Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07387-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2023-07387-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07387-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07387-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de mayo de 2024
1
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2023 07387 00. ACUMULADO con los procesos con
los radicados 11001 03 15 000 2023 07385 00, 11001 03 15 000 2023 07397 00,
11001 03 15 000 2023 07681 00, 11001 03 15 000 2024 00231 00, 11001 03 15
000 2024 00614 00, 11001 03 15 000 2024 00820 00, 11001 03 15 000 2024 00940
00, 11001 03 15 000 2024 01031 00, 11001 03 15 000 2024 01453 00, 11001 03 15
000 2024 01223 00 y 11001 03 15 000 2024 01567 00.
Accionantes: Henry Ocampo Flórez, Juan Carlos Quiroz, Eliecer Cortes Henao,
José Sigifredo Salgado Henao, Eustorgio Millán Bados, Herman de Jesús Henao
Osorio, Albeiro Cañaveral Sierra, Leonor Hincapié Orrego, Carlos Alberto Arias
Afanador, Héctor Fabio Álvarez Villarejo, Benjamín Muñoz Fernández e Imelda Ruiz
Martínez
Accionados: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Procuraduría General de la Nación, Departamento del Valle del Cauca, Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y Tomas A. Fajardo Hernández
Tesis: No es procedente el reclamo de mora judicial, si se trata de un proceso cuyo
archivo ya se produjo.
No es procedente la acción de tutela que se interpone más de seis (6) meses
después de que fue notificada la decisión que se considera violatoria de derechos
fundamentales, si la parte actora no presenta argumentos válidos que expliquen la
tardanza en la interposición de la solicitud de amparo.
No es procedente la acción de tutela que incumple con la carga mínima de probar
los hechos en los cuales se fundamenta.
ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide las acciones de tutela acumuladas, formuladas de manera individual
por Henry Ocampo Gómez, Juan Carlos Quiroz, Eliecer Cortes Henao, José
Sigifredo Salgado Henao, Eustorgio Millán Bados, Herman de Jesús Henao Osorio,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
Albeiro Cañaveral Sierra, Leonor Hincapie Orrego, Carlos Alberto Arias Afanador,
Héctor Fabio Álvarez Villarejo, Benjamín Muñoz Fernández e Imelda Ruiz Martínez
en contra de la parte accionada.
I. SÍNTESIS DE LAS SOLICITUDES DE AMPARO
1.1. Por medio de escritos que guardan similitud, los accionantes instauraron
acciones de tutela en contra de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito
Público, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento del Valle del Cauca,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y el abogado Tomas A. Fajardo Hernández, invocando la
protección de sus derechos a la dignidad humana, a las “Garantías y efectividades de
los deberes y principios consagrados en la Constitución”, “la constitución es norma de
normas, la Primacía de los derechos inalienables”, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, al derecho de petición, al trabajo, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al derecho de petición, al mínimo vital y móvil en conexidad
con el derecho a la seguridad social y a la “responsabilidad del estado”.
Para el efecto, formularon las siguientes pretensiones:
“Solicito del señor juez, se proteja mis derechos fundamentales de:
Dignidad humana, Art,1 Garantía y efectividad de los deberes y principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, Art, 2 La constitución es
norma de normas, Art, 4 Primacía de los derechos inalienables, Art, 5, leyes y
sentencias concordantes.
Derecho fundamental a la igualdad Art, 13 C.N Seguridad jurídica.
(…)
Derecho de petición, Art 23, leyes y sentencias concordantes. por cuanto el
derecho de petición al Ministerio del Trabajo y seguridad social, nunca nos ha
respondido, (envió copia de petición).
(…)
Derecho al trabajo, Art,25, leyes y sentencias concordantes Derecho al debido
proceso, Art, 29, en conexidad con el Art, 229, leyes y sentencias concordantes.
Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones
que consagre la ley, Art, 31 Derecho al mínimo vital y móvil, Art.53 en conexidad
con el derecho a la seguridad social, Art, 48, Seguridad jurídica, Art, 83, C.N
Responsabilidad del Estado, Art, 90 C.N.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
Consagrados en los artículos enumerados anteriormente en la Constitución
Política de Colombia y en las leyes e innumerables sentencias promulgadas por
las altas cortes.
Por todas las razones anteriores, solicito del señor juez se tengan en cuenta
para el resarcimiento de mis derechos y que, de acuerdo a la constitución y la
ley, sea indemnizatoria a lo que corresponda por el tiempo que han sido violados
mis derechos fundamentales, durante 23 años.”1.
1.2. Como fundamento de las solicitudes de amparo, en resumen, en el acápite de
hechos, los accionantes expusieron lo siguiente:
Mencionaron que mediante la ordenanza nro. 097 del 5 de noviembre de 1999, se le
otorgó al Gobernador del Valle del Cauca la facultad de realizar una reforma
administrativa, que incluía la supresión de cargos. Como consecuencia de esto, fueron
despedidos a pesar de ocupar cargos de carrera administrativa.
Comentaron que al notificárseles el acto de desvinculación, se les informó que podían
esperar un plazo de seis (6) meses para la asignación de un nuevo cargo, tiempo
durante el cual no recibirían ningún salario o podían optar por el pago de la
indemnización establecida por la ley. Eligieron esta última opción.
