Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05298-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05298-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05298-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05298-00
Accionante: JOSÉ LUIS TOMBÉ ZÚÑIGA
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA POR VENDEDORES INFORMALES. Se
declara improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa
por activa y a que no se cumplió con la carga mínima probatoria.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Luis Tombé
Zúñiga contra el Presidente de la República, los Ministros del Interior y de
Defensa Nacional, el Municipio de Yumbo y el Comité Organizador de la
Decimosexta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor José Luis Tombé Zúñiga solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al
Presidente de la República, a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, al
Municipio de Yumbo y al Comité Organizador de la Decimosexta Reunión de la
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por la “[…]
orden inmediata de desalojo y extinción de los insumos y emprendimientos […]”
en “[…] las afueras del Centro de Eventos Valle del Pacifico [sic] […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
2.1. Manifestó que es “[…] víctima del conflicto armado en Colombia, campesino y
censado en el Resguardo Indígena Cilia-Calera del Municipio de Miranda Cauca
[…]” y que “[…] a raíz del despojo y amenazas de muerte de diversos grupos
armados, quede [sic] desamparado, desprotegido y vulnerable […]”.
2.2. Señalóque “[…] en el sitio comprendido [entre] via [sic] que comunica el
municipio de Yumbo con la Ciudad de Santiago de Cali, por las afueras del Centro
de Eventos Valle del Pacifico, las personas que son vendedoras ambulantes
sufren diferentes acciones militares en esta zona, por parte de autoridades tanto
civiles como Militares, que sin ninguna Razón han llegado, para afectarnos
Nuestra Razón de Pervivencia […]”.
2.3. Agregó que el “[…] 30 de septiembre, sostuvimos una mesa de diálogo e
interlocución con la Personería Municipal de Yumbo, Valle del cauca y el
Secretario de Gobierno del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, nos acompañó
y colaboro [sic] la Veeduría de Derechos Humanos Esparta, con la presencia de
algunos de los vendedores y trabajadores ambulantes, en la cual nos manifiestan
que la orden de sacarnos o quitarnos nuestros emprendimientos, único método de
subsistencia y pervivencia para nuestras familias, es del Ministerio de Defensa
Nacional y Ministerio de Interior a raíz de las reuniones de organización de la
PRECOP 16 que se van a realizar en este mes de octubre de 2024 […]”.
2.4. Finalmente, refirió que “[…] en nuestras familias hay, madres cabezas de
hogar, personas discapacitadas, víctimas del conflicto armado como soy yo,
indígenas como también lo soy, estas labores que desarrolla el Convenio de la
Biodiversidad Biológica de Naciones Unidas, nos pone [sic] en alto grado de
riesgo de vida, no contamos con alimentos, para arriendo, servicios públicos entre
otros […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primero: solicito su señoría de su despacho Medida Provisional de que
se me garantice el derecho al trabo [sic] conexo con debido proceso. Debido
que [sic] hay orden inmediata de desalojo y extinción de los insumos y
emprendimientos
Segundo: Solicito tutele los derechos fundamentales al derecho de trabajo
conexo con el debido proceso artículo 29 constitucional. Como consecuencia
del anterior pronunciamiento se ordene al señor Gustavo Petro Urrego
Presidente de Colombia, Ministro de defensa nacional, Ministro de Interior,
Alcalde de Yumbo valle, delegado para la instalación y realización por
Conferencia de las Partes, en el Convenio de la Biodiversidad Biológica de
Naciones Unidas, o aquellos que resulten responsables a realizar las
siguientes acciones. Garantizando el derecho integral al trabajo […]”.
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 8 de octubre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó
vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la
Vicepresidente de la República, a los Ministros de Relaciones Exteriores, de
Comercio, Industria y Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la
Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca y al Alcalde del Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali.
5. En la misma providencia negó la medida provisional solicitada por el accionante.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
6.1. El Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios de Santiago de Cali solicitó, a través de la directora del
departamento administrativo de gestión jurídica pública, ser desvinculado de la
presente acción constitucional porque no es la autoridad llamada a resolver los
requerimientos del accionante, que por el contrario se discuten temas que son de
competencia de la Alcaldía de Yumbo.
