundentemente que “No, yo en ningún momento escuché ninguna clase de comentarios sobre la muerte de NOEL AMPUDIA RUBIO por parte de LUIS EDUARDO, ni por parte de la guerrilla, pues si así hubiera sido yo le hubiera hecho saber inmediatamente al señor NOEL AMPUDIA porque era muy buen amigo mío y a la defensoría que era la única autoridad en el Municipio que no estaba bajo la presión de la guerrilla”.
104. 2). El entonces alcalde de Vista Hermosa, José Leonel Castaño refirió que había malversación de recursos por parte del señor Jairo Rodríguez por órdenes de la guerrilla y que de ello tenía los archivos y soportes, sin embargo, nunca aportó tales documentos, por el contrario, al momento de la audiencia pública, se prescindió de su testimonio, en razón que tenía orden de captura vigente y se desconocía su paradero.
105. Contrario a ello, el ejercicio probatorio posterior a la imposición de medida de aseguramiento llevó tanto al Fiscal Sexto Especializado de Villavicencio, como al Procurador 27 Judicial Penal II y lógicamente al defensor de los implicados a solicitarle al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio que profiriera sentencia absolutoria en el asunto por no existir fundamento fáctico suficiente para endilgarle a los implicados el delito por el que se les acusó.
106. Al respecto, de conformidad con las conclusiones de la Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional, en casos como el presente, en que operó la absolución en virtud del principio in dubio pro reo, no debe operar automáticamente un título de imputación objetivo, sin que sea vedada su aplicación, sino que debe establecerse si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria; sin embargo, existen casos como el presente en que la desproporción de la medida no deviene necesariamente de ilegalidad en la medida, lo cual se expuso en líneas precedentes.
107. En efecto, en el presente asunto, la Sala se enfrenta a una situación totalmente diferente a la estudiada en sede de tutela por la Corte Constitucional, toda vez que, en el caso bajo estudio, sin predicarse un error en la decisión por medio de la cual se impuso medida de aseguramiento, tampoco hay lugar a atribuir a la víctima la responsabilidad del daño sufrido, por el contrario, el haber desvirtuado las pruebas que dieron fundamento a la medida de aseguramiento, hace desproporcionada la medida para la víctima, sin llegar al extremo de convertir esta última en una falla en el servicio.
108. En conclusión, en el presente asunto, a los demandantes se les ocasionó un daño que reviste las características de especial, anormal y antijurídico, en el sentido que, se vulneró el derecho fundamental a la libertad del señor Jairo Enrique Rodríguez López sin que su actuar fuera causa eficiente de la privación de la libertad, por lo que, por el régimen de responsabilidad objetivo del daño especial, se deberá declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
109. Ahora bien, atendiendo la sentencia de unificación de la Corporación, de 15 de agosto de 2018, el juez debe identificar la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño; de esta manera, en el presente asunto, el señor Rodríguez López estuvo privado de la libertad a partir del 29 de marzo de 2003 por orden de la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, lo cual compromete la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad en el presente asunto.
110. Igualmente, es pertinente declarar la responsabilidad de a la Nación – Rama Judicial, toda vez que el Juzgado 3 Penal del Circuito de Villavicencio recibió el proceso por reparto de 1 de abril de 2004, es decir, desde ese momento la libertad de los implicados se encontraba privada bajo su responsabilidad, hasta el 18 de marzo de 2005, fecha en que el señor Rodríguez López recobró la libertad, razón por la cual, se declarará la responsabilidad solidaria de las Entidades demandadas, en igual proporción.
111. En virtud de lo esbozado, se revocará la sentencia proferida en primera instancia el 1 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo del Meta, para en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial solidaria de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que sufrió Jairo Enrique Rodríguez López entre el 29 de marzo de 2003 y el 18 de marzo de 2005.
2.4. Indemnización de perjuicios
112. Establecida la concurrencia de los elementos de la responsabilidad del Estado, en cabeza de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación en el presente asunto, la Sala entrará a determinar los perjuicios que se reconocerán a los demandantes.
