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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07384-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07384-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. CONFIRMAR la sentencia de 1° de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la señora Nathalia Andrea Berrío Enciso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07384-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2023-07384-011
Actora : Nathalia Andrea Berrío Enciso
Accionados : Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Ibagué y Tribunal
Administrativo del Tolima
Vinculada : E. S. E. Hospital Ramón María Arana de Murillo (Tolima)
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
presuntamente
vulnerados

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el
fallo de 1° de febrero de 2024, emitido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A2, que negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

La señora Nathalia Andrea Berrío Enciso, quien actúa en nombre propio,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo de 1° de junio de 2023,
mediante el cual el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmó la sentencia de 4
de junio de 2021, con la cual el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Ibagué

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho promovida contra la Empresa Social del Estado (E. S. E.) Hospital
Ramón María Arana de Murillo (Tolima) [expediente 73001-33-33-007-2016-
00348-01]. En su lugar, pidió ordenar a la autoridad demandada emitir una nueva
providencia en la que se acceda a las súplicas del aludido asunto ordinario.

Hechos.

La tutelante aduce que, trabajó como regente de farmacia y agente educativa en
salud en la E. S. E. Hospital Ramón María Arana de Murillo (Tolima), desde el 7
de octubre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014, en el horario impuesto por esa
entidad y con funciones similares a las del personal de planta, sin embargo, fue
vinculada a través de contratos de prestación de servicios, pese a que ello no
procedía en su caso y fue despedida cuando se encontraba en estado de
embarazo, razón por la cual el 11 de mayo de 2016 solicitó declarar la existencia
de la relación laboral y sufragar las prestaciones sociales a que hubiere lugar
durante ese lapso y de los salarios dejados de recibir desde su desvinculación
hasta que se verifique el pago de aquellos y la licencia de maternidad a la cual,
en su criterio, también tiene derecho, lo que le fue negado con oficio de 31 de los
mismos mes y año.

Que, por lo anterior, el 3 de octubre de 2016 acudió ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, del que conoció el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Ibagué que, con providencia de 4 de junio de 2021, negó las
pretensiones formuladas, al considerar que «no existen elementos de prueba
fehacientes de los que se pueda derivar la existencia de la subordinación laboral
en la prestación del servicio realizado por la demandante en cumplimiento de los
contratos suscritos».

Dice que inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado
el de 1° de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el sentido
de confirmarla, al estimar que «no se alleg[ó] al plenario prueba documental que
pudiera acreditar el elemento de la subordinación», a pesar de que tenía la carga
de la prueba, por consiguiente, al no existir un verdadero contrato laboral, no era
procedente reconocer las medidas de protección laboral de la mujer gestante que
reclama.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

Sostiene que la sentencia cuestionada incurre en (i) defecto fáctico, puesto que
no valoró las pruebas obrantes dentro del proceso, que daban cuenta de la
concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral, en particular, el
de la subordinación; y (ii) desconocimiento del precedente, toda vez que no
acogió el criterio fijado en la sentencia de 26 de enero de 2023 del Consejo de
Estado3, «reiterativa frente a los contratos de prestación de servicios de mujeres
en estado de embarazo».

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Ibagué. Mencionó las
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario y concluyó que, «si bien se
probaron parcialmente los dos primeros elementos de la relación laboral, no
sucedió lo mismo con el […] de la subordinación, debido a que no se probó que la
demandante hubiese estado sujeta a órdenes y condiciones de desempeño que
desbordaran las necesidades de coordinación o, que hubiere prestado sus
servicios sin autonomía y en igualdad de condiciones a los demás empleados de
planta, para que se pudiese configurar la presunta relación laboral […] solicitada».

1.2.2 Tribunal Administrativo del Tolima4. Pide negar el amparo deprecado,
dado que, la decisión objeto de reproche «se ajustó en todo momento a lo
acreditado en el proceso, en estricto cumplimiento de la normativa y
jurisprudencia vigente» y, «lo que se pretende en la práctica, es constituir a este
instrumento constitucional en una tercera instancia que permita revivir términos,
interpretaciones o valoraciones propias del juez natural».

1.2.2 E. S. E. Hospital Ramón María Arana de Murillo (Tolima). Aduce que «no
se [le] violó ningún derecho fundamental a la accionante y por el contrario en el
proceso ADMMINISTRATIVO […] se actuó de acuerdo con el debido proceso».

