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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07310-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07310-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor Toribio Piraza Membache contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el 21 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Toribio Piraza Membache y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00 artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07310-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de marzo de 2024

Demandantes: Toribio Piraza Membache y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00

ECONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07310-00
Demandantes: TORIBIO PIRAZA MEMBACHE Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara falta de relevancia
constitucional – reiteración argumentos de instancia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor Toribio Piraza Membache y otros1 contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en ejercicio de la acción de tutela
consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto
2591 de 1991.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito presentado el 1. º de diciembre de 2023 el señor Toribio Piraza
Membache y otros, actuando mediante apoderado judicial, instauraron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales «al
debido proceso, el Acceso efectivo y real a la administración de justicia y la
seguridad jurídica».

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 14 de noviembre de 2023, mediante la cual el

1 Néstor Zarco Piraza, Salbador Chamarra Chirivico, Nilson Chocho Chamapuro, Clever Mesa

Chocho, Nelson Zarco Chirivico, Fernando Ismare García, Angelino Cabezón Piraza, Donaldo
Chocho Garabato, Heyder Tegaizo Carpio, Pastor Chamorro Osorio Mayolo Búlgara
Chaucarama, Lincio Chocho Garabato, Ever Oscar Chamarra Osorio, Jaminton Chocho
Cuacorizo, Jaminton Chocho Cuacorizo, Jaminton Chocho Cuacorizo, Jairo Rodrigo Osorio Peña,
Nilda Chirivico Chocho, Yefri Peña Negría, Berta Chocho Garabato y Diolfina Chamorro Osorio.

1
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00

referido tribunal confirmó la decisión dictada el 18 de julio de 2023 por el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó la solicitud
de interrogatorio de parte que presentó.

Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 11001-
33-36- 031-2021-00074-01, instaurado por los accionantes contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; Armada Nacional, Policía
Nacional y el municipio de El Litoral Del San Juan- Chocó.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Que se DECLAREN vulnerados por parte del Juzgado Treinta y Uno Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, los derechos al debido proceso, el acceso efectivo y real a la
administración de justicia, con ocasión de las decisiones de fondo adoptadas dentro
del proceso número 110013336031202100074. En consecuencia, se DEJE SIN
EFECTOS dichas decisiones. Se ORDENE proferir un auto apegado a la realidad
fáctica y jurídica del caso en concreto.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Toribio Piraza Membache y otros2 instauraron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional; Armada Nacional, Policía Nacional y el municipio de El Litoral
Del San Juan - Chocó, con la finalidad de que se les declarara
administrativamente responsables por los perjuicios derivados de su
desplazamiento forzado del citado ente territorial, ocurrido en los primeros días
de febrero de 2017.

En el respectivo acápite de petición de pruebas de la demanda, la parte actora
requirió al juez de conocimiento para que ordenara la práctica de un interrogatorio
de parte3, que sería rendido por los demandantes a efectos de probar las

2 La parte activa que estuvo conformado por 44 grupos familiares, tal y como consta en la
providencia cuestionada aportada por el actor en su tutela y que obra en el aplicativo Samai.
El grupo familiar del accionante fue: Néstor Zarco Piraza, Salbador Chamarra Chirivico, Nilson
Chocho Chamapuro, Clever Mesa Chocho, Nelson Zarco Chirivico, Fernando Ismare García,
Angelino Cabezón Piraza, Donaldo Chocho Garabato, Heyder Tegaizo Carpio, Pastor Chamorro
Osorio Mayolo Búlgara Chaucarama, Lincio Chocho Garabato, Ever Oscar Chamarra Osorio,
Jaminton Chocho Cuacorizo, Jaminton Chocho Cuacorizo, Jaminton Chocho Cuacorizo, Jairo
Rodrigo Osorio Peña, Nilda Chirivico Chocho, Yefri Peña Negría, Berta Chocho Garabato, Berta
Chocho Garabato y Diolfina Chamorro Osorio.
3 1.2. INTERROGATORIO DE PARTE.

Atendiendo la posibilidad que permite el artículo 198 de la ley 1564 de 2012, pido
respetuosamente al despacho se sirva disponer la citación de las siguientes personas, para que

2
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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circunstancias de tiempo, modo y lugar del desplazamiento que padecieron y
demostrar la intensidad de los perjuicios sufridos con el evento dañoso.

El 18 de julio de 2023, en curso de la audiencia inicial, y en labor de resolver
sobre la prueba requerida por la parte demandante, el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, no accedió al interrogatorio de
parte, por estimar que fue mal solicitado, siendo procedente la declaración de
parte.

Adujo que, tampoco expuso el objeto de la prueba pero que en todo caso
resultaba inútil al provenir de los mismos actores que tienen la «la posibilidad de
pronunciarse por medio de los hechos de la demanda y vendrían solo a ratificar
ésta».