113. En el presente asunto, los demandantes solicitan el pago de perjuicios morales en la siguiente cuantía:
Perjuicios morales solicitados en la demanda
Demandante
Cuantía
Prueba de parentesco
Jairo Enrique Rodríguez López (Víctima directa)
100 SMLMV
Sandra Patricia Vallejo Araujo (Esposa)
100 SMLMV
Registro Civil de Matrimonio (Fl. 76 C.1)
Sebastián Camilo Rodríguez Vallejo (Hijo)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 67 C.1)
Nicolás Enrique Rodríguez Vallejo (Hijo)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 77 C.1)
José Isaac Rodríguez Méndez (Padre)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento de Jairo Enrique Rodríguez López (Fls. 68-69 C.1)
Aura María López de Rodríguez (Madre)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento de Jairo Enrique Rodríguez López (Fls. 68-69 C.1)
Gloria Inés Rodríguez López (Hermana)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 74 C.1) y Partida de bautismo (Fl. 78 C.1)
Edgar Mauricio Rodríguez López (Hermano)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 71 C.1)
Olga Lucía Rodríguez López (Hermana)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 72 C.1)
Oscar Gonzalo Rodríguez López (Hermano)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 73 C.1)
Isabel Cristina Rodríguez López (Hermana)
100 SMLMV
Registro Civil de Nacimiento (Fl. 75 C.1)
114. La privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, dolor, angustia, zozobra, tanto en la persona que la sufre, como en su núcleo familiar y afectivo, así, habiéndose acreditado el interés para solicitar la reparación de cada uno de los demandantes, respecto del monto a indemnizar, la Sala acude a los criterios esgrimidos en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Habida consideración que el tiempo de privación de la libertad fue superior a 18 meses, se reconocerán los siguientes perjuicios morales:
REPARACIÓN DE PERJUICIOS MORALES
Demandante
Cuantía
Jairo Enrique Rodríguez López (Víctima directa)
100 SMLMV
Sandra Patricia Vallejo Araujo (Esposa)
100 SMLMV
Sebastián Camilo Rodríguez Vallejo (Hijo)
100 SMLMV
Nicolás Enrique Rodríguez Vallejo (Hijo)
100 SMLMV
José Isaac Rodríguez Méndez (Padre)
100 SMLMV
Aura María López de Rodríguez (Madre)
100 SMLMV
Gloria Inés Rodríguez López (Hermana)
50 SMLMV
Edgar Mauricio Rodríguez López (Hermano)
50 SMLMV
Olga Lucía Rodríguez López (Hermana)
50 SMLMV
Oscar Gonzalo Rodríguez López (Hermano)
50 SMLMV
Isabel Cristina Rodríguez López (Hermana)
50 SMLMV
115. Respecto los perjuicios materiales, en primer lugar, en lo referente al lucro cesante, refiere la demanda que corresponde a las sumas dejadas de devengar con ocasión de la privación de la libertad, sobre la base de un ingreso mensual de $7.690.050 por el tiempo de privación de la libertad desde el 29 de marzo de 2003 hasta el 18 de marzo de 2005 (23.5 meses) más los intereses.
116. Junto con la demanda se allegaron certificaciones expedidas por la Corporación Algodonera de los Llanos Corallanos, Algodoneros de Villavicencio S.A. y Abel Augusto Gamba, con las cuáles pretendió acreditar la cuantía del lucro cesante, allí se menciona que Jairo Enrique Rodríguez López prestó sus servicios de asistencia técnica y le pagaron $8.985.000,oo, $13.935.000,oo y $16.000.000,oo respectivamente, sin embargo, no se allegó un contrato, comprobantes de consignación, facturas de prestación de servicios, ni una prueba que realmente permita establecer que esos eran los ingresos por sus servicios; además, allegó copia de la escritura pública 762 de 6 de marzo de 2003, de la Notaría Segunda de Villavicencio, por la cual se constituyó la sociedad Unidad Biotécnica Agropecuaria Ltda, sin que se acreditara, por ningún medio, que esa sociedad le representaba un ingreso, y mucho menos, que ese ingreso se hubiese truncado por causa de la privación de la libertad.
