Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01
Consejero ponente: Conjuez Alfredo Beltrán Sierra
6 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONJUEZ PONENTE: ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
EL AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 21 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ORLANDO TORRES ALTAMAR, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a
los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe,
los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO3 al haber proferido las providencias de 21 de
febrero de 2022 y 22 de junio de 2023, respectivamente,
dentro de la acción de grupo identificada con el número único de
radicación 08001-33-33-003-2013-00067-01.
I.2.- Hechos
2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
Indicó que se dedica a la pesca artesanal en la Ciénaga de
Mallorquín, ubicada en el corregimiento de la Playa, en el Municipio
de Puerto Colombia (Atlántico) del cual deriva su sustento
económico.
Señaló que el Fondo de Restauración, Obras e Inversión Hídrica
Distrital celebró el contrato núm. FROIH 063-2011 con la empresa
Consultores de Desarrollo S.A. para la ejecución de obras públicas
tendientes al mejoramiento ambiental de la Subcuenta Arroyo
Grande y León, aledaño al corregimiento de la Playa, cuyo
desarrollo ocasionó una tragedia ambiental y llevó a la mortandad
de peces, moluscos y demás crustáceos en la Ciénaga de
Mallorquín.
Relató que ante la imposibilidad de seguir ejerciendo la pesca
artesanal, lo que le produjo graves daños materiales y morales,
promovió junto con otros pescadores acción de grupo contra el
Distrito E.I y P. de Barranquilla, el Fondo de Restauración, Obras e
Inversiones Hídricas y el municipio de Puerto Colombia, a la cual le
fue asignado el número único de radicación 2013-00067-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
Manifestó que el proceso le correspondió al JUZGADO que,
mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, denegó las
pretensiones al estimar que aun cuando se encontró probado el
daño ambiental en la Ciénaga de Mallorquín no se acreditó el daño
individual alegado por los allí demandantes, habida cuenta que no
se demostró que para esa época se desempeñaran como
pescadores ni el monto que devengaban.
Afirmó que inconformes con dicha decisión interpusieron recurso de
apelación, la cual fue confirmada por el TRIBUNAL mediante
providencia de 22 de junio de 2023, notificada el 29 de agosto de
2023.
Adujo que presentó incidente de nulidad contra el proceso de
primera instancia y las actuaciones surtidas con posterioridad a
esta, el cual fue rechazado de plano por el TRIBUNAL en proveído
de 28 de agosto de 2023, decisión contra la cual interpuso recurso
de apelación, siendo declarado improcedente por la misma
autoridad en auto de 23 de octubre de ese año.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
Destacó que presentó solicitud de adición y aclaración, así como
recurso de revisión eventual contra dicha decisión, solicitudes que
fueron denegadas por el TRIBUNAL en proveído de 24 de octubre
de 2023, y concedió el recurso.
Anotó que el recurso de revisión eventual le correspondió a la
Sección Primera del Consejo de Estado que, mediante providencia
de 14 de marzo de 2024, no seleccionó para revisión el asunto al
considerar que no se incurrió en ninguna de las causales previstas
en el artículo 273 del CPACA, por cuanto la decisión no fue contraria
a lo establecido en la sentencia de unificación.
Indicó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
insistencia el cual fue resuelto mediante proveído de 9 de mayo de
2024, en el que se confirmó la no selección para revisión de la
sentencia acusada.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en defecto fáctico, pues no atendieron las pruebas testimoniales,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
documentales y la prueba pericial que fue desechada de manera
errada, omitiendo aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado
que indica que debe privilegiarse el principio de reparación integral
del daño acudiendo a la presunción de ingreso de un salario mínimo
mensual vigente y las pruebas que demostraban el perjuicio moral
sufrido.
Destacó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en
violación directa de la Constitución, en la medida en que se
acogió una postura que desconoce la prueba documental,
testimonial y pericial aportada que demostraba su condición de
pescador.
Aseguró que las autoridades judiciales accionadas también
incurrieron en defecto procedimental, pues contra la sentencia
de primera instancia interpuso incidente de nulidad, el cual fue
denegado, decisión contra la cual se interpuso recurso de
apelación; no obstante, se continuó con la decisión de segunda
instancia, aun cuando lo correcto era decidir primero tal recurso.
