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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Conjuez Alfredo Beltrán Sierra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por incumplir el requisito de la inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01 Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR SEGUNDO: Tiénese al doctor WILLIAN FLOREZ NORIEGA como apoderado especial del actor, de conformidad con el poder obrante en el expediente. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02011-01

Consejero ponente: Conjuez Alfredo Beltrán Sierra

6 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONJUEZ PONENTE: ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
EL AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 21 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor ORLANDO TORRES ALTAMAR, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial

efectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a

los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe,

los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

ATLÁNTICO3 al haber proferido las providencias de 21 de

febrero de 2022 y 22 de junio de 2023, respectivamente,

dentro de la acción de grupo identificada con el número único de

radicación 08001-33-33-003-2013-00067-01.

I.2.- Hechos

2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Tribunal.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02011-01
Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

Indicó que se dedica a la pesca artesanal en la Ciénaga de

Mallorquín, ubicada en el corregimiento de la Playa, en el Municipio

de Puerto Colombia (Atlántico) del cual deriva su sustento

económico.

Señaló que el Fondo de Restauración, Obras e Inversión Hídrica

Distrital celebró el contrato núm. FROIH 063-2011 con la empresa

Consultores de Desarrollo S.A. para la ejecución de obras públicas

tendientes al mejoramiento ambiental de la Subcuenta Arroyo

Grande y León, aledaño al corregimiento de la Playa, cuyo

desarrollo ocasionó una tragedia ambiental y llevó a la mortandad

de peces, moluscos y demás crustáceos en la Ciénaga de

Mallorquín.

Relató que ante la imposibilidad de seguir ejerciendo la pesca

artesanal, lo que le produjo graves daños materiales y morales,

promovió junto con otros pescadores acción de grupo contra el

Distrito E.I y P. de Barranquilla, el Fondo de Restauración, Obras e

Inversiones Hídricas y el municipio de Puerto Colombia, a la cual le

fue asignado el número único de radicación 2013-00067-00.

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Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

Manifestó que el proceso le correspondió al JUZGADO que,

mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, denegó las

pretensiones al estimar que aun cuando se encontró probado el

daño ambiental en la Ciénaga de Mallorquín no se acreditó el daño

individual alegado por los allí demandantes, habida cuenta que no

se demostró que para esa época se desempeñaran como

pescadores ni el monto que devengaban.

Afirmó que inconformes con dicha decisión interpusieron recurso de

apelación, la cual fue confirmada por el TRIBUNAL mediante

providencia de 22 de junio de 2023, notificada el 29 de agosto de

2023.

Adujo que presentó incidente de nulidad contra el proceso de

primera instancia y las actuaciones surtidas con posterioridad a

esta, el cual fue rechazado de plano por el TRIBUNAL en proveído

de 28 de agosto de 2023, decisión contra la cual interpuso recurso

de apelación, siendo declarado improcedente por la misma

autoridad en auto de 23 de octubre de ese año.

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Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

Destacó que presentó solicitud de adición y aclaración, así como

recurso de revisión eventual contra dicha decisión, solicitudes que

fueron denegadas por el TRIBUNAL en proveído de 24 de octubre

de 2023, y concedió el recurso.

Anotó que el recurso de revisión eventual le correspondió a la

Sección Primera del Consejo de Estado que, mediante providencia

de 14 de marzo de 2024, no seleccionó para revisión el asunto al

considerar que no se incurrió en ninguna de las causales previstas

en el artículo 273 del CPACA, por cuanto la decisión no fue contraria

a lo establecido en la sentencia de unificación.

Indicó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

insistencia el cual fue resuelto mediante proveído de 9 de mayo de

2024, en el que se confirmó la no selección para revisión de la

sentencia acusada.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto fáctico, pues no atendieron las pruebas testimoniales,

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Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

documentales y la prueba pericial que fue desechada de manera

errada, omitiendo aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado

que indica que debe privilegiarse el principio de reparación integral

del daño acudiendo a la presunción de ingreso de un salario mínimo

mensual vigente y las pruebas que demostraban el perjuicio moral

sufrido.

Destacó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en

violación directa de la Constitución, en la medida en que se

acogió una postura que desconoce la prueba documental,

testimonial y pericial aportada que demostraba su condición de

pescador.

Aseguró que las autoridades judiciales accionadas también

incurrieron en defecto procedimental, pues contra la sentencia

de primera instancia interpuso incidente de nulidad, el cual fue

denegado, decisión contra la cual se interpuso recurso de

apelación; no obstante, se continuó con la decisión de segunda

instancia, aun cuando lo correcto era decidir primero tal recurso.