117. Igualmente, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 58 de 1982, se extraña la declaración de renta del señor Jairo Enrique Rodríguez que pueda dar certeza de los daños de que pretenden reparación. Por lo anterior, ante falta de prueba que brinde certeza de los ingresos del accionante, se adopta la presunción de que cada persona en edad productiva devenga por lo menos un (1) salario mínimo.
118. El salario mínimo para el año 2005 correspondía a $381.500,oo, los que actualizados a 2019 son $677.959,48, suma inferior al salario mínimo de 2019 ($828.116,oo), entonces, por razones de equidad y reparación integral del daño, se tendrá este último como base para el cálculo del lucro cesante; al salario mínimo se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales, es decir, se incrementará en $207.129,oo, para un total mensual de $1.035.145,oo.
119. Aplicando la fórmula matemática adoptada por la Corporación para el lucro cesante consolidado, tenemos:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $1.035.145 x (1+ 0.004867)23.63 - 1
0.004867
S = $25.855.996,01
120. En relación con el daño emergente, refieren los demandantes haber tenido que pagar gastos de restaurante en el lugar de reclusión (caspete), consignaciones semanales por manutención en el INPEC, cobro de impuesto de paramilitares por seguridad e investigación, gastos de garaje y reparación de vehículo de su propiedad, pago de segundo semestre de la especialización en finanzas públicas que cursaba en la Escuela Superior de Administración Pública y pago de honorarios profesionales a sus apoderados dentro del proceso penal.
121. Respecto de los conceptos deprecados como daño emergente, además de las precisiones que puedan efectuarse respecto de la legitimidad de esos cobros y de aquellos que realmente no comportan un daño emergente; lo cierto es que cualquier análisis al respecto está de más, puesto que los demandantes no acreditaron en debida forma el pago de suma alguna por esos conceptos, que es el mínimo requisito para su reconocimiento, razón por la cual se negará el pago de suma alguna por esta categoría de perjuicios.
122. Los demandantes también solicitaron la reparación del “daño o perjuicio extrapatrimonial causado por la violación de los derechos fundamentales a la libertad, al buen nombre y honor, la familia y al debido proceso” en cuantía de 25 smlmv por cada derecho conculcado, en total 100 smlmv para cada uno de los demandantes; al respecto, la Sección Tercera de la Corporación ha unificado su jurisprudencia respecto de los perjuicios inmateriales, reconociendo la categoría de perjuicio autónomo al denominado daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, el cual se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario, cuando se evidencie una grave vulneración a este tipo de derechos, previa declaratoria expresa de responsabilidad del Estado por la vulneración de los mismos.
123. En los términos de las sentencias de unificación citadas, contrastadas con la solicitud de reparación en el caso concreto, se evidencia que aquí no se presentó una relevante violación de los derechos constitucional y convencionalmente amparados, toda vez que, la declaratoria de responsabilidad al Estado por régimen objetivo de daño no obedece a que se haya acreditado la vulneración de derechos de los demandantes, sino a que, de acuerdo con el principio de igualdad frente a las cargas públicas, no era la detención preventiva una carga que debiera soportar el ciudadano sin que se desvirtuara la presunción de inocencia, pero, al haberse acudido por el juez penal a la aplicación del principio in dubio pro reo para absolverle, tampoco se acreditó una abierta desproporción de la medida. Por lo expuesto, se negará la reparación del perjuicio solicitado al no existir fundamento para el reconocimiento de este tipo de perjuicios.
124. Se solicitó además en la demanda, el reconocimiento y pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes por concepto de daño a la vida de relación; no obstante, recuerda la Sala que desde el 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera señaló:
“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación”.
