Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07409-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07409-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-07409-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de abril de 2024
Demandante: Municipio de Girardot
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07409-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07409-01
Demandante: MUNICIPIO DE GIRARDOT
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el recurso de impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia el 15 de febrero de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En ese fallo se declaró improcedente la
solicitud de amparo por no encontrarse superado el requisito general de la
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 7 de diciembre de 2023, el Municipio de Girardot,
actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Con su
solicitud de amparo pretende que se le proteja su derecho fundamental al debido
proceso.
2. La trasgresión de la citada garantía constitucional se la adjudica a la
sentencia dictada el 8 de junio de 2023, en única instancia, por el operador jurídico
tutelado, dentro del proceso de solicitud de revisión de constitucionalidad y
legalidad de acuerdos municipales, con radicado 25000-23-41-000-2023-00182-00.
Mediante dicha providencia, el tribunal declaró la nulidad del Acuerdo Municipal 006
del 29 de noviembre de 2022.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
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Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, profiera una
nueva decisión al interior del citado medio de control de observaciones, identificado
con la radicación No. 25000-23-41-000-2023-00182-00, en la que se valoren
adecuadamente los argumentos de la presente tutela y, en consecuencia, se
proceda a modificar la providencia del 8 de junio de 2023, mediante la cual se
declaró la nulidad del Acuerdo No. 006 de 2022.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. Mediante el Acuerdo 023 de 2021, el Concejo Municipal de Girardot autorizó
al alcalde de esa ciudad para constituir una sociedad de economía mixta (de ahora
en adelante, SEM) de duración indefinida, del orden municipal, de carácter
comercial y cuyo primer proyecto a desarrollar sería la operación de catastro
multipropósito del municipio.
5. El artículo 9 de dicho acuerdo facultó al alcalde para dar aporte societario,
según estudio de viabilidad empresarial final. Con ello, se comprometió el municipio
ante los futuros socios privados a suscribir un contrato interadministrativo con la
SEM, el cual se suscribiría a título de aporte por el tiempo que se estableciera en
los estudios financieros para darle sostenibilidad a la empresa.
6. Para la escogencia del socio estratégico, la entidad accionante realizó la
licitación pública 6 de 2022 y eligió la «promesa de sociedad Futura Innova
Solutions TIC S.A.S.», que aportó los recursos financieros y la experticia técnica
para la operación de catastro municipal y que posteriormente se constituyó en la
SEM Empresa de Desarrollo Inteligente S.A.S., la cual suscribió contrato
interadministrativo con el municipio. En este sentido, la sociedad sería el operador
catastral mientras que la entidad territorial sería el socio mayoritario.
7. En virtud de lo anterior, el 29 de noviembre de 2022, el Concejo Municipal
de Girardot profirió el Acuerdo 061 mediante el cual autorizó al alcalde a destinar,
por el término de 15 años, el 12.7% del recaudo anual presupuestal del impuesto
predial unificado (IPU) con el fin de garantizar el pago de la operación del catastro
multipropósito. Dicho acto fue sancionado por el alcalde el 5 de diciembre de 2022,
fecha en la que también se publicó.
8. El 13 de diciembre de 2022, dicho acuerdo fue remitido a la Gobernación de
Cundinamarca para que se llevara a cabo la revisión de constitucionalidad y
legalidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 102 del artículo 305 de la
Constitución Política.
1 «Por medio del cual se autoriza al alcalde de Girardot a destinar parcialmente recursos del
impuesto predial unificado (IPU) para la operación del catastro multipropósito».
2 Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: (…) 10. Revisar los actos de los concejos
municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal
competente para que decida sobre su validez.
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9. El 3 de febrero de 2023, el director de asuntos municipales de la
Gobernación de Cundinamarca, en su condición de delegatario de las funciones
atribuidas al gobernador del departamento, presentó ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca un escrito de observaciones al acuerdo en cuestión, mediante el
cual consideró que dicho acto no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 819
de 2003, en relación con las vigencias futuras y el marco fiscal de mediano plazo.