Señalaron que presentaron una petición ante el Ministerio de Trabajo solicitando el
documento que autorizó la reforma administrativa en la Gobernación del Valle del
Cauca en el año 2000, así como el seguimiento realizado antes y después de dicho
procedimiento. Al respecto, obtuvieron una respuesta diez (10) días después, en la
que se informaba que la solicitud había sido remitida a otra oficina de dicha entidad.
En todo caso, no recibieron ninguna respuesta adicional.
Manifestaron que en el año 2005, el abogado Tomás Fajardo los convocó para que
presentaran una acción de nulidad simple en contra de los actos de la reforma
administrativa. Y con sentencia del 22 de mayo de 2014, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999
y 0015 de 2000, que reformaron la planta de personal y la escala salarial de la
Gobernación del Valle del Cauca.
1 Las pretensiones transcritas corresponden a las formuladas en la demanda presentada por el señor
Henry Ocampo Flórez, las cuales persiguen el mismo propósito de las planteadas en las acciones
de tutela interpuestas por los demás accionantes. Escrito de tutela visible en el expediente digital
que obra en el índice núm. 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
Sostuvieron que, como consecuencia de la anterior decisión, presentaron peticiones
ante la Gobernación del Valle del Cauca exigiendo el reintegro y pago de las
indemnizaciones correspondientes.
Indicaron que el abogado Tomás Fajardo Hernández los citó para presentar una
acción de grupo en contra del Departamento del Valle del Cauca para obtener una
indemnización por los despidos masivos resultantes de la reforma a la planta de
personal.
Informaron que 16 de agosto de 2016, la demanda se repartió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el número de radicado 76001 23 33 009 2016
01240 00 y por medio de auto del 26 de febrero de 2018, esa autoridad judicial la
rechazó por haber operado la caducidad de la acción. Luego, con providencia del 31
de enero de 2019, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado confirmó
dicha decisión, tras considerar que desde que se declaró la nulidad de los actos de la
reforma administrativa, tenían un plazo de cuatro (4) meses para instaurar la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Resaltaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho al
debido proceso, ya que transcurrieron quinientos veinticinco (525) días para proferir el
auto que rechazó la demanda grupal.
Afirmaron que enviaron peticiones al Magistrado del citado Tribunal, Oscar Silvio
Narváez Daza, con copia al Consejo Superior de la Judicatura, en las que solicitaron
información sobre el historial de las actuaciones de la acción de grupo y al abogado
Tomás Fajardo para que les explicara la decisión del Tribunal de rechazar la acción
de grupo.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. El proceso de la referencia fue admitido mediante proveído del 11 de
diciembre de 20232. En virtud de lo establecido en el Decreto 1834 de 2015, distintos
despachos judiciales, por considerar que el conocimiento debía ser avocado por el
Despacho Sustanciador, remitieron varios expedientes para que fueran acumulados
2 Índice 4 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
al presente trámite. A través de sendos autos dictados al interior de cada uno de los
procesos remitidos, se ordenó la acumulación y admisión de las acciones de tutela.
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó las piezas procesales
de la acción de grupo identificada con núm. 76001-23-33-009-2016-01240-00/01, la
respuesta a las peticiones presentadas y una certificación donde realizó un recuento
de las actuaciones realizadas dentro de la mencionada acción.
2.3. El Departamento del Valle del Cauca solicitó que se le desvinculara de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Además, señaló
que no se cumplió con el requisito de inmediatez y que no se evidenciaba la
configuración de un perjuicio irremediable, razones que debían conducir a declarar
improcedente el reclamo constitucional.
2.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la tutela
manifestando que de los hechos relacionados no se lograba evidenciar que alguno
de ellos se refiriera a competencias de esa cartera ministerial, por lo que consideró
necesaria su desvinculación del presente trámite al no encontrarse legitimado en la
causa por pasiva.
2.5. El Ministerio del Trabajo indicó que dio respuesta a las peticiones
comentadas en las acciones de tutela. Más adelante, calificó como temeraria la
actuación de algunos de los accionantes3, comoquiera que ante otras autoridades
judiciales persiguieron el amparo de los derechos fundamentales por los mismos
hechos que hoy traen a colación.
Luego, puso de presente que el caso se trataba de un fenómeno de “tutelas
masivas”, con identidad de objeto, uniformidad de pretensiones y un mismo sujeto
pasivo, por lo tanto, era procedente su remisión, para acumulación al juez que tuvo
conocimiento de la acción de tutela presentada por Jairo Laverde López, el Juzgado
001 Civil del Circuito de Conocimiento en Asuntos Laborales de Sevilla, radicado
767363103001-2023-00188-00. Finalmente, después de presentar sus
competencias, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
3 Puntualmente, mencionó a José Sigifredo Salgado Henao, quien interpuso acción de tutela por los
mismos hechos y pretensiones ante el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, radicado: núm. 11001 31 87 025 2024 00007 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
2.6. La Procuraduría General de la Nación pidió su desvinculación de la acción
de la referencia argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva. Advirtió
que varios de los demandantes presentaron tutelas por idénticas circunstancias de
hecho y con semejantes fundamentos de derecho4. Agregó que no encontró quejas o
solicitudes de intervención que le hubiesen presentado sobre el asunto. Por
consiguiente, no existía acción u omisión de esa entidad que hubiese afectado los
derechos fundamentales de los accionantes.