125. En tal sentido, refieren los demandantes que la privación de la libertad del señor Jairo Enrique Rodríguez López generó una estigmatización y alteró la relación de la familia con su entorno; sin embargo, lo dicho no pasó del plano de la afirmación, pues no se probó este impacto en la vida de los demandantes, por el contrario, se acreditó el apoyo que recibió el señor Rodríguez López de su círculo social, al punto que, sus amigos, colegas y conocidos (41 firmantes) allegaron al proceso penal sendos documentos por los cuales dieron cuenta de que en su concepto, era una persona “…de excelente conducta, buen comportamiento social, de buenos modales, buenas costumbres, responsable, trabajador y hogareño”, lo cual permite vislumbrar que contrario a señalamientos, la familia recibió apoyo de la comunidad en la situación que atravesaron.
126. No se observa otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que merezca una valoración e indemnización a través de la tipología tradicional del daño a la vida de relación; toda vez que en relación con el daño al buen nombre, a pesar de que pudiera verse inmerso en esta categoría, no se allegó prueba alguna de vulneración relevante; por ende, se negará el reconocimiento de este tipo de perjuicios.
127. Al negarse este tipo de perjuicios y por las mismas razones, es lógico que no se acceda a las medidas de reparación no pecuniarias que también solicitaron en la demanda, pues las mismas, en los términos de las sentencias de unificación ya citadas, obedecen al resarcimiento por afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, mismos que no se acreditaron.
2.5. Costas
128. Toda vez que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. Decisión
129. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 1 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: DECLARAR solidariamente responsables a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios ocasionados a JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ, SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO, SEBASTIÁN CAMILO RODRÍGUEZ VALLEJO, NICOLÁS ENRIQUE RODRÍGUEZ VALLEJO, JOSÉ ISAAC RODRÍGUEZ MÉNDEZ, AURA MARÍA LÓPEZ DE RODRÍGUEZ, GLORIA INÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ, EDGAR MAURICIO RODRÍGUEZ LÓPEZ y OLGA LUCÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ, con ocasión de la privación de la libertad del señor JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ, la cual tuvo lugar desde el 29 de marzo de 2003 hasta el 18 de marzo de 2005 (23 meses y 19 días).
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES, el equivalente en pesos a las siguientes sumas:
Demandante
Cuantía
Jairo Enrique Rodríguez López (Víctima directa)
100 SMLMV
Sandra Patricia Vallejo Araujo (Esposa)
100 SMLMV
Sebastián Camilo Rodríguez Vallejo (Hijo)
100 SMLMV
Nicolás Enrique Rodríguez Vallejo (Hijo)
100 SMLMV
José Isaac Rodríguez Méndez (Padre)
100 SMLMV
Aura María López de Rodríguez (Madre)
100 SMLMV
Gloria Inés Rodríguez López (Hermana)
50 SMLMV
Edgar Mauricio Rodríguez López (Hermano)
50 SMLMV
Olga Lucía Rodríguez López (Hermana)
50 SMLMV
Oscar Gonzalo Rodríguez López (Hermano)
50 SMLMV
Isabel Cristina Rodríguez López (Hermana)
50 SMLMV
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ, la suma de $25.855.996,01, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: EJECUTAR esta Sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Folios 420 a 429 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 9 a 57 cuaderno 1.
Folios 1 a 8 cuaderno 1.
Folios 220 a 230 y 277 a 287 del cuaderno 1.
Folios 259-269 del cuaderno 1.
Folios 288-290 del cuaderno 1.
Folio 356 del cuaderno 1.
Folios 376-391 del cuaderno 1.
Folios 357-366, 367-375 y 392-401 del cuaderno 1.
Folios 420 a 429 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 431 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 442 a 456 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 458 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 460 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 461 a 468 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 144 a 178 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folios 211 a 220 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 67 a 78 del cuaderno 1.
Que fue quien compareció al proceso desde la misma contestación de la demanda (Folio 270 cuaderno 1).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12 de marzo de 2013, Radicado No.11001-03-15-000-2011-00125-00. “Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica”.
[Nota del texto trascrito] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 22597, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
[Nota del texto trascrito] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 24078, M.P. Ramiro Pazos Guerrero: “(…) En cuanto a las indagatorias. La indagatoria rendida por Miguel Rodríguez Orejuela, arrimada a este proceso, proveniente de la Dirección Nacional de Fiscalías, la cual contribuyó a desvirtuar que el demandante Enrique Mancera estaba relacionado con el “cartel de narcotráfico de Cali”, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que se trata de una versión que se obtuvo sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúne las características necesarias para que pueda considerársela como testimonio. Lo anterior no es impedimento para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida”.
