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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00922-00

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00922-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Procuraduría General de la Nación y, en consecuencia, DESVINCULAR a dicha entidad del presente trámite constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, así como por el Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por: i) inexistencia de mora judicial, ii) ausencia del requisito de inmediatez frente a las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y iii) falta de carga mínima probatoria frente al derecho fundamental de petición. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00 Demandante: Graciela Hernández Flórez QUINTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00922-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de junio de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Accionante: Graciela Hernández Flórez
Accionado: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Procuraduría General de la Nación, Departamento del Valle del Cauca, Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y Tomas A. Fajardo Hernández
Tesis: No es procedente el reclamo de mora judicial, si se trata de un proceso cuyo
archivo ya se produjo.
No es procedente la acción de tutela que se interpone más de seis (6) meses
después de que fue notificada la decisión que se considera violatoria de derechos
fundamentales, si la parte actora no presenta argumentos válidos que expliquen la
tardanza en la interposición de la solicitud de amparo.
No es procedente la acción de tutela que incumple con la carga mínima de probar
los hechos en los cuales se fundamenta.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Graciela Hernández
Flórez en contra de los Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público, la
Procuraduría General de la Nación, el Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y Tomas A. Fajardo Hernández.1

I. SÍNTESIS DEL CASO

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

1.1. Graciela Hernández Flórez interpuso acción de tutela en contra de los
Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de
la Nación, el Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el
abogado Tomas A. Fajardo Hernández, invocando la protección de sus derechos a la
dignidad humana, a las “Garantías y efectividades de los deberes y principios
consagrados en la Constitución”, “la constitución es norma de normas, la Primacía de
los derechos inalienables”, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al derecho de petición,
al trabajo, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al derecho de
petición, al mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la seguridad social y a
la “responsabilidad del estado”.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“Solicito del señor juez, se proteja mis derechos fundamentales de:

Dignidad humana, Art,1 Garantía y efectividad de los deberes y principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, Art, 2 La constitución es
norma de normas, Art, 4 Primacía de los derechos inalienables, Art, 5, leyes y
sentencias concordantes.

Derecho fundamental a la igualdad Art, 13 C.N Seguridad jurídica.

(…)

Derecho de petición, Art 23, leyes y sentencias concordantes. por cuanto el
derecho de petición al Ministerio del Trabajo y seguridad social, nunca nos ha
respondido, (envió copia de petición).

(…)

Derecho al trabajo, Art,25, leyes y sentencias concordantes Derecho al debido
proceso, Art, 29, en conexidad con el Art, 229, leyes y sentencias concordantes.

Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones
que consagre la ley, Art, 31 Derecho al mínimo vital y móvil, Art.53 en conexidad
con el derecho a la seguridad social, Art, 48, Seguridad jurídica, Art, 83, C.N
Responsabilidad del Estado, Art, 90 C.N.

Consagrados en los artículos enumerados anteriormente en la Constitución
Política de Colombia y en las leyes e innumerables sentencias promulgadas por
las altas cortes.

Por todas las razones anteriores, solicito del señor juez se tengan en cuenta
para el resarcimiento de mis derechos y que, de acuerdo a la constitución y la
ley, sea indemnizatoria a lo que corresponda por el tiempo que han sido violados
mis derechos fundamentales, durante 23 años.”2.

2 Ibídem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, mencionó que mediante la
ordenanza nro. 097 del 5 de noviembre de 1999, se le otorgó al Gobernador del Valle
del Cauca la facultad de realizar una reforma administrativa, que incluía la supresión
de cargos. Como consecuencia de esto, fue despedida del cargo de secretaria en la
Inspección de Policía de la Vereda San Antonio.

Comentó que al notificársele el acto de desvinculación, se le informó que podía
esperar un plazo de seis (6) meses para la asignación de un nuevo cargo, tiempo
durante el cual no recibiría ningún salario o que podía optar por el pago de la
indemnización establecida por la ley. Eligió esta última opción.