A su vez, sostuvo que el acuerdo incumplió lo establecido en: el Decreto 1983 del
31 de octubre de 2019, el cual adicionó el capítulo 5 al título 2 del libro 2 del Decreto
1170 del 28 de mayo de 2015; la Ley 1386 del 21 de mayo de 2010 y, el artículo
346 de la Constitución Política. Por último, consideró que al expedirse el acto se
incurrió en falsa motivación.
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, mediante fallo de única instancia del 8 de junio de 2023, declaró fundadas las
observaciones presentadas por la Gobernación del Departamento de
Cundinamarca. En consecuencia, declaró la nulidad del Acuerdo Municipal 006 del
29 de noviembre de 2022 en los siguientes términos:
Declárense fundadas las observaciones de la Gobernación del Departamento de
Cundinamarca contra el Acuerdo Municipal No. 006 del 29 de noviembre de 2022
expedido por el Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), “Por medio del cual
se autoriza al Alcalde de Girardot a destinar parcialmente recursos de impuesto
predial unificado (IPU) para la operación del catastro multipropósito”, respecto de
los artículos 2.2.2.5.12 del Decreto 1170 de 2015, artículo adicionado por el Decreto
1983 de 2019; el artículo 1.° de la Ley 1386 de 2010; los artículos 5.°, 10.° y 12.°
de la Ley 819 de 2003; el artículo 346 de la Constitución; y por falsa motivación y,
en consecuencia, declárase la nulidad de acuerdo.
11. La autoridad judicial demandada puso de presente que el documento
denominado Anexo técnico financiero, el cual se construyó para sustentar el pago
del municipio a la SEM por la operación catastral, hacía parte integral del Acuerdo
006 de 2022. Después de un detallado análisis de dicho anexo, concluyó que, en
virtud de este documento, la destinación específica del 12.7% del recaudo del IPU
que garantizaría el pago de la operación del catastro multipropósito, se estableció
como una remuneración anual indeterminada de los servicios prestados por la SEM
constituida para el término de 15 años.
12. En virtud de lo anterior, consideró que ello trasgredía lo previsto por el
artículo 2.2.2.5.12 del Decreto 1170 de 2015 que establece que, en el proceso de
contratación de operadores catastrales, «el contrato debe estipular claramente el
alcance de las obligaciones a cargo del operador catastral» y, a su vez, que «la
remuneración de los operadores catastrales contratados por los gestores
catastrales deberá fundarse en un estudio de mercado». Esto, pues el acuerdo
dispuso la remuneración de los servicios catastrales prestados por la SEM, motivo
por el cual consideró que se desconoció aquella norma, pues este pago debe ser
fijado en el respectivo contrato y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo en cuestión.
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13. A su vez, el tribunal sostuvo que el acuerdo desconoció el artículo 1.º 3 de la
Ley 1386 de 2010 el cual prohíbe entregar a terceros la administración de tributos.
Concluyó que el anexo técnico financiero le otorgaba a la SEM la facultad para
administrar un tributo mediante el cobro del IPU y, de tal forma, el acto expedido
por el Concejo Municipal de Girardot transgredía dicha disposición legal.
14. De igual forma, la sala señaló que el acto en cuestión incurrió en falsa
motivación debido a:
la evidente divergencia entre la realidad fáctica o jurídica que induce a la expedición
del acto (decisión de disponer la destinación específica de una renta y la
metodología para su determinación) y los motivos de hecho o de derecho que la
Administración tuvo en cuenta para adoptar la decisión objeto de cuestionamiento
(Anexo técnico financiero soporte del acuerdo mediante el cual se determina la
remuneración del contrato de servicios catastrales que prestará la SEM).