[Nota del texto trascrito] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 36170 y del 25 de julio de 2016, rad. 37125, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 1 de agosto de 2016. Rad. 20001-23-31-000-2008-00263-01(42376). Posición que ya se venía sosteniendo en otras oportunidades, ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26 de noviembre de 2015. Rad. 66001-23-31-000-2008-00074-01(36170).
Aclarando que son los hechos probados que atañen a la situación del demandante y que son relevantes.
Folio 80 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folio 103 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folios 144 a 178 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folios 239 a 251 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folios 300 a 312 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folio 318 del cuaderno 3 (Anexo 2).
Folios 34 a 39 y 44 a 49 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 61 a 63 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 64 a 68 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 155 a 158 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 159 a 162 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 163 a 166 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 167 a 170 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 171 a 175 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 210 a 219 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 239 a 242 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 247 a 248 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 280 a 283 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 286 a 293 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 294 a 298 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folios 379 a 412 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folio 420 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folio 428 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folio 429 a 439 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folio 442 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 443 a 447 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 457 a 464 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 465 a 468 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folio 497 del cuaderno 5 (Anexo 4). Reparto de 1 de abril de 2004
Folios 506 a 509 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 94 a 95 del cuaderno 5 (Anexo 4) – [Cambia la foliatura].
Folios 130 a 143 del cuaderno 5 (Anexo 4) – [Se extraña el folio 4 de esa diligencia]
Folios 144 a 154 del cuaderno 5 (Anexo 4)
Folios 162 a 172 del cuaderno 5 (Anexo 4)
Folios 211 a 220 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 223 y 225 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Folios 235 y 241 del cuaderno 5 (Anexo 4).
Ley 270 de 1996. Artículo 65.
Ibídem. Artículo 68.
Corte Constitucional
Decreto 2700 de 1991. “ARTICULO 414. INDEMNIZACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.” (Subraya fuera de texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 4 de diciembre de 2006. Rad: 25000-23-26-000-1994-09817-01(13168).
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 17 de octubre de 2013. Rad: 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354). Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de agosto de 2018. Exp. 46.947. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 17 de octubre de 2013. Exp. 23.354. Mediante Resolución de 3 de abril de 2003, dentro del proceso con radicado 53.618. Acta de derechos del capturado de 29 de marzo de 2003. Folio 80 Cuaderno 3 (Anexo 2). Folios 211 a 220 del cuaderno 5 (Anexo 4). Folios 223 y 225 del cuaderno 5 (Anexo 4). Constitución Política. Artículo 2: “(…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
Artículo 28: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”
Desde el mismo preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. El artículo 3 de la misma declaración refiere: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”. Ley 600 de 2000. Artículo 3. Principalmente acude a las declaraciones del entonces alcalde de Vista Hermosa, José Leonel Castaño, la esposa e hija de la víctima, Carmen Cecilia Vásquez de Ampudia y Erika Ampudia, valorándolas en conjunto con la denuncia presentada por el entonces personero del municipio Willinton Trujillo Tovar y el señalamiento directo que efectuó la señora Ana Graciela Rincón Gutiérrez. Tales pruebas contrastadas con la indagatoria rendida por el señor Jairo Enrique Rodríguez López y por Luis Eduardo Vallejo Araujo.