Señaló que se había presentado una solicitud en ejercicio del derecho de petición ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a nombre del señor Jair Valencia,
requiriendo el documento que autorizó la reforma administrativa en la Gobernación del
Valle del Cauca en el año 2000, así como el seguimiento realizado antes y después
de dicho procedimiento. Al respecto, se obtuvo una respuesta diez (10) días después,
en la que se informaba que la petición había sido remitida a otra oficina de dicha
entidad. En todo caso, no recibió ninguna respuesta adicional.

Advirtió que, en el año 2005, el abogado Tomás Fajardo convocó a las personas que
habían sido retiradas de sus cargos por la Gobernación del Valle del Cauca, para que
presentaran una acción de nulidad simple en contra de los actos de la reforma
administrativa. Y con sentencia del 22 de mayo de 2014, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999
y 0015 de 2000, que reformaron la planta de personal y la escala salarial de la
Gobernación del Valle del Cauca.

Afirmó que, como consecuencia de la anterior decisión, presentaron petición ante el
Departamento del Valle del Cauca exigiendo el reintegro y el pago de las
indemnizaciones correspondientes.

Indicó que el abogado Tomás Fajardo Hernández los citó nuevamente para presentar
una acción de grupo en contra de la mencionada entidad departamental, con el fin de
obtener una indemnización por los despidos masivos resultantes de la reforma a la
planta de personal.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

Informó que el 16 de agosto de 2016, la demanda se repartió al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, con el número de radicado 76001 23 33 009 2016 01240 00, la
que, mediante auto del 26 de febrero de 2018, se rechazó por haber operado la
caducidad de la acción. Luego, con providencia del 31 de enero de 2019, la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado confirmó dicha decisión, tras
considerar que desde que se declaró la nulidad de los actos de la reforma
administrativa, tenían un plazo de cuatro (4) meses para instaurar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Mencionó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho al
debido proceso, debido a que transcurrieron quinientos veinticinco (525) días para
proferir el auto que rechazó la demanda grupal.

Adujo que, se enviaron peticiones al Magistrado del citado Tribunal, Oscar Silvio
Narváez Daza, con copia al Consejo Superior de la Judicatura, en las que se solicitó
información sobre el historial de las actuaciones de la acción de grupo y al abogado
Tomás Fajardo para que les explicara la decisión del Tribunal de rechazar la acción
de grupo.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante providencia del 27 de febrero del año en curso3, el Consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez, admitió la acción de tutela.

2.2. La Procuraduría General de la Nación pidió su desvinculación de la acción de
la referencia argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la tutela manifestando
que de los hechos relacionados no se lograba evidenciar que alguno de ellos se
refiriera a competencias de esa cartera ministerial, por lo que consideró necesaria
su desvinculación del presente trámite al no encontrarse legitimado en la causa por
pasiva.

3 Visible a índice 4 ibídem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

2.4. El Departamento del Valle del Cauca solicitó que se le desvinculara de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Además, señaló
que no se cumplió con el requisito de inmediatez y que no se evidenciaba la
configuración de un perjuicio irremediable, razones que debían conducir a declarar
improcedente el reclamo constitucional.

2.5. A través de providencia del 11 de marzo de 20244, el Consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez, ordenó remitir el expediente de la referencia al Despacho del
Magistrado Oswaldo Giraldo López para que se estudiara la acumulación con el
proceso 2023 07387.

2.6. El Ministerio del Trabajo indicó que dio respuesta a la petición comentada en
la acción de tutela. Posteriormente, hizo una descripción de sus competencias y
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.7. Mediante auto del 22 de marzo de 20245, se ordenó requerir a la accionante
para que en el término de tres (3) días, allegara copia de los derechos de petición
radicados ante el Ministerio de Trabajo, la Gobernación del Valle del Cauca, el
Magistrado Oscar Silvio Daza Narváez del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el abogado A. Fajardo Hernández. Sin embargo, no se pronunció al
respecto.