15. Concluyó que también se vulneró el principio de vigencias futuras, pues en
el proceso de expedición del acuerdo nunca se efectuó el trámite de autorización
del uso de vigencias futuras que permitiera comprometer un porcentaje del IPU
durante 15 años para la operación catastral ni para que con parte de este recaudo
se financiara el servicio prestado por la SEM, tal como lo establecía el acuerdo
censurado.
16. A su vez, evidenció que el concejo desconoció el principio de anualidad
presupuestal al autorizar al alcalde de Girardot a comprometer recursos
correspondientes a vigencias futuras, lo cual está permitido por la ley únicamente
en situaciones excepcionales. Agregó que no se acreditó que se hubiera cumplido
con el trámite previsto para comprometer dichos recursos.
.
17. Por último, argumentó que se vulneró el Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MFMP)4, pues a pesar de que este marco está previsto por un término de 10
vigencias fiscales, mediante la autorización de destinación del 12.7% del IPU para
el pago del contrato de gestión catastral durante un lapso de 15 años se sobrepasó
lo permitido por dicho instrumento.
18. El 15 de junio de 2023, la entidad territorial solicitó la «adición, aclaración y/o
corrección» del fallo. Mediante este recurso, sostuvo que la decisión declaró la
3 “Artículo 1° Prohibición de entregar a tercero la administración de tributos. No se podrá
celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades
descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo,
discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La
recepción de las declaraciones, así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en
obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del
Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.
4 De conformidad con las consideraciones de la sentencia cuestionada, el MFMP «es un instrumento
de planeación financiera y gestión pública a 10 años que, según lo señalado por el Ministerio de
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, se vuelve dinámico de acuerdo con el
comportamiento de la situación financiera e institucional de la entidad territorial» Este instrumento
está regulado por los artículos 1.º, 2.º y 5 de la Ley 819 de 2003.
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nulidad del acuerdo, mientras que el trámite reglado en el numeral 10 del artículo
305 de la Constitución Política y el Decreto 1333 de 1986 solo se refieren al
pronunciamiento de la validez desde la óptica constitucional y legal.
19. Mediante auto del 13 de julio de 2023, el tribunal accionado negó lo
pretendido, al evidenciar que no se pidió la aclaración respecto de algún concepto
o frase oscura o incomprensible del fallo, pues lo pretendido es controvertir los
argumentos que lo fundamentaron. A su vez, consideró que no se hizo referencia a
que se haya dejado de resolver algún aspecto de los extremos de la controversia.
1.4. Fundamentos de la vulneración
20. La parte actora alegó que la autoridad judicial vulneró su derecho al debido
proceso al incurrir en violación directa de la Constitución, desconocimiento del
precedente y los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y en extralimitación de sus
funciones.
21. Con respecto al cargo por violación directa de la Constitución, argumentó
que la autoridad judicial accionada desconoció las normas de autonomía territorial,
de prestación de los servicios públicos y de delegación de competencias del
concejo al alcalde. A su vez indicó que se vulneró el derecho al debido proceso
pues se fundamentó «la anulación del acuerdo anulado sobre normas distintas a
las que le sirvieron de fundamento».
22. Arguyó que, en tal sentido, se desconoció que los artículos 1.º, 287, 311 y
313 de la Constitución Política sirvieron de fundamento constitucional para la
motivación del acuerdo municipal y sustentaron las competencias del concejo en
relación con su autodeterminación administrativa y la autorización de la destinación
del impuesto predial unificado al alcalde para el pago de la operación catastral.
23. En relación con los defectos sustantivo y fáctico, afirmó que se incurrió en
una indebida interpretación regulatoria del anexo técnico financiero, pues le dio un
alcance de pago de la operación catastral «contraviniendo con ello la interpretación
textual y sistémica del Acuerdo en el contexto constitucional existente».