2.7. El abogado Tomás Fajardo Hernández afirmó que dio respuesta a las
peticiones elevadas y agregó que no le consta la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los tutelantes.
2.8. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral tercero del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20215, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
3.2. Hechos relevantes
4 Precisó a Eliécer Cortés Henao, radicado núm. 76736 31 84 001 2023 00319 00, Juzgado
Promiscuo de Familia de Sevilla y Juan Carlos Quiroz Ramírez, radicado núm. 2023 00101 00,
Juzgado Penal del Circuito de Sevilla.
5 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
3.2.1. El 16 de junio de 2016, los tutelantes instauraron acción de grupo con el fin
de que se les indemnizaran los perjuicios que ocasionados con los actos
administrativos mediante los cuales se modificó la planta personal de la
Gobernación del Valle del Cauca.
3.2.2. Mediante proveído de 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca rechazó la demanda al concluir que en la acción impetrada por los
accionantes operó el fenómeno de la caducidad.
3.2.3. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación. Por medio de auto
del 31 de enero de 2019, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmó la providencia impugnada.
3.2.4. De forma individual, los accionantes presentaron solicitudes de amparo en
contra de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, la
Procuraduría General de la Nación, el Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y el abogado Tomas A. Fajardo Hernández, las cuales, por
cumplir con los requisitos legalmente previstos, se acumularon al proceso con el
radicado de la referencia. En concepto de la parte actora la vulneración de los
derechos fundamentales se generó, por una parte, por la tardanza del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en proferir el auto del 26 de febrero de 2018 y, la
por otra, por la falta de respuesta oportuna y de fondo a las peticiones que presentó
ante los demás accionados.
3.3. Cuestiones previas
3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
De entrada, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de
determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido
de la sentencia.
La Sala advierte que los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, así
como el Departamento del Valle del Cauca y la Procuraduría General de la Nación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
solicitaron que se les desvinculara del presente asunto, por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
Al respecto, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los
siguientes términos:
“En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97, M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto.".
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión
genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño”.
(Destacado de la Sala).
3.3.1.1. En el caso concreto, teniendo en cuenta las pretensiones de las
solicitudes de amparo, el relato de los hechos y las pruebas allegadas al expediente,
la Sala advierte que a la Procuraduría General de la Nación no le asiste interés en
el asunto debido a que los demandantes no le presentaron petición alguna y
tampoco fungió como parte demandada en el trámite de la acción de grupo antes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
referida. Por tal razón, se aceptará su solicitud de desvinculación, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
3.3.1.2. Ahora bien, en relación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y el Departamento del Valle del Cauca, si bien no existe prueba de que los
accionantes hubiesen radicado alguna solicitud ante la cartera ministerial, lo cierto
es que no es dable desvincularla del actual proceso teniendo en cuenta que las dos
fungieron como demandadas en la comentada acción de grupo y que existe prueba
de que ante el ente territorial los accionantes dirigieron diferentes reclamaciones.
3.3.1.3. Finalmente, tampoco es posible acceder a la súplica del Ministerio del
Trabajo, comoquiera que se debe decidir si desconoció el derecho fundamental de
petición de los tutelantes.
En ese orden, se negarán las solicitudes de desvinculación de los Ministerios de
Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, así como del Departamento del Valle del
Cauca, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
3.3.2. De la temeridad y la cosa juzgada constitucional en la acción de tutela
De manera previa a estudiar los reproches de las solicitudes de amparo, la Sala
observa que en las oposiciones e intervenciones las entidades demandadas
informaron que algunos de los tutelantes incurrieron en una actuación temeraria
toda vez que instauraron ante diferentes jueces constitucionales la misma acción de
tutela.
De conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991 6,
la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela se encuentra sujeta a
6 “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá
sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso condicionalmente exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios
de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
“Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,
se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
los parámetros de la institución de la cosa juzgada. Bajo esta figura, “se entiende
que los procesos judiciales han culminado mediante sentencia y en consecuencia
han cerrado la posibilidad de continuar el desarrollo de la litis sobre la materia
resuelta”7. Este esquema tiene como propósito salvaguardar la coherencia en las
decisiones judiciales, evitar el desgaste innecesario del aparato judicial y garantizar
la seguridad jurídica al interior de la jurisdicción constitucional, así como el respeto
por el carácter definitivo de las providencias judiciales.
Al respecto, en la sentencia T-560 de 2009, la Corte Constitucional precisó que la
cosa juzgada constitucional se configura en eventos los cuales, de manera
sucesiva, se presentan acciones de tutela que guardan identidad de partes, hechos
y pretensiones, siempre que frente a una de ellas ya exista un pronunciamiento
definitivo e inmutable por parte del juez constitucional. En esa medida, habrá de
tenerse en cuenta que las decisiones “se consolidan como cosa juzgada una vez
ocurrida alguna de estas dos circunscritas (sic): (i) cuando la acción de tutela es
excluida de su revisión por parte de la Corte Constitucional; (ii) cuando es
seleccionada, analizada y resuelta por la misma corporación”8.