1.3 Providencia impugnada.

Mediante fallo de 1° de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A negó el amparo deprecado, al considerar que «la parte accionante
afirmó que en el proceso ordinario demostró con todas las pruebas que era
trabajadora del Hospital en un cargo misional, con cumplimiento de horarios y

3
C. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 25000-23-42-000-2015-01265-01 (4620-2017).
4
Por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de reproche.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

órdenes; empero, aquella no especificó los elementos probatorios concretos con
fundamento en los cuales podía llegarse a la conclusión de que sí se presentó
una subordinación, […] ni tampoco identificó [cuáles], a su juicio, fue[ron]
valorad[os] indebidamente o dejad[os] de valorar».

De igual manera, sostuvo que, «en relación con el desconocimiento del
precedente judicial, por la inobservancia de la “sentencia 4620 de 2023” proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; la información
corresponde al radicado interno 4620-2017 […] [y, se] trata de una decisión
dictada en sede de apelación […], la cual no puede tenerse como precedente […],
en tanto no se trata de una sentencia de unificación y tampoco se acreditó que el
caso allí tratado corresponda a los mismos supuestos de hecho».

Finalmente, agregó que «la acción de tutela no puede ser utilizada como si se
tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, en el que el juez examine
nuevamente la totalidad de los medios de prueba aportados al plenario ni
determine el valor que debe otorgarse a cada uno de ellos, salvo que denote una
valoración irracional, injustificada o alejada de los criterios de la sana crítica, lo
cual no se observa en el presente asunto».

1.4 La impugnación.

Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y agregó que «no
busc[a] otra instancia m[á]s […], sino que el instrumento [c]onstitucional ha sido
utilizado ante el desconocimiento de los elementos fácticos y probatorios
determinados en el expediente judicial que conllev[ó] a negar [sus] pretensiones».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 325 del Decreto ley 2591 de 19916 y 257 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 20198 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta

5
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
8
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección
inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre
que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de
impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

2.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
1° de junio de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Tolima
decidió, en segunda instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra la Empresa Social del Estado (E. S. E.) Hospital
Ramón María Arana de Murillo (Tolima) [expediente 73001-33-33-007-2016-
00348-01], en el sentido de confirmar la sentencia de 4 de junio de 2021, con la
cual el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Ibagué negó las pretensiones ahí
formuladas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud
de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que
surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o
sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del
precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos11.

2.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, toda vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 15 de junio
de 202312 y la solicitud de amparo se instauró el 6 de diciembre del mismo año, es
decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 21 días); y (v) la sentencia
acusada no fue dictada en una acción de tutela.

9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro
Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de
2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
12
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 7 de junio de 2023, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 9 siguiente, conforme al artículo 205 (numeral 2) del
CPACA.

8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente alegadas por la accionante.

2.5.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»13.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que
alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra14.

En el asunto sub examine la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurre en defecto fáctico, porque no valoró las pruebas obrantes dentro del
proceso, que daban cuenta de la concurrencia de los elementos constitutivos de
la relación laboral, en particular, el de la subordinación.

Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico,
vale la pena recordar que el contrato de prestación de servicios es el celebrado
por los entes estatales para desarrollar actividades relacionadas con su
administración o funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras
normas, por el artículo 3215, numeral 316, de la Ley 80 de 199317, es decir, por el
cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de

13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
15
«DE LOS CONTRATOS ESTATALES».
16
«<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
17
«Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista,
toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los
términos del contrato y de la ley contractual.

Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
5318 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.19

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca:

a) Contratos de prestación de servicios 28, del 7 de octubre al 31 de diciembre de
2013; 11, desde el 2 hasta el 31 de enero de 2014 y 13, entre el 1° de febrero y el
30 de junio de 2014, suscritos entre la actora y la E. S. E. Hospital Ramón María
Arana de Murillo (Tolima), encaminados a que la primera prestara el servicio
como regente de farmacia y agente educativo en salud de la segunda.

b) Resultado de Laboratorio Clínico de la accionante, fechado el 11 de enero de
2014 y expedido por la Clínica Tolima, donde se indica un resultado positivo a
«PRUEBA DE EMBARAZO (BETA HCG)».

18
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
19
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).

