Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05931-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05931-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05931-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de diciembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05931-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05931-00
Accionantes: Susana Gómez Castaño
Accionados: Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de
la Nación y otro
Temas: Acción de tutela por presunta violación de derechos fundamentales
dentro de proceso disciplinario que se adelanta en contra de
representante a la Cámara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Susana Gómez
Castaño, mediante apoderado, en contra de la Sala Disciplinaria de Instrucción
de la Procuraduría General de la Nación y la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la
Nación.
ANTECEDENTES
Pretende la accionante el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la intimidad, los cuales considera vulnerados dentro del
proceso disciplinario con radicado IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255.
HECHOS
Manifestó que el 9 de marzo de 2023 la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en su contra
y del señor Christhian David Guzmán Romero, por presuntamente «haber tratado
con irrespeto a las personas que formaban parte de su Unidad de Trabajo
Legislativo».
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Que el 24 de mayo de 2023 decretó como prueba ordenar a la Dirección Nacional
de Investigaciones Especiales citar a la señora Laura Matyas Carvajal para
«extraer de su teléfono celular conversaciones electrónicas que involucraban a
la Representante Gómez y Castaño y otras personas». El 21 de noviembre de
igual año la Sala formuló cargos en su contra y remitió el expediente a la Sala de
Juzgamiento.
Que el 22 de agosto de 2024, la Sala de Juzgamiento negó la declaratoria de
nulidad propuesta en contra de las providencias en las que dio apertura a la
investigación, formuló cargos, ordenó y amplió el testimonio de la señora Gina
Brigitte Jaimes Abril y ordenó extraer conversaciones de Whatsapp, por lo que
contra esa decisión interpuso reposición y el 12 de septiembre de igual año la
Sala negó el recurso.
Considera que la actuación del 9 de marzo de 2023, le vulnera su derecho al
debido proceso, por no acatar los artículos 40, 209, 212 y 215 del CGP en relación
con la forma de presentar los hechos disciplinarios, pues estos fueron
relacionados de forma genérica, abstracta e indeterminada, sin precisar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se constituyó
la falta.
Que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación,
en la decisión del 21 de noviembre de 2023, incurrió en indebida valoración
probatoria, ya que 1) desconoció la existencia de varios deponentes parciales y
b) distorsionó el contenido de varias pruebas «atribuyéndoles afirmaciones que
no se hicieron o en las que se incurrieron en contradicciones».
Señaló que se le transgrede el derecho de contradicción porque el 23 de mayo
de 2023, se practicó el testimonio de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril sin la
presencia de su apoderado, porque no pudo acceder al enlace que se había
habilitado para participar en la audiencia. Además, en la ampliación del
interrogatorio se le coartó su derecho de defensa por impedir interrogar de forma
directa a la deponente, bajo el argumento de aplicar el enfoque de género, en un
proceso que guarda relación con actos de violencia o discriminación del mismo.
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Agregó que la prueba que fue decretada en el numeral 4.2.2 del auto del 24 de
mayo de 2023, esto es, las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron del
teléfono de la señora Carvajal, estaba viciada de nulidad y debía ser excluida del
proceso, pues tenía información privada y se realizó sin orden judicial.
PRETENSIONES
Solicita amparar los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar:
• Excluir del proceso disciplinario todas las pruebas obtenidas con violación de
derechos a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, en
particular, las conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono celular de la
señora Laura Matyas Carvajal y el testimonio de la señora Gina Jaimes.
• Declarar la nulidad de la apertura de la investigación disciplinaria adoptada por
la Sala de Instrucción el 9 de marzo de 2023 y la formulación de cargos del 21 de
noviembre de igual año.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 7 de noviembre de 2024, se dispuso su admisión; se negó la medida
provisional solicitada; se ordenó la notificación de las autoridades accionadas y
se vinculó al señor Christhian David Guzmán Romero, como tercero interesado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Procuraduría General de la Nación rindió informe donde señaló que la
accionante ya había presentado acción de tutela en contra de la entidad, con
identidad de argumentos en cuanto a las providencias del 9 de marzo, 1.° y 21
de junio y 21 de noviembre de 2023, salvo en relación con la práctica de la
ampliación del testimonio de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril.