24. Sostuvo que se realizó una indebida interpretación gramatical al valorar las
observaciones presentadas por la Gobernación de Cundinamarca, en específico,
en lo atinente al anexo técnico financiero. Agregó que la función de dicho
documento era «motivacional, meras proyecciones y no regulatoria del pago del
contrato de operación catastral» pues, a su juicio, «el pago se encontraba
supeditado a la ejecución por formación, actualización, conservación y difusión del
catastro multipropósito».
25. Aseguró que el anexo financiero estaba fundamentado en «estimaciones y
proyecciones, tomando en cuenta variables económicas cambiantes y, por tanto,
no podía ser interpretado como un documento regulatorio del pago del contrato de
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operación catastral». Añadió que, de haber interpretado «de manera integral el
expediente», hubiese concluido que los pagos del contrato interadministrativo «se
realizaban conforme a los informes bimensuales producto de los procesos de
formación, actualización, conservación y difusión aprobados por el supervisor y
pagados conforme a las tarifas del contrato».
26. En este orden de ideas, alegó que no se implementó una «interpretación
sistémica» del acuerdo anulado, pues «no podía darle al anexo técnico financiero
y al acuerdo, un alcance que invalidara la autorización que el Concejo le otorgó al
alcalde, amparado por el artículo 313 No 3 de la CP». Lo anterior pues, desde su
perspectiva, existía una «claridad textual del título y del artículo primero del
acuerdo» y, aunado a ello, «obraba en el expediente prueba de la concreción de la
autorización aludida, en el contrato interadministrativo en el que el alcalde
ejecutaba dicha autorización».
27. Señaló que dicha interpretación errónea del anexo técnico evidenciaba que
el tribunal incurrió en una extralimitación de sus funciones, pues la autoridad no
contaba con la competencia para analizar aspectos que correspondían a la
ejecución del contrato interadministrativo de la operación catastral. Agregó que «lo
que se debía revisar era la autorización para destinar un porcentaje de renta del
IPU para el pago de la operación catastral, conforme con las atribuciones otorgadas
por el concejo al alcalde para ese propósito».
28. Indicó que el tribunal tuvo que haber limitado su estudio al «ámbito temporal
y material del acuerdo» y, con ello, hubiera advertido «que la orden dada en el
acuerdo era la autorización del concejo al alcalde para destinar la renta», lo cual
«se desprende de manera clara del título del acuerdo y del artículo primero».
29. Afirmó que se desconoció el precedente de las sentencias C-219 de 1997,
C-478 de 1992. C-069 de 2001. C-738 de 2001 y C-130 de 2018, las cuales
desarrollan el principio de autonomía territorial de los municipios y según el cual,
estas entidades territoriales cuentan con la facultad de gestionar sus propios
asuntos, administrar de forma independiente sus recursos y establecer tributos
locales según las necesidades de cada ente territorial.
30. Enfatizó que, de conformidad con la sentencia C-130 de 2018:
la autonomía financiera de las entidades territoriales implica que los recursos
propios o de naturaleza endógena de financiación – como es el caso del IPU - deben
someterse a la plena disposición de las autoridades locales o departamentales.
Para la Corte, ésta garantía institucional se sustenta en los principios democráticos
(arts. 1, 2, 3 C.P.), de eficacia, eficiencia, economía y celeridad (arts. 1, 2, 209 C.P).
Tales autoridades son las que mejor conocen las necesidades y prioridades de la
población de su jurisdicción, porque desconocer tales facultades, afectaría la
capacidad de los entes locales para gestionar sus propios asuntos y la autonomía
territorial que les asiste.
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31. Expuso que la destinación o cesión de rentas es un instrumento que tiene
fundamento en la autonomía territorial y que los municipios tienen la facultad para
ello de conformidad con el numeral 4 del artículo 313 y el artículo 287 constitucional.
Aseguró que «no existe prohibición en nuestra legislación de ceder rentas con una
destinación específica para las entidades territoriales a nivel municipal». Agregó
que la destinación de rentas que se realizó por medio del acuerdo «transfirió la
disposición del valor económico del impuesto, no su titularidad ni administración».