Folio 202 del Cuaderno 2 (Anexo 1): “…ellos, ósea la Tesorera, el Asesor Jurídico y el Secretario de Gobierno iban y le contaban a la guerrilla, le inventaban calumnias, que NOEL el Almacenista no estaba de acuerdo con lo que se hacía, en la semana antes de que lo mataran nosotros conversamos sobre lo que estaba pasando y él me comentó que el señor Asesor Jurídico mantenía muy pendiente de cuando iba a viajar él, que a qué horas, en cual bus…” (…) “…la concejal LINDA no recuerdo su apellido, ella se encuentra ahora aquí en Villavicencio porque la guerrilla le mató al papá, ella tiene algo claro que le dijo el señor LUIS EDUARDO el Asesor Jurídico y el Secretario de Gobierno cuando estaban almorzando en el restaurante con el ROLO un politólogo de la guerrilla, ella escuchó cuando le decían que don NOE era informante de los paramilitares, que él se bajaba en Granada y entraba al Batallón 21 Vargas…”
Folios 168 a 173 del Cuaderno 2 (Anexo 1): “…aparece en la Alcaldía el comandante PITUFO de Piñalito, con dos caballeros para que los nombrara en las vacantes de Secretario de Gobierno y Asesor jurídico, ellos son LUIS EDUARDO VALLEJO y JAIRO RODRÍGUEZ, entonces ellos dos siguiendo las instrucciones de los funcionarios salientes, siguen con las mismas, o sea haciendo aparecer compras de objetos que no aparecieron pero sí aparecían las cuentas de cobro…” (…) “Ese mismo día [1 de mayo de 2001] salen del municipio de Vista Hermosa para Villavicencio, el Personero Municipal, el Secretario de Gobierno y el Asesor Jurídico como a la una de la tarde y se vinieron en un bus y ese día AMPUDIA sale como a las tres de la tarde en otro bus para acá y asesinan al almacenista NOEL AMPUDIA en cercanías de San Juan de Arama, lo bajaron dos hombres del bus con peluca y lo bajan del bus para asesinarlo, luego me dediqué a indagar al respecto y una señora de nombre MARGARITA y una hija de ella que venían en el mismo bus me dijeron que reconocían a uno de los que tenían las pelucas y dicen que era el PAISA JAVIER que es el jefe de las Milicias de Vista Hermosa, del otro lo describen pero no lo reconocen (…) fueron funcionarios de la Alcaldía los que le hicieron el montaje para hacerlo asesinar, entonces cuando mataron al almacenista, el Personero regresa a los veinte días al pueblo y el Secretario de Gobierno y el Asesor Jurídico no volvieron al municipio, el Secretario de Gobierno a los diez días me mandó la carta de renuncia y el Asesor Jurídico me envía carta de renuncia a los doce días en las cuales exponían razones de seguridad, pero ellos ya habían sido declarados fuera del cargo por abandono, ellos salieron el mismo día de la muerte de AMPUDIA, no pidieron permiso para irse.” (…) “Ahí no hay que dudarlo que fueron JAIRO RODRÍGUEZ, LUIS EDUARDO VALLEJO y WILLINTON TRUJILLO, porque a él lo amenazó días antes LUIS EDUARDO VALLEJO cuando le pidió unas facturas y entradas al almacén y le respondió que se estaba metiendo mucho y que eso lo iba a perjudicar, entonces para mí tengo que ese perjuicio se terminó con su muerte y ahí no hay dudas y mucho más cuando estos caballeros desaparecen del pueblo siendo funcionarios y no aparecen más.”
Mediante Resolución de 20 de enero de 2004. Ley 600 de 2000. Artículo 356. Ley 600 de 2000. Artículo 232. Ley 16 de 1972 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”. “ARTÍCULO 7º. Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (…)” (Subrayado por la Sala)
Ley 74 de 1968 “Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966". Parte III – Artículo 9 “3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. (…) 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.” (Destaca la Sala)
Ley 600 de 2000. “Artículo 3°. Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de su libertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad.”
Concordante con: “Artículo 355. Fines. La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.”
Folios 64 a 68 del cuaderno 4 (Anexo 3).
Folio 162 del cuaderno 5 (Anexo 4)
Ya citada sentencia SU-72 de 2018.
Ibídem.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación – Rama Judicial.
El tiempo de privación de la libertad de Jairo Enrique Rodríguez fue superior a 18 meses.
Folio 80 del Cuaderno 1.
Folio 81 del Cuaderno 1.
Folio 82 del Cuaderno 1.
Al respecto, ver entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Radicado: 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 y exp. 26251.
Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia de 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222.
Folios 214 a 217 del cuaderno 4 (Anexo 3).
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