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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07350-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07350-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Tulio Cesar Bernal Bacca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07350-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07350-00
Demandante: Tulio Cesar Bernal Bacca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07350-00
Demandante TULIO CESAR BERNAL BACCA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales
de procedencia: la subsidiariedad. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Pensión de jubilación de Congresista.
Defecto sustantivo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Tulio Cesar Bernal Bacca de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de diciembre de 20231, el señor Tulio Cesar Bernal Bacca interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 4 de julio de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro.
25000-23-42-000-2018-00792-00.
En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“1. Que se revoque el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, sección segunda subsección D en el expediente 2018-
00792 por violar el debido proceso, y a la debida administración de justicia por defecto
sustantivo.
2. Como consecuencia se ordene a Tribunal Administrativo Cundinamarca corregir su
providencia dictada en el expediente 2018-00792 y ordene liquidar y pagar la pensión
a TULIO CESAR BERNAL BACCA, identificado con la cedula de ciudadanía N.º.
4.130.053 conforme el régimen especial de congresista regulado por el Decreto 1359
de 1993 y decreto 1293 de 1994.
3. Como consecuencia de ello se le ordene a Colpensiones, modificar la resolución con
radicado Nro. 2019-16450795-10-2019 14 Sub 152214 del 15 de julio y sea corregida
en el sentido de liquidarla conforme el régimen especial de congresista regulado por
el Decreto 1359 de 1993 y Decreto 1293 de 1994”.

1 Tutela radicada por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2.
1

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Demandante: Tulio Cesar Bernal Bacca

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Tulio Cesar Bernal Bacca se desempeñó en el sector público y su
última vinculación fue en el Senado de la República.

2.2. Posterior a su retiro, solicitó su afiliación al Fondo de Previsión del Congreso
“FONPRECON” y el traslado de los aportes que tenía en el Fondo de
Pensiones “PORVENIR”, lo que se negó por parte del fondo al considerar que
(i) al momento de ingresar al Senado de la República no había diligenciado
formato alguno y (ii) que para la fecha de la solicitud el vínculo ya no estaba
vigente. Adicionalmente, se le informó al interesado que podía solicitar el
reconocimiento del derecho pensional ante Colpensiones.

Contra esta decisión, el señor Bernal Bacca interpuso recurso de reposición;
que fue resuelto en el sentido de confirmar el acto del 22 de diciembre de 2014.

2.3. El 11 de julio de 2016 el señor Tulio Cesar Bernal Bacca solicitó a la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones el reconocimiento y
pago de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta que sus aportes habían
sido trasladados de PORVENIR a la administradora de pensiones en mención.

Tal petición fue negada mediante la Resolución SUB 16199 del 22 de marzo
de 2017, por considerar que si bien el actor era beneficiario del régimen de
transición, no cumplía con el tiempo de servicio exigido en la Ley 33 de 1985
ni con la edad al amparo de la Ley 71 de 1988 y del Acuerdo 049 de 1990.

El accionante interpuso recurso de apelación contra lo decidido, el cual fue
resuelto en la Resolución DIR 5221 del 10 de mayo de 2017, en el sentido de
confirmar lo resuelto en el acto recurrido.

2.4. Por lo anterior, el señor Tulio Cesar Bernal Bacca en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, pretendiendo la nulidad de los actos
administrativos por los que se negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación y, en consecuencia, que se hiciera tal reconocimiento a su favor por
cumplir con los requisitos previstos en la ley.

2.5. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D (Expediente Nro. 25000-23-
42-000-2018-00792-00) que, mediante sentencia del 4 de julio de 2019
<<notificada por correo electrónico el 4 de septiembre de 2019>>, accedió a las
pretensiones de la demanda.

A juicio del Tribunal, el actor era beneficiario del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a la edad y tiempo de
servicios; en este último punto, encontró que contrario a lo manifestado por
Colpensiones en el acto administrativo acusado, sí se acreditaban los tiempos
laborados por el accionante, haciendo énfasis en los lapsos en que asistió a
las sesiones de la asamblea departamental y la forma como se debían
contabilizar estos tiempos laborados, todo lo cual, ajustaba al número de
semanas requeridas.

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Así, encontró que las normas aplicables eran las Leyes 33 y 62 de 1985. Sin
embargo, en relación con los factores a tener en cuenta para la liquidación de
la prestación, hizo mención del criterio de unificación jurisprudencial de la Sala
Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 y concluyó que frente
al IBL este correspondía al promedio del salario cotizado durante los últimos
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y únicamente teniendo en
cuenta los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

La sentencia de primera instancia no fue apelada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que al proferir la sentencia del 4 de julio de 2019 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 25000-23-42-000-
2018-00792-00, incurrió en defecto sustantivo.

Sostuvo que, al haber laborado durante los últimos periodos tanto en la Cámara de
Representantes como en el Senado de la República, su condición fue la de servidor
público de elección popular y, en su criterio, esto implicaba que debía darse
aplicación al régimen especial de los congresistas y que, si bien la sentencia le
reconoció el derecho a la pensión, lo había hecho conforme lo establecido en el
Decreto 1158 de 1994 en relación con los factores salariales a tener en cuenta.