10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

c) Oficio de 6 de febrero de 2014, suscrito por la demandante, por medio del cual
le informa al gerente de la E. S. E. Hospital Ramón María Arana de Murillo que
está embarazada.

d) Certificado de resumen general de pago, donde se indica que la tutelante cotizó
como independiente a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales,
correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2013 y enero y febrero
de 2014.

e) Historia clínica de la actora de 8 y 9 septiembre de 2014, expedida por la
Unidad de Cirugía del Tolima S.A. –UNICAT, donde se señala que tiene un
embarazo de 39 semanas, y está programada para cesárea.

f) Escrito de 11 de mayo de 2016, con el que la accionante pidió de la E. S. E.
Hospital Ramón María Arana de Murillo declarar la existencia de la relación
laboral y sufragar los haberes sociales y los salarios dejados de recibir desde su
vinculación hasta el pago de las prestaciones sociales, que, a su juicio, se
derivaron de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el 7 de
octubre de 2013 y el 30 de junio de 2014, por haber concurrido los elementos de
un contrato de trabajo, así como la licencia de maternidad que le debió haber sido
reconocida, lo que fue atendido de manera desfavorable a través de oficio de 31
de mayo de 2016, en el que se indicó que no existió algún tipo de vinculación
laboral.

g) El 3 de octubre de 2016 la demandante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la E. S. E. Hospital Ramón María Arana de
Murillo (expediente 73001-33-33-007-2016-00348-01), con el propósito de que se
le concediera lo deprecado en sede administrativa.

h) En la audiencia de pruebas celebrada el 6 de noviembre de 2019, se recibieron
las declaraciones de las señoras Diana Lucía Parra Ávila y Norma Constanza
Moreno García, quienes afirmaron conocer a la tutelante porque trabajaban en
entidades cercanas al Hospital Ramón María Arana de Murillo y en algunas
ocasiones compartían transporte y expresaron que la han observado cumpliendo
actividades de regente de farmacia y, por otro lado, ella les comentó que debía
cumplir un horario y que recibía órdenes del gerente de dicho establecimiento de
salud.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

i) El Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Ibagué, con providencia de 4 de junio
de 2021, negó las pretensiones ordinarias, al considerar que «no existen
elementos de prueba fehacientes de los que se pueda derivar la existencia de la
subordinación laboral», toda vez que la accionante «no aportó documento alguno
a través del cual se le llamara la atención o se le impusiera cierta orden no
susceptible de ser discutida ni se comprobó la obligación de cumplir con ciertas
metas u observar determinados métodos en la realización de sus labores, razón
por la cual no se logró desvirtuar la simple facultad de supervisión que el
contratante tiene sobre el contratista y que puede darse perfectamente dentro de
[un contrato] de prestación de servicios».

j) Memorial que contiene el recurso de apelación interpuesto por la actora contra
la providencia relacionada en la letra precedente, comoquiera que «se demostró
con los testimonios vertidos, […] que a través de contratos de prestación de
servicios […] realiza[b]a las labores bajo la continuada subordinación y
dependencia del Gerente y de la Institución, […] cumpliendo sus órdenes,
recomendaciones y la imposición de un horario de trabajo de manera continua
semana tras semana lo cual conduce a establecer que se trata de una verdadera
relación laboral que la demandada no pudo desvirtuar».

k) El 1° de junio de 2023 el Tribunal Administrativo del Tolima desató la
mencionada alzada, en el sentido de confirmar la decisión recurrida, al estimar
que «no se allegó al plenario prueba documental que pudiera acreditar el
elemento de la subordinación, para lo cual se advierte que la parte demandante
debió demostrar […] el mismo para que se presente la existencia de un contrato
laboral, mediante documentos que hubiera dirigido al HOSPITAL RAMÓN MARÍA
ARANA E.S.E. DE MURILLO TOLIMA con [los] cuales se pueda acreditar
permisos, excusas por ausencia a las actividades laborales, capacitaciones,
talleres, cambio de turno, entre otros».