En el mismo sentido, la Sección ha analizado las implicaciones que tiene la
presentación sucesiva o simultánea de acciones de tutela sobre un mismo asunto.
En efecto, aquellos eventos en los que se presenta una petición idéntica a una
solicitud de amparo que ya fue decidida o cuando una misma acción se radica ante
varios jueces de forma coetánea o en tiempo cercano, pueden dar lugar al fenómeno
de la cosa juzgada como resultado de la primera decisión y a la existencia de
temeridad al haberse presentado más de una solicitud de tutela sobre los mismos
hechos9.
De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado los lineamientos
conforme a los cuales hay lugar a declarar la configuración de una actuación
temeraria y sus consecuencias. Así, tal como lo precisó esta Sección en sentencia
de enero 23 de 202010, se consideran temerarias las acciones de tutela que se
años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar”.
7 Sentencia T-137 de 2014.
8 Ibidem.
9 Ver entre otras, sentencia de noviembre 8 de 2019, radicado 25000-23-15-000-2019-00222-01 (C.
P. Roberto Augusto Serrato Valdés) y sentencia de enero 23 de 2020, radicado 11001-03-15-000-
2019-04712-00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
10 Radicado: 11001-03-15-000-2019-04712-00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea, con identidad de partes,
hechos y pretensiones, siempre y cuando dicha actuación “(i) resulte amañada, en
la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala
fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.”11.
Ahora bien, de manera excepcional, a pesar de que se compruebe la presentación
de múltiples acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones,
podría concluirse que no existe temeridad si se verifica la existencia de alguno de
los siguientes eventos:
“(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad
de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si
con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos
hechos y con la misma pretensión.”.12
De lo anterior se colige que, en orden a determinar si se configura alguna de las
mencionadas figuras en un caso concreto, al juez de tutela le corresponde analizar
si hay (i) identidad de partes, (ii) identidad de hechos, (iii) identidad de pretensiones,
(iv) inexistencia de una causa razonable que justifique la reiteración de la acción, y,
en el caso en que estos cuatro presupuestos se cumplan, (v) si se trata de una
temeridad que da lugar a sanción o no.
Revisadas las pruebas obrantes en el expediente la Sala evidencia que, en efecto,
Juan Carlos Quiroz Ramírez, Hernán de Jesús Henao Osorio, Eliecer Cortes Henao
11 SU-713 de 2006, reiterada, entre otras, en las sentencias T-560 de 2009 y en la SU-439 de 2017.
12 T-614 de 2015.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
y Carlos Alberto Arias Afanador promovieron con anterioridad acciones de tutela, tal
y como se observa a continuación:
FECHA DE LA
RADICADO RADICADO
DEMANDANTE DEMANDADOS SENTENCIA DE JUEZ CONSTITUCIONAL
ACTUAL ANTERIOR
TUTELA
Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público,
Juzgado Penal del
2023-07385 Juan Carlos Quiroz Procuraduría General de la Nación y Departamento del Valle del 2023-00101 23/01/24
Circuito de Sevilla
Cauca
Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público,
Juzgado Promiscuo de
2023-07397 Eliecer Cortes Henao Procuraduría General de la Nación y Departamento del Valle del 2023-00319 27/12/23
Familia de Sevilla
Cauca
Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público,
Hernán de Jesús Juzgado 16 Laboral del
2024-00614 Procuraduría General de la Nación y Departamento del Valle del 2024-10061 16/04/24
Henao Osorio Circuito de Bogotá
Cauca
Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Alberto Arias Juzgado Tercero Civil del
2024-01031 Procuraduría General de la Nación y Departamento del Valle del 2024-00032 13/02/24
Afanador Circuito de Palmira
Cauca
Además, de la lectura de las sentencias de tutela, la Sala advierte que los escritos
de amparo presentados en aquellos procesos son análogos a los acumulados en la
presente acción constitucional. En efecto, la descripción de los hechos, los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados y las pretensiones elevadas resultan muy
similares. Veamos:
Para exponer las circunstancias fácticas y jurídicas objeto de comparación, en aras
de concretar de forma breve el aspecto a resolver, únicamente se tomará como
referencia el proceso 2023-00101, Juan Carlos Quiroz Ramírez, que adelantó el
Juzgado Penal del Circuito de Sevilla, Valle del Cauca y resolvió con sentencia del
23 de enero de 2024, pues el objeto de la controversia es semejante a las demás
incoadas.
En la providencia referida, el juez constitucional presentó el siguiente resumen de
los hechos narrados en el escrito de tutela:
“Se consigna en el escrito de tutela el señor JUAN CARLOS QUIROZ, que, para
el año 1999 el Departamento del Valle Cauca, inicio un plan de restructuración
mediante ordenanza 097 del 05 de noviembre de 1999, con aprobación de la
Asamblea departamental, se le concedió facultades al Gobernador de la época
con el fin de realizar reformas administrativas como la suspensión de cargos.
Refiere el actor que derivado de lo anterior para el primero de enero del año
2000, se inició la reforma administrativa mediante Decreto No. 1873 de 1999,
por lo cual fue despedido pese que llevaba laborando por más de 7 años en
carrera administrativa el Departamento del Valle del Cauca, les notifico el
despido y que podría buscar dentro de los seis meses un cargo administrativo
sin sueldo o recibir la indemnización de ley, la cual acepto y para dicha época
era padre cabeza de familia con múltiples enfermedades.
