Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07354-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07354-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07354-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-07354-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES -UNGRD-.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.
DERECHO FUNDAMENTAL: A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-07354-00
Actora: UNGRD.
La UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES – en adelante UNGRD-, actuando a través de
apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental a la igualdad y al principio de seguridad
jurídica, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el
TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 31 de marzo de
2023, dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el número único de radicación 110013336033-2019-00141-01.
I.2.- Hechos
Indicó que el señor RUBIEL QUINAYAS RUIZ y otros, promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en
su contra, la Nación – Ministerio de Ambiente, la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, en
adelante CORPOAMAZONIA, el Departamento del Putumayo y
el Municipio de Mocoa, con el fin de que se les declarara
responsables por los presuntos perjuicios causados con ocasión de la
omisión en la toma de medidas administrativas para impedir la
destrucción material que trajo consigo la avalancha del 1o. de abril
de 2017 en el Municipio de Mocoa.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-07354-00
Actora: UNGRD.
Relató que los hechos de la demanda se fundamentaron en el daño
moral ocasionado con la muerte de tres familiares de los
demandantes.
Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2019-00141-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, en sentencia de 15 de diciembre de 2021, denegó
las pretensiones.
Señaló que la parte actora inconforme con lo anterior interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, en
providencia de 31 de marzo de 2023, revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, declaró a las demandadas patrimonial y
extracontractualmente responsables por el daño antijurídico sufrido
por los allí accionantes, por lo que las condenó al pago de cien (100)
smlmv, en igual proporción y solidariamente.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que la providencia cuestionada incurrió en el defecto
sustantivo por carecer de la motivación suficiente, si se tiene en
cuenta que en su parte motiva, sin hacer previamente una valoración
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Número único de radicación: 110010315000-2023-07354-00
Actora: UNGRD.
del elemento de la imputación del daño como presupuesto
indispensable para declararla responsable, se limitó tan solo a
efectuar una transcripción textual de la Ley 1523 de 24 de abril de
20122.
Sumado a ello, afirmó que se interpretó de manera equívoca el
artículo 64 del Código Civil, comoquiera que la imprevisibilidad como
elemento fundamental de la fuerza mayor no solo implica que el
hecho se pueda anticipar, sino que se puedan prever sus efectos.
Aseguró que igualmente, se incurrió en defecto fáctico por carecer
de apoyo probatorio que permitiera aplicar la norma en que se
sustentó la decisión, toda vez que el TRIBUNAL si bien tenía las
pruebas del expediente que acreditaban que las lluvias de marzo de
2017 era un hecho conocido por las autoridades, estas no
demostraban la previsibilidad de sus efectos.
Añadió que el TRIBUNAL no tuvo en cuenta el informe del IDEAM
que señalaba que este hecho ocurrió de forma súbita, pues las lluvias
se incrementaron de forma exponencial en un solo día, hecho sin
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Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y se dictan otras disposiciones.
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Actora: UNGRD.
precedentes en el Municipio de Mocoa.
Afirmó que las pruebas en las cuales se fundamentó la decisión solo
acreditaban que la zona donde se ubica el Municipio de Mocoa es de
alto riesgo de avalanchas, derrumbes y avenidas torrenciales por los
ríos, sin que de allí pudiera evidenciarse que un hecho como el
ocurrido y sus consecuencias, pudiera predecirse o anticiparse.
Sostuvo que el TRIBUNAL, al interpretar de manera errónea el
artículo 64 del Código Civil, desconoció el precedente judicial3
sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos de
ocurrencia de desastres naturales.
Por último, manifestó que la acción de tutela de la referencia cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
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Sentencias de 30 de julio de 2021 identificada con el número único de radicación 080012333004-
201300208-01 y de 11 de octubre de 2021 identificada con el número único de radicación 250002326-
2008-00177-01.
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Actora: UNGRD.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la
IGUALDAD, PRINCIPIO DE SEGUIDAD JURIDICA de la UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES,
vulnerados con la actuación de la autoridad judicial accionada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 31 de marzo de
2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nuevamente
sentencia dentro del medio de control de reparación directa No.
11001-33-36-033-2019-00141-01 teniendo en cuenta el
alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el
precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
que interpretó el artículo 64 del Código Civil acerca de la fuerza
mayor y el caso fortuito.
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que, de conformidad con el precedente
judicial y el artículo 64 del Código Civil, logró concluir que no se
configuró el eximente de responsabilidad en el asunto, pues no fue
marginal la omisión por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de la actora, dado que estas fueron citadas a un debate
de control político ante el Congreso de la República con anterioridad
al trágico suceso, relacionado con su inactividad para evitar riesgos
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Actora: UNGRD.
como el que se materializó, de tal forma que no era dable alegar
ignorancia de la posibilidad de la avenida torrencial.
Finalmente, solicitó denegar el amparo solicitado, pues no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la actora.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO solicitó denegar el amparo deprecado, pues no
se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora.
I.6.2.- La GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO sostuvo que era
imposible para las demandadas prever cuándo o en qué medida
ocurriría el evento natural, además, no se trato de un hecho que se
pudiera resistir o contener, toda vez que la magnitud del evento fue
tal, que las actividades que se echaron de menos como necesarias
para mitigar el riesgo no habrían tenido relevancia alguna en relación
con los daños que se causaron.
Así las cosas, destacó que, a su juicio, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos alegados por la actora, por lo que solicitó que
se acceda al amparo deprecado.
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Actora: UNGRD.