Ahora bien, se tiene que las autoridades accionadas, en el fallo objeto de
censura, concluyeron:

Por otra parte, no se alleg[ó] al plenario prueba documental que pudiera
acreditar el elemento de la subordinación, para lo cual se advierte que la parte
demandante debió demostrar y acreditar el mismo para que se presente la
existencia de un contrato laboral, mediante documentos que hubiera dirigido
al HOSPITAL RAMÓN MARÍA ARANA E.S.E. DE MURILLO TOLIMA con
cuales se pueda acreditar permisos, excusas por ausencia a las actividades
laborales, capacitaciones, talleres, cambio de turno, entre otros.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

Por lo tanto, al analizar los testimonios brindados en el trascurso de este
proceso y el caudal probatorio que se recolect[ó], se llega a la conclusión que
de los mismos se desprende que no es posible establecer con plena certeza
la subordinación en la relación que se pretende demostrar y que
aparentemente fue encubierta por el HOSPITAL RAMÓN MARÍA ARANA
E.S.E. DE MURILLO TOLIMA con la demandante.

[…]

Concluyéndose, por lo tanto, que el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales pretendidas durante el período de tiempo en que la
[actora] estuvo contratada a través de contrataos de prestación de servicio, no
se demostró la afectación o desprotección a sus derechos laborales que
hiciese necesaria la protección de los mismos por aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas, como quiera que, entre [ella y el]
HOSPITAL RAMÓN MARÍA ARANA E.S.E. DE MURILLO TOLIMA […] no
existió una verdadera relación de trabajo […].

En lo que atañe a la permanencia, la prestación de los servicios de la
demandante según los contratos de prestación de servicio, fue de nueve
meses, es decir, menos de 1 año, debido a lo anterior no se desprende una
connotación de permanencia en la labor […], concluyéndose con lo anterior
como lo efectuó el a quo la no configuración de los elementos que dan lugar a
la existencia de una relación de tipo laboral encubierta.

Por último, en lo que atañe a la solicitud de reconocimiento de las medidas de
protección laboral de la mujer gestante a la demandante, no es procedente
acceder a la misma, debido a que como se expuso en precedencia […] no
existió un verdadero contrato laboral, por ende, no es procedente amparar
dicha protección laboral.

De lo trascrito se colige que como la accionante no adosó los medios de prueba
necesarios para acreditar el elemento de subordinación, requisito esencial para
determinar la existencia de la relación laboral, era dable que las autoridades
accionadas, bajo los criterios de la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), confirmaran la decisión del
Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Ibagué de negar las pretensiones
ordinarias.

En la solicitud de amparo la tutelante alega que se omitió examinar los elementos
de convicción que demostraban el aludido presupuesto, sin embargo, no
especificó cuáles y, en todo caso, para la Sala la sentencia acusada no incurre en
tal irregularidad, toda vez que las pruebas adosadas a esas diligencias ordinarias
(contratos de prestación de servicios y declaraciones rendidas por las señoras
Diana Lucía Parra Ávila y Norma Constanza Moreno García) no tenían la entidad
suficiente para dar por acreditado el elemento de subordinación, habida cuenta de
que (i) el objeto de los contratos no implica por sí mismo su existencia; y (ii) las
declaraciones rendidas por las señoras Diana Lucía Parra Ávila y Norma

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-07384-01
Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

Constanza Moreno García no dieron certeza del horario, funciones y autonomía
en el desarrollo de las actividades, puesto que ni siquiera laboraban junto con ella
en el mismo centro de salud o área; además, no reposaba documento alguno que
respaldara la información suministrada, específicamente, respecto del horario y
las directrices que recibía.

Cabe advertir que el hecho de que los magistrados demandados no hayan
valorado las pruebas en el sentido que pretendía la actora, no involucra la causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, pues en ejercicio de sus competencias
jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y
conducencia de esos medios de convicción, así como la de otorgarles diferentes
grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de
la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
configuración o no de una relación laboral dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, están precedidas de una valoración objetiva,
integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de
tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Al
respecto, la Corte Constitucional20 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino
que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le
impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por
aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto” […].

20
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

Ahora bien, resulta oportuno indicar que la subordinación es el elemento esencial
de la relación laboral, de manera que su falta de acreditación impide la
configuración de lo que se ha denominado contrato realidad (que conlleva el
reconocimiento de prestaciones sociales), por cuanto es el instrumento
diferenciador de aquel con el vínculo contractual de prestación de servicios, tal
como lo explicó esta Corporación21, en los siguientes términos:

[…] el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la
fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el
contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le
haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Con base en lo expuesto, se tiene que la demandante no arrimó medio de
convicción alguno del que se infiriera, como lo aseguró, que laboró en la E. S. E.
Hospital Ramón María Arana de Murillo (Tolima) de manera subordinada, a pesar
de que contaba con la carga de la prueba, respecto de la cual el Consejo de
Estado22 ha sostenido que «compete a la parte que alega un hecho [probarlo]; por
lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para
tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda […]».