1.5. Trámite de la acción de tutela
32. Mediante auto del 13 de diciembre de 2023, el magistrado ponente de la
decisión de primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. A su
vez, vinculó como terceros con interés a: i) el Departamento de Cundinamarca5 y
ii) al Concejo del Municipio de Girardot.
1.6. Intervenciones e informes
33. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó
la siguiente intervención:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
34. El magistrado ponente de la decisión presentó informe en el que solicitó que
se negaran las pretensiones del mecanismo constitucional pues, a su juicio, no se
advierte ninguna vulneración de derechos fundamentales, debido a que las
actuaciones realizadas en el marco del trámite de observaciones están revestidas
de legalidad. Añadió que la decisión cuestionada fue respetuosa de la normatividad
que regula la materia y de los derechos de las partes e intervinientes.
35. Señaló que los argumentos de la parte actora no sustentan vulneración de
derechos fundamentales alguna, pues lo pretendido es controvertir de manera
injustificada e indebida la providencia que resultó adversa a sus intereses y, con
ello, usar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso en cuestión.
Agregó que en el escrito inicial únicamente se manifestaron inconformidades con
respecto al criterio del tribunal y sus consideraciones.
36. Concluyó que la simple inconformidad de la parte actora se evidencia con la
reiteración de los argumentos que presentó en el escrito de adición, aclaración y/o
corrección.
37. Finalmente, el Departamento de Cundinamarca y el Concejo de Girardot,
pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
5 Se ordenó remitir copia de la tutela al gobernador del departamento.
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1.7. Sentencia de tutela de primera instancia
38. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de febrero
de 20246, declaró improcedente la acción de tutela por cuanto no se encontró
configurado el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
39. En efecto, consideró que la controversia estudiada tenía un carácter
eminentemente legal y recaía sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez
natural del asunto sin que se acreditara algún actuar arbitrario.
40. Argumentó que las razones expuestas en la tutela se sintetizan en que, a
juicio de la parte actora, el operador judicial debió declarar infundadas las
observaciones presentadas por el gobernador de Cundinamarca frente al acuerdo
y, por tanto, concluir que el acto estaba ajustado a derecho.
41. Trascribió extensamente las consideraciones de la sentencia cuestionada y
explicó que, para el tribunal, las observaciones presentadas por el gobernador
estaban fundadas, en la medida en que el acuerdo objeto de revisión de legalidad
incurrió en falsa motivación y, a su vez, vulneró los artículos 2.2.2.5.12 del Decreto
1983 de 2019; 1° de la Ley 1386 de 2010; 5°, 10° y 12 de la Ley 819 de 2003; y 346
de la Constitución Política.
42. Puso de presente que en la providencia cuestionada se explicaron los
motivos por los cuales se llegó a la conclusión de que el anexo técnico financiero
hace parte integral del acuerdo. Añadió que el tribunal indicó que la destinación del
12.7% del recaudo del impuesto predial unificado sería para el pago de la operación
catastral durante 15 años, valor que se plasmó como pago anual al contrato
interadministrativo celebrado con la SEM.
43. Resaltó que el gobernador de Cundinamarca, en el marco de sus
competencias constitucionales, presentó escrito de observaciones por medio del
cual censuró la legalidad del acuerdo municipal, postura que fue acogida por el
tribunal al declarar la nulidad del acto. Agregó que esto «propugna porque las
actuaciones de dichas entidades territoriales se encuentren debidamente ajustadas
al ordenamiento jurídico» y, contrario a lo alegado por la entidad actora, no
desconoce la autonomía territorial y administrativa de las entidades.
44. Expuso que la providencia cuestionada se motivó con fundamento en las
pruebas y las normas aplicables al asunto y que el hecho de que la tutelante no
comparta la decisión adoptada, no significaba que se hubiera incurrido en alguna
arbitrariedad.