Afirmó que el JUZGADO y el TRIBUNAL incurrieron en

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Actor: ORLANDO TORRES ALTAMAR

desconocimiento del precedente judicial, específicamente la

jurisprudencia4 emitida por el Consejo de Estado en lo que se

refiere a la calidad de sujetos de especial protección constitucional

con la que cuentan los pescadores; y que en casos similares se ha

accedido a la reparación integral del daño.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, disponer:

“[…] en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su
señoría, se profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le
respeten en forma definitiva los derechos fundamentales
deprecados, examinando el caso concreto de cara a cada una de
las pruebas que obran el proceso de acción de grupo antes
mencionado, y con la aplicación de precedente judicial precitado.

Lo anterior, a fin de no hacer ilusorio las pretensiones de amparo
aquí planteadas, y someter al accionante a una nueva decisión
judicial.

4
Consejo de Estado, sentencia de 10 de junio de 2001 identificada con el número único de radicación
76001-23-31-000-2002-04584-00.

Consejo de Estado, sentencia de 11 de junio de 2020 identificada con el número único de radicación
25000-23-24-000-2012-00078-01.

Consejo de Estado, sentencia de 15 de diciembre de 2017 identificada con el número único de
radicación 05001-23-31-000-20000-000933-01.

Consejo de Estado, sentencia de 4 de junio de 2019 identificada con el número único de radicación
50001-23-31-000-2006-00812-01.

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6.1.2.- O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, profiera una nueva
decisión al interior del citado proceso de acción de grupo, en la
que se le respete el derecho a la reparación integral del daño
antijurídico imputable a las entidades demandadas.

6.3.- Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad,
seguridad jurídica, debido proceso, buena fe, confianza legitima,
se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO y el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA, que
respete el precedente jurisprudencial que sobre el particular ha
establecido el Honorable CONSEJO DE ESTADO como Órgano de
Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

[…]”. (Lo destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO se limitaron a remitir copia

del expediente digital sin realizar pronunciamiento alguno frente al

fondo del asunto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Alcaldía Distrital de Barranquilla aseveró que las

pruebas aportadas por el actor dentro de la acción de grupo

carecen de veracidad probatoria, pues presentó certificaciones

expedidas por diferentes organismos que exceden competencias,

pues no tienen la idoneidad para ello, tal es el caso de la

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certificación de las causas de mortandad de peces y demás

especies, y del supuesto número de días que pescaban y las

ganancias que de ella devengaban, lo cual no pudo ser demostrado.

Sostuvo que no es de tal acierto que el TRIBUNAL hubiese

incurrido en una indebida valoración probatoria ni en

desconocimiento del precedente judicial, por lo que solicitó

desestimar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

I.6.2.- La Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla

sostuvo que las afirmaciones hechas en el escrito de tutela carecen

de cualquier sustento fáctico y jurídico, pues el accionante ejerció

en las instancias judiciales todos los recursos legales disponibles

para ello, máxime cuando los jueces en ejercicio de su autonomía e

independencia judicial hicieron un ejercicio razonado y justificado

frente a la norma.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas realizaron una

valoración de las pruebas aportadas al proceso, bajo el principio de

la sana crítica y conforme a lo establecido en el artículo 176 del

CGP y los pronunciamientos del Consejo de Estado, por lo que las

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decisiones cuestionadas se encuentran soportadas en razones

expuestas en la parte motiva de las mismas, de tal forma que lo

pretendido por el actor es crear una instancia adicional para que se

valoren una vez más las pruebas.

Adujo que, sumado a lo anterior, no se cumple con el requisito de la

inmediatez, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo o,

en su lugar, denegar las pretensiones formuladas; y que se le

desvincule del presente trámite constitucional.

I.6.3.- El Municipio de Puerto Colombia destacó que la

controversia planteada tiene origen en la acción de grupo tramitada

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la que se

otorgó a las partes todas las garantías; y que surtidas las etapas se

despejó el problema jurídico planteado, de tal forma que cualquier

pronunciamiento debe gravitar en torno al material obrante en el

expediente.

Por último, solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la

referencia.

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I.7. Trámite de impedimentos

Los consejeros NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, HERNANDO

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y GERMÁN

EDUARDO OSORIO CIFUENTES, integrantes de la Sección

Primera del Consejo de Estado, el 26 de agosto de 2024

manifestaron su impedimento para conocer el asunto, por

considerar que se encontraban incursos en la causal prevista en el

numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, norma

aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991,

cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son
causales de impedimento:

[…]

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión
se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge
o compañero o compañera permanente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del
funcionario que dictó la providencia a revisar […]” (destacado
fuera de texto)

Lo anterior, comoquiera que los mencionados consejeros conocieron

de la solicitud de selección para revisión eventual de la sentencia de

22 de junio de 2023 y del recurso de insistencia, lo que les impedía

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intervenir en la discusión y aprobación de la acción de tutela de la

referencia.