Indica que el dinero de la indemnización y de más prestaciones sociales la
invertido en una venta de verduras el cual le duro tan solo tres años el cual le
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
toco cerrar, refiere que después de su retiro su situación económica se deterioró
y que al momento del despido no le realizaron exámenes médico alguno de
egreso, que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Procuraduría General
de la Nación, como garantes de los derechos fundamentales, debieron hacer
seguimiento al proceso de desvinculación laboral y compromisos de la
Gobernación, ello ante la masacre laboral derivado de la reforma administrativa
del año 2000, por lo anterior elevo derecho de petición al Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social con el fin que se le brindara respuesta la razón por el cual
autorizaron la reforma administrativa del año 2000, recibiendo respuesta 10 días
después sin que se le diera solución alguno a su justo reclamo, que intento
demandar pero que los abogados que consultaba que no había nada que hacer
por cuanto había aceptado la indemnización firmando la misma.
Que para el año 2005, a través del abogado TOMAS FAJARDO se iniciara
nulidad simple del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, ello con el fin que
se resarcieran sus derechos, indica que para el 22 de mayo del 2014, el H.C.E,
se pronunció con fallo a su favor “que la reforma quedo mal laborada, sin estudio
previos como fueron las hojas de vida”.
Que para 22 de mayo del 2014, elevo derecho de petición ante la gobernación
del Valle del Cauca, con el fin que nulitara los Decretos por el cual lo retiraron
del cargo, que el abogado Fajardo inicio una acción de grupo en el año 2016,
como cobro indemnizatoria pero que no prospero, asando más de 525 días para
ser rechazada en primera y segunda instancia, a lo que considera que se le
vulneró el derecho al debido proceso y que tan solo para el año 2023 el abogado
que contrataron a fin de demandar a la Gobernación del Valle, se pronunció al
respeto por cuanto se le impetro derecho de petición, y que después de 23 años
la Gobernación del Valle continua en ley 550.
Que mediante derechos de petición solicitaron al magistrado Dr. OSCAR
SILVIO DAZA NARVAEZ y al abogado TOMAS FAJARDO información pero que
sus petición no fueron resueltos de fondo.
Finaliza el accionante trayendo a colación jurisprudencia constitucional,
manifestando que la presente acción de tutela no se debe declarar
improcedente por inmediatez ante la imprescribilidad de los derechos
fundamentales.”13
Enseguida, el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla anotó que las pretensiones
recaían en el amparo de los derechos fundamentales “a la seguridad jurídica,
derecho de petición (Mintrabajo), derecho al trabajo, al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social.”14.
Como se puede apreciar de la lectura de los apartes en cita, el señor Juan Carlos
Quiroz:
13 Folios 2 y 3 de la sentencia del 23 de enero de 2024. Visible en el expediente digital que obra en
Samai.
14 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
• Relató que en el año de 1999 el Departamento del Valle del Cauca
inició una reestructuración administrativa que resultó en su despido en
el año 2000. Y que optó por la indemnización respectiva.
• Se quejó de que el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de
la Nación no supervisaron adecuadamente el proceso de
desvinculación.
• Mencionó que en el año 2005, con el abogado Tomás Fajardo, inició
una acción de nulidad, resuelta por el Consejo de Estado a su favor
en el año 2014.
• Agregó que presentó peticiones relacionadas con los decretos de
desvinculación y que en el año 2016, Fajardo inició una acción de
grupo que fue rechazada después de 525 días.
• Por último, informó que presentó peticiones al Magistrado Oscar Silvio
Daza Narváez y al abogado Tomás Fajardo sin recibir respuestas de
fondo.
De igual forma, en la acción de tutela precedente Juan Carlos Quiroz invocó
derechos fundamentales que también se encuentran comprendidos en el objeto de
estudio de la presente sentencia.
Así las cosas, la Sala advierte que se encuentra suficientemente acreditada la
identidad de causa y objeto entre las acciones de tutela presentadas con
anterioridad por los demandantes referidos y el recurso de amparo de que trata el
trámite actual.
No obstante, no logra configurarse la identidad de partes, pues en el asunto de la
referencia, además de encontrarse involucrados los Ministerios del Trabajo y de
Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento
del Valle del Cauca; también forman parte del extremo pasivo del litigio el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y el abogado Tomás Fajardo Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
En ese orden, la Sala considera que no se configura la cosa juzgada constitucional
y, sin necesidad de argumentos adicionales, también descarta que exista temeridad
en el actuar de quienes atrás fueron señalados.
De cualquier forma, la Sala exhortará a Juan Carlos Quiroz Ramírez, Hernán de
Jesús Henao Osorio, Eliecer Cortes Henao y Carlos Alberto Arias Afanador para
que en el futuro eviten hacer uso reiterado de este mecanismo excepcional de
protección frente a unos mismos hechos y derechos.