6 La providencia de primera instancia se notificó el 28 de febrero de 2024.
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1.8. Impugnación
45. La apoderada de la parte accionante presentó escrito de impugnación7 en el
que manifestó lo siguiente:
concurro ante su despacho, con el propósito de impugnar el fallo de tutela de fecha
15 de febrero de 2024, con fundamento en el artículo 31 de la Ley 2591 de 1991.
En cuanto a la sustentación de la misma, se realizará ante el juez constitucional de
segunda instancia. Cordialmente.
46. A pesar de lo anterior, la actora no allegó ningún escrito mediante el cual
expusiera las razones de sustento de la impugnación.
1.9. Auto de vinculación
47. Mediante providencia del 2 de abril de 2024, el despacho ponente ordenó la
vinculación de: i) el señor Juan Guillermo Cardoso Rodríguez8, ii) la sociedad de
economía mixta Empresa de Desarrollo Inteligente S.A.S y, iii) El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
48. Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de febrero de
2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
49. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
50. Con fundamento en lo expuesto, la sala advierte que el Municipio de Girardot
está legitimado en la causa por activa. Esto, porque es la entidad territorial cuyo
concejo municipal expidió el acuerdo que fue declarado nulo por el tribunal
demandado.
7 El escrito de impugnación fue presentado 1.º de marzo de 2024.
8 Quien intervino como ciudadano interesado en el resultado del proceso ordinario.
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51. A su vez, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B está legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problemas jurídicos
52. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado el 15 de febrero de 2024.
53. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la sala
analizará lo siguiente:
54. ¿La Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró el derecho fundamental invocado al proferir la sentencia del
8 de junio de 2023 mediante la cual declaró la nulidad del Acuerdo 06 del 29 de
noviembre de 2022 expedido por el Concejo Municipal de Girardot?
55. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad;
y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda de tutela.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
56. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales.
57. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.
58. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
59. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la
acción no se intente reabrir el debate de instancia.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv)
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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60. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
61. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
62. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que
se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional13.
63. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
64. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene «vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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65. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por
esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
66. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
67. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos
por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.5.2. Relevancia constitucional en el caso concreto
68. La sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia, por no acreditarse cumplido el requisito general de relevancia
constitucional, pues la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una
instancia adicional del proceso, con lo que se pretende reabrir las etapas
procesales y la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa.
69. La entidad consideró que se vulneró su derecho al debido proceso pues, a
su juicio, el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución, desconocimiento
del precedente y los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y en extralimitación de
sus funciones. Sin embargo, los argumentos que formuló pueden sintetizarse en
los siguientes reparos:
I. No se llevó a cabo una interpretación sistemática y textual del Acuerdo
02 del 29 de noviembre de 2022 y del anexo técnico financiero. Esto,
llevó a que se considerara erróneamente que dicho documento
consagraba un pago de la operación catastral en favor de la SEM,
cuestión que, a su juicio, contraviene lo dictado en el acto administrativo.
II. No se tuvo en cuenta que el anexo técnico estaba fundamentado en
«estimaciones y proyecciones, tomando en cuenta variables económicas
cambiantes y, por tanto, no podía ser interpretado como un documento
regulatorio del pago del contrato de operación catastral».
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III. El tribunal incurrió en una extralimitación de sus funciones al anular el
acuerdo censurado, debido a que analizó aspectos que no hacían parte
del acuerdo a darle el alcance indebido al anexo técnico financiero. Por
tanto, tuvo que haber limitado su interpretación a lo establecido
textualmente por el acuerdo.
IV. Se desconoció la autonomía territorial y administrativa del Concejo
Municipal de Girardot al declarar la nulidad del acuerdo que expidió y,
con ello, se inaplicaron las sentencias C-219 de 1997, C-478 de 1992. C-
069 de 2001. C-738 de 2001 y C-130 de 2018 de la Corte Constitucional.
