Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07348-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07348-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07348-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de febrero de 2024
Demandante: Susana Gómez Castaño
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07348-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07348-00
Demandante: SUSANA GÓMEZ CASTAÑO
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de agotamiento de
los medios de defensa ordinarios y extraordinarios. Revisión
automática o nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Susana Gómez Castaño, actuando a nombre propio, presentó acción
de tutela contra la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General
de la Nación, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso y la garantía al juez natural del proceso, los cuales considera
vulnerados con ocasión de las providencias dictadas en las siguientes fechas al
interior del proceso disciplinario No. IUS-E-2023-114383 / IUD-D-2023-2835255
adelantado en su contra: i) 9 de marzo de 2023, mediante el cual se dio apertura
de investigación disciplinaria; ii) 1 de junio de 2023, por el cual se negó solicitud
de nulidad; iii) 21 de junio de 2023 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la anterior decisión y, iv) 21 de noviembre de 2023, a través
del cual se realizó la evaluación de la investigación disciplinaria y se dictó pliego
de cargos.
Acude a la acción de tutela, a fin de que el juez constitucional acceda a las
siguientes,
1.2. Pretensiones
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Demandante: Susana Gómez Castaño
Demandado: Procuraduría General de la Nación
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Solicito, respetuosamente, a ustedes Honorables Magistrados, amparar mis
derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural y, como
consecuencia, declarar nulo el proceso disciplinario que cursa contra mí o, en su
defecto, ordenarle a la Procuraduría General de la Nación, circunscribir dicho
proceso a las resultas dentro del marco sancionatorio que no suspende ni limita
derechos políticos, es decir, a que solamente se pueda sancionar con una multa o
una amonestación.
1.3. Hechos
La sala identifica como hechos demostrados y jurídicamente relevantes, los
siguientes:
El 9 de marzo de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría
General de la Nación profirió el auto de apertura de investigación disciplinaria
dentro del proceso radicado No. IUS-E-2023-114383 / IUD-D-2023-2835255
contra la representante Susana Gómez Castaño y señaló que “La Sala
Disciplinaria de Instrucción, es competente para evaluar la actuación
disciplinaria conforme a lo previsto en el artículo 101 del CGD y lo dispuesto en
el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, por
cuanto, en los hechos puede estar comprometida la responsabilidad de una
Representante a la Cámara.”
El 24 de mayo de 2023, la accionante interpuso incidente de nulidad por falta de
competencia y violación del principio del juez natural, petición negada mediante
auto del 1 de junio de 2023, confirmado en providencia del 21 de junio de 2023.
El 21 de noviembre de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
Procuraduría General de la Nación realizó la evaluación de la investigación
disciplinaria.
1.4. Sustento de la petición
La tutelante argumentó que los procuradores delegados de la Sala Disciplinaria
de Instrucción no son competentes para investigarla o sancionarla, en su calidad
de representante a la cámara elegida por voto popular, por las siguientes
razones:
La Procuraduría General de la Nación no puede imponer sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad a los servidores públicos elegidos por voto
popular, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-325 de 2021,
proferida por la Corte Constitucional.
La regla jurisprudencial establecida por la Corte es que la “imposición de
sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de
elección popular requerirá la intervención de un juez.”
Adicionalmente, así lo disponen los artículos 8.2.h y 23.2 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y el 29 de la Constitución Política de
Colombia. De manera que, desconocer dicho postulado también viola los
“estrictos estándares derivados del bloque de constitucionalidad” y, por lo tanto,
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convierte la actuación administrativa en inconstitucional a la luz del artículo 93
superior.
La Corte estableció en la citada providencia que “…se recoge la ampliación de
la garantía de juez natural, mediante el establecimiento de la decisión judicial
como condición indispensable para la imposición de sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular…”.
De otra parte, el Consejo de Estado, confirmó en la sentencia del 19 de mayo de
2023 que “la Ley 2094 de 2021 es violatoria de los artículos 8.1., 23,2 y 68,1 de
la CADH”.