2.8. Posteriormente, en proveído del 15 de abril de 20246, nuevamente se requirió
a la señora Hernández Flórez, esa vez bajo los apremios de la Ley, para que
aportara la documentación anteriormente mencionada.

2.9. El 18 de abril de la presente anualidad7, la actora remitió nuevamente el escrito
de tutela. Sin embargo, no envío la copia de los derechos de petición solicitados.

2.10. A través de auto del 7 de junio del año en curso8, se ordenó vincular como
parte demandada al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Magistrado del Tribunal

4 Visible a índice 14 ibídem.
5 Visible a índice 24 ibídem.
6 Visible a índice 31 ibídem.
7 Visible a índice 35 ibídem.
8 Visible a índice 37 ibídem.

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Demandante: Graciela Hernández Flórez

Administrativo del Valle del Cauca, Oscar Silvio Daza Narváez y al abogado Tomas
A. Fajardo Hernández.

2.11. El Consejero Fernando Alexei Pardo Flórez integrante de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, advirtió que no había intervenido en la
aprobación de la sentencia impugnada en la presente acción de tutela, puesto que la
ponente de la providencia había sido la exmagistrada Marta Nubia Velásquez Rico.
Por lo que se limitaba acatar lo que se decidiera en el proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20219, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El 16 de junio de 2016, la señora Graciela Hernández Flórez, junto con las
demás personas que fueron desvinculadas de la Gobernación del Valle del Cauca,
por consecuencia de la reforma administrativa, instauraron acción de grupo con la
finalidad de que se les indemnizaran los perjuicios que se les ocasionaron con los
actos administrativos mediante los cuales se modificó la planta de personal de la
mencionada entidad territorial.

3.2.2. Mediante proveído de 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca rechazó la demanda al concluir que en la acción impetrada por los
accionantes operó el fenómeno de la caducidad.

9 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada. (…)”

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

3.2.3. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación. Por medio de auto
del 31 de enero de 2019, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmó la providencia impugnada.

3.2.4. La accionante instauró solicitud de amparo en contra de los Ministerio de
Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, el
Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el abogado Tomas
A. Fajardo Hernández. En concepto de la parte actora la vulneración de los
derechos fundamentales se generó, por una parte, por la tardanza del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en proferir el auto del 26 de febrero de 2018 y,
por otra, por la falta de respuesta oportuna y de fondo a las peticiones que presentó
ante los demás accionados.

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que el caso es similar al propuesto en
el expediente con número de radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00, puesto que
allí se solicitó el amparo de los mismos derechos fundamentales: la dignidad
humana, las “Garantías y efectividades de los deberes y principios consagrados en la
Constitución”, “la constitución es norma de normas, la Primacía de los derechos
inalienables”, la igualdad, la seguridad jurídica, de petición, trabajo, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, mínimo vital y móvil en conexidad con el
derecho a la seguridad social y a la “responsabilidad del estado”.10

Asimismo, se expusieron pretensiones exactamente iguales; veamos:

“Solicito del señor juez, se proteja mis derechos fundamentales de:

Dignidad humana, Art,1 Garantía y efectividad de los deberes y principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, Art, 2 La constitución es
norma de normas, Art, 4 Primacía de los derechos inalienables, Art, 5, leyes y
sentencias concordantes.

Derecho fundamental a la igualdad Art, 13 C.N Seguridad jurídica.

(…)

10 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai en el expediente número 11001 03 15

000 2023 07387 00.

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Demandante: Graciela Hernández Flórez

Derecho de petición, Art 23, leyes y sentencias concordantes. por cuanto el
derecho de petición al Ministerio del Trabajo y seguridad social, nunca nos ha
respondido, (envió copia de petición).

(…)

Derecho al trabajo, Art,25, leyes y sentencias concordantes Derecho al debido
proceso, Art, 29, en conexidad con el Art, 229, leyes y sentencias concordantes.

Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley, Art, 31 Derecho al mínimo vital y móvil, Art.53 en conexidad con
el derecho a la seguridad social, Art, 48, Seguridad jurídica, Art, 83, C.N
Responsabilidad del Estado, Art, 90 C.N.

Consagrados en los artículos enumerados anteriormente en la Constitución
Política de Colombia y en las leyes e innumerables sentencias promulgadas por
las altas cortes.

Por todas las razones anteriores, solicito del señor juez se tengan en cuenta para
el resarcimiento de mis derechos y que, de acuerdo a la constitución y la ley, sea
indemnizatoria a lo que corresponda por el tiempo que han sido violados mis
derechos fundamentales, durante 23 años. ”11

En consecuencia, existe unidad de objeto y causa.

3.3.2. Así las cosas, en atención a que el presente asunto guarda plena coincidencia
con el expediente con número de radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00 y
teniendo en cuenta que en ese proceso se profirió fallo el 30 de mayo de 202412,
para resolver la acción de tutela de la referencia la Sala prohijará las
consideraciones que en esa oportunidad efectuó, precisando que el artículo
2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 201513 (modificado por el artículo 1 del Decreto
1834 de 2015) establece que en los casos en que se presenten acciones de tutelas
masivas, como la del actual escenario, en aplicación del principio de economía

11 Ibídem.
12 Visible a índice 121 ibídem del expediente 11001 03 15 000 2023 07387 00.
13 “Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan

la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por
una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas,
al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el
conocimiento de la primera de ellas.

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se
presenten, incluso después del fallo de instancia.

Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al
juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que
se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente
artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el
accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación.”
(Subrayas de la Sala).

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procesal, le corresponderá al juez constitucional que conoció de la situación proferir
el respectivo pronunciamiento, aunque ya hubiese dictado la sentencia de primera
instancia.

En ese orden, es necesario exponer en extenso los argumentos que sirvieron a la
Sala de fundamento para adoptar la mencionada decisión, así:

“3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva

De entrada, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de
determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del
contenido de la sentencia.

La Sala advierte que los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público,
así como el Departamento del Valle del Cauca y la Procuraduría General de la
Nación solicitaron que se les desvinculara del presente asunto, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

(…)

3.3.1.1. En el caso concreto, teniendo en cuenta las pretensiones de las
solicitudes de amparo, el relato de los hechos y las pruebas allegadas al
expediente, la Sala advierte que a la Procuraduría General de la Nación no le
asiste interés en el asunto debido a que los demandantes no le presentaron
petición alguna y tampoco fungió como parte demandada en el trámite de la
acción de grupo antes referida. Por tal razón, se aceptará su solicitud de
desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

Ahora bien, en relación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento del Valle del Cauca, si bien no existe prueba de que los
accionantes hubiesen radicado alguna solicitud ante la cartera ministerial, lo
cierto es que no es dable desvincularla del actual proceso teniendo en cuenta
que las dos fungieron como demandadas en la comentada acción de grupo y
que existe prueba de que ante el ente territorial los accionantes dirigieron
diferentes reclamaciones.

Finalmente, tampoco es posible acceder a la súplica del Ministerio del Trabajo,
comoquiera que se debe decidir si desconoció el derecho fundamental de
petición de los tutelantes.

En ese orden, se negarán las solicitudes de desvinculación de los Ministerios
de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, así como del Departamento del
Valle del Cauca, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

(…)

3.4. De los cargos frente a las decisiones del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

En las demandas, los accionantes aseguraron que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Consejo de Estado vulneraron el derecho fundamental al

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debido proceso, ya que transcurrieron quinientos veinticinco (525) días para que
dicho Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la acción de grupo.
Además, en segunda instancia, la Subsección A de la Sección Tercera resolvió
"algo fuera de lo común" señalando que, tras la nulidad, tenían cuatro (4) meses
para solicitar la nulidad y el restablecimiento, lo que, según ellos, prolongó la
afectación de sus derechos fundamentales.

