Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07444-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07444-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-07444-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
14 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07444-01
Actores: Cindy Lorena Estrada Castaño y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro2
Tema: Impugnación de sentencias de tutela/deber de cumplir con una carga
argumentativa mínima
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia.
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por Cindy Lorena Estrada Castaño y otros3
contra la sentencia de tutela de 25 de enero de 2024 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en
forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
3 Francisco Javier López Castillo, Jade Yelissa Castillo Estrada, Sandra Milena López y María del Carmen Castaño
Rojas.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07444-01
Actores: Cindy Lorena Estrada Castaño Y Otros
Manizales, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 18 de
septiembre de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 20 de enero de 2017,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 17001-33-33-002-2014-00214-02:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara
responsable de los perjuicios derivados de la muerte de Luis Fernando Castillo
González, la cual se produjo en el marco de una operación militar antiextorsión
adelantada por el Batallón de Contraguerrilla 93 del Ejército Nacional, en
inmediaciones de la vereda El Suelo del Municipio de Manizales – Caldas.
4. Expresó que, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales,
profirió sentencia, en primera instancia, el 20 de enero de 2017, mediante la cual
declaró fundada la excepción “[…] denominada actuar legítimo de las fuerzas militares
[…]” y negó las pretensiones de la demanda.
5. Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Caldas, profirió sentencia el 18 de
septiembre de 2023, mediante la cual resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2017, por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y se DECLARA DE OFICIO
a la excepción de caducidad […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el Formato de informe Ejecutivo se describió las diligencias de inspección y
levantamiento de los cadáveres. A su vez, que en a la inspección técnica se encontró la
documentación del señor Luis Fernando Castillo, por tanto, a través de funcionario de la
Sijin se contactó con la familiar del occiso señora Sandra Milena López, informándole lo
sucedido. Que el 10 de enero de 2008, los familiares de las víctimas entre ellas la señora
en mención reconoció el cuerpo inspeccionado, como su hermano de crianza. Así
mismo, se le entregó mediante acta las pertenencias del occiso […]”.
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[…]
“[…] §56. Así mismo, el 21 de noviembre de 2008, las señoras prima y madre del difunto
Luis Fernando Castillo González, Sandra Milena López y Rosa Albina González,
solicitaron asesoría judicial y presentaron queja ante la Defensoría del Pueblo por posible
ejecución extrajudicial, al presentar una queja por la conducta disciplinaria de los soldados
y participaron del operativo, y rendir declaración de cómo habían ocurrido los hechos; a
su vez, manifestaron sobre la asistencia jurídico al parecer por un grupo de profesionales
pertenecientes a Fundación Recuerdos.
§57. Teniendo en cuenta lo anterior, como el término para demandar en ejercicio de la
acción de reparación directa empezó a correr a partir del 10 de enero de 2008, día de la
muerte del señor Luis Fernando Castillo González; y venció el día 1 de enero de 2010,
sin embargo, solo hasta el año 2013, se presentó la conciliación extrajudicial en la
Procuraduría 70 Judicial 1 para Asuntos Administrativos. En consecuencia, operó la
caducidad del medio de control, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela.
“[…] PRIMERA.- AMPARAR a los suscritos nuestros derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y a la indemnización de víctimas de violaciones graves
a los Derechos Humanos, vulnerados con el proferimiento (sic) de las providencias
judiciales aquí acusadas.
SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas, que
dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del
fallo que así lo disponga, profiera nueva providencia revocando la decisión de primer
grado, y en su lugar se sirva acceder a las pretensiones de la demanda en los términos
solicitados en la demanda. […]”.
7. Como fundamento de su solicitud, los actores en su escrito de tutela señalaron
que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en “[…] i) defecto procedimental
absoluto; ii) defecto fáctico por indebida valoración probatoria de los medios que
acreditarían la oportunidad de la demanda de reparación directa; iii) defecto sustantivo
por interpretación de la ley –jurisprudencia –contraria a la Constitución y al bloque de
constitucionalidad; iv) desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado
y la Corte Suprema de Justicia, y v) error inducido, al seguir las consideraciones de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. […]”.