Concluye diciendo que en el catálogo de sanciones establecidas para los
servidores públicos que resultan responsables disciplinariamente, se encuentra
la destitución, la suspensión, la inhabilidad, las multas y la amonestación, siendo
estas últimas, las únicas que podría imponer eventualmente la Procuraduría
General de la Nación, porque al ser una servidora pública elegida por voto
popular, no pueden suspenderse o limitarse sus derechos políticos.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 25 de enero de 2024, se admitió la solicitud de tutela, se
ordenó notificar esta decisión a la actora, al procurador General de la Nación y
a los integrantes de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría
General de la Nación.
Adicionalmente, se dispuso comunicar la iniciación del trámite procesal al señor
Christian David Guzmán Romero, quien es sujeto de investigación en el
proceso disciplinario objeto de controversia, en atención al interés que le asiste
en las resultas de esta acción.
Se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Procuraduría General de la Nación
Manifestó que según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es
improcedente contra los actos proferidos o por proferir dentro de los procesos
disciplinarios en curso, atendiendo el requisito de subsidiariedad previsto en el
ordenamiento superior, en la medida en que tienen por objeto impulsar las
actuaciones, lo cual tendrá reflejo en la decisión definitiva posterior.
Aseguró que de acuerdo con la interpretación coherente de los artículos 93 y
277.6 de la Constitución, y el cumplimiento de buena fe de los artículos 8º y 23.2
de la CADH, existe una reserva judicial exclusiva para los servidores públicos de
elección popular en relación con las sanciones mencionadas. Esto significa que
la Procuraduría General de la Nación (PGN), como autoridad administrativa, no
puede imponer definitivamente estas sanciones sin la intervención de un juez.
Dichas restricciones solo pueden ser decididas por los jueces de la República,
independientemente de su especialidad, siempre que se garanticen los
derechos del debido proceso, similares a los del proceso penal.
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Por consiguiente, sostuvo que, en el evento que se profiera una sanción, surge
la aplicación y consecuencias del recurso automático de revisión de
conocimiento del Consejo de Estado, con lo que se garantiza el debido proceso
del disciplinado electo popularmente y de su electorado, sometiendo el asunto
ante el juez natural de la causa.
Finalizó señalando que la decisión del 1 de junio de 2023 de la Sala Disciplinaria
de Instrucción, confirmada mediante providencia del 21 de junio siguiente, no
vulneró el debido proceso, sino que por el contrario lo honró y garantizó en los
precisos términos ordenados por la Corte Constitucional.
1.5.2. Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la
Nación
Relató que según la jurisprudencia constitucional y las normas vigentes, dicha
sala cuenta con la competencia para adelantar la investigación y proferir el
pliego de cargos en contra de la accionante, mientras que su respectivo
juzgamiento le corresponde a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento para
Servidores Públicos de Elección Popular, que tiene la facultad de declararla
responsable disciplinariamente e imponer la respectiva sanción, la cual deberá
ser remitida al Consejo de Estado para dar trámite al recurso extraordinario de
revisión de forma automática.
Resaltó que los argumentos expuestos por la accionante corresponden de forma
idéntica a los presentados en la solicitud de nulidad que fue negada mediante
auto del 1 de junio de 2023 y ratificada en providencia del 21 de junio de la
misma anualidad. De manera que se trata de argumentos resueltos con garantía
de sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Solicitud de coadyuvancia
Se aceptará la manifestación de coadyuvancia presentada por el señor
Christian David Guzmán Romero, quien es sujeto de investigación en el
proceso disciplinario objeto de controversia, en tanto le asiste un interés
legítimo en las resultas del proceso.
2.3. Problemas jurídicos
En orden a decidir si hay lugar a conceder el amparo solicitado se determinará
4
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si en este caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra actos de trámite, establecidos por la Corte Constitucional.
En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si las actuaciones cuestionadas vulneran los derechos fundamentales de los
demandantes, por incurrir en defecto sustantivo.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del
derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra actos de trámite
Los actos administrativos crean, modifican o extinguen una situación jurídica
que produce efectos jurídicos en ejercicio de la función administrativa, mientras
que los actos preparatorios o de trámite son las actuaciones que se expiden en
el trámite de la adopción de tal decisión.