Afirmó que el JUZGADO y el TRIBUNAL incurrieron en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
desconocimiento del precedente judicial, específicamente la
jurisprudencia4 emitida por el Consejo de Estado en lo que se
refiere a la calidad de sujetos de especial protección constitucional
con la que cuentan los pescadores; y que en casos similares se ha
accedido a la reparación integral del daño.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia, disponer:
“[…] en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su
señoría, se profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le
respeten en forma definitiva los derechos fundamentales
deprecados, examinando el caso concreto de cara a cada una de
las pruebas que obran el proceso de acción de grupo antes
mencionado, y con la aplicación de precedente judicial precitado.
Lo anterior, a fin de no hacer ilusorio las pretensiones de amparo
aquí planteadas, y someter al accionante a una nueva decisión
judicial.
4
Consejo de Estado, sentencia de 10 de junio de 2001 identificada con el número único de radicación
76001-23-31-000-2002-04584-00.
Consejo de Estado, sentencia de 11 de junio de 2020 identificada con el número único de radicación
25000-23-24-000-2012-00078-01.
Consejo de Estado, sentencia de 15 de diciembre de 2017 identificada con el número único de
radicación 05001-23-31-000-20000-000933-01.
Consejo de Estado, sentencia de 4 de junio de 2019 identificada con el número único de radicación
50001-23-31-000-2006-00812-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
6.1.2.- O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, profiera una nueva
decisión al interior del citado proceso de acción de grupo, en la
que se le respete el derecho a la reparación integral del daño
antijurídico imputable a las entidades demandadas.
6.3.- Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad,
seguridad jurídica, debido proceso, buena fe, confianza legitima,
se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO y el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA, que
respete el precedente jurisprudencial que sobre el particular ha
establecido el Honorable CONSEJO DE ESTADO como Órgano de
Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
[…]”. (Lo destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO se limitaron a remitir copia
del expediente digital sin realizar pronunciamiento alguno frente al
fondo del asunto.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Alcaldía Distrital de Barranquilla aseveró que las
pruebas aportadas por el actor dentro de la acción de grupo
carecen de veracidad probatoria, pues presentó certificaciones
expedidas por diferentes organismos que exceden competencias,
pues no tienen la idoneidad para ello, tal es el caso de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
certificación de las causas de mortandad de peces y demás
especies, y del supuesto número de días que pescaban y las
ganancias que de ella devengaban, lo cual no pudo ser demostrado.
Sostuvo que no es de tal acierto que el TRIBUNAL hubiese
incurrido en una indebida valoración probatoria ni en
desconocimiento del precedente judicial, por lo que solicitó
desestimar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
I.6.2.- La Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla
sostuvo que las afirmaciones hechas en el escrito de tutela carecen
de cualquier sustento fáctico y jurídico, pues el accionante ejerció
en las instancias judiciales todos los recursos legales disponibles
para ello, máxime cuando los jueces en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial hicieron un ejercicio razonado y justificado
frente a la norma.
Indicó que las autoridades judiciales accionadas realizaron una
valoración de las pruebas aportadas al proceso, bajo el principio de
la sana crítica y conforme a lo establecido en el artículo 176 del
CGP y los pronunciamientos del Consejo de Estado, por lo que las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
decisiones cuestionadas se encuentran soportadas en razones
expuestas en la parte motiva de las mismas, de tal forma que lo
pretendido por el actor es crear una instancia adicional para que se
valoren una vez más las pruebas.
Adujo que, sumado a lo anterior, no se cumple con el requisito de la
inmediatez, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo o,
en su lugar, denegar las pretensiones formuladas; y que se le
desvincule del presente trámite constitucional.
I.6.3.- El Municipio de Puerto Colombia destacó que la
controversia planteada tiene origen en la acción de grupo tramitada
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la que se
otorgó a las partes todas las garantías; y que surtidas las etapas se
despejó el problema jurídico planteado, de tal forma que cualquier
pronunciamiento debe gravitar en torno al material obrante en el
expediente.
Por último, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la
referencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
I.7. Trámite de impedimentos
Los consejeros NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, HERNANDO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES, integrantes de la Sección
Primera del Consejo de Estado, el 26 de agosto de 2024
manifestaron su impedimento para conocer el asunto, por
considerar que se encontraban incursos en la causal prevista en el
numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, norma
aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991,
cuyo texto es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son
causales de impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión
se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge
o compañero o compañera permanente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del
funcionario que dictó la providencia a revisar […]” (destacado
fuera de texto)
Lo anterior, comoquiera que los mencionados consejeros conocieron
de la solicitud de selección para revisión eventual de la sentencia de
22 de junio de 2023 y del recurso de insistencia, lo que les impedía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
intervenir en la discusión y aprobación de la acción de tutela de la
referencia.
