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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07350-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07350-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmase la sentencia del 29 de febrero de 2024, por medio de la cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional de la referencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07350-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de abril de 2024

Demandante: Tulio Cesar Bernal Bacca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Rad: 11001-03-15-000-2023-07350-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07350-01
Demandantes: TULIO CESAR BERNAL BACCA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedente porque no
supera inmediatez ni subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo del 29 de febrero de 2024, por medio del cual, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Tulio Cesar Bernal Bacca, actuando a través de apoderado judicial,
presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social y el debido proceso.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 4 de julio de 2019, proferida por dicha autoridad judicial, notificada
el 4 de septiembre siguiente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el No 25000234200020180079200,
mediante la cual se ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) el reconocimiento de su pensión de vejez con un régimen
pensional que, a su juicio, no le correspondía y resultaba menos favorable, pues
éste era aplicable a los funcionarios públicos, siendo lo correcto ordenar la
liquidación conforme al Decreto 1359 de 1993, régimen especial para
congresistas.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante solicitó:

Que se revoque el numeral segundo de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, sección segunda subsección D en

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Demandante: Tulio Cesar Bernal Bacca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Rad: 11001-03-15-000-2023-07350-00

el expediente 2018- 00792 por violar el debido proceso, y a la debida
administración de justicia por defecto sustantivo.
Como consecuencia se ordene a Tribunal Administrativo Cundinamarca
corregir su providencia dictada en el expediente 2018-00792 y ordene
liquidar y pagar la pensión a TULIO CESAR BERNAL BACCA, identificado
con la cedula de ciudadanía Nº. 4.130.053 conforme el régimen especial de
congresista regulado por el Decreto 1359 de 1993 y decreto 1293 de 1994. 1

1.3. Hechos

Los hechos jurídicamente relevantes pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D se ordenó a Colpensiones reconocer la mesada
pensional al actor. Contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación.

El actor señaló que, en la providencia cuestionada se ordenó que para la
liquidación del IBL, se aplicara un régimen general de liquidación de funcionarios
públicos, cuando lo correcto era reconocer el derecho al régimen de transición y
ordenar la liquidación conforme al Decreto 1359 de 1993 ya que cumplió los
requisitos de cotización y edad amparado por el régimen especial como
congresista.

Aseguró, que conforme al artículo 4 del Decreto 1359 de 1993 cumplió con los
requisitos de cotización y posesión como congresista de Colombia, pero la
autoridad judicial, al ordenar el reconocimiento pensional no tuvo en cuenta este
régimen especial.

Además alegó, que se dio un trámite indebido al proceso judicial, ya que no se
conformó el litisconsorcio necesario con la entidad FOMPROCOM, a quien se le
realizaron los pagos como senador y le correspondería reconocer la pensión bajo
el régimen especial de los congresistas.

Agregó que Colpensiones dio cumplimiento a lo dispuesto en la providencia que
cuestionada, mediante resolución 2019_16450795_10-2019_147 SUB_152219
del 15 de Julio de 2020.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado incurre en
defecto material o sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial, por las siguientes razones:

Aduce que el tribunal no aplicó la normativa vigente ni analizó la forma de liquidar
las pensiones, pese a que estaba regulado de forma especial y especifica el caso,
es decir, al problema jurídico planteado en el proceso.

Argumentó que, el tribunal decidió aplicar una norma general y no la regulación
de un régimen especial y específico de cotización el cual está especificado por el

1 Se copia textual del escrito de tutela con posibles errores.

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artículo 6 del decreto 1293 de 1994.

Señaló que no fue analizado el precedente establecido ya por SU – 062 de 2010,
en el cual aclara y sienta jurisprudencia al decidir un caso homólogo.

Alegó que la corporación no advirtió que el actor cumplió los requisitos de edad
hasta el 16 de julio de 2016, pero al cotizar bajo el régimen especial sobre el
salario de senador, sus semanas ya estaban cumplidas, es decir la expectativa
legitima al pensionarse bajo el régimen especial estaban garantizadas y solo a la
espera de menos de un año al cumplir la edad para poder pensionarse.