Dicha acción le correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien,
en sentencia del 22 de febrero de 2024, declaró improcedente el amparo
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invocado.
Frente a la violación del derecho de contradicción en la ampliación del testimonio
de la señora Jaimes expuso que en la diligencia se resolvió a cabalidad el
cuestionario enviado por el apoderado de la accionante y se puso a disposición
de los disciplinados la actuación como garantía del derecho de defensa, por lo
cual solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El señor Christhian David Guzmán fue debidamente notificado de la acción de
tutela; sin embargo, guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas:
I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela
contra actos de trámite o preparatorios y III) caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) Procedencia de la acción de tutela contra actos de trámite o
preparatorios
Los actos administrativos de trámite o preparatorios son aquellos en los que no
hay una expresión concreta de voluntad de la administración, sino únicamente
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actuaciones que preceden a la formación de una decisión, por lo cual, no son
susceptibles, por regla general, de recursos en la vía gubernativa ni de acciones
judiciales autónomas.
Sin embargo, la Corte Constitucional1 ha señalado que cabe la acción de tutela
de manera excepcional, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“(…) El acto de trámite debe ser producto de una actuación arbitraria o
desproporcionada que transgrede o amenaza los derechos fundamentales
de una persona. En este sentido, se ha explicado que la finalidad de la acción
de tutela en estos casos es impedir que la administración concluya una actuación
con desconocimiento de las garantías mínimas constitucionales de una persona,
de forma tal que el amparo se convierte en “una medida preventiva encaminada
a que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos
constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo
de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional (…)”2.
• En segundo lugar, se requiere que el acto de trámite resuelva algún asunto
que se proyecte en la decisión principal. En efecto, aunque los actos prepara-
torios no envuelven decisiones definitivas, si se ha advertido que dicha actuación
debe tener incidencia en la construcción de la decisión final, pues de lo contrario
se trataría de una simple deficiencia, que no tendría la capacidad de afectar el
trámite seguido, al carecer de un efecto sustancial3.
• En tercer lugar, además de los anteriores requisitos, también es necesario que
la acción de tutela se presente antes de proferirse el acto definitivo, por
cuanto si ya existe una decisión de tal naturaleza, la actuación ya habrá concluido
y lo que existirá es el deber de activar los medios de defensa judicial ante el juez
contencioso. En este punto, cabe insistir que, como se expuso ut supra, la
finalidad del amparo contra un acto de trámite es impedir que se culmine una
actuación administrativa, en desconocimiento del orden constitucional4. (…)”
(negrilla fuera de texto original).
III) Caso concreto
En síntesis, la señora Susana Gómez Castaño solicita la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la intimidad, los
cuales considera transgredidos por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
1 Corte Constitucional, sentencia T 405 de 2018
2 Sentencia SU-201 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
3 La Corte ha insistido que esta posibilidad no puede ir al extremo de permitir que se haga un uso abusivo
de la acción de tutela, por ejemplo, para impedir que la administración cumpla la obligación legal de adelantar
trámites administrativos. Sobre este punto, se puede consultar la Sentencia SU-201 de 1994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
4 Sentencia T-030 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica.
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Procuraduría General de la Nación y la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servicios Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación,
con ocasión de los autos proferidos dentro del proceso disciplinario con radicado
IUS-E-2023-114383/ IUC-D-2023-2835255: 1) el 9 de marzo de 2023, apertura
de la investigación disciplinaria; 2) el 23 de mayo de 2023, práctica del testimonio
de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril y su ampliación; 3) el 21 de noviembre de
2023, pliego de cargos y 4) el 17 de mayo de 2023, orden de extraer
conversaciones de Whatsapp.