La Sala de conjueces, a través del conjuez ponente, mediante auto
de 3 de abril de 2025, aceptó los impedimentos manifestados por
los citados consejeros y, en consecuencia, ordenó separarlos del
conocimiento del presente proceso.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 21 de junio de
2024, denegó el amparo solicitado al considerar que el TRIBUNAL
realizó un análisis probatorio y decidió el asunto de acuerdo con las
pruebas allegadas al proceso, pues consideró que con estas no era
posible establecer una verdadera condición de pescadores para la
fecha en que ocurrió el daño ni se probó el perjuicio
individualmente sufrido.
Destacó que la autoridad judicial accionada no desconoció las
pruebas aportadas al plenario, pues, contrario a ello, estimó que las
mismas no eran suficientes para probar los aspectos sustanciales a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
la hora de endilgarle algún tipo de responsabilidad a las entidades
demandadas, habida cuenta que los allí demandantes
desconocieron el contenido del artículo 167 del CGP, esto es, su
deber de probar el supuesto de hecho de las normas que establecen
el efecto jurídico pretendido en ese tipo de procesos resarcitorios.
En cuanto al defecto procedimental refirió que no haría un estudio
al respecto, toda vez que ello tiende a cuestionar actuaciones
adelantadas en primera instancia, frente a un incidente de nulidad
que se presentó dentro de la acción de grupo, lo cual escapa del
estudio ahora efectuado; y que si en gracia de discusión se
analizara, no se cumpliría con los requisitos generales de
procedibilidad.
Afirmó que la autoridad judicial accionada realizó una valoración
probatoria acorde con la evidencia con la que contaba la
jurisprudencia vigente y las circunstancias que rodearon el daño
ambiental ocasionado, todo lo cual le permitió concluir que en el
caso bajo estudio no se acreditó la calidad de pescadores ni el
perjuicio sufrido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
En esa medida concluyó que la decisión objeto de estudio no
incurrió en los defectos endilgados, debido a que fue proferida de
conformidad con las normas y la jurisprudencia que regulan la
materia y se apoyó en el material probatorio aportado al proceso
ordinario, de tal forma que lo que existe es una inconformidad con
el resultado de la valoración efectuada por el juez natural, lo cual
no es cuestionable a través de la acción de tutela.
Sumado a lo anterior, denegó las solicitudes de desvinculación
presentadas por la Agencia Distrital de Infraestructura y el
municipio de Puerto Colombia.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA
bajo los siguientes argumentos.
Alegó que la sentencia del a quo incurrió en error al valorar la
causal específica de procedibilidad, en la que se planteó que la
sentencia de segunda instancia es nula al haberse dictado estando
aún pendiente de resolver una nulidad, por lo que el defecto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
procedimental se perfeccionó en segunda instancia, comoquiera que
el 4 de septiembre de 2023 presentó recurso de apelación contra el
auto que rechazó el incidente de nulidad y se siguió con el fallo de
segunda instancia el 22 de junio de 2023, el cual fue notificado ese
mismo 4 de septiembre de 2023, sin atender que habían asuntos de
carácter procesal pendientes de resolver.
Refirió que la sentencia de primera instancia omitió estudiar
aspectos que le fueron planteados, como el hecho de que es sujeto
de especial protección constitucional y que, por ello, las pruebas
deben interpretarse de forma más flexible, pues debió realizarse un
mayor esfuerzo en la valoración probatoria, teniendo en cuenta su
calidad de pescador.
Sostuvo que el a quo no estudió el alegado desconocimiento del
precedente judicial referido en materia de liquidación de perjuicios
acudiendo a la regla del salario mínimo legal mensual vigente
expuesto por el Consejo de Estado, el cual le resultaba más
favorable y de aplicación obligatoria para el caso concreto.
Alegó que la sentencia de primera instancia es errada al considerar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
que el TRIBUNAL cumplió con realizar una razonable valoración de
las pruebas, pues se limitó a transcribir apartes de la providencia
acusada sin efectuar un análisis de fondo, pasando por alto que se
realizó un estudio parcial de las pruebas aportadas a la acción de
grupo.
