Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07354-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07354-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07354-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07354-01
Demandante: Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres1
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por los
daños sufridos con ocasión de la avenida torrencial ocurrida el 31
de marzo y el 1 de abril de 2017 en el municipio de Mocoa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación formulada por la UNGRD, en contra de la sentencia
proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera
mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
La UNGRD promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales a la igualdad y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-36-033-2019-
00141-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Rubiel Quinayas Ruiz y Claudia Patricia Quinayas Gaviria presentaron, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, demanda en contra de la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la UNGRD; la Corporación
Para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia3; el departamento del
Putumayo y el municipio de Mocoa; con el fin de que se declarara su responsabilidad
1 En adelante UNGRD
2 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 2»
3 En adelante Corpoamazonía
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07354-01
Demandante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
patrimonial por la omisión a su deber de implementar obras para mitigar el riesgo del
desbordamiento de los ríos y quebradas de Mocoa, que conllevó a los daños sufridos
con ocasión de la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo y 1 de abril de 2017.
ii) El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 15 de diciembre de 2021 negó las súplicas de la demanda al
considerar que el acaecimiento de la avenida torrencial fue un evento imprevisible
e irresistible. Decisión contra la cual parte demandante interpuso recurso de
apelación.
ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en
sentencia del 31 de marzo de 2023 revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró responsables patrimonial y extracontractualmente a las entidades
demandadas por el daño antijuridico ocasionado por el fallecimiento de Sharith
Stefany Álvarez Quinayas, como consecuencia de la avenida torrencial, pues, no se
cumplió con el deber de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención
requeridas.
iii) En relación con esa decisión, consideró que la corporación judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo por cuanto
careció de la motivación necesaria, pues, no realizó previamente una valoración del
elemento de la imputación del daño, el cual debió concurrir para declarar la
responsabilidad estatal, limitándose a transcribir la Ley 1523 de 2012, ni interpretó
de manera adecuada el artículo 64 del Código Civil, respecto a la causal de fuerza
mayor como elemento eximente de responsabilidad patrimonial.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico, en tanto otorgó un valor
probatorio que no tenían las pruebas del expediente que, si bien acreditaban que la
existencia de las lluvias y la avenida torrencial era un hecho conocido por las
autoridades, no demostraban la previsibilidad de sus efectos, pues, «no tuvo en
cuenta que el Informe del IDEAM que señalaba que este hecho ocurrió de forma súbita
porque las lluvias se incrementaron de forma exponencial en solo un día, un hecho
prácticamente sin precedentes en el municipio de Mocoa».
No valoró los informes técnicos diarios i) 089 emitido por el IDEAM al Sistema
Nacional del Riesgo y al Sistema Nacional ambiental del 30 de marzo de 2017; ii)
090 emitido por el IDEAM el 31 de marzo de 2017.
Finalmente, incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de
Estado4 sobre la responsabilidad patrimonial estatal en los eventos de ocurrencia
de desastres naturales.
1.1.2. Pretensiones
4 Al respecto citó: i) Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 25000-23-26-2008-
00177- 01 (46891); ii) sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 08001-23-33-004-2013-00208-
01(59287); iii) Sentencia del 4 de junio de 2021, rad. 63344
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Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, PRINCIPIO
DE SEGUIDAD JURIDICA de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, vulnerados con la actuación de la autoridad judicial
accionada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de l31 de marzo de 2023 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca proferir nuevamente sentencia dentro del medio de
control de reparación directa No. 11001-33-36-033-2019-00141-01 teniendo en cuenta
el alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el precedente del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional que interpretó el artículo 64 del Código Civil
acerca de la fuerza mayor y el caso fortuito […] [sic]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El departamento del Putumayo5 coadyuvó la solicitud de amparo, en la
medida que lo que ocurrió fue un evento extraordinario, pues de las pruebas
allegadas directamente se demostró que la lluvia que cayó el día de la tragedia tuvo
un volumen de precipitación de los más altos en 30 años y el 83% de dicha lluvia
ocurrió solo en 3 horas, razón por la que los informes técnicos calificaron el suceso
como imprevisible e irresistible.
No se acreditó la falla en el servicio, en tanto las entidades demandadas adelantaron
múltiples actuaciones en cuanto a la gestión del riesgo y desastres y su respectiva
mitigación.
Insistió en la configuración de un defecto fáctico por la indebida valoración del
informe técnico emitido por el IDEAM, del cual se concluyó que lo que ocurrió fue
un fenómeno natural con visos de fuerza mayor.
1.2.2. La Corpoamazonía6 indicó que apoya los argumentos presentados por la
demandante, razón por la cual solicitó sean tutelados los derechos fundamentales
invocados y se declarara la nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues lo que acaeció fue un evento
extraordinario y el tribunal no puede crear una nueva teoría respecto de la
imprevisibilidad y de la configuración de la eximente de responsabilidad por
fenómenos naturales, pues, esto dio cuenta del desconocimiento del precedente
judicial en cuanto a la configuración de la fuerza mayor.
5 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_INFORMEPUTUMAYOTUT(.pdf)NroActua
10»
6 Ver índice 12 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_CONTESTACIONACC(.zip) NroActua
12»
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Puso de presente diferentes procesos en los cuales se ha fallado en torno al mismo
desastre de la avenida torrencial de Mocoa, así como diversas tutelas que han sido
interpuestas por el apoderado demandante de otros procesos del mismo fenómeno.
1.2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B7 solicitó se deniegue las pretensiones de amparo ante la inexistencia
de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la entidad
demandante, en la medida que en el caso en concreto no se logró evidenciar la
fuerza mayor como eximente de responsabilidad y por el contrario, existió múltiples
omisiones por parte de las demandadas en cuanto a sus funciones de prevención
de desastres, que incidieron en el trágico desenlace.
