Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01050-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01050-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01050-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de abril de 2024
Demandante: Ludwin Miguel Santrich Márquez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01050-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01050-00
Demandante: LUDWIN MIGUEL SANTRICH MÁRQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: Tutela por presunta mora judicial – declara carencia actual de
objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor Ludwin Miguel Santrich Márquez contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución
Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito presentado el 1 de marzo de 2024 el señor Ludwin Miguel Santrich
Márquez, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y al debido proceso sin dilación.
La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales
debido a que el referido tribunal, a la fecha de presentación de esta acción de
tutela, no había proferido el auto de obedézcase y cúmplase en el marco del
proceso de reparación directa con radicado 08001-23-31-000-2007-00348-01,
instaurado por el señor Ludwin Miguel Santrich Márquez 1 y otros contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación.
1 Ricardo Rafael Santrich Pernett, Dellys Isabel Márquez Rodríguez, Any Pernett de Santrich y
Saribeth Margarita Santrich Márquez.
1
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho
fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:
En virtud de lo anterior, solicito se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO, dar trámite al proceso, emitiendo el auto de obedézcase
y cúmplase de acuerdo a lo resuelto por el superior, dentro del Proceso de
Reparación Directa bajo radicado No. 08001233100020070034800.
Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, tomar las
medidas a su alcance, de manera perentoria y prevalente a fin de dar impulso
al Proceso de Reparación Directa bajo radicado No.
08001233100020070034800.
Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, abstenerse
de dilatar sin justificación alguna, el Proceso de Reparación Directa bajo
radicado No. 08001233100020070034800.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor Ludwin Miguel Santrich Márquez, en compañía de su grupo familiar2,
interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la presunta privación
injusta de la libertad que padeció.
El 30 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia
condenatoria, decisión que fue modificada mediante sentencia del 9 de agosto
de 2023 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
El actor radicó dos3 impulsos procesales con el fin de que el tribunal accionado
profiriera auto de obedézcase y cúmplase.
Mediante auto del 15 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió auto de obedézcase y cúmplase, de conformidad con la orden emitida en
la sentencia de segunda instancia del 9 de agosto de 2023, la cual fue notificada
el 19 de marzo de 2024.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales
debido a que el referido tribunal, a la fecha de presentación de esta acción de
2 Ricardo Rafael Santrich Pernett, Dellys Isabel Márquez Rodríguez, Any Pernett de Santrich y
Saribeth Margarita Santrich Márquez.
3 El 21 de noviembre de 2023 y 7 de febrero de 2024.
2
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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tutela, no había proferido el auto de obedézcase y cúmplase en el marco del
proceso de reparación directa con radiado 08001-23-31-000-2007-00348-01,
instaurado por el señor Ludwin Miguel Santrich Márquez y otros contra la Nación,
Fiscalía General de la Nación.
Adujo que, el Tribunal Administrativo del Atlántico carece de argumentos que
justifiquen la mora judicial en el presente proceso, más aún, cuando lo único que
se requiere es que se emita el auto de obedézcase y cúmplase de acuerdo a lo
resuelto por el superior.
Concluyó que el proceso fue radicado desde el diecisiete 17 de mayo de 2007,
por lo que está próximo a cumplir diecisiete 17 años, «periodo en el cual los
demandantes han sido re victimizados, al tener que soportar tanto tiempo para el
resarcimiento de los daños causados».
1.5. Admisión de la demanda4
Mediante auto del 5 de marzo de 2024 se: i) admitió la demanda; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, como
autoridades judiciales accionadas; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés,
al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A (ad quem del proceso
ordinario), a la Nación, Fiscalía General de la Nación, así como a los señores
Ricardo Rafael Santrich Pernett, Dellys Isabel Márquez Rodríguez, Any Pernett
de Santrich y Saribeth Margarita Santrich Márquez (quienes hicieron parte del
referido proceso en calidad de parte demandante y demandada).y iv) ofició a las
autoridades judiciales accionadas para que allegara copia íntegra del expediente
en el cual se tramitó el proceso ordinario.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y Nación, Fiscalía
General de la Nación
Solicitaron su desvinculación del presente tramite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, en cuanto el actor únicamente cuestiona la
mora del Tribunal Administrativo del Atlántico en proferir el auto de obedézcase
y cúmplase.