Los tutelantes presentaron recurso de apelación e insistieron en que sí se había
indicado la finalidad de la prueba, a saber, probar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se presentó el desplazamiento, así como la intensidad de
los perjuicios reclamados.

Adujeron además que, el artículo 198 del CGP prevé la posibilidad de que
cualquier parte solicite la declaración de cualquiera de los intervinientes, con la
finalidad de llegar a la verdad material. Agregó que, si bien la demanda contenía
una reseña de los supuestos fácticos invocados, lo cierto era que esta no era un
medio probatorio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
mediante providencia del 14 de noviembre de 2023 confirmó la anterior decisión,
al considerar que el interrogatorio de parte no resulta procedente cuando se
solicita por el mismo extremo procesal que tendría que rendirlo y tampoco sería
plausible adecuarlo a una declaración de parte, comoquiera que los hechos de
la demanda no eran soportables con el solo dicho del sujeto procesal que los
invocaba, «salvo que tratara de negaciones o afirmaciones indefinidas, o de
hechos aceptados por los sujetos a los que se oponían».

Concluyó que, «el dicho de la propia parte» no resultaba ser suficiente para
demostrar la causación del daño o el perjuicio, por el contrario, resultaba
necesario que dichas manifestaciones contaran con soporte en otros medios
probatorios que permitieran dar certeza al fallador de su ocurrencia, «por lo que
se considera que no es un medio probatorio idóneo y revestido de eficacia».

comparezcan a rendir declaración sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó
lesionado, los perjuicios sufridos en especial los supuestos fácticos NOVENO al DUODÉCIMO,
DÉCIMO QUINTO y DÉCIMO SEXTO del acápite HECHOS de la reclamación, así como
absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia.
• TORIBIO PIRAZA MEMBACHE, identificado con cédula de ciudadanía número 1.028.161.817
de Buenaventura… (…)

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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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1.4. Sustento de la vulneración

Defecto sustantivo: Para el accionante se realizó una interpretación errónea del
artículo 198 del Código General del Proceso que contraría el catálogo de
derechos constitucionales. Dicha norma establece:

Interrogatorios de las partes

El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes
a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso.

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el
interrogatorio (…)

Agregó que la interpretación de los despachos judiciales, más allá de contrariar
una interpretación literal, proponía un argumento lesivo de las garantías y
derechos que se erigen con la propuesta del Código General del Proceso de
eliminar barreras formales que de alguna manera restrinjan la posibilidad de
decisiones justas y acordes con la verdad procesal.

1.5. Admisión de la demanda4

Mediante auto de 22 de enero de 2024 se: i) admitió la demanda; ii) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, como autoridades judiciales accionadas; iii) vinculó, en calidad de
terceros con interés, al la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Armada Nacional, Policía Nacional y el municipio El Litoral De San Juan- Chocó
(demandados del proceso de reparación directa), así como a la parte activa que
estuvo conformado por 44 grupos familiares5 y se iv) ofició a las autoridades
judiciales accionadas para que allegaran copia íntegra del expediente en el cual
se tramitó el proceso ordinario.

1.6. Intervenciones

Surtidas las notificaciones por parte de la Secretaría Generala de esta
corporación, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Policía Nacional

Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto el
llamado a responder en este caso por la presunta vulneración de los derechos

4 Mediante auto del 12 de diciembre 2023 4 , el despacho sustanciador inadmitió la demanda

para que el apoderado judicial, en el término de tres (3) días allegara el poder que la facultaba
para iniciar este trámite constitucional en representación del señor Toribio Piraza Membache y
otros, lo anterior, so pena de rechazo. De esta forma, se advierte que se subsanó la demanda,
pues el 18 de diciembre de 2023 el señor Henry Bryon Ibáñez allegó el referido documento.
5 La secretaría de esta corporación los notificó mediante aviso fijado el 29 de febrero de 2024.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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fundamentales invocados es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C.

1.6.2. Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional

Luego de hacer un recuento de los hechos suscitados en el marco del proceso
de reparación directa, requirió negar las pretensiones de la demanda porque la
decisión judicial obedeció a la aplicación de la normativa vigente y a la
Constitución, sin que se incurriera en arbitrariedad alguna.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

Pidió declarar la improcedencia de la acción, pues, a su juicio, no se satisface el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto, si bien, la parte activa identificó
como desconocidos sus derechos constitucionales, no esbozó argumentos que
determinen la afectación de garantías constitucionales, y, por el contrario,
pretende que el juez constitucional asuma como una tercera instancia y se
pronuncie frente a sus discrepancias respecto de la decisión judicial de negar la
prueba solicitada.

Adujo que el disentimiento manifestado por los tutelantes constituye una
discrepancia valorativa contra la decisión judicial cuestionada pero no susceptible
de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues cuando se trate
de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural de la causa el
llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso, conforme a los criterios de la
sana crítica y en virtud a la autonomía e independencia judicial.