6.2. Agregó que no se evidencian solicitudes realizadas por el accionante a ese
ente territorial de las cuales se puede desprender una acción u omisión por parte
de esa alcaldía.
6.3. El
Municipio de Yumbo informó, a través de su secretario de gobierno,
seguridad y convivencia ciudadana, que no era cierto que se hayan llevado a
cabo diligencias de desalojo y que lo único que se realizó fue la instalación de
personal uniformado, para que, en virtud de la organización de la Décimo Sexta
Conferencia de las Partes COP-16, no se ubiquen vendedores estacionarios en el
sector aledaño al centro de eventos, con el fin de garantizar y proteger la
seguridad de las diferentes comitivas.
6.4. Igualmente, sostuvo que el señor Tombé Zúñiga no probó que tuviera la
condición de vendedor ambulante y/o estacionario, y tampoco acreditó “[…] una
expectativa legítima para desarrollar su actividad, por lo cual, no es factible que se
acceda a su solicitud, pues no existe prueba sumaria que respalde los hechos
facticos de la acción constitucional […]”.
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
6.5. Por lo que solicitó que se le desvinculara de la presente acción constitucional.
6.6. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó, a través de la directora de
asuntos jurídicos internacionales, su desvinculación del presente trámite en razón
a que las acciones u omisiones presuntamente violatorias de los derechos
fundamentales del accionante no le son atribuibles.
6.7. La Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca pidió, por medio de
apoderada judicial, que se le desvinculara de la acción de tutela con radiado núm.
11001-03-15-000-2024-05298-00 “[…] como quiera que no se configura
vulneración alguna a derechos fundamentales, cuya protección se solicita en el
acápite de la petición del escrito tutelar, en la medida que, de acuerdo con los
fundamentos de hecho, derecho y razones expuestas por la parte accionante, el
Departamento del Valle del Cauca no se encuentra facultado para atender las
pretensiones de la parte actora, al no tener injerencia en el asunto […]”.
6.8. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó, a través de
apoderada judicial, ser desvinculado de la presente acción constitucional en razón
a que no se le puede imputar alguna acción u omisión que evidencie que es
responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, por lo que en su caso considera que no se configura uno de los
elementos para que proceda la acción de tutela, esto es la legitimación en la
causa por pasiva.
6.9. El Ministerio de Defensa Nacional pidió, a través del director de seguridad
ciudadana, su desvinculación del presente trámite constitucional porque el
accionante no aportó o señaló el presunto acto administrativo a través del cual se
profirió la mencionada orden de desalojo y de esa manera saber si esa cartera era
responsable de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
6.10. El Ministerio del Interior sostuvo, a través de su directora jurídica, que “[…]
se está ante la falta de legitimación material en la causa por pasiva, por
cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por
parte del Ministerio del Interior, por lo que la presente tutela se torna
improcedente en contra de éste […]”, por lo que solicitó su desvinculación del
presente trámite. [Negrilla original del texto].
6.11. El Presidente de la República informó, por medio de apoderada judicial, que
“[…] la entidad que se encuentra adelantando el proceso que cuestiona el
accionante es la Policía Nacional, entidad que poseen [sic] una autonomía
administrativa y presupuestal que impiden a mi representada tener algún tipo de
injerencia en sus decisiones […]”, por lo que aseguró que “[…] no es la entidad
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
encargada de hacer o llevar a cabo dichos procedimientos, esto, es una faculta y
responsabilidad de las entidades mencionadas […]”.
6.12. Por lo que solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
8. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Presidente de la República, los
Ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Defensa Nacional, de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernadora del Departamento del Valle del
Cauca, el Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios de Santiago de Cali y el Municipio de Yumbo.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU - 077 de 2018, señaló lo siguiente:
"[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.5
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto].
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
10. En este contexto, la Sala considera que al Presidente de la República, a los
Ministros del Interior y de Defensa Nacional, al Municipio de Yumbo sí les asiste
legitimación en la causa por pasiva en esta oportunidad porque fueron vinculados
por el mismo accionante como causantes de la vulneración y amenaza de sus
derechos fundamentales, razón por la cual se denegarán las solicitudes de
desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
11. En relación con los Ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca y el
Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali se tiene que estos funcionarios integran el Comité
Organizador de la Decimosexta Reunión de la Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, razón por la cual también se denegarán
las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.
VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
14. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05298-00
Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
15. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
16. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.
VI.5. El caso concreto
17. Elseñor José Luis Tombé Zúñiga solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al
Presidente de la República, a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, al
Municipio de Yumbo y al Comité Organizador de la Decimosexta Reunión de la
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por la “[…]
orden inmediata de desalojo y extinción de los insumos y emprendimientos […]”
en “[…] las afueras del Centro de Eventos Valle del Pacifico [sic] […]”.
18. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedencia de acción de tutela, en especial, el requisito de legitimación en la
causa por activa.
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso objeto de
estudio
19. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.
20. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
21. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i)
cuando la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa
en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
22. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad
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Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los
derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular
demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente […]”6.
[Subrayado fuera del texto].
23. En la presente oportunidad, el señor José Luis Tombé Zúñiga interpuso este
mecanismo de amparo con ocasión de la presunta “[…] orden inmediata de
desalojo y extinción de los insumos y emprendimientos […]” en “[…] las afueras
del Centro de Eventos Valle del Pacifico [sic] […]”.
24. Como se puede apreciar, la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales alegados tiene su origen en el presunto desalojo de los
vendedores ambulantes que se ubican en el Municipio de Yumbo a “[…] las
afueras del Centro de Eventos Valle del Pacifico [sic] […]”.
25. El accionante no demostró ser un vendedor informal estacionario ubicado a las
afueras del Centro de Eventos Valle del Pacífico en el Municipio de Yumbo, y
tampoco probó que realmente se hubiera presentado un desalojo en esa zona o
se le esté impidiendo ejercer su derecho fundamental al trabajo.
26. En consecuencia, en criterio de esta Sala no existen pruebas que acrediten: (i)
la legitimación en la causa por activa porque no está probado que el accionante
sea vendedor informal en “[…] las afueras del Centro de Eventos Valle del
Pacifico [sic] […]”; y (ii) en todo caso no se probó que los accionados hayan
implementado medidas de desalojo en la zona.
27. De acuerdo a lo anterior, esta Sección considera que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 86 superior, 10 del Decreto 2591 de 1991, y la jurisprudencia
establecida por la Corte Constitucional y esta Corporación, el señor José Luis
Tombé Zúñiga carece de legitimación en la causa por activa.
28. Al respecto, indicó la Sala en la sentencia de tutela de 20 de enero de 20227:
“[…] 22. En el sub lite el señor Eduardo Fuentes Díaz afirma que la presente
acción de tutela tiene por finalidad la protección de sus propios intereses, esto
es, de sus derechos fundamentales a la salud, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la identidad cultural. También sostiene que dichas
garantías se encuentran amenazadas por la omisión del Presidente de la
República de ordenarle al Ministro del Deporte cumplir con los Decretos
legislativos número 491 de 28 de marzo de 20208 y 564 de 15 de abril de
6
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 d enero de 2022, Exp. núm.
11001-03-15-000-2021-06891-00, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
8
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05298-00
Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
20209, que supuestamente prorrogaron automáticamente el reconocimiento
deportivo de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
[…]
25. Vistos los argumentos medulares de la presente acción de amparo,
procede la Sala a exponer los motivos primordiales por los que considera que
en el sub judice no se cumple el presupuesto de la legitimación en la causa
por activa.
26. Cabe destacar, en primera medida, que el actor en ningún momento
solicitó la protección de los derechos fundamentales de la sociedad Cúcuta
Deportivo Fútbol Club S.A. Por el contrario, la literalidad del escrito de tutela
da cuenta de la claridad del actor al señalar que lo que le solicita al juez de
tutela es la protección de sus garantías fundamentales a la salud, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la identidad cultural.
27. Es decir, formalmente se aprecia que el escrito de tutela persigue la
protección de los derechos individuales del accionante y no los de la sociedad
Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. Empero, aunque explícitamente el actor
solicita la protección de sus derechos fundamentales, lo cierto es que
materialmente la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. es la titular
de los derechos fundamentales que supuestamente están siendo
amenazados con la acción u omisión de la autoridad pública accionada.