4 Mediante auto del 12 de diciembre 2023 4 , el despacho sustanciador inadmitió la demanda
para que el apoderado judicial, en el término de tres (3) días allegara el poder que la facultaba
para iniciar este trámite constitucional en representación del señor Toribio Piraza Membache y
otros, lo anterior, so pena de rechazo. De esta forma, se advierte que se subsanó la demanda,
pues el 18 de diciembre de 2023 el señor Henry Bryon Ibáñez allegó el referido documento.
3
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
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1.6.2. Tribunal Administrativo del Atlántico
Luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso
ordinario, adujo que mediante auto del 15 de marzo de 2024 profirió el auto de
obedézcase y cúmplase, de conformidad con la orden emitida en la sentencia de
segunda instancia de fecha 9 de agosto de 2023, actuación que puede verificarse
en el aplicativo Samai, en la misma fecha.
Los demás sujetos pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Ludwin Miguel Santrich Márquez, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela
se dirige contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.
2.2. Cuestión previa
Se tiene que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y la
Nación, Fiscalía General de la Nación solicitaron su desvinculación del
presente trámite constitucional puesto que, a su juicio, carecen de legitimación
en la causa por pasiva. No obstante, las peticiones serán negadas ya que sus
vinculaciones al proceso se hicieron en calidad de terceros, en atención al interés
que les asiste en las resultas del presente trámite, dado que la primera fungió
como ad quem, y la segunda fue la entidad demanda del proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se configuró la carencia actual de objeto respecto del Tribunal
Administrativo del Atlántico al haber proferido el auto de obedézcase y
cúmplase del 15 de marzo de 2024?
Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) de la carencia actual de objeto por hecho
superado y; (iii) el caso concreto.
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
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2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. De la carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones5 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación
sobreviniente.
Al respecto, la alta corporación, en la sentencia T-481 del 20166, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
5 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
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amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente7.
Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.8
En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto
es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto,
(i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer»”9
7 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
8 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido.
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En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se
vulneraron o no los derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.10
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre
la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:
En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,11 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la
demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.12 Según la
jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado13”.14 (Negrita y
subrayado fuera de texto).
Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
10 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
11 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la
cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
12 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
13 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
14 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
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Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden
a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el
derecho ya no se encuentra en riesgo15.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar
el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en
sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita16, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199117 y determinar si, con
atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados18. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre
la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición19; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de
protección objetiva20”.21 (Negrita y subrayado fuera del texto)
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: «la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto».22
Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración
de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción
de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos
de daño consumado y hecho superado.
La citada corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:
15 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
16 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
17 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la
tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en
el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya
hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo
considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
18 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
19 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
20 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
21 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
22 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
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El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada.23 (Negrita y subrayado fuera del texto).
2.6. Caso concreto
La parte actora refirió que, a la fecha de la interposición de tutela, el Tribunal
Administrativo del Atlántico no había proferido el auto de obedézcase y cúmplase
en el marco del proceso de reparación directa en el que obtuvo una sentencia
favorable a sus pretensiones, lo que a su juicio le ha cercenado su derecho de
acceso a la administración de justicia.
Del informe allegado por parte de dicho tribunal, se tiene que, durante el trámite
de la acción de tutela, el 15 de marzo de 2024 se profirió el auto solicitado, el
cual en su parte resolutiva indica:
PRIMERO. - OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE, lo dispuesto por el Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en proveído
del nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
La providencia fue notificada el 19 de marzo siguiente como consta en Samai:
De lo expuesto se concluye que la el tribunal ya profirió el auto de obedézcase y
cúmplase y lo notificó en debida forma al actor, por lo que al evidenciarse que en
el presente caso la vulneración de los derechos fundamentales cesó luego
de la interposición de la acción de tutela, cualquier intervención que en este
punto realice el juez de tutela resulta inocua pues, se insiste, el objeto jurídico
23 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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perseguido a través de este mecanismo extraordinario y expedito se concretó y,
en esa medida, no es posible conseguir la cesación o evitar que dicha situación
ocurra.
2.7. Conclusión
Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado dado
que la circunstancia descrita conlleva naturalmente a que la sala se abstenga de
hacer un pronunciamiento al respecto, dado que cualquier orden que se llegue a
impartir carecería de efecto alguno.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y Nación, Fiscalía General de la Nación.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela instaurada por el señor Ludwin Miguel
Santrich Márquez y otros.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
10
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Demandante: Toribio Piraza Membache y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07310-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
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11
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