3.4. De los cargos frente a las decisiones del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
En las demandas, los accionantes aseguraron que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Consejo de Estado vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso, ya que transcurrieron quinientos veinticinco (525) días para que dicho
Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la acción de grupo. Además, en
segunda instancia, la Subsección A de la Sección Tercera resolvió "algo fuera de lo
común" señalando que, tras la nulidad, tenían cuatro (4) meses para solicitar la
nulidad y el restablecimiento, lo que, según ellos, prolongó la afectación de sus
derechos fundamentales.
Según los tutelantes, el plazo de dos (2) años de caducidad debía contarse a partir
del momento en que salió “a la luz la violación de los derechos, en nuestro caso esa
fecha inicia en septiembre de 2016”.
Precisados los reparos, la Sala procederá a resolver el reclamo relacionado con la
tardanza en proveer sobre la admisión de la acción de grupo para, posteriormente,
abordar el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, comoquiera que evidentemente el
objeto del amparo se encuentra relacionado con las providencias judiciales
proferidas por las autoridades judiciales demandadas.
3.4.1. Del cargo por la demora en la decisión de admisibilidad de la acción de
grupo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
Pese a que los recursos de amparo no precisaron o ampliaron la argumentación del
cargo, la Sala entiende que la inconformidad gira en torno a la configuración de una
presunta mora judicial en que pudo incurrir el Tribunal al resolver sobre la admisión
de la acción de grupo varias veces mencionada.
Sobre el particular basta con señalar que, aunque transcurrieron aproximadamente
dos (2) años entre el momento del reparto (16 de agosto de 2016) y la fecha en que
se profirió el auto que rechazó la demanda (26 de febrero de 2018), en la actualidad
no existe un hecho vulnerador que permita a los accionantes alegar la transgresión
de derechos fundamentales. En otras palabras, hoy no se podría afirmar que exista
mora judicial en un proceso que ya no está vigente e incluso se encuentra archivado.
Por lo expuesto, en relación con este cargo la acción de tutela resulta a todas luces
improcedente.
3.4.2. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias
judiciales
3.4.2.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la
finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, ésta debe formularse en un plazo razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración de
tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el carácter excepcional de la
misma.
Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 15, en lo concerniente a
la verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en los casos que se
controvierten providencias judiciales, consideró que este requisito, por regla
general, se debe tener por cumplido cuando la acción se interpone dentro de los
seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia que se pretende
controvertir. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los términos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas y la
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A.; M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado en cada
caso particular, teniendo en consideración las circunstancias especiales de modo,
tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
Por lo anterior, la regla general que determinaron la Corte Constitucional16 y esta
Corporación respecto al requisito de inmediatez es que, dada la naturaleza de
urgente e inmediata, la acción de tutela debe ser interpuesta en un término
razonable que, en principio, no puede ser mayor a seis (6) meses siguientes a los
hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales. Esto es así
por cuanto el juez constitucional debe tener mayor rigor en el examen de este
requisito de procedibilidad, ya que permitir su procedencia meses o aún años
después de proferida la decisión, sacrificaría los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, así como eventualmente los derechos de terceras personas.
Así mismo, la Corte Constitucional ha señalado como criterios excepcionales para
evaluar el término de presentación de la acción de tutela los siguientes casos17:
“10. Entre los criterios que permiten valorar si el lapso de tiempo entre una y
otra circunstancia es razonable, oportuno y justo se cuentan: “(i) si el ejercicio
inoportuno de la acción implica una eventual violación de los derechos de
terceros; (ii) cuánto tiempo trascurrió entre la expedición de una sentencia de
unificación novedosa de esta Corte sobre una materia discutida y la
presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo pasó entre el momento en el cual
surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta última; o
(iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado
irrazonable en casos similares al que está por resolverse” 18. En este mismo
sentido, la sentencia T-043 de 2016 se refirió a los siguientes criterios: “(i) si
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con
la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento
de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la
fecha de interposición”19.20.”
De igual manera, la sentencia T-069 de 2015 señaló que le corresponde al juez
de tutela analizar el cumplimiento del principio de inmediatez “en relación con
16 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-391 del 27 de julio de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo y T-246 del 30 de abril de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-499 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-407 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
19 En ese sentido, ver sentencias T-172 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-743 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-814 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y SU-961 de
1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Estos criterios
también han sido aplicados en las sentencias: T-759 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-243 de
2008, M.P. Manuel José Cépeda Espinosa, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
las circunstancias que rodean el caso concreto, entre las cuales se encuentran:
i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; ii) las situaciones personales
o coyunturales que le hayan impedido acudir de forma inmediata ante la
jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv) la vulnerabilidad
económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor; v)
la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de
diligencia por parte del afectado; y vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica”21.
11. Esta Corporación ha considerado los siguientes criterios para valorar
la admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese
transcurrido un largo periodo de tiempo respecto de la vulneración o amenaza
de derechos: “(i) [q]ue se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”22. Las
circunstancias mencionadas previamente conllevan a que no sea exigible de
manera estricta el principio de inmediatez; puesto que, “la acción de tutela tiene
como objetivo la protección cierta y efectiva de derechos fundamentales que se
encuentran amenazados, bien por acción o bien, por omisión de autoridad
pública o particular cuando a ello hay lugar. Ese objetivo, no se agota con el
simple paso del tiempo, sino que continua vigente mientras el bien o interés que
se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para evitar que se consume un
daño antijurídico de forma irreparable”. […] (Subrayas de la Sala).