Sin embargo, dijo haber ejercido como congresista y haber aportado a la seguridad
social en tal calidad entre 1997 y 2001 como representante a la cámara y, entre
2009 a 2010 como senador, este último periodo cuando únicamente le faltaban
meses para cumplir los 55 años de edad, de manera que mantuvo una expectativa
legítima de pensionarse conforme con la reglamentación especial del régimen del
que era beneficiario, pero que el tribunal no aplicó las normas vigentes ni analizó la
forma de liquidar las pensiones en su caso específico, concretamente el artículo 5º
del Decreto 1293 de 1994, que se refiere al índice base de liquidación y, el artículo
6º en relación con el monto de las cotizaciones tanto para salud como para pensión.

Consideró que, al haber sido sus últimos aportes como Senador de la República,
debieron aplicarse los Decretos 1293 de 1994 y 1359 de 1993, normas especiales
con las que tenía una expectativa legítima de pensión y que, no se tuvo en cuenta
la sentencia SU-062 de 2010 en la que se estudió un caso homólogo.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Inicialmente por auto del 7 de diciembre de 2023 el despacho ponente requirió
a la parte actora con el fin de que precisara varios aspectos: (i) allegara el
poder especial que facultaba al abogado para actuar en representación del
accionante, (ii) aclarara cuáles eran las providencias o actos administrativos
que se cuestionaban y, (iii) individualizara los demandantes, demandados y
terceros que actuaron dentro del respectivo proceso ordinario.

4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 15 de enero de 2024 el despacho ponente
admitió la presente acción, ordenó la notificación a las partes accionante y
accionada y dispuso vincular como tercero con interés a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, quien fue parte demandada en el
proceso ordinario.

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4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, se pronunció y luego de hacer un recuento de lo resuelto en
la decisión, indicó que la tutela era improcedente ya que el actor no había
interpuesto recurso de apelación contra la decisión de instancia en la
oportunidad procesal prevista, sumado a que la sentencia había sido proferida
el 4 de julio de 2019, por lo que tampoco cumplía con el requisito de
inmediatez.

4.4. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se pronunció
e indicó que la tutela no podía entenderse como una tercera instancia, que
había operado la cosa juzgada y que, debía protegerse el patrimonio público
al analizarse por parte de los jueces constitucionales las solicitudes de
amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer de manera
preliminar, si la solicitud de amparo cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad, en concreto los de la subsidiariedad e inmediatez.

De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia del 4 de julio
de 2019 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 25000-
23-42-000-2018-00792-00, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D incurrió en el defecto sustantivo propuesto por la parte
actora.

4. Requisito de subsidiariedad

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que señala que la
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de derechos
fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección
de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela,
siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo
procede cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.

La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias6, consiste en que, por regla
general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es
procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre
de 2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
5

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defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias
en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un
perjuicio irremediable.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros medios que permiten
satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de
tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter
subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones.

La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 2015 precisó que eso puede ocurrir
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios
de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de
protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando
el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.),
y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”.

5. Análisis en el caso concreto

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta
por el señor Tulio Cesar Bernal Bacca por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.

5.1. En el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, como juez de primera instancia, profirió la sentencia
del 4 de julio de 2019, en la que accedió a las pretensiones de la demanda;
por lo cual, luego de declarar la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la pensión de jubilación al hoy accionante,
ordenó el reconocimiento y pago de la prestación conforme con lo dispuesto
en las Leyes 33 y 62 de 1985, con los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994, correspondientes al promedio de los últimos 10 años anteriores al
reconocimiento del derecho pensional.

5.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, contra la
sentencia de primera instancia procedía el recurso de apelación. Sin embargo,
el señor Bernal Bacca no hizo uso de este medio de impugnación en lo que
consideró le era desfavorable. Circunstancia que se corroboró en el
expediente y que fue ratificada por el tribunal accionado en el informe rendido
en el presente trámite constitucional.

7 Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: […]
Parágrafo 1. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a
4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá
en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.
recurrir. […]
(Modificado por el Art. 62 de la Ley 2080 de 2021).
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5.3. Así las cosas, las inconformidades que propone el actor en torno al régimen
pensional aplicable a su caso, debió exponerlas por la vía del recurso de
apelación, que corresponde al mecanismo idóneo y eficaz para discutir
aspectos relacionados con la decisión.

En este punto, se insiste que la naturaleza subsidiaria y residual de la acción
de tutela tiene por propósito evitar que se convierta en un mecanismo judicial
alternativo que pueda ser utilizado para soslayar los términos procesales de
los medios ordinarios de defensa o para suplir falencias en las estrategias de
jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir
asuntos que deben ser debatidos en su escenario natural.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no
podrá, posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su
inacción y que, en estas circunstancias, “…la acción de amparo constitucional no
podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal
modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario
en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a
la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo.” 8

De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya reiterado en
múltiples ocasiones que, en virtud de la subsidiariedad de la acción de tutela,
el interesado tiene la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa
ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos
fundamentales. Por lo mismo ha de entenderse que la acción de tutela no es
una herramienta judicial que pueda desplazar los mecanismos judiciales
ordinarios de defensa, si ellos son idóneos y eficaces para la realización de los
derechos de las personas.