La Corte Constitucional ha señalado que dichos actos, “(…) no expresan en
conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el
conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos,
no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.”1
Contra los actos administrativos proceden los recursos consagrados en el
artículo 74 del CPACA y además son susceptibles de control judicial a través de
los medios de control que consagra dicho estatuto.
La jurisprudencia constitucional ha señalado sobre dicha distinción2:
1
Sentencia SU-077 de 2018.
2
Corte Constitucional, sentencia C-557 de 2001.
5
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Los actos de trámite son ‘actos instrumentales’, que integran el procedimiento
anterior a la decisión que finalmente resuelva el asunto y sus defectos jurídicos
podrán cuestionarse cuando se impugne el acto definitivo, el cual podrá ser
inválido, v.gr., por haberse adoptado con desconocimiento del procedimiento
previo que constituye requisito formal del mismo acto. Por lo tanto, es necesario
esperar a que se produzca la resolución final del procedimiento para poder
plantear la invalidez del procedimiento por haberse presentado anomalías en los
actos de trámite.
La Corte Constitucional ha sostenido que contra los actos de la administración y,
en particular, la categoría de actos de trámite, por regla general la tutela es
improcedente para cuestionarlos, en la medida en que no expresan en concreto
la voluntad de la administración y son susceptibles de control por parte del juez
natural del asunto cuando se controvierta la legalidad del acto administrativo
definitivo.
En particular, esta corporación ha resaltado que, dentro de la clasificación de los
actos administrativos, el pliego de cargos es un acto de preparatorio, que se
define como “…aquellos que adopta la administración para tomar una decisión
final o definitiva sobre el fondo de un asunto”, lo que significa, que al no definir la
cuestión sujeta a análisis resulta no demandable ante la jurisdicción.
Sin embargo, en la sentencia SU-201 de 1994, la Corte Constitucional indicó:
Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto, según las
especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de trámite tiene
la virtud de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación
administrativa y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneración de
un derecho constitucional fundamental. Entonces, en caso de ser así, la tutela es
procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho
fundamental vulnerado o amenazado por la acción de la administración.
Significa lo anterior, que la tutela procede excepcionalmente para cuestionar
actos administrativos de trámite, cuando constituya una medida preventiva, “(…)
encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos
constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo
de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional y,
consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir,
ajustado al principio de legalidad”.
Así se han establecido los requisitos necesarios para que excepcionalmente sea
procedente el mecanismo de amparo para cuestionar la legitimidad de tales
actos: (i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya
concluido; (ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que
se proyecte en la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza
real de un derecho constitucional fundamental.
En ese sentido, la Corte ha considerado que contra los actos de trámite procede
excepcionalmente la acción de tutela cuando el respectivo acto tiene la
potencialidad de definir una situación sustancial dentro de la actuación
administrativa y ha sido fruto de una actuación “abiertamente irrazonable o
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desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas
en la Constitución.”3
2.6. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
La accionante considera que se ha vulnerado su derecho al debido proceso con
ocasión de las providencias proferidas por la Sala Disciplinaria de Instrucción de
la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales: i) se dio apertura a la
investigación disciplinaria en su contra, ii) se negó su solicitud de nulidad por
falta de competencia, iii) se confirmó dicha decisión y, iv) se realizó la
evaluación y formuló el pliego de cargos.
Afirma que, con dichas actuaciones se inobservó su garantía al juez natural del
proceso puesto que la Procuraduría tiene una imposibilidad jurídica para
adelantar procesos contra servidores públicos elegidos popularmente, porque no
puede ejercer función jurisdiccional.
Con el fin de determinar si la petición de amparo procede contra esta clase de
actuaciones se verificará el cumplimiento de los presupuestos establecidos por
la jurisprudencia constitucional, citados precedentemente:
i) La actuación administrativa de la cual hacen parte los actos no ha concluido,
se trata de un proceso en trámite en el que aún no se profiere una decisión final.
ii) Los actos acusados definen una situación especial y sustancial que se
proyecta en la decisión final: 1) se trata de la determinación de asumir la
competencia para conocer y continuar la actuación disciplinaria; y, 2) aunque el
pliego de cargos no tiene un carácter resolutorio, es una relación o resumen de
las faltas o infracciones que concreta la imputación jurídico fáctica enrostrada a
la funcionaria, por lo que tiene una influencia definitiva en la decisión.