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Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 13 de diciembre de 2023: i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas y al Juez Segundo
Administrativo del Circuito de Manizales; iii) vinculó, como tercero con interés legítimo
a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y iv) ofició a la
Secretaría General del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Caldas para
que publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos
que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que
tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite
constitucional de la referencia.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. El Tribunal Administrativo de Caldas solicitó declarar improcedente la acción de
tutela. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] En torno al conteo de la caducidad efectuada por el Tribunal, se tuvo en cuenta los
mismos documentos aportados por la parte demandante, y las pruebas que solicitaron,
donde aparece claramente que una de las demandantes, la señora Sandra Milena López,
junto con la señora madre del occiso, el 21 de noviembre de 2008 había denunciado su
conocimiento de los hechos atribuidos a una ejecución extrajudicial de la víctima, ante la
Defensoría del Pueblo, motivo por el cual se tomó dicha fecha como mojón inicial del
plazo de caducidad de la acción de reparación directa, tal como se señala en la sentencia.
Además, debido a que las pruebas donde consta dicho conocimiento fueron solicitado
(sic) por todos los demandantes, no pueden ahora negar que se tenía conocimiento desde
el 21 de noviembre de 2008 que el deceso se produjo por hechos atribuidos a una
ejecución extrajudicial Por lo que se considera que no se vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes. […]”.
10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
11. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de enero
de 2024, resolvió lo siguiente:
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“[…] PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por
los señores los señores Francisco Javier López Castillo, Cindy Lorena Estrada Castaño,
Jade Yelissa Castillo Estrada, Sandra Milena López, y María del Carmen Castaño Rojas,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. […]”.
11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En relación con el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, la parte
actora se limitó a señalar que el asunto en cuestión supera este criterio por tratarse de
una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al estar relacionado
con un proceso judicial «de declaratoria de responsabilidad estatal por delitos de lesa
humanidad».
Aunado a lo anterior, los demandantes no dilucidaron ningún argumento dirigido a poner
de presente la configuración de algún yerro o arbitrariedad en que hubiere incurrido el
tribunal al proferir la sentencia cuestionada. Se pone de presente que los actores adujeron
que la demandada incurrió en defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y error inducido; no obstante, no formularon
ningún argumento que desarrollara los motivos por los cuales consideran que en el caso
estudiado se configuraron tales yerros. […]”.
[…]
“[…] Al respecto, agregaron que para establecer la contabilización del término de
caducidad, el tribunal «se limitó a lo que indicaban los informes preliminares de policía
judicial, mas no las circunstancias inequívocas, específicas y posibles autores o partícipes
que debe resolver la justicia»; no obstante, no desarrollaron mínimamente cuáles fueron
estas circunstancias que hubieran permitido tomar una decisión distinta a la adoptada por
el juez natural de la causa.
Por último, enlistó algunas sentencias del Consejo de Estado, sin exponer, cuál fue la
regla de derecho que, a su juicio, debió ser aplicada al caso en concreto. A su vez,
tampoco sostuvo en qué sentido los presupuestos fácticos de aquellas providencias son
análogos a los estudiados en el proceso de reparación directa objeto de la presente
acción constitucional. […]”.
[…]
“[…] Por tanto, se advierte que la controversia propuesta en sede constitucional no
trasciende de un simple desacuerdo con el análisis que, en su autonomía, el juez de
segunda instancia llevó a cabo. Al respecto, se advierte que los argumentos formulados
únicamente pretenden cuestionar las conclusiones a las que llegó el tribunal, las cuales
fueron contrarias a los intereses de la parte demandante. Se pone de presente que la
naturaleza excepcionalísima y subsidiaria de esta acción constitucional imposibilita que
sea usada con la pretensión de reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la
causa.