De acuerdo con lo anotado, al carecer el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de pruebas que dieran certeza de que en el vínculo contractual de la
actora con la aludida E. S. E. concurrían los presupuestos de un contrato de
trabajo, en particular, lo relacionado con el elemento de subordinación, era dable,
como lo determinaron los magistrados accionados, no acceder a las pretensiones
formuladas en la demanda ordinaria (expediente 73001-33-33-007-2016-00348-
01), situación de la que se concluye que no se incurrió en el defecto fáctico
alegado.

21
Sección segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 3001-23-33-000-
2013-00260-01.
22
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera,
expediente 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426).

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Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

2.5.2 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata
del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia23, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo24 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y
buena fe25.

En el caso sub examine la demandante sostiene que la decisión reprochada
incurre en desconocimiento del precedente, toda vez que no acogió el criterio
fijado en la sentencia de 26 de enero de 2023 del Consejo de Estado26,
«reiterativa frente a los contratos de prestación de servicios de mujeres en estado
de embarazo».

Al respecto, cabe precisar que la aludida providencia al no ser de unificación
carece de fuerza vinculante; y, en todo caso, resulta oportuno anotar que en
aquella se estudió, en segunda instancia, una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, cuya pretensión principal estaba encaminada a que se
anulara el oficio a través del cual se le negó a la accionante el reconocimiento de
una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y, a título de
restablecimiento del derecho y como pretensiones subsidiarias, procuraba (i) el
reintegro al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación o a uno de
mayor jerarquía; y (ii) el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad en la
forma prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que

23
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
24
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio
González Cuervo.
25
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
C. P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente 25000-23-42-000-2015-01265-01 (4620-2017).

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se demostró que cuando esta había iniciado, continuó ejecutando el último
contrato suscrito y que, una vez aquel finalizó y su bebé tenía un mes de nacido,
no se le volvió a contratar, lo que conllevó a que se accediera a esa súplica.

Situación que no se aviene a los supuestos fácticos del sub lite, en el que, por una
parte, se acreditó que (i) la actora se encontraba en estado de embarazo durante
la ejecución del último contrato por prestación de servicios suscrito, esto es, el 13,
celebrado entre el 1° de febrero y el 30 de junio de 2014; (ii) ello lo informó al
gerente de la entidad en la que laboraba el 6 de febrero de 2014; (iii) cotizó como
independiente a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales en
vigencia de sus vínculos contractuales; y (iv) su hijo nació meses después de que
finalizara su último contrato (8 de septiembre de 2014), de lo cual se infiere,
aunque no se encuentre probado, que la EPS a la que se encontraba afiliada
sufragó la respectiva licencia de maternidad.

Ahora bien, se advierte que en el presente asunto la tutelante en su demanda
ordinaria solicitó que se anulara el acto administrativo por cuyo conducto se le
negó la existencia de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales, que
como consecuencia de esa nulidad se declarara la aludida existencia y, por
consiguiente, se reconociera y pagara la licencia de maternidad, frente a lo cual
las autoridades accionadas concluyeron que al «no existi[r] un verdadero contrato
laboral, […] no e[ra] procedente amparar dicha protección laboral», lo que no
comporta una interpretación caprichosa o arbitraria, razón por la que no
incurrieron en el desconocimiento del precedente alegado.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela
cuando no observa vulneración de derechos constitucionales fundamentales que
haga necesaria su intervención.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
actora no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en alguna de las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial invocadas (defecto fáctico y desconocimiento del precedente), por tal

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Actora: Nathalia Andrea Berrío Enciso

motivo, se confirmará el fallo impugnado, que negó el amparo solicitado por la
señora Nathalia Andrea Berrío Enciso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. CONFIRMAR la sentencia de 1° de febrero de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
invocados por la señora Nathalia Andrea Berrío Enciso, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2º. NOTIFÍQUESE este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. COMUNÍQUESE la presente decisión a la Sección Segunda, Subsección A de
esta Corporación y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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