70. A primera vista, la controversia propuesta por la parte actora se circunscribe
a un ámbito exclusivamente legal, propio del asunto que fue estudiado por el
tribunal accionado. Lo anterior, pues los motivos expuestos por el municipio están
dirigidos simplemente a cuestionar la interpretación normativa que fundamentó la
sentencia cuestionada. Ello puede apreciarse a partir de la estructura
argumentativa propuesta en el escrito de tutela pues, frente a las consideraciones
del tribunal, la demandante expone las conclusiones que, a su juicio, han debido
motivar el fallo.
71. Por tanto, es claro que la parte actora pretende usar el mecanismo de
amparo como una instancia adicional en la que el juez lleve a cabo un nuevo estudio
de legalidad sobre el acto administrativo en cuestión y, de tal forma, se profiera una
decisión acorde con sus intereses. Esto es evidente pues todas las razones de
inconformidad formuladas por la entidad tutelante corresponden a asuntos sobre
los cuales el juez natural de la causa ya se pronunció.
72. Al respecto, se advierte que al juez de tutela le está vedado proferir
pronunciamientos relacionados con cargos cuya controversia se circunscriba a
parámetros eminentemente legales, pues esta competencia es propia de los jueces
naturales de la causa ordinaria.
73. Por su parte, la extralimitación de funciones en la que habría incurrido la
autoridad judicial, tiene como fundamento que, a juicio de la demandante, se llevó
a cabo una indebida interpretación tanto del acto administrativo sujeto a su análisis,
como del anexo técnico financiero que lo integraba. Por tanto, este argumento
también carece de relevancia constitucional, pues obedece simplemente a una
discrepancia con el proceder hermenéutico del tribunal que, en su autonomía, llevó
a cabo.
74. De igual forma, con respecto a la vulneración de la autonomía territorial y
administrativa que se alegó, se concluye que también estuvo fundamentada en una
mera inconformidad con las consideraciones del operador judicial y la decisión
adoptada. Esto pues, a juicio del municipio, la indebida interpretación del acuerdo
y de su anexo, que conllevó a que se declarara su nulidad, atentó contra dicho
principio. Por tanto, aun cuando no se desconoce que la autonomía territorial tiene
rango constitucional, los cargos formulados carecen de motivos que trasciendan de
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una órbita estrictamente legal y propia del proceso en el que el tribunal revisó las
observaciones que el gobernador de Cundinamarca presentó contra el Acuerdo 06
del 29 de noviembre de 2022.
75. A su vez, a pesar de que la vulneración al principio de autonomía que alegó
estuvo fundamentada en el presunto desconocimiento de algunas sentencias de
constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, la parte actora
simplemente se limitó a referenciarlas sin exponer, en qué sentido, de conformidad
con los presupuestos fácticos del asunto estudiado, el tribunal habría desconocido
alguna regla de derecho aplicable al asunto en concreto.
76. Por tanto, en relación con este punto, la actora no propuso ningún argumento
tendiente a acreditar la configuración de alguna arbitrariedad por parte del tribunal
en la formulación de los motivos que sustentaron la sentencia. En efecto, más allá
de la referencia abstracta y general a este principio, no desarrolló razones que
permitan entrever de manera certera su vulneración por parte de la autoridad
judicial accionada.
77. En este orden de ideas, la sala evidencia que el accionante no presentó
argumento alguno tendiente a demostrar por qué este tema debe trascender la
instancia ya agotada para llegar a la órbita del juez constitucional. En efecto, de la
motivación de los defectos formulados no se evidencia una estructura
argumentativa en clave de derechos fundamentales, aunado a que evidencian una
simple inconformidad con las consideraciones de la decisión censurada.
78. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o
patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
79. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al no
encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
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III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por no encontrarse superado el requisito
general de relevancia constitucional
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente.
Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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