5.4. En el escrito de tutela, al referirse al cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción, en relación con el agotamiento de los medios
ordinarios el actor manifestó lo siguiente:
“Agotamiento de los Medios Ordinarios: La providencia sobre la cual se discute su legitimidad, fue
conferida en un órgano de cierre, teniendo en cuenta que los aspectos fundamentales de la decisión
de primera instancia, fueron presentados al tribunal, este tiene el deber de analizar el derecho en
litigio conforme al problema jurídico presentado y decidir de él, de forma completa y concreta. La
decisión controvertida no posee otro mecanismo de controversia, ya que, al declarar un derecho
de pensión en las condiciones de régimen de transición, deja al arbitrio de la entidad vencida en
juicio la forma de materializar y contabilizar el derecho, es decir que el problema jurídico fue resuelto
a medias. Esta parcialidad corresponde a una deslegitimación del derecho.
La omisión del tribunal, provocó otro problema jurídico de aplicación normativa en relación con la
interpretación de la norma que se aplicaría al momento de liquidar la pensión; esto es simple, ya
que, si se aplica de forma concreta y completa la condición más beneficiosa, el tribunal al estudiar
las normas generales de cotización al mantener el beneficio de la edad, aplicaría para su cálculo
el régimen especial de los congresistas, conforme quedo probado en el expediente. Es decir que
debe aplicarse el cálculo del monto pensional mensual conforme a la situación especial de Decreto
1359 de 1993.
Controvertir dicha decisión en otra instancia es imposible ya que pertenece a una decisión de
segunda instancia y corregir un error de interpretación sobre la aplicación normativa que calcula el
monto de la mesada pensional no corresponde a las causales de revisión de las sentencias
judiciales, por lo que la acción de tutela es la única que puede ser apta para proteger derechos
fundamentales a la correcta administración de justicia” (subrayado de la Sala).

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.
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Sin embargo, en el escrito de subsanación presentado en cumplimiento al auto
previo a la admisión de la demanda, manifestó:
“Es decir que se ataca la sentencia proferida por el mencionado tribunal en el expediente
25000-23-42-000-2018-00792-00 el día 04 de julio de 2019 dada en única instancia.
Además de ello es necesario exponer que como consecuencia de dicha providencia se
ataca también la resolución con radicado n°2019_16450795_10-2019:14 sub 152214 del
15 de julio de 2020 emitida por Colpensiones que da cumplimiento dicha providencia, la
cual se anexa junto con todos los documentos que se encuentran en poder de mi parte”
(subrayado de la Sala).
Lo anterior, deja en evidencia la confusión de la parte actora, relativa a la
naturaleza de la sentencia que se cuestiona vía acción de tutela, pues en un
primer momento indicó que se trataba de una decisión de segunda instancia
y, posteriormente que se trataba de un asunto de única instancia. Lo cierto es,
y, que se trató de un proceso de doble instancia cuya decisión de primera
instancia, proferida el 4 de julio de 2019 no fue apelada por el hoy accionante
de lo que consideró desfavorable; motivo por el cual la decisión quedó
ejecutoriada el 18 de septiembre de 2019 conforme la constancia de ejecutoria
expedida por el tribunal el 2 de diciembre de 2021 y que obra a folio 235 del
expediente ordinario allegado en medio digital.

De manera que, la tutela no es el escenario para indicar aspectos que debieron
ser discutidos al interior del proceso ordinario, por lo que, al no haber
presentado el recurso procedente contra la decisión que se acusa, la Sala
considera que la presente acción resulta improcedente por no agotamiento de
los recursos idóneos contra la decisión respectiva.

5.5. Aunque lo anterior es suficiente para declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela, se tiene que en el caso examinado tampoco se encuentra
satisfecho el requisito de la inmediatez ya que, en el caso examinado, la parte
accionante cuestiona la sentencia del 4 de julio de 2019 la cual se notificó por
correo electrónico el 4 de septiembre de 2019; y la acción de tutela se radicó
el 5 de diciembre de 2023, esto es, luego de transcurridos 4 años y 3 meses
contados desde la notificación de la providencia acusada, lo cual supera el
plazo razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

Cuando la acción de tutela se interpone contra una sentencia judicial, la carga
de diligencia en la interposición de la acción es más estricta, dado que el paso
del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los
efectos de las sentencias9. Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio
entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales principios,
es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales
señalados jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales
de procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente los de subsidiariedad e inmediatez.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07350-00
Demandante: Tulio Cesar Bernal Bacca

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Tulio
Cesar Bernal Bacca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

9

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