1.2.4. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Tercera8 luego de realizar un recuento de las actuaciones jurídico-procesales
contenidas en los archivos de ese despacho y en los registros del Sistema de
Consulta Siglo XXI del expediente en cuestión, solicitó su desvinculación y negar
las pretensiones ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
de las partes.
1.2.5. El municipio de San Miguel9 solicitó tutelar los derechos fundamentales
invocados por la parte demandante en la medida que en el presente caso no se falló
en derecho, por lo cual está demostrada la vulneración.
Insistió en que se configuró el eximente de responsabilidad del que data el articulo
64 del Código Civil, respecto a la fuerza mayor o caso fortuito, pues, se demostró
que la avalancha fue un fenómeno natural con dichas características y además, no
se acreditó el nexo causal entre el daño y la parcial omisión que se pretende
endilgar, es decir, que no se demostró que esta fuera la causa del daño.
1.2.6. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible10 solicitó se tutelaran
los derechos fundamentales invocados en la tutela y como consecuencia, se dejara
sin efectos la sentencia del 31 de marzo de 2023.
Reforzó lo mencionado respecto a la existencia de una fuerza mayor en los hechos
de la avenida torrencial del municipio de Mocoa en el 2017 y coadyuvó a la
apreciación de que el tribunal realizó una interpretación errónea del articulo 64 del
Código Civil, pues, dentro del proceso nunca se estableció como esta entidad,
7 Ver índice 13 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_INFORMEACCIONDETU(.pdf) NroActua
13»
8 Ver índice 14 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_CONTESTATUTULAVINCUL(.pdf) NroActua 14»
9 Ver índice 16 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDETUTE(.pdf) NroActua
16»
10 Ver índice 17 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_CON1(.zip) NroActua 17»
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dentro de su competencia, podía haber previsto los hechos ocurridos ni sus
consecuencias.
1.2.7. Rubiel Quinayas Ruiz11 solicitó declarar improcedente la tutela en la medida
que no cumple con los requisitos generales de procedencia, específicamente el de
inmediatez, pues, la decisión acusada fue proferida el 31 de marzo de 2023 y quedó
ejecutoriada el 28 de abril de 2023, mientras que la tutela fue presentada hasta el 5
de diciembre de 2023.
La verdadera intención de la parte demandante es convertir la tutela en una tercera
instancia, en tanto no se argumentó algo diferente a lo debatido y resuelto por el
juez natural en el proceso ordinario.
1.3 Sentencia de primera instancia12
El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 1 de febrero de 2024
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no cumple
con el requisito de inmediatez al superar el término de 6 meses fijado en la
jurisprudencia como razonable para ejercerla, cuando de cuestionar decisiones
judiciales se trata.
1.4. Escrito de impugnación13
La UNGRD impugnó la decisión del a quo al considerar que el requisito de
procedibilidad de la inmediatez se cumplió en la medida que la providencia de
obedézcase y cúmplase se profirió el 23 de octubre de 2023, además, dada la
naturaleza de la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales,
esta puede ser presentada en cualquier tiempo.
Se advirtió la necesidad de la intervención del juez constitucional, en aras de
salvaguardar la defensa del patrimonio público, razón por la cual se está ante un
caso que reviste relevancia constitucional.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y; iv) análisis de la Sala.
11 Ver índice 20 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMORIAL_RESPUESTATUTELARUB(.
pdf) NroActua 20»
12 Ver índice 22 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 22»
13 Ver índice 26 de SAMAI en el expediente 11001031500020230735400. Archivo denominado
«43RECIBEMEMORIALANEXO20230735400IMPUGNACIONPDF(.pdf) NroActua 26»
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2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200014 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201915, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado16 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.17 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo18 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Ahora bien, la Corte Constitucional19 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,20 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.21
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por la UNGRD satisface
el requisito de procedencia general de la inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como uno
de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»22.
19 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la
interposición de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable;
y (iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable
en casos similares al que está por resolverse», toda vez que, «en algunos casos,
seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente;
pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del
caso»23
Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 2014,24 respecto al término razonable para
presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que
el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]»
2.4.2. Caso concreto
La UNGRD acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 31
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, mediante la cual revocó la decisión del a quo y en su lugar, accedió
a las pretensiones de la demanda y declaró responsables a las entidades
demandadas por el daño antijuridico ocasionado por el fenómeno de la avalancha
torrencial el 31 de marzo de 2017, en Mocoa.
A juicio de la Sala, una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al
expediente, se observa que la sentencia acusada fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 20 de abril de 202325 y la solicitud de tutela fue radicada el 5
de diciembre de 2023, lo cual permite concluir, que la demandante acudió ante el
23 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
24 Expediente 11001333603320190014101, demandantes: Rubiel Quinayas Ruiz y Claudia Patricia
Quinayas Gaviria, M.P. Dra. Clara Cecilia Suárez Vargas.
25 Visible en el índice 9 de SAMAI. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 9»
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juez constitucional después de haber transcurrido más de siete meses de
encontrarse ejecutoriada la providencia que considera vulneradora de sus derechos
fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el requisito
de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al término de
los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.
Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto
bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza
acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que permita
desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera
excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»26.
Ahora, en cuanto al argumento de la entidad demandante de que se tenga en cuenta
la fecha en que se notificó el auto de obedézcase y cúmplase proferido por el
juzgado de conocimiento, se advierte que tal argumento no tiene asidero jurídico,
pues, dicha actuación es de mero trámite que no tiene incidencia alguna en la fecha
de ejecutoria de la decisión acusada, la cual constituye el punto de referencia para
contabilizar el término de la inmediatez.
En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de declarar improcedente la
solicitud de amparo presentada por la UNGRD en contra del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Primera mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela
presentada por la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
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Demandante: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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