La Sala de conjueces, a través del conjuez ponente, mediante auto

de 3 de abril de 2025, aceptó los impedimentos manifestados por

los citados consejeros y, en consecuencia, ordenó separarlos del

conocimiento del presente proceso.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 21 de junio de

2024, denegó el amparo solicitado al considerar que el TRIBUNAL

realizó un análisis probatorio y decidió el asunto de acuerdo con las

pruebas allegadas al proceso, pues consideró que con estas no era

posible establecer una verdadera condición de pescadores para la

fecha en que ocurrió el daño ni se probó el perjuicio

individualmente sufrido.

Destacó que la autoridad judicial accionada no desconoció las

pruebas aportadas al plenario, pues, contrario a ello, estimó que las

mismas no eran suficientes para probar los aspectos sustanciales a

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la hora de endilgarle algún tipo de responsabilidad a las entidades

demandadas, habida cuenta que los allí demandantes

desconocieron el contenido del artículo 167 del CGP, esto es, su

deber de probar el supuesto de hecho de las normas que establecen

el efecto jurídico pretendido en ese tipo de procesos resarcitorios.

En cuanto al defecto procedimental refirió que no haría un estudio

al respecto, toda vez que ello tiende a cuestionar actuaciones

adelantadas en primera instancia, frente a un incidente de nulidad

que se presentó dentro de la acción de grupo, lo cual escapa del

estudio ahora efectuado; y que si en gracia de discusión se

analizara, no se cumpliría con los requisitos generales de

procedibilidad.

Afirmó que la autoridad judicial accionada realizó una valoración

probatoria acorde con la evidencia con la que contaba la

jurisprudencia vigente y las circunstancias que rodearon el daño

ambiental ocasionado, todo lo cual le permitió concluir que en el

caso bajo estudio no se acreditó la calidad de pescadores ni el

perjuicio sufrido.

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En esa medida concluyó que la decisión objeto de estudio no

incurrió en los defectos endilgados, debido a que fue proferida de

conformidad con las normas y la jurisprudencia que regulan la

materia y se apoyó en el material probatorio aportado al proceso

ordinario, de tal forma que lo que existe es una inconformidad con

el resultado de la valoración efectuada por el juez natural, lo cual

no es cuestionable a través de la acción de tutela.

Sumado a lo anterior, denegó las solicitudes de desvinculación

presentadas por la Agencia Distrital de Infraestructura y el

municipio de Puerto Colombia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA

bajo los siguientes argumentos.

Alegó que la sentencia del a quo incurrió en error al valorar la

causal específica de procedibilidad, en la que se planteó que la

sentencia de segunda instancia es nula al haberse dictado estando

aún pendiente de resolver una nulidad, por lo que el defecto

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procedimental se perfeccionó en segunda instancia, comoquiera que

el 4 de septiembre de 2023 presentó recurso de apelación contra el

auto que rechazó el incidente de nulidad y se siguió con el fallo de

segunda instancia el 22 de junio de 2023, el cual fue notificado ese

mismo 4 de septiembre de 2023, sin atender que habían asuntos de

carácter procesal pendientes de resolver.

Refirió que la sentencia de primera instancia omitió estudiar

aspectos que le fueron planteados, como el hecho de que es sujeto

de especial protección constitucional y que, por ello, las pruebas

deben interpretarse de forma más flexible, pues debió realizarse un

mayor esfuerzo en la valoración probatoria, teniendo en cuenta su

calidad de pescador.

Sostuvo que el a quo no estudió el alegado desconocimiento del

precedente judicial referido en materia de liquidación de perjuicios

acudiendo a la regla del salario mínimo legal mensual vigente

expuesto por el Consejo de Estado, el cual le resultaba más

favorable y de aplicación obligatoria para el caso concreto.

Alegó que la sentencia de primera instancia es errada al considerar

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que el TRIBUNAL cumplió con realizar una razonable valoración de

las pruebas, pues se limitó a transcribir apartes de la providencia

acusada sin efectuar un análisis de fondo, pasando por alto que se

realizó un estudio parcial de las pruebas aportadas a la acción de

grupo.

Resaltó que el a quo también incurrió en falta de motivación al

afirmar que la autoridad judicial accionada aplicó la jurisprudencia

del Consejo de Estado, sin indicar a qué sentencia se refería, por lo

que no cumplió con la carga argumentativa de señalar en forma

concreta el precedente aplicado al asunto.