28. Dicho de otra forma, aunque el actor explícitamente señala que persigue
la protección de sus derechos fundamentales, lo que prima facie daría lugar al
cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa; lo cierto es
que tanto los hechos como los fundamentos jurídicos de la acción de tutela
permiten constatar que los derechos fundamentales que presuntamente están
siendo afectados no son los suyos, sino los de la sociedad Cúcuta Deportivo
Fútbol Club S.A., como consecuencia de la supuesta omisión del Presidente
de la República de exhortar al Ministerio del Deporte.
29. Así pues, pese a que, se reitera, formalmente se puede advertir que el
actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales -ya que en las
pretensiones de la tutela se pide la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la igualdad, al acceso la administración de justicia
y a la identidad cultural-, lo cierto es que no existe una relación jurídica entre
sus derechos fundamentales y la acción u omisión causante del supuesto
detrimento a sus garantías constitucionales. Es decir, no se puede predicar
una relación entre los derechos fundamentales del actor y el presunto
desconocimiento de los Decretos Legislativos número 491 de 28 de marzo de
202010 y 564 de 15 de abril de 202011, por parte del Ministerio del Deporte al
expedir la Resolución número 001228 de 29 de julio 2021, que «levanta la
suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
en Liquidación Judicial».
9
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
10
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
11
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05298-00
Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
30. Todo lo anterior permite afirmar que, en el fondo, el actor lo que pretende
es actuar como vocero de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.,
entidad que resultó presuntamente afectada por la expedición de la
Resolución número 001228 de 29 de julio 2021, la cual supuestamente
desconoce los decretos legislativos citados […]”. [Negrilla original del texto y
subrayado fuera del texto].
29. De lo transcrito se puede concluir que el accionante carece de legitimación en
la causa por activa porque los hechos constitutivos de la presunta afectación de
sus garantías constitucionales no tienen relación con sus derechos
fundamentales, en tanto que no acreditó ser un vendedor estacionario que se
ubique a las afueras del Centro de Eventos Valle del Pacífico, o que esté siendo
afectado por la organización de la Decimosexta Reunión de la Conferencia de las
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
30. De otro lado, se tiene que el señor Tombé Zúñiga no probó la existencia del
supuesto hecho generador de la vulneración de sus derechos fundamentales,
esto es, que no allegó el acto administrativo o el documento en donde conste que
se profirió la orden de desalojo de los vendedores estacionarios ubicados en la
zona del Centro de Eventos Valle del Pacífico.
31. Frente a lo anterior esta Sala de Decisión en sentencia de 27 de junio de
202412 destacó que es necesario que el accionante pruebe la ocurrencia de los
hechos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales alegados, en
esa ocasión se puntualizó:
“[…] [E]s importante señalar que una de las obligaciones de los demandantes
en las acciones de tutelas es la de probar los hechos en los que se
fundamentan sus pretensiones, por cuanto el Juez constitucional no puede dar
por ciertas sus afirmaciones cuando no cuenta con los elementos de juicio
suficientes para tal efecto, puesto que la controversia debe ser analizada desde
una óptica de igualdad entre las partes.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T -571 de 2015, con
ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, se ha pronunciado frente
a la improcedencia de las acciones de tutela por la falta de material probatorio,
de la siguiente forma:
[…]
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que no es posible evidenciar que
exista una situación que amerite una especial protección, debido a que dentro
del expediente no reposan escritos presentados en ejercicio del derecho de
petición, de los cuales se desprende la presentación vulneración y dado que el
Juez constitucional no puede relevar a la accionante del deber de probar los
hechos que motivan la amenaza es imperativo declarar improcedente el amparo
invocado […]”. [Subrayado fuera del texto].
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 11001 03 15 000 2024 00922 00, C.P.
Oswaldo Giraldo López; 27 de junio de 2024.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05298-00
Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
32. Por consiguiente, se declarará improcedente esta acción de tutela debido a la
falta de legitimación en la causa por activa del accionante y a que no se cumplió
con la carga mínima probatoria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación procesal elevadas por el
Presidente de la República, los Ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de
Defensa Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernadora del
Departamento del Valle del Cauca, el Alcalde del Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y el Municipio
de Yumbo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05298-00
Accionante: José Luis Tombé Zúñiga
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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