Indicó que el Decreto 1359 de 1993 establece que solo hay que posesionarse y
cotizar al régimen especial del congreso, lo cual quedó probado dentro del
expediente, ya que los dineros de las cotizaciones realizadas en su ejercicio
como senador del actor trasladadas únicamente después de la ejecutoria de la
sentencia, puesto que, al momento de retirarse no cumplía la edad, pero sí con
el régimen que se le extendía hasta dicho hecho esperado, cumplir con 55 años.

Concluyó que el accionante tenía una expectativa legitima, probada en juicio y no
motivada dentro de la sentencia, lo que provocó el error judicial, que se espera
sea corregido a través de la tutela.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 15 de enero de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión al actor y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

Adicionalmente dispuso la vinculación de Colpensiones al trámite del proceso por
considerar que podría tener interés en sus resultas.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Señaló que la tutela no podía entenderse como una tercera instancia, que había
operado la cosa juzgada y debía protegerse el patrimonio público al analizarse
por parte de los jueces constitucionales las solicitudes de amparo.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Adujo que revisada la providencia acusada no se observa la configuración de
ninguno de los defectos indicados, en cuanto fue proferida por i) funcionarios
competentes, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de
actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la
decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin que haya
contradicción entre los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la
misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente

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motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi) no hubo desconocimiento
del precedente constitucional.

Manifestó que la acción es improcedente, toda vez que el accionante no ejerció
el recurso de apelación contra la decisión de instancia en la oportunidad procesal
prevista, aunado a que la sentencia fue proferida el 4 de julio de 2019, por lo que
tampoco cumple con el requisito de inmediatez.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, declaró improcedente
la acción de tutela, al determinar que no cumple con el requisito de inmediatez y
no se agotaron los recursos para interponerla.

1.7. Impugnación

Mediante escritos enviados por correo electrónico, el actor impugnó el fallo de
primera instancia bajo los siguientes argumentos:

Indicó que la sentencia no analiza la relevancia constitucional y tampoco analiza
de fondo la procedibilidad al momento de definir el derecho fundamental del
debido proceso.

Arguyó que la decisión impugnada afecta los derechos de la seguridad social y
de pensión, ya que, al garantizar un derecho laboral, debía definir el marco legal
aplicable al momento de acreditar los requisitos pensionales.

1.8. Tramite en segunda instancia

El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó su impedimento para conocer
del presente asunto, el cual fue aceptado mediante providencia expedida en la
misma fecha que esta sentencia, por estar justificado, dado que fungió como
ponente de la sentencia cuestionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente de la
referencia, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problemas jurídicos

En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, se determinará si en este caso se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

2 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia cuestionada, mediante la cual se ordenó reconocer la pensión
de vejez al accionante, vulnera sus derechos fundamentales, por incurrir en
defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
4 Ibídem.

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presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Sobre el requisito de inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela no se
puede presentar en cualquier momento, de lo contrario podría afectar la seguridad
jurídica y alterar su esencia como mecanismo de protección inminente.

En ese sentido ha sostenido la alta corporación que, para determinar la
inmediatez, el juez de tutela debe analizar las circunstancias particulares de cada
situación y determinar qué se entiende por plazo razonable caso a caso.

En esta medida, ha establecido algunos criterios para este fin: “(i) la diligencia del
interesado en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de derechos
de terceros; (iii) la estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del conflicto; (v) el
equilibrio de las cargas procesales y (vi) la existencia de circunstancias de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta”.5

En particular, frente a la acción de tutela contra providencias judiciales ha dicho
que debe instaurarse tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la
necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho,
ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan
perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. 6

Además, ha indicado que, la carga de la argumentación en cabeza del
demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe
entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró
vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo

5 Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 2023.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.

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reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la
sentencia.