Por lo anterior, solicitó estudiar los defectos alegados, revocar la

decisión del a quo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la

acción de tutela de la referencia.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

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de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,

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por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efectos las providencias de 21 de febrero de 2022 y 22

de junio de 2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, dentro de la acción de grupo identificado con el

número único de radicación 2013-00067-01.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial

efectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a

los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe,

habida cuenta que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en los defectos fáctico, procedimental, violación

directa de la Constitución y desconocimiento del precedente,

pues no se atendieron las pruebas testimoniales, documentales y la

prueba pericial allegada; además, que se omitió aplicar la

jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que debe

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privilegiarse el principio de reparación integral del daño acudiendo a

la presunción de ingreso de un salario mínimo mensual vigente.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 21 de junio de

2024, denegó el amparo solicitado al considerar que el TRIBUNAL

al proferir la providencia acusada no incurrió en los defectos

alegados.

Inconforme con lo anterior el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, en la que reiteró la configuración de un defecto

procedimental debido a la omisión del TRIBUNAL de resolver en

primer lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto que

rechazó el incidente de nulidad; y que, además, omitió estudiar el

hecho de que es sujeto de especial protección constitucional,

circunstancia esta que hace que las pruebas se interpreten de

forma más flexible, por lo que debió realizarse un mayor esfuerzo

en la valoración probatoria, teniendo en cuenta su calidad de

pescador.

Precisado lo anterior, se tiene que si bien en la acción de tutela se

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solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 21 de febrero de

2022, proferida por el JUZGADO, como la dictada el 22 de junio

de 2023 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis

de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez

que fue esta la que dio por terminado el proceso.

Dicho lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso debe

confirmarse, modificarse o revocarse la decisión del a quo, para lo

cual se verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y

de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está

instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección

inmediata de los derechos fundamentales que se consideran

vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de

caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal

protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…]

de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la

urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende,

no cabría la procedencia del mecanismo […]”5.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada

caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre

el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos

y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer
lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse
vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
caso en el que ‘se rompe la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca: la protección integral y
eficaz de los derechos fundamentales de las personas’. En
segundo lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor
de inseguridad [jurídica]’. En tercer lugar, evitar ‘el uso de este
mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la
propia negligencia’ en la agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, sostuvo7:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op.
cit.

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De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los
derechos, resulta claramente desproporcionado el control
constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria
de los derechos fundamentales del accionante y la presentación
de la acción de tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz de tales
derechos, se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por
ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión
judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

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(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para promover la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión10;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta12.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

8
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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controversia, visible en el aplicativo de consulta SAMAI13, la

providencia de 22 de junio de 2023, aquí cuestionada, fue

notificada por correo electrónico al apoderado del actor el 29 de

agosto de 2023; sin embargo, en aplicación del numeral segundo

del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 14, la Sala

entenderá que la notificación de la providencia cuestionada se

surtió el 31 de agosto de 2023.

Por su parte, la solicitud de amparo de la referencia se

presentó el 24 de abril de 202415, esto es, transcurrido 7

meses y 24 días, superando así los 6 meses estimados por la

jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de

tutela el contenido de una decisión judicial, sin que la parte actora

haya expuesto razón alguna que justifique la inactividad o tardanza

en la presentación de la solicitud de amparo.

Ahora, si bien el actor alegó que presentó solicitud de adición y

aclaración, así como el recurso de revisión eventual contra la

sentencia de segunda instancia, lo cierto es que los reparos

13
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080013333003201300
067010800123
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202402
011001100103

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expuestos en la acción de tutela de la referencia se dirigen

exclusivamente a dejar sin efectos la sentencia de 22 de junio de

2023, por lo que es a partir de su notificación que debe

contabilizarse el término para determinar la inmediatez del asunto.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que en la presente

acción de tutela no se evidenció situación que se enmarque en

alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia

constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del

término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la

Sala concluye que la solicitud de amparo constitucional se presentó

por fuera del término razonable para cuestionar vía tutela

providencias judiciales.

Cabe resaltar que en la sentencia SU-354 de 201716, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el

16
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

presentación de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo

que denegó las pretensiones y, en su lugar, declarará improcedente

la solicitud de amparo presentada por el actor por no cumplir con el

requisito general de la inmediatez, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala de

Conjueces, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por incumplir el

requisito de la inmediatez, por las razones expuestas en la parte

motiva de la presente providencia.

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SEGUNDO: Tiénese al doctor WILLIAN FLOREZ NORIEGA como

apoderado especial del actor, de conformidad con el poder obrante

en el expediente.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de

2025.

ALFREDO BELTRÁN SIERRA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez Conjuez

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ
Conjuez Conjuez
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y

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posterior consulta, de conformidad con la ley.

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