Resaltó que el a quo también incurrió en falta de motivación al
afirmar que la autoridad judicial accionada aplicó la jurisprudencia
del Consejo de Estado, sin indicar a qué sentencia se refería, por lo
que no cumplió con la carga argumentativa de señalar en forma
concreta el precedente aplicado al asunto.
Por lo anterior, solicitó estudiar los defectos alegados, revocar la
decisión del a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efectos las providencias de 21 de febrero de 2022 y 22
de junio de 2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro de la acción de grupo identificado con el
número único de radicación 2013-00067-01.
A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a
los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe,
habida cuenta que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos fáctico, procedimental, violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente,
pues no se atendieron las pruebas testimoniales, documentales y la
prueba pericial allegada; además, que se omitió aplicar la
jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que debe
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
privilegiarse el principio de reparación integral del daño acudiendo a
la presunción de ingreso de un salario mínimo mensual vigente.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 21 de junio de
2024, denegó el amparo solicitado al considerar que el TRIBUNAL
al proferir la providencia acusada no incurrió en los defectos
alegados.
Inconforme con lo anterior el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, en la que reiteró la configuración de un defecto
procedimental debido a la omisión del TRIBUNAL de resolver en
primer lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto que
rechazó el incidente de nulidad; y que, además, omitió estudiar el
hecho de que es sujeto de especial protección constitucional,
circunstancia esta que hace que las pruebas se interpreten de
forma más flexible, por lo que debió realizarse un mayor esfuerzo
en la valoración probatoria, teniendo en cuenta su calidad de
pescador.
Precisado lo anterior, se tiene que si bien en la acción de tutela se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 21 de febrero de
2022, proferida por el JUZGADO, como la dictada el 22 de junio
de 2023 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez
que fue esta la que dio por terminado el proceso.
Dicho lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso debe
confirmarse, modificarse o revocarse la decisión del a quo, para lo
cual se verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y
de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección
inmediata de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de
caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal
protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…]
de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende,
no cabría la procedencia del mecanismo […]”5.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada
caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre
el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos
y la instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer
lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse
vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca: la protección integral y
eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En
segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor
de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de este
mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la
propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, sostuvo7:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op.
cit.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los
derechos, resulta claramente desproporcionado el control
constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria
de los derechos fundamentales del accionante y la presentación
de la acción de tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz de tales
derechos, se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por
ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión
judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para promover la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión10;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta12.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
8
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
controversia, visible en el aplicativo de consulta SAMAI13, la
providencia de 22 de junio de 2023, aquí cuestionada, fue
notificada por correo electrónico al apoderado del actor el 29 de
agosto de 2023; sin embargo, en aplicación del numeral segundo
del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 14, la Sala
entenderá que la notificación de la providencia cuestionada se
surtió el 31 de agosto de 2023.
Por su parte, la solicitud de amparo de la referencia se
presentó el 24 de abril de 202415, esto es, transcurrido 7
meses y 24 días, superando así los 6 meses estimados por la
jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de
tutela el contenido de una decisión judicial, sin que la parte actora
haya expuesto razón alguna que justifique la inactividad o tardanza
en la presentación de la solicitud de amparo.
Ahora, si bien el actor alegó que presentó solicitud de adición y
aclaración, así como el recurso de revisión eventual contra la
sentencia de segunda instancia, lo cierto es que los reparos
13
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333003201300
067010800123
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202402
011001100103
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
expuestos en la acción de tutela de la referencia se dirigen
exclusivamente a dejar sin efectos la sentencia de 22 de junio de
2023, por lo que es a partir de su notificación que debe
contabilizarse el término para determinar la inmediatez del asunto.
Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que en la presente
acción de tutela no se evidenció situación que se enmarque en
alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del
término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la
Sala concluye que la solicitud de amparo constitucional se presentó
por fuera del término razonable para cuestionar vía tutela
providencias judiciales.
Cabe resaltar que en la sentencia SU-354 de 201716, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el
16
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo
que denegó las pretensiones y, en su lugar, declarará improcedente
la solicitud de amparo presentada por el actor por no cumplir con el
requisito general de la inmediatez, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala de
Conjueces, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por incumplir el
requisito de la inmediatez, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
SEGUNDO: Tiénese al doctor WILLIAN FLOREZ NORIEGA como
apoderado especial del actor, de conformidad con el poder obrante
en el expediente.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de
2025.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez Conjuez
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ
Conjuez Conjuez
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.