I.6.3.- CORPOAMAZONIA indicó que comparte las inconformidades
expuestas por la actora en el escrito de tutela, comoquiera que, en
efecto, el TRIBUNAL arbitrariamente y sin tener en cuenta el
precedente judicial resolvió revocar la decisión del a quo y acceder a
las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Resaltó que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental invocado y, por tanto, se debe acceder al amparo
solicitado, máxime cuando en casos con identidad fáctica al presente,
se ha resuelto que no se cumplen los elementos esenciales de la
responsabilidad administrativa.
Aseveró que el TRIBUNAL no puede crear una nueva teoría respecto
de la imprevisibilidad y de la configuración de la eximente de
responsabilidad por fenómenos naturales, dado que ello desconocería
el derecho a la igualdad frente a otras demandas que fueron
resueltas de forma contraria, sumado al hecho de que la providencia
cuestionada no estuvo suficientemente motivada.
Finalmente, manifestó que dicha providencia genera un desequilibrio
económico a la entidad, por lo que apoya los argumentos
presentados por la actora y solicita que se acceda al amparo.
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I.6.4.- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE adujo que carecía de legitimación en la causa por
pasiva dentro del proceso de reparación directa, por lo que el
juzgador no podía imponer una condena en un juicio de
responsabilidad, máxime cuando no estaban acreditados los
elementos estructurales para ello, por lo que se debió probar la
relación de imputación del daño reclamado con la conducta o
actividad del sujeto pasivo.
Agregó que, en todo caso y contrario a lo advertido por el
TRIBUNAL, si adelantó las gestiones necesarias en el marco de la
emergencia presentada en el Municipio de Mocoa, lo que permitió
agilizar el proceso de recuperación y rehabilitación, así como
aumentar la articulación entre el Sistema Nacional Ambiental y el
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Por lo anterior, solicitó que se tutelen los derechos fundamentales
vulnerados y se deje sin efectos la providencia cuestionada.
I.6.5.- El MUNICIPIO DE MOCOA relató que logró demostrar que
existen actuaciones adelantadas con anterioridad a la tragedia
natural acaecida en marzo de 2017, pues adelantó acorde con su
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Actora: UNGRD.
capacidad financiera y administrativa una serie de acciones
tendientes a gestionar el riesgo.
De otra parte, puso de relieve que en asuntos similares al presente
logró concluirse que la avenida torrencial fue un fenómeno natural y
por tanto no era posible endilgar responsabilidad a las entidades, por
lo que en el caso concreto debió declararse el eximente de
responsabilidad administrativa.
Así las cosas, solicitó amparar el derecho fundamental invocado,
pues el TRIBUNAL no falló conforme a derecho, por lo que está
demostrada la vulneración alegada.
I.6.6.- El señor RUBIEL QUINAYAS RUIZ, vinculado como tercero
con interés directo en las resultas de la presente acción, puso de
presente que la acción de tutela carece del requisito de inmediatez,
en la medida en que la providencia cuestionada quedó ejecutoriada
el 28 de abril de 2023, mientras que la solicitud de amparo fue
presentada el 5 de diciembre de la misma anualidad, superando así
el término establecido por la jurisprudencia.
Sumado a ello, refirió que lo pretendido por la actora es crear una
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Actora: UNGRD.
instancia adicional dentro del proceso ordinario, de tal forma que
debe declararse la improcedencia de la acción, pues los argumentos
descritos en la solicitud de amparo son los mismos expuestos en el
proceso de reparación directa.
Sostuvo que las entidades condenadas por el TRIBUNAL estaban
plenamente advertidas sobre la posible ocurrencia de una avenida
torrencial que podía destruir el Municipio de Mocoa, situación que
estuvo plenamente demostrada.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Actora: UNGRD.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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Actora: UNGRD.
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
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decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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Actora: UNGRD.
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 31 de marzo de 2023, proferida por el TRIBUNAL,
por medio de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, se
accedió a las pretensiones de la demanda promovida dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2019-00141-01.
La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa
presentada por el señor RUBIEL QUINAYAS RUIZ y otros contra la
Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
UNGRD, CORPOAMAZONIA, el Departamento del Putumayo y
el Municipio de Mocoa, en la que se solicitó la declaratoria de
responsabilidad de las entidades por los daños sufridos con ocasión
de la avalancha acaecida el 1 de abril de 2017 en el Municipio de
Mocoa.
La actora estima que la providencia cuestionada vulneró su derecho
fundamental a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, dado
que, en su sentir, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
judicial.
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Actora: UNGRD.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró el derecho fundamental deprecado e incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, al haber
proferido la sentencia de 31 de marzo de 2023 dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2019-00141-01.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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Actora: UNGRD.
mecanismo […]”4.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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Actora: UNGRD.
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo6:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión9;
7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
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(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta11.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que conforme con las
constancias obrantes en el expediente allegado en medio magnético
del proceso origen de la controversia12, la sentencia de 31 de marzo
de 2023, aquí cuestionada, fue notificada al actor vía correo
electrónico el 20 de abril de 2023, sin embargo, en aplicación del
numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201113, la Sala entenderá que la notificación de la sentencia
cuestionada se surtió debidamente el 25 de abril de 2023.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 5 de diciembre de 2023, esto es,
transcurridos 7 meses y 10 días, en consecuencia, superados así
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Visible a índice 14 de la acción de tutela de la referencia dispuesto en el aplicativo de consulta SAMAI.
13
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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los 6 meses que han sido estimados por la jurisprudencia como
término razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de
una decisión judicial, sin que la actora haya expuesto razón alguna
que justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de
los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
14
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la
inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de la
inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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