Los demás sujetos pese a haber sido notificado en debida forma, no rindieron
informe de fondo frente al asunto6.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Toribio Piraza Membache y otros de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela
se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

6 Las notificaciones efectuadas obran en el índice 13 del expediente digital.

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2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia
del 14 de noviembre de 20237, que confirmó la decisión del a quo, que
negó del decreto del interrogatorio de parte que presentó la parte actora?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, y iii) análisis del caso en
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9 y declaró
su procedencia.10

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse

7 Si bien la parte actora cuestionó la también la decisión del 18 de julio de 2023 del Juzgado

Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, solo se estudiarán los cargos
respecto de la providencia del 14 de noviembre de 2023, pues fue la que puso fin a esa discusión.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

6
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Subsección C y otro
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el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.4. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-215 de 202211.

2.4.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
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Subsección C y otro
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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional14.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal15”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales16”.

12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-128 de 2021.

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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal18. (Resaltado de la Sala)

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI
S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica, y (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba
la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto

Los argumentos de la parte actora apuntan a demostrar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales debido a que, el tribunal realizó una interpretación
errónea del artículo 198 del Código General del Proceso toda vez que a su juicio,
procede el decreto de interrogatorio de parte, pues se trata de prueba autónoma
que no tiene restricción y puede ser solicitada por cualquier extremo procesal y
resulta ser medio de prueba útil, pertinente y conducente para probar la situación
fáctica expuesta en el escrito de la demanda.

Ahora, es pertinente establecer si las pretensiones expuestas buscan o no
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia y si trasciende
de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales»19.

Se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C mediante providencia del 14 de noviembre de 2023 confirmó la
providencia apelada, teniendo en cuenta estos puntos fundamentales, a saber:

-Que el interrogatorio de parte no resultaba procedente y tampoco resulta
plausible adecuarlo a una declaración de parte, como quiera que los hechos de
la demanda no eran soportables con el solo dicho del sujeto procesal que los

17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Ibid.
19 Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.

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Subsección C y otro
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invocaba (de conformidad con los artículos 198 a 205 del Código General del
Proceso aplicables por remisión expresa de los artículos 211 y 306 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

• Reiteró que era deber de la parte interesada probar los efectos jurídicos de sus
propias declaraciones, y en tal sentido, resultaba necesario que dichas
manifestaciones contaran con soporte en otros medios probatorios que
permitieran dar certeza al fallador de su ocurrencia, «por lo que se considera que
no es un medio probatorio idóneo y revestido de eficacia».

-Posteriormente, el tribunal demandado adujo que, la jurisprudencia del Consejo
de Estado20 ha enfatizado que, la prueba debe cumplir con los parámetros de
legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, que, de no satisfacerse, imponen
negar su decreto, en aras de la eficacia procesal. Agregó que el operador judicial
debe rechazar, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas
o inútiles, como era el caso.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
los actores dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente
legales atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, ya que los argumentos traídos en el escrito de tutela
ya fueron desatados por el juez natural de la causa, quien concluyó que la prueba
solicitada era inútil al consistir en reafirmar lo expuesto en la demanda.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el reparo de los accionantes tiene
como finalidad principal cuestionar el análisis normativo que en su momento
realizó la autoridad judicial accionada, el cual, ab initio, resulta intangible, en la
medida que no se evidencia de manera palmaria la vulneración de los derechos
fundamentales.

Se destaca que el simple alegato de una vulneración no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A., providencia de veintisiete (27) de abril

de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 41001-23-31-000-2010-00520-03(58640).
M.P. Hernán Andrade Rincón. - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
providencia de quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número:
20001-23-31-000-2012-00245-01(49092). M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera

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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00

gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya
que la competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva
de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar
una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Lo contrario generaría que en sede de tutela se deba proceder con una revisión
in extenso de los elementos de convicción aportados al expediente, lo que
claramente desborda las competencias propias de esta instancia de decisión y
desconoce la función propia del juez natural de la causa.

Por lo anterior, se considera que este caso es un asunto de mera legalidad,
donde se intenta cuestionar lo dispuesto por el juez natural de la causa, el cual
se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación
y aplicación de normas a un caso en específico21. Luego, no le corresponde a
esta Sala, investida como juez constitucional, en señalar cuál de tales
posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y autonomía
con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe
destacar que de hacerlo, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.

Por último, se debe aclarar que los actores no adujeron ser sujetos de especial
protección ni allegaron prueba sumaria alguna que acreditara alguna condición
especial y que permitieran avizorar una situación de vulneración o indefensión
que constituya un perjuicio irremediable.

La Sala establece que la parte pretender utilizar la tutela como un mecanismo
para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta la garantía de
los derechos fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite en una
tercera instancia. Esto, en cuanto la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por el señor
Toribio Piraza Membache contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el

21 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.

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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00

artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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