Sea lo primero aclarar que en el asunto no se configura la cosa juzgada alegada
por la Procuraduría, dado que la accionante anteriormente presentó tutela en
contra de las mismas autoridades, pero por hechos distintos, relacionados con la
falta de competencia de la autoridad para dar apertura a la investigación
disciplinaria5
Entrando en materia, observa la Sala que la tutela cumple con el primer requisito
para que proceda en contra de autos preparatorios, ya que el proceso
disciplinario se encuentra en trámite y no se ha proferido decisión final. Los
demás presupuestos serán analizados de manera separada en cada punto de
discusión.
La primera circunstancia invocada por la accionante hace referencia a que se le
viola el derecho al debido proceso en el auto que dio apertura a la investigación
disciplinaria el 9 de marzo de 2023, porque los hechos no se describieron como
lo establecen los artículos 40, 209, 212 y 215 del CGP, en lo relativo a la claridad
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Al respecto, observa la Sala que el auto antes citado no define una situación
especial y sustancial que se proyecte en la decisión final, pues el propósito de la
apertura de investigación no es otra que verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva o no de falta disciplinaria; por lo cual se declarará
improcedente la acción contra dicho auto.
La segunda circunstancia alegada por la señora Gómez es la supuesta violación
5 Mediante sentencia del 22 de febrero de 2024 la Sección Quinta de la corporación declaró improcedente
la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-07348-00
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del derecho de defensa y contradicción, por un lado, porque el 23 de mayo de
2023 se practicó el testimonio de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril sin la
presencia de su apoderado, el cual no pudo acceder al enlace que se había
habilitado para participar en la audiencia y, por otro, alegó que en la ampliación
de ese interrogatorio se le coartó su derecho de defensa, por el hecho de
impedirle interrogar de forma directa a la deponente.
Sobre el particular, evidencia la Subsección que la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en auto del 22 de
agosto de 2024 negó la nulidad propuesta en relación con la imposibilidad de
conectarse a la diligencia e interrogar a la testigo Gina Jaimes y, en su lugar,
decretó ampliar dicho testimonio.
En vista de que la testigo el 10 de septiembre de 2024 solicitó ser eximida de
rendir la declaración aduciendo que «[r]evivir y hablar nuevamente de los hechos
que ya fueron relatados supone para mí la reactivación de recuerdos
profundamente dolorosos, lo que desencadena la reminiscencia de momentos
difíciles que han impactado gravemente mi bienestar emocional». La
Procuraduría Delegada, en auto del 17 de septiembre de 2024, insistió en ordenar
la ampliación del testimonio de la señora Gina Brigitte Jaimes Abril, en las
siguientes condiciones:
“(…) con fundamento en la prueba, amen que el testimonio inicial rendido por Gina
Jaimes se encuentra almacenado en disco compacto en el proceso, se solicitará a
los abogados defensores que, con fundamento en las manifestaciones allí vertidas,
presenten a la Sala cuestionario que deberá absolver la testigo.
(…)
Recibido el o los cuestionarios la abogada a cargo de la sustanciación del proceso
citará a la testigo y realizará el interrogatorio de manera virtual, dejando grabada
la diligencia en medio magnético. (…)”
El 24 de septiembre de 2024 el apoderado de la accionante envió cuestionario
para la ampliación del testimonio de la señora Jaimes, la diligencia se llevó a cabo
el 25 de igual mes y año y el 27 del mismo mes y anualidad se puso a disposición
de los disciplinados la grabación de la actuación.
De lo anterior, observa la Sala que, impedir que el sujeto disciplinable o su
apoderado participe o intervenga en la práctica de la prueba testimonial, sin duda
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es una situación sustancial que tendría injerencia en la decisión final.
No obstante, no encuentra la Subsección que la autoridad accionada le
transgreda a la señora Gómez el derecho de defensa y contradicción, toda vez
que, si bien su apoderado no pudo intervenir en el interrogatorio que se le formuló
a la señora Jaimes el 23 de mayo de 2023, lo cierto es que a raíz de eso se
ordenó la ampliación del mismo, se le permitió al abogado acceder a la grabación
de la primera diligencia y se le otorgó tiempo para formular el cuestionario de
preguntas que estimaba pertinente realizar.