Por último, se advierte que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y,
sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva a que
el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional. Para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces competentes del asunto. […]”.
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La impugnación:
12. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresaron lo siguiente:
“[…] respetuosamente manifestamos que IMPUGNAMOS el fallo de tutela del 25 de enero
de 2024, el cual se nos notificó vía electrónica en el día de ayer. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política;
en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 5 y con
el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta
de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio,
para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar sí es procedente conocer y decidir de fondo la impugnación
presentada por los actores contra la sentencia de tutela proferida el 25 de enero de
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado; y de ser así, ii) establecer si, es
procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales y especiales de procedibilidad contra providencias judiciales.
16. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la impugnación de las sentencias de tutela; ii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; iv) análisis del caso en concreto y; finalmente v) las conclusiones de la Sala.
La impugnación de las sentencias de tutela
17. El artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación
el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública
o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión […]”.
18. De conformidad con la norma expuesta supra, dentro del marco de la acción de
tutela se establece el derecho a la doble instancia en donde el actor podrá, por medio
del respectivo escrito de impugnación, que su caso sea estudiado y revisado por otro
juez constitucional, contando, además, con la posibilidad de que la sentencia de tutela
adversa a sus pretensiones sea revisada eventualmente por la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, frente al alcance de la impugnación, consideró que8:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la doble
instancia guarda estrecha relación con el debido proceso como forma de garantizar la
recta administración de justicia, y se constituye en un mecanismo para que el superior
jerárquico de la autoridad judicial que realizó el pronunciamiento, evalúe los argumentos
debatidos y adopte una decisión definitiva, bien sea confirmando o revocando la sentencia
de primera instancia […]”.
19. Debe señalarse, además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco
de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado Social de
Derecho, toda vez que garantiza, en forma eficaz y plena, el derecho fundamental de
7 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
8 Corte Constitucional, Auto 235 de 13 de julio de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una
decisión en primera instancia, pueda adoptar una nueva decisión judicial, estudiando
y revisando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por el impugnante.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
20. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
21. Atendiendo a que, la Corte Constitucional9 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las
personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el
derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del
valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como
la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia
22. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
23. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan
funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra
manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les
reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
24. Los actores, en nombre propio, presentaron acción de tutela contra del Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Manizales, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 18 de
septiembre de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 20 de enero de 2017,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 17001-33-33-002-2014-00214-02:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
25. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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26. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica
y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la
acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
27. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
27.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación 17001-33-33-002-
2014-00214-02.
Solución del caso concreto
28. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela de 25
de enero de 2024, resolvió “[…] DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de
tutela interpuesta por los señores los señores Francisco Javier López Castillo, Cindy
Lorena Estrada Castaño, Jade Yelissa Castillo Estrada, Sandra Milena López, y María
del Carmen Castaño Rojas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia. […]”.
29. Los actores, mediante escrito recibido el 31 de enero de 202411 en la Secretaría
General de esta Corporación, presentaron escrito de impugnación contra la sentencia
proferida el 25 de enero de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Al
respecto señalaron:
“[…] respetuosamente manifestamos que IMPUGNAMOS el fallo de tutela del 25 de
enero de 2024, el cual se nos notificó vía electrónica en el día de ayer. […]”.
11 Cfr. Índice 17 de Samai. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMO20230744400P(.pdf) NroActua 17”. Archivo en
medio magnético.
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30. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto de 20 de febrero de 2024, concedió la impugnación presentada por los actores.
31. El trámite de la impugnación correspondió, por reparto, a la Sección Primera del
Consejo de Estado.
32. Ahora bien, para efectos de resolver el caso sub examine, es importante
mencionar que esta Sección mediante la sentencia de 28 de febrero de 2019 12, fijó
unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las
impugnaciones presentadas dentro del marco de la acción de tutela, considerando las
siguientes:
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra autoridades
públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia, no
se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el impugnante lo presente dentro
del término legal correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el
fin de que se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos jurídicos
expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante
en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima13, en donde
exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi)
decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03163-01.