En ese contexto, tratándose de los criterios excepcionales para evaluar la
presentación proporcional en el tiempo de la acción de tutela, en primer lugar el
demandante debe exponer en el escrito de amparo un mínimo de carga
argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad
en el ejercicio de la tutela; (ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo
21 Corte Constitucional, Sentencia T-069 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 2006, M.P. Estas consideraciones fueron reiteradas en
las sentencias T-590 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-069 de 2015, M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez; T-205 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-043 de 2016, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva. En este sentido también se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias
T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-468 de 2006, T-654 de 2006, T-692 de 2006, T-
890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-593 de 2007, T-696 de 2007, T-
792 de 2007, T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-189 de 2009, T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691
de 2009, T-883 de 2009, T-328 de 2010, T-1028 de 2010, y SU-168 de 2013, entre otras. Ver entre
otras, las Sentencias T- 1110 de 2005, T- 593 de 2007, T-425 de 2009, T-1028 de 1010, T-187 de
2012 y SU-158 de 2013. Ver entre otras, las Sentencias T- 593 de 2007, T-158 de 2006, T-792 de
2009, T-1028 de 1010, T-187 de 2012 y T-844 de 2013. Ver Sentencias T-1110 de 2005, T-158 de
2006, T- 429 de 2011, T-998 de 2012, SU-158 de 2013, T-521 de 2013, T-447 de 2013, y T-841 de
2014. Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión han hecho alusión a estas situaciones
excepcionales al abordar la procedibilidad de acciones de tutela mediante las cuales se pretendía
obtener acceso a una defensa técnica, a un recalculo del monto base de la pensión, a la
indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión de sobreviviente, a la
pensión de invalidez, reintegro derivado de estabilidad laboral reforzada y pago de acreencias
laborales a trabajadores sindicalizados respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados y iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales. De cualquier forma,
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición23.
Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer si éstas
se adecuan a los criterios excepcionales fijados por la Corte Constitucional
expuestos anteriormente; estos criterios excepcionales pueden responder a
parámetros de índole subjetiva u objetiva según corresponda; veamos:
El subjetivo, es aquel que se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o
sujetos que instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá
evaluar: (i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de conformidad
con la situación personal o coyuntural del actor no era posible acudir de forma
inmediata al juez constitucional; (iii) si el accionante se encuentra en condiciones de
aislamiento geográfico o de vulnerabilidad económica que le impidieron ejercer la
tutela; (iv) si está en estado de indefensión que le impidió hacer uso de la acción de
tutela, y (v) si la vulneración a los derechos fundamentales ha sido permanente en
el tiempo.
Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos eventos en que la Corte
Constitucional haya expresamente determinado un plazo especial para la
interposición del amparo dada las condiciones propias del caso en concreto, como
sucede cuando se discuten pensiones de sobrevivientes.
En conclusión, este requisito implica como regla general que la acción de tutela
debe interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la
providencia que se pretende controvertir; sin embargo, si de conformidad con la
carga argumentativa expuesta por el demandante en el escrito de tutela, el juez
constitucional evidencia que existe una causal de justificación para que el
demandante no haya acudido al procedimiento de amparo en ese plazo, deberá
acudir a los criterios excepcionales para el cumplimiento del requisito de inmediatez,
23 En ese sentido, ver sentencias T-172 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-743 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-814 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y SU-961 de
1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
esto es, el objetivo o subjetivo, para analizar si el tiempo de presentación y la fecha
en que fue instaurada la tutela es proporcional a las condiciones del caso en
concreto.
3.4.2.2. En el caso bajo examen, la Sala advierte que, de conformidad con la
información registrada en el aplicativo Samai, la decisión de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 31 de enero de 2019, en la
acción de grupo identificada con el número de radicado 76001 23 33 009 2016 01240
01, fue notificada por estado a los demandantes el 26 de febrero de ese año. A su
vez, las solicitudes de amparo comenzaron a radicarse desde el mes de diciembre
de 2023, es decir, cuatro (4) años y diez (10) meses después, lapso que supera el
límite temporal que la jurisprudencia constitucional ha estimado como razonable
para la interposición de las acciones de tutela contra providencias judiciales.
Al respecto, con el propósito de justificar la tardanza, en los escritos de tutela se
arguyó que el abogado Tomás Fajardo, que representó los intereses de los
demandantes en la acción de grupo, jamás les informó sobre lo resuelto en el
proceso judicial referido y que solo en el año 2023, mediante derecho de petición,
respondió sobre el particular.
Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela no cumple con el
presupuesto de inmediatez en relación con las providencias cuyos fundamentos se
atacan, comoquiera que la actuación desplegada por los accionantes de ninguna
manera resulta razonable ni proporcional, pues lo que se persigue es la protección
urgente e inmediata de los derechos fundamentales que se estiman conculcados,
lo que supone y amerita una gestión diligente. Esto no se cumplió en el sub lite y las
razones que se presentan no son válidas para exceptuar el cumplimiento del
requisito que se viene estudiando.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
3.5. Del cargo sobre la vulneración del derecho fundamental de petición
Los accionantes coinciden en señalar que presentaron diferentes solicitudes ante
los demandados. A pesar de ello, de la revisión detallada de todos los expedientes,
la Sala advierte que no se cumplió con la carga de probar la existencia de una
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
petición que hubiesen dirigido, en nombre propio o mediante apoderado judicial, a
los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, al Departamento del
Valle del Cauca y al abogado Tomás Fajardo Hernández.