No es de recibo el argumento invocado por la accionante según el cual, las
garantías de defensa y contradicción en la audiencia del 25 de septiembre de
2024 se habrían respetado si se hubiera permitido interrogar directamente a la
testigo, ya que, si bien su apoderado no formuló de manera directa las preguntas
del cuestionario, estas fueron realizadas por la abogada sustanciadora del caso.
Ahora, en gracia de discusión si el mismo no se hubiera surtido en debida forma,
lo cierto es que cuando se puso a disposición de las partes la grabación, el
apoderado no se pronunció al respecto. Por lo anterior, se negará el amparo
invocado.
La tercera circunstancia invocada se refiere a la supuesta indebida valoración
probatoria que realizó la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría
General de la Nación en la providencia del 21 de noviembre de 2023 que formuló
pliego de cargos.
El acto acusado define una situación sustancial, bajo el entendido que es una
relación o resumen de las faltas o infracciones que concreta la imputación jurídico
fáctica enrostrada a la accionante y, por lo tanto, tiene influencia definitiva en la
decisión; sin embargo, la tutela no cumple con la carga argumentativa requerida,
porque no indica cuáles fueron las pruebas que se desconocieron o se valoraron
de manera caprichosa o arbitraria, lo que impide ahondar en la inconformidad
expuesta; razón por la cual se negará el amparo invocado.
En la última circunstancia argumentó la accionante la violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la intimidad por extraer del teléfono de la
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señora Laura Matyas Carvajal conversaciones de Whatsapp, que en su criterio
contienen información privada y, por lo tanto, se requería orden judicial para ello.
La Procuraduría, en auto del 22 de agosto de 2024 negó la exclusión de la prueba
ya mencionada, bajo el argumento de que los mensajes de Whatsapp son
pruebas documentales y, por lo tanto, no se requería la autorización previa de un
juez penal municipal con función de control de garantías para su recaudo y
expuso que en el testimonio rendido por la señora Carvajal el 17 de mayo de
2023 con la asistencia de los apoderados de los investigados, ella autorizó la
extracción de los chats de su celular.
Así las cosas, no encuentra la Sala que se le transgreda a la señora Gómez los
derechos fundamentales al debido proceso y a la intimidad, teniendo en cuenta
que la información recolectada hacía parte de un grupo de trabajo de Whatsapp
conformado por un número plural de personas6, entre las cuales se encontraba
la señora Laura Matyas, quien de manera libre y voluntaria autorizó la extracción
de la información de su celular, por lo tanto, no se requería orden judicial.
Adicionalmente, la accionante no adujo cuál fue la información personal, privada
o sensible que se reveló y por la cual se le transgredió su derecho a la intimidad.
Razón por la cual se negará el amparo invocado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en relación
con los autos del 9 de marzo y 21 de noviembre de 2023 y negará el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la intimidad y a la defensa y
contradicción en cuanto a las providencias que practicaron la prueba testimonial
y ordenaron extraer conversaciones de Whatsapp.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
6 Corte Constitucional, sentencia T 574 de 2017 “En particular, la existencia de una expectativa de privacidad
así como su alcance, debe definirse tomando en consideración, entre otros factores, 1) el carácter más o
menos abierto del sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación; 2) los integrantes y fines
del grupo virtual; 3) la clase de información de la que se trate y si se encuentra o no protegida por regímenes
especiales como aquel previsto, por ejemplo, en la Ley 1581 de 2012; 4) la existencia de reglas o pautas
que hayan fijado límites a la circulación de las expresiones o informaciones contenidas en el espacio virtual;
y 5) la vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como las que pueden
establecerse en contratos de trabajo o en los reglamentos internos de trabajo”.
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FALLA:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela en relación con el auto del 9
de marzo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Negar el amparo invocado en cuanto a las providencias mediante las
cuales se formuló cargos, practicó prueba testimonial y ordenó extraer
conversaciones de Whatsapp, conforme a la motivación precedente.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
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