13 Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:
“[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para delimitar
los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de providencias judiciales
contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más
riguroso y una procedencia excepcional.
Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra
facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados por
el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las instancias
correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio oficioso de la
providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la finalidad del amparo
constitucional.
Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el ad
quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y así establecer
si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los
lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación,
presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de desacuerdo
respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima
argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente
acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01).
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Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 200514, proferida por la Corte
Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 201215,
salvo que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le
exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las medidas
necesarias, para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, especialmente,
el acceso a la administración de justicia […]”. (Resaltado por la Sala)
33. En el caso objeto de estudio, la Sala observa que los actores, en su escrito de
impugnación, no plantearon ningún argumento jurídico de fondo con el fin de efectuar
algún reproche contra la sentencia proferida en primera instancia el 25 de enero de
2024, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por cuanto solamente indicaron
que: “[…] respetuosamente manifestamos que IMPUGNAMOS el fallo de tutela del 25
de enero de 2024, el cual se nos notificó vía electrónica en el día de ayer […]”; por lo
cual, ante la ausencia de algún tipo de argumentación jurídica, la Sala no puede emitir
un pronunciamiento de fondo.
34. Frente al tema en cuestión, esta Sección ha considerado lo siguiente16:
“[…] En el presente caso, se advierte que el actor pretende que se ordene su reintegro al
empleo que desempeñaba en la Cámara de Representantes del Congreso de la
República y, en consecuencia, se le garantice el derecho a la salud con el fin de acceder
a un tratamiento oportuno e ininterrumpido a su enfermedad, así como el pago de las
incapacidades adeudadas.
Lo anterior, por cuanto padece una afectación grave en su salud que le impide
desempeñar cualquier empleo y, por ende, debe ser considerado como un sujeto de
especial protección que goza de estabilidad laboral reforzada, lo que impedía su retiro de
la Institución.
No obstante lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio
de fondo del asunto, habida consideración que el actor en su escrito de impugnación no
cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta los reparos respecto de la
sentencia de primera instancia, razón por la que no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si el fallo proferido por el Tribunal se encuentra ajustado a
derecho […]”.
35. En ese orden de ideas, se evidencia que los actores en el escrito de
impugnación solamente manifestaron que “[…] respetuosamente manifestamos que
IMPUGNAMOS el fallo de tutela del 25 de enero de 2024, el cual se nos notificó vía
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, CP. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de
2018, C.P (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 44001234000020180011301. De igual
manera, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
11 de abril de 2019, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-15-000-2019-00237-
01.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07444-01
Actores: Cindy Lorena Estrada Castaño Y Otros
electrónica en el día de ayer […]”, lo que evidencia que, dentro del término otorgado
por el artículo 31 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, no
argumentaron de manera razonable, persuasiva y convincente las razones de índole
jurídica por las cuales, a su juicio, la decisión proferida en primera instancia debía
revocarse.
36. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto17, pues es necesario satisfacer ciertos
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la
acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado
y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza
o del agravio18, el señalamiento de las razones jurídicas de índole constitucional para
demostrar por ejemplo que la sentencia proferida en primera instancia no está ajustada
a derecho, lo que implica para los actores cumplir con una carga argumentativa
mínima19.
37. Además, resulta necesario precisar, como se señaló supra, que el Decreto núm.
2591 de 19 de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal adicional
para exponer los argumentos de la impugnación, de forma que, de conformidad con el
artículo 31 de la norma referida, corresponde al interesado plantear los argumentos de
su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para impugnar la sentencia de primera
instancia.
Conclusiones de la Sala
38. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 25 de enero de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
17 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio de 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
18 Decreto núm. 2591 de 1991, artículo 14.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017,
C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-07444-01
Actores: Cindy Lorena Estrada Castaño Y Otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 25 de enero de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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