Si bien en el plenario obran varias reclamaciones presentadas a los accionados ya
mencionados, junto con las respuestas por ellos ofrecidas sobre las cuestiones que
rodearon tanto el proceso de reestructuración administrativa, que se surtió en el año
de 1999 en la planta de personal de la Gobernación del Valle del Cauca, como los
procesos judiciales de nulidad simple y de grupo en los que actuaron como
demandantes el señor Henry Ocampo Flórez, Juan Carlos Quiroz, Eliecer Cortes
Henao, Jose Sigifredo Salgado Henao, Eustorgio Millan Bados, Herman de Jesús
Henao Osorio, Albeiro Cañaveral Sierra, Leonor Hincapie Orrego, Carlos Alberto
Arias Afanador, Hector Fabio Alvarez Villarejo, Benjamin Muñoz Fernandez e Imelda
Ruiz Martinez; lo cierto es que ninguno de ellos radicó las peticiones a que hacen
referencia en las acciones de tutela y de las cuales sugieren se deriva la vulneración
del derecho fundamental de petición por falta de respuesta oportuna y de fondo.
La Sala evidencia que quienes radicaron los escritos por medio de los cuales se
ejerció el derecho de petición fueron los señores Jair Valencia Gaspar, Pedro Nel
Flórez Bobadilla y Cesar Julio Lenis Palacio.
En este punto es importante señalar que una de las obligaciones de los
demandantes en las acciones de tutela es la de probar los hechos en los que se
fundamentan sus pretensiones, por cuanto el juez constitucional no puede dar por
ciertas sus afirmaciones cuando no cuenta con los elementos de juicio suficientes
para tal efecto, en razón a que debe analizar sus reclamos desde una óptica de
igualdad entre las partes.
Al respecto, en la sentencia T-571 de 2015 la Corte Constitucional se pronunció
frente a la improcedencia de las acciones de tutela por ausencia de material
probatorio, en los siguientes términos:
“Si bien uno de los rasgos características de la acción de tutela es la
informalidad, la Corte Constitucional ha señalado que: “el juez tiene el deber de
corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho
fundamental, para lo cual ha de ejercer las facultades que le permiten constatar
la veracidad de las afirmaciones, cuando sea del caso”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
En igual sentido, ha manifestado que: “un juez no puede conceder una tutela si
en el respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación
concreta de un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional
es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o
amenaza opone la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente
y sumario.” Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el trámite
de una acción de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de
que el juez pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con
la solicitud de amparo constitucional.
Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema
de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus probandi
incumbit actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba
incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental
debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la
determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado
o amenazado el derecho.
No obstante lo anterior, la Corte ha señalado que existen situaciones
excepcionales en las que se invierte la carga de la prueba, en virtud de las
circunstancias especiales de indefensión en las que se encuentra el
peticionario, teniendo la autoridad pública accionada o el particular demandado,
el deber de desvirtuarla. Así, se presumen ciertos los hechos alegados por el
accionante hasta tanto no se demuestre lo contrario. Esto sucede por ejemplo
en el caso de personas víctimas del desplazamiento forzado, en el que la Corte
ha determinado presumir la buena fe e invertir la carga de la prueba en aras de
brindarle protección a la persona desplazada. Igual sucede en materia de salud
para el suministro de medicamentos excluidos del POS, en los que se han
establecido algunas reglas probatorias, como por ejemplo cuando se afirma
carecer de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida),
situación en la que “se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese
caso a la entidad demandada demostrar lo contrario”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que los demandantes no se
encuentran en una situación particular que les otorgue una especial protección o
ante el riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, circunstancias que
permitirían, de manera excepcional, que el juez constitucional los relevara de su
deber de probar los hechos manifestados en el escrito de tutela e invertir la carga
probatoria.
En ese orden se torna improcedente la acción constitucional bajo estudio puesto
que no se cumplió con la carga probatoria mínima de demostrar los supuestos de
hecho constitutivos de vulneración, como: i) los escritos de petición en nombre
propio o por medio de apoderado judicial y ii) la prueba de radicación ante los
demandados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
FALLA
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Procuraduría General de la Nación y, en
consecuencia, DESVINCULAR a dicha entidad del presente trámite constitucional,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y
Crédito Público, así como del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por:
i) inexistencia de mora judicial, ii) ausencia del requisito de inmediatez frente a las
providencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y iii) falta de carga
mínima probatoria frente al derecho fundamental de petición en cuanto a los demás
demandados.
CUARTO: EXHORTAR a Juan Carlos Quiroz Ramírez, Hernán de Jesús Henao
Osorio, Eliecer Cortes Henao y Carlos Alberto Arias Afanador para que en el futuro
eviten hacer uso reiterado de este mecanismo excepcional de protección frente a
unos mismos hechos y derechos.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 11001 03 15 000 2023 07387 00 (Acumulado)
Demandante: Henry Ocampo Flórez
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 30 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.