Según los tutelantes, el plazo de dos (2) años de caducidad debía contarse a
partir del momento en que salió “a la luz la violación de los derechos, en nuestro
caso esa fecha inicia en septiembre de 2016”.

Precisados los reparos, la Sala procederá a resolver el reclamo relacionado con
la tardanza en proveer sobre la admisión de la acción de grupo para,
posteriormente, abordar el análisis del cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comoquiera
que evidentemente el objeto del amparo se encuentra relacionado con las
providencias judiciales proferidas por las autoridades judiciales demandadas.

3.4.1. Del cargo por la demora en la decisión de admisibilidad de la acción
de grupo

Pese a que los recursos de amparo no precisaron o ampliaron la argumentación
del cargo, la Sala entiende que la inconformidad gira en torno a la configuración
de una presunta mora judicial en que pudo incurrir el Tribunal al resolver sobre
la admisión de la acción de grupo varias veces mencionada.

Sobre el particular basta con señalar que, aunque transcurrieron
aproximadamente dos (2) años entre el momento del reparto (16 de agosto de
2016) y la fecha en que se profirió el auto que rechazó la demanda (26 de
febrero de 2018), en la actualidad no existe un hecho vulnerador que permita a
los accionantes alegar la transgresión de derechos fundamentales. En otras

palabras, hoy no se podría afirmar que exista mora judicial en un proceso que
ya no está vigente e incluso se encuentra archivado.

Por lo expuesto, en relación con este cargo la acción de tutela resulta a todas
luces improcedente.

3.4.2. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias
judiciales

(…)

3.4.2.2. En el caso bajo examen, la Sala advierte que, de conformidad con la
información registrada en el aplicativo Samai, la decisión de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 31 de enero de 2019, en
la acción de grupo identificada con el número de radicado 76001 23 33 009 2016
01240 01, fue notificada por estado a los demandantes el 26 de febrero de ese
año. A su vez, las solicitudes de amparo comenzaron a radicarse desde el mes
de diciembre de 2023, es decir, cuatro (4) años y diez (10) meses después,
lapso que supera el límite temporal que la jurisprudencia constitucional ha
estimado como razonable para la interposición de las acciones de tutela contra
providencias judiciales.

Al respecto, con el propósito de justificar la tardanza, en los escritos de tutela
se arguyó que el abogado Tomás Fajardo, que representó los intereses de los
demandantes en la acción de grupo, jamás les informó sobre lo resuelto en el

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Demandante: Graciela Hernández Flórez

proceso judicial referido y que solo en el año 2023, mediante derecho de
petición, respondió sobre el particular.

Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela no cumple con el
presupuesto de inmediatez en relación con las providencias cuyos fundamentos
se atacan, comoquiera que la actuación desplegada por los accionantes de
ninguna manera resulta razonable ni proporcional, pues lo que se persigue es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales que se
estiman conculcados, lo que supone y amerita una gestión diligente. Esto no se
cumplió en el sub lite y las razones que se presentan no son válidas para
exceptuar el cumplimiento del requisito que se viene estudiando.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.

3.3.2.1. Con lo anterior, la Sala no desconoce que, aun cuando se tratan de
expedientes diferentes, la decisión adoptada en la sentencia del 30 de mayo de 2024,
resulta absolutamente aplicable en el asunto de la referencia, máxime cuando del
escrito de tutela no se advierte una situación excepcional que amerite un estudio
mayor y diferenciado del caso, por lo cual en la parte resolutiva se dispondrá lo
consignado en la anterior oportunidad, según lo anotado en precedencia.