(iii) Se advierte que las actuaciones cuestionadas no ocasionan la vulneración o
amenaza real de un derecho constitucional fundamental, como pasa a
explicarse:
En primer lugar, se percata la sala, que en el evento de que el proceso
adelantado contra la accionante culmine con una decisión sancionatoria de
suspensión, destitución o inhabilidad, el principio de reserva judicial impone que
aquella sea revisada por esta corporación.4
Para la Corte Constitucional, esta dualidad garantiza el derecho al juez natural y
el estándar interamericano referente a que los servidores elegidos popularmente
solamente pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones únicamente
por una autoridad judicial imparcial y autónoma en el trámite de un proceso con
todas las garantías propias de un juicio.
3
Sentencia SU-617 de 2013; M.P. Nilson Pinilla Pinilla, reiterada en sentencia T-030 de
2015 Martha Victoria Sáchica Méndez.
4
Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2023.
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De manera que, conforme a la interpretación realizada por la Corte
Constitucional, el hecho de que se haya dado inicio a una investigación contra la
referida congresista por parte de la Procuraduría no vulneraría, a priori, su
derecho al debido proceso.
Ahora bien, en forma reciente esta corporación en sala unitaria de decisión no
avocó el conocimiento del recurso de revisión contra una decisión emitida por la
Procuraduría, bajo las siguientes consideraciones:
(...) no hay ninguna razón valedera, que sea constitucionalmente admisible, para
justificar que el juzgamiento de las decisiones disciplinarias proferidas en contra
de servidores públicos de elección popular tenga un procedimiento
extremadamente abreviado y sumario, mucho menos garantista que el que se
aplica a otros disciplinados que no tienen esa misma condición. Así las cosas, el
procedimiento de revisión ad hoc previsto para ejercer el control automático e
inmediato de legalidad de los actos sancionatorios, no puede sostenerse desde la
óptica del derecho constitucional ni convencional.5
Ante este panorama, este juez constitucional debe valorar en el caso concreto,
la situación fáctica expuesta en orden a determinar si la aplicación del diseño
disciplinario para servidores públicos establecido en la Ley 2094 de 2021,
impide la satisfacción de los derechos fundamentales de la actora al debido
proceso y las garantías que lo sustentan, como el derecho a un juez natural para
la determinación y juzgamiento de las conductas disciplinarias que se le
atribuyen.
Siguiendo el hilo del argumento expuesto, se observa, que en esta etapa
procesal aún no se ha determinado si la accionante cometió una conducta
reprochable y si se reúnen los presupuestos para imponer una sanción en su
contra, como tampoco se ha proferido una graduación definitiva de la falta, a
partir de la cual se determine si la sanción a imponer es de aquellas que puede
ser dictada por la Procuraduría en ejercicio de su potestad disciplinaria sin
intervención judicial o corresponde a las sanciones que requieren la revisión del
juez contencioso administrativo.
.
De este modo, no está acreditado que la accionante se encuentre ante la
trasgresión de un derecho fundamental con el inicio del proceso disciplinario o
que sus circunstancias particulares hagan inminente la ocurrencia de un
perjuicio irremediable pues la decisión que adopte la Procuraduría no produciría
efectos hasta que sea revisada judicialmente.
En síntesis, la presente petición deviene como improcedente por no cumplir los
presupuestos de procedencia contra actos de trámite señalados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia, además teniendo en consideración que el
derecho fundamental al debido proceso, garantía invocada por la accionante
será valorada cuando se estudie de manera integral toda la actuación a través
del recurso de revisión, o en su defecto, del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ambos ante esta jurisdicción.
5
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sala especial de decisión
número 9, consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, providencia del 19 de
mayo de 2023.
8
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Para concluir, la acción de tutela no supera el examen de procedencia general,
por consiguiente, no se analizará el fondo del asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Susana Gómez Castaño contra la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
Procuraduría General de la Nación.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
9
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