A partir de lo anterior, en aras de determinar que no existe una tardanza
injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, ha evaluado
dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

(i) Que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en
un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.7

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

En el caso objeto de estudio, la parte actora asegura que la vulneración de sus
derechos fundamentales como el debido proceso y seguridad social se desprende
de la ausencia o indebida valoración de las pruebas practicadas en el trámite
procesal y la indebida aplicación de normas que no regulaban el régimen
pensional del accionante, además del desconocimiento del precedente judicial
aplicable a su caso.

Revisada la providencia cuestionada se advierte que fue proferida el 4 de julio de
2019 y se notificó por correo electrónico el 4 de septiembre siguiente, según
aparece en el expediente aportado por la autoridad judicial demandada. La
providencia quedó ejecutoriada el 18 de ese mismo mes y año, mientras que la
petición de amparo se formuló el 5 de diciembre de 20238.

En los hechos de la demanda no se hizo referencia a ninguna circunstancia que
hubiese impedido al tutelante, acudir al mecanismo constitucional con
anterioridad, pues sobre el punto simplemente se insistió en la procedencia de la
tutela aún pese al tiempo trascurrido.

El requisito de plazo razonable en el ejercicio de la acción de tutela constituye una
suerte de medidor que permite establecer que tan apremiante es la situación
amenazadora del derecho, ya que, si se acude a ésta de manera excesiva e
injustificadamente tardía, significaría que ni si quiera el presunto afectado en sus
derechos considera que la vulneración es urgente.

Cuando se ejerce la acción de tutela contra una providencia judicial, la Corte
Constitucional ha señalado que la verificación de la inmediatez debe ser más
exigente respecto a la actualidad en la vulneración de los derechos
fundamentales, pues como consecuencia, podría dejarse sin efecto una decisión
judicial.

7 Corte Constitucional. Sentencia SU-184 de 2019.
8 Folio 235 del expediente digital, carpeta respuesta registrada en la plataforma Samai.

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De esta manera, la inmediatez es una exigencia ineludible en la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, porque se encuentran en juego
principios como la seguridad jurídica.

Desde esta perspectiva, se advierte que el plazo trascurrido entre la providencia
judicial cuestionada y la instauración de la acción de tutela resulta irrazonable y
excesivo, además que no encuentra justificación, pues la sola mención a la
naturaleza del asunto laboral no es suficiente para validar la inactividad de la
sociedad accionante.

En la impugnación se señalaron circunstancias relativas a un perjuicio
irremediable que no fueron sustentadas, puesto que no se logra advertir de la
simple narración de los hechos, una situación que ponga al actor en un inminente
riesgo de vulneración de sus derechos. En especial, porque el propósito de la
tutela es que se reajuste una pensión ya reconocida, para que se aplique un
régimen pensional distinto al que consideró el juez natural del proceso.

Volviendo al tema analizado, es claro que un plazo superior a 6 meses para
presentar la petición de amparo resulta desproporcionado, en especial cuando
están en juego principios como la seguridad jurídica, a menos que se demuestren
unas condiciones particulares que hayan impedido acudir al mecanismo con
premura.

Con la desidia demostrada, se advierte que el mismo titular de los derechos no
reconoció la condición de urgencia de vulneración de sus derechos con la
expedición de la providencia judicial, como lo evidencia con su tardanza en acudir
al mecanismo de amparo, de tal manera que, no podría este juez constitucional
otorgar a la presunta trasgresión un carácter urgente, condición que caracteriza a
la acción de tutela.

De otra parte, la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que
contra la sentencia no se interpuso ningún recurso, pese a ser susceptible de
apelación por tratarse de una decisión de primera instancia. Omisión que tampoco
fue justificada por el accionante en su petición de amparo.

En armonía con las consideraciones efectuadas, la acción de tutela se torna
improcedente por no cumplir con el presupuesto de inmediatez y subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmase la sentencia del 29 de febrero de 2024, por medio de la
cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
constitucional de la referencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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