3.3.3. Del cargo sobre la vulneración del derecho fundamental de petición

3.3.3.1. Ahora, en lo que tiene que ver con la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición por falta de respuesta de los escritos presentados ante la
Gobernación del Valle del Cauca, el Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Oscar Silvio Narváez Daza, el abogado Tomas A. Fajardo Hernández y
el Ministerio de Trabajo, la Sala advierte que existe una mínima variación de tipo
probatorio en relación con lo expuesto en la sentencia del 30 de mayo de 2024,
expediente 11001 03 15 000 2023 07387 00, debido a que en el proceso de la
referencia las mencionadas peticiones no fueron allegadas al plenario y en el
antecedente, pese a que reposaban tales pruebas, se concluyó que no fueron los
accionantes los peticionarios. Aunque en ambos casos el resultado es el mismo, la
improcedencia de la acción de tutela, en el trámite actual es menester ponerlo de
presente y resolverlo por separado para brindar mayor precisión y claridad.

Así las cosas, es importante señalar que una de las obligaciones de los demandantes
en las acciones de tutelas es la de probar los hechos en los que se fundamentan sus
pretensiones, por cuanto el Juez constitucional no puede dar por ciertas sus
afirmaciones cuando no cuenta con los elementos de juicio suficientes para tal efecto,

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00922 00
Demandante: Graciela Hernández Flórez

puesto que la controversia debe ser analizada desde una óptica de igualdad entre las
partes.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T -571 de 2015, con ponencia de
la Magistrada María Victoria Calle Correa, se ha pronunciado frente a la improcedencia
de las acciones de tutela por la falta de material probatorio, de la siguiente forma:

“Improcedencia de la acción de tutela por falta de prueba

Si bien uno de los rasgos características de la acción de tutela es la informalidad,
la Corte Constitucional ha señalado que: “el juez tiene el deber de corroborar los
hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, para lo cual ha
de ejercer las facultades que le permiten constatar la veracidad de las
afirmaciones, cuando sea del caso”.

En igual sentido, ha manifestado que: “un juez no puede conceder una tutela si en
el respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta
de un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o
amenaza opone la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y
sumario.” Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el trámite de
una acción de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el
juez pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud
de amparo constitucional.

Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema
de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus probandi
incumbit actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba
incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe
demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación
del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el
derecho.

No obstante lo anterior, la Corte ha señalado que existen situaciones
excepcionales en las que se invierte la carga de la prueba, en virtud de las
circunstancias especiales de indefensión en las que se encuentra el peticionario,
teniendo la autoridad pública accionada o el particular demandado, el deber de
desvirtuarla. Así, se presumen ciertos los hechos alegados por el accionante hasta
tanto no se demuestre lo contrario. Esto sucede por ejemplo en el caso de
personas víctimas del desplazamiento forzado, en el que la Corte ha determinado
presumir la buena fe e invertir la carga de la prueba en aras de brindarle protección
a la persona desplazada. Igual sucede en materia de salud para el suministro de
medicamentos excluidos del POS, en los que se han establecido algunas reglas
probatorias, como por ejemplo cuando se afirma carecer de recursos económicos
por parte del actor (negación indefinida), situación en la que “se invierte la carga
de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo
contrario”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que no es posible evidenciar que exista
una situación que amerite una especial protección, debido a que dentro del expediente
no reposan escritos presentados en ejercicio del derecho de petición, de los cuales se

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Demandante: Graciela Hernández Flórez

desprende la presentación vulneración y dado que el Juez constitucional no puede
relevar a la accionante del deber de probar los hechos que motivan la amenaza es
imperativo declarar improcedente el amparo invocado.

Por lo tanto, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta
que no se cumplió con la carga mínima probatoria, que era el aportar la copia de los
escritos de petición radicados ante el Ministerio de Trabajo, el Departamento del Valle
del Cauca, el Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Oscar
Silvio Narváez Daza y el abogado Tomas A. Fajardo Hernández.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por la Procuraduría General de la Nación y, en
consecuencia, DESVINCULAR a dicha entidad del presente trámite constitucional,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y
Crédito Público, así como por el Departamento del Valle del Cauca, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por:
i) inexistencia de mora judicial, ii) ausencia del requisito de inmediatez frente a las
providencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y iii) falta de carga
mínima probatoria frente al derecho fundamental de petición.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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QUINTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 27 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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